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jueves, 27 de junio de 2019

Piden a la Unión Europea detener las negociaciones comerciales con Brasil.

Mato Grosso, Brazil – Photo by Icaro Cooke Vieira/CIFOR, cifor.org CC BY-NC-ND 2.0

Más de 340 organizaciones de la sociedad civil piden a la Unión Europea (UE) poner fin de inmediato a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el Mercosur debido al deterioro de los derechos humanos y la situación ambiental en Brasil.
El Mercosur está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En un carta abierta dirigida a los presidentes de las instituciones europeas piden garantizar que ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos.

Exigen la confirmación, con pruebas materiales, de que el gobierno brasileño cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Asimismo, incrementar el apoyo a la sociedad civil organizada brasileña, incluido el refuerzo de la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia y las consultas pro-activas con las organizaciones de la sociedad civil brasileña que se ocupan de los derechos humanos.

Finalmente, piden además vigilar que la UE vigile y responda a las violaciones de derechos humanos y fortalezca los mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos.

Para las personas en situación de mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, la UE debería proporcionar apoyo directo y urgente cuando sea necesario, incluso a través de representaciones políticas.

Conozca el texto completo de la carta abierta a continuación:
Estimado Presidente del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión Europea, Presidente del Parlamento Europeo,
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reclamamos a la Unión Europea que use su influencia para prevenir el empeoramiento de la situación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en Brasil.
En abril, más de 600 científicos europeos y dos organizaciones indígenas brasileñas, en representación de 300 grupos indígenas de Brasil, pidieron a la UE que actuara como líder mundial en apoyo de los derechos humanos, la dignidad humana y un clima habitable, haciendo de la sostenibilidad la piedra angular de sus negociaciones comerciales con Brasil. Apoyamos plenamente este llamamiento.
La UE y sus Estados miembros, vinculados por el Tratado de la Unión Europea, se comprometieron a respetar y promover los derechos humanos como objetivo general en sus relaciones con otros países. La propia Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, reconoció la necesidad de nuevos acuerdos comerciales que cumplan realmente con el objetivo del desarrollo sostenible.
Desde la toma de posesión del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en enero de 2019, hemos sido testigos del aumento de las violaciones de los derechos humanos, los ataques a las minorías, la comunidad LGBTQ+, los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. Además, la administración sigue amenazando el funcionamiento democrático básico de la sociedad civil al tiempo que prepara la destrucción de algunas de las regiones más preciosas y ecológicamente valiosas del mundo como la Amazonía.
Estamos profundamente preocupados por lo siguiente:
  • La propuesta de poner la demarcación de las tierras indígenas bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, allanaría el camino para que los poderosos agronegocios ganaderos y sojeros aceleren su avance a través de la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo y el Cerrado, la sabana más biodiversa del mundo. Aunque esta controvertida medida parece haber sido temporalmente revocada por el Senado brasileño, el Presidente Bolsonaro aún puede imponerla.
  • Ha habido un aumento dramático de los ataques contra los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y sus territorios. En febrero, se informó de que al menos 14 territorios indígenas protegidos estaban siendo atacados por invasores. Además, el gobierno abolió más de 35 consejos nacionales de participación social. Están aumentando los ataques contra las personas que defienden sus territorios o recursos naturales en las zonas rurales de Brasil, lo que se traduce en un aumento de las muertes de líderes comunitarios, campesinos y activistas.
  • La promesa de campaña de Bolsonaro de «poner fin a cualquier forma de activismo» fue implementada en su primer día en el cargo, facultando al gobierno para «supervisar, coordinar, monitorear y observar las actividades y acciones de las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales dentro del territorio nacional».
  • Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están ahora encabezados por quienes niegan el calentamiento global, lo que lleva a la anulación de los departamentos ministeriales responsables del cambio climático. Aunque Brasil sigue siendo firmante del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es cada vez más improbable que la administración tome las medidas necesarias para aplicar el acuerdo.
  • La legislación y las políticas socioambientales se han debilitado drásticamente durante los primeros 100 días del gobierno Bolsonaro. El Código Forestal ha sido socavado con nuevas medidas que proponen la reducción de las reservas legales y un plazo más flexible para la regularización de las tierras por parte de los expropiadores. En enero de 2019, la deforestación en la Amazonia aumentó en 54 por ciento en comparación con el mismo período de 2018.
Los actores de la sociedad civil organizada, activistas sociales, comunidades campesinas e indígenas y sindicatos enfrentan peligros extremos por la retórica incendiaria del gobierno de Bolsonaro y sus partidarios. Esto incluye el calificar de «terroristas» a los miembros de movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra y el Movimiento de los Sin Techo, lo que genera la preocupación de que la polémica ley antiterrorista de Brasil sea utilizada para criminalizar a los activistas sociales.
La UE es el segundo socio comercial de Brasil en su conjunto, el segundo importador de soja brasileña y un importador fundamental de carne de vacuno, otros productos agrícolas y recursos naturales mineros brasileños. Por lo tanto, la UE tiene la responsabilidad de abordar las injusticias en materia de derechos humanos y medio ambiente que tienen lugar en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Debe utilizar su influencia para apoyar a la sociedad civil, los derechos humanos y el medio ambiente.
La UE está negociando un acuerdo comercial de gran alcance con Mercosur que pretende ampliar el acceso al mercado y el comercio entre las dos regiones, incluido Brasil. Es imperativo que la UE envíe un mensaje inequívoco al Presidente Bolsonaro de que la UE se negará a respaldar un acuerdo comercial con Brasil hasta que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos, se adopten medidas estrictas para poner fin a la deforestación y se contraigan compromisos concretos para aplicar el Acuerdo de París.
En el pasado, la UE ha suspendido las preferencias comerciales con países implicados en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como Myanmar y Filipinas. Además, la UE ha restringido las importaciones de productos cuya producción está relacionada con la violación de los derechos humanos como en el caso de los minerales de conflicto. Es hora de que la UE adopte una postura similar y firme para evitar el deterioro de la situación de los derechos humanos y del medio ambiente en Brasil.
Por lo tanto, reclamamos que la Unión Europea:
  1. Detenga inmediatamente las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur.
  2. Garantice que ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos.
  3. Exija la confirmación, con pruebas materiales, de que el gobierno brasileño cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
  4. Incremente el apoyo a la sociedad civil organizada brasileña, incluido el refuerzo de la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia y las consultas pro-activas con las organizaciones de la sociedad civil brasileña que se ocupan de los derechos humanos y del funcionamiento democrático de la sociedad civil brasileña.
  5. Vigile y responda a las violaciones de derechos humanos -incluyendo la investigación de casos desde la elección de Bolsonaro- y fortalezca los mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos. Para las personas en situación de mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, la UE debería proporcionar apoyo directo y urgente cuando sea necesario, incluso a través de representaciones políticas.
Atentamente,
Fuente y foto: Collectif Stop TAFTA
 Fuente: Servindi.org

martes, 18 de junio de 2019

Los refugiados han estado 140 días sin rumbo en el mar desde que Italia cerró sus puertos.

Desembarco del barco Aquarius en Valencia./ MSF


Durante el último año, 2.443 hombres, mujeres y niños han quedado varados en el mar mientras “los líderes de la UE debatían su futuro”, denuncia MSF
Al menos 1.151 hombres, mujeres y niños han muerto en el Mediterráneo Central, mientras más 10.000 han sido obligados a regresar a la fuerza a Libia


140 días en el mar o, lo que es lo mismo, casi cuatro meses en el Mediterráneo sin puerto al que acudir. Esa es la suma de días que han pasado vagando por el mar los barcos de rescate de refugiados, con mujeres y niños vulnerables a bordo, desde que hace un año Italia tomó la decisión de cerrar sus puertos a las embarcaciones con migrantes a bordo. El “no” de Matteo Salvini al barco Aquarius el 10 de junio de 2018 daba comienzo al bloqueo.

