Transgénicos y fundamentalismo neoliberal : la alternativa agroecológica al capitalismo global.

"Cualquier compromiso serio de alimentar al mundo de manera sostenible y equitativa debe desafiar el sistema globalizado de capitalismo que ha producido la desigualdad estructural y la pobreza; un sistema que promueve la marginación de las granjas a pequeña escala y sus sistemas de cultivo. Este sistema es responsable de los devastadores impactos de la especulación de los productos alimenticios".

Gran parte del argumento a favor de la agricultura transgénica se basa en tergiversaciones y ataques a quienes expresan sus preocupaciones sobre la tecnología y sus impactos. Estos ataques están diseñados en parte para agitar el sentimiento populista y denigrar a los críticos con el fin de que intereses corporativos puedan asegurar un mayor control sobre la agricultura. También sirven para desviar la atención de los problemas subyacentes relacionados con el hambre y la pobreza, y las soluciones genuinas, así como con el interés propio del propio lobby pro-OMG.

La base misma del sector agro-biotecnológico se basa en un fraude. El sector y el cartel transnacional de agronegocios a los que pertenece también han logrado captar con éxito sus propios intereses muchos organismos y políticas internacionales y nacionales, entre ellos la OMC, varios acuerdos comerciales, instituciones gubernamentales y reguladores. Del fraude a la duplicidad, no es de extrañar entonces que el sector está lleno de miedo y paranoia.

“Tienen miedo de morir”, dice Marion Nestle, profesora de nutrición, estudios alimentarios y de salud pública en la Universidad de Nueva York y autora de varios libros sobre política alimentaria. Y agrega: “Ellos defienden a sus negocios, para defenderlo, están atacando con la esperanza de que pueden neutralizar a los críticos… Es una industria paranoica y lo ha sido desde el principio”.

Guerra contra la razón:

Corporaciones globales como Monsanto están librando una guerra ideológica, no sólo contra sus críticos, sino también contra el público. Por ejemplo, considere que la mayoría del público británico y el público canadiense tienen preocupaciones válidas sobre alimentos transgénicos y no los quieren. Sin embargo, se encontró que el gobierno británico había estado tratando en secreto con la industria y con el gobierno canadiense, de suavizar la imagen que se tiene de estos alimentos, para que el público cambie su opinión sobre ellos.

En lugar de respetar la opinión pública y de servir al interés público mediante al pedir cuentas a las corporaciones poderosas, los funcionarios parecen estar más dispuestos a servir a los intereses del sector empresarial, independientemente de las genuinas preocupaciones que sobre alimentos transgénicos tenga la gente, preocupaciones que se basan en argumentos razonables, a pesar de que la industria no lo cree así.

El sector agroindustrial y de los agronegocios quiere expandir su influencia a nivel global, ya sea a través del despliegue de sus semillas transgénicos o de la expansión de un sistema de agricultura basada en los monocultivos, con el uso intensivo de químicos. Sin embargo, bajo la fachada superficial de trabajar en interés de la humanidad, este sector está impulsado por un fundamentalismo neoliberal que exige el atrincheramiento de la agricultura capitalista a través de la desregulación y del control corporativo de las semillas, la tierra, los fertilizantes, el agua, los pesticidas y el procesamiento de alimentos.

Si algo no le importa a la industria corporativa agroindustrial y de los agronegocios, contrariamente a la imagen pública que trata de transmitir, es la libre “elección de los consumidores”, “la democracia” o la “ciencia objetiva e independiente”. Tiene más que ver con socavar y degradar estos conceptos y desplazar los sistemas de producción existentes: las economías se “abren a través del desplazamiento concurrente de un sistema productivo preexistente. Las pequeñas y medianas empresas son empujadas a la bancarrota o están obligadas a producir para un distribuidor global, las empresas estatales son privatizadas o cerradas, los productores agrícolas independientes se empobrecen “(Michel Chossudovsky en The Globalization of Poverty).

Críticos apuñalan al corazón del neoliberalismo:

Los críticos están destacando no sólo cómo la industria ha subvertido y degradado la ciencia y se ha infiltrado en las instituciones públicas claves y en los organismos reguladores. Ellos también están mostrando cómo el comercio y la ayuda, se utilizan para subyugar a las diferentes regiones y al sector más productivo de la agricultura global: el agricultor, a las necesidades de las poderosas entidades comerciales.

Al hacer esto, los críticos apuñalan con fuerza los intereses corporativos y su agenda neoliberal.

De acuerdo a Eric Holt-Giménez:

El Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Programa Mundial de Alimentos, el Desafío del Milenio, la Alianza para una Revolución Verde en África, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y algunos gigantes industriales como Yara Fertilizer, Cargill, Archer Daniels Midland, Syngenta, DuPont y Monsanto, tratan de evitar cuidadosamente las discusión sobre las causas de la crisis alimentaria. Las “soluciones” que prescriben están arraigadas en las mismas políticas y tecnologías que crearon el problema en primer lugar: aumento de la ayuda alimentaria, desregulación del comercio mundial de productos agrícolas, y algunas innovaciones tecnológicas como la modificación genética. Estas medidas sólo fortalecen el statu quo corporativo que controla la alimentación mundial… El futuro de nuestros sistemas alimentarios y de nuestros combustible se decide de facto por mercados globales no regulados, especuladores financieros y monopolios globales”.

La geopolítica de la alimentación y la agricultura ha desempeñado un papel importante en crear un déficit de alimentos en algunas regiones. Por ejemplo, la agricultura africana ha sido reformada para favorecer a los actores corporativos descritos en el extracto anterior. La Fundación Gates está encabezando las ambiciones de la “América Corporativa” y la lucha por el control de África por parte del agronegocio global. Y en la India, ha habido un intento continuo de hacer lo mismo: un proyecto que ahora está llegando a una fase crítica ya que los motivos del Estado, que actúa en nombre del capital privado (extranjero), se desnudan y los efectos devastadores sobre la salud, el medio ambiente y las condiciones sociales están claras, para que todos.

Cualquier compromiso serio de alimentar al mundo de manera sostenible y equitativa debe desafiar el sistema globalizado de capitalismo que ha producido la desigualdad estructural y la pobreza; un sistema que promueve la marginación de las granjas a pequeña escala y sus sistemas de cultivo. Este sistema es responsable de los devastadores impactos de la especulación de los productos alimenticios, las adquisiciones de tierras, el comercio manipulado y un sistema agricultura industrial.

Y dentro del sistema subyace cierta mentalidad. Tanto si se trata de Hugh Grant como de Robb Fraley o de Bill Gates, hombres blancos altamente remunerados (multimillonarios), con un compromiso ideológico con el poder corporativo, todos están tratando de forzar un modelo rentable pero falso de producción de alimentos en el mundo.

Ignoran los efectos de un sistema de capitalismo que tan claramente promueven y han aprovechado financieramente.

Es un capitalismo y un sistema de agricultura sostenido por el dinero manchado de sangre del militarismo (Ucrania e Irak), el “ajuste estructural” y los préstamos vinculados (África) o los acuerdos comerciales inclinados (India) por medio de los cuales el agronegocio transnacional impulsa una agenda global para satisfacer sus intereses y erradicar los impedimentos para obtener ganancias. Y no importa la cantidad de devastación que se produce o lo insostenible que sea su modelo, la “gestión de crisis” y la “innovación” alimentan la rueda controlada por las corporaciones.

Soluciones genuinas: agroecología, descentralización y localismo

Sin embargo, lo que realmente molesta a los intereses corporativos que alimentan el actual modelo agroindustrial intensivo, y que promueven los transgénicos, es que sus críticos están ofreciendo alternativas y soluciones genuinas. Abogan por un cambio hacia sistemas de agricultura más orgánicos, lo cual incluye el apoyo a pequeñas fincas y un movimiento agroecológico que está capacitando política, social y económicamente a la población.

Esto representa un desafío para todos los buenos evangelistas neoliberales (y los hipócritas puros). Para entender lo que implica la agroecología, volvamos a Raj Patel:

“Para entender lo que es la agroecología, es bueno primero entender por qué la agricultura de hoy se llama “industrial”. La agricultura moderna convierte los campos en fábricas. El fertilizante inorgánico añade nitrógeno, potasio y fósforo al suelo; los pesticidas matan cualquier cosa que se arrastra; los herbicidas no dejan nada verde…, todo para crear una línea de ensamblaje que escupe un solo cultivo… La agroecología utiliza los sistemas mucho más complejos de la naturaleza para hacer lo mismo, pero de manera más eficiente y sin el conjunto de la química. Se cultiva frijoles fijadores de nitrógeno en lugar de usar fertilizantes inorgánicos; las flores se utilizan para atraer insectos beneficiosos para manejar las plagas; las malas hierbas se aglomeran cuando la siembra es intensiva. El resultado es un policultivo sofisticado, que produce muchos cultivos simultáneamente, en lugar de uno solo”.

