El Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo el 5 de abril de 2001, aprobó una resolución sobre la violencia sexual contra las mujeres y en particular contra religiosas católicas, con 65 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. PE/Ecupres da a conocer el texto completo.
El Parlamento europeo,
-vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea sobre los Derechos Humanos
-vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
-vista su resolución con fecha de 16 de septiembre de 1997 sobre la necesidad de organizar una campaña a nivel de la Unión Europea para la total intransigencia frente a la violencia contra las mujeres,
-vista su resolución con fecha de 10 de marzo de 1999 sobre la violencia contra las mujeres,
-vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres,
A) ratificando la firme condena –por su parte y la de otras instituciones comunitarias– de cualquier forma de violencia contra las mujeres y en particular de los abusos sexuales,
B) seriamente preocupado por el contenido de una declaración aparecida en la revista americana National Catholic Reporter, en la que se señalan numerosos casos de estupro, en al menos 23 países, cometidos por curas a religiosas católicas,
C) considerando que la Santa Sede ha confirmado tener conocimiento de casos de estupro y abusos sexuales contra mujeres, incluso monjas, por parte de curas católicos, dado que desde 1994 se han transmitido al Vaticano al menos cinco informes sobre el tema,
D) considerando que, pese a haber sido pertinentemente informados acerca de estas violaciones de los derechos humanos, los responsables oficiales no han reaccionado como hubieran debido,
E) subrayando que, según estos informes, numerosas religiosas violadas también han sido obligadas a abortar (1), a dimitir y, en algún caso, han sido infectadas por el virus del sida,
F) tomando las declaraciones del portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, quien ha afirmado que “el problema es grave pero geográficamente limitado”, y subrayando que, por el contrario, este fenómeno se halla extendido no sólo en África
G) recordando que el abuso sexual constituye un delito contra la persona humana y que los autores de estos delitos tienen que ser entregados a la justicia,
1. condena toda violación de los derechos de la mujer así como los actos de violencia sexual, en particular contra religiosas católicas, y expresa su solidaridad con las víctimas,
2. pide que los autores de estos delitos sean arrestados y juzgados por un tribunal; pide a las autoridades judiciales de los 23 países citados en el informe que garanticen que se aclaren totalmente en términos jurídicos estos casos de violencia contra las mujeres;
3. pide a la Santa sede que considere seriamente todas las acusaciones de abusos sexuales cometidos dentro de las propias organizaciones, que coopere con las autoridades judiciales y que destituya a los responsables de cualquier cargo oficial;
4. pide a la Santa Sede que reintegre a las religiosas que han sido destituidas de sus cargos por haber llamado la atención de sus autoridades sobre estos abusos, y que proporcione a las víctimas la necesaria protección y compensación por las discriminaciones de las que podrían ser objeto en lo sucesivo;
5. pide que se haga público el contenido integro de los cinco informes citados en el National Catholic Reporter;
6. encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a las autoridades de la Santa Sede, al Consejo de Europa, a la Comisión para los derechos humanos de las Naciones Unidas, a los gobiernos de Botswana, Burundi, Brasil, Colombia, Ghana, India, Irlanda, Italia, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Sudáfrica, Sierra Leona, Uganda, Tanzania, Tonga, Estados Unidos, Zambia, República Democrática del Congo y Zimbawe.+ (PE)
PreNot 8814
100405
FUENTE
El Parlamento europeo,
-vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea sobre los Derechos Humanos
-vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
-vista su resolución con fecha de 16 de septiembre de 1997 sobre la necesidad de organizar una campaña a nivel de la Unión Europea para la total intransigencia frente a la violencia contra las mujeres,
-vista su resolución con fecha de 10 de marzo de 1999 sobre la violencia contra las mujeres,
-vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres,
A) ratificando la firme condena –por su parte y la de otras instituciones comunitarias– de cualquier forma de violencia contra las mujeres y en particular de los abusos sexuales,
B) seriamente preocupado por el contenido de una declaración aparecida en la revista americana National Catholic Reporter, en la que se señalan numerosos casos de estupro, en al menos 23 países, cometidos por curas a religiosas católicas,
C) considerando que la Santa Sede ha confirmado tener conocimiento de casos de estupro y abusos sexuales contra mujeres, incluso monjas, por parte de curas católicos, dado que desde 1994 se han transmitido al Vaticano al menos cinco informes sobre el tema,
D) considerando que, pese a haber sido pertinentemente informados acerca de estas violaciones de los derechos humanos, los responsables oficiales no han reaccionado como hubieran debido,
E) subrayando que, según estos informes, numerosas religiosas violadas también han sido obligadas a abortar (1), a dimitir y, en algún caso, han sido infectadas por el virus del sida,
F) tomando las declaraciones del portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, quien ha afirmado que “el problema es grave pero geográficamente limitado”, y subrayando que, por el contrario, este fenómeno se halla extendido no sólo en África
G) recordando que el abuso sexual constituye un delito contra la persona humana y que los autores de estos delitos tienen que ser entregados a la justicia,
1. condena toda violación de los derechos de la mujer así como los actos de violencia sexual, en particular contra religiosas católicas, y expresa su solidaridad con las víctimas,
2. pide que los autores de estos delitos sean arrestados y juzgados por un tribunal; pide a las autoridades judiciales de los 23 países citados en el informe que garanticen que se aclaren totalmente en términos jurídicos estos casos de violencia contra las mujeres;
3. pide a la Santa sede que considere seriamente todas las acusaciones de abusos sexuales cometidos dentro de las propias organizaciones, que coopere con las autoridades judiciales y que destituya a los responsables de cualquier cargo oficial;
4. pide a la Santa Sede que reintegre a las religiosas que han sido destituidas de sus cargos por haber llamado la atención de sus autoridades sobre estos abusos, y que proporcione a las víctimas la necesaria protección y compensación por las discriminaciones de las que podrían ser objeto en lo sucesivo;
5. pide que se haga público el contenido integro de los cinco informes citados en el National Catholic Reporter;
6. encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a las autoridades de la Santa Sede, al Consejo de Europa, a la Comisión para los derechos humanos de las Naciones Unidas, a los gobiernos de Botswana, Burundi, Brasil, Colombia, Ghana, India, Irlanda, Italia, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Sudáfrica, Sierra Leona, Uganda, Tanzania, Tonga, Estados Unidos, Zambia, República Democrática del Congo y Zimbawe.+ (PE)
PreNot 8814
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