viernes, 17 de febrero de 2017

Argentina se endurece con los inmigrantes y genera críticas.


Decreto de mandatario Mauricio Macri permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular. Gobierno sostiene que medidas son necesarias frente a los “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”. 

Por Daniel Gutman

IPS, 13 de febrero, 2017 .- La medida del gobierno argentino de endurecer la política para los inmigrantes y establecer la expulsión exprés para acusados de delitos o en situación irregular recibe críticas por criminalizar a los extranjeros y romper una política para el sector aplaudida internacionalmente.

Argentina es considerado, precisamente, un país de inmigrantes porque la mayor parte de la población desciende de los extranjeros que masivamente llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX.

Además, mucho más recientemente, a fines de 2003, se sancionó una Ley de Migraciones que fue calificada como “un ejemplo mundial” por el entonces director de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson Mc Kinley.

Esa norma, entre otras cosas, garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, muchos creen que esa realidad ha cambiado abruptamente el 30 de enero, a partir de una decisión del gobierno.

Ese día, se dio a conocer un decreto del presidente Mauricio Macri que permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular.

El gobierno de centro derecha sostiene que estas medidas eran necesarias –según se lee en los fundamentos del decreto- para hacer frente a “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”.

Sin embargo, organizaciones humanitarias y de migrantes sostienen que se busca asociar a los inmigrantes con el delito, que solo se perjudicará a los vulnerables, sin afectar a los poderosos, y que se estimula la xenofobia.

Desde hace años, las encuestas muestran que la inseguridad ciudadana es la primera o segunda preocupación de los argentinos. Un sondeo de la Universidad Católica Argentina, difundido en noviembre, arroja que nueve de cada 10 entrevistados teme ser víctima de un delito.

“Hasta ahora, solo se podía expulsar del país al extranjero que cometiera un delito grave, por el que le quepa una condena superior a tres años de cárcel, como lavado de dinero o un robo violento”, recordó Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos creada durante la última dictadura militar (1976-1983).

“Este nuevo decreto, en cambio, prevé la expulsión para todos los delitos que tengan pena de prisión, por ejemplo lesiones leves o resistencia a la autoridad”, explicó en diálogo con IPS.

“Incluso está previsto que se le retire la radicación definitiva en el país a aquellos que ya la obtuvieron por el solo hecho de estar procesado por un delito, lo que afecta derechos adquiridos”, agregó Morales.

El gobierno niega que se le quiera cerrar la puerta a los extranjeros y en estos días difundió el dato de que, durante 2016, su primer año de gestión, se otorgó la residencia definitiva en el país a 215.000 personas.

Se trata de “ser hospitalarios y abiertos con todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a sumar al esfuerzo diario de los argentinos y ser profundamente restrictivos con los que vienen a delinquir o delinquen en el país”, dijo el director nacional de Migraciones, Horacio García.

La duración de los procesos de expulsión de extranjeros que cometieron delitos graves es una de las principales preocupaciones del gobierno. Según el decreto hoy pueden llevar hasta siete años.

Desde el gobierno citaron el caso de Marco Antonio Estrada González, un peruano con varias condenas por narcotráfico, que estaba bajo libertad condicional y, según la justicia, seguía manejando la venta de drogas en uno de los asentamientos precarios más poblados de Buenos Aires.

Pero entre quienes desconfían de las verdaderas intenciones de Macri está el presidente boliviano, Evo Morales, quien exhortó a sus colegas latinoamericanos a “no seguir las políticas migratorias del Norte”, en referencia a las medidas contra colectivos de extranjeros del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el lunes 6 una delegación boliviana llegó a Buenos Aires para sostener encuentros con la cancillería argentina y otras autoridades, para evaluar el impacto del decreto en la comunidad boliviana en el país.

De acuerdo a los datos del último censo, realizado en 2010, Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, de los cuales 1,8 millones son extranjeros, aunque se sabe que las dos cifras crecieron desde entonces.

La mayoría de los inmigrantes provienen de Paraguay, Bolivia y Perú: entre estos tres países aportan las tres cuartas partes de los extranjeros del país.

La medida del gobierno se tomó luego de la conmoción que generó, el 24 de diciembre, la muerte en Buenos Aires de un adolescente de 14 años, quien iba en el automóvil con su abuelo y fue baleado en la cabeza por dos ladrones que intentaban robar a dos mujeres.