Aunque las informaciones sobre el barco Aquarius inundaron los telediarios hasta que España admitió y permitió el desembarco en el puerto de Valencia, las embarcaciones con refugiados rescatados en el Mediterráneo Central han sido rechazadas en este año desde Europa hasta en 18 ocasiones, según información de Médicos Sin Fronteras (MSF) facilitada a este medio.

La mayor parte de estas embarcaciones son de las ONG, pero también en julio del año pasado Italia pasó la pelota de nuevo a Malta para que recibiera a dos barcos de Frontex con 450 personas a bordo. Tras un día de incertidumbre, el Gobierno italiano cedió y admitió el desembarco en su puerto. Entre las embarcaciones bloqueadas que más personas han llevado a bordo se encuentra el Open Arms, que el pasado 21 de diciembre estuvo vagando por el Mediterráneo con 311 personas a bordo durante siete días hasta que finalmente pudo desembarcar en España.


Estos 18 rescates dificultados por el cierre de los puertos italianos este último año han sido realizados por ONG como la alemana Sea Watch o SOS Mediterranée, pero también por barcos pesqueros como Nuestra Madre Loreto o militares como Trenton. La mayoría de los desembarcos han terminado produciéndose en Malta (7), país que también restringe los desembarcos de los rescatados. Italia ha acabado aceptando un buen número de ellos (6), mientras en un menor número de ocasiones España (2) y Tunez (2) han acabado ofreciendo también sus puertos.

En estos momentos, el barco petrolero Maridive, con 75 personas rescatadas, lleva bloqueado en alta mar durante más de 10 días mientras Túnez, Malta e Italia echan un pulso político para decidir quién acude a su rescate. Según destaca MSF, situaciones de bloqueo como estas son “la nueva normalidad” en el Mediterráneo, mientras la respuesta de los Gobiernos europeos al drama humanitario que se vive en el mar alcanza “nuevos mínimos desoladores”. Solo durante el último año, 2.443 hombres, mujeres y niños vulnerables han quedado varados en el mar mientras “los líderes de la UE debatían su futuro”, han denunciado.
Tabla de embarcaciones con personas refugiadas a bordo que han sido bloqueadas este año./ M.S.F.

Más de mil personas muertas en el Mediterráneo Central

La imagen de los barcos varados en el mar es solo una de las caras del prisma del drama humanitario. Al menos 1.151 hombres, mujeres y niños han muerto en el Mediterráneo Central, mientras más 10.000 han sido obligados a regresar a la fuerza a Libia, de donde los inmigrantes han huido por estar expuestos a las detenciones, trabajos forzados y toda clase de vejaciones. Según recogió Acnur en su informe publicado a inicios del año pasado, cuando los refugiados se suben a un bote en la costa libia “muchos han sido torturados, violados y vieron a mucha gente morir a su alrededor”.

Estas muertes, a las que apenas nos podemos aproximar por una cifra que seguramente sea mucho mayor, tienen causas. Según MSF y SOS Mediterranée estos fallecimientos son el resultado del “fracaso de las políticas migratorias europeas” y de “un sistema de asilo europeo roto”. La negociación del reglamento de Dublín, para que los países a las puertas de Europa no sean los únicos en gestionar el proceso migratorio, es un debate estancado en la UE. Por el contrario, no deja de aumentar el presupuesto destinado al incremento de seguridad en las fronteras. En el reciente presupuesto de la Comisión Europea presentado este mes, se anuncia un incremento del 34,6% hasta los 420,6 millones de euros para la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Mientras tanto y en esta situación de bloqueo en la respuesta de los países miembro, “la criminalización” de las organizaciones que realizan rescates en el Mediterráneo pasa factura. El “castigo” que se impone a los barcos que rescatan refugiados “erosiona el principio mismo de la prestación de auxilio” a quienes están en peligro en el mar. Según las ONG, las embarcaciones comerciales, e incluso los militares, son cada vez más reacias a responder a las peticiones de socorro debido al alto riesgo de quedar bloqueados en alta mar y de que se les niegue un lugar seguro para desembarcar a las personas rescatadas.

El director de Operaciones de SOS Méditerranée, Frédéric Penard, considera que la falta de buques de rescate en el Mediterráneo debería “poner fin a las infundadas acusaciones de un ‘efecto llamada’. “La realidad es que aun cuando cada vez hay menos embarcaciones humanitarias, las personas con pocas alternativas continúan emprendiendo la ruta mortal independientemente de los riesgos. La única diferencia es que hoy tienen casi cuatro veces más probabilidades de morir, en comparación con el año pasado”, concluye.

sábado, 22 de diciembre de 2018

Europa avanza en sus políticas ambientales.



La Unión Europea acordó plazo para retirar los plásticos de un solo uso del continente. También estableció una serie de medidas para acelerar la transición energética de fuentes contaminantes a la energía renovable.

Por José Díaz

Pese a que a nivel global la Conferencia de las Partes (COP24) de Katowice (Polonia) dejó una sensación decepcionante en materia de negociación política, algunas regionales vienen trabajando a pesar de la lentitud con la que avanza este foro.

Una de las zonas donde más se ha desarrollado esto último es la Unión Europea (UE) que ha alcanzado un acuerdo político histórico para poner fin al plástico de un solo uso en el viejo continente.

Esta semana la UE acordó poner fin a todos los productos de plástico de un solo uso para el 2030, un objetivo que en las negociaciones se tuvo que enfrentar al conocido “lobby del plástico”.

La medida busca reducir drásticamente el actual ritmo de contaminación que sufre el mar. Además de las botellas y cubiertos de plástico, las normas alcanzan a objetos como las toallitas húmedas y las colillas de tabaco.

De esta manera, los estados miembros de la UE deberán implementar pronto esquemas de recolección de plástico y reformar sus fuentes de producción. Las normas aprobadas esta semana deberán implementar en el continente europeo obligatoriamente desde el 2021.

Después de varios años de enfrentamientos entre la UE y la sociedad civil ambientalista, este acuerdo político parece haber zanjado, por el momento, las diferencias. Y es que organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han saludado las medidas adoptadas por el Consejo de la UE.
También la energía

Sin embargo, la restricción del plástico no es la única decisión política adoptada por la UE en los últimos días. Sino que también se ha decidido alentar la transición energética a partir del cambio de matriz del uso de electricidad por fuentes renovables como parte del paquete de medidas titulado “Energía limpia para la Unión Europea”.

Las medidas adoptadas por la UE promueven el subsidio de la producción de energía desde fuentes renovables y busca la transición total hacia una producción energética libre de carbono para el 2050. Esto significaría el reemplazo de fuentes como los hidrocarburos por el uso de la energía solar o eólica que algunos países ya han implementado como prácticas nacionales.

“La UE ha reforzado nuevos derechos para que los europeos puedan generar y vender su propia energía renovable. Esto puede cambiar las reglas del juego para una futura energía más diversa y descentralizada en Europa”, manifestó Amigos de la Tierra en un comunicado.
Fuente: servindi.org

domingo, 12 de febrero de 2017

Refugiados: paremos la guerra de frontera.



Europa no vive una crisis de refugiados ni una crisis humanitaria: lo que está en crisis es la capacidad de los estados de controlar sus fronteras y sobre todo el derecho fundamental de la gente a moverse por el planeta para encontrar un lugar seguro donde pueda construirse un futuro. Más allá del sentimiento de solidaridad que nos remueve al ver las catastróficas imágenes de hombres, mujeres y criaturas jugándose la vida en el Mediterráneo o muriéndose de frío en los Balcanes, esta crisis tiene una raíz política y unos responsables mucho claros que tenemos que señalar y combatir si de verdad queremos encontrar soluciones.

