Más lujos, más penurias: la desigualdad como norma.

Crédito Fotografía: Fuente: www.anticapitalistes.net

RODRIGO FERNÁNDEZ MIRANDA | ALBA SUD

Desde el año 2008, y en el contexto de la “crisis” y la implementación de políticas neoliberales, las desigualdades entre clases sociales se han profundizado aceleradamente en la periferia europea en general y en el Estado español en particular.

Concibo de la especia humana dos clases de desigualdad: una, que llamo natural o física, porque se halla establecida por la naturaleza (…) otra, que se puede llamar desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención, y se halla establecida (al menos autorizada) por el consenso de los hombres. Ésta consiste en los diferentes privilegios de que gozan los unos en perjuicio de los otros, como el ser más ricos, más distinguidos, más poderosos, incluso el hacerse obedecer (…) [Se trata] de señalar en el progreso de las cosas el instante en que, el derecho sucediendo a la violencia, la naturaleza fue sometida a la ley; de explicar por qué encadenamiento de prodigios el fuerte pudo determinarse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo ilusorio al precio de una felicidad efectiva.

(Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de las desigualdades)

Las desigualdades son una consecuencia necesaria del capitalismo global. No obstante, desde 2008, y en el contexto de la “crisis” y la implementación de políticas neoliberales, las desigualdades entre clases sociales se han profundizado aceleradamente en la periferia europea en general y en el Estado español en particular. En este texto se analizan algunos efectos que la “crisis” está teniendo sobre los distintos estratos sociales.

Bajo el paradigma del neoliberalismo y el contexto de la “crisis”, en el Estado español la desigualdad social se hace cada vez más acuciante. Unos, demasiados, son afectados negativamente, viendo mermados sus derechos sociales y sus condiciones de vida. Otros, demasiado pocos, son beneficiados por esta situación.

En poco tiempo el grueso de la sociedad española parece condenada al empobrecimiento, a la pauperización de sus condiciones de vida, al desmantelamiento de los servicios públicos, a la decadencia democrática y a la aceptación de un modelo “mercadocrático”, con independencia de que voten a una u otra opción del bipartidismo alternante en el poder desde hace tres décadas.

El nuevo orden neoliberal impuesto en el país por la Troika no hace más que agravar y acelerar las propias consecuencias negativas, permanentes, sistémicas e intrínsecas del capitalismo. Se trata de un ajuste de tuercas que permita al capitalismo su supervivencia, y es una de las causas de la profundización de las desigualdades en el territorio español. El neoliberalismo en el marco de la globalización económica es la versión más salvaje que puede ofrecer el capitalismo global. Y eso es mucho decir.

Indicadores sobre desigualdad

Algunos indicadores sobre renta, patrimonio o consumo pueden dar muestra del nivel y la evolución de las desigualdades en el territorio. A partir de 2012, el Estado español ocupa la primera posición en cuanto a desigualdad social de la Unión Europea (UE-27), siendo por primera vez el país con una mayor distancia entre las rentas altas y las rentas bajas. Desde el inicio de la “crisis”, en 2012 y por quinto año consecutivo, ha crecido la diferencia de ingresos.

En el Índice de Gini, coeficiente que mide las desigualdades, el Estado español se encuentra tercero por la cola en la UE. En 2011-2012 el valor de la desigualdad a través de este coeficiente en el país  llegó a 34 puntos [1], 4 puntos por encima de la media de la UE y el valor más alto que el país ha registrado. Otro indicador de desigualdad es el Ratio 80/20, que establece la brecha entre el 20% de la población que más ingresos tiene y el 20% que menos. Aquí el Estado español ocupa el podio europeo, con un valor de 7,5, contra el 5,7 de la media de la UE-27, y con un aumento que ronda el 40% desde 2007 (Eurostat, 2012):

Según la Encuesta Financiera de las Familias [2], entre 2005 y 2009 el patrimonio del 25% más rico de la población española creció un 20% (aumentó de media en 540 mil euros), mientras el del 25% más pobre disminuyó un 6,4% (disminuyó en 4,4 mil euros) (Banco de España, 2010). Hasta mediados de 2012 las familias españolas han perdido riqueza del 18,4% con respecto a 2011, también la caída más fuerte entre los países de la UE-27. En términos absolutos, el importe agregado del empobrecimiento de los hogares sumó 177.000 millones de euros (Credit Suisse, 2012).

Otra forma de aproximarse a la medición de estas desigualdades “morales o políticas” es a través de la distribución del Producto Interior Bruto (PIB) entre asalariados y empresariado. Mientras que entre 1995 y 2010 la población asalariada ha percibido el 48,8% del PIB y el empresariado el 41,7%, en el primer trimestre de 2012 por primera vez los excedentes del empresariado han superado a las rentas salariales. Los beneficios empresariales durante ese período crecieron un 47,8% en términos de PIB, y la revalorización de las acciones de las empresas en un 371% (Colectivo IOE, 2012), aumentando la fisura económica entre ambas clases sociales.

