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lunes, 17 de febrero de 2020

América Latina frente a la geopolítica de la incertidumbre.

Alberto Fernández, presidente de Argentina y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la capital mexicana en noviembre pasado. PRENSA PRESIDENCIA DE MÉXICO

El alejamiento estadounidense del multilatralismo y la erosión del unipolarismo han abierto ventanas de oportunidad hasta hace poco inexistentes para que nuevos actores se asomen a la región

VANNI PETTINÀ
CARLOS MARICHAL
17 FEB 2020 - 15:15 CET

17 de diciembre de 1992. 9.14 de la mañana. Un radiante George Bush, presidente de Estados Unidos, llama por teleconferencia a los líderes de Canadá, Brian Mulroney, y de México, Carlos Salinas de Gortari. “Hola, Brian y Carlos, ¿están allí? ¿Cómo están? Feliz Navidad a los dos. Esta es una llamada para felicitarlos. Estoy muy contento de lo que hemos alcanzado. Estaré firmando esto esta tarde”. Sí, contesta el primer ministro canadiense, “el TLCAN es el acuerdo comercial más grande que se haya negociado”, y, añade Salinas de Gortari, asintiendo, “nuestro pueblo sabe que será bueno para nuestros hijos, para nuestras generaciones futuras”.

La transcripción de esta llamada telefónica entre los tres firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conservada en la biblioteca presidencial George Bush, ofrece una representación vívida de una época histórica que parece estar desdibujándose debido a múltiples presiones de naturaleza política, ideológica y económica. Los proyectos de integración de los 90 tuvieron sus raíces en la crisis que el sistema económico internacional, diseñado en Bretton Woods en 1944, había experimentado durante los años 70. El desprendimiento de reglas y estructuras consensuadas a mitad de los años 40 favoreció una decidida liberalización de la economía internacional que, entre sus ingredientes, tuvo también la paulatina formación de nuevos bloques comerciales. La Unión Europea, el TLCAN en América del Norte y el Mercosur en Sudamérica representaron algunas de las piedras angulares de este proceso de reorganización del orden económico internacional post-Bretton Woods. Lejos de encarnar enclaves autárquicos, la ideología de la época planteaba la formación de estas nuevas macro-regiones como pasos preliminares para una más amplia integración económica en el mundo.

La aceleración de los procesos de liberalización e integración a comienzo de los años 90 no ocurría en un vacío geopolítico sino que, al contrario, representaba también la consecuencia directa de la nueva configuración del orden internacional que emergió del final de la Guerra Fría y de la consecuente consolidación de la hegemonía estadounidense en el mundo. Globalización económica y unipolarismo estadounidense representaron, en este sentido, las dos caras del nuevo sistema internacional que surgió del final del conflicto bipolar y de la implosión del bloque soviético. Para América Latina, la firma del TLCAN y, en menor grado, la constitución del MERCOSUR, señalaron inicialmente el afianzamiento en la región latinoamericana de un nuevo modelo económico, el neoliberal, y ratificaban la pertenencia indiscutible del hemisferio occidental al proyecto geopolítico estadounidense.

Menos de treinta años después de aquella mañana del 17 diciembre, la llamada entre los tres líderes parece casi una reliquia histórica. Los pilares geopolíticos y económicos que subyacieron a la firma de los proyectos de integración latinoamericanos de los años 90 se encuentran en la actualidad sacudidos por fuertes tensiones, que cuestionan su legitimidad y proyectan sobre la región latinoamericana una sombra de incertidumbre.

América Latina asiste a una incierta erosión de la legitimidad del proyecto hegemónico estadounidense. El aventurismo de Washington en Oriente Medio ha debilitado considerablemente las capacidades materiales de la superpotencia, mientras los excesos del modelo neoliberal han producido graves desequilibrios sociales que han puesto en tela de juicio su viabilidad como paradigma económico. A estos factores estructurales se añade la retórica nacionalista y aislacionista de Trump, que denuncia ásperamente algunos de aquellos pilares que, como la propia integración económica, habían constituido ingredientes centrales del nuevo orden post-Guerra Fría promovido por Washington. El viraje estadounidense genera imágenes paradójicas, como la de un Gobierno teóricamente nacionalista, el de Andrés Manuel López Obrador, que se ve obligado a librar una lucha desesperada para que Estados Unidos, el otrora campeón del librecambismo, no cancele de un plumón el TLCAN. De hecho, el nuevo tratado, el T-MEC, cuya aprobación parece inminente, reflejando las reticencias de la administración Trump nace como un proyecto que paraliza ante el futuro el fortalecimiento ulterior de la integración entre los tres países firmantes.

A su vez, además del debilitamiento general del paradigma neoliberal, el Mercosur se ha resquebrado por tres fenómenos específicos. En primer lugar, este proyecto de integración económica sudamericana quedó debilitado al acabarse el súper-ciclo mundial de los precios de los principales “commodities” exportados desde el Sur hacia 2012. En segundo lugar, los Gobiernos del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentaron quitarle protagonismo al marco institucional del Mercosur, destinado a impulsar una futura integración política. Finalmente, este proyecto de integración sufrió por una década la competencia de modelo de integración bolivariano, UNASUR, subvencionado ricamente por las entradas generadas por el petróleo venezolano. Ahora en franca decadencia, UNASUR generó, sobre todo entre 2015 y 2017, una fuerte polarización regional que socavó los proyectos de integración.

El alejamiento estadounidense del multilatralismo y la erosión del unipolarismo han ido abriendo ventanas de oportunidad hasta hace poco inexistentes para que nuevos actores se asomen, o vuelvan a hacerlo, en la región. Empujada por la fortaleza de su extraordinario éxito económico, China, en los últimos años, ha incrementado su capacidad de proyección en la región. Además de mantener un creciente comercio con Latinoamérica, los enormes bancos y empresas chinas están en proceso de incrementar sus préstamos e inversiones directas en la región. De hecho, los últimos reportes económicos del año 2019 indican que China se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de proyectos de desarrollo regional, superando a organismos tradicionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. A ellos se agregan las inversiones cuantiosas de empresas como el gigante petrolero Sinopec en Argentina, Ecuador o Venezuela, de múltiples empresas mineras chinas en Chile, Perú, Colombia, Brasil y México, o del coloso tecnológico Huawei, en todas partes. No es casual que la CELAC haya incorporado entre sus objetivos estratégicos la ampliación de las relaciones políticas, económicas y comercial con Beijín.

Menos creíble, a pesar de su retórica, es la capacidad de un país como Rusia de aumentar su presencia económica y política en la región. Aunque países como Venezuela y Cuba han experimentado en años recientes un aumento importante de la interacción con el gigante eurasiático, Moscú no parece tener los recursos necesarios ni, probablemente, el interés geopolítico suficiente para sostener un aumento considerable de su presencia en América Latina. No obstante, Rusia se perfila como un actor con capacidades militares y de inteligencia que no son deleznables, especialmente a través de las soterradas guerras cibernéticas.

La Unión Europea, por el otro lado, dotada de un potencial económico portentoso, ha ido tejiendo importantes acuerdos comerciales con numerosos países de la región y, sin embargo, su crónica ausencia de una política exterior coordinada merma su influencia en Latinoamérica. Es evidente que ello puede atribuirse en parte a la prolongada agonía del Brexit y a las complejas negociaciones que esto ha implicado, al igual que la dificultad en responder a las olas de migrantes de África y Medio Oriente, que han absorbido muchas energías y recursos de las naciones europeas en los últimos años.

