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jueves, 21 de enero de 2021

La Universidad de La Rioja (Argentina) presentó una máscara anti coronavirus.



La máscara tiene un sistema que proporciona por medio de tubos una presión constante y estable de oxígeno.

El dispositivo busca evitar el contagio de la enfermedad en la población, y en particular en el personal de salud. Funciona a través de un sistema que proporciona por medio de tubos una presión constante y estable de oxígeno.

En un alto de la segunda reunión del gabinete federal que llevó adelante Alberto Fernández con gobernadores y vicegobernadores de las provincias norteñas en Chilecito, La Rioja, el Presidente participó de la presentación de una máscara anti Covid-19, basada en la tecnología de presión continua y desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

El dispositivo busca evitar el contagio de coronavirus en la población, y en particular en el personal de salud, a través de un sistema que proporciona por medio de tubos una presión constante y estable de oxígeno.

El uso y funcionamiento de la máscara fue constatado también por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y otros funcionarios del área científica, tanto de la Nación como riojanos, así como dos de los desarrolladores: Marcelo Simonetti y Daniel Zalaya.
El funcionamiento de la máscara fue constatado por el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, y otros funcionarios.

Poco después, vía Twitter, Salvarezza calificó de «innovador» el desarrollo de la UNLaR y señaló que el sistema en el que se basa «está orientado a proteger y resguardar al personal de salud expuesto al contacto directo con pacientes Covid-19 positivos tanto en las instalaciones hospitalarias como en los domicilios de los pacientes».

La máscara de presión continua fue un desarrollo financiado en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología Covid-19, que forma parte de las iniciativas del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología.



sábado, 8 de febrero de 2020

"Mueren porque el agronegocio los deja sin agua, sin comida"

Foto: @eltribuno/ Twitter


La cifra récord de desmontes en Salta les quita a las comunidades sus territorios y sus modos de subsistencia. Ya fallecieron seis niños. Los ambientalistas ponen el foco en la expansión sojera.

Por Gastón Rodríguez

Tiempo, 8 de febrero, 2020.- "Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir".

La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios.

Una razón íntima la justifica: "Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser".

El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates.

Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.

"Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa", dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.

La "emergencia sociosanitaria" declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.

Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una "ley de reordenamiento territorial", permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.

"En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada", explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.

Foto: @FMMAS935/ Twitter

"Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura", se queja Cruz.

"Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo".
Desalojados

El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.
Sin misión

Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que "luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región" del país.
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jueves, 9 de enero de 2020

Desvastadores incendios en Australia afectarían a países sudamericanos.


La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el humo causado por los incendios en Australia, estarían afectando a países sudamericanos como Chile, Argentina y Brasil, producto de los vientos.
Redacción Venezuela al Día 
“Satélites de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestran que el humo, visible ya en Chile y la Argentina, está en camino de circunnavegar el planeta”, dijo Clare Nullisen, en una conferencia de prensa que se celebró en Ginebra.

Los incendios hasta los momentos dejaron 25 muertos, destruyeron alrededor de 2000 viviendas, ocasionaron un número estimado de 1000 millones de animales muertos y generaron pérdidas económicas que provocan además un empeoramiento de la calidad del aire que supone “una amenaza para la salud”.
Por su parte, la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) argentino, Cindy Fernández, aseguró que la presencia de humo sobre Argentina debido a esta situación no afectaría la salud ni complicaría el funcionamiento del tráfico aéreo.
Los incendios están ocurriendo en zonas de la costa este y sur, que es donde vive la mayoría de la gente. Estas zonas incluyen áreas alrededor de Sídney y Adelaida. Solamente en Nueva Gales del Sur se han quemado más de cuatro millones de hectáreas (una héctarea tiene aproximadamente el tamaño de un campo deportivo).
Con información de Reuters

viernes, 17 de febrero de 2017

Argentina se endurece con los inmigrantes y genera críticas.


Decreto de mandatario Mauricio Macri permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular. Gobierno sostiene que medidas son necesarias frente a los “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”. 

Por Daniel Gutman

IPS, 13 de febrero, 2017 .- La medida del gobierno argentino de endurecer la política para los inmigrantes y establecer la expulsión exprés para acusados de delitos o en situación irregular recibe críticas por criminalizar a los extranjeros y romper una política para el sector aplaudida internacionalmente.

Argentina es considerado, precisamente, un país de inmigrantes porque la mayor parte de la población desciende de los extranjeros que masivamente llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX.

Además, mucho más recientemente, a fines de 2003, se sancionó una Ley de Migraciones que fue calificada como “un ejemplo mundial” por el entonces director de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson Mc Kinley.

Esa norma, entre otras cosas, garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, muchos creen que esa realidad ha cambiado abruptamente el 30 de enero, a partir de una decisión del gobierno.

Ese día, se dio a conocer un decreto del presidente Mauricio Macri que permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular.

El gobierno de centro derecha sostiene que estas medidas eran necesarias –según se lee en los fundamentos del decreto- para hacer frente a “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”.

Sin embargo, organizaciones humanitarias y de migrantes sostienen que se busca asociar a los inmigrantes con el delito, que solo se perjudicará a los vulnerables, sin afectar a los poderosos, y que se estimula la xenofobia.

Desde hace años, las encuestas muestran que la inseguridad ciudadana es la primera o segunda preocupación de los argentinos. Un sondeo de la Universidad Católica Argentina, difundido en noviembre, arroja que nueve de cada 10 entrevistados teme ser víctima de un delito.

“Hasta ahora, solo se podía expulsar del país al extranjero que cometiera un delito grave, por el que le quepa una condena superior a tres años de cárcel, como lavado de dinero o un robo violento”, recordó Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos creada durante la última dictadura militar (1976-1983).

“Este nuevo decreto, en cambio, prevé la expulsión para todos los delitos que tengan pena de prisión, por ejemplo lesiones leves o resistencia a la autoridad”, explicó en diálogo con IPS.

“Incluso está previsto que se le retire la radicación definitiva en el país a aquellos que ya la obtuvieron por el solo hecho de estar procesado por un delito, lo que afecta derechos adquiridos”, agregó Morales.

El gobierno niega que se le quiera cerrar la puerta a los extranjeros y en estos días difundió el dato de que, durante 2016, su primer año de gestión, se otorgó la residencia definitiva en el país a 215.000 personas.

Se trata de “ser hospitalarios y abiertos con todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a sumar al esfuerzo diario de los argentinos y ser profundamente restrictivos con los que vienen a delinquir o delinquen en el país”, dijo el director nacional de Migraciones, Horacio García.

La duración de los procesos de expulsión de extranjeros que cometieron delitos graves es una de las principales preocupaciones del gobierno. Según el decreto hoy pueden llevar hasta siete años.

Desde el gobierno citaron el caso de Marco Antonio Estrada González, un peruano con varias condenas por narcotráfico, que estaba bajo libertad condicional y, según la justicia, seguía manejando la venta de drogas en uno de los asentamientos precarios más poblados de Buenos Aires.

Pero entre quienes desconfían de las verdaderas intenciones de Macri está el presidente boliviano, Evo Morales, quien exhortó a sus colegas latinoamericanos a “no seguir las políticas migratorias del Norte”, en referencia a las medidas contra colectivos de extranjeros del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el lunes 6 una delegación boliviana llegó a Buenos Aires para sostener encuentros con la cancillería argentina y otras autoridades, para evaluar el impacto del decreto en la comunidad boliviana en el país.

De acuerdo a los datos del último censo, realizado en 2010, Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, de los cuales 1,8 millones son extranjeros, aunque se sabe que las dos cifras crecieron desde entonces.

La mayoría de los inmigrantes provienen de Paraguay, Bolivia y Perú: entre estos tres países aportan las tres cuartas partes de los extranjeros del país.

La medida del gobierno se tomó luego de la conmoción que generó, el 24 de diciembre, la muerte en Buenos Aires de un adolescente de 14 años, quien iba en el automóvil con su abuelo y fue baleado en la cabeza por dos ladrones que intentaban robar a dos mujeres.

