Mostrando entradas con la etiqueta asuntos indígenas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta asuntos indígenas. Mostrar todas las entradas

viernes, 14 de febrero de 2020

Misiones: El Estado autorizó desmontes en tierras indígenas.

GRAN DAÑO. Cuando llegaron se encontraron con que varios árboles ya fueron sacados de esa zona. Fuente: Primera Edición


Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.

Primera Edición, 13 de febrero, 2020.- Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.

El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.

Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.

Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.

Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. 

Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.

Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.

Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”.

Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.

“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.

Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.

En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
----

jueves, 4 de abril de 2019

El victimismo y el folclorismo postergan las luchas indígenas


Por Ollantay Itzamná*
Cuando observamos los empinados caminos de los pueblos indígenas en países con poblaciones mayoritariamente indígenas, como Bolivia y Guatemala, constatamos que los siglos de historias de sufrimientos son muy similares. Incluso bajo el colonialismo interno de estados republicanos bicentenarios.
Pero, la actitud y las inconclusas historias emancipatorias emprendidas por dichos pueblos son diferentes en estos dos países. Los pueblos andino amazónico de Bolivia avanzan en el ejercicio y defensa de sus derechos sociopolíticos y económicos, mientras en Guatemala, en buena medida, los pueblos indígenas aún no logran dar el salto de los derechos culturales (culturalismo) hacia el ejercicio de los derechos políticos (para disputar y ejercer poder).
Los pueblos andino amazónico de Bolivia avanzan en el ejercicio y defensa de sus derechos sociopolíticos y económicos, mientras en Guatemala, en buena medida, los pueblos indígenas aún no logran dar el salto de los derechos culturales...
La explicación de intelectuales indígenas y no indígenas sobre este atasco culturalista es: hay miedo en los pueblos indígenas, fruto de la guerra interna, para transitar hacia los derechos políticos. Aunque, en los hechos, en las comunidades indígenas en resistencia se constata todo, menos miedo.
¿Por qué los pueblos indígenas de Bolivia dieron saltos significativos en sus agendas emancipatorias, y en Guatemala aún no ocurre ello?

Rol de la memoria histórica de las luchas

En Bolivia, el siglo XVIII estuvo encumbrado por la rebelión encabezada de la pareja legendaria de Túpac Katari-Bartolina Sisa; el siglo XIX, con Zárate Villka, y continuas sublevaciones indígenas; el siglo XX, con el movimiento indianista/katarista (que sistematizó y socializó la agenda política indígena); el siglo XXI con el movimiento indígena-campesino que construye el Estado Plurinacional.
En Guatemala, no están registradas o debidamente registradas las revueltas o sublevaciones indígenas en la historia. Las luchas del pueblo quiché, mam, q’echí… son prácticamente desconocidas.
Aunque, sí existe, en Guatemala, literatura sobre la dimensión cultural de los sucesos históricos (sobre todo antropología rescatista o culturalista). Estos esfuerzos de investigaciones culturalistas fueron o son financiados, en buena medida, por cooperación internacional (como la USAID) o universidades privadas como la Universidad del Valle (con una intencionalidad política definida).

Rol del “academisismo” indígena

Para inicios del presente siglo, la población indígena en Bolivia estaba absolutamente excluida de la academia. Por eso, en un foro continental, en la ciudad de Antigua, Guatemala, una quechua boliviana, hace algunos años atrás, desafiaba a indígenas guatemaltecos en los siguientes términos: Nosotras, sin títulos universitarios, hicimos los cambios en Bolivia. Aquí en Guatemala Uds. tiene bastantes profesionales indígenas…”. Y, efectivamente, en Guatemala hay más cantidad de indígenas profesionales que en Bolivia
Pero, por las condiciones coloniales, el o la indígena, cuanto más títulos o grados académicos posee, más doctrinero/a de la colonización se vuelve. En Guatemala existen muchos profesionales indígenas, pero, en su mayoría, desterritorializados y “despolitizados”, compitiendo entre sí por ventanillas en el Estado etnofágico y/o en la cooperación u ONG “apolíticos”. A ellos/as, casi nunca se los mira ni en las calles, ni en las comunidades ejerciendo el derecho a la resistencia creativa, junto a los suyos.
Por eso, mientras profesionales indígenas ejecutan proyectos sobre derechos culturales, los pueblos y comunidades indígenas debaten y plantean restitución de sus territorios, autodeterminación, Estado Plurinacional, proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
En buena cuenta, el culturalismo y la victimización son más rentables económicamente para muchos/as indígenas graduadas y posgraduadas que impulsar procesos de cambios estructurales y profundos en el país.

Rol de la cooperación internacional culturalista y apolítica

Los Acuerdos de Paz cultivó la proliferación de ONG, becas de estudio para indígenas, etc. Pero, todo estaba orientado al culturalismo o al afianzamiento del libre mercado. Consecuencia de ello tenemos ingentes cantidades de ONG indígena o no, aún ejecutando proyectos centrados exclusivamente en “derechos culturales”. Nunca para el ejercicio de derechos políticos (porque las ONG y sus profesionales tienen que ser apolíticos)
Las agencias de cooperación, las ONG, las universidades privadas y el Estado cooptaron, casi en su totalidad a los profesionales indígenas. Y lo más difícil, grandes sectores del mundo indígena aún cree que los profesionales son portadores de verdad y benignidad para los pueblos. Así, el colonialismo interno estatal ya no requiere de doctrineros mestizos para controlar a los pueblos indígenas.
Bolivia tuvo la dicha de no tener Acuerdos de Paz, ni contar con cooperación en las dimensiones que Guatemala tuvo. El Bolivia, el sistema neoliberal se impuso, sin el aceite de los Acuerdos de Paz, y los pueblos indígenas se sublevaron sin mayores distracciones culturalistas.

Rol del pentecostalismo indigenista

Guatemala aventaja a Bolivia, no sólo en la megadiversidad de trajes e idiomas indígenas, sino también en la cantidad de “guías espirituales”. Pero, estos guías, en su gran mayoría, también son “apolíticos”. Únicamente se ocupan de la dimensión espiritual de la realidad. Espiritualismo, en otros términos.
En Bolivia, los yatires (sacerdotes andinos, en aymara) para ejercer su labor no requieren de la credencial oficial emitida por el Estado. En Guatemala, sí. Por eso, en Bolivia, en las protestas y movilizaciones indígenas casi nunca faltan ceremonias performativas y ofrendas a la Madre Tierra (también como signo de protesta o celebración). En Guatemala, el espiritualismo o pentecostalismo apolítico permea a indígenas y cristianos casi por igual.
Aquí o allá, sin una espiritualidad y mística transformadora, cualquier intento de cambios profundos será siempre más difícil.
---
*Ollantay Itzamná es defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos, https://ollantayitzamna.wordpress.com/ - twiter: @JubenalQ

Fuente:

jueves, 24 de enero de 2019

COICA responde ante la violencia contra las mujeres en Ecuador.

