Miles de uruguayos marchan contra el proyecto minero de Aratirí.

Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo y en carros de tracción animal, volvieron a marchar hoy por sexto año consecutivo por el centro de Montevideo contra el proyecto minero de capital indio Aratirí y en defensa del medio ambiente.

Esta marcha fue convocada por varias organizaciones ambientalistas agrupadas en la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, plataforma que lucha desde hace años contra la instalación de Aratirí, una gigantesca mina de mineral de hierro a cielo abierto que se ubicará en el corazón del país, así como contra el desarrollo de proyectos complementarios como un puerto de aguas profundas y una planta regasificadora.

Los manifestantes, de toda edad y condición, corearon gritos contra el proyecto, contra el Gobierno del presidente José Mujica que defiende la iniciativa, y contra la “recolonización” que a su juicio implica la misma.

“Marchamos para evitar que se dé un saqueo de nuestro país. Una multinacional planea penetrar y quedarse con el hierro, depredar el medio ambiente y no dejar ninguna riqueza en el país”, explicó a Efe Rafael Fernández, uno de los manifestantes y candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre próximo.

Fernández indicó que el proyecto Aratirí “no va a desarrollar ni industrializar, sino colonizar” Uruguay y que además “dinamitará una parte grande del territorio, dejará agujeros enormes por ochenta años y contaminará las aguas”.

El proyecto, en manos de la multinacional Zamin Ferrous, pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo de 6.210 hectáreas, además de la construcción de un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.

En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una envergadura sin precedentes en el país.

La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las rentas obtenidas por la venta del mineral.

Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.

Sin embargo, para los ambientalistas el proyecto, unido al puerto en el Atlántico y a la planta regasificadora que se construye en Montevideo “para abastecer de energía a Aratirí”, forma parte de un ataque a la ciudadanía que no votó desarrollar esas iniciativas y que le saldrán “muy caras al país”.

Precisamente, varias organizaciones que se plegaron a la marcha exigieron un plebiscito para dictaminar si la iniciativa se puede hacer y que ésta no dependa de la decisión del Ejecutivo.

Tras la reforma de la ley de minería, Uruguay y Zamin Ferrous anunciaron que firmarían un contrato a principios de este año para comenzar con la explotación.

Sin embargo, dicho contrato aún no se ha ratificado, sin que oficialmente se haya anunciado el motivo.

Más información actualizada: http://elmuertoquehabla.blogspot.com

Fuente: Red Latina Sin Fronteras

Fuente: Biodiversidad en América

Mercosur defendió derecho a asilo y rechaza espionaje de EEUU.

Por AVN

El Mercado Común del Sur (Mercosur) defendió este viernes el derecho universal al asilo político y destacó “el compromiso histórico de todos los países latinoamericanos” sobre esta figura, destacó el canciller uruguayo, Luis Almagro, al leer las decisiones tomadas en la Cumbre de jefes de Estado del bloque regional, que se lleva a cabo en Montevideo.

Durante el encuentro, los países miembros de este organismo reafirmaron el “derecho inalienable de todo Estado de conceder asilo, este derecho no debe ser restringido ni limitado bajo ninguna hipótesis”.

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El debate sobre el asilo surgió a raíz de las críticas que ha hecho Estados Unidos a esta figura, tras el escándalo desatado por el extécnico de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden, quien reveló el programa de espionaje mundial de Washignton y ha pedido amparo en varios países de la región.

En ese sentido, los países del Mercosur se solidarizaron con “los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela que han ofrecido otorgar asilo al señor Edward Snowden”.

En la decisión, se subraya “que los Estados no tienen el derecho de impedir a sus ciudadanos solicitar asilo y tampoco impedir la implementación de tal derecho fundamental por cualquier medio”.

Asimismo, destaca que “es fundamental asegurar que se ha garantizado el derecho de los asilados de transitar con seguridad hasta el país que ha concedido el asilo”.

Contra el espionaje de EEUU

Asimismo, los Estados parte del Mercosur se pronunciaron contra el espionaje mundial de Estados Unidos, en especial contra los países de la región, que salieron a la luz tras la filtración de los documentos del programa Prism por parte de Snowden.

Acordaron “trabajar en conjunto para garantizar la seguridad cibernética en los Estados parte del Mercosur, aspecto esencial para la defensa de la soberanía de nuestros países”.

Asimismo, decidieron exigir a “los responsables de estas acciones, el cese inmediato de las mismas y las explicaciones acerca de esta motivación y sus consecuencias”.

El Mercosur también aprobó “promover en las instancias multilaterales pertinentes la adopción de normas relativas a la regulación de internet, con énfasis en los aspectos de seguridad cibernética, con vistas a conducir a la adopción de normas que garanticen la proyección adecuada de las comunicaciones, en particular para preservar la soberanía de los estados y la privacidad de los individuos”.

Asimismo, hubo una manifestación de solidaridad “con todos los países, dentro y fuera de nuestra región, que han sido víctimas de estas acciones” de espionaje.

El Mercosur acordó “promover la gestión conjunta de los cancilleres ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para informar sobre los hechos y solicitar mecanismos de prevención y sanción a nivel multilateral en la materia”.

Además, decidieron establecer un planteamiento conjunto para que sea expresado por las delegaciones de los Estados parte del Mercosur ante la próxima Asamblea General de la ONU; y solicitaron a Argentina que someta este asunto a consideración del consejo de Seguridad de la ONU.

Este organismo regional aprobó formar “un grupo de trabajo para coordinar esfuerzos junto con el Consejo de Defensa Suramericano (de la Unión de Naciones Suramericanas) con el fin de tomar acciones que hagan más seguras nuestras telecomunicaciones y reduzcan nuestra dependencia de la tecnología extranjera”.

Fuente: Lista informativa Nicaragua