Uno de los detenidos como presuntos autores de ese crimen resultó un adolescente peruano de 15 años, quien fue declarado inimputable por su edad y fue deportado a su país.

Pero si la pregunta es cuál es la participación real de los inmigrantes en los hechos de inseguridad la cuestión no está en los números sino en su interpretación.

“La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total”, dice el decreto, que modifica la Ley de Migraciones del 2003.

Sin embargo, Jennifer Wolf, jefa del área de extranjeros en prisión de la Procuración Penitenciaria, órgano que protege los derechos humanos de los detenidos, explicó a IPS que “la gran mayoría de las personas extranjeras presas en cárceles federales han estado involucradas en delitos no violentos. Son, principalmente, el último eslabón en la cadena de narcotráfico, no son narcotraficantes”.

“Por otro lado, en las cárceles federales el porcentaje de extranjeros osciló entre un 19 y un 21 por ciento entre 2006 y 2014, subió al 23 por ciento en 2015 y descendió a 21 por ciento en 2016. Paralelamente el número total de presos ha ido en aumento constante en los últimos años”, planteó.

De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia para fines de 2016, de los 3.804 detenidos en cárceles federales por la ley de drogas, 1.284 (casi 34 por ciento) son extranjeros. Entre ellos hay 428 paraguayos, 326 peruanos y 273 bolivianos.

Pero para Wolf, “lo que hay que mirar son las estadísticas de detenidos en todo el país, que incluyen a las cárceles provinciales: el año pasado terminó con 4449 presos extranjeros, que es aproximadamente el seis por ciento de la población carcelaria total de la Argentina”.

Más de 130 organizaciones que defienden los derechos de los migrantes pidieron una audiencia con el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, para plantearle su “preocupación y desconcierto” por la decisión oficial.

También reclamaron que la cuestión se debata eventualmente en el legislativo Congreso de la Nación, ya que el gobierno decidió hacerlo por decreto, durante el receso parlamentario de verano austral, con el argumento de que “existe una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.

“Este decreto habilita la persecución de los extranjeros por parte de la policía. Se corría el rumor hace tiempo que una medida de este tipo venía. Pero nunca imaginamos que podía ser algo tan fuerte”, dijo a IPS un hijo y nieto de chilenos, Alfonso Rojas, quien integra la conducción de la Red Nacional de Líderes Migrantes, que agrupa a organizaciones de todo el país.

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Editado por Estrella Gutiérrez

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Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Fuente: Servindi

jueves, 16 de febrero de 2017

África está superando la nueva esclavitud que le impone un déspota Occidente.


El pasado de ayuda y de despotismo, por parte de occidente hacia África, sigue causando todavía nuevas esclavitudes y sufrimiento, por el acaparamiento de tierras y recursos minerales, que los grandes poderes financieros imponen, incluso con violencia, a los pueblos africanos. Por desgracia, demasiados gobiernos y empresas africanas, actúan también de forma cómplice, corrupta y abusando de su propia gente.

Muchos gobiernos, (EEUU, UE y China), así como las empresas van a África, con piel de cordero, pero se comportan como lobos rapaces y crueles que causan violencia, hambre y enfermedades, privando a los pueblos locales de sus tierras, de sus recursos, de su dignidad y de su paz.

Para colmo, los poderes financieros, primero les roban los ricos recursos naturales, y luego les intentan compensar con ridículos regalos o ayudas, que delatan una falta total de respeto y de responsabilidad.


Todos somos cómplices, aunque buscamos aparecer como generosos samaritanos. Les obligamos a salir de sus países y luego les cerramos la entrada en los nuestros, dejándoles eso sí, junto al muro, unas cajas de comida, medicinas y algunas mantas.

Todos los medios e instituciones de ayuda humanitaria (ONG y Fundaciones) deben permanecer muy vigilantes para no ser cómplices de tanta opresión y esclavitud, causada por los poderosos, guardando a los pueblos que deseamos apoyar, en situación de permanente privación y dependencia.

Pero sabemos bien que el cambio no vendrá nunca de parte de los poderes políticos o financieros, porque lo único que saben y quieren hacer, es: seguir colonizando, saqueando y esclavizando a los pueblos emergentes, sobre todo en el rico continente africano.