Uno de los detenidos como presuntos autores de ese crimen resultó un adolescente peruano de 15 años, quien fue declarado inimputable por su edad y fue deportado a su país.

Pero si la pregunta es cuál es la participación real de los inmigrantes en los hechos de inseguridad la cuestión no está en los números sino en su interpretación.

“La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total”, dice el decreto, que modifica la Ley de Migraciones del 2003.

Sin embargo, Jennifer Wolf, jefa del área de extranjeros en prisión de la Procuración Penitenciaria, órgano que protege los derechos humanos de los detenidos, explicó a IPS que “la gran mayoría de las personas extranjeras presas en cárceles federales han estado involucradas en delitos no violentos. Son, principalmente, el último eslabón en la cadena de narcotráfico, no son narcotraficantes”.

“Por otro lado, en las cárceles federales el porcentaje de extranjeros osciló entre un 19 y un 21 por ciento entre 2006 y 2014, subió al 23 por ciento en 2015 y descendió a 21 por ciento en 2016. Paralelamente el número total de presos ha ido en aumento constante en los últimos años”, planteó.

De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia para fines de 2016, de los 3.804 detenidos en cárceles federales por la ley de drogas, 1.284 (casi 34 por ciento) son extranjeros. Entre ellos hay 428 paraguayos, 326 peruanos y 273 bolivianos.

Pero para Wolf, “lo que hay que mirar son las estadísticas de detenidos en todo el país, que incluyen a las cárceles provinciales: el año pasado terminó con 4449 presos extranjeros, que es aproximadamente el seis por ciento de la población carcelaria total de la Argentina”.

Más de 130 organizaciones que defienden los derechos de los migrantes pidieron una audiencia con el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, para plantearle su “preocupación y desconcierto” por la decisión oficial.

También reclamaron que la cuestión se debata eventualmente en el legislativo Congreso de la Nación, ya que el gobierno decidió hacerlo por decreto, durante el receso parlamentario de verano austral, con el argumento de que “existe una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.

“Este decreto habilita la persecución de los extranjeros por parte de la policía. Se corría el rumor hace tiempo que una medida de este tipo venía. Pero nunca imaginamos que podía ser algo tan fuerte”, dijo a IPS un hijo y nieto de chilenos, Alfonso Rojas, quien integra la conducción de la Red Nacional de Líderes Migrantes, que agrupa a organizaciones de todo el país.

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Editado por Estrella Gutiérrez

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Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Fuente: Servindi

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Argentina: Qué quisieron ocultar con una cadena y un candado.


Más allá del simbolismo que representan unas cadenas y candados para cerrar una puerta en la Universidad Pública, los sucesos que debimos transitar en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en estas últimas semanas nos convocan a preguntarnos: ¿qué tipo de ciencia estamos haciendo? ¿Puede la Universidad Pública habilitar espacios para que sean las comunidades las que definan sus propias necesidades de conocimiento, resignificando la idea de “autonomía universitaria”?

Como graduados y docentes de la Universidad Pública, como trabajadores de la Salud y la Educación, quienes somos parte de los equipos de trabajo de la Práctica Final de la Carrera de Medicina y del Instituto y Materia Salud Socioambiental de nuestra Facultad, tenemos la firme convicción de que nuestra mayor responsabilidad es formar profesionales de la salud sólidos desde lo científico y comprometidos con su pueblo.

Por ello es que emprendimos la tarea de llevar adelante los Campamentos Sanitarios, entre otras cosas, para saber un poco más acerca de cuáles son las necesidades de salud de las comunidades.

De este encuentro entre quienes viven en localidades de menos de 10.000 habitantes y los estudiantes y docentes de la Universidad Pública, fueron surgiendo datos que nos permitieron identificar la presencia de algunas enfermedades y problemas de salud, así como sus comportamientos a lo largo de los últimos 20 años.

Hipotiroidismo, enfermedades respiratorias, malformaciones congénitas, pérdidas de embarazos, distintos tipos de cánceres, fueron apareciendo en los relatos de las familias que nuclean a más de 96.800 personas, que viven en las 27 localidades, de 4 provincias de nuestro país que hemos relevado.

Semejante información no puede negarse, ni mucho menos ocultarse una vez que se ha tomado conocimiento de ella. Al menos, eso creemos quienes somos parte de nuestro equipo de trabajo.

La difusión de esos datos, indudablemente, pone en aprietos a quienes hasta ahora siguen queriendo tapar el sol con la mano. Obliga a buscar más en profundidad. Empuja necesariamente a preguntarnos ¿qué es lo que puede estar pasando en nuestros territorios?

Nosotros nos lo preguntamos.

Creemos encontrar una de las varias puntas del ovillo en la proximidad de los hogares de estos vecinos con los territorios transformados en áreas de producción de eventos transgénicos dependientes de venenos.

Lo dijimos en voz alta, acompañando nuestros dichos con los resultados arrojados por los relevamientos que hemos realizado. Eso nos llevó también hasta La Haya, al Tribunal Internacional Monsanto, y al regresar, las puertas del lugar donde guardábamos toda la información documental estaban encadenadas!

La presión generada por un tsunami de solidaridad y apoyos llegados desde los más recónditos lugares del mundo, permitió que recuperásemos el acceso a ese espacio y hoy podamos tener la tranquilidad de saber que nuestros dichos siguen respaldados.

Las cadenas que pretenden callar las voces de los pueblos afectados por el extractivismo, no hacen más que evidenciar lo que quieren ocultar.

Esas puertas cerradas con cadenas, paradójicamente abrieron las puertas a la discusión acerca de qué ciencia necesitan nuestros pueblos, para qué y con quiénes debe construirse el conocimiento científico, y cuál es el rol que debe cumplir la Universidad Pública en la producción, reproducción y/o transformación de los saberes “válidos” (si es que aplica esa adjetivación).

Pretendemos convocar-nos a repensar lo pensado, a animarnos a desandar el camino del positivismo mecanicista que hipertecnologiza la vida y mercantiliza la naturaleza, para avanzar en los caminos que nos lleven hacia sociedades saludables.

Éstas solo podrán ser, si recuperamos la capacidad de respetar la diversidad, de no reproducir las lógicas de dominación desde el poder, y de mantener nuestras Universidades a salvo de los poderes partidarios, gubernamentales y económicos.

Lo sucedido en nuestra Facultad, y el rol de la movilización de toda una sociedad que se manifestó en apoyo a “nuestro” trabajo, enseñó que ese es uno de “nuestros” errores. Ese trabajo no es “nuestro” sino de todos nosotros. Ese trabajo le pertenece a las comunidades y los pueblos que nos sostienen.

Lo sucedido esta semana, nos enseña también que no hay cadenas capaces de encerrar a un pueblo, cuando éste decide ponerse en movimiento por la defensa de la vida, contagiando solidaridad.

A cada uno de los miles de mujeres, hombres, organizaciones, que expresaron su solidaridad y apoyo en estos días, en nombre de todo el equipo de trabajo de la Práctica Final de la Carrera de Medicina, y del Instituto y Materia Salud Socioambiental, saludablemente queremos decirles ¡GRACIAS!

Damián Verzeñassi. Médico paranaense. Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, profesor titular de la Práctica Final de la carrera de Medicina y organizador de los campamentos sanitarios que relevan poblaciones afectadas por las fumigaciones. Especial para Entre Ríos Ahora.



domingo, 23 de octubre de 2016

Argentina: Pueblos indígenas frente al extractivismo.


Por IWGIA(*)

Con la colaboración de IWGIA, un nuevo episodio de la serie “Esta es mi Tierra” deHispanTV muestra cómo actividades extractivas autorizadas por el Estado afectan la vida de comunidades indígenas.

En Argentina, numerosos proyectos de agricultura, ganadería y forestación afectan los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Los mayores focos de conflicto se encuentran en la provincia de Neuquén, Formosa, Salta y Jujuy. Estos proyectos se desarrollan en tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas, cuyos derechos a la propiedad y a la consulta previa fueron violados por el Estado y las empresas privadas.