Las mujeres de la comunidad amazónica Waorani / Foto: Kimberley Brown


Servindi, 23 de enero, 2019.- La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica(COICA), se pronunció sobre los hechos de violencia contra las mujeres en Ecuador condenándolos de "inhumanos". 

Mediante un pronunciamiento la COICA y sus organizaciones miembros se solidarizaron con los familiares de la víctima de la violación grupal en Quito y de Diana Caralona R. asesinada en plena vía pública en la ciudad de Ibarra.

Asimismo, hicieron un llamado a las instituciones competentes a actuar con responsabilidad y firmeza para garantizar justicia y a los Gobiernos Amazónicos para que, mediante un trabajo en conjunto, puedan defender los derechos humanos erradicando la violencia, el racismo y la xenofobia.


El machismo

Así como se ha manifestado el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador, la violencia contra las mujeres y niñas es un problema que afecta a las estructuras sociales a nivel global.

El enfoque machista origina el maltrato físico y psicológico de las mujeres en todo el mundo. América Latina sufre un alto porcentaje de violencia de género que pone en peligro la vida de muchas mujeres en la región.

Según la ONU, la violencia de género afecta 1 de cada 3 mujeres en el mundo y según indica la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género es la primera causa de muertes de mujeres entre 15 y 44 años.

Por esa razón, la COICA declara que es "urgente que los gobiernos prioricen sus acciones para prevenir esta lacra social y direccionen recursos a garantizar normas eficaces, procesos de información y concientización a la población". Ello, con el fin de erradicar la violencia de género y atender debidamente a las víctimas. 


A continuación el comunicado de prensa:


Fuente: Servindi.org

sábado, 29 de diciembre de 2018

“Esta democracia es una farsa”


Con casi 50 años de experiencia en la causa indígena, Nilo Cayuqueo compartió su mirada en el gran acto de los Pueblos Originarios que se desarrolló en el centro de Tigre, en el marco de un nuevo aniversario del inicio del mayor genocidio de la humanidad en manos de las principales potencias de Europa

Punta Querandí, 27 de diciembre, 2018.- Al iniciar su discurso el domingo 14 de octubre en la estación de tren de Tigre, el referente de la Comunidad Mapuche de Los Toldos, afirmó: “Estoy aquí para apoyar la lucha de los hermanos de Punta Querandí”, espacio en el que ha participado de la mayoría de las celebraciones importantes en los últimos años.

“La violación de los lugares sagrados es un tema muy importante para nosotros”, agregó Cayuqueo, quien mencionó otros dos casos concretos.

“Ayer (sábado 13 de octubre) tuvimos la oportunidad de ir a La Matanza donde hay hermanos tratando de conservar un lugar sagrado donde se han encontrado muchos restos humanos y se cree que son de nuestros hermanos querandíes”, relató.

Y contó la situación en su lugar de origen, a 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires: “En Los Toldos tenemos nuestro cementerio mapuche que ahora no lo usamos más, también ha sido violado por máquinas que han querido construir un camino ahí. Estamos peleando tratando de que nos respeten ese territorio, que se declare patrimonio cultural del Pueblo Mapuche”.

En la segunda parte de su intervención, hizo varias observaciones sobre las características de la sociedad actual: “Vemos a la gente muy individualista, llevándose uno por delante, me da mucha pena ver que no están pensando en otra cosa que en divertirse, tomarse una coca cola, dar una vuelta en un barco y volver a sus casas, con esta vida totalmente alienante”.

Nilo Cayuqueo mencionó la existencia de un Parlamento de Pueblos Originarios en el que confluyen diferentes organizaciones “que nos juntamos para discutir el futuro de nuestros hijos”. Y explicó: “Tenemos propuestas hacia el pueblo argentino, para cambiar esta situación que vivimos que está en crisis, no es sostenible, no se puede aguantar más, están contaminando todo, se han acaparado todo lo que ellos llaman riqueza y nosotros somos espectadores”,

De cara a otros sectores de la sociedad, Cayuqueo llamó a “construir algo diferente a lo que estamos viviendo hoy día, algo más sano, más saludable, donde podamos festejar todas las culturas el armonía”.

“Para nosotros esta democracia es una farsa, la mayoría de los políticos responden a los intereses de los poderosos, de las multinacionales y de los ricos”, manifestó el militante mapuche.

“Va a llevar tiempo pero estamos contentos porque vamos avanzando en este proceso, ojalá que pronto podamos crear una sociedad que respete todas las vidas en nuestro planeta”, concluyó.
----
Fuente: Publicado el día 24 de octubre 2018 por Punta Querandí: https://puntaquerandi.com/2018/10/27/esta-democracia-es-una-farsa/

sábado, 13 de octubre de 2018

Megaproyecto de parque solar confronta a comunidad maya.

Foto: BNamericas

Parte de la comunidad de San José Tipceh, niega oposición a mega proyecto. Arropan a Zósimo Hernández

Por Genaro Bautista*

12 de octubre, 2018.- El establecimiento del parque solar de San José Tipceh, Muna en el estado de Yucatán, conocido como Ticul A y Ticul B, que desarrollará la empresa Vegasolar I y Vegasolar II, que consiste en la instalación de 1 millón 227 mil paneles en una superficie de 700 hectáreas que serán deforestadas, ha causado división entre los pobladores, violencia e incluso rompimiento entre las familias afectando el tejido social de las comunidades, denunció la Tercera Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, efectuada en Ticul el pasado 20 de septiembre.

Sin embargo, éste no parece ser el consenso de los habitantes de San José Tipceh.

Representantes de la comunidad involucrada se acercaron a AIPIN para dar su versión de estos hechos.

Según las autoridades del lugar el 23 de abril de 2017, tuvieron una primera Reunión de Acuerdos Previos de la Consulta, previa, libre e informada a la comunidad de San José Tipceh sobre la construcción y operación del Proyecto Solar Ticul A y Ticul B.

El encuentro, convocado por la Secretaría de energía estuvo encabezada por Rodolfo Tut Ho, Comisario Municipal y Gabriel Fuentes Noriega, Comisario Ejidal de San José, Muna.

A la cita fueron además invitadas la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, el gobierno del estado de Yucatán, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y representantes de la Empresa Vega Solar 1 y Vega Solar 2. El propósito se anunció fue para que la comunidad tome la decisión sobre el proyecto fotovoltaico.

Lo controvertido del caso, entre los vecinos de San José, fue retomado por Victoria Tauli-Corpus, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La experta indígena incorporó el caso del parque fotovoltaico en Muna en su informe que recién fue presentado ante Naciones Unidas en Ginebra.

Tauli-Corpus, expone la construcción de un parque fotovoltaico en Muna, en el que se pondrán más de un millón de paneles solares, a costa de la deforestación de la zona.

Indica que las autoridades presionan para que la consulta posterior al inicio del proyecto se apresure, y en adición se documenta que particulares ofrecieron dinero a ejidatarios mayas de la comunidad.

El reporte documenta que los planes de desarrollo gubernamentales no respetan la visión de desarrollo de los indígenas. Se recomienda reformar la Constitución en lo tocante a los derechos indígenas.