Sea como sea, el comienzo del nuevo milenio ha visto a la región latinoamericana moverse en un entorno internacional donde el debilitamiento del unipolarismo estadounidense y del multilateralismo neoliberal han producido una importante diversificación de las posibilidades de interacción política y económica. La geopolítica latinoamericana post-Guerra Fría se transfigura y se despedaza, sin que emerja, sin embargo, un nuevo orden. Es por ello que el momento actual no permite vislumbrar con claridad hacia donde se moverá la región. Entre otros motivos porque los grandes actores, como China y Rusia, no parecen tener un proyecto ideológico atractivo y realmente alternativo al estadounidense. Es más, queda claro que apostar en exceso por un acercamiento a China plantea riesgos, en tanto su modelo o posible proyecto de hegemonía no parece ser más benigno que el estadounidense, por lo cual no produce incentivos estructurales para transitar hacia ella.

Con todo esto, quizás pueda sugerirse que el momento actual puede ser propicio para que América Latina, en lugar de transitar hacia un nuevo paraguas hegemónico, ofrecido por diversas superpotencias, aproveche el relativo vacío de la coyuntura para reforzar sus procesos de integración internos, que ya tienen una larga historia y un complejo marco institucional y que, de salir fortalecidos, podrían ayudar a proteger en el futuro la autonomía política de la región. En el caso de Sudamérica debe observarse que, si bien el Mercosur ha perdido cierto dinamismo, sigue siendo una de las fuentes potenciales más grandes para una futura expansión económica de todos los países de la zona. Pero, además, este proyecto no se limita a la dimensión económica y comercial, al contar con iniciativas comunes que abarcan desde la infraestructura hasta las telecomunicaciones, la ciencia y tecnología en la educación, la cooperación fronteriza en la lucha contra los ilícitos transnacionales y la promoción integral de los derechos humanos. Estos debieran y podrían ser retomados con fuerza. La nueva integración podría articularse dentro de un modelo político-ideológico distinto del neoliberal que, si bien ha reducido la distancia en términos de riqueza entre el Sur y el Norte del mundo, ha generado un aumento dramático de las desigualdades dentro de los países. Es decir, los Gobiernos de la región podrían apostar por un proyecto de integración latinoamericano no neoliberal que, en lugar de apuntalar los fenómenos de híper-liberalización, contribuya a generar nuevas estructuras regionales de gobernanza de los procesos globales político-económicos.

En la región existen señales contradictorias acerca de la posibilidad de una mayor cooperación inter-americana dentro de un modelo que no sea el neoliberal. Argentina y México, en particular, por las características de los Gobiernos que se encuentran en este momento en el poder, podrían liderar un nuevo proyecto de mayor cooperación regional en línea con las agendas sociales que ambos ejecutivos exhiben. Sin embargo, el presidente López Obrador, al margen de la renovación del TLCAN, no ha mostrado hasta el momento una sensibilidad particular para los problemas internacionales. Es suficiente señalar que, durante su primer año en el poder, el mandatario no ha realizado un solo viaje en el extranjero, delegando a su secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, todas las tareas relacionadas con la diplomacia. A pesar de estas importantes limitaciones, el canciller ha comenzado a generar nuevos diálogos y acuerdos con Gobiernos de Centroamérica, el Caribe y América del Sur. En ese contexto, los acercamientos que se han dado recientemente entre México y el ejecutivo del peronismo post-kirchnerista de Alberto Fernández podrían abrir horizontes prometedores para una superación de la integración neoliberal liderada por Estados Unidos. Ese proyecto, además, podrías ser también alternativo a la geopolítica bolivariana, que pretendía sumar en una improbable alianza a Irán y Rusia, pasando por China, es decir, todo lo que no fuera Estados Unidos. El hecho de que Fernández realizara su primer viaje como presidente electo a México, el pasado noviembre, parecería señalar la importancia que Argentina otorga a la formación de un posible acuerdo con el Gobierno mexicano. Para que ello se concretice, sin embargo, mucho dependerá de la voluntad y capacidad de México en responder a las solicitudes que vienen del sur de la región. No queda más que esperar que, a más de un año del comienzo de su presidencia, el primer viaje en el extranjero de López Obrador sea, justamente, a la Argentina.


Vanni Pettinà es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.


Carlos Marichal es historiador de El Colegio de México.


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Fuente: elpais.com

lunes, 1 de julio de 2019

ONU: La humanidad se dirige hacia un "apartheid climático".

Fuente de la imagen: Sitio web Cambio climático y pobreza


América Latina figura entre las regiones más afectadas. Por su parte, los más ricos se reservan un lugar menos expuesto a los efectos del cambio climático, que en gran medida fueron provocados por ellos.

La humanidad se dirige hacia "un escenario de apartheid climático, donde los ricos pagan para escapar del sobrecalentamiento, el hambre y los conflictos, mientras que el resto del mundo tiene que sufrir".

Esa fue la visión de un "desastre inminente" que ha presentado esta semana en un informe el relator especial de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston.

En su opinión, los organismos a favor de los derechos humanos se ocupan de asuntos insignificantes en comparación con la escala de problemas en aumento. 

Las medidas adoptadas han sido "evidentemente inadecuadas" y "totalmente desproporcionales a la urgencia y la magnitud de la amenaza". Además, la metodología es "lamentablemente insuficiente", aseveró.

Philip Alston

Cientos de millones de pobres y desplazados

Alston advirtió que en este siglo XXI, cientos de millones de personas se enfrentarán a la inseguridad alimentaria, la migración forzada y a enfermedades.

Para 2050, el cambio climático podría desplazar a 140 millones de personas en África subsahariana, Asia del Sur y América Latina. 

Habrá también cerca de 250.000 muertes adicionales al año como consecuencia de la malnutrición, la malaria, la diarrea y la hipertermia.

El mayor riesgo lo corren los más pobres, aseguró el relator de la ONU. Aquellos que pertenecen a las naciones menos responsables de la contaminación por dióxido de carbono y sus consecuencias, experimentarán el impacto más grave.

No obligatoriamente se trata de aquellos que actualmente viven en la pobreza. Según sus estimaciones, más de 120 millones de personas pasarán a formar parte de esa categoría para 2030. Incluso en los países desarrollados, muchas familias de clase media se volverán pobres, agregó.
Los más ricos, "mejor ubicados"

"Las personas en situación de pobreza suelen vivir en áreas más susceptibles al cambio climático y en viviendas menos resistentes. Pierden relativamente más cuando se ven afectadas, tienen menos recursos para mitigar los efectos y reciben menos apoyo de las redes de seguridad social o del sistema financiero para prevenir o recuperarse del impacto", reza el informe.

"Ciertas personas y países se han hecho increíblemente ricos mediante las emisiones sin pagar los costos", afirmó el autor. Los más ricos, responsables de gran parte de los gases de efecto invernadero emitidos y que más se han beneficiado de ellos, quedarán "mejor ubicados para hacer frente al cambio climático".

No obstante, según la estimación de Alston, si la economía mantiene su rumbo actual, "no preservará el crecimiento a largo plazo" y no habrá "ningún tipo de futuro envidiable", sino un "desastre".

El informe urge a realizar "cambios estructurales profundos" en la economía mundial, con el fin de hacerla más verde y sostenible. Al mismo tiempo, insta a desarrollar una red de seguridad justa y estable para los trabajadores que perderán sus puestos de trabajo.
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Datos adicionales

Acceda al informe del relator con un clic en el siguiente enlace:

Philip Alston fue nombrado Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos en junio de 2014, por el Consejo de Derechos Humanos. Nacido y educado en Australia (Derecho y Economía) y con un doctorado de la Universidad de California, es un académico de derecho internacional y profesional de los derechos humanos. 