¿Por qué los pueblos indígenas defienden sus territorios frente a las empresas extractivas?

Los proyectos extractivos con métodos de mayor daño ambiental requieren del acceso a las tierras indígenas para funcionar. La década de 1990 en Argentina fue el escenario con mayor escala de conflictos ambientales. Las comunidades indígenas exigen el reconocimiento de su derecho a la propiedad y a la consulta porque ven afectados de forma directa sus modos de vida y su salud.

Las consecuencias en la vida diaria de las comunidades fueron y siguen siendo alarmantes: contaminación crónica por hidrocarburos y metales pesados, niños nacidos con anencefalia y altas tasas de cáncer, entre otras de las consecuencias de la degradación ambiental.

Las demandas indígenas en Argentina no son conflictos aislados, sino que coinciden con un período de gran presión de intereses económicos en América Latina, bajo políticas públicas de orientación neoliberal.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

En el 2006 se abrieron procesos de relevamiento de demandas y territorios afectados por las actividades extractivas, pero han sido insuficientes. El caso de la comunidad mapuche de Campo Maripe en la provincia de Neuquén demuestra que todavía hoy en 2016 existe una falta de acción estatal para proteger las tierras indígenas. En Neuquén, 30 de las 70 comunidades mapuche son afectadas por las actividades petroleras de la empresa Chevrón.

“Por qué somos así los mapuches tan duros? Todo lo que contamina las tierras, contamina a los animales. No se puede compartir a los animales con el petróleo. Eso afecta nuestra producción. Porque cuando se termine el petróleo a dónde más se puede ir?, explica Albino Campo , Autoridad Mapuche de Campo Maripe.

Si bien estas comunidades cuentan con más de 180 procesados por denuncias civiles y penales por defender sus tierras, son los actores que continuamente denuncian y demandan que el Estado cumpla con las leyes que protegen sus derechos. “Antes de entregar una concesión en territorio mapuche, el Estado tiene que realizar un proceso de consulta que nos involucre”, resume Jorge Nahuel, autoridad de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Los invitamos a ver el documental y escuchar las experiencias de los protagonistas de estas demandas:



(*)Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés).
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Fuente: Servindi

martes, 2 de agosto de 2016

Día de la Pachamama: el noroeste celebra a la Madre Tierra.

Foto: Infobae

Infobae

Todos los 1° de agosto se le agradece a la Tierra por todo aquello que le provee al hombre

Los pueblos originarios de América Latina celebrarán durante todo el día una de las fechas más significativas para los seres humanos: el Día de la Pachamama, la Tierra Madre. Como todos los 1° de agosto, habrá festivales con música, bailes tradicionales y el ritual ancestral que consiste en encender caña y ruda y enterrar comida como agradecimiento por el alimento que la tierra provee.

Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca y Tucumán son algunas de las provincias que ya están preparadas para recibir y celebrar esta creencia que se ha extendido en el tiempo pese a la colonización española. Los indígenas agradecen al universo ("Pacha") toda la cosecha que la tierra les ofrece para vivir enterrando comida a modo de ofrenda y gratitud.

"Seguimos haciendo este ritual porque consideramos que la Pachamama nos ha parido, nos alimenta y es ella quien nos va a recoger en su seno cuando muramos. Hay que andar bien con la madre tierra", explicó a La Nación Toqo, director del Museo Indígena de Salta.



Se cavan pozos en la tierra donde se dejan las ofrendas a modo de agradecimiento./ Foto: Infobae.



En la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, estarán los festejos más destacados con música, platos tradicionales, bailes, alcohol y otras actividades. En San Antonio de los Cobres, en Salta, también se espera un gran despliegue regional con coplas para consolidar la relación del humano con la Tierra.

Para los pueblos originarios, todo lo esencial viene de la tierra. Sin ella, los seres humanos serían incapaces de producir absolutamente nada para su supervivencia. La materia prima, la vida misma, tiene su origen en la "Pacha", a la cual "el hombre le pertenece porque es ella la fuerza germinadora de la naturaleza".

Además, la creencia sostiene que como la Tierra cobija al hombre, también siente hambre y sed, por eso la ceremonia consiste en darle de comer. Para eso, se cavan profundos pozos en los que se dejan alimentos y bebidas, mientras que se invocan a los dioses. De acuerdo con los creyentes, la Pachamama es generosa con la gente buena, pero "no tolera a los ingratos".

Entre las ofrendas que se le hacen a la Tierra en su día hay hojas de coca, alcohol, cigarrillos, comida, chicha y hasta se prenden sahumerios para ahuyentar los males que quieran atentarla. En el mientras tanto, se arma un círculo en el que los creyentes se toman de la mano y rezan oraciones.
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Fuente: Servindi

viernes, 24 de junio de 2016

Argentina: Agroindustria y Monsanto, una novela con final esperado.


Luego de varios enfrentamientos entre el actual gobierno y la empresa de agroquímicos Monsanto, el conflicto parece estar llegando a su fin.


El conflicto entre el actual gobierno y la empresa multinacional de agroquímicos gira en torno a la cláusula Monsanto, vigente ya desde 2015. A partir de esta cláusula, Monsanto lleva a cabo controles sobre los granos de soja de la última campaña que llegan a los puertos, con el fin de detectar en ellos el uso de la semilla transgénica Intacta, resistente a insectos y al glifosato. En caso de que se compruebe el uso de esta semilla y que el productor no tenga comprobante de pago de la misma, la empresa cobra regalías de hasta quince dólares por tonelada, obteniendo ganancias millonarias no solo a través de la venta de semilla transgénica sino también sobre la producción final.

La medida fue repudiada por varias entidades y federaciones que representan a productores agrícolas, entre ellas la Federación Agraria Argentina. Ya el año pasado, Omar Príncipe, presidente de la FAA, había manifestado que Monsanto pretendía adueñarse del uso de la semilla, la cual también es responsabilidad del productor considerando su laboriosa tarea.

A través de una resolución publicada en el boletín oficial el 14 de abril de 2016, el Ministerio de Agroindustria aseguraba la necesidad de previa autorización frente a“todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos”. Ante el nuevo panorama, en un principio Monsanto ratificó su sistema de cobro de regalías siendo este arbitrario e ilegítimo, y a comienzos de mayo emitió un estratégico comunicado en el que se mostraba decepcionado por el accionar del gobierno, teniendo en cuenta que se encuentra en el proceso de atracción de inversiones extranjeras. Y por si esto fuera poco, frenó la salida al mercado de su última soja tecnológica y amenazó con retirarse del país.

El Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile no dio marcha atrás con la resolución que frenaba el sistema de controles de Monsanto en los puertos, y se le “plantó”fuerte a la multinacional, aunque la resistencia no duró mucho.Si bien todavía no está confirmado, se espera que en los próximos días se confirme finalmente un acuerdo entre ambas partes. Este implicaría que la fiscalización de los granos pase a manos del Instituto Nacional de Semillas, a cambio de que se cancele la polémica cláusula.

El sistema de control y cobro impulsivo que impuso Monsanto no solo tuvo el afán de cobrar un canon por sobre las producciones agrícolas, sino que a su vez representa una presión hacia el Estado para la modificación de la Ley de Semillas, en donde se reconozca la propiedad intelectual de la multinacional estadounidense, para asegurarse el dominio de la comercialización de semillas. Mientras que Buryaile anunció que pronto enviará un anteproyecto de la nueva Ley de Semillas, a fines de mayo el massismo se adelantó presentando su propio proyecto a Diputados. Este se encuentra en comisión y se adaptaría a los intereses de Monsanto.

Fuente: ANRed

viernes, 8 de enero de 2016

Todas las hojas son del viento.


Editores, libreros e imprenteros dan su opinión sobre los posibles cambios en la industria editorial a partir de la eliminación de las restricciones para importar libros en la Argentina.

Por Patricio Zunini.