Lejos de la imagen de un alud humano inabarcable, lo cierto es que más de la mitad de demandantes de asilo llegados el año pasado a Europa proviene sólo de cinco países: Siria, Afganistán, Irak, Nigeria y Eritrea. Cinco crisis concretas, con sus respectivos responsables. No podemos entender el problema de los refugiados en Europa sin preguntarnos qué está pasando en Siria, principal expulsor de población del planeta, sin analizar el proceso político y social reciente del país.

Los refugiados sirios

A menudo el movimiento de solidaridad ve los refugiados sólo como individuos que necesitan ayuda, cuando la realidad es que son uno de los resultados de una revolución popular masacrada por la dictadura de Bashar Al-Assad y sus aliados. Y hasta que no se aborde esta causa continuarán llegando refugiados en Europa. Muchos de los activistas que han sido la base de este movimiento popular acabaron teniendo que huir a los países vecinos y a Europa por la magnitud de la violencia del régimen: y continúan hoy siendo parte de esta revolución. Y lo que esperan es que les reconozcamos como tales, no sólo como receptores de nuestra ayuda humanitaria. El ritmo y las oleadas de los flujos responde perfectamente a la dinámica del conflicto y también de los choques entre diferentes comunidades.

No olvidemos la imagen de aquellos luchadores por la libertad y la revolución que el año 1939 llegaban a Francia por Le Pertus, después de haber dejado atrás muchos muertos y el futuro al última y en vez de acogida y solidaridad se encontraron campos de concentración y el desprecio en Argelès. Mientras un sector importante de la izquierda se niega todavía a reconocer que el máximo responsable de esta catástrofe es el régimen de Bashar Al-Assad el relato de los refugiados es perfectamente coherente: un 90% asegura que huyó por la persecución del régimen y sus aliados. Si no entendemos Siria, no entendemos nada de nada y quedamos atrapados en la retórica del alud y del antiterrorismo que fomentan los gobiernos europeos. En Afganistán y en Irak, se vive la inestabilidad que han dejado el imperialismo después de la invasión de ambos países.

La distribución geográfica de los refugiados

Tampoco Europa es el principal receptor de la gente que huye. Sumadas todas las rutas, el año pasado llegaron al continente 362.000 personas. Desde 2011, cuando empezaron las revueltas y revoluciones en el mundo árabe que hicieron saltar por los aires regímenes como el de Gaddafi, que convenientemente financiado por Italia hacía de tapón a los migrantes subsaharianos, han llegado a Europa menos de 1,8 millones de personas. Una cifra perfectamente asumible para un continente con 500 millones de habitantes, con algunos de los países más ricos del mundo y que además necesita mano de obra joven. Sólo Turquía -que en el ranking de PIB per cápita ocuparía el lugar 27 de los 28 países de la UE- acoge más de 3,5 millones de refugiados. El Líbano, un pequeño país de sólo 4 millones de habitantes ha superado el millón. Esto sin contar los 8 millones de desplazados internos que han tenido que dejar casa suya y continúan dentro de Siria bajo las bombas. No, la crisis de refugiados y humanitaria no está en Europa: está en Siria y en los países vecinos.

La hipocresía de la UE

Los aspavientos de la UE y los estados miembros ante el muro y el veto migratorio de Trump son pura hipocresía. Hace un año Alemania y Bruselas habían cerrado la puerta a los refugiados con el acuerdo de la vergüenza con Turquía, por el cual el gobierno de Recep Tayip Erdogan, en plena deriva autoritaria, se ha convertido en un muro para los quién intentan llegar a Europa. A cambio de seis mil millones de euros y el silencio europeo en su guerra contra los kurdos, contra la izquierda y contra la libertad de prensa para conseguir poderes ejecutivos ilimitados.

Las quejas de la UE contra Trump son palabrería, después de que la política de blindaje de las fronteras haya convertido el Mediterráneo en un gran cementerio. Más de cinco mil muertos registrados el 2016 (nadie sabe cuántos de son de verdad porque muchos cuerpos se los traga el mar sin dejar rastro o son devueltos, arrastrados a su punto de partida): más muertos que nunca.

La guerra de frontera contra los refugiados

Técnicamente se habla de “guerra” cuando un conflicto supera los mil muertos en un año. Lo que pasa en el Mediterráneo, pues, es una auténtica guerra contra la migración: la única diferencia es que las víctimas son todas del mismo bando. Es una guerra en tierra que se practica con vallas, muros, trincheras, centros de detención…. Y cuando también utilizando el mar como un foso de los cocodrilos, (que son los barcos de la OTAN ) o el dispositivo de Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras. Los soldados son policías, ejércitos y grupos paramilitares. Y , como siempre, hay que hacen negocio: toda una industria de la guerra de frontera, que va desde empresas españolas que se enorgullecen ser fabricantes en exclusiva de alambradas de cuchillas hasta las compañías de seguridad privada a las cuales se subcontrata la vigilancia de los centros de detención.

Hay que recordar que España ha sido el mal modelo que ahora emulan los socios europeos: las vallas de Ceuta y Melilla, los 14 asesinatos de la playa del Tarajal a manos de la Guardia Civil que continúan impunes (la ex-director general y máximo responsable del cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa acaba de ser convenientemente recompensado con un lugar en el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España). Y sobre todo la política de externalitzación del control fronterizo hacia estados africanos sin ningún tipo de garantías democráticas porque –con cargo a los fondos destinados a cooperación- para frenen los inmigrantes antes de que se acerquen en las fronteras europeas.

Las causas de la política europea hacia los refugiados

Contraviniendo sus propias leyes y y los tratados internacionales que han subscrito, los estados europeos pisa el derecho de asilo y responde con la guerra de fronteras… la frontera más desigual del mundo: un continente viejo, rico y en paz, rodeado de un mundo joven, empobrecido y en guerra. Además, la frontera no es sólo un espacio físico: son barreras legales, policiales prejuicios… un golpe han superado la trinchera la mayoría van con “la frontera” sobre sus hombros cada vez que tienen que salir de casa, enfrentándose al racismo institucional, a los controles policiales racistas en el metro, a la discriminación en el acceso a los servicios públicos, a la vivienda o al trabajo.

Lo que hay detrás de estas políticas no es frenar la inmigración (todo el mundo sabe que es imposible) sino sobre todo tres cosas. En primer lugar una nueva justificación para los recortes: “aquí no cabe todo el mundo, nuestra capacidad de acogida es limitada, los servicios públicos tienen un tope” es el nuevo mantra y de nada sirven todos los estudios y la experiencia que demuestran que la inmigración, de siempre, ha aportado más riqueza de la que consume. En segundo lugar, el mantenimiento de una capa de mano de obra sin derechos (en el caso de los sin papeles, como los miles de subsaharianos que están trabajando a la agricultura italiana) y vulnerable a la sobreexplotación. Y finalmente el retroceso de derechos y libertades que se ampara en el pretexto de la lucha antiterrorista y que se traduce en medidas como la ley mordaza en el estado Español o el estado de emergencia permanente en Francia.

Estas leyes, y no la llegada de refugiados en sí misma, son las que explican el crecimiento de la extrema derecha en Europa, que no se hace fuerte allá donde hay más crisis o más refugiados sino donde se impone este discurso político, a menudo, como pasa en Francia de la mano de un gobierno que se llama de izquierdas y que ha traído Marine Le Pen a las puertas de ganar las presidenciales de esta primavera. Envalentonada por el triunfo de Trump, y reforzada por Putin, la extrema derecha está en condiciones de imponerse también en Holanda, mientras que en Alemania triplicaría resultados el septiembre.

