Nicaragua, rota.

Nieves Fernández y Valeria Méndez de Vigo. [EuropaPress] 

“En este país ahorita nadie está seguro. Nuestra función más importante es la de estar vivos, porque no se sabe, en cualquier momento pueden venir a buscar a cualquiera y llevárselo […]. La cotidianidad la hemos perdido. La represión y los ataques están al orden del día. Hay una zozobra y bastante miedo de lo que pueda ocurrir después”. Así describía Hazel Rodríguez, de Fe y Alegría Nicaragua, en una entrevista a la radio jesuita Magis, el profundo sufrimiento que padece la sociedad nicaragüense desde hace más de dos meses, por la gravísima crisis política, social y de derechos, que sitúa al país al borde de una guerra civil.

El 22 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un duro informe, en el que constata un sinfín de gravísimas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno sandinista de Daniel Ortega. A 19 de junio, atribuye a la acción represiva del Estado 212 personas muertas y 1.337 heridas, aunque estima que el número es muy superior. Registra hasta el 6 de junio la privación de libertad a 507 personas y documenta la existencia de cientos de personas en riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación. En la última semana, la cifra de muertos y heridos ha sido rebasada con creces. La marcha de las flores que tuvo lugar el pasado fin de semana en Managua se saldó con la muerte de dos personas y 14 heridas, entre ellas una niña, por un tiroteo.

El origen de esta situación está en la respuesta del ejecutivo nicaragüense a las manifestaciones pacíficas iniciadas el 18 de abril por un grupo de estudiantes de la Universidad de Managua para protestar contra la reforma del sistema de seguridad social en un contexto de progresivo desgaste del Gobierno sandinista. Con el objetivo de disuadir de la participación en las protestas y de sofocar el disenso político, el gobierno y las organizaciones que lo sostienen han puesto en marcha una sangrienta represión, ejecutada por la Policía Nacional, las fuerzas antimotines y grupos paramilitares –como las Juventudes Sandinistas– armados por las fuerzas y cuerpos de seguridad oficiales. La situación en el país se ha vuelto insostenible.

El 20 de abril quedará para siempre grabado en la memoria de los familiares, compañeras y compañeros del joven de 15 años Álvaro Conrado. Álvaro recibió un disparo de arma de fuego en el cuello mientras llevaba agua a los jóvenes que se encontraban atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua y, al llegar al Hospital público Cruz Azul, se le denegó la atención médica, dejándole morir. Su grito de “duele respirar” permanecerá durante mucho tiempo en la memoria de los suyos como un testimonio trágico de la violencia y la represión. Los familiares, amigas y amigos de las víctimas fallecidas –entre las que se encuentran dos bebés– heredarán muchos testimonios como este, que abren una brecha dramática en la sociedad nicaragüense, en la que ni siquiera se tolera la protesta y la manifestación de dolor. El Movimiento Madres de Abril convocó el 30 de mayo una manifestación para homenajear a todos los familiares de víctimas. Los asistentes fueron atacados con disparos de fusiles de asalto rusos AK-47 desde las alturas del Estadio Nacional Dennis Martínez.

Forma parte de este panorama sobrecogedor un sinnúmero de personas heridas que, por miedo a las represalias, no han acudido al hospital o a las que, se les ha denegado la atención médica y han tenido que ser asistidas por estudiantes y profesores de medicina. O las detenciones masivas en las prisiones de “El Chipote” y “La Modelo” por ejercer legítimamente su derecho a expresarse libremente y a manifestarse de forma pacífica, muchas de ellas, víctimas de torturas y malos tratos. O las amenazas de grupos afines al gobierno hacia personas -en muchos casos defensores de los derechos humanos- que se han visto forzadas a abandonar el país; y los chantajes de la Policía Nacional hacia los familiares de muchas víctimas para impedir que denunciaran sus muertes, negándoles incluso las actas de defunción.

El jesuita José Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y miembro de Alianza Cívica, movimiento que ejerce como mediador entre el Gobierno sandinista y los agentes sociales, en su entrevista al diario El País, señalaba: “el diálogo es lo único que nos puede llevar a que no haya más derramamiento de sangre, evitar convertir a este país en un río de sangre. El diálogo es lo que nos permitiría salir con alternativas humanas”.

Desde Entreculturas instamos a que la Comunidad Internacional actúe urgentemente. Todos los Estados deben condenar las vulneraciones de derechos humanos cometidas por el gobierno nicaragüense y apoyar el diálogo, exigiendo, como punto de partida, el cese de la violencia, la efectiva reparación de todas las víctimas y la convocatoria de nuevas elecciones, de carácter libre, transparente y seguro, a la mayor brevedad posible. La salida inmediata de Daniel Ortega del poder es la única forma de poner fin a la profunda fractura social que atraviesa hoy Nicaragua.

Fuente: cristianismeijusticia.net