El cambio para terminar con esta desastrosa esclavitud y feroz control de recursos, está llegando gradualmente de los mismos pueblos africanos esclavizados, que están tomando ya las riendas de su propio destino para fomentar un desarrollo más humano y sostenible.

Los poderosos, en todas partes y tiempos, solo saben dominar, controlar y esclavizar para su propio beneficio económico.

Las sociedades africanas se están organizando en diversos movimientos sociales y grupos que promueven una economía más colaborativa buscando el bien común y respetando la dignidad de las personas. El movimiento “Mjondolo” en Durban, Sudáfrica, así como los movimientos sociales en otros 23 países africanos, son un buen ejemplo de empoderamiento de las comunidades oprimidas, capaces de su propia liberación.

A través de la ayuda humanitaria, a veces nos creemos solidarios y generosos, cuando lo importante consiste en comprometerse para aislar a las grandes empresas y corruptos, y para potenciar movimientos y estructuras más justas junto con líderes más responsables.

Si solo nos quedamos en la ayuda, seguimos estando del lado de los opresores, haciéndonos cómplices con ellos. La ayuda continua y organizada, es como una extensión del colonialismo y del paternalismo de Europa hacia África.

Nos creemos que África y otros pueblos son incapaces de cuidarse a sí mismos. La ayuda en cierta manera suplanta la habilidad de los africanos para gestionar su propia vida y destino.

La colaboración que los países emergentes requieren, debe ser para mejorar las estructuras locales en la agricultura, industria y en todos los servicios sociales. Colaborar en proporcionales las oportunidades para mejorar su agricultura, pesca, minería y cuidado de la naturaleza.

Existen ya proyectos que los pueblos africanos están desarrollando, como la energía solar, reverdecimiento del Sahara, modernización de la agricultura y de la pesca, telecomunicaciones, etc.

Lo que África y todo el mundo necesita más urgentemente, son líderes más responsables e íntegros, oportunidades para trabajar y desarrollar el pais, junto con structuras más humanas y justas.

Podríamos llegar a una situación en la que sea África la que más aporta para alimentar al mundo, y no al revés. De hecho esto ya está ocurriendo en este momento y África es ahora mismo, el continente imprescindible.

Fuente: africafundación.org

martes, 14 de febrero de 2017

Costa Rica - Nace La Agroecóloga, revista campesina.


Esta semana se dieron cita campesinos y campesinas, técnicos agrícolas, representantes de organizaciones campesinas, investigadores y docentes universitarios para crear el consejo editorial de la primera revista especializada en agroecología del país. 

La revista La Agroecóloga se funda por la necesidad de ampliar la discusión y la difusión a nivel nacional sobre los saberes y los conocimientos de la producción agrícola socialmente justa y ecológicamente equilibrada.

Costa Rica es uno de los países con más consumo de agrotóxicos por hectárea cultivada, lo cual hace que sea dependiente de insumos derivados del petróleo, que tienen serios impactos sobre la vida cotidiana y la comunidades locales. La historia nacional está marcada por más de 14.000 personas afectadas por el químico llamado DBCP, más conocido como Nemagón, utilizado en las plantaciones bananeras en los años setenta.

Sumado a esto, en la actualidad comunidades de la provincia de Limón cumplen casi 10 años no tener agua potable en sus casas a causa de la presencia de agroquímicos en los acueductos comunitarios. Esta contaminación está asociada a la producción industrial de piña para la exportación.

Más de 12.000 personas de El Cairo, La Francia y Milano no pueden tomar agua sin sufrir afectaciones estomacales, o no pueden bañarse con esa agua sin que les provoque serios problemas en la piel, como alergias o llagas. Alarmante es también el hecho de que niños pequeños estén experimentando afectaciones en la vista.

Según el Informe del Estado de la Nación 2016 el país ha incrementado el volumen de importación de agroquímicos potencialmente peligrosos. Se reportan alrededor de ocho toneladas anuales de ingrediente activo importado para el periodo 2105.