En rigor, la importación de libros en la Argentina nunca estuvo cerrada. En 2010, una resolución de la Secretaría de Comercio, por entonces a cargo de Guillermo Moreno, definió los mecanismos de control para «eliminar los peligros derivados del uso de tintas con altos contenidos de plomo en productos gráficos». Allí se determinaba que los fabricantes nacionales y los importadores debían certificar ante el INTI que sus productos contenían menos del 0.06% de plomo en tinta. La norma entró en vigencia en febrero de 2012, a través de la disposición 26/2012, que regulaba la importación: quienes ingresaban menos de 500 ejemplares por título al mes sólo debían presentar una declaración jurada, mientras que los que la superaban debían pasar por controles y procedimientos burocráticos que podían demorar varios meses.

La importación de libros en la Argentina nunca estuvo cerrada: alcanzaba con el eufemismo de los 500 ejemplares. Sin embargo, el trasfondo de la medida no apuntaba tanto a limitar la presencia de editoriales extranjeras en las mesas de novedades sino que intentaba preservar la balanza comercial: dado que una tirada habitual es de 1500 o 2000 ejemplares, con el límite de 500 las editoriales argentinas se veían obligadas a dejar de trabajar con imprentas uruguayas, brasileñas o chinas y contratar imprentas locales.

Para una industria que necesita pensarse a largo plazo, las reglas vuelven a cambiar en menos de cuatro años. Antes de ayer, con la resolución 1/2016, se levantaron las restricciones de importación de libros. El Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, lo anunció el martes y hubo una campaña en las redes sociales con el hashtag #libroslibres para dar a conocer la medida.

Sebastián Noejovich, flamante Coordinador General de Letras y Libros en el Ministerio de Cultura de Nación, explica el cambio: “Observando los resultados generales de la aplicación de las medidas que restringieron las importaciones de libros y servicios gráficos, se desprende que no hubo desde el anterior gobierno una ponderación seria del impacto que tales medidas podían tener en la industria editorial propiamente dicha, más allá del eventual beneficio que haya sacado de esto la industria gráfica en tanto servicio de soporte. Dejando de lado las consideraciones (bien atendibles) que podrían hacerse sobre la incidencia real que la balanza comercial del libro tenía en el déficit comercial general de nuestro país, como también los argumentos (otra vez, bien atendibles) en los que el sector, como productor de bienes culturales, hubiera podido resguardarse del trato que se daba a otras industrias, las medidas que buscaban corregir el déficit vía restricción de importaciones terminaron afectando también a las exportaciones. Y de ese modo, ya que a nadie basta con el mercado interno, se terminó por perjudicar la producción nacional.”

La nueva resolución no elimina la de Moreno, pero excluye a los libros de su universo de acción con el objetivo de aumentar la oferta y diversidad de lecturas, ya que, basándose en una ley de 2001 reconoce al libro como un instrumento idóneo e indispensable para el enriquecimiento y la transmisión cultural. “Se trata con esto de asegurar el libre acceso a contenidos diversos”, sigue Noejovich, “en un ámbito, como es el de los consumos culturales, que se nutre justamente de la diversidad. El propio ejercicio de la libertad (como la que ejerce cualquier lector cuando decide qué leer) hace a una definición moderna de la cultura, que sin duda está en los fundamentos de las medidas que hoy se conocen, y que afectan no solo a la importación de libros sino también a la contratación de servicios gráficos. En el plano económico, estas medidas apuntan a devolver recursos de gestión, por un lado, a las editoriales, que generan empleo calificado (editores, diseñadores, traductores, ilustradores, etc.) y que cargan con costos de producción por encima de la inflación que liquidaron la capacidad de exportación de estas empresas; y, por otro lado, a las librerías, el eslabón más débil de la cadena del libro, que encuentran muchas veces en la importación un complemento indispensable para singularizar su oferta.”

Así como con las restricciones, la “reapertura” también despierta voces encontradas. La Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) envió un comunicado en el que "los editores celebran el fin del cepo editorial". Pero hay editores, como Damián Ríos, de la independiente Blatt & Ríos, que se oponen con dureza: “El libro es una de las pocas tecnologías que se puede hacer 100% en Argentina y esta medida estrictamente trata de favorecer un negocio de las grandes editoriales, cuyo negocio es imprimir en países con bajos costos laborales e importar esos libros, sobre todo bestsellers y basura de la industria cultural. Como primera medida respecto de la industria editorial me parece mala, peca de mala fe y en sus considerandos es mentirosa y falaz. ¿A quién se le ocurre que en la Argentina tuvimos poca pluralidad de voces o pensamiento? En la época del ebook e internet… Hay muchísimos problemas para mejorar en la Argentina, entre otras el precio del papel que está cartelizado e influye mucho en el costo del libro, o los problemas para distribuir, pero nada de esto se ataca, no les interesa ver ese problema. Esta medida favorece negocios de editoriales grandes, muchas veces trasnacionales, que tienen la característica de editar mal los autores y libros buenos y editar bien los libros malos. La mejor literatura en Argentina la editamos las editoriales pequeñas y medianas, los mejores libros los traducimos nosotros y lo hacemos acá y desde hace años. No veo ninguna medida para fomentar o proteger esa producción, que es muy buena y de gran calidad, de la de las empresas editoriales argentinas que pensamos en libros que sean una verdadera apuesta y un enriquecimiento de nuestra cultura y que pensamos en construir un fondo editorial que dure en el tiempo. Esto es una invitación a imprimir afuera y de esa manera destruir empleo argentino. Y el que no pueda imprimir en el exterior, como es nuestro caso, quedará afuera del mercado con precios poco competitivos y tenderá a desaparecer. Pero no vamos a desaparecer, vamos a discutir cada medida respecto de la industria cultural que se tome y vamos a luchar para que se nos tenga en cuenta.”

Víctor Malumian, de Ediciones Godot, también tiene sus reservas: “Es una situación delicada, es muy difícil estimar con certeza lo que sucederá. No nos parece una medida necesariamente positiva, ni que necesariamente mejore la bibliodiversidad como se ha dicho. No es una buena política a largo plazo dejar determinados rubros librados al mercado. Las condiciones de producción del mundo editorial argentino no son las mismas que las del mundo editorial español. Desde el costo y la calidad del papel, hasta el de las planchas, pasando por el costo de las imprentas, la postura impositiva de los gobiernos, etc. Por ende no es una relación de igualdad cuando un libro que tuvo diferentes condiciones de producción llega a una mesa de una librería argentina.”

Ninguna persona entrevistada está en contra de la circulación de los libros, pero la mayoría destaca como un riesgo el que llegue saldo de España, como pasaba en la década de los noventa. Salvador Cristofaro, de Fiordo Editorial, cree que eso es lo que sucederá en la práctica, “y es posible que eso nos ocasione aún más pérdida de competitividad de la que nos ocasiona ya la suba en los costos, que nos dejan con unos precios de venta al público altísimos. Nos encontramos ante la necesidad de bajar los costos todo lo posible, así que estamos reevaluando el plan de publicaciones anual y analizamos la posibilidad de asociarnos con otras editoriales para maximizar recursos y achicar gastos. Claramente no se está perfilando un año para hacer inversiones atrevidas. Los costos están haciendo estragos en nuestra proyección.”

Como librero y editor, para Fernando Pérez Morales, dueño de La Boutique del Libro de San Isidro y director de Notanpuän, la medida también es ambigua: “Como librero es mejor. La diversidad va de la mano con la calidad de una librería. Pero para las editoriales chicas e independientes esto no es bueno. Las multinacionales te llenan de basura que traen a precio de saldo, aparecen importadores de la nada, precios bajos, y eso de a poco va apagando a las editoriales nacionales. Lo triste de todo es que esto ya pasó. Más allá de las ideologías, debería valorarse el crecimiento y la diversidad que se logró en estos últimos años y no tirar todo por la borda. Se debería mantener alguna regulación que permita la subsistencia de este mundo editorial argentino sin limitar o complicar las importaciones. Lo duro es que nadie le pregunta al gremio.”