El aumento de las desigualdades también tiene su reflejo en el consumo. La industria del lujo en el Estado español creció un 20% en 2011 y prevé un aumento del 14% en 2012 (ABC, 2012). La venta de coches de lujo creció un 80%, (mientras que la venta de coches en general descendió un 20%) y el consumo de lujo personal (moda, joyería, cosmética, accesorios, relojería) superó los 5 mil millones de euros, un 1,4% más que en 2011 [3] (Europa Press, 2012).

También en el ámbito fiscal la “crisis” resulta una coyuntura favorable para esta minoría. Además de la amnistía fiscal ofrecida por el ejecutivo a las grandes fortunas evasoras, las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), instrumento de inversión que los principales patrimonios utilizan para evitar pagar impuestos, crecieron más del 10% en el primer semestre de 2012. Estas sociedades para inversiones colectivas no pagan los impuestos de Transmisiones Patrimoniales ni Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y tributa como sociedad al 1%, en lugar de al 30 ó 35%. La inexistencia de un impuesto a las grandes fortunas y la nula tributación de las SICAV son medidas que se contraponen con la creciente presión fiscal que el Estado ejerce sobre los asalariados para aumentar la recaudación.

Esto contribuye a construir una estructura social cada vez más jerarquizada y desigual. Con datos que ilustran un escenario que parece alejar la posibilidad de cohesión social (INE, 2012).

Millonarios y “crisis”

Algunos de los principales millonarios del país y del mundo, ¿cómo sobrellevan la situación social y económica en el Estado español? ¿Cómo la conciben? ¿Cómo la sufren?

Unos ganan más: Amancio Ortega, empresario textil propietario del Grupo Inditex [4], ocupa desde mediados de año la posición de hombre más rico de Europa y tercero del mundo (su patrimonio equivale al de sus quince seguidores inmediatos españoles juntos). Durante 2012 fue la persona que más incrementó su fortuna, con un aumento de su patrimonio de 16,8 mil millones de euros (Bloomberg, 2012). 16,8 mil millones de euros: como referencias comparativas, esta cifra equivale a más de 180 mil veces el ingreso medio per capita [5]e iguala el “severo ajuste” realizado por el poder ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado en 2012 [6].

Otros hacen grandes negocios: la “crisis” también se configura como una “oportunidad” para nuevas inversiones extranjeras, con unas condiciones excesivamente ventajosas. No sólo el magnate Sheldon Adelson pretende instalar, con el favor del Estado, un estado de excepción en el territorio a través del megaproyecto Eurovegas [7], sino que también su par Carlos Slim, hombre más rico del mundo, en los últimos meses se ha convertido en socio relevante de CaixaBank y accionista mayoritario del club Real Oviedo.

Hay quienes derrochan optimismo: el reconocido millonario Wilbur Ross, que gestó su fortuna con las reestructuraciones empresariales y la participación en entidades financieras rescatadas, expresaba que “España en muchos sentidos es un país muy, muy interesante” (El País, 2012). Y quienes con cinismo se aprovechan: a mediados de 2012, Donald Trump destacaba las “muchas y buenas oportunidades” que hay en la economía del país, aconsejando a los inversores “aprovecharse”: "te están dando las tierras por nada, te lo están dando todo por nada” (El Mundo, 2012).

Mientras que sólo doscientas familias españolas suman un patrimonio estimado de 135 mil millones de euros, se prevé que para 2017 el número de millonarios en el país se incremente un 110% (Credit Suisse, 2012). Para esta clase dominante la “crisis” representa una coyuntura propicia para la especulación, los privilegios, el optimismo, la acumulación o los negocios oportunistas.

Más allá de la “crisis”, el capitalismo

Cada vez las desigualdades son mayores; y esto no sucede porque sí. No es una “consecuencia colateral”, no son “efectos indeseados”, ni tampoco “sacrificios necesarios”. Es la norma de un capitalismo global y salvaje.

Estas desigualdades existían, aunque la “crisis” las aceleró y profundizó: en 2008 la distancia entre ricos y pobres estaba en el nivel más alto de las últimas tres décadas. Con la embestida neoliberal la función de equilibrio y redistribución del Estado queda reducida a casi nada, y esto acelera el proceso de acumulación capitalista que determina que pocos tengan cada vez más, y el resto cada vez menos. “No es la crisis, es el sistema”.

El “Estado mínimo” abandona sus responsabilidades en materia social, económica o medioambiental (o resigna cualquier intento por domesticar a este capitalismo salvaje) e implementa una política de laissez faire para los grandes capitales, medidas para el fomento de la “competitividad empresarial” y procesos para la mercantilización y privatización de derechos sociales y bienes comunes. Políticas, medidas y procesos que conducen a las sociedades hacia la “ley de la selva”, a la economía hacia un “anarcocapitalismo” y a las propias instituciones políticas hacia la ilegitimidad.