Es profesor de derecho John Norton Pomeroy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y ha enseñado anteriormente en varias escuelas de derecho de todo el mundo, entre ellas la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher, la Facultad de Derecho de Harvard, la Universidad Nacional de Australia y el Instituto Universitario Europeo.

El profesor Alston también ha servido a las Naciones Unidas en diversas funciones desde los años ochenta. Fue el primer Relator del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas desde 1987 hasta 1990, y luego presidió el Comité durante ocho años hasta fines de 1998. Durante este período, desempeñó un papel central en los esfuerzos para reformar y racionalizar el sistema de órganos de tratados de las Naciones Unidas y, como experto independiente nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, informó a la Asamblea General sobre las medidas para garantizar la eficacia a largo plazo de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas (informes en 1989, 1993 y 1997). Entre 2002 y 2007, se desempeñó como Asesor Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y entre 2004 y 2010, como Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

Fuente: servindi.org

miércoles, 5 de junio de 2019

La subversión de la Vida.

Por: Marcelo Barros

Cada año, la ONU consagra el 05 de junio como día internacional del ambiente. Por eso, en todo el mundo, si hacen conferencias y encuentros sobre el cuidado con la Tierra, el Agua y la naturaleza. Todos saben: la vida en la Tierra se encuentra amenazada. 

En todo el mundo, una multitud de personas y la misma vida en el planeta se encuentran en riesgo. En América Latina y Caribe, el sistema económico dominante produce destrucción de florestas, contaminación de ríos y calentamiento del clima. En Brasil, en esa semana anterior à la fiesta de Pentecostés, cristianos y ministros de seis Iglesias se reúnen en la oración por la unidad. En ese año, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas propuso que las oraciones sean en solidaridad à las víctimas de las minerías y por los ríos de la región contaminados con residuos tóxicos. 

Sin embargo, en medio de toda esa realidad trágica, la madre Tierra y la naturaleza muestran que la Vida es siempre subversiva. Sea como sea, encuentra fuerza para resistir y reafirmarse presente, mismo en escenarios de muerte. Diversas organizaciones sociales buscan cambios de camino para el mundo. Comunidades indígenas latinoamericanas proponen el Bien-vivir, como paradigma de civilización para la humanidad. 

Para octubre próximo, el papa Francisco convoca un Sínodo extraordinario de obispos. En Roma, durante tres semanas, representantes de episcopados de todo el mundo si ocuparán de la Amazonia. Verán cómo apoyar à los pueblos indígenas y habitantes de las margines del grande río. Tratarán del cuidado con la selva y el bioma amazónico. En esa semana, el papa envió al Brasil, el Monseñor Bruno Marie Duffé, como su representante para visitar la comunidad de Brumadinho, MG, donde una represa si explotó y mató más de 200 personas sepultadas bajo el lodo tóxico. El papa mandó su cruz pectoral como signo de su preocupación y su amor à la comunidad. Es un pequeño signo, pero que nos invita a una actitud de acción de gracias por la subversión de la Vida que irrumpe obstinada, donde ni siquiera se podría más esperar. Al mismo tiempo, somos llamados/as a tomar posición en defesa de la Tierra y de la naturaleza amenazadas. Los cristianos que, en el próximo domingo, celebrarán la fiesta de Pentecostés, contemplarán la presencia del Espíritu Divino en el universo y en nosotros. El es esa Vida que vence las fuerzas de la muerte. En el inicio de las celebraciones, cantarán un verso inspirado en el libro de la Sabiduría que dice: El Espírito del Señor abraza todo el universo y asume todo en su amor, aleluia! (Cf. Sb 1, 7).

Imagen: https://www.milenio.com/cultura/dia-mundial-del-medio-ambiente-que-es-y-por-que-se-celebra-el-5-de-junio E

jueves, 2 de mayo de 2019

Brasil, el país más agresivo para los defensores ambientales


Un reciente informe ha revelado que en América Latina se han registrado 1 179 ataques a defensores ambientales en la última década. Brasil lidera la tabla seguido por México entre los países más agresivos con los ambientalistas. De todos esos casos solo existen 50 sentencias por el momento.

Por José Díaz

La situación de los defensores ambientales en América Latina se ha precarizado progresivamente en los últimos años. Uno de los casos actuales más críticos en esta región es el de Brasil, país que se encuentra en el ojo de la tormenta desde que asumiera la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro. De hecho, esto coincidiría con el hecho de que Brasil sería el país más peligroso para ejercer el activismo ambiental.

Según un reciente estudio titulado “Tierra de resistentes”, en la última década se han registrado 1 179 ataques a activistas defensores de los bosques y las fuentes de agua. Brasil, con 754 es el país que mayor número de ataques registra, seguido por México con 222 y Colombia con 180. Es Bolivia el país analizado con menor índica de agresiones con solo 18 casos.

“Cuando decidimos que fuera un tema de derechos humanos y que incluyera líderes tomamos las listas de la ONU y cinco de los países que están incluidos en este proyecto están en los primeros lugares en el número de asesinatos de líderes sociales”, explicó Dora Montero, presidenta del Consejo de Redacción de Efe.

El estudio se realizó en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, y se llevó a cabo con fondos de la Agencia de Cooperación Alemana en conjunto con Deutsche Welle Akademie (DW) y con el Consejo de Redacción de la Agencia EFE.


Nativos bajo peligro

En materia de ataques a comunidades indígenas y afrodescendientes, se registraron 177 ataques, siendo Brasil también el país con más alto índice al marcar 35 agresiones en los últimos 5 años, mientras que México cuenta con 30 en el mismo periodo. En este último país, el grupo étnico Nahua ha sido el más afectado en los últimos años.

“El blanco de un alarmante 56 % de esos episodios de violencia pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales”, señala el informe.

Otro dato alarmante de este informe es que, de los 1 179 ataques registrados en la última década en todos los países analizados, solo existen 50 sentencias firmes. Mientras que aún hay 274 casos bajo investigación. Sin duda alguna, un claro síntoma de la impunidad con que se agrede a los defensores ambientales en América Latina.

Fuente: servindi.org

lunes, 25 de marzo de 2019

"América Latina está bloqueada desde hace mucho tiempo": por qué la región no logra crecer de forma sostenida.


Alba Morgade/BBC News Mundo

25 marzo 2019

El problema de la economía en América Latina no es que vaya mal, sino que crece poco, casi hasta el punto del estancamiento. Y además es muy vulnerable a la volatilidad del mercado, señala un último reporte sobre perspectivas económicas para la región.

En el año 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina creció un 1,2%, algo menos de lo que lo hizo en 2017, cuando se situó en el 1,3%, por lo que la economía se desaceleró, aunque levemente.

Estos son los datos que refleja el informe "Perspectiva Económica Latinoamericana 2019: desarrollo en transición" elaborado por la Cepal, el CAF Banco de Desarrollo de América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y con la cooperación con la Comisión Europea, que se publicó hace unos días.

Las perspectivas para este año son algo mejores. El documento refleja unaprevisión de crecimiento del PIB de hasta el 1,7%. Pero el problema ya no es tanto el crecimiento en sí, apuntan los expertos de la OCDE, sino el ritmo al que ocurre y lo que eso nos dice de la región.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl crecimiento de América Latina no ha sido suficiente para recortar la brecha con otros países desarrollados, según el informe de la OCDE.

"América Latina está bloqueada desde hace mucho tiempo", asegura a BBC Mundo Mario Pezzini, director del centro de desarrollo de la OCDE y asesor especial del secretario general de la organización que reúne a 36 países y busca promover el desarrollo económico y comercial.