En una carta a los medios de comunicación indígena, la comunidad maya de San José Tipceh, se quejan de que “hemos sido atacados, calumniados en algunos medios de comunicación que no representan la realidad demuestra comunidad”.

Exponen encontrarse en “proceso de consulta para la posible construcción y operación de un Parque Solar, sin embargo, señalan, hay un grupo minoritario que no están de acuerdo con la mayoría, que representamos.

Y esa minoría afirman “se ha relacionado con gente de fuera de la comunidad y nos atacan con mentiras y calumnias y sus rumores malintencionados nos han hecho mucho daño, olvidándose de que todos somos vecinos de la misma comunidad y que vamos a convivir aquí siempre, independientemente de si se aprueba el proyecto o no”.

Ese grupo subrayan, “ha asistido a diferentes medios y espacios que les son abiertos, al parecer a propósito para aparentar un supuesto apoyo que más parece que los utilizan para legitimar sus posiciones como académicos y supuestos defensores de derechos humanos o medioambientalistas. No se dan cuenta que los utilizan y nos dividen aún más, perjudicando la frágil cohesión social”.

Ese grupo y sus “defensores”, profundizan, se hacen pasar como víctimas de una comunidad iracunda, segada e ignorante y sin embargo, ningún medio se ha preguntado o visitado la comunidad para verificar si es cierto o no esta supuesta victimización y dan por hecho las versiones.

Y entre esos apoyos a la minoría, señalan a un par de documentalistas, que han elaborado el video “Secos” sobre la vida de San José que utilizan imágenes “sin nuestro consentimiento, ellos son de fuera de la región y aunque se les explicó las razones para no participar en el documental, por motivos de la consulta era muy delicado hacerlo, han filmado sin nuestro consentimiento y trataron de intimidarnos diciendo que podían filmar porque ellos son libres de ejercer su derecho. Ahora utilizan nuestras imágenes en contra de nosotros”.

Como parte de su misiva, los lugareños arropan a Zósimo Hernández Ramírez, quien, aseguran, “ha sido atacado en diferentes medios, denostándolo por su trabajo con nosotros la comunidad de SJT, nuestra comunidad manifiesta con las firmas anexas este dicho y ratifica su nombramiento”.

E invitan a visitarlos a quienes deseen hacerlos, “previa solicitud por escrito para corroborar nuestro dicho y verdad”.

Esta opinión, dista del posicionamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, quienes en la ciudad de Ticul, denunciaron “las injusticias y el despojo de nuestro territorio por medio de la implementación y desarrollo de megaproyectos impulsados por el capitalismo verde y la economía verde, mejor conocidos como proyectos de energía limpia”.

Y manifiestan que “los mayas que somos, y que caminamos con dignidad, no nos vamos a callar ni mucho menos nos vamos a hincar ante la empresa-gobierno y sus “atractivas” ofertas para engañarnos en las comunidades”.

Estos rostros del “capitalismo verde” llegan a los pueblos mayas como “salvadores de la pobreza” en forma de ecoturismo, parques eólicos, parques solares, recalcan, con la complicidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la CDI y la Procuraduría Agraria, entre otras.

Para los inconformes es con engaños y aprovechando ‘las necesidades de nuestros hermanos, con el argumento de “beneficios compartidos” o “beneficios sociales”’.

La confrontación en la localidad involucra a dos experimentados liderazgos indígenas, Zósimo Hernández, designado asesor comunitario de San José Tipceh y a Romel Rubén González Díaz del Consejo Regional Indígena de Xpujil, Campeche.

El 26 de septiembre de 2018, Zósimo se defendió de la campaña de desprestigio en su contra.

Hernández, detalla que a partir del 10 de agosto del año en curso, se intensificó una campaña en su contra “basado en mentiras, denostación y dolo, mismos que ha alcanzado nivel en diversas esferas, académico, político y social”.

El pasado 1 de octubre de 2017, explica, “fui nombrado Asesor Comunitario, mediante asamblea, y que consta en acta. “No trabajo para ninguna empresa, es falsa la información, asevera.

En su misiva, refiere que Romel Rubén González Díaz, “es un abierto opositor al Parque Solar que se pretende instalar en la comunidad”.

Y señaló la impertinencia de Romel, quien el pasado 4 de septiembre se presentó en un evento organizado en la Ciudad de México, por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, hablando como si fuera de la comunidad de San José Tibceh, y peor aún, como si fuera maya, informando que se va a instalar un Parque Solar, que va a traer serios problemas como la ola de calor. Evidentemente, usurpa funciones y atribuciones que nadie le ha dado, acusa Zósimo.

La campaña contra Zósimo Hernández lo alcanzó en la misma academia.

José del Val Blanco, Director del Programa de Diversidad Intercultural de la UNAM, se deslindó de él, “me canceló dice el líder Náhuatl, un evento para el 14 de agosto pasado en la Casa de las Humanidades.

La Jornada Maya y el Diario de Yucatán, han documentado parte de la polémica.

En la controversia se han involucrado otros actores, entre ellos los creadores del documental “Secos”, quienes dijeron que éste film, refleja el problema que viven habitantes del pueblo de San José Tipceh, a raíz de un proyecto de una megagranja fotovoltaica de un millón de paneles solares. Advirtieron que el proyecto ha generado tensión que podría desembocar en violencia entre dos bandos de ejidatarios.

“Ya se necesita una mediación”, señaló el antropólogo e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM doctor Rodrigo Llanes Salazar, en cuyo artículo que publicó el Diario de Yucatán da amplias explicaciones sobre este caso.

Durante la presentación del “tráiler” del filme, los participantes en la producción de la cinta Mauricio Metri Ojeda y Sergio Cobos afirmaron que la población de San José Tipceh vive un caos, una división entre habitantes porque un grupo apoya el proyecto y otro lo rechaza. Agregaron que la empresa reparte unos 1,100 USD$ a cada ejidatario para lograr su anuencia, engaña a la gente para convencerla al grado que es difícil sacarla del engaño y que se den cuenta del daño ambiental y social que tendrán si se construye ese parque solar en la superficie arrendada.

De acuerdo a la reseña del Diario, instituciones como la Procuraduría Agraria, la Seduma, la Comisión de Derechos Humanos y defensoras de los derechos indígenas están del lado de los empresarios porque son omisos en sus funciones y con mala intención permiten y aprueban los permisos para la construcción del megaparque solar.

Los documentalistas dijeron que los ejidatarios que rechazan por ahora la construcción del megaparque solar no se oponen al proyecto, solo quieren una reubicación de una parte de la infraestructura porque así como se piensa construir, los paneles solares “casi estarán a las puertas de sus casas”. Es decir, los paneles solares estarán a unos 100 metros de las viviendas del pueblo.

El cortometraje “Secos”, fue financiado por el Consejo Británico, Newton Fund y Roflims, costó unos 3,800 USD$ y se exhibirá en comunidades mayas, relata la producción. Los protagonistas son dos ejidatarios llamados Alfonso y Aurelio, uno que está a favor y otro en contra, y el doctor Llanes Salazar.