Y funciona. Vea lo que Cuba ha logrado. De hecho, se ha escrito mucho sobre la agroecología y su potencial para un cambio social radical, sus éxitos y los desafíos que enfrenta.

El Director Ejecutivo de Food First, Eric Holtz-Gimenez, argumenta que la agroecología ofrece soluciones concretas y prácticas a muchos de los problemas del mundo que van más allá de la agricultura, aunque está vinculada a ella. Al hacerlo, desafía -y ofrece alternativas a la economía doctrinaria moribunda predominante- de un neoliberalismo que impulsa el sistema fallido de la agricultura industrial con uso intensivo de transgénicos / químicos.

Holtz-Gimenez añade que la ampliación de la agroecología puede hacer frente al hambre, la malnutrición, la degradación ambiental y el cambio climático. Mediante la creación de trabajos agrícolas intensivos en mano de obra bien pagados, también puede abordar los vínculos interrelacionados entre la deslocalización laboral de los países ricos y la retirada de las poblaciones rurales de otros lugares que acaban en trabajos subcontratados (o tiendas de sudor). La globalización ha devastado las economías de los EE.UU. y el Reino Unido y que está desplazando los sistemas de producción de alimentos indígenas existentes y socavando la infraestructura rural en lugares como la India para producir un ejército de reserva de mano de obra barata.

Cuando uno no entiende al capitalismo y la importancia central de la agricultura, deja de captar muchos de los problemas que afectan actualmente a la humanidad. Al mismo tiempo, cuando usted es parte del problema y se benefician de él, hará todo lo posible para atacar y denigrar cualquiera que desafíe sus intereses.

Fuente: Servicio de Noticias Ambientales - SENA

Temas: Agronegocio

Fuente: biodiversidadla.org

Los súper alimentos que enriquecen las dietas saludables y empobrecen las dietas de los países productores.

"Sin democracia económica, librados al juego del libre mercado, los pequeños productores etíopes se enfrentan a la contradicción de tener entre manos un producto estrella en el mundo por el que su situación apenas mejora, mientras que la de gran parte del resto de la población empeora".

Las semillas que constituyen la base de alimentación histórica de algunos pueblos- como el teff de Etiopía y la quinoa andina- se han vuelto populares en los países desarrollados por su valor nutritivo y su aptitud para el consumo en dietas rigurosas. El aumento de la demanda, que podría ser una muy buena noticia para los países productores, genera los problemas clásicos de una economía pensada para el lucro y en la que los pequeños productores no tienen los mismos derechos económicos que las elites.

Los negocios naturistas de Londres, Nueva York, París y otras ciudades del mundo desarrollado ofrecen productos elaborados con semillas de teff, un alimento que los etíopes consumen desde hace 5 mil años y es la base de la dieta de esa población, una de las más pobres del mundo.

El consumo de este alimento libre de gluten y sumamente nutritivo crece un 10 por ciento promedio cada año en los países centrales, apoyado en campañas de marketing que incluyen a celebridades como Gwyneth Platrow y Victoria Beckham. El margen del negocio es altamente redituable. Una tonelada de teff se compra en Etiopía a 789 dólares, pero en los Estados Unidos el precio puede crecer hasta los 9.755 dólares, según datos de Gro Intelligence, una consultora neoyorquina que recopila datos agrícolas de todo el mundo.

Ese beneficio queda mayoritariamente en manos de los importadores y la cadena de intermediarios de los países que compran el teff, pero en Etiopía genera problemas. Entre 2006 y 2014, el gobierno etíope tuvo que frenar la exportación de las semillas de teff porque el precio en el mercado local había subido a causa de la demanda internacional y estaba generando problemas alimentarios en la población. Un dato nada menor en un país en el que se calcula que el 20 por ciento de los chicos está desnutrido.

Se calcula que unos 6,5 millones de pequeños productores se dedican a cultivar el teff. La mayoría vende el producto en las ciudades a acopiadores que manejan la parte más rentable del negocio. Como no tienen acceso a la tecnología, la falta de mecanización les impide mejorar la productividad y aprovechar mejor el boom mundial de sus semillas.

El gobierno etíope trata de atender esta situación. En declaraciones al periódico inglés The Guardian, Khalid Bomba, el jefe de la Agencia Agraria de Transformación de Etiopía (ATA), anunció un plan para mecanizar las cosechas y asistir a las cooperativas de pequeños productores que se están organizando para que la producción crezca sin complicar la dieta de la población.

Uno de los ejemplos que los etíopes miran con más atención es el del boom de la quinoa, un alimento andino que es la base de la alimentación en Bolivia y Perú, cuyo precio aumento diez veces en el mercado interno entre 2009 y 2013, y generó conflictos entre los campesinos por la tenencia de la tierra.

Aún si las mejoras en la cadena de producción que promete el gobierno de Etiopía se cumplen, este país del África Oriental tendrá que afrontar otro inconveniente derivado de la competencia capitalista. Varios países del sur de África y algunos europeos, especialmente España, han comenzado a cultivar teff, entusiasmados por la demanda mundial. El resultado es que Etiopía empieza a perder parte de su mercado natural histórico.

Sin democracia económica, librados al juego del libre mercado, los pequeños productores etíopes se enfrentan a la contradicción de tener entre manos un producto estrella en el mundo por el que su situación apenas mejora, mientras que la de gran parte del resto de la población empeora.

Fuente: Red PP

Fuente: biodiversidadenamérica

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“No existe una palabra para decir ‘muro’ en nuestra lengua”

“Es un ‘no’ rotundo al muro porque afectaría a nuestros territorios ancestrales, a la flora y fauna de la región y sería como eliminarnos, sobre todo a los miembros de la tribu en México”, señaló Óscar Velázquez, uno de los gobernadores de la comunidad. 

La comunidad indígena tohono o’odham, cuya mayoría de habitantes vive en Arizona, Estados Unidos, pero sus familiares y centros sagrados se encuentran en el desierto de Sonora, México, presentaron una solicitud de mediación ante la Secretaría de Gobernación y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas ante el muro fronterizo que el presidente Donald Trump pretende construir.

El vicepresidente tribal, Verlon José, denunció que el gobierno mexicano nunca ha apoyado a los integrantes de la comunidad, pues la tribu “ha sido muy maltratada”. “Históricamente se nos ha despojado de tierras y de lugares sagrados y ahora no se nos ha prestado atención”, dijo a El País el vicepresidente de la tribu.

La nueva división material de la frontera representaría una nueva fragmentación para la comunidad, que se fracturó en 1854 cuando México vendió el territorio de La Mesilla a Estados Unidos, que comprende el sur de Arizona y el suroeste de México. “Es un ‘no’ rotundo al muro porque afectaría a nuestros territorios ancestrales, a la flora y fauna de la región y sería como eliminarnos, sobre todo a los miembros de la tribu en México”, señaló Óscar Velázquez, uno de los gobernadores de la comunidad.

“Necesitamos un frente común, que una al águila y al cóndor, que abarque a todos los pueblos originarios de América”, aseguró Velázquez, quien está consciente de que la unidad es fundamental si se quiere encarar a la Casa Blanca.

Por otra parte, la directora ejecutiva del Congreso Nacional de Indios Americanos que asesora a la tribu en la disputa, Jacqueline Pata, explicó que hay un “limbo” legal en torno a la decisión de Trump de construir el muro en reservas indígenas bajo la justificación de reforzar la seguridad nacional.

La representante de los indígenas considera que el conflicto puede encontrar una solución negociada, y descartó que la única salida sea una demanda contra el gobierno de Estados Unidos.

“Estamos convencidos de que las naciones tribales son Gobiernos soberanos, al igual que las autoridades federales y estatales de Estados Unidos, y creemos que tenemos el derecho a ser escuchados en el proceso de toma de decisiones, tanto sobre nuestra gente como sobre nuestras tierras”, señaló la defensora.

Para la tribu, el muro representa un peligro al no ser una realidad para su visión colectiva, a pesar de que ya hayan sufrido de las divisiones decididas por las autoridades del gobierno tanto mexicano como estadounidense. Jacob Serapo, ranchero indígena, dijo que, sin embargo, en su lengua “no existe una palabra para decir ‘muro’”.

Fuente: Desinformémonos

Fuente: Biodiversidad en América

Incendios capitalistas.

Por Gustavo Duch

Cuando se plantean las diferencias entre los tipos de agricultura que se practican, para definir la agricultura que actualmente llena nuestros supermercados de comida artificial, con pesticidas y muchos kilómetros de petróleo en su mochila, me gusta sustituir el oxímoron de agricultura industrial por otro adjetivo, desde mi punto de vista, más certero:agricultura capitalista. En el caso de los incendios creo que este término vuelve a ser el más apropiado porque si bien hoy es difícil desgajar entre incendios naturales o incendios provocados, cuando muchos elementos se superponen, prácticamente todos se podrían incluir en este nuevo género de incendios capitalistas.