Una de las imprentas argentinas más importantes y más competitivas es Color Efe. ¿En qué medida la nueva resolución va a afectar su trabajo? Fernando Alvarez es el dueño y cuenta que ya en los últimos años, debido al aumento de costos, algunos clientes, como ciertas revistas científicas de tiraje reducido, debieron abandonar el papel y pasar al mundo digital. Pero confía en que los editores van a ser cautos y no van a correr a buscar presupuestos en el extranjero. “Es imposible competir con China”, dice, “porque te ponen los libros en el puerto y te financian todo a 180 días, pero los riesgos del imprimir en el exterior son muy grandes. A veces vienen con errores insalvables. Nos ha pasado que nos pidieron cambiar una página de una edición para la venta que habían traído de China que decía «sin valor comercial»: eran 50000 libros. Y cuando un libro tiene que salir rápido no se puede contar con que venga del exterior. Si no llegan a tiempo te los comés con ensalada. No sólo de China, incluso con el Uruguay, porque hay rarezas como que te cortan un puente y se acabó.”

Ignacio Iraola es el Director Editorial para el Cono Sur de Planeta: “Me parece buena idea porque la anterior era errada. Si bien la intención era buena (favorecer el mercado interno) estaba mal aplicada porque, por ejemplo en el caso de Paidós, un sello del grupo, los libros no se importaban y tampoco se imprimían. Ergo determinado público, el académico sobre todo, se privaba de estos libros. La apertura nos ayuda en el caso de Paidós y Tusquets, ya que vamos a poder traer libros de catálogo que habíamos dejado de traer y que tampoco los podíamos imprimir, porque el costo de fabricación en cantidades tan bajas era un disparate. En el caso de los libros de Planeta no nos afecta pues siempre se produjo localmente.”

Intentamos mostrar aquí cómo una medida estructural impacta en la complejidad de la industria editorial. La realidad está ahora, y como siempre, en manos de los lectores.

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jueves, 10 de diciembre de 2015

Provincia de Salta crea primer ministerio de Asuntos Indígenas.

Indígenas de la provincia de Salta. Foto: CuartoPoderSalta

Con la aprobada modificatoria a la Ley de Ministerios, Salta será la primera provincia de Argentina en contar con un Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.

Dicho cambio en la ley surgió a iniciativa del reelegido gobernador Juan Manuel Urtubey quien envió un proyecto de ley a la Legislatura, el pasado 30 de noviembre.

El nuevo ministerio estará presidido por Luis Gómez Almarás, quien desde marzo de este año se venía desempeñando como Secretario Legal y Técnico de Salta.

De acuerdo con el portal El Intransigente, se espera que la nueva cartera implemente medidas para el reconocimiento y respeto a la identidad cultural, la posesión y propiedad comunitaria de los pueblos originarios salteños.

El nuevo portafolio deberá formular políticas que permitan a los indígenas y no indígenas el acceso a la regularización dominial de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Esto se tendría que dar bajo procedimiento que garanticen su efectiva participación y el respeto de los derechos de todas las partes involucradas.


Luis Gómez Almarás se desempeñará como el nuevo ministro de Asuntos Indígenas. Foto: El Intransigente

Del mismo modo, sus funcionarios se deberán ocupar del reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas y la promoción del desarrollo comunitario, especialmente en las áreas rurales y donde se hallen pueblos originarios, respetando sus propios valores culturales.

La norma establece de otro lado que el nuevo ministerio cumpla con atender las necesidades básicas de la población vulnerable y de alto riesgo social. Asimismo, que apoye a las organizaciones no gubernamentales de acciones comunitarias.

La provincia de Salta se ubica en el extremo norte de Argentina. Pese a algunos importantes avances en materia de titulación, aún persisten serias deficiencias en esta materia. En esta parte habitan indígenas de los pueblos Wichi, Kolla, entre otros.

En 1986 la provincia de Salta reconoció los derechos de los indígenas reformando su constitución.
Datos:

– Este será el tercer mandato de Juan Manuel Urtubey en la provincia de Salta.

– Este jueves 10 de diciembre, Urtubey participará de la ceremonia de asunción al mando del electo presidente de la República, Mauricio Macri.

– Con la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Salta también oficializó la creación de su Jefatura de Gabinete y de los ministerios de Infraestructura, Tierra y Vivienda, y Hacienda y Finanzas.

Fuente: Servindi

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Argentina: Se inicia Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino e Indígena.



Del 1 al 3 de diciembre se desarrolla en la Universidad de Buenos Aires (UBA) el Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena: Territorio en movimiento. Voces múltiples. La convocatoria está abierta a todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas.

El evento es organizado por la Defensoría del Público y cuenta con el apoyo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Fundación Friedrich Ebert.

La agenda del Encuentro incluye paneles y mesas de trabajo para debatir sobre la participación de las audiencias; la importancia de la agenda propia; la interculturalidad y la descolonización cultural y mediática.

El último día estará dedicado al intercambio entre los proyectos comunicacionales de Argentina y América Latina y distintos organismos estatales que trabajan la cuestión campesino indígena.

El objetivo es contribuir a visibilizar experiencias de comunicación campesino indígenas; compartir el trabajo que el organismo viene desarrollando con ellas; relevar, evaluar y planificar conjuntamente sus necesidades y estrategias de capacitación.

En el encuentro se presentará “La comunicación en lenguas originarias. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522”, una selección de artículos en los idiomas de los pueblos ava guaraní, quechua, mapuche, qom y wichi.


Trabajo previo

La propuesta del encuentro surgió a partir del trabajo que la Defensoría del Público desarrolla en los territorios con los colectivos de comunicación campesino indígenas.

Desde su creación, la Defensoría del Público definió entre sus líneas de trabajo prioritarias impulsar y promover el derecho a la comunicación de las organizaciones campesinas y de los pueblos originarios.

En junio de 2014, la titular del organismo, Cynthia Ottaviano, recibió el pedido de referentes del sector para generar un espacio de intercambio entre los distintos proyectos comunicacionales del sector.

A tres años de su creación, el organismo ha trabajado con los pueblos originarios Chorote, Comechingón sanavirón, Diaguita, Diaguita Calchaquí, Guaraní, Kolla, Mapuche, Mocoví, Lule Vilela, Qom, Sanavirón, Toba, Tupí Guaraní, Vilela y Wichi.

Asimismo, con diversas comunidades campesinas de Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

El trabajo se centró fundamentalmente en el acompañamiento y capacitación en gestión integral de sus proyectos comunicacionales.


Fuente: Servindi

jueves, 12 de noviembre de 2015

Política y Reino de Dios.


Es importante afirmar algunas cosas sobre la forma en la que pensamos la política y algunas claves para ser testigos de Jesús en este momento crucial.

El domingo 22 de noviembre Argentina celebra el desempate electoral entre los dos candidatos que se disputan la presidencia. En las últimas semanas aumenta el clima de enfrentamiento entre ambos candidatos y las redes sociales son reflejo de la dialéctica partidista. Como un alegato a favor del debate sano y la participación política, la Comunidad cristiana Aviva, de la provincia de Córdoba (Argentina) compartió esta reflexión, que reproducimos a continuación. 

En estos días, pareciera que todos nos convertimos en analistas políticos. En las conversaciones casuales, en los murales callejeros y las redes sociales, en las comidas familiares, los grupos de amigos, de estudio y de trabajo, nadie está ajeno a la encrucijada política que atraviesa nuestro país. Nos alegra que este tema haya entrado en la vida de tantas personas; creemos que esto puede convertirse, cuando se hace con amor y tolerancia, en una forma en la cual la sociedad se enfoque un poco más en el bien común y no solo en un plano individual. 

No obstante, como comunidad creemos que es importante afirmar algunas cosas sobre la forma en la que pensamos la política y algunas claves para ser testigos de Jesús en este momento crucial. Lo primero que tenemos que decir es que el problema esencial del hombre es estar alejado de Dios. No es un problema que pueda resolver un candidato político ni un proyecto social, cultural o económico. Los países con niveles de vida más altos son muchas veces los que tienen los índices de suicidio más altos. Ningún proyecto cambia la vida desde las bases si Jesús no es el fundamento del cambio. El Reino de Dios fue el centro de todo lo que Jesús dijo e hizo en la tierra. Por eso es también nuestro parámetro. 