El filme profundiza la nota del periódico escrita por el reportero Joaquín Chan, se realizó en Yucatán entre 2017 y 2018, con locaciones en Mérida y en las inmediaciones de la comunidad de San José Tipceh.

La granja solar la pretende construir la empresa Vega Solar y sería, según dijo en una entrevista el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, la planta solar más grande de América Latina. Abarcará una extensión de 750 hectáreas, producirá 500 megawats de energía renovable y se invertirá 727 millones de pesos.

En torno al tema, Vega Solar envía un comunicado en el que precisa que es una empresa reconocida públicamente por su conducta y valores constructivos. Actualmente, desarrolla los proyectos fotovoltaicos Ticul A y Ticul B en el que está comprometida con su desarrollo a largo plazo mediante una fuente de energía renovable, segura y confiable.

Desde que los proyectos fueron adjudicados en subasta pública del Cenace, la máxima prioridad de Vega Solar ha sido la relación con los integrantes de las comunidades aledañas a los mismos.

En más de dos años, esta relación se ha construido y fortalecido con base en el respeto de sus derechos humanos, transparencia, pertinencia cultural y entendimiento mutuo, lo que ha permitido a la empresa establecerse como buen vecino. Atendiendo estas premisas, la empresa ha provisto a las comunidades de la información correspondiente a los proyectos y su desarrollo, tanto en mesas de trabajo como en las sesiones dentro del marco de la Consulta Previa, Libre e Informada.

Asimismo, el parque y su tecnología son totalmente respetuosos con la temperatura y condiciones ambientales, tal y como se ha mostrado a la comunidad con evidencias científicas. Igualmente, cabe señalar, como también se ha informado, que los paneles del parque estarán a más de 330 metros de las zonas habitadas por las comunidades.

Por tanto —añade—, rechazamos cualquier tipo de insinuación relativa a la incitación o realización de comportamientos que se contraponen a los valores de Vega Solar y su interés en constituir una relación sana y duradera con las comunidades.

Consultado sobre la postura de la comunidad Romel González, confirmó las diferencias con Zósimo, quien se encuentra al servicio de la empresa.

Incluso, a decir de Romel, se cuenta con un audio donde Zósimo en conversación con Rodolfo Salazar de la Sener y Melquisedec Juárez González se ponen de acuerdo para aprobar el protocolo con o sin el consentimiento de los pobladores de San José e identifican a opositores al megaproyecto en territorio maya.

---
*Genaro Bautista es integrante de la Agencia Internacional de Prensa India (AIPIN).

Fuente: Servindi.org

miércoles, 19 de septiembre de 2018

El conflicto de Chevron con los indígenas ecuatorianos.


por Pablo Fajardo Mendoza , abogado de la Udapt, Attac Madrid 
sep192018

Se ha generado una nueva situación de profunda impunidad para las transnacionales, con el paradigmático caso de Chevron en Ecuador. Chevron ha ganado un laudo arbitral, dictado Tribunal Arbitral Internacional. La resolución estipula que el país violó un artículo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos (firmado en 1997, mientras que Texaco dejó el país en 1992! y denunciado por Ecuador en 2017), por tanto, deberá pagar una indemnización, aún no fijada, a Chevron. La sentencia del Tribunal Arbitral se refiere a la condena de la justicia ecuatoriana a Chevron, a pagar 9.500 millones de dólares a Ecuador por la destrucción de la Amazonía, el histórico juicio que como saben fue el resultado de la lucha de las comunidades afectadas, agrupadas en la UDAPT. 

Esta es la carta del abogado de la UDAPT, exponiendo la situación:

“ Compañeros y compañeras. Como muchos de ustedes saben el caso Chevron está en un momento crítico, sino actuamos rápidamente y con firmeza, matan al caso y luego vendrá contra nosotros. Al parecer el plan es acabar con el caso y con quienes estamos al frente de ésta gran batalla.

Para una mejor ilustración de todos ustedes, les informo. En noviembre de 1993, un grupo de ciudadanos, en forma colectiva iniciamos nuestra demanda en contra de Texaco[1], por todo el daño causado en nuestra Amazonía. Esta acción la iniciamos en los Estados Unidos del Norte de América, bajo la figura de Acción de Clase. Chevron pidió que el caso se ventile en el Ecuador, luego de 9 años de batalla, la petrolera estuvo éxito, el caso fue enviado a Ecuador, tal como Chevron lo pidió. En el año 2003, ya en el Ecuador, bajo la figura jurídica de Acción Popular, iniciamos la acción jurídica. En el 2011, luego de haber probado el crimen de Chevron, de demostrar el daño a la naturaleza, a la vida, a la cultura de los pueblos, luego de acumular más de 215.000 fojas de prueba contundente y fuerte contra Chevron, el Juez de Sucumbíos encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar 9.500 millones de dólares para reparar el daño causado en la Amazonía. Se apeló esa sentencia, en enero del 2012, la Corte de apelaciones de Sucumbíos, ratificó la sentencia.

Chevron recurrió a la Corte Nacional de Justicia, en noviembre del 2013, los jueces de dicha Corte, también ratifican la condena contra Chevron. Como último recurso, Chevron recurrió ante la Corte Constitucional, argumentando que sus derechos habían sido violados en el proceso. Los 9 jueces de la Corte Constitucional, analizan el caso y no encuentran ningún solo hecho que anule la sentencia. El pasado 10 de julio del 2018, ratificaron la sentencia contra Chevron. Este era el último recurso que existía. Los afectados agrupados en la UDAPT ganamos el caso en forma definitiva en las cortes del Ecuador, en la Corte que Chevron escogió. Los jueces en los distintos fallos judiciales fueron explicando la forma como Chevron destruyó la Amazonía, como se ha cegado la vida de más de 2.000 personas que han muerto como excesos de casos de cáncer. El mayor caso de lucha por los Derechos Humanos en Ecuador, abría una esperanza para los pueblos del mundo que luchan contra los crímenes corporativos.

Pero paralelamente al caso judicial, Chevron implementó varias acciones contra los demandantes y contra el Estado Ecuatoriano. Por una parte acciones de comunicación para desprestigiar al Estado, lobbie para afectarlo económicamente, y además planteó tres arbitrajes internacionales. Por otra parte inició una serie de acciones judiciales en contra de los líderes que estamos defendiendo y luchando junto a los pueblos que han sido agredidos por las operaciones de Chevron. En el caso nuestro, las acciones han sido y son; acciones judiciales, de difamación, presión económica, amenazas, persecución, espionaje, etc. etc.

El Estado hizo lo adecuado para defenderse ante los sistemas de arbitraje, tanto así que a Chevron le tocó reiniciar por dos veces la demanda. La acusación principal de Chevron es que en el proceso la petrolera no pudo defenderse adecuadamente, que existió fraude, que los demandantes pagaron 500.000 dólares a un juez, es decir, que existió denegación de justicia y fraude.

