viernes, 31 de agosto de 2018

Urgente puesta de la mujer en el lugar que le corresponde en la Iglesia, según la estadística, la sociología, y la psicología.



Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

No se puede eliminar de las acciones ministeriales, para las que todo bautizado está habilitado, “Porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos vosotros, que fuisteis bautizados en Cristo, habéis sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos vosotros no sois más que uno en Cristo Jesús”. (Gal 3,26-28).

Ante enseñanza tan clara y valiente, -progresista, podíamos decir, pues en los años 40 la Iglesia, tan homófoba actualmente, se adelantaba 2000 años a la ley de Igualdad-, no puede haber excusas ni vetos canónicos para retrasar el reconocimiento, no la concesión, de un Derecho inalienable, que nunca debería haber sido puesto en tela de juicio. Entendemos el atraso, no solo en la Iglesia, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Pues, salvo raras excepciones, la mujer era considerada, en el mejor de los casos, como un ser humano de segunda categoría, incluso por una mente tan preclara como la de Aristóteles. Pero sobre este tema, y sobre la evolución histórica de la sensibilidad social y ética, hay que anotar varias cosas.

Jesús fue un adelantado en su trato con la mujer. Los evangelios resaltan siempre que en el grupo de Jesús, que era claramente itinerante, siempre había un grupo de mujeres, con sus nombres, que lo siguieron hasta el final, incluso más que los apóstoles varones. De hecho, éstos, en el momento culminante de la Cruz se evaporaron, escondidos por el miedo a las consecuencias de ser discípulos y constituyentes del grupo de un renegado, condenado, no sin cierta irregularidad, es verdad, por la legítima autoridad del Sanedrín, y presentado a la autoridad romana para ser ejecutado.

Es destacable cómo, en los últimos días de Jesús, en las horas de la Pasión, las mujeres adoptan un protagonismo sorprendente, pues no tenemos ninguna constatación de que alguna mujer interviniera en la redacción de los Evangelios. En la cena de despedida conocida en la tradición cristiana como la “Última Cena” ellas están presentes, así como al pie de la cruz, y en los días posteriores, así como en los fundamentales momentos que rodearon el misterio central y definitivo de la Pascua.
El caso de María Magdalena es especial desde todos los puntos de vista.

No cabe duda de que fue protagonista de una verdadera y auténtica relación especial con el Maestro, dejándose seducir por Él, por su Palabra, por su dulzura, y, también, y sin duda, por el estilo y la delicadeza peculiar que el Señor, desde luego, mostró con ella, pero también, con el mundo femenino. Y llama la atención que los Evangelios no esconden un hecho insólito: Jesús resucitado no se presenta en primer lugar a Pedro, o a su Madre, sino a María Magdalena, “de la que había expulsado siete demonios”, pero también de la que afirmó en un banquete memorable de que “amaba mucho porque mucho se le había perdonado”. Este primer encuentro del resucitado, publicado a bombo y platillos en el Nuevo Testamento, es la suprema demostración de que para Jesús, y su grupo, el papel de esa mujer era destacado.

Y está el mandato misionero: “Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré.» Jesús le dice: «María.» Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní»- que quiere decir: «Maestro» -. Dícele Jesús: «No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios.». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. (Ju 20, 15-18).

Este texto niega una afirmación que se ha oído muchas veces cuando se trata de la posible ordenación de mujeres: que los jerarcas de la Iglesia no pueden, ni siquiera el Papa, hacer algo que el señor no hizo. Afirmación ridículamente fuera de lugar, y disparatada, entre otros motivos por que la Iglesia ha hecho cientos de veces cosas, y ha tomado decisiones que al Señor nunca se le ocurrieron. Y en temas n importantes y decisivos, que no solo no las decidió el Maestro, sino que la impresión que parece imponerse es la contraria: de que se trata de algo que ni lo dijo, ni lo quiso, sino todo lo contrario.

Un ejemplo flagrante de que la Iglesia ha hecho cosas, y tomado decisiones, que Jesús no hizo ni tomó, sino todo lo contrario, es el asunto que traté en el artículo de ayer de este blog: la conversión del Reino de Dios, anunciado por Jesús, como de un movimiento y un estilo de vida en la Humanidad en el que Dios mandaría en el corazón de los hombres, en una Religión organizada, jerarquizada. Otro ejemplo sencillo, los mandamientos de la Iglesia, como oír Misa los domingos, confesar antes de comulgar, etc., y cientos de cosas más.

No tiene, pues, ningún sentido la solemne declaración que un día lanzó Juan Pablo II, desde la ventana de su despacho a la multitud congregada en la plaza de San Pedro que ni él, el sucesor de Pedro, tenía potestad de cambiar la disciplina de la Iglesia con la ordenación ministerial de mujeres, porque el Señor Jesús no lo había querido ni lo había dispuesto. El Espíritu de Dios se manifiesta en la evolución que promueve, entre todos los hombres y todos los pueblos, a través de la Historia.

(No puedo acabar este artículo. El ordenador tarda un siglo en exponer en pantalla las palabra y frases que escribo. En esta frase, hasta el final, que no ha salido todavía, podrá tardar más de dos minutos. (De hecho ha tardado cuatro y medio).

jueves, 30 de agosto de 2018

Replantear el agua: 27 tesis.

Corporación Latinoamericana Sur-REVISTA SUR

A. ¿Por qué replantear el agua?

1. La mercantilización, monetarización y privatización del agua y los servicios de agua. Daños y fracasos.

Bajo la ola “triunfante” de la llamada “tercera revolución industrial” (TIC, biotecnologías, nuevos materiales, transporte y energía renovable) y la “libre” globalización de la economía de mercado capitalista, en los últimos 50 años, todas las formas de vida se han convertido en mercancías, y todo lo que antes se consideraba como un servicio público esencial para la vida bajo la responsabilidad de la comunidad humana, ha sido privatizado, encadenándose a “reglas” de mercados financieros mundiales y cada vez más separado de la economía real.

El valor de cualquier cosa, bien, se ha parametrizado con respecto a su valor de mercado. Los recursos naturales se han reducido a fuentes de extracción de riqueza, disponibles hasta que se agoten, en beneficio de los más fuertes, de los más competitivos. Incluso los bienes producidos por los seres humanos, como el conocimiento, la vivienda, la salud, la educación, la seguridad de la existencia y el devenir han sido monetizados, financiados y privatizados.

En 1980, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, legalizó la privatización de los seres vivientes con fines de lucro. Plantas, animales, especies, microbióticos, genes humanos… todo se ha convertido en patentable con carácter privado. Un escándalo. Con la Directiva 98/44 / CE de 1998, la Unión Europea ha seguido el ejemplo para evitar, se dijo, la desaparición progresiva del sector agroalimentario y la industria química-farmacéutica europea independiente.


El acaparamiento predatorio de la tierra no ha salvado el agua y los servicios de agua. Las autoridades públicas “nacionales” que aún tienen el poder formal de regulación legislativa, política, judicial y sancionadora en todos los sectores del agua, dulce y salado, han delegado “la gestión de los recursos hídricos” a grandes grupos multinacionales industriales y comerciales privados como Suez, Vivendi, Thames, Waters, Agua de Barcelona…. En Italia, nos referimos a las cuatro principales “sociedades holdings” cotizadas en la bolsa: ACEA, A2A, IREN y HERA. Peor todavía han impuesto una concepción utilitarista del agua, consagrada en 1993 por el Banco Mundial en su documento / Biblia sobre política de aguas “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”.


Los conceptos del Banco Mundial se basan en el principio (dogmático) de que el agua debe considerarse un bien económico, sujeto a las “reglas” de la rivalidad y la exclusión según la definición de “bien económico” adoptada e impuesta por la teoría económica dominante. De ahí, la imposición de un precio para acceder a servicios de agua potable y agua según un doble principio:

– Primero, “El agua financia el agua”, es decir, la financiación de las infraestructuras y los servicios del agua se realiza mediante el pago de un precio por parte de los consumidores, como sucede con cualquier otro bien y servicio de interés privado.


-Segundo, “El precio se establece sobre el principio de recuperación de los costes totales (” full cost recovery”).