Es por eso que la defensa de los derechos de los refugiados no es sólo un problema humanitario, ético o moral. No es sólo una cuestión de solidaridad y empatía. En esta lucha se juega el futuro de todos y todas.

Fuente: Rebelión

lunes, 5 de septiembre de 2016

La UE pide al G20 más compromiso en la crisis de los refugiados.


Los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea consideran que es un "reto global" y que Europa y algunos países del Mediterráneo han hecho un sacrificio "desproporcionado" y otros países del mundo no han hecho nada o sólo "un poco"


EFE


HANGZHOU (CHINA).- Los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron que la cumbre del G20 que empezó este domingo muestre un mayor compromiso en la crisis de los refugiados y que China acelere las reformas de su sector siderúrgico.

Los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaron además que el G20 responda a las expectativas que ha generado a nivel internacional para dinamizar la economía mundial.

"Tras años de crisis debemos mostrar que podemos promover el crecimiento y crear confianza", afirmó Juncker.

Durante una conferencia de prensa previa al inicio de la cumbre, los dos dirigentes de la UE subrayaron la necesidad de que el G20 ofrezca más respuestas a la crisis de los refugiados, ya que sienten que Europa y algunos países de la zona han hecho un sacrificio "desproporcionado".
Reto global, solución global

"Es un reto global que requiere una solución a nivel global", afirmó Tusk, quien remarcó que los mecanismos para superar esta crisis "están llegando al límite".

Una fuente europea recordó a este respecto que la mayoría del peso de la crisis de los refugiados ha sido soportada por la UE, Turquía, Jordania y Líbano, mientras que en general los países del G20, entre ellos Canadá, China, Rusia o Japón, no han hecho nada, y EEUU "un poco".
Defender los intereses del acero europeo

Además, los líderes europeos reclamaron que la cumbre discuta los problemas que genera el exceso de capacidad industrial de China, especialmente en el sector del acero.

"Estamos decididos a defender los intereses de la siderurgia de la UE", afirmó Juncker,quien señaló que se trata de otro "problema global con una específica dimensión china".

Por ello, la UE volvió a insistir este domingo en que China acepte la creación de un mecanismo de seguimiento del exceso de capacidad de producción de acero y sus causas, algo que ambas partes ya discutieron en julio pasado durante la cumbre que mantuvieron en Pekín.

En este escenario mundial, Juncker lanzó el mensaje europeo de que "todas las empresas deben pagar su parte justa de impuestos en el país donde generan sus beneficios".

Este aviso llega tras la decisión que tomó la semana pasada la Comisión Europea de ordenar a Irlanda cobrar 13.000 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense Apple por ventajas fiscales ilegales.


Fuente: publico.es


miércoles, 6 de abril de 2016

Convierten a las personas que huyen en criminales.


JOSÉ ANTONIO BASTOS - PRESIDENTE DE MÉDICOS SIN FRONTERAS


Es español, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y con estudios en Medicina Tropical y en Salud Pública. Tras ejercer la medicina de familia, realizó su primera misión en 1991. Actuó en Bolivia, Kenia, Somalia, Tanzania, Ruanda, República Democrática del Congo y Angola. Entre 2006 y 2010 actuó en la Cruz Roja.


por RENZO ROSSELLO - 01 abr 2016


—Cuando se firmó el acuerdo Unión Europea-Turquía para expulsar a refugiados, Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras organizaciones se retiraron de los centros en rechazo a la medida, ¿cómo explica esta decisión en plena crisis?

—MSF estaba en la isla de Lesbos, que ha sido el punto de ingreso de la mayor parte de los refugiados ya sea sirios, como afganos, iraquíes, somalíes y otros países africanos. Ahí teníamos instalado un dispositivo de rescates marítimos con barcos, teníamos un centro de recepción y asistencia médicos a los recién desembarcados, tenemos grupos móviles buscando en la isla refugiados perdidos o escondidos, un centro de acogida donde damos cobijo, comida, insumos básicos y cuidados médicos con una capacidad para 300 personas. Además trabajábamos en el centro de Moira, que era un centro creado por las autoridades griegas para ayudar a aquellos que quisieran solicitar asilo político a tramitar su papeleo, era un punto del trayecto, un cuello de botella importante para el proceso de estas personas que produjo una acumulación importante de personas en ese punto. Después del acuerdo de UE con Turquía esto se ha tornado 180 grados en un centro de encierro previo a la deportación forzada, nos parece que es absolutamente lo contrario a la intención de que teníamos allí y no queremos tener complicidad ni ningún apoyo con las autoridades europeas y las autoridades griegas en este proceso. No ha sido una decisión fácil, sobre todo a nivel ético, en cierta parte también táctico, pensamos que hubiera sido una manipulación tener ahí a MSF para hacer ver a los refugiados en situaciones aceptablemente normales. Las condiciones de vida de todo este centro son infrahumanas, desde que se ha tomado la decisión.

—Decía que no fue una decisión fácil, ¿qué pesó para adoptarla?

—Nuestro posicionamiento público respecto al acuerdo UE-Turquía es del rechazo más puro, nosotros no peritamos si eso es legal o no, pero lo rechazamos y agradecemos y apoyamos las posiciones de organizaciones de Naciones Unidas. En cambio estamos convencidos de que la deportación masiva es ilegal y la devolución masiva es ilegal, además pensamos que es absolutamente inhumano, que es un paso más adelante en la trayectoria de las autoridades europeas de no solo no asisitirlo, sino de tomar decisiones que cada vez más empeoraban la situación de los refugiados. Esta última decisión es un paso más en esa dirección. Hemos sido testigos los últimos días, según los últimos reportes internos, de los guardacostas turcos usando mangueras de presión contra las embarcaciones para forzarles el regreso a Turquía, esto es un uso de violencia contra personas que necesitan rescate absolutamene inusitado, es convertir a personas desesperadas que huyen en criminales. Y además hay un efecto totalmente perverso de estas medidas y que seguro que va a costar muchísimo más sufrimiento humano. Aunque la decisión de interrumpir el flujo de Turquía a Grecia, la entrada en Lesbos, la UE lo ha argumentado con la decisión de acabar con las redes de tráfico humano en la costa griega. Según nuestra experiencia, cualquier decisión de cierre de fronteras genera una gran oportunidad de negocios para las organizaciones de tráfico de seres humanos en general, y este cierre de Grecia a Turquía, no hay ninguna duda de que va a producir el aumento de otras rutas alternativas diferentes.

—¿Qué han constatado ustedes en circunstancias similares?

—Por los rescates que hemos estado haciendo desde la primavera-verano del año pasado, en la ruta que va de Libia a Sicilia, las personas que hemos rescatado tenían síntomas físicos y mentales de una brutalidad y tortura que practican los grupos de crimen organizado que hemos notado, particularmente en Libia, que nos recuerdan nuestra experiencia con grupos de transmigrantes en México, de ese mismo nivel de brutalidad. Pensamos que un riesgo muy alto es que el circuito de persona que huyen de Turquía a Grecia ahora van a empezar a hacer el recorrido hacia Libia, con un costo humano muchísimo mayor. De hecho es imposible poner una causa-efecto pero es una distancia mucho mayor. Y tendremos que vigilar con mayor cuidado la otra puerta de entrada que es Marruecos-España. Cuando estamos ante una guerra tan atroz como la guerra en Siria, lo que más crece es la ganancia de las organizaciones criminales, es tristísimo.Refugiados, Unión Europea-Turquía, Médicos Sin Frontera, José Antonio Bastos.