La Procuraduría demostró que eso no es verdad, incluso logró que los árbitros vengan a la zona afectada. Logró que el testigo principal de Chevron sobre el supuesto fraude, confiese que él mintió porque Chevron le pagaba. Sin embargo el pasado 7 de septiembre del 2018, se hizo público el laudo arbitral favorable a Chevron y contrario al Estado ecuatoriano. Lo que demuestra, que el problema no es la calidad técnica de la defensa, el problema es el sistema de arbitraje que entra a auxiliar a las transnacionales cuando un sistema de justicia los acorrala, sin importar los Derechos Humanos que ha violado la Transnacional. Y para demostrar la fortaleza del mismo, no le importa si se basa o no en la ley, lo que importa es como se salva a una Transnacional de la justicia.

En el laudo arbitral los árbitros disponen entre otras cosas al Ecuador: a. Que el Gobierno del Ecuador, anule la sentencia, que legalmente hemos logrado los demandantes contra Chevron. B. Que el Estado ecuatoriano impida a lo demandantes de Lago Agrio poder ejecutar la sentencia fuera del Ecuador. Adicionalmente el panel de árbitros expresa que el Ecuador deberá reparar y pagar una sanción económica para reparar el daño que se le ha causado a Chevron. Estas disposiciones son totalmente ilegales, al margen de la ley. Ordenan al Estado ecuatoriano a violar su propia Constitución de la Republica. Ordenan al Estado a violar los más elementales derechos humanos y Constitucionales de más de 30.000 indígenas y campesinos. En resumen, es un laudo ilegal y al margen de la ley y atenta gravemente contra la seguridad jurídica del Ecuador.

Para la UDAPT, lo más grave además del laudo es la posición del Gobierno Ecuatoriano, quien sin ningún argumento ha expresado su voluntad de acatar el laudo arbitral. Es decir el Gobierno del Ecuador está dispuesto a violar el marco jurídico del Ecuador y a unirse a Chevron para acabar con la batalla de la UDAPT que ya acumula 25 años.

Como vemos, la lucha nuestra es una lucha por los derechos humanos y ambientales de más de 30.000 personas de 6 pueblos indígenas y campesinos. Hemos luchado para que se repare la Amazonía ecuatoriana. Para que Chevron pague por su crimen. Hemos llevado esa lucha con altura y la hemos ganado en las Cortes del Ecuador. Está pendiente la acción de homologación de sentencia que se ventila fuera del Ecuador. Uno de esos Estados es Canadá.

Pero en Canadá también encontramos obstáculos. En ese caso, lo más grave que existe es la división del patrimonio de Chevron. Para la petrolera, los viene que existen en Canada, pertenecen a Chevron Canada, y esa es una empresa autónoma e independiente de Chevron Corporation. Esto no es real, en el juicio hemos demostrado como la empresa Chevron Canada está sometida, económica, legal y operativamente a Chevron Corporation.

Hemos demostrado que no existe tal división de patrimonio, que es uno solo. Sin embargo los jueces canadienses, en segunda instancia, han aceptado el argumento de Chevron, es más, para poder apelar a la Corte Suprema de Canada, nos han ordenado que para poder tener derecho a recurrir ante la Corte Suprema, debemos cancelar la suma de 350.000 dólares canadienses. Noten ustedes, nuestra lucha es por el bien común, es por la vida, es por la Amazonía. No es una lucha por dinero para particulares. Es más los pueblos indígenas no disponen de dinero, pese a eso la justicia Canadiense, nos ordena que paguemos para seguir soñando con la justicia.

Como se puede apreciar, el sistema invisible, abstracto, pero que sirve a las Empresas Transnacionales para evadir la justicia, para lograr impunidad, para atacar a sus víctimas y convertirlas en victimarios. No es el sistema de justicia, que queremos, pero es el que tenemos y el que debemos cambiar.

Como UDAPT seguimos batallando, seguimos luchando por el acceso a la justicia. En el supuesto caso que el Estado ecuatoriano nos obstaculice el acceso a la justicia, nos persiga y encarcele para neutralizarnos, con todos esos riesgos vamos a seguir luchando, por el acceso a las justicia y por la reparación. No podemos dejar que nuestra Amazonia, que nuestras comunidades indígenas y campesinas sigan siendo víctimas del crimen corporativo, ahora con la complicidad del Estado.

Ante esta realidad compañeros, necesitamos fortalecer mucho más la campaña global, necesitamos que los medios de comunicación nos den espacio, que podamos llegar todos los niveles de la sociedad con la información. Necesitamos vuestro apoyo para seguir luchando, necesitamos hacer fuerza común, para impedir que el mayor caso de lucha por los Derechos Humanos, no tenga éxito, para juntos lograr que el crimen de Chevron no quede impune.

Cordialmente

Pablo Fajardo Mendoza, ABOGADO DE LA UDAPT.

[1] En el año 2001, Texaco fue absorbida por Chevron, por lo tanto desde allí en adelante hablamos de Chevron Corporation.

martes, 8 de mayo de 2018

Conocimiento ancestral indígena contra el cambio climático.

Fuente de la imagen: DW

La agrupación de pueblos indígenas latinoamericanos presentó en Bonn su propuesta sobre cómo debe ser la plataforma que aglutinará las buenas prácticas de la sabiduría ancestral indígena contra el cambio climático.

Por Judit Alonso

DW, 6 de mayo, 2018.- Al igual que sucedió en la pasada cumbre del clima (COP23), los pueblos indígenas tuvieron un papel destacado en el segundo día de las negociaciones climáticas que empezaron este lunes 30 de abril y que se terminarán el próximo 10 de mayo en la ciudad alemana de Bonn.

Diversos representantes tanto de países como de pueblos indígenas se reunieron en un diálogo multisectorial para trabajar sobre la plataforma de conocimiento del pueblo indígena que debe estar finalizada en el momento que se implemente el Acuerdo de París, en 2020.

Esta iniciativa, que se enmarca en el reconocimiento del aporte de estos pueblos e incluye este tratado internacional, pretende recopilar e intercambiar experiencias sobre las mejores prácticas que los pueblos indígenas y las comunidades locales están llevando a cabo a nivel mundial para luchar contra el cambio climático con sus conocimientos ancestrales.

Además de llevar a cabo esta actividad a través de talleres, grupos de expertos y sesiones de trabajo en varios lugares del mundo, la plataforma también persigue fomentar el desarrollo de capacidades del colectivo e incidir a nivel de políticas públicas. No obstante, a diferencia de las otras regiones, América Latina presentó una propuesta propia durante el evento que se llevó a cabo el pasado martes 1 de mayo.

Johnson Cerda, miembro del Foro Indígena de Abya Yala que agrupa a las redes de las organizaciones indígenas más representativas de la región, fue el encargado de dar a conocer los distintos puntos de la propuesta latinoamericana.