Asimismo, las condiciones económicas hacen que la población joven salga de forma más acelerada del campo. Se sabe que la edad promedio de personas encargadas de labrar la tierra está por encima de los 50 años de edad, según el último Censo Agrícola, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Mientras todo esto ocurre, existen cada vez más emprendimientos de agricultura orgánica, mercados y ferias con productos locales libres de agroquímicos, y fincas productoras y distribuidoras de productos agroecológicos. Estas iniciativas no deben de estar atomizadas, sino que deben permitir crear redes y espacios de difusión, investigación, formación y fomento de la agricultura orgánica por y para las personas.

En este contexto es que nace la revista La Agroecóloga, un medio de comunicación gestionado por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) con apoyo del Programa Puntos de Cultura, del Ministerio de Cultura y Juventud.

En la reunión realizada este 8 de febrero, el equipo editor de la revista se reunió con el consejo editorial de La Agroecóloga para crear la estructura y acordar el funcionamiento y los mecanismos de publicación de la revista; y brindar elementos teóricos y prácticos sobre las formas narrativas y su importancia.

En el espacio nos acompañó el editor del suplemento Ojarasca del periódico La Jornada de México, Ramón Vera-Herrera, quien creó un dialogo e intercambio sobre publicaciones creadas desde pueblos indígenas y campesinos.

Puede seguir esta nueva revista mediante el sitio web: www.agroecologa.org o a través de Facebook en: https://www.facebook.com/RevistaAgroecologa/

La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) es un espacio de encuentro entre organizaciones campesinas, ecologistas, de mujeres y académicas de Costa Rica.


Contactos:


Henry Picado, cel. 8760-9800, agrobici@gmail.com


Fabiola Pomareda, cel. 8433-2985, pomaredafabiola@gmail.com


Fuente y foto: Revista La Agroecóloga

lunes, 13 de febrero de 2017

Las tierras indígenas reúnen 80 por ciento de la biodiversidad.


En la mayor parte de los Andes, se estima que la erosión del suelo es uno de los principales factores que limitan la producción agrícola. Crédito: Juan I. Cortés/©IFAD


Por Baher Kamal

Hay más de 370 millones de personas que se reconocen como indígenas en 70 países y sus territorios ancestrales concentran más de 80 por ciento de la diversidad biológica del planeta. Solo en América Latina hay más de 400 pueblos, aunque la mayor concentración se da en Asia Pacífico, con 70 por ciento de su población que se define como indígena.

Pueblos originarios

Los pueblos indígenas tienen una ricas culturas ancestrales que consideran sus sistemas sociales, económicos, ambientales y espirituales interdependientes. Y gracias a sus conocimientos tradicionales y su comprensión de la gestión de los ecosistemas hacen un aporte valioso al patrimonio de la humanidad.

“Pero también están entre los grupos más vulnerables, marginados y desfavorecidos”, alerta el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

“Y tienen variados conocimientos profundos y local del mundo natural”, destaca la organización con sede en Roma.

“Por desgracia, a menudo los pueblos indígenas pagan el precio de ser diferentes y con demasiada frecuencia sufren discriminación”, subrayó el FIDA, que realizará una Reunión Global sobre el Foro de Pueblos Indígenas del 10 al 13 de este mes en la capital italiana.
Hechos clave


Hay más de 370 millones de personas que se autodefinen como indígenas en por lo menos 70 países;
Asia concentra el mayor número de indígenas;
Existen unos 5.000 grupos indígenas que ocupan alrededor de 20 por ciento de las tierras del planeta;
Los pueblos indígenas representan menos de seis por ciento de la población mundial, pero hablan más de 4.000 lenguas de las 7.000 existentes en la actualidad;
Una de las principales causas de la pobreza y la marginación de las comunidades indígenas es la pérdida de control sobre sus tierras, territorios y recursos naturales;
Los indígenas tienen un concepto de pobreza y de desarrollo en función de sus valores, necesidades y prioridades. No consideran a la pobreza solo como la falta de ingresos;
Un número creciente de indígenas viven en las ciudades a causa de la degradación de sus tierras, de la expropiación, de los desalojos forzosos y de la falta de oportunidades de empleo.
Fuente: FIDA


La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reunirá a representantes de instituciones indígenas, así como a sus socios para mantener un diálogo directo entre todos y mejorar la participación de los pueblos autóctonos en los programas nacionales que financia.