Fuente: elpais.com.uy

domingo, 3 de mayo de 2015

Rescatan a más de tres mil migrantes en el Mediterráneo.


TOULON, FRANCIA.- Un total de 3 mil 427 migrantes fueron salvadas por buques italianos y franceses integrantes del nuevo dispositivo de la Unión Europea en el Mediterráneo, anunciaron los guardacostas italianos.

Sin ser un récord, este total es uno de los más altos de los últimos años para un solo día. En sus dos últimas jornadas muy cargadas, los guardacostas coordinaron los rescates de 3 mil 791 migrantes el 12 de abril y de 2 mil 850 al día siguiente.

Una patrulla de alta mar de la Marina francesa rescató a 217 personas cerca de las costas libias, anunciaron las autoridades francesas. 

Los migrantes iban a bordo de tres embarcaciones, indicaron las autoridades, y añadieron que dos presuntos traficantes de personas habían sido capturados y serán entregados a las autoridades italianas.

En Italia, los guardacostas anunciaron por la noche que habían coordinado desde su cuartel general romano el rescate 3 mil 427 pasajeros de 16 embarcaciones a lo largo de este sábado.

Además de la patrulla francesa, las operaciones del día movilizaron cuatro buques de los guardacostas, dos de la Marina italiana, dos mercantes, dos barcos de la Policía aduanera italiana y dos remolcadores.

La Marina italiana tuiteó que su fragata "Bersagliere" socorrió a 778 migrantes y su patrulla "Vega" a un total de 675 más.

Algunos eran esperados por la noche en la isla italiana de Lampedusa, la más cercana de las costas africanas. La mayor parte de los otros deberían llegar la noche del domingo a Sicilia o al sur de Italia.

Según los guardacostas italianos, la patrullera francesa "Commandant Birot" debería desembarcar sus emigrantes en un puerto de Calabria.

La patrullera comenzó a principios de semana a reforzar el dispositivo de vigilancia europeo Tritón, para afrontar el flujo de inmigrantes. La nave llevaba sobretodo material médico y sanitario.

Varios centenares de migrantes, esencialmente africanos pero también muchos sirios, llegan a diario a las costas italianas después de ser rescatados por la Marina o los guardacostas.

El Consejo Europeo decidió el 23 de abril reforzar la presencia de la Unión Europea en el Mediterráneo, con el objetivo de evitar nuevas pérdidas de vidas, después de que más de mil 200 inmigrantes murieran desde principio de año tras el naufragio de sus embarcaciones.

La operación Tritón, coordinada por la agencia europea encargada de la vigilancia de las fronteras (Frontex) fue lanzada en noviembre de 2014 con el objetivo de ayudar a Italia a controlar sus límites marítimos y rescatar a inmigrantes en el mar.

La Comisión Europea prolongó hasta finales de 2015 la operación, otorgándole un presupuesto de 18 millones de euros (unos 20 mil 160 millones de dólares).

La UE busca el aval de las Naciones Unidas para combatir a los traficantes, tildados de esclavistas por el Presidente del Consejo italiano, Matteo Renzi. La situación en Libia, donde dos Gobiernos y dos Parlamentos se disputan el poder, la posibilidad de una intervención resulta complicada.


Las organizaciones humanitarias reclaman por su parte una mejor acogida de los refugiados que huyen de países en guerra, y subrayan que si la comunidad internacional consigue cerrar la ruta libia, algo que está lejos de suceder, se abriría otra en otro lugar.

Las oenegés Médicos sin Fronteras (MSF) y Migrant Offshore Aid Station (MOAS) anunciaron el inicio de su propia operación de rescate, con un barco que zarpó el sábado de Malta para ponerse seis meses a disposición de los socorristas.

El "MV Phaenix", equipado con un dron sofisticado para localizar embarcaciones con problemas, es el único buque privado implicado en esta acción, y los guardacostas llaman a los mercantes de paso cuando ningún buque de rescate se encuentra en la zona.

El año pasado, el barco francés participó en el rescate de 3 mil personas durante una primera operación de dos meses.

*Con Información de Reforma
igt

sábado, 25 de octubre de 2014

Iglesia romana llama a la Unión Europea a manejo responsable de recursos naturales


Obispos y arzobispos católicos de unos 20 países exhortaron a la Unión Europea a tomar medidas vinculantes contra el comercio de recursos naturales procedentes de zonas en conflicto.

A través de un comunicado difundido a mitad de mes, las 70 personalidades firmantes solicitan a los estados terminar con esta situación.

“Las empresas venden productos con recursos naturales que atizan la violencia y provocan sufrimientos. Nosotros, dignatarios de la Iglesia católica de todo el mundo, llamamos a la Unión Europea a poner fin a esta situación”, señala el documento.

La iniciativa es apoyada por la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE), alianza que agrupa a 17 ONG católicas europeas y norteamericanas.

El pedido se da en el marco del proyecto presentado por la Comisión Europea sobre el aprovisionamiento responsable de minerales, que será examinado por el Parlamento europeo en noviembre.

Se trata de una norma propuesta en marzo de este año y que busca que este suministro se de de forma responsable, coherente y garantice normas vinculantes respecto a los recursos naturales.

Los representantes de la Iglesia critican que hasta hoy se cuente con un sistema de certificación voluntaria. Señalan de otro lado que el nuevo sistema debe aplicarse a lo largo de toda la cadena de suministro y no debe limitarse solo al oro, tantalio, tungsteno y estaño.

Según la CIDSE, solo una regulación vinculante y coherente podrá cambiar el comportamiento de las empresas y permitirá tener un impacto positivo sobre las personas y comunidades en situación de violencia.

El llamamiento está firmado por 70 representantes de la Iglesia, entre ellos 26 brasileños, la delegación más numerosa, así como obispos de Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, Camerún, Nigeria, Congo, Chad, entre otros.


Otras noticias:


Fuente: Servindi

lunes, 7 de abril de 2014

La mayor (y más silenciada) causa del crecimiento de las desigualdades.


Vicenç Navarro, 07-Abril-2014

Es una suerte tener aún economistas que se salen del pensamiento único y nos ayudan s descubrir la realidad de una pseudociencia al servicio de los amos.

Las desigualdades en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico norte, Norteamérica y la Unión Europea, han crecido enormemente, alcanzando unos niveles nunca vistos desde principios del siglo pasado, cuando tuvo lugar la Gran Depresión. Este crecimiento ha sido particularmente acentuado en los países conocidos como PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), que se convierten en GIPSI cuando se añade Italia.

¿Por qué este crecimiento tan notable?

Existe ya toda una extensa bibliografía que intenta explicar este hecho. Una síntesis de las distintas razones que se han dado aparece en el discurso que el Premio Nobel de Economía, James Alexander Mirrlees, dio con motivo de su ingreso a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, y que se publicó en La Vanguardiael 23 de marzo de 2014. Es un resumen de lo que constituye la sabiduría convencional en el conocimiento económico actual. El problema que conlleva y reproduce este conocimiento hegemónico es que ignora el contexto político, que condiciona y determina el conocimiento económico.

Por ejemplo, una de las explicaciones que se han dado con mayor frecuencia para explicar la disminución de los salarios (una de las mayores causas del crecimiento de las desigualdades) es la globalización económica, con la movilidad de capitales que se desplazan a países de bajos salarios para abaratar sus productos. Pero esta explicación ignora que los países escandinavos como Suecia o Noruega, por ejemplo, están entre los países más globalizados del mundo. Es decir, sumando sus exportaciones e importaciones se alcanzan los porcentajes del PIB de los más altos existentes en el mundo. Debido a su pequeño tamaño, la economía de estos países está enormemente integrada y globalizada. Y, en cambio, sus salarios están entre los más elevados del mundo. Y ello se debe a que el mundo del trabajo y sus instrumentos políticos y sindicales son muy fuertes y han ejercido una fuerte influencia sobre sus Estados.