Según este punto de vista, los destinatarios de los servicios de agua no son ciudadanos con derechos sino consumidores con necesidades. Nuestras sociedades han abandonado la visión del agua como bien público común y han desechado el reconocimiento del derecho universal al agua potable y al saneamiento consagrado, como tal, el 28 de julio de 2010 por una Resolución de la Asamblea General de la ONU.


La mercantilización del agua (y la naturaleza) y la privatización de los servicios de agua, dos símbolos de la nueva era de la globalización, han demostrado toda su ineficacia: después de cuarenta años de batallas en nombre de los dogmas del capitalismo global. Ni los seres humanos ni las aguas (ríos, acuíferos, lagos, humedales, agua potable) ganan. La devastación ambiental y humana es de importancia considerable: se estima que cerca de cuatro millones de personas no pueden acceder al agua en cantidad y calidad esencial para la vida. Esto es una violación inaceptable del derecho a la vida.


Además, el agua útil para el uso humano es cada vez más escasa debido a los fenómenos persistentes de polución y contaminación de todos los cuerpos de agua (no porque la población mundial esté aumentando, como los grupos dominantes intentan hacer creer). El agua sigue siendo la base de muchos conflictos locales, como parte de una nueva lucha para la conquista del agua global, principalmente llevada a cabo por Nestlè, Danone, Coca-Cola, Pepsi-Cola, las compañías extractivas (compañías petroleras, mineras, etc.), compañías farmacéuticas y químicas, empresas de IT y otros sectores que consumen grandes cantidades de agua de buena calidad. Por último, el “precio del agua” está creciendo en todas partes y las empresas que gestionan los servicios de agua no saben que es una gestión del agua transparente y participativa con base democrática.


Incluso los británicos, entre los defensores más convencidos del concepto de agua rentable para el capital privado, han comenzado a hablar de la necesidad de su remunicipalización y re-divulgación. La fiebre del oro azul muestra un claro fracaso, cuyos costes humanos, sociales y financieros han sido pagados no por los grupos culpables sino por las mismas víctimas (pueblos indígenas, campesinos, estratos sociales empobrecidos de las ciudades, suburbios, chabolismo, niños menores de seis años, mujeres, minorías marginadas…).

No podemos continuar siguiendo el camino de los fracasos, los conflictos, las desigualdades, las exclusiones y las depredaciones.


2. La base de la convivencia: el estado, el público, los bienes comunes, la seguridad colectiva, la democracia. ¿Qué es la humanidad?

La segunda razón para “replantear el agua” radica en la conciencia de los cambios profundos en la concepción del estado y su papel (incluido el papel de municipios, provincias y regiones). Ya no es, o cada vez menos, garante de los derechos. Los gobiernos nacionales han demolido casi en todas partes el estado de bienestar, el estado de seguridad social generalizado. La seguridad se ha reducido a la seguridad militar (contra los enemigos), a la seguridad de la identidad nacional (contra extranjeros, migrantes e inmigrantes) a la protección de la propiedad privada de bienes y personas / categorías sociales ricas (piense en “ciudades cerradas”).


El compromiso con la seguridad y la justicia ambiental, la protección del estado ecológico de los bienes y servicios naturales esenciales, irremplazables para la vida y la coexistencia entre los pueblos, permanecen conceptos y prácticas aún por realizar. A pesar de las tres grandes cumbres de la Tierra (Río, Johannesburgo y Río) y la 23 COP de la ONU sobre el cambio climático, la pérdida de sentido a la vida por parte de nuestras sociedades es preocupante. ¿Dónde está lo sagrado de la vida? ¿Y el del agua? En los últimos años, algunas (justas) críticas al enfoque antropocéntrico del mundo y de la vida han promovido una visión más holística, real, ecocéntrica y postindustrial. Los movimientos “globales” de los últimos tiempos han estado a favor de los “derechos de la naturaleza”, de los derechos de los animales, de las plantas, de las especies microbianas, de la integridad del genoma…


¿Cuál es el significado del concepto de “habitantes de la Tierra”? Los dominantes, hoy no creen que todos tengan derecho a vivir. Solo piense en los migrantes, “refugiados económicos”. ¿Hasta qué punto y de qué manera la globalización actual de la condición humana, en el contexto de grandes interdependencias y complejidad de la vida, cambia la visión de “los bienes comunes de la humanidad (public global commons)?


Para miles de millones de personas, hablar del “bien común de la humanidad” significa poco o nada. ¿Qué pretende decir la ONU, más allá de la retórica cuando hablan de “nuestro futuro común”?

¿Cuáles son las relaciones directas entre los “derechos humanos universales” y los “bienes comunes”, los “derechos humanos” y los “derechos de la naturaleza” y los “bienes públicos globales”?

¿Cuál es el significado que le damos al Estado en este contexto? ¿Qué visión queremos tener del estado para el siglo veintiuno? Una visión que mantiene la centralidad de los estados “nacionales” y su soberanía en el contexto de un multilaterismo interestatal a escala global cuyos límites y deficiencias han emergido fuertemente en estos últimos treinta años? Una visión de la organización política del mundo basada en la autorregulación de las comunidades “locales” y una extensión variable según las agrupaciones espontáneas entre partes interesadas (“stakeholders”), tan querido por la economía capitalista mundial? ¿Una organización de naturaleza federal entre los estados existentes? ¿Un sistema global basado en la cooperación entre agrupaciones estatales continentales “impulsadas” por una federación de “ciudades globales” y áreas de seguridad global?


En este contexto, las cuestiones relacionadas con el agua también plantean la cuestión de qué debe entenderse por “público”: las tendencias actuales apuntan al debilitamiento estructural del estado público para favorecer el rol del público- no estatal. ¿El agua, como bien y servicio público a qué público pertenece? Y si supiéramos qué es el estado público, local, nacional o internacional, ¿quién sabría decir qué es un bien público estatal- global? Estas incógnitas no se pueden dejar a los juegos financieros. El mundo necesita definir reglas comunes precisas.

Tenemos que “replantear el agua”, concebir y efectuar un “contrato social global para el agua”.

3. Por fin, las rupturas sociales y el agravamiento de las grandes desigualdades en relación con los derechos de la vida, en todos los niveles.


La tercera razón tiene gran posibilidad de ser la más convincente. En comparación con el clima actual, los desastres climáticos y las catástrofes previsibles para 2050, ha quedado claro que el agua es y será la principal víctima de estos desastres. De hecho, incluso si cumplimos con todas las recomendaciones derivadas de la COP 21 en París, el Planeta no se salvará de la intensificación de la frecuencia y la gravedad de los fenómenos extremos (inundaciones y sequías). Estos interrumpirán inevitablemente los regímenes hídricos en todas las regiones del mundo, provocando una devastación cuantitativa y cualitativa del agua para uso humano. La reducción de la disponibilidad y el acceso al agua buena ayudará a acentuar fuertemente las desigualdades entre las personas, los grupos sociales, las comunidades humanas y los pueblos.


Los grupos dominantes sufrirán menos que los habitantes de las áreas que ya sufren por el agua. Las soluciones propuestas provendrán de las clases de élite y se diseñarán principalmente en función de sus aspiraciones, necesidades e intereses. No hace falta ser un experto para entender que la resiliencia y la adaptación son dos estrategias que sólo pueden ser perseguidas por grupos sociales favorecidos y poderosos que tienen enormes recursos financieros. Trate de imaginar y comparar el futuro de los habitantes de los Países Bajos con el de los de Bangladesh en 2050. Las élites gobernantes siguen imponiendo un “management” de la vida y el agua desigual e injusto. Ellos proclaman mientras su fe en el “desarrollo sostenible”. Insisten en disociar el agua de las consideraciones sobre los derechos de la vida, la justicia social, la buena convivencia y la democracia participativa.


1. ¿Qué significa entonces replantear el agua?

Replantear el agua significa: cortar el futuro de la humanidad de las ataduras de la desigualdad y la injusticia; protegerla de la guerra por el agua; quitar cadenas al futuro de la vida de la dominación depredadora de los antiguos y nuevos “señores del agua” que ya están trabajando en ello en todo el mundo; preservar este planeta del robo de la vida a través del empobrecimiento y la exclusión de algunos; liberar la fuerza creativa de la utopía dejándola salir de la prisión del pragmatismo, realismo y cinismo de las clases dominantes.