Desde hace siglos, las comunidades indígenas han sido“despojadas de sus tierras, territorios y recursos y perdieron el control sobre sus estilos de vida. Representa cinco por ciento de la población mundial, pero 15 por ciento de los pobres”, precisa el FIDA.

Una de las formas más efectivas para sacarlos de la pobreza es apoyar sus esfuerzos para diseñar y decidir su destino, así como asegurarse de que participen en la creación y la gestión de las iniciativas de desarrollo.
Derechos de los pueblos indígenas

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, establece un marco universal de estándares mínimos para su supervivencia, bienestar y el goce de sus derechos.

El documento trata sobre los derechos individuales y colectivos, sobre cuestiones de identidad y de cultura, sobre educación, salud, empleo e idioma. Además, prohíbe la discriminación y promueve su total y efectiva participación en todos los asuntos que los conciernen.

También garantiza su derecho a permanecer diferentes y a perseguir sus propios prioridades en términos económicos, sociales y desarrollos culturales. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra todos los años el 9 de agosto con el fin de subrayar sus derechos.

El FIDA lleva más de 30 años trabajando con pueblos indígenas, y desde 2003, 22 por ciento del presupuesto anual del fondo se destina a proyectos que los conciernen, principalmente en América Latina y Asia.

Desde 2007, gestiona el mecanismo de asistencia a los pueblos indígenas (IPAF). Mediante pequeños préstamos de hasta 50.000 dólares financia pequeños proyectos propuestos por ellos con el fin de fortalecer su cultura, su identidad, su conocimiento, sus recursos naturales, así como sus derechos humanos y de propiedad intelectual.

Para facilitar la concreción de los compromisos, el FIDA creó el Foro de los Pueblos Indígenas, que promueve el diálogo y las consultas entre organizaciones indígenas, los funcionarios del fondo y los estados miembro.

Al fortalecer a las organizaciones de base y la gobernanza local, el fondo también ayuda a las comunidades indígenas a participar en el diseño de estrategias para su desarrollo y a perseguir sus propios objetivos y visiones.

La tierra no solo es fundamental para la superviviencia de los pueblos indígenas, como lo es para la mayoría de las poblaciones rurales, sino que es central para su identidad.

“Tienen una profunda relación espiritual con sus territorios ancestrales. Además, cuando tienen un acceso seguro a la tierra, también tienen una base firme desde la cual mejorar su sustento”, subraya el FIDA.

Las comunidades indígenas y sus sistemas de conocimiento pueden desempeñar un papel vital en la conservación y en la gestión sostenible de los recursos naturales.
Potencial de las mujeres indígenas desaprovechado

El FIDA, también llamado “banco de los pobres” porque ofrece préstamos y créditos de bajo interés a comunidades rurales pobres, reconoce el potencial desaprovechado de las mujeres indígenas como administradoras de los recursos naturales y de la biodiversidad, como guardianas de la diversidad cultural y como agentes de paz e intermediarias en la mitigación de conflictos.

Sin embargo, las indígenas suelen estar entre los integrantes más desfavorecidos de sus comunidades por su limitado acceso a la educación, a los activos y a los créditos, así como a su exclusión de los procesos de decisión.

El FIDA es un organismo especializado de la ONU creado como institución financiera internacional en 1977, uno de los resultados más importantes de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974, organizada para responder a la crisis alimentaria de principios de esa década y que afectó particularmente a los países africanos del Sahel.

En la conferencia mundial, los participantes convinieron que debía “crearse de inmediato un fondo internacional para financiar proyectos de desarrollo agrícola, principalmente destinados a la producción de alimentos en los países en desarrollo”.

Uno de los elementos más importantes derivados de la conferencia fue la comprensión de que las causas de la inseguridad alimentaria y de la hambruna no obedecían tanto a las malas cosechas, sino a problemas estructurales relacionados con la pobreza y al hecho de que la mayoría de las poblaciones pobres de los países en desarrollo se concentraban en zonas rurales.

Desde su creación, el FIDA invirtió 18.400 millones de dólares que beneficiaron a unas 464 millones de personas en áreas rurales.

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Traducido por Verónica Firme
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Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Fuente: Servindi

domingo, 12 de febrero de 2017

Refugiados: paremos la guerra de frontera.