De hecho, no se extrañen si en las próximas semanas -lamentablemente- los fuegos que explicarán los medios de comunicación superarán en mucho los que estos días están describiendo en Castellón, Galicia o más lejos, California. Como en los últimos años, las pantallas mostrarán vía satélite en las selvas de Borneo y Sumatra, miles de chimeneas excretando toneladas de humo que como un gran paraguas cubrirán el cielo de toda Indonesia y partes de otros países colindantes. Y estos incendios, los más grandes y más graves del Planeta, son cien por cien fuegos capitalistas pues detrás de ellos encontramos a las grandes industrias de la alimentación preparadas con retoños de palma africana para hacer de esas zonas inmensas plantaciones que permitirán con la extracción de su aceite elaborar todo tipo de comida preparada: bollería, masas de pizza, supuesto queso rallado, margarinas, pastas de cacao, etc. Un negocio descomunal que, decía, junto a los incendios por intereses madereros, especulativos de la construcción, para el embolso de ayudas agrícolas o incluso por el negocio de la extinción de los mismos incendios, lideraría este colectivo de quemas provocadas por íntimas ansias del capital.

Pero también, y eso es preocupante, los incendios sin cerilla crecen en la medida que se expande este capitalismo que salta todas las vallas que tantas personas no tienen permiso para traspasar. Como explica Ramón P. Yelo en el número 24 de la revista Soberanía Alimentaria en un artículo que analiza los fuegos del invierno pasado en Cantabria, “la configuración actual del paisaje hunde sus raíces en la actividad agroganadera tradicional” y esta panorámica en apenas 50 años ha cambiado de forma drástica en la medida que la agricultura que era cultura y sustento se ha transformado en un negocio sin más.

Las pequeñas parcelas o terrazas de policultivos en el norte peninsular, combinadas con prados y bosques de pino o carballo; los campos de cebada o trigo que son mareas en tierras de secano; o los muros de piedra seca delimitadores de puzzles agrícolas mediterráneos son, efectivamente, las mayores obras de arte colectiva de la humanidad, como escuché y no recuerdo a quien. Pero donde habitaban viejos bosques ahora tenemos monocultivos de eucaliptos de mecha fácil; donde pastaba el ganado que limpia y ramonea el bosque ahora tenemos botellas de refrescos, cartones y otros despojos de barbacoas; donde se cultivaban huertos ahora se levantan rotondas y polígonos; pero, sobretodo, donde teníamos personas campesinas trabajando diariamente, en vidas enraizadas en una comunidad, en pequeños pueblos con las ventanas abiertas y atentas a cualquier humareda, ahora tenemos vacíos.

Vacíos que se pueden contabilizar pues el supuesto avance de la modernización de la agricultura ha hecho que ésta perdiera su peso económico, social y cultural en nuestros territorios, siendo actualmente su contribución al Producto Interior Bruto de un exiguo 2,5 % y lapoblación activa agraria, que hace treinta años suponía el 20 % del total, no llega al 4% sin dejar de descender.

Vacíos que son el oxígeno que alimenta un mal fuego y que si somos capaces de llenarlo volviendo a los pueblos, recuperando una agricultura campesina, cuidadosa y local que sea la base de nuestra alimentación, tendremos en marcha la mejor política de prevención de incendios posible. Leyes de la química.

Fuente: https://gustavoduch.wordpress.com/... / 24 de agosto de 2016, El Jueves, OPINION

Fuente: Biodiversidadenaméricalatinayelcaribe

Veinte años de lucha contra el libre comercio en América Latina.

 

Algunas reflexiones para las nuevas campañas

"Si algo nos ha permitido la globalización es poder reconocer al capital en toda su crudeza: como una relación social global de explotación y dominación. Queda en las organizaciones sociales, así como en la academia, pensar las alternativas desde este novedoso contexto global, poniendo en el centro del análisis los peligros que el libre comercio puede significar para la vida humana y el medio ambiente, pero sin oponer a éste la idea de que cerrando las fronteras comerciales nos podemos salvar como Estado-nación individual."

Por Luciana Ghiotto

En 1989 se firmó el primer tratado de libre comercio (TLC) del continente americano entre EEUU y Canadá. Desde entonces hemos sido testigos del avance de la agenda de liberalización comercial, en una época marcada por el desplome de la Unión Soviética, la victoria del “pensamiento único” y los múltiples fines: de la historia, de la lucha de clases, de las ideologías, etc. Este contexto de derrota se presentaba como absoluto y definitivo. Sin embargo, de un modo antagonista a estas prácticas y discursos, se hicieron visibles diversas organizaciones sociales de las Américas que instalaron la idea de que el libre comercio era antagonista a la construcción de una sociedad más igualitaria, y que por ello debía ser discutido y enfrentado. Estas organizaciones también reinstalaron el debate acerca de las alternativas políticas: la construcción de prácticas de unser-otro, tal como lo hicieron los zapatistas, pero ahora en el contexto de la “cuarta guerra mundial”.

Hay un acuerdo general de que esta nueva historia la comenzaron los zapatistas. Pero también es cierto que a partir de allí, ya a fines de los años noventa, fue la generalidad de la organización social (campesinos, indígenas, sindicatos, organizaciones ambientalistas, feministas, movimientos territoriales urbanos, piqueteros, entre tantos otros), la que identificó a los TLC como uno de los ejes de la reorganización capitalista contemporánea. Cada organización desde su agenda, orientada por el anti-neoliberalismo, o el bolivarianismo, o el neo-desarrollismo, o el autonomismo, logró introducir el proyecto ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) entre las prioridades de su activismo político. En este sentido, en 1997 nació la Alianza Social Continental (ASC) como un espacio de articulación frente a la desorganización y desesperanza que significaba la derrota de los años noventa. La ASC dio sus frutos: entre 1998 y 2005, se convirtió en un espacio de referencia continental y global de lucha contra el libre comercio. En ese marco, los Encuentro Hemisféricos contra el ALCA que se realizaban anualmente en La Habana se convirtieron en un epicentro de constitución de estrategia política continental. Pero lo que articulaba era el rechazo: el No al ALCA se puso por encima de las especificidades temáticas y cosmovisiones políticas de las organizaciones. Luego del 2005, lo que el espanto al ALCA había unido, fue desunido por los posicionamientos frente a los gobiernos progresistas y por la priorización de las agendas sectoriales. Así, lo que primó fue la desarticulación y la ASC fue lentamente perdiendo su peso político y representatividad.

Exploremos qué sucedió. Resultaba bastante simple identificar al ALCA como el “imperialismo yanqui”, como aquello que no se quiere bajo ningún concepto: 34 países negociando bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de generar un mercado abierto para los productos norteamericanos. El ALCA implicaba armar un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, lo cual beneficiaba esencialmente a las corporaciones norteamericanas con posibilidad de exportar capital y de relocalizar parte de su producción hacia economías con mano de obra más barata que la de EEUU. Sin embargo, el escenario de las negociaciones del ALCA no es el mismo que hoy existe en el continente. Esto no quiere decir que EEUU haya perdido su gravitación. El proyecto del Acuerdo Transpacífico (TPP) lo demuestra, donde este país compite con China por liderar la región Pacífico. Los movimientos ubicados en los países que firmaron este tratado (Chile, Perú, México, Canadá y EEUU) han identificado al TPP como una suerte de nuevo “gran monstruo”, por la crudeza de algunas de sus cláusulas, especialmente en la exigencia de “coherencia regulatoria”, inversiones y propiedad intelectual. Además, la vocación de sus impulsores podría ser la de intentar expandir el alcance de esas cláusulas a nuevos acuerdos comerciales que se firmen en la región.

El TPP entra por el lado Pacífico, especialmente vía el bloque de la Alianza del Pacífico. Por el lado Atlántico el tema se vuelve más complejo. Allí está Mercosur, que hasta hace poco sostenía una agenda más orientada a la industria local y al fortalecimiento de la “burguesía nacional” con eje en el sector automotriz, y presentándose como una región más anti-norteamericana. No obstante, desde 2012, Brasil, de la mano de sus grupos económicos “nacionales”, empezó a apurar la firma de un tratado con la Unión Europea, y el nuevo gobierno en Argentina le permite ahora avanzar en ese sentido (apoyado también por Uruguay y Paraguay). Las negociaciones entre los bloques del Mercosur y la UE se desarrollaron a la par que el ALCA, pero tuvieron menos marketing que aquel. Con la UE aparece otro actor sobre el escenario. Aquí hay que abrir un paréntesis. Mientras que el bloque de la Alianza del Pacífico es usualmente identificado con los intereses norteamericanos, también se trata de países que firmaron hace varios años Acuerdos de Asociación con la UE.