"Tendríamos que construir un sistema de indicadores indígenas de éxito sobre cambio climático en adaptación y mitigación. El intercambio se realizaría por ecosistemas Amazónico (bosque húmedo tropical), Andino (altas montañas), Marino Costero y zonas de Cerrado (sabanas)", puntualizó.

La iniciativa plantea la creación de un grupo facilitador compuesto por 7 líderes de pueblos indígenas y 7 representantes de países "que apoyarían la planificación de las actividades del grupo de trabajo de expertos, y los talleres de capacitación que analizarían en profundidad las conexiones de los conocimientos indígenas con los elementos del Acuerdo de Paris".

Asimismo, "habría un proceso nacional que permita seleccionar los mejores ejemplos en los temas vinculados con adaptación y mitigación al cambio climático", dijo. 

Igualmente, el proyecto latinoamericano también aboga por la creación de plataformas nacionales ya que "sería difícil que todos los poseedores de los conocimientos ancestrales participen en eventos globales".

"Si logramos tener algunas buenas prácticas en cada ecosistema, replicado e incluido dentro de los planes nacionales, podríamos generar cambios positivos. Nuestra preocupación es que solo se realicen eventos a nivel global que no fortalecen nuestras prácticas a nivel nacional”, subrayó en entrevista con DW.
De la teoría a la práctica

No obstante, tanto Costa Rica como Bolivia cuentan ya con estas herramientas. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, entidad creada para la gestión del cambio climático, junto con los representantes de las 36 naciones indígenas en la Asamblea Legislativa de Bolivia, lanzó el pasado 1 de noviembre una Plataforma de Naciones Indígenas Originarias de lucha contra el Cambio Climático.

Al igual que la plataforma mundial, su objetivo es generar un espacio de intercambio de prácticas ancestrales y recuperar estos conocimientos para enfrentar el cambio climático.

En el caso boliviano se pretende, además, desarrollar acciones para la resiliencia al cambio climático desde la gestión territorial, la agricultura campesina y agricultura familiar comunitaria, así como la gestión integral y sustentable del bosques.


Representantes de México, Costa Rica, Bolivia y Colombia, entre otros, realizaron diversos aportes a la sesión de trabajo de la plataforma de conocimiento indígena. Fuente de la imagen: DW

"Los saberes de los pueblos indígenas son vitales para definir estrategias de adaptación, sobretodo en el diseño de sistemas de prevención de riesgos y de alerta temprana", aseguró a DW, Elvira Gutiérrez, Directora de Adaptación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra poniendo como ejemplo los bioindicadores de manejo climático.

"Hay plantas y aves que avisan si va a ser un año de lluvias", recordó. Por este motivo, resaltó la eficiencia de la plataforma, que también pretende desarrollar capacidades en base a cosmovisiones, así como crear leyes nacionales y departamentales de cambio climático "basadas en esas experiencias".

Teniendo en cuenta la experiencia práctica de Bolivia y continuar con el trabajo pendiente de la plataforma mundial, Gutiérrez anunció que el país acogerá el próximo mes de octubre un encuentro "para profundizar el diálogo" iniciado en Bonn.

De este modo, los participantes podrán conocer de primera mano algunos de los trabajos que se están llevando a cabo como la elaboración de un catálogo de especies resistentes al cambio climático, así como la "traducción de las 36 lenguas indígenas del conocimiento pertinente en su contexto local".
----
Fuente: Deutsche Welle (DW), emisora internacional de Alemania y productora de periodismo independiente en 30 idiomas: http://amp.dw.com/es/conocimiento-ancestral-ind%C3%ADgena-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico-desde-am%C3%A9rica-latina/a-43673214

martes, 20 de febrero de 2018

ONU denuncia desplazamiento forzado de indígenas y campesinos.

FOTO: CoIprensa

Hasta la fecha, por lo menos 822 personas, entre ellas 461 adultos y 361 niños/as y adolescentes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio antioqueño de Cáceres, fueron víctimas del desplazamiento forzado.

Así lo dieron a conocer la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Agencia de la ONU para los Refugiados(ACNUR).

De acuerdo a un comunicado emitido por dichos organismos, al 19 de febrero de 2018, los hechos reiterados de desplazamiento afectan a las comunidades de Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.

Además, las organizaciones expresaron su preocupación por el incremento de homicidios en el Bajo Cauca que, entre el 1 de enero al 14 de febrero, la cifra oficial del presente año, superó en más del 255 por ciento al año anterior en el mismo periodo.

Entre las violaciones de derechos humanos identificadas por las organizaciones se encuentran las amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles.

Asimismo, denunciaron las violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, así como afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio.
Medidas insuficientes

También recordaron que la situación de riesgo de las comunidades del Bajo Cauca fueron advertidas por la Defensoría del Pueblo en enero último, pero la situación continúa empeorando.

“Reconocemos el esfuerzo que la institucionalidad ha realizado hasta la fecha para responder a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. No obstante, observamos que la situación continúa empeorando”, advierte el comunicado.

En tal sentido, ONU Derechos Humanos y ACNUR piden al Estado colombiano evaluar la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, ya que las medidas adoptadas hasta hoy no son suficientes para prevenir nuevos hechos de violencia.

De igual modo, piden garantizar que “los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana”.

Por ello, las organizaciones recomiendan que las próximas estrategias incluyan análisis de factores como la corrupción, la pobreza, la falta de participación política y la falta de acceso a servicios básicos en la zona, las mismas deben garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Fuente: Servindi

sábado, 25 de noviembre de 2017

Indígenas Rapa Nui administrarán Parque Nacional en Isla de Pascua.

Imagen: Segundo Enfoque
Por Elaine Marrero
Segundo Enfoque, 24 de noviembre, 2017.- 
Luego de un periodo de coadmninistración considerado como exitoso, el gobierno de Chile otorgó este jueves  a la comunidad nativa Ma’u Henua, en Isla de Pascua, la administración del parque nacional Rapa nui.
En una ceremonia encabezada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se realizó la entrega de responsabilidades del espacio natural a los representantes de la población aborigen.
“Hoy es un gran día para Rapa Nui, porque estamos potenciando las herramientas de manejo de los asuntos de la isla en las manos del propio pueblo Rapanui”, expresó Bachelet.

"Vine a Isla de Pascua a cumplir mi palabra con el pueblo rapa nui, traspasándole en concesión por 50 años la administración del Parque Nacional. Son ellos, a través de la comunidad Ma’u Henua, los mejores garantes de la adecuada conservación de su patrimonio cultural y natural", dijo Bachelet.

La comunidad nativa solicitó la administración

En octubre de 2015 se inició formalmente la solicitud de traspaso de la administración del parque nacional al pueblo Rapa Nui.  Una consulta realizada a la comunidad indígena arrojó que la mayoría de la población solicitó la completa administración.
“Firmamos un decreto que entrega en concesión el parque por un periodo de 50 años. Es el paso siguiente después de la experiencia de coadministración que se desarrolla desde el año pasado con muy buenos resultados”, comentó la jefe de Estado chilena.
Felicitó a la población originaria por el aumento de la recaudación y el avance en proyectos muy importantes de restauración arqueológica.
Se estima que luego de este acuerdo se destinen más recursos al aumento del personal que labora en el espacio natural.
También se plantea la realización de proyectos y obras de ampliación y restauración del parque. Estas serán cubiertas con las ganancias  del parque.