El Reino de Dios tiene una doble cualidad. Es una búsqueda en la realidad, una actitud de descubrimiento ante todo lo que Dios está haciendo ahora mismo en el mundo; y es también una esperanza que trasciende la realidad, una búsqueda que se realizará del todo cuando Dios establezca completamente su justicia. 

El Reino de Dios nos dice “ahora” y “todavía no”, nos pide que tengamos un pie en lo que está pasando a nuestro alrededor y otro pie en la promesa. La vida del seguidor de Jesús es un frágil equilibrio entre dos realidades: estar en este mundo y no ser de este mundo (Jn. 17). Somos como embajadores que habitamos un suelo aunque nuestra patria es otra. Cuando solo recordamos una de estas verdades, perdemos el equilibrio. Estamos en el mundo y por eso nuestro destino participa del destino de la humanidad. Compartimos las alegrías y miserias de todos los hombres. Solo en esa participación vamos a ver la manifestación de Dios. No podemos refugiarnos en la promesa del cielo y olvidarnos de las necesidades que nos rodean. 

Nuestro ejemplo es Jesús, que se hizo carne para compartir con los hombres y acercarles un Dios que no es ajeno a la vida. No somos del mundo y por eso siempre tenemos que recordar dónde están puestas nuestras lealtades. Vivimos como peregrinos y extranjeros porque estamos en camino a nuestra patria. 

Aunque podemos apoyar proyectos, candidatos y partidos, es un error identificar esas cosas directamente con el Reino. Si nuestra esperanza se termina en esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. El Reino que predicó Jesús se identificó con los desplazados de la sociedad, los afligidos, los que necesitan ayuda. Su misión fue «llevar la Buena Noticia a los pobres, […] proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor» (Lc. 4:18,19). 

A lo largo de la Biblia, la salvación y la justicia se manifiestan juntas. No hay salvación en un plano eterno si eso no implica también una lucha por la liberación de las cadenas de opresión en el tiempo presente a nivel del espíritu, el alma y el cuerpo. La iglesia siempre tiene que estar alineada con los ideales de justicia del Reino. Si eso no pasa, perdemos nuestra conexión con Jesús. No todos los proyectos políticos son iguales y no es bueno meter todo en la misma bolsa. Para un cristiano, la democracia implica la posibilidad de elegir los proyectos que más se asemejen a la justicia del Reino de Dios. Y eso tiene dos consecuencias. En primer lugar, que su voto no está llamado a reflejar su clase social, su historia partidaria o sus simpatías con los candidatos sino las propuestas que, desde su interpretación, reflejen de mejor manera su lealtad a Cristo y los valores del Reino. 

En segundo lugar, que ninguna preferencia partidaria tiene que ser tan absoluta que impida la crítica constructiva. Nuestra confianza no está puesta en los hombres, los partidos ni los sistemas. Una iglesia que no se distingue del mundo está tan cerca que no puede hablarle. Pierde su rol profético. De igual manera, una iglesia poco involucrada con el mundo está tan lejos que tampoco puede hablarle. Se olvida de que tiene que encarnarse. El Nuevo Testamento repite sistemáticamente que todos los cristianos tenemos que honrar y someternos a las autoridades (Rm. 13:1-4; 1 Tm. 2:1,2; Ti. 3:1; 1 P. 2:13). Este principio no solo se aplica a los buenos gobernantes. Recordemos que los primeros cristianos eran los discípulos de un hombre crucificado injustamente por el Imperio Romano y que muchos de ellos fueron perseguidos y martirizados. Tenían muy buenos motivos para resistir a uno de los regímenes más sangrientos de la historia. 

Como a los primeros cristianos, a nosotros también nos cuesta aceptar que las autoridades del gobierno fueron puestas por Dios (Rm. 13). Resulta extraño que el Dios de la justicia haya colocado a representantes que, más de una vez, actúan injustamente. Pero aunque no siempre entendemos, aceptamos confiadamente los designios del Señor y su voluntad. Estamos llamados a predicar la justicia pero sabemos que incluso las injusticias ayudan al bien de todos los que amamos a Dios. No importa la circunstancia en la que estemos: cuando Jesús es el centro, todo lo que vivamos vale la pena. No creemos que sea sano que la iglesia como institución se alinee detrás de un proyecto político. En la historia, eso nunca terminó bien. Desde la unión que hizo Constantino entre iglesia y estado en el siglo IV hasta nuestros días, pasando por la complicidad de la iglesia con Hitler, con Bush, con el régimen comunista en China o las dictaduras en Argentina y Latinoamérica, hemos aprendido que la iglesia como un Cuerpo tiene que mantener cierta distancia con los poderes de turno. Si eso no pasa, no va a poder levantar proféticamente la voz por los que no tienen voz ni va a poder representar la causa de los oprimidos. 

La misión de la iglesia como un todo no puede diluirse entre pujas políticas. Pero sí creemos que hay misiones individuales, inspiradas por Dios, para manifestar el Reino en diferentes esferas de la sociedad. Algunos lo hacen en el arte, otros en la educación, en el deporte, el comercio y también en los diversos sectores de la política y el Estado. Son como agentes secretos del Reino de Dios en cada uno de esos lugares. Hay hermanos que están llamados a participar y comprometerse en espacios atravesados por la política. Ellos son luz en esos lugares y si ellos faltan, falta la luz. No los juzgamos arrebatadamente ni los menospreciamos porque Dios también está manifestando su Reino a través de ellos. Sabemos que cada discípulo debe militar únicamente a Jesús en los espacios que le toca habitar. 

Esto no significa que seamos tibios en nuestro compromiso con las causas de los hombres. Significa que nuestro único Señor es Cristo. Solo Él tiene nuestra lealtad absoluta. Orígenes, un teólogo del siglo III, decía que los cristianos hacen más por su nación cuando oran por la paz y la justicia que cuando van a la guerra. Aunque podemos participar en diferentes espacios y comprometernos con las necesidades de nuestro tiempo, hay armas espirituales que, si nosotros no usamos, nadie más va a usar. Por eso oramos por la paz de nuestra nación y para que la justicia de los gobernantes nos permita vivir «una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad» (1 Tm. 2:2). Aunque los resultados a veces sean menos visibles, la oración hace una diferencia no solo en las historias individuales sino también en los destinos de los pueblos. 

En sus cartas, Pablo pedía oración por el mismo emperador que, años más tarde, lo condenó a la muerte. Sus oraciones y respeto no tenían nada que ver con afinidad política. Nuestro compromiso con la oración y con nuestro pueblo no solo se aplica a los partidos o candidatos que nos gustan. Buena parte de nuestras relaciones suceden hoy de manera virtual. Todavía estamos aprendiendo cómo conectarnos real y profundamente con otros a través de una pantalla. Tenemos algunas ideas para compartir sobre esto. 

En primer lugar, no buscamos pelea a través de las redes sociales. Son lugares donde las ideas se exageran y las personas se vuelven caricaturas de sí mismas. Nadie cambia de opinión por un comentario suelto en internet; nadie tiene ganas de evaluar sus motivaciones cuando es tratado con sarcasmo o dureza. Si hay algo para compartir con un hermano y realmente eso sirve para edificar la relación y la iglesia, es mejor hacerlo personalmente. 

En segundo lugar, no creemos todas las noticias, no buscamos solo la información que reafirma nuestro punto de vista y no nos llenamos de rencor hacia los que piensan diferente. Hay gente interesada en que odiemos, que nos aislemos y nos llenemos de miedo. Vivir en comunidad, por el contrario, es exponernos a los demás, es brindarnos a corazón abierto al que es diferente. La iglesia se fortalece en la diferencia. 