Tesis 1. El agua es un elemento natural imprescindible e insustituible para todas las formas de vida (seres humanos, microbios, plantas y animales). El agua es vida. El agua tiene que ser vivida, protegida y por ello cuidada. La vida tiene un valor absoluto “in si”. Es decir que hablando de los derechos no hay que hablar simplemente de los derechos humanos del agua, sino también del derecho del agua y su regeneración, su integridad y su buena calidad. El agua es fuente de vida y por la mano del hombre es también causa de enfermedades, catástrofes, desastres ambientales, muerte, hoy más que ayer.


Tesis 2. Ninguna forma de vida puede existir sin agua. La vida en la Tierra comenzó con el agua y en el agua nacieron los primeros organismos que sólo más tarde pudieron desarrollarse fuera de él. A nivel humano, su uso no es una elección o preferencia según las necesidades individuales o los cambios de estilos de vida, sino una necesidad vital que hay que cumplir con justicia y de forma responsable. El agua no es ni puede ser considerada una mercancía, un recurso (cosa que se vende y se compra), un bien de propiedad privada. Cualquier organización política internacional o intergubernamental que reconozca o trate el agua (y sus servicios) como un bien privado no respeta el agua como vida. El derecho a la propiedad privada y pública existe, pero en el caso del agua nadie puede ser considerado propietario, ni siquiera el Estado. El Estado es responsable de ello, garante de su existencia. El hecho de que la constitución de Chile, heredada del régimen dictatorial de Pinochet, aún vigente, dice que el agua chilena es de propiedad privada, caso único en el mundo, que es inadmisible.


Tesis 3. Todos seres humanos y especies vivientes tienen derecho al agua en cantidad y calidad suficiente para vivir. De la misma manera, y más allá de cualquier enfoque antropocéntrico y tecno-productivista, el agua tiene su derecho a la vida y a un buen estado ecológico. De ahí la importancia fundamental de una política del agua para la protección, el cuidado, la defensa de la vida y el derecho a la vida, más allá de los conceptos instrumentales del agua al servicio del bienestar humano. Por ejemplo: de fundamental importancia es el tratamiento de aguas residuales que no sólo permiten recuperar “buena” agua regenerada por parte de los seres humanos, sino también renovar la vida de los ecosistemas. Por lo tanto, las inversiones colectivas en el tratamiento de los servicios de agua y saneamiento tienen que ser públicas. En casos excepcionales y de forma provisional, se puede involucrar capital privado, pero hay que garantizar la inversión en los diversos sectores de tratamiento y reciclaje. La inversión no tiene que ser en plan de rendimientos financieros de capital y según el principio de “quien contamina paga” . En ese mismo caso, favorece el tratamiento y el reciclaje del uso más contaminante del agua, que no es compatible con el principio de vida.


Tesis 4. El principio de “quien contamina paga” aplicado al agua desde finales de los años ochenta tiene que ser revisado. La experiencia muestra que es ineficiente, inadecuado y falso. En las últimas décadas los daños para los seres humanos y los ecosistemas se han convertido y en la mayoría de los casos, en daños irreversibles, irreparables o bien requieren largos períodos de tratamiento y gastos considerables. Bajo estas condiciones, imponer una compensación financiera destinada a arreglar la irreparable contaminación del agua tiene poco sentido. Como sabemos desde hace años, la mejor solución técnica contra la contaminación es no contaminar. En cualquier caso, se debe imponer un estricto cumplimiento del principio de precaución.


Tesis 5. El derecho al agua potable y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de la ONU el 28 de julio de 2010 y consolidado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 15 de septiembre 2010. Se unió el derecho al agua al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). Cualquier incumplimiento de la Resolución de la ONU constituye una violación del derecho público internacional vigente. También es necesario denunciar el comportamiento de los Estados miembros de las Naciones Unidas que votaron en contra de la Resolución (formalmente abstenidos) y que desde entonces han buscado sistemáticamente evitar la existencia de este derecho en cualquier documento nuevo de la ONU. Proponemos que el 28 de julio se declare el “Día del Derecho al Agua”, reemplazando el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, establecido en 1993 bajo la presión del Banco Mundial. El día de 22 de marzo se convierte cada vez más en el día de la exaltación y la mejora de los principios de la política del agua de los grupos dominantes como: el agua es un bien económico, privado; un recurso o producto sujeto a rivalidad y exclusión; es asequible a un precio de mercado abordable; el sector privado es la mejor gestión en términos de eficiencia y rentabilidad. Todo esto es intolerable.


Tesis 6. Hay inevitables diferencias en la disposición y organización con las cuales las sociedades humanas concretan el derecho al agua. En general, los estados que firman convenciones sobre derechos humanos tienen la triple obligación de respetar, proteger y realizar el derecho al agua y al saneamiento. En este contexto, el derecho humano al agua significa la obligación por parte de los Estados de crear las condiciones necesarias e indispensables para que cada ser humano tenga acceso a 50 litros de agua “buena” por día, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la OMS y UNICEF. Además, de conformidad con la Resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 17 de diciembre 2015, el acceso a los servicios de infraestructura y saneamiento debe considerarse un derecho humano distinto del agua potable.


Se refiere al derecho de acceso a las instalaciones que garantizan una buena recolección, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de los excrementos humanos. Recordemos que, según los datos oficiales de las Naciones Unidas, más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros y aptos al hombre. Los datos sobre el agua potable son bastante controvertidos porque proceden de diferentes métodos de cálculo. Según la ONU, las personas que no tuvieron acceso al derecho al agua en 2016 habrían disminuido a menos de 1.200 millones. Según el estudio publicado en Science News en 2016 serían de 4 mil millones.


Tesis 7. El derecho al agua potable y al saneamiento no puede ser objeto de restricciones: nadie puede ser privado del agua por “razones” de nacionalidad, raza, sexo, religión o ingresos. La mayoría de los países no respeta este derecho ni a nivel legislativo ni a nivel de comportamiento colectivo. El derecho al agua y al saneamiento debe incluirse en las cartas constitucionales de todos los Estados y estar regulado por leyes especiales (federales, nacionales, regionales o a nivel de comunidades organizadas). Lo mismo se aplica al derecho del agua a la vida, a un buen estado ecológico. Los Estados deben tener valentía y sabiduría para tomar las medidas apropiadas para otorgar un valor jurídico al derecho del agua a la vida.


Deben seguir el camino ya empezado en tres Estados en el mundo, donde cuatro ríos han sido reconocidos, por las más altas instituciones legislativas y jurisdiccionales de estos estados, como personas físicas o entidades morales que tienen personalidad jurídica con plenitud de derechos y deberes. Lo que es particularmente interesante en la construcción del nuevo derecho -y que apoya las tesis aquí expuestas- es el hecho de que el estado tiene la obligación de representar la protección de los derechos y los intereses de los ríos como personas jurídicas, así como el cumplimiento de sus deberes. No se trata de “humanizar la naturaleza” sino de atribuir un estatus jurídico a las especies vivas no humanas, dando forma y sustancia a nuevos sujetos de derechos.


Nos referimos a Colombia, donde el 2 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional reconoce que la Cuenca del Atrato es un “sujeto de derecho” (persona jurídica moral) y requiere que el estado proteja y reviva el río y sus afluentes, dando al estado 6 meses para disolver las actividades mineras que contaminan, rehabilitar la tierra e indemnizar a las comunidades étnicas indígenas del daño causado de la explotación insostenible de la cuenca. Nueva Zelanda, donde en mayo de 2017 el Parlamento reconoció al Río Whanganui como una persona jurídica, considerada sagrada por los pueblos indígenas de de los maoríes. La India donde, nuevamente en mayo de 2017, el Tribunal Supremo del estado Himalayan de Uttarakhand otorgó el estado de persona jurídica al Ganges y su afluente principal, el Yamuna, ambos considerados sagrados por los hindúes.


Tesis 8. En línea con lo anterior, el Estado, los Estados deben asumir la responsabilidad, para el beneficio del pueblo, de los pueblos, de realizar el derecho a la potabilización del agua y el saneamiento, asegurando la cobertura de todos los costes monetarios (y no) asociados con la realización correcta del derecho. En el contexto de la economía de los derechos humanos lo gratuito no significa la ausencia de los gastos a cubrir, sino su asunción por parte de la comunidad a través de un impuesto general, progresivo y redistributivo. Este es el caso del enorme gasto del derecho a la seguridad: el gasto militar corre a cargo del estado. Desde los años 80, en el caso del agua, nuestros gerentes han optado a favor del financiamiento, a través del precio que paga el consumidor, como cualquier otro bien y servicio, comercial y privado.