La subordinación de cualquier política social a la acumulación capitalista muestra una jerarquía no sólo en el reparto de la riqueza, sino también en la distribución del poder para resolver desde la política este escenario de desigualdades. De este modo, las políticas para solventar la “crisis” responden a un objetivo y unos intereses inequívocos: garantizar las rentas del capital, socializando sus pérdidas a costa de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Permitiendo la expansión de un capitalismo salvaje al que ahora mismo le sobra demasiado: no sólo le sobran las mayorías sociales, sino también sus derechos, sus condiciones laborales de mínima protección, los servicios públicos. Mayorías a las que esta versión sin máscara ni escrúpulos del sistema conduce hacia un abismo social y económico cuyo suelo parece estar todavía lejos.

Desigualdades y conflicto social

De un lado, unas pocas y grandes fortunas, con una notable capacidad de incidencia política. Del otro, millones de personas desempleadas, trabajadoras precarias, estudiantes, pensionistas o asalariadas con miedo a perder el puesto de trabajo, que van siendo despojadas, desposeídas. En el medio, un sistema político que desde 2011 pierde afección y credibilidad, cada vez más connivente con la minoría privilegiada.

Sin embargo, el escenario descrito está provocando un considerable proceso de movilización y organización de base y de conflicto con el poder económico y político, con fuertes connotaciones en cuanto a la conciencia política de un sector creciente de la ciudadanía. La evidencia de que el poder real, concentrado en los “mercados”, está lejos de la democracia representativa, espolea la conflictividad y fomenta espacios y procesos que tienden a una democracia participativa, a partir de una movilización creciente, amplia, diversa y cada vez más contestataria a este orden establecido.

Entre los grupos desposeídos, la rebeldía, el compromiso con lo colectivo, la solidaridad, la deliberación colectiva o el consenso son elementos que se incorporan a este proceso, que supone un intento por recuperar, revitalizar y dignificar la política desde las bases y a través de la participación social.

En chino la palabra crisis también significa oportunidad. Para la clase dominante, la oportunidad de acrecentar sus privilegios, de hacer grandes negocios especulativos, de acumular más riqueza, de imponer las decisiones políticas que más se ajusten a sus intereses. Para las mayorías, también la crisis supone la oportunidad de movilizarse, organizarse y hacer una reflexión crítica y colectiva sobre el sistema político y económico, sobre la participación política, sobre la herencia social que se está dejando a las generaciones futuras. La oportunidad de construir y poner en marcha alternativas que permitan transitar hacia una sociedad más justa, igualitaria y sostenible.

Notas:

[1] En el Índice de Gini el valor cero equivaldría a la igualdad perfecta y el valor 100 a la desigualdad absoluta.

[2] La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) es una fuente estadística del Banco de España que desde 2005 permite relacionar las rentas, los activos, los gastos y las deudas de las unidades familiares del territorio.

[3] A nivel mundial este mercado alcanzó en 2012 unas ventas por valor de 190 mil millones de euros, con un crecimiento medio del 5%, aunque el crecimiento fue superior en 2010 (10%) y 2011 (11%).

[4] Los beneficios de Inditex crecieron un 63% y su valor en bolsa un 67% a lo largo del duro 2012.

[5] Durante 2012 el ingreso medio por persona en el territorio ascendió a 9.321 euros, un 7,5% menos que en 2008 (INE, 2012).

[6] De los 27 mil millones de euros de “ajuste” en los PGE para 2012, 12 mil procederían del aumento de impuestos y los restantes 15 mil millones de recortes de la inversión pública.

[7] Para más información ver: Eurobarcevegas, Barcelona World o la falacia del mal menor yEurovegas o las postales de una crisis, publicados en la Web de Alba Sud.  

Bibliografía citada:

ABC. (14 de junio de 2012). El lujo español escapa a la crisis: prevén subidas del 14% en las ventas en 2012. ABC.

Banco de España. (2010). Encuesta Financiera de las Familias: métodos, resultados y cambios desde 2005. Banco de España. Boletín Económico.

Bloomberg. (2012). Billionaires Worth $ 1,9 Trillion Seek Advantage in 2013. Bloomberg.

Colectivo IOE. (2012). Crece la desigualdad en España. Colectivo IOE.

Credit Suisse. (2012). Informe Global de Riqueza 2012. Credit Suisse.

El Mundo. (20 de junio de 2012). Donald Trump: en Europa y, especialmente, en España "te dan todo (inmuebles) por nada". El Mundo.

El País. (23 de octubre de 2012). El millonario estadounidense se interesa por los activos de la banca. El País.

Europa Press. (2012). El consumo de lujo superará en España los 5000 millones en 2012. EP.

Eurostat. (2012). Inequality of income distribution S80/S20 income quintilie share ratio. Eurostat.