Nuevas obras para Rapa Nui

La mandataria chilena en compañía del canciller, Heraldo Muñoz, y otros tres ministros anunció la construcción de un nuevo aeropuerto para Rapa Nui, que se instalará en la zona de Orito
Informó que el nuevo terminal aéreo será de 8500 m2, para así adecuarlo al avión B-787 que actualmente opera en la isla situada a 3.750 kilómetros al oeste de Santiago, en medio del océano Pacífico.
Bachelet también informó acerca de un proyecto de ley para regular la residencia, permanencia y circulación de personas en la isla. Además anunció la creación del Área Marina Protegida de Rapa Nui, con más de 700.000 kilómetros cuadrados de extensión, los cuales se suman a los 20.000 kilómetros cuadrados ya protegidos.
----
Fuente: Segundo Enfoque: http://segundoenfoque.com/comunidad-indigena-administrara-parque-nacional-en-chile-2017-11-24

Fuente: Servindi

jueves, 23 de noviembre de 2017

Argentina: El genocidio indígena, eje de una jornada pública.

“Juntos por la tierra, ajena”, acrílico de Ulises González
Por Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina
¿Cuáles son los intereses que están detrás de la nueva avanzada contra los pueblos originarios? ¿Por qué nuestro país se construyó a partir de un genocidio indígena? ¿Cuáles fueron y son las prácticas genocidas desde el Estado Nacional? ¿Cómo se siguen expresando esas prácticas en la actualidad? ¿Y cuáles son las posibilidades de reparación histórica?
Esos serán algunos de los disparadores de la “Jornada Genocidio Indígena en Argentina. De la violencia colonial a la criminalización actual”, que se realizará el jueves 23 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de expositores y expositoras de distintos puntos del país provenientes del ámbito académico, de organizaciones de militancia indígena y de otros colectivos sociales.
Una invitación a reflexionar sobre la relación Estado Argentino-Pueblos Originarios, desde los inicios de la violencia colonial a la actual criminalización de las comunidades. Habrá paneles de exposición, espacios de intercambio y una muestra artística. Será el jueves próximo (23 de noviembre) en el Centro Cultural Paco Urondo de Buenos Aires.
La actividad –en la que se entregarán certificados de asistencia- es libre, gratuita y no requiere inscripción previa, pero está sujeta a la capacidad de la sala. Se desarrollará desde las 9 hasta las 17.30 en Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en 25 de Mayo 201, CABA.
La idea es compartir las nuevas líneas de investigación en torno al concepto de “genocidio indígena” y también debatir -en un encuentro abierto al público- cuestiones relacionadas a las formas de violencia estatal, las fronteras, los territorios, las memorias, las represiones, las resistencias, los medios de comunicación, las reparaciones, los desafíos y las propuestas a futuro. Entre otras, estarán presentes las universidades nacionales de Buenos Aires, del Comahue, del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro.
El encuentro es organizado por la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, una organización que reúne el trabajo de profesionales de distintas disciplinas sociales y artísticas -Antropología, Historia, Sociología, Educación, Comunicación, Cine, etc- con el objetivo de fundamentar científicamente el uso del concepto de “Genocidio” para explicar los procesos de consolidación y avance estatal de fines del siglo XIX en la naciente República Argentina y cómo operan en la actualidad.


Entre otros, expondrán Diana Lenton, Walter Delrio, Alexis Papazian, Valeria Mapelman, Luciana Mignoli, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Pilar Pérez, Adrián Moyano, Lorena Cañuqueo, Darío Aranda, Noolé Cipriana Palomo, Enrique Mases, Carina Lucaioli, Lorena Barbuto, Sara Ortelli, Luciano Literas y Lorena Rodríguez.
Asimismo, los artistas Marcelo Bronstein, Gustavo Larsen, Ulises González, Cristina Piffer y Hugo Vidal expondrán al trabajo de hacer visible el genocidio indígena desde el arte, ya que sus obras abordan masacres indígenas, procesos históricos de sometimiento y formas actuales de intervención en el espacio público, entre otros aspectos. Por último, el payador Wilson Saliwonczyk ofrecerá un breve cierre musical donde promete improvisar desde las Campañas al Desierto, pasando por las masacres de Napalpí y Rincón Bomba, hasta el contexto actual.

¿Qué es la Red?

Desde 2004, la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina trabaja en  articular los esfuerzos de profesionales de diferentes disciplinas y diversos puntos del país, interesados en profundizar sobre el concepto de Genocidio aplicado al proceso que afectó y afecta a los pueblos indígenas preexistentes a la conformación del Estado argentino.
La organización nace a partir de la iniciativa conjunta de la antropóloga Diana Lenton y el historiador Walter Delrio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA –donde tiene su sede- y hoy está compuesta por investigadores/as de disciplinas sociales y artísticas e integrantes de organizaciones indígenas que desarrollan sus tareas en distintos puntos del país buscando tener participación en diversos espacios, territorios y luchas.
La Red nació con el objetivo aportar pruebas concretas y documentadas que dieran argumento sólido a la práctica genocida llevada adelante por el Estado y el posterior proceso de invisibilización de identidades indígenas en todo el país.
En 2010, publicó el libro “Historia de la Crueldad Argentina. Julio Argentino Roca y el genocidio de los pueblos originarios”, coordinado por Osvaldo Bayer y editado por El Tugurio. Ese trabajo colectivo de divulgación -reeditado en 2012 y 2013- explica cómo se dieron las prácticas genocidas en diversos escenarios y sus consecuencias posteriores. Además ha producido diversos artículos académicos, notas periodísticas y piezas audiovisuales, así como también tiene una activa participación acciones para acompañar a comunidades en demandas por desalojos, crímenes de lesa humanidad, etc.
En pocos días, se publicará en Bariloche el segundo libro de la Red “En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del estado argentino sobre los pueblos originarios (1870-1950)” (Editorial UNRN) en el cual se profundizan algunos conceptos y se siguen generando argumentos ante los discursos hegemónicos que persisten en situar las conquistas como gestas civilizadoras.

Foto: Pressenza
----
Fuente: pressenza: goo.gl/qfWjXg

martes, 21 de noviembre de 2017

Lanzan portal sobre los pueblos originarios de Chile.



La iniciativa se lanzó con el objetivo de brindar información calificada sobre las prácticas culturales de los pueblos ancestrales que habitan en Chile.

Servindi, 20 de noviembre, 2017.- El proyecto “Leyendo en la Web a los Pueblos Originarios” tiene el objetivo de promover estrategias de desarrollo lector sobre el reconocimiento de las culturas originarias de Chile, destacando información y difusión de sus prácticas culturales.