Fin de las recomendaciones.

Este estancamiento, explica Pezzini, hace aumentar la brecha entre los países latinoamericanos y otros más desarrollados, cuando en realidad el objetivo es reducirla.
El freno de América Latina

Entonces, ¿qué impide a América Latina crecer de forma sostenida?

A corto plazo son, principalmente dos factores los que pueden afectar al crecimiento, señala el experto de la OCDE.

"Uno es la actual guerra comercial, porque eso tendrá un impacto sobre el conjunto de los países en desarrollo, aunque con diferencias por regiones; otro es el comportamiento de la política monetaria general, porque un aumento brusco de las tasas de interés también supone un riesgo significativo para Latinoamérica", ya que tiene acreedores internacionales.

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La guerra comercial es, de hecho, una de las principales amenazas que puede encarar México en un futuro próximo, asegura Pezzini.

"El 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos, así que la relación entre ambos países va a tener un impacto significativo".

La principal economía de América Latina por PIB después de Brasil ya experimentó una ligera desaceleración de su economía en el último año, con un crecimiento anual de apenas el 2% del PIB en 2018, frente al 2,1% de 2017, según datos definitivos del Instituto Nacional de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México.

Y las perspectivas tampoco no son nada halagüeñas.

Casi todos los organismos internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Naciones Unidas, han bajado su previsión de crecimiento para este año en varias décimas porcentuales.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa dependencia de la economía de México sobre las exportaciones a Estados Unidos deja al país en una situación de vulnerabilidad cuando fallan las relaciones entre Ciudad de México y Washington.

También el pasado mes de febrero el propio Banco de México revisó a la baja su estimación de la tasa de crecimiento que podría caer hasta el 1,1% del Producto Interno Bruto, unos niveles que no se veían desde hace una década.

Pese a estas proyecciones nada prometedoras, el gobierno del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una proyección de crecimiento superior al 2%.

Pero fuera de los desafíos a corto plazo y medio plazo que pueda enfrentar la región y cada país, con sus particularidades, el informe señala un problema de fondo que América Latina no ha sabido atajar y le impide avanzar en la senda del crecimiento a un ritmo que le permita recortar las desigualdades y reducir los niveles de pobreza en un buen porcentaje.


Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionAMLO mantiene sus previsiones de crecimiento al 2% pese a las estimaciones a la baja de importantes instituciones bancarias.

"Hay una serie de trampas que Latinoamérica continúa sin afrontar (…) y ahora la trampa de siempre se transforma en verdadero freno", afirma el representante de la OCDE.
Un problema estructural

Pezzini se refiere a los obstáculos destacados también en el informe: la trampa de la productividad, de la vulnerabilidad social, institucional y ambiental.

"La productividad sigue siendo baja porque está muy conectada a la especialización productiva y al tipo de productos que Latinoamérica hace. Cambiar esto no es algo que se pueda hacer a corto plazo".

El experto explica que América Latina ha basado su economía en la venta de materias primas y en la extracción minera, pero estos son sectores más susceptibles a los vaivenes del mercado, en parte por las diferencias que pueden existir en la tasa de cambio.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionAmérica Latina continúa basando la mayor parte de su economía en el sector manufacturero.

"El crecimiento de la década pasada se debió en gran medida a la demanda de materia prima no renovable que hacía China y a un aumento de su precio, pero no era necesariamente una aumento de la productividad o de la diversificación productiva".

Por tanto, afirma el especialista en desarrollo, si se quiere minimizar la volatilidad del mercado y reducir la vulnerabilidad a la que quedan expuesto los latinoamericanos, hay que apostar por un cambio de modelo.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa minería es una actividad con bajas expectativas de productividad porque los recursos son limitados en el tiempo.
Desafíos

La OCDE, junto con los otros organismos que han colaborado en la elaboración del informe, apuesta por diversificar los sectores productivos en América Latina, por innovar y elaborar productos de una mayor sofisticación.

"Es una región que no invierte en investigación e innovación, en particular el sector privado es el que no invierte", dice Pezzini, apuntando que apenas un 0,6% del PIB en América Latina está destinado a investigación, frente al 1,8% de China o al 2,4% de media de los países de la OCDE.

"Latinoamérica no ha creado muchos sectores de liderazgo y eso lastra su crecimiento", asegura.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa falta de inversión en sectores de innovación es uno de los factores que está lastrando el crecimiento en América Latina.

Pero además, el crecimiento y el desarrollo de una región, puntualiza el informe, no puede basarse solo en los ingresos de renta per cápita o en términos del Producto Interno Bruto, que en ocasiones acentúan una disparidad ya acuciante en los países latinoamericanos.

"El aumento de la renta per cápita o del PIB no es en sí mismo un indicador suficiente para hablar de bienestar y desarrollo (...). Es más, hay países en América Latina como Chile, que han aumentado su renta per cápita pero ha bajado la calidad de la enseñanza y han aumentado las desigualdades sociales", subraya.

Esto se debe, aclara, a una mala distribución de la riqueza y de los recursos del Estado, pero también al uso de los indicadores económicos inapropiados. Y lo ilustra con un ejemplo:

"Si el salario de mi familia aumenta, yo tengo expectativas de que eso a largo plazo se pueda traducir en un mejor nivel de vida, pero si este no es el caso y los servicios públicos no permiten esto, entonces empieza a crearse una desconfianza grande en el estado y en la sociedad con consecuencias graves a medio plazo".

Derechos de autor de la imagenAFPImage captionAunque una nación tenga riquezas, la distribución de la misma y la calidad de los servicios públicos son un termómetro de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Por eso, los organismos participantes en el informe abogan por utilizar más indicadores, no solo relacionados con los ingresos.

"Estamos bloqueados con el PIB, cuando en sí mismo no está diciendo si un país ha alcanzado sus retos en materia de desarrollo", opina el asesor de la OCDE.

Es a partir de tener los indicadores adecuados, defiende, que los gobiernos podrán dilucidar cuáles son las estrategias de desarrollo a adoptar para hacer frente a los desafíos particulares de cada región y país.

Y por último, otra tarea pendiente para América Latina: mejorar el nivel de cooperación entre países de la región.

"Debe aumentar la integración entre países latinoamericanos porque es una oportunidad para el desarrollo en el futuro y porque generalmente un mercado más grande abre la puerta a la especialización y reduce las vulnerabilidades", concluye Pezzini.

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Fuente: bbc.com

jueves, 30 de noviembre de 2017

Todavía existe legislación que discrimina a las mujeres.


Foto: En algunos países, la legislación establece que las mujeres no pueden acceder a la herencia y tenencia de las tierras. Esto se considera una legislación discriminatoria. Foto: ONU Mujeres


Aunque los tiempos en que las mujeres por ley no podían votar o estudiar han sido superados, en América Latina y el Caribe todavía existen leyes que discriminan a las mujeres en distintos ámbitos. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto con ONU Mujeres, está realizando un mapeo de leyes discriminatorias en la región con miras a facilitar su derogación.

ONU Mujeres, 28 de noviembre, 2017.- En América Latina y el Caribe hay mujeres que, por ley, en pleno 2017, no pueden heredar tierras, no pueden acceder a ciertos trabajos, como la minería, o no pueden darle su nacionalidad a los hijos e hijas que tengan.