En un tercer plano, los países bolivarianos del ALBA hasta ahora se resistían a la firma de algún TLC. Sin embargo, la caída del precio de las commodities ha apurado nuevas definiciones más claramente pragmáticas. Hace dos años Ecuador adhirió al Acuerdo de Asociación[1]con la UE que ya habían firmado Colombia y Perú (adhesión aún no ratificada por la Asamblea Nacional). Sin embargo, el discurso del propio Rafael Correa sigue sosteniendo que lo que se firmó con la UE “no es un TLC”.

¿Y China? Claramente, otro actor que aparece sobre el escenario, este más novedoso e interesante porque cruza a varios de los países que clasificamos en grupos en los párrafos anteriores. Desde 2012 China ha desplegado una estrategia de inserción de sus empresas estatales en el continente americano, especialmente vía contratos con los Estados en sectores extractivos y de infraestructura, pero también con Inversión Extranjera Directa en la industria automotriz y de telecomunicaciones, entre otros. También el gobierno chino ha sido el salvataje de última instancia para los países atados al vaivén del precio de las commodities, como Venezuela y Ecuador con el petróleo, o Brasil y Argentina con el poroto de soja. En su interés en América Latina, China lleva firmados TLC con Chile y con Perú, y hoy Argentina también se incluye en la lista de los interesados.

Esta descripción del escenario reciente muestra que la firma de TLC no es sólo una estrategia norteamericana. También lo es de la Unión Europea, de China, de Japón, y de todas las grandes o medianas potencias. De hecho, diferentes países de la región (Perú, Chile, México, Colombia) ya tienen TLC con estos otros países o bloques. En realidad, el impulso de los TLC responde a los nuevos modos de internacionalización del capital y a la división internacional del trabajo estructurada a partir de la constitución de las empresas-red, es decir, de las corporaciones transnacionales. Todas las empresas de los países más industrializados compiten entre sí y deben garantizarse bajos costos de producción y mercados para el consumo de sus productos. Se trata de producir barato y vender, o morir, es decir, quebrar como capitalista individual. EEUU impulsa tratados en tanto modo de garantizar las mejores condiciones para la competencia de “sus” empresas, así como lo hacen los otros Estados. Todos los Estados, así sean grandes, medianos o incluso si se trata de pequeñas economías, se ven beneficiados por el hecho de que a sus empresas les vaya bien, ya que con eso se garantizan la entrada de dinero vía pago de impuestos, la generación de empleo, y con ello, la gobernabilidad interna. Por eso, la experiencia de los últimos cuarenta años nos permite dejar de identificar a “los malos” del libre comercio detrás de una u otra bandera: con el libre comercio las empresas más poderosas compiten entre sí y garantizan su ganancia.

Volver a poner sobre la mesa la discusión sobre alternativas

Cuando derrotamos el ALCA teníamos ante nosotros una tarea clara, aunque no sencilla: construir la integración alternativa. Pero mientras nosotros desmantelábamos virtualmente la ASC, discutíamos si la integración era de los Estados, de los pueblos o de las comunidades; si debía hacerse usando el dólar, o con trueque o con una moneda regional; si primero había que tomar el Estado o si se debía construir poder popular; si el capitalismo nacional es un paso hacia el socialismo o si se puede construir espacios socialistas al interior del capitalismo, la agenda librecambista avanzó con una Ferrari Testarossa. Nosotros nos movimos a 10 km/hora, ellos a 200. No hemos podido o sabido construir las alternativas. Claro que imaginar y realizar sociedades alternativas en el marco de las relaciones sociales capitalistas, que nos atraviesan como sujetos, no es tarea fácil. Pero a pesar de la urgencia, no hemos estado a la altura del momento histórico que heredamos de las luchas de los años noventa y de los estallidos sociales regionales de principios del siglo XXI.

Hoy la idea que gana terreno es que el libre comercio es la única opción. En pocos casos se ve con tanta claridad como en la Argentina en los últimos meses: hay que firmar TLC “para integrarnos al mundo”, “para que lleguen inversiones”, “para garantizar mercados a nuestras exportaciones”. No hay alternativas, nada se discute, no hay análisis posibles. Otra vez se nos impone el discurso único. Los Estados que discutían profundizar las relaciones comerciales de complementariedad y crear una arquitectura financiera regional que disputara el poder del dólar, hoy compiten entre sí para colocar sus exportaciones. El resultado de la desintegración es la competencia, y la exacerbación de los nacionalismos. Ahora continúa libremente la carrera por la desregulación y la liberalización, parte esencial de la reproducción del capitalismo.

Los próximos años mostrarán una tendencia al aislamiento (económico y financiero) de los países que no firmen TLC, con presiones para que se sumen a los procesos liberalizadores. En este contexto, los movimientos hacemos lo que sabemos hacer: resistir. La defensiva es siempre un lugar cómodo, donde muchos estamos de acuerdo. Volvemos a decir No al libre comercio, porque sabemos los efectos que éste tiene. Pero, en ese contexto, ¿seremos capaces de continuar los debates sobre las alternativas políticas?

La concentración e internacionalización del capital de los últimos cuarenta años ponen en tensión la idea de desarrollar una construcción política alternativa desde una óptica estado-céntrica. Cada vez se hace más notorio que los Estados no son entes autárquicos, que el objetivo de construir un “capitalismo nacional” o un “capitalismo con rostro humano” ha resultado ser una quimera. Los Estados se mueven al vaivén de la reconfiguración capitalista mundial, y no pueden cerrarse sobre sí mismos. No podían hacerlo hace sesenta años, tampoco hoy. Si algo nos ha permitido la globalización es poder reconocer al capital en toda su crudeza: como una relación social global de explotación y dominación. Queda en las organizaciones sociales, así como en la academia, pensar las alternativas desde este novedoso contexto global, poniendo en el centro del análisis los peligros que el libre comercio puede significar para la vida humana y el medio ambiente, pero sin oponer a éste la idea de que cerrando las fronteras comerciales nos podemos salvar como Estado-nación individual. Hoy está más claro que nunca que, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. La discusión no puede reproducir ciegamente viejas fórmulas que tenían que ver con pactos de gobernabilidad (o más crudamente, con la paz de clases). El nuevo contexto, las nuevas agendas, nos proponen la urgencia de pensar no desde la óptica de los Estados, sino desde la crítica de lo existente.

- Luciana Ghiotto es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de FLACSO/RRII. Es miembro de ATTAC Argentina y de la Asamblea “Argentina mejor sin TLC”. Ha participado activamente en la Campaña Continental contra el ALCA. Colaboradora de Transnational Institute (TNI).

Nota

[1] La UE no firma TLC, firma Acuerdos de Asociación (AdA), debido a la propia estructura de negociaciones de la UE. No obstante, las cláusulas de un Acuerdo de este tipo son similares a las que se incluyen en los TLC, mismo si no incorpora capítulo de solución de diferencias ni remite al arbitraje internacional. De todos modos, la UE ha empezado a renegociar sus AdA, por ejemplo con México y Chile, con el objetivo de incluir estos capítulos.

Fuente: ALAI, 10 de agosto, 2016

Fuente: Biodiversidad en América

Ser maestro y defender la tierra, emprendimientos letales.

El 5 de junio, día de la Tierra, tres relatores de Naciones Unidas se pronunciaron denunciando que defender la tierra y el medio ambiente son emprendimientos letales en algunos países, y que los derechos humanos de las defensoras y defensores son violados continuamente, incluso el derecho más elemental: a la vida. México está entre los cinco países que encabezan esa lista a nivel global.

Siete países, la mayoría en América Latina –Brasil, Colombia, Honduras, Filipinas, México, Perú y Guatemala–, suman 913 homicidios de activistas de los mil 24 que denuncia el reporte de la organización Global Witness sobre asesinatos a ambientalistas de 2002 a 2014. Varios de esos países encabezan también la lista global de asesinatos a sindicalistas (Colombia, Guatemala, Honduras) y México va camino a colocarse entre ellos.

Los que hicieron el comunicado son John Knox, relator sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente; Michel Forst, relator sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, y Victoria Tauli Corpuz, relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, en Honduras el pasado 3 de marzo –que sigue impune–, fue uno de los casos de alerta mundial que lo motivaron. En mayo de 2016, Michel Forst estuvo en México. En esa visita no oficial, declaró que entrevistas con más de 80 defensores revelaron una situación altamente preocupante de violación sistemática de derechos humanos en el país.

La decisión de hacer un comunicado conjunto fue porque los ataques, violaciones y asesinatos no están referidos a defensores del ambiente o derechos humanos solamente, sino también a luchadores por la tierra, territorios, por el derecho a sus culturas y formas de vida, a vivir dignamente en sus pueblos y comunidades.

