Evo Morales expropia la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia.

El presidente boliviano, que ha ordenado al Ejército custodiar las instalaciones de Transportadora de Electricidad, dedica la nacionalización "a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales"

Público.es

El presidente boliviano, Evo Morales, dispuso hoy la expropiación las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa transportadora de energía en Bolivia y ordenó a las Fuerzas Armadas custodiar las instalaciones de la firma.

"Hoy día nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad" (TDE), dijo Morales en un acto del Día del Trabajo en el Palacio de Gobierno de La Paz.

El mandatario hizo el anuncio de la expropiación de la TDE pocas horas antes de inaugurar con el presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, la segunda planta procesadora de gas del campo Margarita, en el sur de Bolivia, lo que permitirá aumentar las exportaciones a Argentina.

El decreto aprobado hoy establece la "nacionalización" de "la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario que posee la sociedad Red Eléctrica Internacional-SAU", filial de REE, e instruye su registro a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), estatal.

Morales justificó la expropiación asegurando que "esa empresa internacional española en 16 años apenas ha invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de cinco millones al año", que consideró insuficiente.

Tras leer el decreto, el gobernante pidió al comandante de las Fuerzas Armadas, general Tito Gandarillas, "hacer la toma correspondiente de las instancias de administración y operación de la TDE". "Es obligación de las Fuerzas Armadas recuperar la electricidad para el pueblo boliviano", agregó.

La eléctrica española adquirió el 99,94 % de las acciones de la TDE en 2002, mientras que el 0,06 % restante está en manos de los trabajadores de la firma boliviana. La TDE es propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano de electricidad, que atiende el 85 % del mercado nacional y posee el 73 % de las líneas de transmisión en Bolivia.

Morales expropió en 2010 las acciones de cuatro empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Rurelec, que inició un arbitraje a Bolivia en la Corte de La Haya por esa medida. Además de las eléctricas, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.

Foto de archivo de Evo Morales, presidente de Bolivia,
que ha expropiado la filial de Red Eléctrica Española. EFE

El "grave precedente" de YPF

El anuncio se produce dos semanas después de la expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino, que tomó el 51% de las acciones de la filial de Repsol. La compañía petrolera acusó entonces a la presidenta del país suramericano, Cristina Fernández, de usar la nacionalización como cortina de humo para desviar la atención de la crisis económica de Argentina. Antonio Brufau, su máximo responsable, aseguró que tomarían "todas las medidas legales a su alcance" y que la nacionalización no quedaría "impune". 

El Ejecutivo español también advirtió de que la decisión sentaba un "grave precedente" en América Latina, pues podría "empañar" sus relaciones comerciales con el resto del mundo. "Lo que ayer le ha pasado a una empresa española alguien puede pensar que puede pasarle mañana a cualquier otra empresa", dijo un día de la expropiación de YPF el presidente español, Mariano Rajoy.

El asunto será debatido mañana en la Cámara de Diputados de Argentina con el objetivo de convertirla en ley el jueves. Las advertencias de Rajoy, como prueba la expropiación de Red Eléctrica Española llevada a cabo ahora por Morales, no han encontrado eco al otro lado del charco.

Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado a Efe que sigue la "evolución del [nuevo] caso" bolivariano y que, según sus "primeras impresiones", esta situación es "muy diferente" a la de YPF.

--o-Ø-o--
  


 --o-Ø-o--

Noticias relacionadas:

Moncloa: "Es un caso muy diferente al de  YPF" 

La toma de control de YPF, en la Cámara Baja argentina
Baño de masas para celebrar la recuperación de YPF
Argentina dice que no teme las "represalias" por nacionalizar YPF
El Banco Mundial tacha de "error" la expropiación de YPF
Rajoy amenaza: lo ocurrido con YPF sienta un "grave precedente"

Argentina "recupera" YPF 

--o-Ø-o--

Fuente: Chacatorex   

imagen

Argentina: ¿Qué hacer con YPF?

Por José Rigane (ACTA) en Argenpress.info, 16 de Abril de 2012.

Llevamos dos décadas de política de privatización de la energía, como parte de una estrategia asentada en la promoción de la iniciativa privada. No agregamos nada al debate si afirmamos que ese rumbo terminó en el fracaso actual.

La sobreexplotación de los pozos concesionados, sin nuevas exploraciones, para exportar nuestros recursos hidrocarburíferos, devino en cuantiosas ganancias remitidas por la transnacional Repsol y otras a su casa matriz, la expansión empresarial a otros países de la región, y la brutal caída de las reservas de petróleo y gas.

En ese camino, el país perdió su capacidad de autoabastecimiento y dilapidó sus reservas de petróleo y gas, para convertirse en importador neto de combustible (gas natural, fueloil y gasoil), nada menos que por US$ 9.300 millones en 2011, el doble que en 2010. Es un tema asociado a la crisis actual del sector externo. ¡Faltan dólares para pagar la deuda externa y las importaciones energéticas! Por eso las restricciones en el mercado de divisas y el cierre de las importaciones necesarias para la producción de insumos y bienes de capital. El resultado de este modelo energético basado en la privatización y extranjerización es la pérdida de soberanía energética para profundizar el atraso.

Podríamos gritar que “ya lo habíamos dicho” y no ganamos mucho, porque nuestra voz fue deliberadamente acallada, y nuestra razón suena a victoria pírrica. Sale la pena denunciar a los privatizadores de la primera hora, que ahora escamotean su responsabilidad. Son parte de los mismos que coincidieron con la estrategia de transferir a las provincias la gestión soberana de los recursos naturales. No olvidemos que ello fue producto de una reforma constitucional sellada con el Pacto de Olivos en 1994. No sólo fueron responsables los Menem y los Cavallo, los neoliberales consumados, y a quien le caiga el sayo que se lo ponga. Son nombres personales e instituciones del régimen constitucional los que definen el dominio de la República, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial.

Ante el fracaso de la privatización corresponde la socialización de YPF y la política energética. La venta de YPF se justificó por la corrupción y la ineficiente gestión, la que favoreció inmensos negocios para las petroleras privadas; al tiempo que la estatal por excelencia fue abanderada del endeudamiento externo que condicionó la política económica en las últimas décadas. No alcanza con volver hacia atrás y “nacionalizar”, mucho menos “argentinizar”, un camino recorrido con las facilidades para ganancia espuria al grupo Eskenazi. Es tiempo de socializar, lo que supone transformar el “Estado bobo” e incorporar a los trabajadores y a la sociedad en la gestión de un programa de soberanía energética, que recupere el patrimonio energético a manos del pueblo encabezado por la recuperación de YPF a la soberanía nacional y popular.

Esa socialización debe operar sin indemnización, sustentado en la cuantiosa remisión de utilidades al exterior en este tiempo y en la depredación realizada en los pozos concesionados. Se trata de transformar la realidad, anulando las concesiones, volviendo la propiedad de los recursos naturales a la nación, y realizando la reforma fiscal necesaria que asegure recursos suficientes a las provincias para su gasto social. Lo que está en juego es el derecho a la energía. Hay que terminar con el ciclo histórico que trató todo como una mercancía.

La educación, la salud, la alimentación, la energía son derechos de la población. No importa quién amenace ni cuánto despotriquen. La región americana vive su tiempo histórico de recuperación de un proyecto emancipador. Es hora de que el país asuma el compromiso de protagonizar esa tarea en defensa de la soberanía y la integración regional, con un modelo donde la energía sea considerada un valor estratégico, tratada como un bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

Fuente: Atrio

imagen