El principio “el agua paga el agua” como ya hemos visto para ese “paga quién contamina” no es una solución. En los últimos treinta años, donde sea que se haya aplicado este principio, sólo ha demostrado ser capaz de garantizar altas ganancias al capital privado, aumentando el gasto de la factura para los consumidores y deteriorando las finanzas de las autoridades locales, pero sin mejorar el servicio de agua y ponerlo en conformidad con las normas relativas a la calidad del agua y el tratamiento y reciclaje de las aguas residuales. Una política hídrica integrada y coherente, en todas sus interrelaciones con la alimentación, la salud, la vivienda, la ciudad, la protección y los derechos de la naturaleza a nivel “local”, nacional y “continental / global” no se puede dejar a la lógica de las finanzas privadas mundiales. La política del agua es tarea y deber de la comunidad política y las autoridades públicas.


Tesis 9. El principio del derecho al agua para la vida “accesible a un precio asequible” es una mistificación porque, más allá de la tesis inaceptable sobre la obligación del “consumidor” de “pagar el derecho” al agua, se establece legalmente que la accesibilidad al agua está determinada por los criterios de rendimiento financiero establecidos por los mercados. La mistificación también con respecto a la “tarifa social del agua” (“social water pricing”) para personas, familias y categorías definidas como “desfavorecidas”, pobres que no pueden pagar facturas y por lo tanto, en riesgo de corte de agua. Aquí la mistificación es aún más grave . Nuestras empresas asumen el poder de dejar el acceso al agua a merced del mercado y obligan a los pobres a pagar un precio, aunque simbólico. En otras palabras, las autoridades públicas se jactan de actuar en el campo de la asistencia social y no en la seguridad de los derechos. Los derechos no se respetan cuando se da limosna.


Tesis 10. La monetarización de la naturaleza (nature pricing, nature banking), es decir, la medida monetaria de los llamados gastos y beneficios ambientales de cualquier elemento vivo (incluidos los ecosistemas acuáticos), explícitamente aprobado en la Resolución final de la 3ª cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 2010; está totalmente en línea con la lógica de la mercantilización, la privatización y la financiación de la vida. Esta principio debe ser desafiado con convicción porque representa un paso inaceptable hacia la sumisión del destino del agua y la vida a los depredadores de nuestra existencia. Lo mismo se aplica al futuro de la democracia y la justicia.


Tesis 11. El derecho humano universal al agua para la vida debe garantizarse de acuerdo con el concepto de derechos multidimensionales. Esto se traduce en un sistema de regulación de la disponibilidad y el uso del agua en cuatro niveles:

-el nivel de derecho de hasta 50 litros por persona por día. Aquí los gastos relativos son asumidos por la comunidad a través de los impuestos. Con este fin, es necesario abolir los paraísos fiscales, poner fin a los recortes en el gasto público y a los subsidios a las empresas privadas activas en el mercado de valores, continuar con la remunicipalización de las cajas de ahorro y los bancos locales de crédito, para crear una autoridad pública del agua.


-el nivel de bienestar social basado en la seguridad hídrica de las comunidades humanas y de todos los pueblos, entre 50 y 120 litros por día por persona. Aquí las autoridades humanas públicas y todos los pueblos, entre 50 y 120 litros por día por persona. Aquí, las autoridades públicas pueden pedir a todos los ciudadanos que ayuden a financiar los gastos de conservación del agua pagando un impuesto anual fijo (impuesto de responsabilidad por el agua).


-el nivel de bienestar individual, entre 120 y 250 litros por día por persona. Aquí, en el caso de una cantidad significativa de agua individual cuyo impacto en el medio ambiente y en el estilo de vida debe ser estrictamente controlado, los ciudadanos deben contribuir a través de un impuesto progresivo cuyo objetivo sería aumentar la conciencia de la necesidad de un estilo de vida sobrio y respetuosos de los imperativos ambientales y convivencia pacífica.


-el nivel de uso insostenible para uso superior a 250 litros por día por persona. Este es un uso dañino para los cuerpos de agua y el funcionamiento adecuado de las cuencas hidrográficas. Debemos abandonar el principio de “quien contamina paga” y adoptar el principio de prohibición. Incluso si uno paga, no se debe permitir que comprometa la integridad del agua y su regeneración (ver tesis 4).

Tesis 12. De acuerdo con los conceptos y prácticas establecidos a lo largo del tiempo en todas las empresas, se propone respetar la siguiente jerarquía en relación con los usos del agua:

– uso doméstico (agua potable, higiene, alimentos, salud).

– usos en la agricultura, principalmente el riego y la ganadería.

– actividades industriales, incluida la producción de energía.

– actividades terciarias, en particular el turismo.


Tesis 13. En el caso del “estrés hídrico” según la ONU, es cuando una comunidad humana tiene menos de 1000 metros cúbicos por año por persona para todos los usos considerados. La solución no se deriva principalmente del uso de tecnologías destinadas a aumentar el suministro de agua disponible y accesible. Por ejemplo: mejorar la productividad del agua en la agricultura, reducir el desperdicio en las redes, desalar el agua de mar, la producción de agua mediante la captura de humedad a gran escala, el transporte de agua a largas distancias. La solución no está en las técnicas de gestión capitalista como en el precio del consumo de agua, en los bancos de agua, en los mercados de agua, en la coca-colalización del agua y en el uso masivo de agua embotellada. Todo esto ha demostrado ampliamente que es insuficiente e incluso conduce a resultados involuntariamente indeseados como la acentuación de las desigualdades en situaciones de “estrés hídrico” entre las categorías sociales, las comunidades locales y las prioridades de su uso.


Tesis 14. Lo mismo pasa con la ” escasez de agua” (cuando una comunidad humana tiene menos de 500 metros cúbicos de agua al año por persona): la monetarización y la bancarización de los recursos hídricos son instrumentos inventados por los grupos sociales dominantes en el sistema económico y político, permitiéndoles tener acceso a agua rara / enrarecida para satisfacer exclusivamente sus propias necesidades e intereses de poder.


Tesis 15. Las soluciones deben provenir esencialmente de un cambio radical en la forma de pensar sobre el agua, de acuerdo con las líneas examinadas y propuestas en este trabajo, en particular, de acuerdo con los tres principios generales mencionados:

– El agua para la vida debe ser reconocida y tratada como un bien público global.

– La disponibilidad y el acceso-uso al agua deben considerarse e implementarse como un derecho universal para todas las especies vivas de la Tierra.


– El agua, como tal, debe disfrutar de sus propios derechos.

Con este fin, las autoridades públicas a todos los niveles deben garantizar y asegurar el uso de recursos del Estado, monetarios y no monetarios comunes, para financiar las inversiones necesarias. Inversiones para la seguridad de la vida y la salud de todos los miembros de las comunidades humanas y de los habitantes de la Tierra (incluidos otras especies vivientes).

Tesis 16. Cualquier uso del agua, de acuerdo con las prioridades antes mencionadas, debe ser respetuoso con los principios de sostenibilidad de la vida (regeneración), de responsabilidad colectiva e individual / comunitaria, de justicia social, de igualdad de derechos, de una democracia participativa efectiva, de sobriedad y de precaución.


Tesis 17. Más específicamente, el agua de riego para la producción agrícola, la exportación y los usos alimentarios de los consumidores de clases sociales ricas no puede ser una prioridad, como ocurre hoy en día. Del mismo modo, el uso del agua para cultivar tierras para la producción de energía, entre otras cosas, destinado al transporte por carretera, no puede ser una prioridad. Hay una necesidad urgente de reconstruir una bioagricultura que valore de manera sostenible, el capital de la tierra y el agua para las necesidades vitales de las poblaciones, en un cuadro de un sistema de cooperación, intercambio y de reparto.


Tesis 18. El mismo principio debe aplicarse a la construcción de presas para la producción de agua para riego, la generación de electricidad, la minería, la industria agroalimentaria y química o para actividades militares. Es inaceptable que cientos de millones de personas en África, América Latina y Asia no tengan acceso a electricidad, mientras que “sus” tierras y “sus” aguas son las principales fuentes de producción electrica del mundo.