Todas son luchas que forman parte también de las condiciones y batallas de los maestros y maestras de la CNTE, como los que el 19 de junio fueron atacados salvajemente por policías de varios niveles de gobierno en Oaxaca, resultando en 11 muertos (en el ataque y posteriormente), decenas de heridos y más de 20 desaparecidos. Entre los asesinados había también pobladores que los estaban apoyando. No sólo porque compartían su lucha, sino también porque los maestros son como ellos, indígenas, campesinos e hijos de campesinos. La lucha de esos dignos maestros y maestras contra la llamada reforma educativa (en realidad una reforma laboral para echar maestros críticos y hacer de la educación un mercado competitivo) es por su sobrevivencia, pero también por la educación pública y no está separada de otras luchas de sus pueblos, contra mineras, represas y megaproyectos, robo y contaminación de agua, contra transgénicos, tala de bosques y otros despojos. A menudo son maestros los que informan, explican, trasmiten, apoyan, organizan. Eso lo saben las autoridades, por eso nada les da más rabia que un sindicato independiente como la CNTE.

Esta masacre se suma a otros asesinatos contra luchadores y defensores de los pueblos, comunidades, barrios que luchan por defender sus localidades, sus formas de vida y sustento, y que a través de ellas nos enseñan y cuidan a todos. Sigue abierta a flor de piel la herida por el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, futuros maestros, de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Otra vez, como con el caso de Ayotzinapa, el país entero se levanta para protestar contra la masacre de maestros, exigir que se castigue a los culpables, que termine la represión en lugar de diálogo, que se libere a los maestros presos, que renuncie el secretario (i)rresponsable. Desde todo el mundo aumentan las muestras de protesta y solidaridad, que se suman y expanden las protestas al gobierno de México por los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa y la reciente expulsióngubernamental del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para evitar que salga la verdad a la luz.

Como en los casos de Nochixtlán, Iguala y otros, las autoridades intentan cínicamente culpar de los hechos a las propias víctimas, encarcelan a los luchadores con acusaciones falsas y las difunden a través de los medios vendidos. Métodos similares usan en Brasil y Paraguay.

El 7 de abril de 2016, la policía y pistoleros de la papelera Araupel en el estado de Paraná, Brasil, asesinaron a dos militantes del Movimiento Sin Tierra (MST), Vilmar Bordim y Leonir Orback, e hirieron a seis más que estaban ocupando una tierra asignada para reforma agraria. Los policías afirmaron falsamente que habían sido emboscados aunque los Sin Tierra no traían armas; el crimen sigue impune.

En Curuguaty, Paraguay, 300 soldados atacaron el 15 de junio 2012 a 60 campesinos, mujeres, hombres y niños que ocupaban Marina Kué, tierra destinada a la reforma agraria; mataron a 11 campesinos y a seis de sus propios policías, para poder decir que fue una emboscada y justificar el juicio político que depuso al entonces presidente Lugo. La policía declaró que las mujeres y niños eran un señuelo para emboscarlos. Tras cuatro años de cárcel injusta, 11 de los propios campesinos afrontan un juicio falseado, acusados de los asesinatos. Hay una campaña mundial para exigir su liberación y absolución (https://absolucionya.wordpress.com).

Las mentiras del poder van cayendo cada vez más rápido, por la reconstrucción y memoria colectivas. Los ataques siguen, pero no logran imponer sus cuentos y así se desarma el terror que quieren sembrar. Al contrario, cada lucha es ejemplo de dignidad y fortalece a las que siguen.

Por Silvia Ribeiro - Investigadora del Grupo ETC

Fuente: La Jornada

Fuente: Biodiversidad en América Latina

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TPP, TTIP, TLC: Tratados vampiro.

…si salen a la luz pública, la gente sabrá cuanto le van a afectar. TLC imponen la supremacía de las transnacionales por encima de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos

Por Isabel Díaz Medina

Un amplio debate sobre las consecuencias sociales y económicas de los mal denominados “tratados de libre comercio”, las estrategias geopolíticas que hay detrás de estos mecanismos que favorecen a las transnacionales, y cómo proyectar posibles articulaciones de los movimientos sociales regionales contra los acuerdos de “nueva generación”, se realizó el 27 de abril, en el Ex Congreso Nacional, en Santiago de Chile.

La Charla Pública “TPP y otros Tratados de Libre Comercio: ¿Integración o desintegración regional?”, en la que participaron representantes de organizaciones de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, y de la Unión Europea, fue organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo, en alianza con el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

En el panel expusieron los invitados internacionales Luciana Ghiotto, de ATTAC Argentina y de la Alianza Social Continental, Javier Couso, eurodiputado español por Izquierda Unida. Desde Chile, Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas y transgénicos de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, y el asesor jurídico de la diputada comunista Karol Cariola, Yuri Vásquez.

Luego de la introducción a cargo de Gerhard Dilger, de la Fundación Rosa Luxemburgo, Lucía Sepúlveda expuso sobre los alcances del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP (por sus siglas en inglés), firmado por Chile en febrero pasado, luego de cinco años de negociaciones secretas.

Sepúlveda aseguró que en el proceso de negociación, los únicos que tuvieron oportunidad de opinar fueron las grandes transnacionales, excluyendo a organizaciones sociales, de defensa del medio ambiente, pueblos originarios y sindicales, aunque el tratado impone importantes efectos sobre la políticas públicas en estos ámbitos.

El TPP afectará severamente a los pueblos originarios, pues también no fueron consultados, como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile.

“El TPP entierra la soberanía nacional”

La integrante de RAP-Chile afirmó que cualquier actividad o decisión del Estado contraria a los intereses de las transnacionales será objetada como obstáculo a la inversión, constituyéndose en una “interferencia pública” que será causa de sanción por paneles de arbitraje externos al país, que denominan erróneamente tribunales, pero no cumplen con el debido proceso”.

Sin embargo, -advirtió Lucía Sepúlveda- el Estado no puede demandar a una transnacional, como Barrick Gold por contaminar los territorios y afectar la vida de las comunidades. Un mecanismo unilateral y discriminatorio, que ha generado el reproche de los relatores de los derechos humanos a nivel internacional.

En este sentido, destacó que la demanda de los movimientos sociales por una nueva Constitución para Chile también se vería impactada de ratificarse el TPP. “Este tratado va a examinar toda la legislación interna de los países, incluyendo la posible nueva Constitución que esperamos impulsar”.

“TPP: un Truco Para Patentar”

La integrante de RAP-Chile señaló que hasta el 2013, el negociador de temas agrícolas del tratado por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex lobbysta de Monsanto, quien se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas. El 2014, ante la presión social, la Presidenta Michelle Bachelet retiró el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, denominado “Ley Monsanto”, de la tramitación en el Senado.

“A través de información filtrada por WikiLeaks, constatamos que el TPP es un truco para patentar. El capítulo 18 referido a la propiedad intelectual, obliga a Chile a ratificar el Convenio UPOV 91”. Para Sepúlveda, reponer la Ley Monsanto, a través del TPP, tiene implicancias en la soberanía alimentaria y la biodiversidad.

Significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al libre intercambio de semillas.

Las medidas previstas por este tratado significarán además el encarecimiento de los medicamentos. La Directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, alertó que el TPP bloquea el acceso a los medicamentos por su alto precio.

La plataforma Chile Mejor sin TPP

“¿Vamos a dejar que decidan por nosotros?” Es la pregunta que planteó Lucía Sepúlveda, para luego explicar el desarrollo de la campaña Chile Mejor sin TPP, donde actúa como vocera, iniciativa que intenta bloquear la ratificación en el Parlamento del acuerdo multilateral, promovido por Estados Unidos, y que involucra 11 países.

“Los legisladores están limitado a votar si o no para ratificar el TPP, por tanto no pueden introducir modificaciones. Con ello, el propio rol del Parlamento se desdibujaría porque las leyes que promulguen serán examinadas por las grandes corporaciones, y por cierto afectará directamente a los movimientos sociales que exigimos leyes justas”, afirmó Sepúlveda.

De ahí que los movimientos sociales por la semilla, la defensa del agua y ahora los territorios indígenas se hayan sumado a la plataforma.

Partido Comunista chileno aún no toma posición frente al TPP

Consultado por la posición del Partido Comunista (PC) frente al TPP, Yuri Vásquez, asesor jurídico de la diputada Karol Cariola, primero se excusó de no ser la persona indicada para referirse al tema porque no forma parte de la dirección, ni de la Comisión Política de la colectividad. Luego, el abogado argumentó que el PC es un partido marxista y por tanto requiere de evidencia científica para un pronunciamiento.

Legisladoras del PC com Camila Vallejo o Carol Kariola ha rechazado públicamente el TTP. Pero algunos de sus colegas no han manifestado claramente cual será su postura cuando se vote la ratificación del tratado en el Parlamento. Durante su presentación, Vásquez también discrepó de que los “tribunales arbitrales internacionales” operen por encima de la legislación y el poder judicial chileno.