INE. (2012). Encuesta de condiciones de vida. Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Alba Sud

“El mundo necesita comer y no envenenar”

MISIONES. Los Kosinski fumigando. Tienen dos hijos en sillas de ruedas. (Alvaro Ybarra Zavala/Reportage by Getty Images)

¿Cómo puede ser que haya intoxicaciones si vivimos en plena selva?”, se pregunta Juan Carlos Soroka, que dejó de plantar tabaco al poco tiempo que su segunda hija nació con una malformación. Talía tenía los ventrículos del corazón invertidos. La familia abandonó su chacra en las afueras de San Vicente, Misiones, para vivir en el propio pueblo. Ahora, en una nueva chacra, cultivan lechugas sin plaguicidas. “¿Por qué las empresas no hacen algo? Sólo dicen que estas sustancias no envenenan. Pero ellos no tienen un hijo criándose acá,” dice.

Soroka explica a Clarín el proceso productivo habitual en la zona: “Las tabacaleras te dan las semillas, los venenos para las plagas pero nunca te dicen los riesgos que tienen”.

Soroka, ahora, vende lechugas sin plaguicidas. Sus compradores, a veces, le reclaman que las hojas están “comidas” por bichos. “Yo les explico que es porque no tienen veneno. Los bichos no son tontos, no comen las hojas con insecticidas porque los que los mata. La gente parece que sí. Yo digo que el mundo necesita comer, no envenenar”.

San Vicente es parte de lo que el geógrafo misionero Sergio Páez llama “el triángulo tabacalero”, una zona de producción del tabaco, y en el que en el último tiempo también crece la soja. Paez se especializó en el uso de agroquímicos entre los colonos, como llaman a los chacareros descendientes de alemanes. Los describe como “esclavos de esta actividad”. Se estima que en Misiones hay 12 mil pequeños productores tabacaleros y que son 67 mil las personas expuestas al uso de agroquímicos.

Páez entrevistó a más de 300 familias y asegura que se encontró “con chicos que no caminan, trabajadores con irritaciones cutáneas, con las manos y los pies destrozados y con muchas sustancias que están prohibidas en Europa o Estados Unidos”.

La lógica de la producción tabacalera se podría describir como “precapitalista, el libre mercado no funciona”, explica Páez.

Los colonos reciben las semillas y los agroquímicos de las cooperativas, que luego se los descuentan en el momento de hacer el arqueo final del pago.

El precio de la cosecha se establece sobre el final del proceso. Son muchos los pequeños productores que protestan que cuando venden las hojas, les rebajan el valor.

“Es un sistema perverso, siguen plantando tabaco para utilizar la obra social de las tabacaleras por los problemas de la salud que surgen durante su trabajo”.

Las cooperativas tabacaleras se defienden y apuntan al mal uso de los insumos. En off the record, aseguran que entregan trajes especiales para manejar los agroquímicos y disponen de galpones para guardarlos. Páez, en cambio, indica que “los trajes son inconvenientes por las altas temperaturas de Misiones, y además, se los terminan descontando a los productores”.

Antonia Husulak es investigadora de la Universidad Nacional de Misiones y una de las pioneras en el estudio del uso de los agroquímicos en la provincia. “La falta de alternativas en la forma de producción es el gran problema”, asegura. Por su iniciativa, a través de la Universidad, realizarán en San Vicente un seminario para los colonos a fin de que fomenten la agroecología y técnicas de comercialización para que su producción logre venderse a buen precio. “El objetivo -dice- es crear una tecnicatura a distancia. Además, junto a la Fundación por la Vida y la Dignidad, queremos abrir un centro de rehabilitación para los chicos afectados del pueblo”.

Fuente: Zona - Clarin

Mal uso y falta de control: El drama de los chicos que crecen en pueblos fumigados.

MOSQUITO. Un tractor, modificado para fumigar, tira glifosato en un campo de Santiago del Estero a metros de la Escuela 146. Los alumnos sufren alergias. (Alvaro Ybarra Zavala/Reportage by Getty Images)

POR SILVINA HEGUY

Clarín recorrió durante nueve días tres provincias y comprobó que se utilizan plaguicidas cerca de escuelas y viviendas. Las denuncias sobre los efectos en la salud y la desidia del Estado.

Pedro Mores llegó a la medianoche del jueves 29 de noviembre al hospital Regional de Sáenz Peña, Chaco, con un DNI para su hijo. “Ya tiene mi apellido”, repitió dos veces como para tranquilizarse. En un rincón de la cama, Gonzalo, su hijo, respiraba gracias a una máscara de oxígeno.

Cerca, varios pacientes eran atendidos de urgencia en los pasillos mientras que un hombre dormía en una reposera en la puerta de terapia intensiva. También había dos perros entre una familia sentada en el suelo y lista para pasar la noche.

“Riesgo inminente de óbito”, decía el último parte médico de Gonzalo, eufemismo que indicaba que el bebé de 2 meses y 27 días podía morir en cualquier momento.