Tesis 19. Sobre la base del principio de soberanía del Estado, a menudo definido como soberanía nacional, los estados actuales no aceptan la idea de que las aguas de su territorio deben ser protegidas y valoradas por el respeto de la vida de todos los habitantes de la Tierra y sus derechos. Este comportamiento se traduce en la incapacidad de concebir una política global de agua cooperativa y solidaria en el contexto, por ejemplo, de debates y elecciones relacionadas con estrategias y “lucha” contra el cambio climático. Es más, incluso si todos estuviesen de acuerdo con las consecuencias más dramáticas que se producirán para los seres humanos por el desastre climático actual, y que se referirán al agua, su disponibilidad y calidad. Bajo estas condiciones, será extremadamente difícil implementar una política de lucha en contra del cambio climático, la devastación de la vida en el Planeta y el éxito de conseguir una política de agua cooperativa y de apoyo. Esto ocurrirá si no dejamos salir del mercado y la lógica de las finanzas mundiales privadas, el agua y otros bienes esenciales e irremplazables para la vida como las semillas, las energías renovables, el conocimiento.


También ocurrirá si no liberamos la organización de las comunidades humanas, de local a global, desde el encarcelamiento representado por el principio de soberanía nacional absoluta.

Tesis 20. Ante la creciente escasez de agua buena, el concepto de seguridad hídrica, ideado y defendido por los Estados, terminó reflejando el de seguridad nacional. Y también para la seguridad alimentaria, energética y económica: es urgente y es esencial eliminar los profundos obstáculos que imponen esta visión de seguridad, diseñando y promoviendo un colectivo global. Con este fin, se propone la creación de un consejo de seguridad para los Bienes Comunes Globales, empezando por el agua, las semillas y el conocimiento.


Tesis 21. En el contexto de la actual globalización económica desigual y predatoria en la que el poder político efectivo ya no es prerogativa de las instituciones políticas públicas “nacionales” o internacionales, el enfoque multilateral interestatal de la política de aguas se ha vuelto manifiestamente inadecuado e inapropiado. Ejemplo emblemático: The World Water Forum, una organización privada dirigida por poderosos intereses industriales, comerciales y financieros, ha reemplazado a la ONU, con el acuerdo y la complicidad de los Estados, en lo referente al principal ágora mundial de debate y propuesta en temas de política y agua.


Es necesario que las Naciones Unidas recuperen su papel como entidad pública mundial y modifiquen profundamente el Global Compact, firmado en el 2000 junto a las multinacionales y multiutilities privadas.

Tesis 22. Eso se llama Autoridad Mundial o Consejo de Seguridad Mundial o Ágora Planetario o cualquier otra cosa, es urgente establecer un sistema planetario plural y participativo para compartir y establecer un partenariado público en cuestión de política del agua, de las semillas y del conocimiento, previamente expuesto en la tesis 20.


La tarea de este sistema será triple: legislativo, programático y judicial. Sus capacidades y recursos se implementarán gradualmente. El sistema debe contribuir a una gobernanza pública mundial de la vida en la Tierra en nombre de la humanidad, la comunidad y la comunidad global de la vida.

Tesis 23. Los experimentos en la cooperación intergubernamental para aguas transnacionales e interregionales – pensemos en las docenas de organizaciones en cuencas hidrográficas de todo el mundo – son muy útiles para definir las posibles configuraciones institucionales mencionadas. Para ser estable, las configuraciones deben respetar la existencia de la vida en su totalidad y globalidad, valorando la complementariedad entre las autonomías de las diversas entidades en el sistema, puestas al servicio del objetivo de la la promoción de la seguridad colectiva transnacional global.


Tesis 24. El papel importante en la investigación y la implementación de la regulación mundial del agua, en cuanto a política, económica y social, debe llevarse a cabo en las ciudades, especialmente en grandes áreas metropolitanas, concretamente en grandes metrópolis multimillonarias de África, América Latina y Asia. En 2050, según una investigación publicada en Nature Sustainability (Febrero 2018), los habitantes de unas 300 ciudades, entre las 482 más pobladas del mundo, no tendrán acceso al agua potable ni a los servicios básicos de salud. Es un escenario absurdo. Nuestras empresas no pueden reaccionar con fuerza. Estas tienen que implementar un plan de acción “glocal”, local y global, llamado Urban Water 2020-2050, ya que la propuesta del plan debe ser lanzada en 2020 por una red de ciudades con motivo del Ágora de los Habitantes de la Tierra Urban Water 2020-2050. Una agenda del agua para celebrar dignamente el décimo aniversario del reconocimiento del derecho universal al agua por parte de la ONU.


Tesis 25. En este contexto y con referencia al agua potable, es esencial contrarrestar la tendencia que ha surgido en los últimos 20 años, consistente en reemplazar el agua del grifo por agua mineral o de manantial en botellas. La publicidad agresiva y engañosa ha logrado hacer creer que el agua embotellada es de mejor calidad para la salud que la del grifo, algo totalmente falso. Sólo el agua del grifo es potable por definición, ya que su tratamiento se realiza de acuerdo a los criterios definidos por las autoridades públicas. Las aguas minerales naturales embotelladas no son tratadas para cumplir los criterios de potabilidad porque su estructura bioquímica es permanente: deben ser embotelladas exactamente como cuando fueron tomadas de la fuente. La única modificación posible es añadir dióxido de carbono.


Beber agua embotellada no hace daño, pero su uso diario, especialmente si es de la misma marca, requiere supervisión médica. Desde que las aguas minerales naturales y de fuente han comenzado a privatizarse injustificadamente a través de concesiones de explotación a largo plazo por una tarifa anual irrisoria, su “valor comercial” ha alcanzado niveles y costes muy altos de 200 a 1000 veces más que el agua potable. ¿Resultado? el agua potable se usa en el hogar y en lugares públicos más para fines no nobles (inodoro, ducha, lavadoras, lavado de autos). Es una situación inaceptable, causada por una estrategia puramente orientada a la ganancia, permitida por las autoridades públicas a costa de las finanzas de la comunidad local. Sin embargo, los signos de inversión de tendencia parecen manifestarse. Es hora de nacionalizar y re-municipalizar las aguas minerales naturales y favorecer el uso del agua del grifo en el hogar y lugares públicos.


Tesis 26. El tema del agua virtual ha dado lugar a importantes reflexiones y debates. El concepto de agua virtual, hace referencia al agua necesaria para producir un bien o servicio que se convierte en virtual para el comprador o el usuario que ahorra el utilizo del agua incorporado en el bien o servicio adquirido y puede pero usarlo para producir otros bienes y servicios o para otros fines.


El concepto de agua virtual se ha concebido sobre todo como una herramienta para facilitar la comparación entre usos alternativos del agua y, por lo tanto, promover una política de uso del agua más sostenible y sobria (en términos de conservación, protección, calidad del agua, objetivos ambientales, cooperación entre los pueblos). En realidad, el concepto ha sido capturado y monopolizado por criterios comerciales y rendimiento financiero. Estos criterios han reducido la cuestión a un problema de análisis comparativo de los costes y los beneficios monetarios entre la producción directa o la compra / importación de bienes y servicios de acuerdo con el valor comercial y el rendimiento financiero del agua utilizada. Una pena. Corresponde a las autoridades locales y regionales, legislar en esta materia.


Tesis 27. El agua, como la tierra, las semillas, las plantas, los animales y los seres humanos, son parte de la gran comunidad de vida en la Tierra. Esto corresponde a un universo múltiple y complejo de funciones, derechos y responsabilidades en todos los niveles territoriales. Desde una perspectiva humana, los principios unificadores permiten que en este universo se “viva bien” sin frecuentes rupturas “existenciales” y sin conflictos destructivos cuando el trabajo está inspirado y guiado por principios complementarios, de cooperación, seguridad común, intercambio, solidaridad, tolerancia, no violencia y libertad común. En otras palabras, el futuro del mundo y la vida en la Tierra no puede efectuarse con mecanismos de rivalidad y exclusión a la lógica de dominación y depredación de los procesos de apropiación / expropiación o expropiación oligárquica al servicio de los intereses de unos pocos. Por lo tanto, el agua y el derecho a la vida deben ser liberados del poder ciego del mercado para la depreciación del valor mediante finanzas privadas y especulativas, de encarcelamiento de rechazo y odio hacia los demás, alimentado por soberanismos absolutos llamados “nacionales”.