Argentina, punto de inflexión

La activista argentina Luciana Ghiotto analizó los nuevos escenarios en la región, a partir del cambio en la política comercial de Argentina, junto con destacar los desafíos de instalar una nueva articulación continental contra los acuerdos de “nueva generación”.

“Del cambio de gobierno en Argentina, -que generó sorpresa a muchos, pues por primera vez la derecha asume el poder de manera democrática-, lo que más llama la atención es la crudeza con que el proyecto neoliberal se desplegó desde el primer momento”.

Según Ghiotto, Argentina se está transformando en el aliado estratégico de los Estados Unidos. Además, comienza a jugar otro rol en la región, que es contener el avance de China, y como freno al poder de los países miembros del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).

La integrante de ATTAC Argentina explicó que existe un triple panorama en la región en relación a la política comercial de los países. “Uno es el despertar del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea; el anuncio de negociaciones de un acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos, para lo cual Barack Obama y Mauricio Macri firmaron recientemente un acuerdo macro de comercio e inversiones; y por último el interés del gobierno argentino de adherir al TPP”.

El TPP tiene como uno de sus objetivos estratégicos, aislar y acorralar a la economía China, la segunda economía más poderosa del mundo. Se trata de una estratégica geopolítica para hacer frente a un mundo multipolar.

¿Fin del ciclo?

En los últimos 10 años, el ALBA ha estado en disputa con el proyecto hegemónico del capital de los países mas poderosos del mundo. Este proyecto contra hegemónico está en crisis, aseguró Ghiotto. “Se habla del fin del ciclo”, tras triunfos de la derecha en el escenario regional. Precisó que para los países de la Alianza del Pacifico no hay un fin de ciclo, Chile ha firmado más de 20 tratados de libre comercio.

Para la Doctora en Ciencias Sociales de Argentina, “el encuentro en Chile nos ha permitido recordar que no venimos de cero. Venimos de una lucha en contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), en la que Chile fue muy importante, al igual que en la Alianza Social Continental, espacio de alternativa de los movimiento sociales, indígenas, sindicales, que entró en crisis en los últimos años”.

“Tenemos un desafío mayor como movimientos sociales frente a un escenario distinto, complejo, marcado por el cambio de política comercial de Argentina, en que el proyecto actual no se limita al miedo al poderío de Estados Unidos. El proyecto se presenta con mucha más crudeza, como por ejemplo la necesidad del capital de aumentar sus ganancias en sectores que no estaban mercantilizados.

Precisó que es posible aprovechar este escenario más crudo que nos muestra de manera más clara lo que tenemos al frente. “El desafío es poder discutir con más profundidad los temas, ir a la raíz de los tratados, pensar instancias de articulación regional, jornadas de discusión y de acción continental contra los TLC, contra el poder de las corporaciones. Tenemos que seguir organizándonos y decir que Chile en esta lucha no está solo”, concluyó la activista.

La democracia y los derechos sociales en juego en Europa

El eurodiputado español Javier Couso analizó los alcances de la Asociación Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), en negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, y las resistencias a estos acuerdos en España, y otros países europeos. “El TTIP constituye el último clavo del ataúd de la democracia de la Unión Europea. Es un asalto al sector público, que todavía no habían podido tocar, debido a la estructura europea, que es muy diferente a como está construida en los Estados Unidos y en también en Chile, después de la dictadura cívico-militar”.

El diputado de Izquierda Unida advirtió que “tenemos que tener cuidado con la ‘neolengua’, no podemos llamarles tratados de libre comercio, porque son justamente lo contrario. Estos acuerdos atacan las normas de protección, impidiendo a los actores más pequeños tener un comercio libre, y entregan el poder a las grandes multinacionales por encima de los poderes emanados de la voluntad popular”.

Para Javier Couso, el comercio debe enmarcarse en un conjunto de reglas que impidan la concentración del poder o de la riqueza y la vulneración de los derechos humanos. “Los que impulsan estos tratados lo que pretenden es la desregulación total. El poder de los mercados para autoregularse está en la base de todo. Ellos no descansan, siempre están conspirando para lograr ese ideal de la gobernanza enmarcada en la globalización, que significa un ataque al Estado Nación, es decir a la soberanía nacional para decidir las normas que nos queremos dar democráticamente los pueblos”, planteó el eurodiptado.

UE: La sumisión a los Estados Unidos y el poderío de empresas transnacionales

“Los TLC en negociación están hechos a la medida de los intereses de las grandes empresas transnacionales, que responden al diseño estratégico de los Estados Unidos, que intenta sobreponerse a la competencia de las economías emergentes, China en el Pacífico, Rusia en Europa y Brasil en América Latina”. – Javier Couso

Couso planteó que “la Unión Europea es un proyecto de excepcionalidad neoliberal. Como dice nuestro candidato a la presidencia, Alberto Garzón, “somos países en vías al subdesarrollo”. A mayor Unión Europea menos Europa. “Cada vez, tenemos menos poder. Estamos en manos del diseño geopolítico de Estados Unidos”.

Según el invitado internacional, “los países han perdido la soberanía para dársela al hegemón, que es Estados Unidos. Esa es la trampa de la globalización. Con los países emergentes se rompe esa unipolaridad, que surge a partir de la guerra del Golfo y la caída del pacto socialista, por tanto tienen miedo a las contrapartes”.

“He escuchado una frase que aterra, del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”.

La diversidad de impactos del TTIP

Según Couso, el TTIP también afectará a la seguridad alimentaria. “En Europa, funciona el principio de precaución, que consiste en demostrar que un producto no va ser nocivo para la población. En Estados Unidos, no opera. En Europa, se han prohibido 120 sustancias que se utilizan en cosmética, de los cuales en Estados Unidos impide su comercialización a solo 12”.

Al igual que otros tratados, con el TTIP se enfrenta al problema de la resolución de conflictos entre inversor y Estado. Los inversores tienen derecho a demandar a los gobiernos soberanos, es decir reclamar pérdidas de beneficios por decisiones sobre la política pública. Con ello, “amordazan a los Estados, a las sociedades, nos atan las manos para que no podamos defender a nuestras poblaciones”.

“El TTIP es un tratado vampiro y por eso lo quieren esconder, porque si sale a la luz pública la gente sabrá cuanto le va a afectar. El 95 por ciento de las decisiones fueron negociadas por los lobistas, que representan las grandes multinacionales”.

Nuevos tiempos para la lucha y la resistencia

Pese al panorama adverso, el eurodiputado se declaró optimista porque vislumbra otros tiempos, por lo menos en la periferia de Europa. “A partir del 15-M en España (movimiento de los indignados) se abrió una reflexión colectiva y espontánea de gente nueva que intentaba hacer política con una idea clara: recuperar la democracia secuestrada por los poderes financieros y multinacionales”.

“Por la movilización, pero sobre todo por lo nuevos proyectos de unidad popular con los cuales estamos recuperando las ciudades más importantes de España, pondremos en jaque a la Unión Europea, a este nuevo neoliberalismo que pretende esclavizarnos definitivamente”, acotó Javier Couso.

Fuente: Fundación Rosa Luxemburgo

“Los tratados de libre comercio quiebran la soberanía de los Estados”

Juan Hernández Zubizarreta

"En una entrevista para la CLATE explicó que los nuevos tratados de libre comercio (TLC) llevan a una “privatización de la justicia y del poder legislativo” y señaló que los sindicatos deben defender la primacía de los derechos humanos y de los convenios de la OIT sobre las normas de comercio e inversión."

ALERTA ANTE EL TISA Y EL TPP

Entrevista de Ignacio Rodríguez (CLATE) a Juan Hernández Zubizarreta

25 de enero de 2016

“Los tratados de libre comercio quiebran la soberanía de los Estados”. Así lo expresó el especialista en derecho internacional Juan Hernández Zubizarreta. [1] En una entrevista para la CLATE explicó que los nuevos tratados de libre comercio (TLC) llevan a una “privatización de la justicia y del poder legislativo” y señaló que los sindicatos deben defender la primacía de los derechos humanos y de los convenios de la OIT sobre las normas de comercio e inversión.

¿Se puede considerar a los TLC como una amenaza para los trabajadores?

Sin duda creo que sí. Incluso esto ya se ha hecho realidad en el caso del tratado del NAFTA entre EE.UU., México y Canadá. Allí los resultados y los impactos han sido demoledores para el pueblo de México, pero también para muchos sectores de la clase trabajadora en el área de la manufactura tanto en EE.UU. como en Canadá. La lógica de estos tratados es la acumulación a favor de las grandes corporaciones trasnacionales con complicidades de los gobiernos. Esto lo que provoca son daños muy fuertes en lo que hace a derechos sociales, ambientales y culturales de los pueblos.

Usted señala que se está creando una arquitectura jurídica internacional al servicio de las trasnacionales. ¿Cómo explica eso?