“Todavía existe legislación que discrimina a las mujeres, impidiéndoles el ejercicio de ciertos derechos. Esa era la norma hasta bien entrado el siglo XX, en particular para los derechos civiles y políticos. El derecho a votar, a ser elegidas para cargos públicos, a la educación, al empleo y otros derechos ciudadanos eran negados a las mujeres. La legislación representaba el orden social en el cual los hombres dominaban el mundo público, y las mujeres permanecían relegadas al mundo privado, y aún dentro del mundo privado, no tenían igualdad de condiciones con los varones”, explica Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

“La mayor parte de las barreras formales de acceso a derechos, es decir, la legislación que excluye a las mujeres de ciertos derechos, se ha superado; sin embargo, algunas todavía persisten tanto en la legislación política como en la normativa que regula la vida familiar, la vida social y la vida laboral”.



Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Foto: ELA



Gherardi, desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en colaboración con ONU Mujeres, realiza un estudio para identificar a nivel regional cuáles son esas leyes que discriminan a las mujeres. “Lo primero que tenemos que hacer en la ruta hacia legislaciones libres de discriminación es identificar cuáles son esas leyes que explícitamente, e indirectamente también, están discriminando a las mujeres, para reformarlas y mejorarlas desde la agenda de los Congresos”, explicó Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

“Las leyes, como base normativa de nuestras sociedades, también construyen la manera en la que vemos al mundo, y si algunas de estas leyes son discriminatorias, tenemos que atacar el problema de raíz, hasta lograr que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y sociedades igualitarias desde su normativa”.

El Equipo Latinoamericano de Justicia de Género, además de colaborar con ONU Mujeres para identificar y erradicar la legislación discriminatoria, trabaja para alcanzar la igualdad de género de manera sustantiva en la región, y puede conocer más de su trabajo aquí.
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Fuente: Servindi

martes, 8 de agosto de 2017

Brecha digital se mantiene en un contexto de fuerte concentración.



Brecha digital en América Latina se mantiene en un contexto de fuerte concentración en telecomunicaciones y estados débiles para garantizar acceso

OBSERVACOM, 8 de agosto, 2017.- Representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, comunidad técnica y académica señalaron que entre los principales problemas para el acceso a Internet se encuentra la brecha digital, la concentración de los operadores, la necesidad de incentivar usos productivos de Internet y la promoción del contenido local como factor generador de riqueza en los países de la región.

Esas fueron las conclusiones del panel “Las preocupaciones de acceso: Más allá de la conectividad, qué nos falta para conectar a más usuarios – los Retos para fomentar la Competencia en el Entorno Digital”.

El poanel tuvo lugar ayer en el marco de la Reunión Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica 2017 (LACIGF 2017, por sus siglas en inglés), que finalizó esta semana en Panamá.

Por parte de la sociedad civil, João Brant de OBSERVACOM planteó que las brechas de conectividad y de usuarios de Internet en América Latina se producen en un contexto de fuerte concentración de los operadores de telecomunicaciones tanto en conexiones fijas como móviles.

“En móviles, salvo en Brasil, dos o tres operadores dominan el mercado. Lo mismo sucede para banda ancha móvil, excepto en Colombia. Si bien en Brasil y Colombia respectivamente hay cuatro operadores, cuando se estudia en cada municipio se advierte que hay dos, uno, o algunas veces ningún operador brindando el servicio”, aseguró Brant en base a un estudio de concentración realizado por OBSERVACOM.
Cuadro preocupante

El representante de OBSERVACOM señaló que existe en la región un “cuadro preocupante” que se evidencia a través de la ausencia de cobertura territorial satisfactoria, ausencia de competitividad local y de tarifas altas para los usuarios.

Además explicó que entre los obstáculos para el acceso universal a una Internet abierta se encuentran brechas en términos de disponibilidad, calidad, asequibilidad y multilingüismo de contenidos.

También se refirió al tratamiento no neutro de los paquetes de información por parte de operadores así como a las prácticas de “zero rating” que privilegian el uso de aplicaciones sin consumo de datos.

Por su parte, Denis González de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) de Chile, Pablo Ruidíaz de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) de Panamá y Andrés Sastre de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) destacaron la necesidad de fomentar el uso de Internet en los procesos productivos a partir de la digitalización de la economía.

Sastre también apuntó la necesidad de adecuar la regulación. “En Latinoamérica tenemos una regulación pensada para la liberalización del sector de las telecomunicaciones. No está adaptada a los cambios, no refleja nuevos actores ni la economía colaborativa, y esto genera asimetrías que hay que mejorar”, afirmó el Director Regional de ASIET.

Por su parte, Ruidíaz de AIG de Panamá planteó la pregunta sobre cómo hacer que el desarrollo de las compañías globales permee en las sociedades.

“No se puede dejar de ver la problemática local. Los ingresos por los servicios se van al exterior por eso hay que ver cómo hacer para que quede la riqueza en el país. Hay que encontrar alternativas que den beneficio al ciudadano y no menoscaben a los negocios locales”, indicó Ruidíaz.

Oscar Robles de LACNIC se refirió a dos brechas importantes a tener en cuenta. Por un lado, cómo comunicar a los no conectados —prestando atención a situaciones de aislamiento geográfico y económico— y, por el otro, cómo hacer para que los que sí están conectados se mantengan y no caigan en cualquiera de las brechas anteriores.

Por último, Renata Aquino de e.i.research, aludió en particular a la brecha de género y señaló que “4 mil millones de personas no saben qué es internet y gran parte de esa población son mujeres”.

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Fuente: Servindi

jueves, 3 de agosto de 2017

América Latina, en clave geoeconómica.


Alfredo Serrano Mancilla *

Siempre igual. Después de un periodo de tormenta, se reordenan las piezas en el tablero global. Así ha sucedido en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. En 1870, ante una crisis de sobreproducción del capitalismo central, la región latinoamericana quedó reinsertada de otra forma en la economía mundial; además de seguir proveyendo materias primas, debía servir a partir de entonces como zona consumidora. Después, a lo largo del siglo XX, nuevamente se sucedieron algunos clivajes económicos que reacomodaron las relaciones de la región con el mundo. La última fase histórica fue indudablemente la llegada del neoliberalismo, que supuso un patrón de subordinación en lo financiero, en lo tecnológico, en propiedad intelectual.

Iniciado el siglo XXI, la ola de procesos de cambio en la región puso freno a ese encaje. Las políticas económicas llevadas a cabo por los gobiernos posneoliberales fueron claves para resituar geoeconómicamente al bloque latinoamericano. Si bien es cierto que muchos países continuaron exportando materias primas, esto se hizo de otra forma, bajo nuevas condiciones de soberanía y con relaciones más diversificadas (China, India, Rusia). Nacieron nuevos espacios de integración. Disminuyeron los acuerdos de libre comercio. Se redujeron en gran medida los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En lo financiero se puso algún límite a los mecanismos especulativos, aunque con un impacto mucho menor a lo que se logró en otros ámbitos. En suma, el cambio se notó también en lo exterior. El Sur latinoamericano recuperó en cierta medida un espacio geoeconómico en el mundo. El Norte seguía mandando, pero mucho menos de lo que estaba acostumbrado.

Y entonces llegó la explosión financiera del 2007-2008, y supuso un punto de quiebre en el orden geoeconómico dominante. La gran debacle económica, que lleva ya casi una década, ha provocado que todo se mueva. Estamos en un ciclo de estancamiento, en el que la economía real sale como gran perdedora. La contracción es duradera. El consumo sigue sin recuperarse. Los precios de los commodities se han reducido significativamente. La productividad sigue a la baja. La expansión cuantitativa monetaria no da sus frutos porque el dinero creado no va a parar a la actividad económica. Los nuevos dólares y euros se dirigieron únicamente a sanear finanzas que están absolutamente desligadas de la inversión productiva. Así, la economía mundial no repunta, la tasa de ganancia tampoco y lo único que sigue siendo altamente rentable es el mundo financiero. La financiarización se propaga sin barreras. La deuda mundial continúa siendo el asidero perfecto para ganar dinero sin trabajar. La cifra asusta: el mundo adeuda 3.3 veces su PIB. La concentración del capital continúa a pasos agigantados. Los países centrales buscan nuevas fórmulas para expandirse. Las cadenas globales de valor son cada vez más difusas.