Riccardo Petrella, Politólogo y economista italiano, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Florencia

Fuente:http://www.other-news.info/noticias/2018/08/replantear-el-agua-27-tesis/

Filed Under: Revista Sur, RS Sur global

miércoles, 29 de agosto de 2018

Cambio climático y las nuevas amenazas a los derechos humanos.

Imagen: Uchile

La cooperación internacional es fundamental para establecer mecanismos capaces de proteger la dignidad de millones de seres humanos quienes hoy se encuentran vulnerados en sus derechos fundamentales.

Por Pierre Lebret

La Marea, 28 deagosto, 2018.- Ni el muro de Adriano, ni las lógicas proteccionistas podrán frenar uno de los fenómenos que tiene como principal causa la acción del ser humano. El cambio climático se acelera frente a nuestros ojos, y nuestra casa común nos entrega señales cada vez más preocupantes.

Nunca antes, el ser humano había estado en una posición tan igualitaria frente a un fenómeno: la igualdad ante el desastre. Usted podrá ser inglés, nigeriano, cubano, o japonés, en algún momento será un afectado mas, el cambio climático no discrimina.

El planeta nos recuerda que nacemos iguales, al estar hoy igualmente vulnerables que el “otro” frente a uno de los desafíos más importantes de nuestra historia. Lo que cambia son las condiciones en las cuales te encuentras para enfrentarlo.

Hoy, los que más sufren de ese fenómeno arriesgan sus vidas al escapar de territorios donde el cotidiano es hambre y sed. Hoy, los que mas sufren arriesgan sus vidas al llegar a territorios hostiles, donde la posibilidad de convivir con el otro se ha reducido. 

Tarde o temprano, la humanidad en su conjunto deberá entender que el cambio climático es una responsabilidad común, un desafío global. Por ende debemos ser responsables ante los más vulnerables, garantizando su integridad, seguridad y vida, dada su condición de personas, portadoras de derechos de carácter universal. 

La multiplicación de catástrofes naturales como sequias, huracanes e inundaciones, fuerzan los desplazamientos, hoy son aproximadamente 64 millones los refugiados climáticos, un fenómeno que se intensificará en el futuro.

Según informes de las Naciones Unidas, en los próximos treinta años la población desplazada oscilará entre 250 millones y 1000 millones de personas, las cuales emigrarán en África, Asia Meridional y América Latina, dentro de sus respectivos países y regiones y hacia otras zonas del globo.

Sin embargo, hoy, la carencia de un marco juridico internacional respecto de los desplazados ambientales invisibiliza una situación que merece una respuesta urgente. 

El esfuerzo debe ser colectivo, las alianzas sostenibles. Desde el rol de la sociedad civil, pasando por las autoridades nacionales y multilaterales, hasta la participación activa del sistema financiero internacional para lograr cumplir con tres A mayúsculas: Anticipar, Acoger y Apoyar.

La cooperación internacional es fundamental para establecer mecanismos capaces de proteger la dignidad de millones de seres humanos quienes hoy se encuentran vulnerados en sus derechos fundamentales.

Pero a su vez, será esencial la creación de instancias para promover el intercambio cultural para tomar conciencia de la importancia de la cohabitación de múltiples culturas que viven en proximidad, en los mismos espacios, ello es un requisito fundamental para lograr un mayor entendimiento y buena convivencia.

Si desarrollamos una conciencia al respecto, podremos ser optimistas en relación a la observancia, respeto y preservación de los derechos humanos en el contexto del cambio climático.

Los refugiados climáticos no son solo personas afectadas por lo dramático del problema, más bien son mensajeros de un siniestro que ya comenzó; la alternativa es más o menos evidente, podemos reforzar los muros y trancar las puertas, o, podemos darnos por enterados de la ferocidad del problema y ser parte de un esfuerzo colectivo de la humanidad para procurar soluciones.

El lema de la acción por parte de los actores del sistema internacional debe ser: sinceridad, visión y solidaridad. La sinceridad ante la urgencia de los fenómenos apelando a la responsabilidad común, la visión ante los cambios, y la solidaridad sostenible ante los afectados.

En un contexto global complejo, estamos ad portas de celebrar el aniversario setenta de la declaración de los derechos humanos, nuestro denominador común e universal que nos recuerda que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 

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*Pierre Lebret es cientista político y experto en cooperación internacional para el desarrollo. Ha trabajado en la Comisión Económica América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, fue funcionario del gobierno de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet.
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martes, 28 de agosto de 2018

La Teología de la Liberación como acto segundo.


Por Pablo Richard

La “Ortopraxis” es anterior a la “Ortodoxia”. Primero el compromiso, la teología viene después. (Ver: Gustavo Gutiérrez: Teología de la Liberación. Perspectivas (1972). Especialmente páginas 26-41: “La teología como reflexión crítica sobre la praxis”).

En la Teología de la Liberación el acto primero es la praxis, un compromiso liberador que supone un análisis de la realidad. Hay una autonomía de la realidad anterior a cualquiera reflexión sobre ella. En el acto primero de la teología de la liberación es necesario la utilización de ciencias que no son necesariamente teológicas, sino del ámbito de la economía, la psicología, la ecología y otras ciencias necesarias para analizar y transformar la realidad. No se puede, por ejemplo, hacer un análisis teológico o espiritual de la opción por los pobres, sin tomar primero en cuenta las raíces económicas y sociales de la pobreza. 

La reflexión teológica o espiritual de la opción por los pobres es el acto segundo. Si no seguimos esta metodología, la teología corre el riesgo de ser un discurso puramente teórico sin fundamento histórico. La Teología de la Liberación no es una nueva teología, sino una nueva manera de hacer teología.

La teología de la liberación fue cuestionada, incluso condenada, especialmente por valorar en la teología el acto primero, la primacía de la “ortodoxia” y la importancia de la “praxis”. Citamos solamente dos documentos: 

Libertatis Nuntius (1984) “Instrucción sobre algunos aspectos de la ‘Teología de la Liberación”y Libertatis Consciencia(1986)“Instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación”. 

Algunos textos más “peligrosos” de la “Libertatis Nuntius”: “La impaciencia y una voluntad de eficacia han conducido a ciertos cristianos, desconfiando de todo otro método, a refugiarse en lo que ellos llaman «el análisis marxista»(VII,1).
“Recordemos que el ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus derechos, están en el centro de la concepción marxista” (VII, 9). 

“Las «teologías de la liberación», que tienen el mérito de haber valorado los grandes textos de los Profetas y del Evangelio sobre la defensa de los pobres, conducen a una amalgama ruinosa entre el pobre de la Escritura y el proletariado de Marx”.

La Teología de la Liberación sufrió una violenta persecución política, especialmente en la década de 1970 a 1980, que cobró muchos mártires.

Fuente: Amerindia

lunes, 27 de agosto de 2018

Gobiernos de la región deben abordar desplazamiento de venezolanos.

Foto: venezolanosenuruguay.com

Tras las oleadas imparables de desplazamiento de venezolanos a diferentes países de América del Sur, diferentes organizaciones y personas llaman a los gobiernos de la región a abordar este problema de manera conjunta. 

Señalan que la crisis que enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia del continente, tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que este desplazamiento se presenta.

A continuación la carta colectiva.

Piden a gobiernos de la región abordar de manera conjunta el desplazamiento forzado de personas venezolanas

Carta Colectiva


América y el Caribe, 22 de agosto de 2018

A los Gobiernos de la Región
A los Organismos Internacionales Competentes
A la sociedad de las Américas y el Caribe

Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de un grupo de trabajo de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, en calidad de defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la movilidad humana, de ayuda humanitaria, de desarrollo y académicos/as, hacemos un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se encuentran actualmente en varios países de la región. En particular, resaltamos la importancia del reforzamiento de la protección y de la prevención de cualquier vulneración de los derechos de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional.

La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia de nuestro continente. Tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que este desplazamiento se ha presentado. Ello obliga a todos los actores involucrados a fortalecer, mejorar y, en su caso, desarrollar nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida para atender la situación de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar.