Yo lo suelo denominar “la arquitectura jurídica de la impunidad”. Con esto me refiero a una gran cadena de dominación que posee distintos eslabones , uno de ellos lo constituyen los tratados de comercio e inversiones. Otro eslabón hace referencia a las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de los bancos regionales. Y otro eslabón está en la propia lógica privatizadora de la Organización Mundial del Comercio y de los tribunales arbitrales. Es decir, todos forman una cadena de dominación y conforman una arquitectura jurídica de la impunidad que funciona a través de normas en el ámbito global internacional que son coercitivas, imperativas y ejecutivas. Es decir, las normas de comercio e inversión son de obligado cumplimiento y quien no las cumple sufre el impacto del carácter ejecutivo de la norma: bloqueos, embargos, sanciones. Un ejemplo es lo que sucedió con la renegociación de la deuda argentina, donde un fondo buitre que no aceptó la negociación demandó al país en un tribunal de EE.UU., cuyo juez le dio la razón. Esto subraya el carácter imperativo de los tratados de comercio e inversión.

Los derechos humanos también forman parte del derecho internacional, ¿cómo conviven?

El derecho internacional de los derechos humanos, incluido los derechos laborales y los derechos medioambientales, es un derecho importante pero muy frágil. Hay una situación de desigualdad o asimetría en los ámbitos globales donde el conjunto de normas de comercio e inversiones van tomando más volumen cuantitativo y cualitativamente son muy imperativas. Mientras que las reglas de los derechos medioambientales y laborales van hacia abajo, no pueden competir. Si analizamos el tema de los derechos laborales en el seno de la OIT vemos cómo los convenios cada vez tienen menos fuerza, se van sustituyendo por declaraciones. Esto muestra la asimetría y la impunidad con la que en el ámbito internacional se intentan imponer las reglas de inversiones que operan a favor de las corporaciones. Es una arquitectura compleja, de numerosos eslabones, pero responde a esta lógica.

¿Por qué se habla de “tratados de nueva generación”?

Los tratados como el TPP, el TTIP, el TISA, el CETA quiebran la soberanía de los Estados en dos terrenos. Uno es muy conocido en América Latina, que es el de los tribunales arbitrales. En los hechos se trata de una privatización de la justicia, que quiebra uno de los eslabones centrales de los Estados de derecho, como es la autonomía y el control del poder judicial. El otro elemento, que es relativamente novedoso en los nuevos tratados, es lo que podríamos llamar la “privatización del poder legislativo”. Esto es un tema dramático, nunca antes vivido, que va unido a la idea de convergencia reguladora. Es decir, los intentos de equilibrar a la baja las legislaciones de los países que participan de los tratados, impactando en los derechos de la ciudadanía y de las mayorías sociales y favoreciendo a los poderes corporativos.

En el TPP se habla del denominado “principio de transparencia”. En concreto, esto significa que cualquier estado, antes de ejercer su derecho soberano de legislar sobre cuestiones de comercio e inversiones, debe consultarlo con los otros estados parte del tratado. Lo que se busca es que la legislación pase por un filtro de “expertos” en comercio e inversiones que lo que hacen es condicionar el desarrollo de políticas púbicas, sociales y medioambientales. Estos expertos no son neutrales, sino que con frecuencia están vinculados a los lobbies de las grandes corporaciones.

En el acuerdo entre EE.UU. y la U.E. (TTIP) se habla de un Consejo de Regulación. Es decir que en el propio tratado ya se prevé un organismo de carácter administrativo, que estaría formado por representantes de comercio de EE.UU. y representantes de comercio de la Comisión Europea, que van a actuar como filtro regulatorio. Es decir, van a hacer un análisis previo de carácter económico y jurídico sobre las decisiones soberanas de los parlamentos. Es un Consejo que va a tener secciones sectoriales, donde las corporaciones trasnacionales van a poder hacer una “co-escritura de la legislación”. Es decir que el lobby de la empresa trasnacional no solo va a presionar sino que va a coescribir legislación, que a su vez va a controlar lo que los parlamentos vayan a hacer. Esto es de una perversión tremenda, porque es privatizar los parlamentos.

¿Qué pasa cuando las normas de comercio e inversión entran en colisión con los tratados de derechos humanos?

Tengo la absoluta convicción de que prevalece el derecho internacional de derechos humanos. Así lo ha expresado el experto designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Alfred-Maurice de Zayas. Hay un tradición jurídica para la cual no hay ninguna duda de esto. Pero hay que tener en cuenta que el derecho internacional está absolutamente fragmentado y las corporaciones trasnacionales apuestan a ello, a separar las distintas especialidades del derechos internacional. De ese modo se espera que actúen como cuerpos jurídicos aislados, por un lado el comercio y la inversión y por el otro los derechos humanos, con el objetivo de dar primacía a lo primero. Pero tenemos apoyo jurídico de sobra para asegurar que la jerarquía jurídica es al revés. El sistema internacional de derechos humanos está por encima de los tratados de libre comercio. Lo garantiza el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 53 de la Convención de Tratados de Viena, el art 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Pero además hay un apoyo social. Si usted pregunta a la población mundial si está de acuerdo con el acceso de todo ciudadano a los medicamentos o si considera que se deben priorizar los derechos de patentes, la respuesta es obvia. Está claro que hay un conjunto de bienes públicos tutelados por el derecho internacional de los derechos humanos que no puede estar sometido esté sometido al juego de las grandes corporaciones de acumular mucha riqueza en muy poco tiempo. Lo que sí resulta preocupante es que cuando se habla de derechos humanos, muchas veces se lo hace de manera retórica, olvidando que hay tratados de derechos humanos de obligado cumplimiento.

Sin embargo, usted señalaba el carácter coercitivo e imperativo de los tratados de libre comercio.

Lo que sucede es que hay una interpretación unilateral del principio de seguridad jurídica, principio que los juristas defendemos. Nos parece lógico que si una empresa realiza un acto de comercio o un acto de inversión se le garantice una cierta seguridad jurídica. Pero hay que tener en cuenta que la seguridad jurídica no solamente puede ser un principio de defensa del capital y de las inversiones. Hay otra seguridad jurídica que es la que emana de los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que puede ocurrir es que a veces existan choques entre la seguridad jurídica de las inversiones y de los derechos humanos, sociales, medioambientales y culturales. Si se produce esta confrontación y este choque, a mi parecer, son los tribunales nacionales los que deben dirimir los conflictos, en pura aplicación del derecho internacional y que normalmente las constituciones contemplan.

Por eso hay que reinterpretar el concepto de seguridad jurídica a partir del sistema internacional de derechos humanos. No se puede tolerar la creación de tribunales arbitrales al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales. ¿Por qué una trasnacional puede demandar a un Estado? Esto no es razonable. Hay que volver en la doctrina jurídica latinoamericana a la doctrina Calvo, que sea los tribunales internos los que tengan la capacidad de aplicar las normas y, en su caso, si es que hay que crear un tribunal internacional, que no sea un tribunal arbitral. Soy partidario de un tribunal internacional que proteja los derechos económicos y sociales, donde una trasnacional, si considera que han vulnerado y violentado sus inversiones y si cree que el poder judicial del país donde ha invertido no le defiende, que pueda acercarse este tribunal pero que no sea un tribunal privado. Que sea un tribunal de poder judicial que aplique del derecho de inversiones cruzado con el derecho internacional de derechos humanos.

¿Cuál cree que debe ser el rol de las organizaciones sindicales frente a los tratados de libre comercio?

El papel del movimiento sindical internacional me parece fundamental. Me parece que hay que recuperar ese espíritu de solidaridad internacional del movimiento obrero, que hay que reactivarlo más que nunca. Tal vez pienso más en los sindicatos europeos y españoles, que aunque tienen en sus documentos la idea de la internacionalización, creo que tienen que hacer un análisis en profundidad de cómo se pueden construir alianzas del movimiento sindical más firmes. No puede ocurrir que las grandes trasnacionales actúen a sus anchas.

Creo que es necesario que el movimiento sindical se abra a otros movimientos, como el ecologista o el movimiento de los derechos humanos, con los que tiene que converger. A veces se ven espacios estancos, que son contraproducentes porque son tiempos de sumar. Y el gran capital se está dotando de instrumentos políticos, jurídicos y económicos cada vez más fuertes, frente a lo que necesariamente tenemos que sumar impulsos.

A partir de ahí hay que trabajar con estas alianzas sobre cómo luchamos por un modelo de comercio e inversiones distinto. Porque no hay que reinventar demasiado. Yo soy partidario de volver a los textos como la Carta de La Habana, a esa organización internacional del comercio, no la OMC. Allí estaba claro que debía haber comercio pero subordinado a la sostenibilidad medioambiental, al empleo, a salarios justos, a capacidades retributivas claras, a trabajo estable, a un movimiento sindical fuerte, a negociación colectiva, a derecho de huelga, a hacer reales y prácticos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A mí me duele mucho que, mientras las normas de comercio e inversión son imperativas, coercitivas y ejecutivas, los convenios de la OIT que son centrales tienen una ejecutividad muy frágil. Si un país lo incumple, toda la arquitectura de control para lograr una sanción no ocurre. Todo lo contrario que en derecho de comercio, y esta es una asimetría sobre la cual el movimiento sindical debe intervenir con mucha fuerza.