Estos datos muestran que no es la globalización económica en sí, sino la manera como se realiza tal globalización, la que determina el nivel salarial. En otras palabras, son las variables políticas (lo que se llama el contexto político) las que determinan el fenómeno económico (y no a la inversa). Esta realidad constantemente es olvidada incluso por autores progresistas, como Christian Felber, que en su conocido libro La economía del bien común apenas toca el contexto político, reduciendo su libro a un tratado de ingeniería económica sin considerar las variables políticas que harían posible su realización.

Por qué los indicadores de desigualdad que se utilizan no nos sirven para entender la desigualdad

Esta ignorancia o desconocimiento del contexto político ha llevado al establecimiento de unas ciencias económicas que nos limitan en el entendimiento de las desigualdades. Comencemos por el estudio de los indicadores de desigualdad. El más común para medir las desigualdades de renta es el coeficiente de Gini, que intenta medir el nivel de desigualdades mediante un valor que va de 0 a 1. 0 quiere decir igualdad completa y 1 desigualdad total. En general, el Gini es más bajo en los países escandinavos que en los países PIGS o GIPSI.

Ahora bien, sin negar que este indicador pueda sernos útil, la realidad es que la información que nos proporciona es muy limitada, pues no nos señala por qué este nivel está donde está ni por qué varía. Para poder entender y, por lo tanto, medir mejor las desigualdades, hay que comenzar por entender de dónde proceden las rentas. Y las dos fuentes más importantes son la propiedad del capital, por un lado, y el mundo del trabajo, por otro. Es decir, la desigualdad en la distribución de las rentas depende primordialmente de la distribución de la propiedad del capital y de la distribución de las rentas del trabajo. La relación de poder entre las fuerzas del capital, por un lado, y las fuerzas del trabajo, por otro, es lo determinante en la distribución de las rentas en un país. La evidencia de que esto es así es abrumadora y, en cambio, el lector raramente lo leerá en los mayores medios de información.

En realidad, este hecho es una de las razones que explica la falta de atención (cuando no abierta hostilidad) que el tema de las desigualdades tiene dentro de lo que se llaman “ciencias económicas”. Como dijo hace unos años el Premio Nobel de Economía Robert Lucas (miembro del consejo científico de uno de los centros más importante y prestigiosos de investigación económica en España, la Barcelona Graduate School of Economics) “una de las tendencias perniciosas y dañinas en el conocimiento económico… en realidad, venenosa para tal conocimiento, es el estudio de temas de distribución” (Robert Lucas, “The Industrial Revolution: Past and Future”. Annual Report 2003 Federal Reserve Bank of Minneapolis, May 2004).

A los economistas próximos al capital les molesta que se investiguen las causas de las desigualdades pues la evidencia científica muestra que la principal causa de su crecimiento ha sido, precisamente, el enorme crecimiento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, hecho que es consecuencia del gran dominio de las instituciones políticas y mediáticas por parte del capital, dominio que ha diluido y violado el carácter democrático de las instituciones representativas de los países donde el crecimiento de las desigualdades ha tenido lugar (ver el excelente libroCapital in the Twenty-First Century, de Thomas Piketty, 2014).

Es más, el protagonismo del capital financiero (y muy en particular de la banca) dentro del capital, junto con el descenso de las rentas del trabajo, generador del descenso de la demanda, explica el comportamiento especulativo de ese capital, origen de la enorme crisis, tanto financiera como económica (y, por lo tanto, política), que estamos viviendo. El lector puede así entender por qué el Sr. Lucas y un gran número de economistas próximos al capital no quieren ni oír hablar de temas de desigualdades, porque, por poco que se mire, se ve claramente el origen de tanto sufrimiento que las clases populares están padeciendo, que no es otro que el enorme dominio que el capital tiene sobre las instituciones del Estado.

La concentración del capital

Permítanme que me extienda en estos puntos. Es bien sabido que la propiedad del capital está mucho más concentrada que la distribución de las rentas. Así, el 10% de la población en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) tienen más del 50% de la propiedad del capital. En España, uno de los países con mayor concentración, tiene alrededor del 65% (tabla 7.2 en el libro de Piketty). Por otra parte, la mitad de la población en su conjunto no tiene ninguna propiedad: en realidad, está endeudada. De esta concentración se deriva que cuanto mayor es el porcentaje de las rentas que derivan del capital, mayor es la desigualdad en la distribución de las rentas. Es lo que solía decirse que cuanto mayor poder tiene la clase capitalista (término que ya no se utiliza por considerárselo “anticuado”), mayores son las desigualdades en un país.

Naturalmente que estas desigualdades entre el mundo del capital y el del trabajo no son las únicas que explican las desigualdades de renta en un país. Pero sí que son las más importantes. Les siguen las desigualdades dentro del mundo del trabajo, que se reflejan predominantemente en la extensión del abanico salarial. Pero incluso estas dependen de las fuerzas derivadas del capital. Cuanto mayor es el poder de la clase capitalista, mayor es la dispersión salarial, hecho que la economía convencional atribuye a su hincapié en estimular la eficiencia económica, aun cuando la evidencia científica muestra que no hay ninguna relación entre dispersión salarial y eficiencia económica. En realidad, algunas de las empresas más eficientes (como las cooperativas del grupo Mondragón) son las que tienen menor dispersión salarial. El objetivo de esta dispersión no es económico sino político: el de dividir y, por lo tanto, debilitar al mundo del trabajo.

Esta observación, por cierto, explica las limitaciones de aquellos autores que ciñen la definición del problema al 1% de la sociedad, eslogan generado por el movimiento Occupy Wall Street y que ha sido importado a España. El sistema económico se sostiene precisamente por la lealtad del siguiente 9% superior de renta, que deriva sus rentas del trabajo, pero cuyo poder y permanencia dependen de su servicio al 1%. Los grandes gurús mediáticos, por ejemplo, reciben salarios elevadísimos cuya cuantía no deriva de su competencia o eficiencia, sino de su función reproductora de los valores que favorecen los intereses del 1%.

En conclusión, las causas de las desigualdades son políticas y tienen que ver predominantemente con el grado de influencia política que los propietarios del capital tienen sobre los Estados. Cuanta mayor es su influencia, mayor es la desigualdad social. El hecho de que estas hayan crecido enormemente desde los años 80 se debe al cambio político realizado por el Presidente Reagan y la Sra. Thatcher –la revolución neoliberal–, que fue y es la victoria del capital sobre las fuerzas del trabajo, victoria que continúa debido a la incorporación de los partidos de centroizquierda gobernantes al esquema neoliberal promovido por el capital. Cada una de las políticas neoliberales (los recortes del gasto público y transferencias sociales, la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de los sindicatos, la descentralización e individualización de los convenios colectivos, la bajada de salarios y otras medidas) repercute en el beneficio del capital y su concentración a costa de las rentas del trabajo. Son políticas claramente de clase que no se definen con este término por considerarlo “anticuado”. Es precisamente resultado de la enorme influencia del capital que tal terminología se considere anticuada. Es predecible que los portavoces del capital así lo presenten, pero es suicida que los portavoces de las izquierdas, en teoría próximas a las clases populares, también consideren estos términos anticuados. Confunden antiguo con anticuado. La ley de gravedad es antigua pero no es anticuada. Si usted lo duda es fácil de comprobar: salte de un cuarto piso y lo verá. Y esto es lo que está ocurriendo con gran número de las izquierdas gobernantes en España y en Europa. Están cayendo del cuarto piso y todavía no se han dado cuenta del porqué. Le agradecería al lector que les enviara este artículo.