Y América Latina no está ajena a este proceso.

1. Al interior de la región se ha producido un acelerado proceso de fusión y absorción empresarial. Las grandes han fagocitado a las más pequeñas. El mercado transaccional de América Latina ha crecido 89.42 por ciento en lo que llevamos del año. Las multilatinas son ya un hecho económico consolidado que condiciona la matriz de intercambio regional. Son agentes económicos centrales en las economías en los países donde están presentes. Y además tienen tanto interés adentro como afuera. La transnacionalización ha llegado también al interior de la región.


2. Otro asunto no menor es el desembarco de las medianas empresas de los países centrales. La crisis de demanda interna se compensa saliendo afuera. Las medianas empresas europeas o estadunidenses buscan mercados afuera y procuran instalarse en países latinoamericanos para garantizar un plan de negocios sostenible a escala global. Esto, indudablemente, condiciona a las economías locales, porque desplaza la producción nacional.

3. La balcanización amenaza seriamente la integración económica regional. Se impone un sálvese quien pueda en la medida en que las cosas se ponen muy complicadas. Cada uno acuerda con quién y cómo puede. Cada vez hay menor homogeneidad en la forma en que los miembros de un bloque se relacionan con países del exterior, lo que debilita el proyecto común a lo interior.

4. La salida asiática es cada vez más deseada. Son muchos los países que han priorizado las relaciones económicas con ese espacio geoeconómico. Y da igual el corte ideológico del gobierno de turno. Por ejemplo, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Bolivia y Argentina han estado presentes en la última reunión del Banco Asiático en Inversiones e Infraestructura. Por otra parte, los datos de China abruman: en menos de 10 años la inversión extranjera directa en América Latina desde China se ha multiplicado por más de 10. El Consenso de Beijing está más omnipresente que nunca.

5. Si el Mercosur se alinea con la Unión Europea esto significará un importante movimiento en el orden geoeconómico global, porque se trata de dos espacios de grandes dimensiones. No es fácil que lleguen a un acuerdo rápidamente, a pesar de la presión de los grandes grupos económicos. Todavía hay mucha tela que cortar para sintonizar tantos intereses contrapuestos. Todo dependerá de cuánto dure la restauración conservadora en Argentina y Brasil.

6. Mientras continúe la tasa de interés tan baja en los países centrales, los flujos financieros buscarán resguardo en la región gracias a su alta rentabilidad de la deuda externa. La inversión extranjera en América Latina ha caído al mismo tiempo que crecen las emisiones de bonos. La fábrica de la deuda externa está más activa que cualquier otra actividad económica.

7. En la medida en que crece la fragmentación geográfica de la producción mundial, se reducen las posibilidades de que proliferen las cadenas regionales de valor. Se importa mucho valor agregado. La visión cepalina de industrializarse por la sustitución de importaciones ha de adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy día es más importante generar un insumo intermedio demandado globalmente que procurar producir un buen final si no se cuenta con todos los insumos.

La región no camina sola. Lo hace siempre de la mano de lo que sucede a escala global. Creer que todo ocurre sin que el entorno exterior cambie es más propio de la economía hegemónica neoclásica, que es incapaz de explicar casi nada de lo que nos acontece. La nueva economía latinoamericana (Nel) debe estar muy atenta al cambio de época geoeconómico al que estamos asistiendo.

* Director de Celag, doctor en economía.


sábado, 4 de marzo de 2017

Refugiados latinoamericanos, en el olvido.



Valeria Méndez de Vigo y Carla Sala

Los conflictos armados abiertos en Siria o Irak han centrado la atención de la comunidad internacional debido, sobre todo, al elevado número de personas refugiadas que han llegado a Europa. Mientras las miradas están centradas en la guerra de Siria y en los refugiados procedentes de este país, en América Central hay también situaciones merecedoras de protección internacional que pasan más desapercibidas.

La situación de violencia que viven algunos países de América Latina ha provocado que miles de personas se vean forzadas a abandonar sus hogares y, en muchos casos, sus países de origen. La región de Honduras, Guatemala y El Salvador, también conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, es una de las zonas más conflictivas del mundo.

Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la violencia y la inseguridad son factores clave para explicar el desplazamiento forzado en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Las familias desplazadas tienen más dificultades para cubrir necesidades básicas como vivienda, educación, salud y acceso a empleos formales[1]. En 2015, 110.000 personas huyeron de la región centroamericana y buscaron asilo en el extranjero, siendo esta cifra cinco veces superior a la de 2011. En El Salvador, la tasa de homicidios de mujeres aumentó un 60% entre 2008 y 2015 y, en Honduras, durante el mismo periodo, aumentó un 37%. En el caso de Guatemala, el desplazamiento de sus habitantes está más relacionado con los altos niveles de desigualdad que sufre el país[2].

La mayoría de las personas procedentes de los países centroamericanos buscan seguridad en México y Estados Unidos, en menor medida, en Belice y Costa Rica. Sin embargo, gran parte de estas personas no obtienen protección internacional. En realidad, según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, las causas por las que una persona puede ser considerada refugiada están muy tasadas, limitándose a motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. El hecho de huir de la violencia generalizada puede no considerarse una situación merecedora de protección internacional.

De hecho, en 2015, más de 230.000 personas procedentes del Triángulo del Norte Centroamericano fueron detenidas y retornadas a sus países de origen desde los Estados Unidos y México. Resulta trágico que algunas personas retornadas fuesen identificadas y asesinadas por miembros de las pandillas en sus países de origen poco después de su retorno[3].

Dagoberto García, hondureño, relata la experiencia de su hijo[4]:

«Mi hijo es un desplazado por la violencia (…) él tuvo que irse por problemas de amenazas de muerte. Cuando pides el estatuto de asilo tienes que hacer una versión creíble ante al juez. A veces, esta versión de alguien que va huyendo de Honduras por la violencia, las maras o las amenazas la cuentan muchos y, entonces, depende de cómo un tipo te pueda contar su relato (…) Si han contado el mismo relato 98 o 100 personas, el juez no lo cree, no aplica el asilo y lo deportan».

Si el contexto de protección internacional para las personas centroamericanas que huyen de la violencia, las maras y el narcotráfico no ha sido nunca favorable, la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha producido un incremento de las políticas restrictivas y del clima de hostilidad hacia las personas refugiadas y migrantes. 

El decreto del pasado 17 de enero -en este momento paralizado por un juez federal en los Estados Unidos- preveía la prohibición de entrada en Estados Unidos de personas procedentes de Siria, con carácter indefinido y, durante 120 días, de personas procedentes de 7 países de mayoría musulmana. Además, también suspendía el programa de menores centroamericanos, puesto en marcha en 2014, para brindar vías de acceso legales y seguras a adolescentes amenazados por las maras (pandillas juveniles), en riesgo de reclutamiento forzado, explotación sexual y asesinatos extrajudiciales. Este programa, que preveía la reunificación de estos adolescentes con sus progenitores residentes en Estados Unidos ha sido suspendido también por el Decreto y, en consecuencia, la respuesta a solicitudes en proceso de admisión se sitúan en el limbo legal[5].