En tercer lugar, y como ya dijimos, el gran problema del hombre no es quién lo gobierna sino el hecho de que está lejos de Dios. Cuando las convicciones políticas ocupan más espacio que la fe, cuando se habla más del gobierno que de Jesús, se están enfocando mal los esfuerzos. No podemos permitir que nadie se cierre a nuestro testimonio por algunas opiniones políticas. El Reino es más importante que unas elecciones. 

En este contexto de polarización, parece que solo se puede estar de un lado o del otro. Nuestro país vive la política como el fútbol: rápidamente, la democracia se convierte en superclásico. El que no está con nosotros, está contra nosotros. Y quizás esto pueda ser cierto para quienes tienen una esperanza que se acaba en este mundo. Pero para nosotros, ningún proyecto político va a agotar la vida del Reino. 

Nuestro enemigo no es el que piensa diferente. No estamos en una guerra contra el otro partido o candidato. Por el contrario, Jesús nos enseñó que los pacificadores son bienaventurados y serán llamados hijos de Dios. El mundo ve en nosotros el rostro de Jesús cuando tomamos el rol de agentes de la paz. Ante la hostilidad y los enfrentamientos, preferimos representar al encuentro y al diálogo. En Romanos 14 hay una reflexión fantástica sobre la vida en comunidad. Pablo le escribe a los creyentes de Roma que dejaran de discutir por cosas que, sin ser pecado, les gustaba considerar como buenas o malas. Algunos comían todo tipo de alimentos y otros solo verduras; algunos creían que había días especiales y otros no. A todos ellos, les responde: «Yo sé —y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús— que ningún alimento en sí mismo está mal; pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces, para esa persona, está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió». 

Su respuesta tiene mucho sentido al pensar la política. Cuando convertimos nuestras diferencias en algo que ofende a nuestro hermano, no estamos actuando en amor. Martín Lutero escribió que el Evangelio convierte a cada cristiano en un servidor de todos. La fe de Jesús no es la fe del egoísmo, de la meritocracia ni del rechazo. Es la fe que tiende puentes, que sana y predica el perdón. A través de Cristo, «Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. […] Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: ¡Vuelvan a Dios!» (2 Co. 5). Los tiempos violentos suelen mostrar las virtudes y miserias de los hombres. Que este momento agitado como país sirva para hacer visible el amor de Dios en el medio de la hostilidad. Que podamos aprender a mirar a todos los hombres con los ojos de Jesús, que no conquistó con grandes argumentos o violencia sino con servicio, humildad y entrega.

viernes, 29 de mayo de 2015

Argentina: El gobierno nacional, Monsanto, las semillas y todos nosotros.


"Desde muchísimos espacios la discusión en la sociedad viene avanzando en que cada vez más gente entiende al modelo del agronegocio como un sistema a superar, porque ni siquiera puede solucionar los problemas que el mismo sistema generó: desertificación, degradación de suelos, cambio climático, desmontes, concentración económica, fumigacoines con agrotóxicos que enferman y contaminan, migraciones, pérdida de la calidad de los alimentos, monocultivos, etc"


El 19 de mayo pasado el Ministro de Agricultura Carlos Casamiquela y el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández anunciaron un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre el uso de las semillas [1].

Se han dicho muchas cosas en estos pocos días. Vamos a ver algunas y reflexionar sobre la situación, buscando los alcances y los peligros de estos anuncios.

Ir contra Monsanto haciendo prolijamente lo que Monsanto pidió:

La Nación tituló “Con un DNU, el Gobierno intenta frenar a Monsanto” [2]

En el mismo sentido Página 12 afirmó “El Estado busca impedir el cobro de regalías por fuera de la ley”, en el marco de la “guerra de las semillas”[3].

Dos medios tan dispares ya se habían puesto de acuerdo, también con Clarín, en interpretar los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los actores nacionales del Agronegocio como avances de la democracia, antes y después del conflicto por la resolución 125. Y es más fácil, incluso, si hay un malo externo, en este caso la transnacional semillera / agrotóxica Monsanto.

El centro de la noticia es para ellos la discusión de parte de la renta de la soja, concretamente el pago o no a los semilleros de las “regalías extendidas” [4] por parte de los productores. La nota del diario La Voz del Interior apunta “Si bien la medida oficial abarcaría a un universo de productos y eventos, en este caso viene a interceder en el sistema implementado por Monsanto para el cobro del canon tecnológico por la soja Intacta que –junto con un contrato de partes con los usuarios– determinó que los acopios y exportadores deben retener el canon si este no hubiera sido abonado previamente con la semilla”[5].

Para nosotros el eje es el futuro del modelo: este decreto es un paso clave en la apropiación del sistema agroalimentario por parte de las empresas transnacionales, en uno de sus eslabones más sensibles: las semillas.

El mercado potencial de alimentos, recordémoslo, es más grande que el automotriz y el de petróleo sumados[6]. Una forma clave para el control por parte de las empresas es el control sobre las semillas y por medio de estas sobre qué se cultiva y que no.

La discusión por el uso propio: la locura de tener que pedir permiso para hacer algo tan natural como respirar:

En el parte de prensa del ministerio (el texto definitivo del dnu todavía no está disponible) habla de la creación de un “registro de uso propio“. Esto estaba ya en los textos de los proyectos de ley que circularon desde 2012 y fue uno de los centros de las críticas.

Esto implicaría que la familia campesina, legítima dueña de las semillas, le tendría que pedir permiso al Estado, a instancias de las transnacionales semilleras/ agrotóxicas, para hacer lo que hizo siempre, y que el conjunto de la sociedad necesita cada vez más. Una locura total.

La Federación Agraria Argentina salió a repudiar esta parte de la medida y dijo: “hay que defender el uso propio irrestricto”. La entidad no cuestiona el modelo de la Agricultura Industrial aunque es clara en su repudio a Monsanto en sus políticas de semillas.

Una de las mentiras del parte de prensa del Ministerio de Agricultura es que la voluntad del Gobierno está en combatir la “bolsa blanca”, o sea el comercio ilegal de las semillas. No hace falta un decreto para prohibir la bolsa blanca: ya es ilegal con la legislación actual [7].

Que nos dejen tranquilos y controlen a las corporaciones:

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (organización argentina de la CLOC y la Vía Campesina) afirmó:

El uso propio es un derecho inalienable para los campesinos indígenas y agricultores familiares, y para ejercerlo no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa.

Cualquier tipo de regulación sobre las semillas, deberá ser dirigida exclusivamente hacia el espectro de la cadena de agronegocios, sin afectar los derechos de los campesinos indígenas y agricultores familiares. Porque claramente ésta es la trampa en la que pretenden meternos las corporaciones: imponer sus negocios ilegítimos para arrebatar los derechos de nuestro pueblo a producir sus propias semillas. Luego seremos todos los agricultores sospechados de delincuentes por no aparecer en un registro de las corporaciones.

“Que hagan una ley para la soja, no para todas las semillas” El ejemplo del trigo.

Walter Pengue [8] relata que el control de las semillas creció enormemente con la invención de las semillas híbridas: la tecnología de los cruzamientos, que implican que los “hijos de híbridos” son menos productivos que los híbridos originales, hizo avanzar enormemente el control sobre las semillas de maíz, girasol y sorgo.

Por medio de esa tecnología no pudieron controlar, además de la soja, otros cultivos claves en la mesa de los argentinos como por ejemplo el trigo. Ahora, con la excusa del conflicto coyuntural de la soja, quieren hacer una legislación para todas las semillas.

Algunos “avances” en la genética de trigo incluyen transgénicos de resistencia a la sequía y al frío. Las empresas no los lanzan al mercado hasta asegurarse la “protección a sus derechos” que este tipo de políticas garantizaría.

Con el maíz Bt la jugada de las empresas fue descarada: Las empresas generaron la tecnología, pero los productores no la compraban, porque los rendimientos eran más bajos que las semillas que estaban en el mercado. ¿Qué hicieron?: compraron los semilleros de los híbridos que rendían más, y sacaron esas semillas del mercado. ¿Qué pasó? Los productores “adoptaron” los híbridos Bt. Conclusión: si el mercado semillero manda, los productores obedecen. ¿Y los consumidores? Pueden opinar, pero cada vez con menos poder de decisión real.