En su diagnóstico, entre una marea de términos médicos, se leía “malformación cráneo encefálica” . Gonzalo fue gestado en uno de los tantos pueblos de Argentina expuestos a las fumigaciones de agroquímicos sin control en el que las estadísticas oficiales marcan numerosos casos de malformaciones.

Pedro Mores, su papá, vive en uno de los bordes del pueblo de Gancedo, Chaco. “Acá fumigan constantemente con aviones y con los tractores, que llaman ´mosquitos´. Dan la vuelta sobre las casas. En el pueblo hay más casos como el de mi hijo. Y somos siete mil habitantes. Esto de los venenos empezó en los ´90 y cada vez tiran más. Nosotros teníamos plantas de frutas que se han secado y las frutas ya no crecen”.

Un informe de mayo de 2012 del Ministerio de Salud de la Nación , al que accedió Clarín, confirma la sospecha de Mores. En las poblaciones expuestas a las fumigaciones con agroquímicos, ya sea aéreas o terrestres, hay un 30% más de casos de cáncer que en otras de zonas no expuestas. Las malformaciones en estas zonas se cuatriplicaron en diez años.

Las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, insumos fundamentales para el modelo de agronegocio actual que promuevecosechas de alta rentabilidad , suelen perderse en la polémica. Desde CASAFE, la Cámara que reúne a 25 empresas de agroquímicos, entre las que se cuenta a Monsanto, Bayer y Syngenta que dominan el 80% del mercado, niegan que estos productos que se utilizan para matar plagas sean tóxicos, si se usan de acuerdo a las instrucciones y al “uso responsable”.

“Desde la Cámara nuestro objetivo principal es la defensa de las buenas prácticas agrícolas. Estos productos no causan ningún efecto sobre la salud humana y el medioambiente”, asegura a Clarín Juan Cruz Jaime, presidente de la entidad, que en el último año dio 45 cursos para capacitar a 3.500 productores y que tiene un programa para evitar la reutilización de los envases de agroquímicos.

El Estado, en tanto, no controla el correcto uso de estas sustancias y las evidencias en los problemas de salud están a la vista. Recorrer los pueblos, como lo hizo Clarín durante nueve días, muestra intimidades dolorosas.

Después de Estados Unidos y Brasil, Argentina es la tercera productora mundial de soja . En la última cosecha se sembraron 19 millones de hectáreas y en cada una de ellas, como mínimo, se estima que se usaron diez litros de glifosato. Por lo tanto en un año se rociaron por lo menos 190 millones de litros del herbicida. Estas fumigaciones –según estimaciones de organizaciones ambientalistas– afectan a 12 millones de personas en todo el país, quienes reciben estos agroquímicos sobre sus casas, escuelas, pozos de agua, sobre sus vidas.

Los reclamos sobre las consecuencias en la salud empezaron a conocerse en 2005 en las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Los sembradíos se extendían, rodeaban a pueblos y escuelas, y apenas los separaban de las casas los alambrados y calles angostas de tierra.

Hugo Gómez Demaio es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Provincial de Posadas, Misiones. Hace más de una década comenzó a notar un crecimiento en la cantidad de recién nacidos con malformaciones. Elaboró un mapa con la procedencia de los que padecían mielomeningocele , un defecto del cierre del tubo neural que se da durante el primer mes del embarazo. Una malformación quepuede acarrear hidrocefalia, parálisis y daño neurológico que muchas veces es irreversible.

“Vimos que todos fueron gestados en zonas de uso masivo de agrotóxicos e incluso en la población no expuesta había agroquímicos circulando en sangre, cuyos efectos combinados no se conocen”, asegura Gómez Demaio. Luego aclara: “Porque yo sé cómo actúa el glifosato, pero no sé cómo lo hace si lo combina con el herbicida llamado “2,4D”, que es uno de los componentes del “agente naranja”usado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam ”.

En Argentina no existe una ley nacional de agroquímicos, pero sí hay una norma general de protección al ambiente. Por su parte, las provincias tienen legislaciones particulares que intentan regular el uso de los herbicidas e insecticidas.

Ante las denuncias reiteradas de los posibles efectos sobre la saludde estas sustancias, Cristina de Kirchner creó en 2009 la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos, con varios organismos públicos encabezados por el Ministro de Salud. Tras un período de investigación, la comisión denunció el “uso inadecuado de los productos fitosanitarios, atribuido entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente”.

Entonces, el Gobierno decidió crear un “Programa Federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control”. Según CASAFE, “tuvimos unas reuniones pero desde hace dos años dejaron de convocarnos”.

El poco o nulo resultado del Programa Federal puede observarse en el recorrido por las zonas afectadas en el noreste argentino.

El pueblo de Avia Terai, en la provincia del Chaco, puede ser el ejemplo de la falta de control. A las siete de la mañana, tres carros tirados por caballos hacen fila frente a un pozo público para sacar el agua que después se venderá en el pueblo, de más de 5.000 habitantes. Dos mujeres en bicicleta también esperan su turno para cargar agua. Tienendos bidones colgados del manubrio.