Vicenç Navarro – consejo científico de ATTAC. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University


Fuente: Atrio

lunes, 10 de febrero de 2014

El zoo de Copenhague mató a una pequeña y sana jirafa para "evitar la consanguineidad".


Los visitantes, entre ellos chicos, fueron invitados a ver mientras la jirafa era destazada y su carne arrojada a los leones. El zoo ignoró ofertas de dinero, firmas de miles de personas y solicitudes de otros zoológicos para salvar al macho de dos años llamado Marius.

Alegando que era necesario para evitar la consanguineidad, el zoológico de Copenhague sacrificó hoy a una jirafa sana y dio sus restos a los leones ante la mirada de los visitantes, ignorando ofertas de dinero, firmas de miles de personas y ofertas de otros zoológicos para salvar al macho de dos años.

El vocero del zoológico Tobias Stenbaek Bro dijo que Marius fue sacrificado con una pistola neumática y que su carne sirvió de alimento para los carnívoros del propio centro. Los visitantes, entre ellos niños, fueron invitados a ver mientras la jirafa era destazada y su carne arrojada a los leones.

El zoológico argumentó que sacrificó el animal en seguimiento de las normas impuestas por la asociación de zoológicos de la Unión Europea, a fin de evitar la consanguineidad.

El caso provocó una ola de protestas en línea y un nuevo debate sobre las condiciones de los animales en los zoológicos. Antes de que le dieran muerte a la jirafa, una petición en línea para salvarla había recibido más de 20.000 firmas.

El vocero dijo que el zoológico permitió a los padres decidir si los niños podían ver el destazamiento del animal como una exhibición de conocimiento científico sobre animales.

"De hecho estoy orgulloso porque creo que le dimos a los niños una enorme enseñanza de la anatomía de una jirafa, que no habrían visto en una foto", dijo Stenbaek Bro a la agencia The Associated Press.

El portavoz agregó que el zoológico recibió la recomendación de sacrificar la jirafa por la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA, por sus siglas en inglés) debido a que en el programa de cría de la organización hay una abundancia de jirafas con genes similares.

El vocero agregó que pertenecer a la EAZA no es obligatorio, aunque la mayor parte de los zoológicos responsables pertenecen a la organización, que trabaja para conservar la biodiversidad.

Stenbaek Bro añadió que el zoológico rechazó ofertas de otros centros de animales e incluso medio millón de euros (680.000 dólares) de un particular que quería comprar al animal.

La organización Animal Rights Sweden (Derechos de los Animales en Suecia) dijo que el caso simplemente puso de relieve lo que hacen los zoológicos regularmente con los animales.

"No es ningún secreto que los animales son asesinados cuando ya no hay espacio, o si los animales no tienen genes que son lo suficientemente interesantes", dijo la organización en un comunicado. "La única manera de parar esto es no visitar los zoológicos", agregó.

Señaló que algunos zoológicos trabajan para preservar las especies de animales, pero nunca a individuos. "Cuando las lindas crías de animales que atraen a los visitantes crecen, ya no son tan interesantes", dijo.

Fuente: AP

Fuente: Clarin.com

lunes, 7 de enero de 2013

Más lujos, más penurias: la desigualdad como norma.

Crédito Fotografía: Fuente: www.anticapitalistes.net

RODRIGO FERNÁNDEZ MIRANDA | ALBA SUD



Desde el año 2008, y en el contexto de la “crisis” y la implementación de políticas neoliberales, las desigualdades entre clases sociales se han profundizado aceleradamente en la periferia europea en general y en el Estado español en particular.

Concibo de la especia humana dos clases de desigualdad: una, que llamo natural o física, porque se halla establecida por la naturaleza (…) otra, que se puede llamar desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención, y se halla establecida (al menos autorizada) por el consenso de los hombres. Ésta consiste en los diferentes privilegios de que gozan los unos en perjuicio de los otros, como el ser más ricos, más distinguidos, más poderosos, incluso el hacerse obedecer (…) [Se trata] de señalar en el progreso de las cosas el instante en que, el derecho sucediendo a la violencia, la naturaleza fue sometida a la ley; de explicar por qué encadenamiento de prodigios el fuerte pudo determinarse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo ilusorio al precio de una felicidad efectiva.
(Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de las desigualdades)

Las desigualdades son una consecuencia necesaria del capitalismo global. No obstante, desde 2008, y en el contexto de la “crisis” y la implementación de políticas neoliberales, las desigualdades entre clases sociales se han profundizado aceleradamente en la periferia europea en general y en el Estado español en particular. En este texto se analizan algunos efectos que la “crisis” está teniendo sobre los distintos estratos sociales.
Bajo el paradigma del neoliberalismo y el contexto de la “crisis”, en el Estado español la desigualdad social se hace cada vez más acuciante. Unos, demasiados, son afectados negativamente, viendo mermados sus derechos sociales y sus condiciones de vida. Otros, demasiado pocos, son beneficiados por esta situación.
En poco tiempo el grueso de la sociedad española parece condenada al empobrecimiento, a la pauperización de sus condiciones de vida, al desmantelamiento de los servicios públicos, a la decadencia democrática y a la aceptación de un modelo “mercadocrático”, con independencia de que voten a una u otra opción del bipartidismo alternante en el poder desde hace tres décadas.
El nuevo orden neoliberal impuesto en el país por la Troika no hace más que agravar y acelerar las propias consecuencias negativas, permanentes, sistémicas e intrínsecas del capitalismo. Se trata de un ajuste de tuercas que permita al capitalismo su supervivencia, y es una de las causas de la profundización de las desigualdades en el territorio español. El neoliberalismo en el marco de la globalización económica es la versión más salvaje que puede ofrecer el capitalismo global. Y eso es mucho decir.

Indicadores sobre desigualdad


Algunos indicadores sobre renta, patrimonio o consumo pueden dar muestra del nivel y la evolución de las desigualdades en el territorio. A partir de 2012, el Estado español ocupa la primera posición en cuanto a desigualdad social de la Unión Europea (UE-27), siendo por primera vez el país con una mayor distancia entre las rentas altas y las rentas bajas. Desde el inicio de la “crisis”, en 2012 y por quinto año consecutivo, ha crecido la diferencia de ingresos.

En el Índice de Gini, coeficiente que mide las desigualdades, el Estado español se encuentra tercero por la cola en la UE. En 2011-2012 el valor de la desigualdad a través de este coeficiente en el país  llegó a 34 puntos [1], 4 puntos por encima de la media de la UE y el valor más alto que el país ha registrado. Otro indicador de desigualdad es el Ratio 80/20, que establece la brecha entre el 20% de la población que más ingresos tiene y el 20% que menos. Aquí el Estado español ocupa el podio europeo, con un valor de 7,5, contra el 5,7 de la media de la UE-27, y con un aumento que ronda el 40% desde 2007 (Eurostat, 2012):