El portal es trabajado por un equipo multidisciplinario de profesionales, quienes intentan fortalecer los lazos de la cultura tradicional indígena a través de material audiovisual, animaciones y contenidos escritos.

En este año, se ha fijado como meta dar continuidad a la actualización y profundización de material enfocados en los pueblos originarios de las regiones de la Araucanía, Atacama, Los Ríos, Magallanes y Antártica Chilena y Metropolitana de Santiago.

Esta iniciativa pretende poner al alcance a los lectores, desde estudiantes a público en general, información calificada sobre las tradiciones y mundo espiritual de los pueblos ancestrales que habitan en el país.

Vale mencionar que el proyecto es apoyado por la Comunidad Ser Indígena. Usted puede apreciar el portal a través del siguiente enlace: http://serindigena.org/index.php/es/biblioteca/videos.

Fuente: Servindi

sábado, 18 de noviembre de 2017

Lanzan micrositio sobre mujeres indígenas y sus derechos humanos.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanza hoy un nuevo sitio interactivo sobre las mujeres indígenas y sus derechos humanos en América, basado en el informe temático recientemente publicado.

El micrositio difunde los conceptos clave del informe publicado con el apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) de manera ágil e interactiva.

Aborda los principios rectores que deben guiar la acción de los Estados en sus prácticas y políticas en materia de mujeres indígenas, la violencia que esta población enfrenta en distintos contextos, las barreras que encuentra para acceder a la justicia y a sus derechos económicos, sociales y culturales, entre otros aspectos.

Además, resume las recomendaciones de la CIDH dirigidas a los Estados para ayudarlos a garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas. Este micrositio está disponible en idioma español. Visítelo aquí.

Visite el micrositio multimedia con un clic en el siguiente enlace:




Para dirigirse a la CIDH la dirección de correo postal es: 

CIDH
Sede / Headquarters
1889 F Street NW
Washington, D.C. 20006

lunes, 6 de noviembre de 2017

Más de la mitad de los territorios indígenas en Brasil aún aguarda demarcación.

Protesta de pueblos indígenas en Brasília, capital de Brasil / Tiago Miotto/Cimi

El Informe anual del CIMI muestra que en 2016 hubo un incremento del discurso de odio contra los pueblos indígenas.

Por Rute Pina

3 de noviembre, 2017.- La demarcación de los territorios indígenas en Brasil es muy lenta. En total, 64,5% de los territorios aún esperan el (resultado) de los procesos. Son 836 procesos de 1.296 áreas indígenas que tienen alguna pendencia y todavía no fueron finalizados.

Los datos fueron presentados por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) que publicó este jueves (5) en Brasília, en el Distrito Federal, el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil - Datos 2016.

No hubo providencias administrativas por parte de los órganos del Estado brasileño para un 63,3 % de las que esperan por la demarcación, un total de 530 tierras.

Amazonas es el estado que lidera el número de territorios en esta situación, con 199. A continuación, aparecen los siguientes estados brasileños: Mato Grosso do Sul (74), Rio Grande do Sul (37), Pará (29) y Rondônia (24). Solo 401 territorios indígenas fueron registradas por la Unión, lo que representa un 30,9%.

Golpe

El coordinador de la Regional Sur del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Roberto Liebgott, considera el 2016 como un momento de transición, del paso del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), definido como "omiso y negligente" en relación a los derechos de los indígenas, al gobierno golpista de Michel Temer, un gobierno "ostensiblemente anti indígena".

En vísperas de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) en mayo de 2016 los movimientos populares realizaron manifestaciones para reivindicar la regularización de territorios indígenas y de pueblos ancestrales, como los de los quilombolas [comunidades rurales ancestrales que agrupan afrodescendientes]. Según el informe, la presión de los movimientos resultó en: la identificación de nueve territorios indígenas, la declaración de diez por el Ministerio de Justicia y la homologación de tres.

Aún así, durante el gobierno de Rousseff hubo la menor media anual (5,25) de homologaciones de territorios indígenas realizadas por presidentes de la República desde el fin de la dictadura militar.

Tras el inicio del gobierno del presidente golpista Michel Temer, hubo casi una paralización total de los procedimientos de demarcación de territorios indígenas y de la titulación de tierras quilombolas. Hasta el fin de 2016, solo tres territorios indígenas fueron identificados por la Fundación Nacional del Indio (Funai).

"El gobierno Temer se basa en los intereses de los diputados de la bancada ruralista [como es conocido el Frente Parlamentario Agropecuario] y de los sectores mineros. En este periodo hubo una ofensiva muy fuerte contra los territorios indígenas, especialmente con invasiones y depredaciones en esas áreas".
Reducción

Con Temer en el poder, los sectores anti indígenas también se articularon en el gobierno y pasaron a actuar para impedir el trabajo de los órganos de gobierno responsables por la ejecución de acciones y servicios junto a las comunidades indígenas.

Para Liebgott, la articulación de la Comisión Parlamentaria de Averiguación (CPI por sus siglas en portugués) de la Funai expresa el incremento en el discurso de odio contra los pueblos indígenas. "Percibimos que en este periodo hubo una articulación del discurso de criminalización y destrucción de los derechos que ya estaban consolidados".

El presupuesto de la Funai aprobado para el 2017 fue el menos de los últimos diez años. La aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) número 241 de 2016 empeora aún más la situación: el presupuesto de la Funai quedará estancado en un punto extremadamente bajo por los próximos 20 años.
Marco Temporal

En el evento de lanzamiento del informe, la indígena Irani Barbosa dos Santos Macuxi, del Territorio Indígena Raposa Serra do Sol, localizado en el estado de Roraima, región Norte de Brasil, defendió la demarcación de "cada centímetro"de los territorios indígenas.

Ella se posicionó en contra del llamado "marco temporal", otro tema preocupante presentado en el informe. La tesis jurídica del marco temporal, que surgió en la disputa en torno a la demarcación del territorio de Raposa Serra do Sol, considera que las comunidades indígenas sólo tienen derecho a sus territorios en el caso de que estuvieran en posesión de ellos a la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988. El tema aún depende del debate en el Supremo Tribunal Federal (STF).

"¿A quién le interesa el marco temporal? El marco temporal solo interesa a los grandes latifundios, a los garimpeiros. Para nosotros representa una destrucción de la vida. El marco temporal viene con el derramamiento de sangre de nuestro pueblo", criticó.
Conflictos

El informe anual publicado por el CIMI muestra además que la situación de violaciones y violencia contra los pueblos indígenas se agravó el año pasado. Fueron registradas 12 denuncias de violaciones de derechos territoriales.

En Mato Grosso do Sul, el estado con más denuncias (un total de siete denuncias), fueron registrados ataques a las comunidades indígenas de las tierras Kurusu Ambá, Dourados Amambaipeguá e Guaiviry, de los pueblos Guarani-Kaiowá. Líderes de Kurusu Ambá denunciaron por lo menos dos ataques.

Se puede acceder el informe completo en el site del CIMI (en portugués).

---
Edición: Simone Freire | Traducción: Luiza Mançano
----

Fuente: Servindi