En las etiquetas se lee “Roundup” . Es el glifosato de Monsanto cuyo envase no debería usarse para transportar agua.

Avia Terai está repleto de campos sembrados. La soja y los girasoles crecen hasta el límite del pueblo. Una pista de aterrizaje es otro de los límites. Desde ahí despegan los aviones fumigadores, justo pegado al barrio “Padre Mugica” , construido hace pocos años por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Detrás de la pista de aterrizaje está instalada una empresa de agroquímicos que recomendó a los pobladores que no caminaran por los alrededores porque “hay polvo tóxico en el aire”.

En el barrio Mugica viven 108 familias. Cada una tiene alguna persona con algún tipo de discapacidad. La mayoría son menores.

Nadia Leguizamón es una de ellos: tiene 12 años y hace dos que dejó de caminar . “No me dijeron nunca cuál era el diagnóstico, siempre tuvo dificultades para moverse”, explica su mamá, Viviana Pérez , mientras acomoda a su hija en la silla de ruedas que tiene un almohadón bordado que dice “Sos mi vida”. “Muchas veces me dijeron que el veneno de los cultivos pudo haber influido. Cerca del campo siempre había fumigaciones”.

Ramón es el padre de Nadia y trabaja en el campo mientras su mujer intenta conseguir un turno con el traumatólogo. Su hija está cada vez peor. Y no quiere dejar pasar el tiempo. Ramón se pregunta, de manera retórica, “¿qué se puede hacer con la empresa de fumigación cada vez que pasa el “avioncito?

”, como la llaman en el barrio a la pequeña nave que fumiga.

Su paso queda evidenciado, según los vecinos, por un polvo blanco que queda sobre las casas y porque los árboles están secos.

Katherina Pardo iba a la Escuela 532, a pocas cuadras de la casa de Nadia. Recuerda que muchos de sus compañeros se desmayaban los días en que se fumigaba. “Estaba naturalizado que en determinada época del año aparecían dolores en la cabeza y desmayos” Ahora, con 21 años, sigue tratando de que las cosas cambien “porque la gente tiene derecho a no ser fumigada”. Su lucha es lograr que se habilite una escuela para los chicos con necesidades especiales. “Cada vez son más y no pueden ir a clase”, dice.

Gabriela es la maestra a cargo de los trece alumnos con capacidades diferentes que asisten a clase en un aula prestada de la escuela de Avia Terai. Asegura que hay demasiados casos de nacimientos con malformaciones en la zona. “Es un pueblo pequeño para que haya tantos”, agrega.

“La falta de control del Estado en la aplicación de agroquímicos se agrava porque después de que la población estuvo expuesta no se le brinda asistencia para el tratamiento de las enfermedades y el seguimiento del paciente para su calidad de vida”, se indica desde la Red de Salud Popular “Ramón Carrillo” de Chaco. Desde la organización aseguran que hay registros de uso de los herbicidas glifosato y 2,4D, el componente del agente naranja cuya aplicación aérea está prohibida en esta provincia y la aplicación terrestre que está restringida desde marzo a agosto. “Sin embargo, la gente reconoce que lo usan mezclados”, dicen.

La abogada de la Red, Alejandra Gómez, afirma que al no haber un sistema de control del Estado, “no se sabe qué es lo que se está aplicando, y tampoco la forma de aplicación, y entonces esto genera más enfermedad”.

Las denuncias se repiten en otras provincias a través de la “Red de médicos de pueblos fumigados” o la agrupación “Paren de fumigar”.

La falta de respuesta del Estado provocó que la población reclame por la vía judicial. En la Leonesa y en Las Palmas, a sesenta kilómetros de la capital de Resistencia, sus habitantes intentaron detener en la justicia las fumigaciones que avanzaban sobre sus casas desde los arrozales. El juez les dio la razón. Ordenó detenerlas.

En agosto pasado, en Córdoba, un juez condenó por primera vez a un productor agropecuario y a un fumigador por haber rociado agroquímicos sobre el barrio Ituzaingó. La condena fue apelada, pero la Justicia no resolvió si existe o no relación entre el uso de los agroquímicos y el aumento de las enfermedades detectadas.

También en la Leonesa y Las Palmas el gobierno chaqueño ordenó hacer un relevamiento en los hospitales. Después de casi diez años de denuncias, por primera vez en 2010, ese informe confirmó las sospechas de los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 %.