El relato del maíz Bt nos hace pensar que en un par de jugadas (esta sería la primera) de repente TODO el pan que comemos podría venir de trigos transgénicos, simplemente con que las empresas tengan una tecnología que quieran vender, y controlen el mercado de las semillas. No queremos eso.

Volviendo a lo anterior: el gobierno da un paso para entregarle uno de los alimentos básicos de los argentinos a las corporaciones (pedido por las corporaciones desde hace décadas), y para algunos medios el gobierno está frenando a Monsanto.

Los alimentos, un tema de todos, que se debate a puertas cerradas:

El control corporativo de los alimentos y los bienes comunes, lo decimos con dolor, crece en la Argentina.

Los responsables de esta profundización, tanto desde el Estado como desde las empresas, no ganan ningún debate: avanzan a puertas cerradas.

En varias actividades el modelo extractivista controla cada vez más bienes comunes y porciones de mercado. Megaminería metalífera, fracking para yacimientos no convencionales, monocultivo forestal, pesca destructiva y soja son las caras visibles de un mismo modelo extractivista de despojo transnacional, que enriquece a unos pocos, y destruye la Naturaleza, poniendo en peligro la reproducción social, sobre todo de los que menos tienen.

El “capitalismo serio”, como modelo colonial, es parte de la Modernidad [9], y como tal se autoproclama portavoz de la ciencia y la razón.

Pero no puede ser científico sin ser público. Y sistemáticamente niegan el debate y las evidencias claras.

Casos recientes:

Con las aprobaciones de transgénicos [10] y agroquímicos [11], el Estado cerró acuerdos a puertas cerradas con las empresas.

Con el PEAA (Plan Estratégico Argentina Agroalimentaria) y La ley de Bosques, la ingeniería política desarrollada en las últimas décadas en otros países, fue puesta en acción absolutamente: foros de discusión, encuentros masivos, documentos intermedios, etc. y cuando las empresas apretaron, el Estado cerró acuerdos para el avance del Agronegocio.

Otro ejemplo: La agricultura agrotóxica y transgénica, principal contaminante de las aguas a nivel mundial [12], por mucho la actividad humana con mayor ocupación del espacio, no cuenta hoy en Argentina con Evaluaciones de Impacto Ambiental. Para aumentar la producción para alcanzar las metas del PEAA el Ministerio de Agricultura lanzó un peligrosísimo Plan Nacional de Riego que de aplicarse tal como se anunció, pondría en peligro a los principales acuíferos de la Argentina [13].

Hoy nos toca vivir la injustica brutal de que un debate, que creció en fuerza, masividad y claridad como el de las semillas, es violentado por el gobierno mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia para, según Aníbal Fernández, “poner un fin a tantos años de discusión".

Nuestra campaña. La voluntad de intensificar el debate.

La campaña “No a la ley Monsanto de Semillas” viene creciendo en articulaciones y debates.

Desde muchísimos espacios la discusión en la sociedad viene avanzando en que cada vez más gente entiende al modelo del agronegocio como un sistema a superar, porque ni siquiera puede solucionar los problemas que el mismo sistema generó: desertificación, degradación de suelos, cambio climático, desmontes, concentración económica, fumigacoines con agrotóxicos que enferman y contaminan, migraciones, pérdida de la calidad de los alimentos, monocultivos, etc

Cada vez más gente ve en el enfoque de la Agroecología una salida a los problemas que el sistema de la Agricultura Industrial generó. Con los bosques nativos, con nuestras propias semillas, sin patrones, con nuestras culturas, sin venenos y sin transgénicos, cualquier sociedad, incluida la nuestra, puede alimentarse sanamente y de a poco recomponer el desastre fenomenal que ha hecho la Agricultura Industrial en las últimas décadas en el planeta. Los saberes tradicionales de la agricultura campesina, lejos de ser anécdotas del pasado, están presentes hoy de forma oprimida por los gobiernos y el capital, pero son claves en el futuro, desde el enfoque de la Agroecología.

En el texto citado afirma Walter Pengue:

La semilla representa la fuente inicial y principal de la vida, el alimento, el abrigo, la energía, de miles de millones de humanos en este planeta y la discusión sobre su patentamiento y el pago del mismo, debe ser analizado en amplitud por todos los miembros de una sociedad y no por unos pocos, directamente representantes de un interés manifiesto.

La seguridad alimentaria mundial, o por lo menos de las regiones más pauperizadas del mundo, no puede dejarse al albedrío y juicio del interés privado o al interés, meramente coyuntural y pobremente analizada, del sector gubernamental.

La participación profunda, seria, dedicada, comprometida e informada de todos los actores, incluidos especialmente los pequeños, medianos, campesinos y los consumidores, en estas decisiones, es una condición imposible de soslayar en una verdadera democracia.

De lo anterior concluimos que:

- Los medios nos mienten para avalar políticas que claramente nos perjudicarán.

- Necesitamos una legislación que garantice que las empresas no puedan apropiarse de ninguna semilla criolla más.

- Las semillas son patrimonio de los pueblos y deben estar al servicio de la humanidad. Nunca aceptaremos la aplicación de derechos de propiedad intelectual ni su apropiación.

Notas:




[4]Se denomina “regalías extendidas” según ArPOV (http://www.arpov.org.ar/ ) a un sistema de “pago de una regalía como contraprestación por la tecnología aportada toda vez que el productor utilice semillas de su propia producción”.


[6]“Hoy en día, a pesar de la globalización, a pesar de esa agresión tan fuerte a los pueblos del campo, la producción de alimentos sigue estando mayoritariamente en manos de campesinos y pueblos indígenas. Y resulta que si nosotros comenzáramos a calcular el posible valor de mercado de todos los alimentos que consume la humanidad, ese mercado que se podría crear, es más grande que cualquiera que conozcamos en la actualidad, es muchísimo mayor que el petróleo, es mayor que la industria automotora, incluso si estos dos aspectos se juntaran. Ese mercado potencial no está en manos del capital y hoy el objetivo del capital es primero, forzarnos a comprar los alimentos y luego, por supuesto, controlar ese mercado de alimentos cuando todos estemos forzados a comprarlos” GRAIN. Leyes para acabar con la agricultura independiente. http://www.grain.org/.

[7] Ley 20247 Art. 27. — No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética. Por lo tanto la venta sin autorización del propietario es ILEGAL y lesiona el derecho de propiedad


[9] Enrique Dussel afirma que “Modernidad, capitalismo, colonialismo y sistema-mundo son aspectos de una misma realidad simultánea y mutuamente constituyente”

[10] Transgénicos: un botón de muestra, y no cualquier botón, es la aprobación de la soja RR a Monsanto: “En Argentina la soja transgénica RR (Resistente al herbicida Glifosato o Round UP, marca comercial de la empresa Monsanto) fue autorizada, como explica el periodista Horacio Verbitsky “en sólo 81 días del verano de 1996. De 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción”. Verano del ’96 http://www.pagina12.com.ar/. La CONABIA, comisión nacional asesora en Biotecnología Agrícola está conformada en su mayoría por representantes de las empresas y trabaja en secreto: http://www.agenciacta.org

[11] Agroquímicos: En el artículo “El increíble proceso de aprobación de agroquímicos” se relata que ante una solicitud, el funcionario a cargo, el ingeniero Lorenzo Basso, admitió que el SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran: -Monsanto Argentina SAIC. -Nidera SA. -Atanor SA. -Dow Agrosciences Argentina SA.

[12] “La agricultura, en cuanto mayor usuario del agua dulce a escala mundial y principal factor de degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos como consecuencia de la erosión y de la escorrentía química, justifica la preocupación existente por sus repercusiones mundiales en la calidad del agua a escala mundial” Lucha Contra la Contaminación Agrícola de los Recursos Hídricos.http://www.fao.org/