Europa no vive una crisis de refugiados ni una crisis humanitaria: lo que está en crisis es la capacidad de los estados de controlar sus fronteras y sobre todo el derecho fundamental de la gente a moverse por el planeta para encontrar un lugar seguro donde pueda construirse un futuro. Más allá del sentimiento de solidaridad que nos remueve al ver las catastróficas imágenes de hombres, mujeres y criaturas jugándose la vida en el Mediterráneo o muriéndose de frío en los Balcanes, esta crisis tiene una raíz política y unos responsables mucho claros que tenemos que señalar y combatir si de verdad queremos encontrar soluciones.

Lejos de la imagen de un alud humano inabarcable, lo cierto es que más de la mitad de demandantes de asilo llegados el año pasado a Europa proviene sólo de cinco países: Siria, Afganistán, Irak, Nigeria y Eritrea. Cinco crisis concretas, con sus respectivos responsables. No podemos entender el problema de los refugiados en Europa sin preguntarnos qué está pasando en Siria, principal expulsor de población del planeta, sin analizar el proceso político y social reciente del país.

Los refugiados sirios

A menudo el movimiento de solidaridad ve los refugiados sólo como individuos que necesitan ayuda, cuando la realidad es que son uno de los resultados de una revolución popular masacrada por la dictadura de Bashar Al-Assad y sus aliados. Y hasta que no se aborde esta causa continuarán llegando refugiados en Europa. Muchos de los activistas que han sido la base de este movimiento popular acabaron teniendo que huir a los países vecinos y a Europa por la magnitud de la violencia del régimen: y continúan hoy siendo parte de esta revolución. Y lo que esperan es que les reconozcamos como tales, no sólo como receptores de nuestra ayuda humanitaria. El ritmo y las oleadas de los flujos responde perfectamente a la dinámica del conflicto y también de los choques entre diferentes comunidades.

No olvidemos la imagen de aquellos luchadores por la libertad y la revolución que el año 1939 llegaban a Francia por Le Pertus, después de haber dejado atrás muchos muertos y el futuro al última y en vez de acogida y solidaridad se encontraron campos de concentración y el desprecio en Argelès. Mientras un sector importante de la izquierda se niega todavía a reconocer que el máximo responsable de esta catástrofe es el régimen de Bashar Al-Assad el relato de los refugiados es perfectamente coherente: un 90% asegura que huyó por la persecución del régimen y sus aliados. Si no entendemos Siria, no entendemos nada de nada y quedamos atrapados en la retórica del alud y del antiterrorismo que fomentan los gobiernos europeos. En Afganistán y en Irak, se vive la inestabilidad que han dejado el imperialismo después de la invasión de ambos países.

La distribución geográfica de los refugiados

Tampoco Europa es el principal receptor de la gente que huye. Sumadas todas las rutas, el año pasado llegaron al continente 362.000 personas. Desde 2011, cuando empezaron las revueltas y revoluciones en el mundo árabe que hicieron saltar por los aires regímenes como el de Gaddafi, que convenientemente financiado por Italia hacía de tapón a los migrantes subsaharianos, han llegado a Europa menos de 1,8 millones de personas. Una cifra perfectamente asumible para un continente con 500 millones de habitantes, con algunos de los países más ricos del mundo y que además necesita mano de obra joven. Sólo Turquía -que en el ranking de PIB per cápita ocuparía el lugar 27 de los 28 países de la UE- acoge más de 3,5 millones de refugiados. El Líbano, un pequeño país de sólo 4 millones de habitantes ha superado el millón. Esto sin contar los 8 millones de desplazados internos que han tenido que dejar casa suya y continúan dentro de Siria bajo las bombas. No, la crisis de refugiados y humanitaria no está en Europa: está en Siria y en los países vecinos.

La hipocresía de la UE

Los aspavientos de la UE y los estados miembros ante el muro y el veto migratorio de Trump son pura hipocresía. Hace un año Alemania y Bruselas habían cerrado la puerta a los refugiados con el acuerdo de la vergüenza con Turquía, por el cual el gobierno de Recep Tayip Erdogan, en plena deriva autoritaria, se ha convertido en un muro para los quién intentan llegar a Europa. A cambio de seis mil millones de euros y el silencio europeo en su guerra contra los kurdos, contra la izquierda y contra la libertad de prensa para conseguir poderes ejecutivos ilimitados.