El informe señala la “multicausalidad” del cáncer, pero indica que “este incremento de la casuística coincide” con el aumento de prácticas y técnicas de cultivo que incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas que se da en la “expansión de la frontera agrícola”. Desde el Centro de Epidemiología provincial criticaron el estudio, pero no presentaron un informe alternativo. Tampoco realizaron estudios epidemiológicos, sugeridos por la Comisión creada por el Gobierno. Las sugerencias quedaron en el olvido. Y la frontera agrícola se siguió extendiendo. Santiago del Estero, precisamente en Quimilí, en el noreste, es un ejemplo de este avance. Cuando Clarín visitó el pueblo, un avión terminaba de realizar la tercer pasada sobre el girasol que rodea la Escuela 146 “La Pampa”. Un guardia con un perro alertó sobre la presencia de esta enviada y el avión desapareció .

Esta comunidad indígena –de 110 familias que vive en la zona conocida como “Lote 4”– asegura que las fumigaciones secaron los árboles frutales y que los chicos quedan con los ojos irritados después de cada pasada. En total, son 24 alumnos en la escuela, pero Chiqui –una de las mujeres de la comunidad indígena– cree que pronto serán menos. “Nos rodean, y muchos se casan y se van”, dice.

A unos metros un tractor “mosquito” pasa por un campo sembrado con soja. Su dueño explica que no sabe qué producto está tirando, porque acaba de llegar. Cerca, a unos dieciocho kilómetros, una topadora amarilla lucha contra las ramas secas y espinosas del bosque original para ampliar la frontera productiva.

Los Texeira viven una realidad parecida en un rincón de Misiones, en Colonia Alicia, justo donde el Río Uruguay da una curva que se dibuja como frontera en los mapas. Desde la casa de madera se ve el río y las plantaciones de tabaco y soja que fueron comiendo a la selva que se extendía sobre la tierra colorada. Después de caminar casi una hora,Rosana Texeira fue a pedir una crema a la intendencia para su hijo menor, Lucas. Tiene un año y diez meses y no puede exponerse al sol. En la zona, se alcanza una temperatura de 36 grados hacia el mediodía. Lucas tiene ictiosis severa. Es un caso llamado “niño lagarto”.

En realidad, es un bebé gracioso que se refresca en el agua que inunda el patio.

La piel de Lucas se descama aceleradamente, sus plantas de pies se abren y lastiman aún más rápido y sus párpados se llenan por dentro de cascaritas. Lucas parece que llorara sangre.

“Los médicos dicen que es un caso raro. Una vez nos dijeron que era de tanto agroquímico que hay en el ambiente. Pero nadie lo confirma,” cuenta Arnoldo Texeira, el padre de Lucas y sospecha.

Sospecha como Pedro Mores lo hace sentado al lado de la cama de Gonzalo, su hijo recién nacido. Mientras espera que el diagnóstico de riesgo de muerte inminente no se cumpla y que pronto alguien le dé una mochila de oxígeno y así poder volver a su casa.

Colaboraron: Ernesto Azarkevich (Misiones) y Julio César Rodríguez (desde Santiago del Estero)

Fuente: Zona - Clarin

MISIONES. Roberto Da Silva, kinesiólogo, trabaja con chicos intoxicados. (Alvaro Ybarra Zavala/Reportage by Getty Images)

Faltan estudios y controles

POR RAÚL MONTENEGRO BIÓLOGO (*)

Un experto en salud ambiental explica los efectos de los plaguicidas en la población.

En Argentina se usan más de 300 millones de litros de plaguicidas por año. Millones de personas están expuestas a sus riesgos. Lamentablemente la legislación sólo protege de dosis letales, no de pequeñas dosis, que en forma crónica pueden alterar el sistema hormonal y el sistema inmune, además de desencadenar enfermedades, malformaciones y cáncer.

La población expuesta a la fumigación no sabe que tiene plaguicidas en sus organismos. Los recibieron por exposición directa, al consumir sedimentos de tanques de agua , partículas de suelo y alimentos contaminados. Y también por vía transplacentaria y lactancia materna cuando eran embriones, fetos y bebés pequeños, pues sus madres almacenaban plaguicidas en sangre y el tejido graso.

MALFORMACION. Nadia, en silla de ruedas, vive en un barrio recién construido en Avia Terai, Chaco, a metros de una pista de aviones fumigadores. (Alvaro Ybarra Zavala/Reportage by Getty Images)

Precisamente, desde la Universidad Nacional de Córdoba y laUniversidad de California (Estados Unidos) iniciaremos este año un estudio en Chaco sobre contenido de plaguicidas en sangre de niños y leche materna.

Estamos observando cómo crece la diversidad de plaguicidas en uso, antiguos y recientes, y la superficie cultivada con transgénicos. Por esta causa aumentan en Argentina los enfermos y las muertes evitables, mayoritariamente sin registrar, y además disminuyen bosques y biodiversidad por desmonte y toxicidad de plaguicidas. La escasa visibilidad de esta problemática se debe a la ausencia de registros y la falta de monitoreo de residuos de plaguicidas.

Lo que no se mide parece no existir, pero existe .