Ver en línea : CLATE, 18 de enero de 2016.

Notas

[1] Juan Hernández Zubizarreta es Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional e integrante del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Es autor de diversos libros y artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con el rol de las empresas trasnacionales y actúa como colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Fuente: OMAL

Fuente: Biodiversidad en América
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Biopiratería: La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital.

Aunque la piratería todavía se mantenga en algunos lugares, su ocaso en los mares no significó su fin. Ahora sufrimos los embates de otra piratería: la biopiratería, desembozada o no, ilegal o no, que se mantiene presente en el mundo de la ciencia y la tecnología, con duros impactos en nuestras vidas.

Compiladores: Alberto Acosta y Esperanza Martínez

Agosto de 2015

Esta forma de piratería ahora se consolida con acuerdos asimétricos, como los Tratados de Libre Comercio (TLC), que institucionalizan la usurpación de conocimientos en nombre de un inexistente libre comercio, conocimientos que luego regresan en forma de paquetes tecnológicos o de recetas incuestionables e irrepetibles, es decir, patentadas. Esa ha sido y es la práctica imperial que ha dominado y domina el mundo.

De eso se trata este libro, cuya lectura resulta indispensable para comprender esta faceta expoliadora de la globalización capitalista.

Para acceder a la publicación (PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

Biopiratería. La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital

Fuente: Biodiversidad en América

¿Qué son los crímenes económicos y ecológicos internacionales?

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* 

Los autores piden una regulación y mecanismos para el control de los crímenes económicos y ecológicos internacionales, que permita, al menos formalmente, procesar a los responsables.

La Corte Penal Internacional es una institución permanente facultada para ejercer su jurisdicción sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el Estatuto de Roma. Esta corte tiene competencia respecto al crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Todos estos crímenes son violaciones muy graves de las normas imperativas del Derecho Internacional; no obstante, el seguimiento de los mismos, a la fecha de hoy, debe ser complementado con la persecución de los crímenes económicos y ecológicos.

Las prácticas de las empresas transnacionales o de aquellas personas que actúen en su nombre, así como de los Estados y de las instituciones internacionales económico-financieras —y de las personas físicas responsables de las mismas— que cometan actos o actúen como cómplices, colaboradores, instigadores, inductores o encubridores, que violen gravemente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales podrán ser tipificadas como crímenes internacionales de carácter económico o ecológico. El elemento internacional se configura cuando la conducta delictiva afecta a los intereses de la seguridad colectiva de la comunidad mundial o vulnera bienes jurídicos reconocidos como fundamentales por la comunidad internacional. Veamos un par de ejemplos para ilustrar esta cuestión.

La extinta troika —compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional— aprobó planes de ajuste vinculados a medidas de austeridad que han destruido la vida de miles de personas y han generado auténticas crisis humanitarias. El caso de Grecia es paradigmático: aumento de la pobreza y del número de familias sin hogar; desmantelamiento de las estructuras de salud pública y mercantilización de la misma, provocando la disminución de la esperanza de vida en dos años, que haya tres millones de personas sin cobertura de seguridad social, miles de mujeres sin derecho a la prevención de cánceres de mama y la eliminación de la salud reproductiva; aumento de la mortalidad de los recién nacidos y ausencia de vacunas para quien no puede pagarlas; incremento de la cifra de suicidios; empobrecimiento generalizado de la población…

En Ecuador, la petrolera Chevron-Texaco se dedicó a la extracción de crudo en la Amazonía durante tres décadas. En ese periodo, entre 1964 y 1992, vertió 80.000 toneladas de residuos petrolíferos, una cantidad 85 veces superior a la vertida por BP en el Golfo de México. Después de salir del país, la multinacional dejó tras de sí unos daños ambientales que, según peritos internacionales, han provocado la muerte de más de mil personas, todas ellas afectadas de cáncer. Y, a pesar de que los tribunales ecuatorianos han condenado a la compañía estadounidense a indemnizar a las víctimas de sus prácticas, Chevron-Texaco no acepta la sentencia ni los procedimientos judiciales, no asume sus responsabilidades y ha puesto en marcha todos los resortes de la lex mercatoria para favorecer sus propios intereses. Dicho de otro modo, la empresa no acepta la soberanía nacional del país y se aprovecha de un sistema jurídico internacional completamente asimétrico.

Ambos hechos no son casos aislados, sino todo lo contrario: son apenas un par de ejemplos para mostrar cómo funciona la arquitectura jurídica de la impunidad, ese nuevo Derecho Corporativo Global del que se sirven las grandes empresas para asegurar sus negocios por todo el planeta y que debe ser neutralizado con propuestas jurídicas alternativas. Como, entre otras, el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, una iniciativa impulsada por organizaciones sociales de los cinco continentes con el fin de avanzar en la regulación de los crímenes económicos y ecológicos.

Según este Tratado de los pueblos, la tipificación de los crímenes económicos internacionales —además de valorar la dimensión cuantitativa o la extrema gravedad de los daños sobre los derechos humanos— debe configurarse sobre premisas como la corrupción, el soborno, el crimen organizado, el tráfico de personas, la malversación de fondos, el blanqueo de dinero, el tráfico de información privilegiada, la manipulación de mercados, la estafa organizada y la falsedad de estados financieros. Se debe, además, valorar la opacidad del complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias de calificación, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros, teniendo en cuenta el movimiento especulativo de capitales y de los fondos de inversión, el fraude y la elusión fiscal, la retribución de los altos directivos, el secreto bancario, los flujos ilícitos de capital y de los servicios financieros.

Para la definición de los crímenes económicos internacionales, se considerarán igualmente las prácticas de los Estados, instituciones internacionales económico-financieras, empresas transnacionales, bancos y otras sociedades financieras dirigidas a la especulación e intervención del mercado de los commodities, es decir, de materias primas y de productos agrícolas; la mercantilización de la ayuda humanitaria; las políticas de ajuste; el uso abusivo de los paraísos fiscales y la especulación con la deuda soberana; sobre cualquier intento de patentar las diversas formas de vida presentes en la naturaleza y de establecer un derecho de preferencia del dominio privado sobre las cuestiones fundamentales para la salud.

Por su parte, los crímenes ecológicos internacionales generados por las prácticas de las personas físicas o jurídicas —como las empresas transnacionales— incluyen el acaparamiento de tierras y territorios, la privatización y contaminación de fuentes de agua y la destrucción del ciclo hidrológico integral, el arrasamiento de selvas y la pérdida de biodiversidad, la biopiratería, el cambio climático, la contaminación masiva de los mares y la atmósfera, etc. Y es que la distribución de todos estos impactos y las cargas de contaminación y avasallamiento son recibidas por los territorios y, en consecuencia, se produce lo que podríamos llamar un ecocidio. Esto tiene directa relación con los derechos de la naturaleza y a su vez con los derechos humanos y la posibilidad de gozar de un ambiente sano, premisa que resulta fundamental para la garantía de los demás derechos consagrados en las normas nacionales e internacionales.

En este marco, la aprobación y regulación de los crímenes económicos y ecológicos internacionales es urgente. Requiere, eso sí, una adecuada correlación de fuerzas en el ámbito de la comunidad internacional; no podemos olvidar que su regulación colisiona con los núcleos centrales del funcionamiento del capitalismo global. Volviendo al ejemplo de la Troika: sus medidas sometieron a la ciudadanía griega a condiciones extremas que pueden tipificarse como crímenes contra la humanidad, con lo que las personas físicas responsables de las mismas —los miembros del Consejo Europeo y los presidentes de la Comisión Europea, del consejo de administración del FMI y del consejo de gobierno del BCE— pueden ser denunciados ante la Corte Penal Internacional.

Convenimos con el jurista argentino Alejandro Teitelbaum en que es posible invocar ante los tribunales como Derecho vigente el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma, 1998), que establece que “se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”; entre ellos, el texto menciona “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. A la vez, considera que el “exterminio” comprende “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

No obstante, a pesar de que las denuncias de todos estos crímenes económicos y ecológicos disponen de fundamento jurídico, las relaciones de poder se imponen —los responsables políticos de los países centrales y las clases dominantes se sitúan al margen de la responsabilidad penal internacional— y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos queda sometido al poder político y financiero. De ahí la necesidad de aprobar una regulación y mecanismos para el control de los crímenes económicos y ecológicos internacionales, que permita, al menos formalmente, procesar a los responsables de tanta atrocidad.

* Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (@pramiro_) son autores de “Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales” (Icaria, 2015).

Fuente: OMAL

Fuente: Biodiversidad en América