Desde la sociedad civil rechazamos cualquier medida regresiva que culmine en la restricción, eliminación o suspensión del goce y disfrute de los derechos de cualquier persona en situación de movilidad humana.

En este sentido, vemos con preocupación las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Ecuador y Perú de solicitar pasaportes a la población venezolana como único documento para ingresar en su territorio. Asimismo, rechazamos cualquier intento, de hecho o de derecho, de cerrar las fronteras para evitar el paso a ésta o cualquier otra población en necesidad de protección internacional o ayuda humanitaria. Estas medidas contravienen no solamente convenciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados sino, en algunos casos, los propios ordenamientos de orden constitucional de los países concernidos.

Este tipo de medidas solamente pone a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, facilitando el tráfico y trata de personas, contribuyendo a la separación de familias, limitando la capacidad de un Estado para identificar y brindar la atención especializada que ciertos grupos necesitan, como la niñez para garantizar el interés superior del niño/a, entre muchos otros supuestos.

Es por ello, que planteamos lo siguiente:

1. Por la magnitud del fenómeno de movilidad humana que la región está enfrentando, y que continúa en aumento, pedimos a los Estados que aborden este tema desde una mirada y perspectiva regional, mediante consultas amplias que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil, y que puedan generar alternativas coordinadas y complementarias, partiendo de un enfoque integral de derechos y con una mirada de soluciones duraderas.

2. Debido las difíciles y precarias condiciones en las cuales las personas realizan sus desplazamientos, es importante atender esta crisis humanitaria desde mecanismos eficaces y articulados, como por ejemplo, la creación de corredores humanitarios de acogida en los cuales las personas puedan ejercer su derecho a la libre movilidad con seguridad. Es por ello que hacemos un llamado a los Estados para liderar los procesos de entregas de ayuda humanitaria en cada uno de sus territorios, lo cual implica proveer lugares de descanso temporal, acceso a alimentos básicos, acceso a sistemas de salud (principalmente para grupos sociales en una situación de mayor vulnerabilidad) y cualquier otra operación que fuese necesaria para garantizar la vida y seguridad de las personas.

3. Los Estados deben avanzar hacia una pronta regularización del estatus migratorio de las personas, para que este desplazamiento se realice con una plena garantía del goce y disfrute de los derechos de cada individuo y en esa medida contribuir a erradicar o eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles. Deben evitar poner el énfasis en si estas personas están en tránsito, de manera temporal o como destino final, y enfocar sus esfuerzos en garantizar su dignidad humana. Alternativamente, puede establecerse procesos de flexibilización de requisitos para el acceso a documentación migratoria e incluso pensar en procesos de amnistía migratoria.

4. Solicitamos a cada Estado que adopte medidas para una rápida y efectiva identificación de las personas que se encuentren en la necesidad de protección internacional tal y como lo han planteado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta medida puede llevarse a cabo en este contexto a través de la implementación de reconocimientos colectivos de la condición de refugiados/as.

5. Las medidas de regularización migratoria, como la identificación de la necesidad de protección internacional, son pasos fundamentales para que se puedan abrir espacios para la integración local de las poblaciones.

6. La región cuenta con una amplia tradición y marcos jurídicos para la movilidad humana. Los Estados deben asegurar la no regresión de los estándares establecidos en los marcos jurídicos internacionales y regionales en esta materia. Deben además responder a la implementación de las recomendaciones y opiniones consultivas de los órganos y mecanismos especializados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. Por ello, reiteramos nuestro llamado a los Estados para que tomen medidas proactivas en la defensa de los derechos de las personas y rechazamos cualquier forma de abordar este tema desde un enfoque securitista. En consecuencia, conminamos a los Estados a no tomar medidas violatorias a los derechos como el cierre de fronteras, las deportaciones y expulsiones colectivas y otras formas de criminalización de la movilidad humana.

7. Esta crisis ha activado a un gran número de organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos, cuyos miembros y voluntarios están haciendo frente a las necesidades de los venezolanos forzados a migrar. Los Estados deben reconocer y apoyar el trabajo de estas organizaciones, facilitando espacios de coordinación con las entidades oficiales para asegurar una respuesta eficaz a la situación.

8. Hacemos un especial llamado a los Estados para que tomen medidas para proteger a las personas defensoras de los derechos de los migrantes y refugiados contra cualquier amenazas y represalias derivadas del desarrollo de su labor.

9. Conminamos a los Estados a que se cumpla el ejercicio integral de derechos por parte de la población venezolana y que de esta manera se garantice mecanismo para el acceso a derechos y servicios básicos. En particular solicitamos tener en mayor consideración las necesidades diferenciadas de niños, niñas, adolescentes, mujeres (particularmente de las que se encuentran en estado de gestación), personas afectadas por enfermedades y con requerimientos especiales de salud, población GLBTII, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.

10. Convocamos a la sociedad civil a tener una mirada de empatía y solidaridad con estas poblaciones desplazadas, evitar cualquier acto de discriminación, xenofobia y violencia. Debemos recordar que en algún momento de su historia los países de la región han sido expulsores de su población. Por muchas décadas Venezuela fue un país receptor de muchas de estas personas. Como en su momento se demandaron medidas humanitarias para garantizar sus derechos, en estos momentos debemos ver en cada ciudadano/a venezolano/a obligado a migrar una oportunidad para retribuir la ayuda brindada a nuestros compatriotas.

11. Hacemos un llamado los organismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que continúen monitoreando y condenando las violaciones a los derechos humanos que se presentan cada vez con mayor frecuencia por la magnitud del reto que enfrenta la región. Todo ello, con la finalidad de identificar y trabajar de manera conjunta en la causa del problema.

12. Finalmente, hacemos un llamado para concretar lo más pronto posible un foro hemisférico en donde todos los actores involucrados podamos contribuir a identificar y diseñar las mejores herramientas y mecanismo para lograr todos los objetivos aquí planteados. Ante ello, manifestamos nuestro total compromiso con los Estados y organismos internacionales para colaborar en la realización de tan importante evento.

Contactos:
Francisco Quintana, CEJIL, Washington,D.C.: fquintana@cejil.org
Guillermo Rovayo, Misión Scalabriniana, Ecuador: guillermo_rovayo@yahoo.com.ar
Ligia Bolívar, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Venezuela: 1ligiabolivar@gmail.com
César Ruiz, Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad, Perú: refugiados1@encuentros-sjs.org


Organizaciones firmantes del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezolana

Regional

Amnistía Internacional Asylum Access
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
International Institute on Race, Equality and Human Rights
Mercy Corps
Oxfam, Regional
Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe (RJM_LAC)
Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC)
Washington Office on Latin America (WOLA)

Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

Brasil
Caritas Arquidiocesana de São Paulo Conectas Direitos Humanos
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) Missão Paz
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil (SJMR Brasil)

Chile
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales

Colombia
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Costa Rica
Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI)

Ecuador
Misión Scalabriniana

Estados Unidos
Visión Democrática, Diáspora Venezolana (EEUU)

México
Sin Fronteras IAP

Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad

República Dominicana
Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ
Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA)

Venezuela
Acción Solidaria
Asociación Civil Movimiento Vinotinto
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ Conferencia Episcopal Venezolana Pastoral Social Cáritas de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