Los gobiernos provinciales, la Nación, las empresas y los productores son responsables. El SENASA sigue autorizando tóxicos sin procedimientos independientes, y sus dos organismos de control de plaguicidas, SIFFAB y SICOFHOR, no controlan o lo hacen mal. Esto lo dictaminó la Auditoría General de la Nación el año pasado.

Las denuncias de malformaciones y casos de cáncer en Chaco, Misiones, Santa Fe y Córdoba hicieron visible el problema. Pero la codicia pública y privada parece valer más que la salud de las personas.

(*)Profesor de Biología Evolutiva, Universidad Nacional de Córdoba

Fuente: Zona - Clarín

¿El día del juicio a nuestra cultura?

El fin del año ofrece la ocasión para hacer un balance sobre nuestra situación humana en este planeta. ¿Qué podemos esperar y qué rumbo tomará la historia? Son preguntas preocupantes pues los escenarios globales se presentan sombríos. Una crisis de magnitud estructural se ha instalado en el corazón del sistema económico-social dominante (Europa y Estados Unidos), con reflejos en el resto del mundo. La Biblia tiene una categoría recurrente en la tradición profética: el día del juicio se avecina. Es el día de la revelación: la verdad sale a la superficie y nuestros errores y pecados son denunciados como enemigos de la vida. Grandes historiadores como Toynbee y von Ranke también hablan del juicio a culturas enteras. Estimo que estamos realmente ante un juicio global sobre nuestra forma de vivir en la Tierra y sobre el tipo de relación que mantenemos con ella.

Considerando la situación a un nivel más profundo, que va más allá de los análisis económicos que predominan en los gobiernos, en las empresas, en los foros mundiales y en los medios de comunicación, notamos cada vez con más claridad la contradicción existente entre la lógica de nuestra cultura moderna, con su economía política, su individualismo y su consumismo, y la lógica de los procesos naturales de nuestro planeta vivo, la Tierra. Son incompatibles. La primera es competitiva, la segunda, cooperativa. La primera es excluyente, la segunda, inclusiva. La primera pone su valor principal en el individuo, la segunda en el bien de todos. La primera da centralidad a la mercancía, la segunda a la vida en todas sus formas. Si no hacemos algo, esta incompatibilidad puede llevarnos a un severísimo impasse.

Lo que agrava esta incompatibilidad son las premisas subyacentes a nuestro proceso social: que podemos crecer ilimitadamente, que los recursos son inagotables y que la prosperidad material e individual nos trae la tan ansiada felicidad. Tales premisas son ilusorias: los recursos son limitados y una Tierra finita no resiste un proyecto infinito. La prosperidad y el individualismo no están trayendo felicidad sino altos niveles de soledad, depresión, violencia y suicidio.

Hay dos problemas que se entrelazan y que pueden convulsionar nuestro futuro: el calentamiento global y la superpoblación humana. El calentamiento global es un código que engloba los impactos que nuestra civilización produce en la naturaleza, amenazando la sostenibilidad de la vida y de la Tierra. La consecuencia es la emisión anual de miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y de metano, 23 veces más agresivo que el primero. La aceleración del deshielo del suelo congelado de la tundra siberiana (permafrost), hace que exista en los próximos decenios el peligro de un calentamiento abrupto de 4 a 5 grados centígrados que devastaría gran parte de la vida sobre la Tierra. El crecimiento de la población humana hace que se exploten más bienes y servicios naturales, se gaste más energía y se lancen a la atmosfera más gases productores de calentamiento global.

Las estrategias para controlar esta situación amenazante prácticamente son ignoradas por los gobiernos y por quienes toman las decisiones. Nuestro arraigado individualismo ha impedido que en las reuniones de la ONU se haya llegado a un consenso. Cada país ve solamente su interés y es ciego al interés colectivo y al planeta como un todo. Y así nos vamos acercando despreocupadamente a un abismo.

Pero la madre de todas las distorsiones referidas es nuestro antropocentrismo, la convicción de que nosotros, los seres humanos, somos el centro de todo y que las cosas han sido hechas sólo para nosotros, olvidándonos de nuestra completa dependencia de todo lo que nos rodea. Aquí radica nuestra destructividad que nos lleva a devastar la naturaleza para satisfacer nuestros deseos.

Se hace urgente un poco de humildad y vernos en perspectiva. El universo tiene 13,7 miles de millones de años; la Tierra, 4,45 miles de millones; la vida, 3,8 miles de millones; la vida humana, 5-7 millones; y el homo sapiens unos 130-140 mil años. Por lo tanto, hemos nacido hace solo “unos minutos”, fruto de toda la historia anterior. Y de sapiens estamos pasando a ser demens, amenazadores de nuestros compañeros en la comunidad de vida.

Hemos llegado al ápice del proceso evolutivo no para destruir sino para guardar y cuidar este legado sagrado. Sólo entonces el día del juicio será la revelación de nuestra verdadera identidad y de nuestra misión aquí en la Tierra.

Leonardo Boff

Fuente: Koinonia