Ante esta realidad, diferentes organizaciones no gubernamentales, como Entreculturas, manifiestan la necesidad de ampliar la definición recogida por la Convención de 1951, haciéndola extensiva a toda víctima de conflictos armados, de políticas económicas erróneas o de desastres naturales, y, por razones humanitarias, a toda persona desplazada interna, es decir, cualquier civil desarraigado por la fuerza de su hogar[6].

La Campaña por la Hospitalidad, lanzada en Centroamérica, llama a reconocer la dignidad de cada ser humano y, en especial, de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como las personas refugiadas y desplazadas.

La transformación de los flujos de movilidad en América Latina y el Caribe plantea, por una parte, la necesidad de renovar los marcos normativos, nacionales e internacionales, en materia de refugio y desplazamiento y, por otra, la de revisar los requisitos que conceden protección internacional. La falta de políticas de acogida y de coordinación entre diferentes estados aumenta la precariedad en la situación de las personas que quedan atrapadas entre fronteras y no son informadas adecuadamente sobre su derecho a la protección internacional[7].

Este es el momento de fomentar una cultura de la hospitalidad y la acogida y solicitar que los estados, incluida España, cumplan con su deber de protección e impulsen medidas que favorezcan la integración social de las personas desplazadas o refugiadas.

Fuente: Cristianismo y Justicia

sábado, 3 de diciembre de 2016

América Latina: la región más desigual en el acceso a la tierra.


El 1 por ciento del total de explotaciones agropecuarias concentra más de la mitad de la tierra productiva de la región. Miles de comunidades de la Amazonía peruana no cuentan con seguridad jurídica sobre sobre sus territorios, lo cual acentúa la pobreza y desigualdad

Servindi, 2 de diciembre, 2016-. oxfam, El último informe de la organización internacional Oxfam explica por qué América Latina es la región más desigual del mundo en la distribución de la tierra y aporta datos contundentes sobre este problema.

Más de la mitad de la tierra productiva de la región está concentrada en el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias.

El reporte Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina también demuestra que las pequeñas unidades agropecuarias, a pesar de representar el 80 por ciento de todas las explotaciones en la región, ocupan menos del 13 por ciento de la tierra productiva.

Millones de hogares campesinos, con pequeñas parcelas, conviven con mega-plantaciones. Las mujeres agricultoras son las más afectadas por esta desigualdad, pues las parcelas que trabajan son más pequeñas y de menor calidad que las de los varones.

En Perú, el proceso de concentración de tierras y la precaria seguridad jurídica de muchas comunidades sobre sus territorios, amenaza los medios de vida de miles de personas y acentúa la pobreza y la desigualdad.

En los últimos años se observa una marcada tendencia hacia la concentración de tierras en la costa peruana a favor de cultivos de exportación.

Tal tendencia también se empieza a manifestar en la selva peruana, con grandes extensiones de tierra empleadas para cultivos de palma aceitera.

“Si se quiere combatir la desigualdad en la región se deben enfrentar las diferencias abismales en la distribución y seguridad jurídica sobre la tierra, pues potencian la conflictividad social y ambiental”, manifestó Vladimir Pinto, responsable del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú.

Como ejemplo, Pinto menciona la situación de las comunidades nativas y campesinas peruanas que no cuentan con políticas claras ni respaldo institucional para titular y proteger sus territorios colectivos, mientras enfrentan el despojo o pérdida de control sobre los mismos.

Tal es el caso de Saweto en 2014, o la actual postergación de la titulación de 14 comunidades indígenas en Nuevo Andoas, en Loreto (Lote 192), porque previamente el Estado favoreció un proyecto de hidrocarburos.
Extractivismo: raíz de la desigualdad

El informe de Oxfam sitúa el extractivismo en la raíz de la alta desigualdad del reparto de la tierra en la región.

Ese modelo productivo concentrado en las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los monocultivos como la soja y la palma aceitera se viene apoderando del territorio latinoamericano.

El extractivismo no solo amplía su control sobre grandes extensiones territoriales sino que aumenta su influencia en las políticas públicas de todos los países.

La competencia por el control de los recursos naturales ha disparado los conflictos territoriales entre las grandes empresas y las comunidades, y ha incrementado los índices de violencia contra defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos.

Los pueblos indígenas son los más amenazados, pues sus territorios no están bien demarcados ni protegidos legalmente, y diferentes gobiernos los entregan para el desarrollo de actividades extractivas, en la mayoría de casos sin su consentimiento.

Oxfam hace un llamado a todos los actores en la región, especialmente a los gobiernos, a trabajar para que los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no queden solo en el papel.

Para ello es necesario promover una distribución más justa de la tierra, impulsar un crecimiento económico equilibrado y diversificado, y limitar la capacidad que tiene la gran industria y las élites económicas para influir en el diseño e implementación de políticas públicas.

Los gobiernos deben garantizar los derechos de las personas y comunidades, incluyendo el derecho a la consulta previa, para que toda comunidad afectada por inversiones y actividades de extracción y explotación de recursos naturales en sus territorios, pueda dar o negar su consentimiento libre, previo, e informado.

Para acceder al informe completo haz clic en el siguiente enlace:

- "Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina" (versión PDF, español, 100 páginas).

Fuente: Servindi

domingo, 13 de noviembre de 2016

Otra fe y otra política son posibles para América Latina.



Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP)

DECLARACIÓN

América Latina se encuentra en una coyuntura caracterizada por las tensiones que emergen entre la necesidad de transformaciones políticas radicales, la atención a demandas urgentes en todos los ámbitos sociales y las luchas ideológicas que entran en juego para responder a estos procesos. Es en este contexto donde las iglesias cristianas –tanto católicas como evangélicas- han cobrado una significativa visibilidad como agentes centrales en la toma de posicionamientos y los procesos de diálogo en el espacio público.

En este sentido, se ha instalado la idea de que dichas expresiones religiosas responden de manera homogénea a un conjuntos de cosmovisiones, definidas como fundamentalistas, de derecha, conservadoras o tradicionalistas. Lamentablemente, estas etiquetas tienen mucha razón de ser. Mientras históricamente han guardado silencio frente a temas de tal relevancia social como son la pobreza, la violencia, la violación de derechos humanos, entre otras problemáticas que afectan al desarrollo de la región, sí lo han hecho para cuestionar leyes vinculadas a la igualdad de género, al aborto y la educación sexual, a través de discursos pseudo-teológicos y con un nivel preocupante de argumentación. Esta diferenciación pone en evidencia las prioridades y los elementos centrales en la agenda social de un sector mayoritario de iglesias cristianas.

Quienes suscribimos a esta declaración representamos un conjunto de organizaciones religiosas que no se identifica con esta visión, y afirmamos contundentemente que otra fe y otra política son posibles para América Latina, a partir de una propuesta radicalmente distinta de la fe. Sostenemos que como cristianos y cristianas podemos ser coherentes con nuestra creencia pero desde un compromiso socio-político distinto, a favor de la justicia, la inclusión, la equidad y la igualdad.

De aquí, declaramos que:

1. El cristianismo, así como toda expresión religiosa, no puede ser definida como un cuerpo homogéneo de creencias sino debe ser comprendido como un marco donde entran en tensión diversas interpretaciones que dan cuenta de la pluralidad de experiencias y posicionamientos ideológicos de quienes suscriben a ella. En esta dirección, nadie puede reclamar de modo absoluto y clausurado una interpretación del texto bíblico, una definición de lo propiamente cristiano o un modo de vivir la espiritualidad, con el objetivo de legitimar un posicionamiento político particular.