Adhesiones de organizaciones al pronunciamiento

A.C. Consorcio, Desarrollo y Justicia, Venezuela
A.C. María Estrella de la Mañana, Venezuela Acceso a la Justicia, Venezuela
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA, Venezuela ACDemocracia – , Ecuador
Alianza Américas, Regional
Asamblea de las Diásporas/PERUALLIANCE/CDP, México
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC), Venezuela
Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC , Ecuador
Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Uruguay (APEJUVENUR), Uruguay
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular – ALER, Regional (19 países de ALC)
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, Ecuador
Asociación Pro Derechos Humanos- APRODEH, Perú Asylum Access México (AAMX) A.C., México
C.C.S. – Consultores con Compromiso Social, Ecuador Cabildo Migrante, Ecuador
CEDEAL, Ecuador
CEDESO, República Dominicana
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la PUCE, Ecuador
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Venezuela
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro Internacional para los derechos humanos de migrantes y refugiados. (CIDEHUM), Regional, Sede en Costa Rica
CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Ecuador
CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, Venezuela
Colectiva Tejedora Calceta, Ecuador _ Manabi Colectivo Atopia, Ecuador
Colectivo C.C.S. Consultores con Compromiso Social. Susan Engel, Carlos Leon, Paola C.C.S., Ecuador
Colectivo DDHH Kintyñan, Ecuador
Colectivo MUJERES CONTANDO de Derechos y Comunicación, Ecuador y Colombia
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, El Salvador
Comisión de Derechos Humanos de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela Capítulo Lara, Venezuela
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida, Venezuela
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU, Venezuela
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Ecuador
Comité Pro defensa de los derechos Humanos Familiares y Víctimas del Estado Falcón, Venezuela
Comuna Demos-kracia, Ecuador
Congregación de Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas
Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos del cantón Pedro Moncayo , Ecuador
Convite AC, Venezuela
Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira, Venezuela
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Regional
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR, Colombia
Corporación Sisma Mujer, Colombia
Cristina Yépez / Estudiante PhD Universidad de McGill, Ecuador
Derechos Humanos UPEL, Venezuela
Diáspora Venezolana en República Dominicana, República Dominicana- Santo Domingo
Dickson Segovia defensor de DD—HH, VENEZUELA Ecuador Today, Ecuador
El Churo, Ecuador
Epikeia, Observatorio Universitario de derechos Humanos, Venezuela
Espacio Público, Venezuela
EXCUBITUS derechos humanos en educación, VENEZUELA
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -FENASOPADRES-, Venezuela
Foro Salud Pública Ecuador, Ecuador
Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto “Santo Domingo De Guzmán”, Barquisimeto, Lara, Venezuela
Fuerza Liberal, Venezuela
Fundación Aguaclara, Venezuela
Fundación Causana, Ecuador
Fundación Desafío, Ecuador
Fundación Ecuatoriana Equidad, Ecuador
Fundación Lourdel desarrollo integral de la familia, Ecuador Quito
Fundación Pakta , Ecuador
Fundación pro defensa del derecho a la educación y la niñez FUNDAPDEN , Venezuela
Fundamedioa, Ecuador/Regional
Fundamujer, Venezuela
FunDanna, Venezuela Carabobo
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC, México
Grupo de Trabajo LGBTI Ecuador, Ecuador
Grupo Rescate Escolar, Ecuador
Humano Derecho Radio Estación, Venezuela
Junta Cívica de Guayaquil, Ecuador
Juventud Unida en Acción, Venezuela, América Latina y el Caribe
La Barra Espaciadora, Ecuador
Madres y Padres Por Los Niños En Venezuela (Mapani Vzla) , Venezuela
Mesa Local de Víctimas de San Lorenzo, Ecuador
MMFAM ( Movimiento Migrantes y Familiares), Ecuador
Monitor Social A.C. , Venezuela
Nueva Esparta Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua
Movimiento Juvenil Scalabriniano Ecuador, Ecuador
Movimiento MAHATMA GANDHI. Patricia Echeverría Andrade Vocera, Ecuador
Movimiento Nacional de Mujeres Luna Creciente, Ecuador
Movimiento socio cultural para los trabajadores haitianos, República Dominicana
MSACV, Colombia
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Deslocados Ambientais (NEPDA), Brasil
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Venezuela
Observatorio de Derechos y Justicia ODJ, Ecuador
Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías , Ecuador
Observatorio Migraciones universidad Externado de Colombia, Colombia
Observatorio Penal Mérida, Mérida Venezuela
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Venezuela
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Venezuela
Oficina Jurídica para la Mujer, Bolivia
Observatorio Penal Mérida OPEM-DDHH Mérida Venezuela, Venezuela
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Venezuela
Pastoral Universitária , Roraima BRASIL
Paz y Esperanza, Ecuador
Paz y Esperanza, Perú
Peace and Hope International, Regional
Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional, Colombia
Promoción Educación Defensa en DDHH – PROMEDEHUM, Venezuela
Red CLAMOR y del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC), Venezuela
Red Latinoamericana y Caribeña por los derechos de niñas niños y adolescentes (@REDLAMYC), Regional
Red Nacional de Juventudes RNJ Nicaragua., Nicaragua
Redes Ayuda A.C., Venezuela
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, México
RedOrgBaruta, Venezuela
RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales, Regional
Robert F. Kennedy Human Rights, Regional Rosario Utreras, Ecuador
Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela
Sociedad Hominis Iura (SOHI), Venezuela Somos Abogados, Venezuela
Surkuna, Ecuador
Tearfund , América Latina y Caribe Transparencia Venezuela, Venezuela
Una Ventana a la Libertad , Venezuela
Uno de siete migrando AC, México
Venezuela Diversa A.C
Wambra.ec, Ecuador
Women´s Link Worldwide, Regiona

Adhesiones de individuos al pronunciamiento

Adriana Sigcha, Ecuador
Alejandra Olivares Hidalgo. Defensora de Derechos Humanos, Venezuela
Alexis Ponce, Defensor de DDHH, Ecuador
Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira, Venezuela
Daniela Salazar. Co-Directora Clínica Jurídica Universidad San Francisco de Quito., Ecuador
Daniella Hernández/ periodista, Venezuela
Edmirya González , Ecuador
Francisca Vigaud-Walsh, Experta en Asuntos Humanitarios,E.E. U.U.
Giovanna Tipan Barrera , Ecuador
Harold Burbano Villarreal, defensor de Derechos Humanos y docente universitario, Ecuador
Ignacio Odriozola – Abogado/Académico en Derecho de Migrantes y Refugiados , Argentina
Isabel Proaño, Quito – Ecuador
Javier Chiliquinga, Ecuador
Jenny Sánchez, Ecuador
José Luis Guerra M./abogado defensor de derechos humanos, Quito-Ecuador
José Luis Manzo, Defensor de derechos humanos de migrantes, México
Liliana Rodríguez Montero, OP., Presidente de la Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto “Santo Domingo De Guzmán”, Venezuela
Liz Mercado, Ecuador
Lorena Liendo Rey, Proyectos-Sinergia , Venezuela
Luis Eduardo García Saavedra, Perú
Mac González, ex- Rector de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador
Manuel Martínez Coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia, Ecuador
Marcelo Larrea, Pan humanismo activo, Ecuador
María Arboleda Comisión Nacional Anticorrupción Ecuador, Ecuador
María Corina Muskus Toro, abogada especialista en derechos humanos, México
María Fernanda Mujica Ricardo, Venezuela
Mayerling Vera Merlo, Venezuela Nueva Esparta
Mayra Graciela Vásquez Baque, Quito – Ecuador
Mila Ivanovic, politóloga , Francia
Mónica Vera Puebla, defensora de Derechos Humanos, especialista en movilidad humana, Ecuador
Mónica Vera Puebla, Ecuador
Moreno, Ralf Oetzel , Ecuador
Natasha Montero Granda, defensora de derechos humanos, Ecuador
Óscar Murillo, Director Escuela de Periodismo de la Ucab Guayana, Ciudad Guayana, Venezuela
Paola Moreno – defensora de derechos humanos, Ecuador
Paola Santacruz O. Médica Salubrista, Ecuador
Patricio Benalcazar Alarcón / Defensor de Derechos Humanos, Ecuador
Pedro Quijada, Estado Unidos
Prof. Moirah Alexandra Sánchez Sanz, Uruguay
Rigoberto Lobo, Director General Promoción Educación Defensa en DDHH – PROMEDEHUM, Venezuela
Rocío Rosero Garcés, Ecuador
Sandra Flores, Diputada Asamblea Nacional de Venezuela, Venezuela
Sarita Montiel Ramírez, Venezuela
Shirley Llain – Docente Investigadora, Directora Clinica de Migrantes de la Universidad del Norte, Colombia
Verónica Redrobán Herrera, Ecuador
Virginia Gome de la Torre, Quito Ecuador
Yaymara Giménez, México
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Fuente: Publicado el 23 de agosto 2018 en el portal de la CNDDHH: http://derechoshumanos.pe/2018/08/piden-a-gobiernos-de-la-region-abordar-de-manera-conjunta-el-desplazamiento-forzado-de-personas-venezolanas/


Fuente: Servindi