Las quejas de la UE contra Trump son palabrería, después de que la política de blindaje de las fronteras haya convertido el Mediterráneo en un gran cementerio. Más de cinco mil muertos registrados el 2016 (nadie sabe cuántos de son de verdad porque muchos cuerpos se los traga el mar sin dejar rastro o son devueltos, arrastrados a su punto de partida): más muertos que nunca.

La guerra de frontera contra los refugiados

Técnicamente se habla de “guerra” cuando un conflicto supera los mil muertos en un año. Lo que pasa en el Mediterráneo, pues, es una auténtica guerra contra la migración: la única diferencia es que las víctimas son todas del mismo bando. Es una guerra en tierra que se practica con vallas, muros, trincheras, centros de detención…. Y cuando también utilizando el mar como un foso de los cocodrilos, (que son los barcos de la OTAN ) o el dispositivo de Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras. Los soldados son policías, ejércitos y grupos paramilitares. Y , como siempre, hay que hacen negocio: toda una industria de la guerra de frontera, que va desde empresas españolas que se enorgullecen ser fabricantes en exclusiva de alambradas de cuchillas hasta las compañías de seguridad privada a las cuales se subcontrata la vigilancia de los centros de detención.

Hay que recordar que España ha sido el mal modelo que ahora emulan los socios europeos: las vallas de Ceuta y Melilla, los 14 asesinatos de la playa del Tarajal a manos de la Guardia Civil que continúan impunes (la ex-director general y máximo responsable del cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa acaba de ser convenientemente recompensado con un lugar en el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España). Y sobre todo la política de externalitzación del control fronterizo hacia estados africanos sin ningún tipo de garantías democráticas porque –con cargo a los fondos destinados a cooperación- para frenen los inmigrantes antes de que se acerquen en las fronteras europeas.

Las causas de la política europea hacia los refugiados

Contraviniendo sus propias leyes y y los tratados internacionales que han subscrito, los estados europeos pisa el derecho de asilo y responde con la guerra de fronteras… la frontera más desigual del mundo: un continente viejo, rico y en paz, rodeado de un mundo joven, empobrecido y en guerra. Además, la frontera no es sólo un espacio físico: son barreras legales, policiales prejuicios… un golpe han superado la trinchera la mayoría van con “la frontera” sobre sus hombros cada vez que tienen que salir de casa, enfrentándose al racismo institucional, a los controles policiales racistas en el metro, a la discriminación en el acceso a los servicios públicos, a la vivienda o al trabajo.

Lo que hay detrás de estas políticas no es frenar la inmigración (todo el mundo sabe que es imposible) sino sobre todo tres cosas. En primer lugar una nueva justificación para los recortes: “aquí no cabe todo el mundo, nuestra capacidad de acogida es limitada, los servicios públicos tienen un tope” es el nuevo mantra y de nada sirven todos los estudios y la experiencia que demuestran que la inmigración, de siempre, ha aportado más riqueza de la que consume. En segundo lugar, el mantenimiento de una capa de mano de obra sin derechos (en el caso de los sin papeles, como los miles de subsaharianos que están trabajando a la agricultura italiana) y vulnerable a la sobreexplotación. Y finalmente el retroceso de derechos y libertades que se ampara en el pretexto de la lucha antiterrorista y que se traduce en medidas como la ley mordaza en el estado Español o el estado de emergencia permanente en Francia.

Estas leyes, y no la llegada de refugiados en sí misma, son las que explican el crecimiento de la extrema derecha en Europa, que no se hace fuerte allá donde hay más crisis o más refugiados sino donde se impone este discurso político, a menudo, como pasa en Francia de la mano de un gobierno que se llama de izquierdas y que ha traído Marine Le Pen a las puertas de ganar las presidenciales de esta primavera. Envalentonada por el triunfo de Trump, y reforzada por Putin, la extrema derecha está en condiciones de imponerse también en Holanda, mientras que en Alemania triplicaría resultados el septiembre.

Es por eso que la defensa de los derechos de los refugiados no es sólo un problema humanitario, ético o moral. No es sólo una cuestión de solidaridad y empatía. En esta lucha se juega el futuro de todos y todas.

Fuente: Rebelión