2. Cualquier voz –sea religiosa o de otro tipo de expresión- no puede adentrarse al diálogo público planteando que su especificidad identitaria cuenta con un estatus de superioridad frente a otras, menos aún en términos religiosos. Este tipo de discurso imprime un inconcebible y reprochable punto de partida teológico que vulnera el acercamiento al Otro como principio fundamental para la facilitación de un espacio de diálogo democrático.

3. Es posible, y hasta un deber, apoyar los diversos procesos de ampliación de derechos, de lucha por la inclusión y de reclamo por el respeto de los derechos humanos -entre otros elementos que forman parte de una agenda política crítica y democrática- a partir de un cristianismo que prioriza la pluralidad frente a la clausura dogmática, la inclusión frente a la pertenencia institucional y el amor radical frente la violencia que genera la absolutización de una particularidad.

4. Las experiencias de espiritualidad, las comunidades religiosas y los discursos teológicos constituyen espacios y procesos de suma importancia para la cimentación de nuevos imaginarios y prácticas socio-políticas, desde una perspectiva democrática, inclusiva y justa. Por ello, instamos a diversos agentes sociales, cuerpos políticos y a la opinión pública en general a indagar en torno a otras experiencias, otras prácticas y otros discursos religiosos dentro del cristianismo, que se presentan heterodoxos y desde los “márgenes” de las prácticas oficiales o tradicionales, en pos de conocer y reflexionar en torno a un innumerable conjunto de vivencias alternativas que pueden ser incluidas como un aporte central a la construcción de procesos democráticos.

Suscriben:
Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP)

viernes, 30 de septiembre de 2016

Firmaron la paz, ahora hay que construirla.


Por Álvaro Renzi Rangel*
ALAI, 30 de setiembre, 2016.- Con la firma del presidente Juan Manuel Santos por el gobierno y del comandante Rodrigo Londoño ("Timochenko") por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), se puso fin el 26 de setiembre de 2016 al conflicto armado interno más antiguo de América Latina que causó más de 220.000 muertos y al menos cinco millones de refugiados y desplazados.
América Latina asistió en Colombia a un momento clave de su propia historia, sin precedentes desde que en la última década del siglo pasado se firmaran los acuerdos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El sueño de una región de paz se agiganta. Hay nuevas palabras que se irán incluyendo en el vocabulario político colombiano: legalidad, democracia, participación popular, equidad, justicia social.
Culminaron cuatro años de un proceso de negociación arduo, difícil y por momentos sumamente frágil en La Habana, donde la comunidad latinoamericano-caribeña y mundial puso todo su empeño para que se lograra un acuerdo que le otorgara herramientas al país para transitar hacia los cambios necesarios, hacia la pacificación definitiva.
El acuerdo no significa el fin del conflicto, pero abre la perspectiva de superar la guerra y su permanente pérdida de vidas, crea las condiciones para el retorno de miles de desplazados a sus tierras, permite un proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. Pero, sobre todo permite consolidar la vida democrática del país y alentar su desarrollo.
Ahora hay que construir la paz, entre todas las partes. El fin formal de la guerra es apenas el inicio para la construcción de la paz. El proceso comienza por la aprobación refrendataria de los acuerdos por parte de la ciudadanía, así como la ratificación parlamentaria de diversas modificaciones legales previstas en los acuerdos.
Hay sectores políticos, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, y corporativos de lo que se ha calificado como el poder fáctico del país, interesado en bombardear el proceso de pacificación. La guerra ha sido para este poder fáctico un gran negocio por más de 50 años, cuando se han apropiado de la tierra y su explotación.
Las inercias de la violencia no necesariamente se detendrán de manera automática, y tal vez resulte inevitable la persistencia de núcleos irreductibles en uno y otros bandos. Pero ese fenómeno marginal es consustancial a cualquier proceso de paz y cabe esperar que tanto las partes firmantes como la sociedad tengan la capacidad y la tenacidad requeridas para impedir que altere el curso de la pacificación, señala en un editorial el diario mexicano La Jornada.
No hay que olvidar que por varias décadas la alta burguesía, en su afán por el lucro, siempre se opuso a una política de paz que mermara sus ganancias. Quizás por temor a los cambios democráticos y sobre todo a ser afectados en sus intereses económicos y de influencia en la opinión pública, es que los dueños de los medios habían definido por décadas una línea adversa a las negociaciones de paz y hostil a toda iniciativa y propuesta de la guerrilla. ¿Cambiarán ahora? Nada se habla en los acuerdos sobre la necesaria democratización de la comunicación.
¿Cómo hablar de una comunicación para la paz en un país donde hasta no hace mucho tiempo el gobierno negaba la existencia de un conflicto, donde los periodistas y los medios se abstenían de hablar de los falsos positivos y de las masacres de campesinos e indígenas? ¿Cómo hablar de paz en un país que aloja siete bases extranjeras? ¿Cómo se hace para cambiar el chip? ¿Será que los grandes medios se volvieron democráticos? ¿O será que la guerra ya no es negocio y que ahora para los negocios hace falta la paz?, comenta el comunicólogo uruguayo Aram Aharonian.
Hay un aspecto por demás importante en el Acuerdo Final, la transformación de las FARC en partido o movimiento político, que además de ampliar el espectro político del país, le dará un impulso al movimiento social y popular colombiano, para posicionarse como una fuerza política con posibilidades de ser poder y gobierno. Esto sin duda aportaría a la unidad latinoamericana y al fortalecimiento de los proyectos alternativos ya existentes en la región.
Y quedan muchas las preguntas que se hacen desde los sectores progresistas: si se desmovilizarán los paramilitares, si los acuerdos mejorarán las condiciones de la lucha social y de vida de las grandes mayorías, si terminará la violencia contra los dirigentes campesinos e indígenas, de los movimientos sociales, de los defensores de los derechos humanos. El problema de fondo lo identificó muy bien el papa Francisco: tierra, techo, trabajo para todos, es el desafío.
El galardonado escritor colombiano William Ospina se pregunta por qué la gente está tan escéptica. Y se responde: “porque nadie siente que este proceso esté cambiando las condiciones que nos llevaron a la guerra y que la hicieron posible durante 50 años. Algo en el corazón de la sociedad presiente que una paz sin grandes cambios históricos, una paz que no siembre esperanzas, es un espejismo, hecho para satisfacer la vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes, pero no para abrirle el horizonte a una humanidad acorralada por la necesidad y por el sufrimiento…”
Existen riesgos en la implementación de los acuerdos: uno, que el propio Estado incumpla lo pactado, otro el fenómeno del paramilitarismo, pues con el antecedente del exterminio de la Unión Patriótica los colombianos bien saben cuánto puede costar y retroceder un proceso de paz.
“Si el Estado no toma medidas políticas para contrarrestar el avance del fortalecimiento de este fenómeno, el punto tres sobre la terminación del conflicto estaría en evidente peligro y por ende los otros puntos acordados también. (…) Si esto llegará a suceder el papel de la izquierda latinoamericana radica en la solidaridad que podamos tejer para lograr fortalecer la lucha del movimiento social y popular colombiano de exigir el cumplimiento de los acuerdos”, señala la exsenadora Piedad Córdoba.
Un acuerdo no garantiza la paz, es solo un marco para construirla. Y el otro marco debería ser la justicia. Justicia también para establecer los mecanismos que muchas empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares, cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para ampliar sus propiedades y riquezas, con el silencio cómplice de los grupos mediáticos.
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*Álvaro Renzi Rangel es sociólogo, investigador del Observatorio de Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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Fuente: ALAI: http://www.alainet.org/es/articulo/180545
Fuente: Servindi