Según la Encuesta Financiera de las Familias [2], entre 2005 y 2009 el patrimonio del 25% más rico de la población española creció un 20% (aumentó de media en 540 mil euros), mientras el del 25% más pobre disminuyó un 6,4% (disminuyó en 4,4 mil euros) (Banco de España, 2010). Hasta mediados de 2012 las familias españolas han perdido riqueza del 18,4% con respecto a 2011, también la caída más fuerte entre los países de la UE-27. En términos absolutos, el importe agregado del empobrecimiento de los hogares sumó 177.000 millones de euros (Credit Suisse, 2012).
Otra forma de aproximarse a la medición de estas desigualdades “morales o políticas” es a través de la distribución del Producto Interior Bruto (PIB) entre asalariados y empresariado. Mientras que entre 1995 y 2010 la población asalariada ha percibido el 48,8% del PIB y el empresariado el 41,7%, en el primer trimestre de 2012 por primera vez los excedentes del empresariado han superado a las rentas salariales. Los beneficios empresariales durante ese período crecieron un 47,8% en términos de PIB, y la revalorización de las acciones de las empresas en un 371% (Colectivo IOE, 2012), aumentando la fisura económica entre ambas clases sociales.
El aumento de las desigualdades también tiene su reflejo en el consumo. La industria del lujo en el Estado español creció un 20% en 2011 y prevé un aumento del 14% en 2012 (ABC, 2012). La venta de coches de lujo creció un 80%, (mientras que la venta de coches en general descendió un 20%) y el consumo de lujo personal (moda, joyería, cosmética, accesorios, relojería) superó los 5 mil millones de euros, un 1,4% más que en 2011 [3] (Europa Press, 2012).
También en el ámbito fiscal la “crisis” resulta una coyuntura favorable para esta minoría. Además de la amnistía fiscal ofrecida por el ejecutivo a las grandes fortunas evasoras, las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), instrumento de inversión que los principales patrimonios utilizan para evitar pagar impuestos, crecieron más del 10% en el primer semestre de 2012. Estas sociedades para inversiones colectivas no pagan los impuestos de Transmisiones Patrimoniales ni Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y tributa como sociedad al 1%, en lugar de al 30 ó 35%. La inexistencia de un impuesto a las grandes fortunas y la nula tributación de las SICAV son medidas que se contraponen con la creciente presión fiscal que el Estado ejerce sobre los asalariados para aumentar la recaudación.
Esto contribuye a construir una estructura social cada vez más jerarquizada y desigual. Con datos que ilustran un escenario que parece alejar la posibilidad de cohesión social (INE, 2012).



Millonarios y “crisis”



Algunos de los principales millonarios del país y del mundo, ¿cómo sobrellevan la situación social y económica en el Estado español? ¿Cómo la conciben? ¿Cómo la sufren?

Unos ganan más: Amancio Ortega, empresario textil propietario del Grupo Inditex [4], ocupa desde mediados de año la posición de hombre más rico de Europa y tercero del mundo (su patrimonio equivale al de sus quince seguidores inmediatos españoles juntos). Durante 2012 fue la persona que más incrementó su fortuna, con un aumento de su patrimonio de 16,8 mil millones de euros (Bloomberg, 2012). 16,8 mil millones de euros: como referencias comparativas, esta cifra equivale a más de 180 mil veces el ingreso medio per capita [5]e iguala el “severo ajuste” realizado por el poder ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado en 2012 [6].
Otros hacen grandes negocios: la “crisis” también se configura como una “oportunidad” para nuevas inversiones extranjeras, con unas condiciones excesivamente ventajosas. No sólo el magnate Sheldon Adelson pretende instalar, con el favor del Estado, un estado de excepción en el territorio a través del megaproyecto Eurovegas [7], sino que también su par Carlos Slim, hombre más rico del mundo, en los últimos meses se ha convertido en socio relevante de CaixaBank y accionista mayoritario del club Real Oviedo.
Hay quienes derrochan optimismo: el reconocido millonario Wilbur Ross, que gestó su fortuna con las reestructuraciones empresariales y la participación en entidades financieras rescatadas, expresaba que “España en muchos sentidos es un país muy, muy interesante” (El País, 2012). Y quienes con cinismo se aprovechan: a mediados de 2012, Donald Trump destacaba las “muchas y buenas oportunidades” que hay en la economía del país, aconsejando a los inversores “aprovecharse”: "te están dando las tierras por nada, te lo están dando todo por nada” (El Mundo, 2012).
Mientras que sólo doscientas familias españolas suman un patrimonio estimado de 135 mil millones de euros, se prevé que para 2017 el número de millonarios en el país se incremente un 110% (Credit Suisse, 2012). Para esta clase dominante la “crisis” representa una coyuntura propicia para la especulación, los privilegios, el optimismo, la acumulación o los negocios oportunistas.

Más allá de la “crisis”, el capitalismo


Cada vez las desigualdades son mayores; y esto no sucede porque sí. No es una “consecuencia colateral”, no son “efectos indeseados”, ni tampoco “sacrificios necesarios”. Es la norma de un capitalismo global y salvaje.

Estas desigualdades existían, aunque la “crisis” las aceleró y profundizó: en 2008 la distancia entre ricos y pobres estaba en el nivel más alto de las últimas tres décadas. Con la embestida neoliberal la función de equilibrio y redistribución del Estado queda reducida a casi nada, y esto acelera el proceso de acumulación capitalista que determina que pocos tengan cada vez más, y el resto cada vez menos. “No es la crisis, es el sistema”.
El “Estado mínimo” abandona sus responsabilidades en materia social, económica o medioambiental (o resigna cualquier intento por domesticar a este capitalismo salvaje) e implementa una política de laissez faire para los grandes capitales, medidas para el fomento de la “competitividad empresarial” y procesos para la mercantilización y privatización de derechos sociales y bienes comunes. Políticas, medidas y procesos que conducen a las sociedades hacia la “ley de la selva”, a la economía hacia un “anarcocapitalismo” y a las propias instituciones políticas hacia la ilegitimidad.
La subordinación de cualquier política social a la acumulación capitalista muestra una jerarquía no sólo en el reparto de la riqueza, sino también en la distribución del poder para resolver desde la política este escenario de desigualdades. De este modo, las políticas para solventar la “crisis” responden a un objetivo y unos intereses inequívocos: garantizar las rentas del capital, socializando sus pérdidas a costa de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Permitiendo la expansión de un capitalismo salvaje al que ahora mismo le sobra demasiado: no sólo le sobran las mayorías sociales, sino también sus derechos, sus condiciones laborales de mínima protección, los servicios públicos. Mayorías a las que esta versión sin máscara ni escrúpulos del sistema conduce hacia un abismo social y económico cuyo suelo parece estar todavía lejos.

Desigualdades y conflicto social


De un lado, unas pocas y grandes fortunas, con una notable capacidad de incidencia política. Del otro, millones de personas desempleadas, trabajadoras precarias, estudiantes, pensionistas o asalariadas con miedo a perder el puesto de trabajo, que van siendo despojadas, desposeídas. En el medio, un sistema político que desde 2011 pierde afección y credibilidad, cada vez más connivente con la minoría privilegiada.

Sin embargo, el escenario descrito está provocando un considerable proceso de movilización y organización de base y de conflicto con el poder económico y político, con fuertes connotaciones en cuanto a la conciencia política de un sector creciente de la ciudadanía. La evidencia de que el poder real, concentrado en los “mercados”, está lejos de la democracia representativa, espolea la conflictividad y fomenta espacios y procesos que tienden a una democracia participativa, a partir de una movilización creciente, amplia, diversa y cada vez más contestataria a este orden establecido.
Entre los grupos desposeídos, la rebeldía, el compromiso con lo colectivo, la solidaridad, la deliberación colectiva o el consenso son elementos que se incorporan a este proceso, que supone un intento por recuperar, revitalizar y dignificar la política desde las bases y a través de la participación social.
En chino la palabra crisis también significa oportunidad. Para la clase dominante, la oportunidad de acrecentar sus privilegios, de hacer grandes negocios especulativos, de acumular más riqueza, de imponer las decisiones políticas que más se ajusten a sus intereses. Para las mayorías, también la crisis supone la oportunidad de movilizarse, organizarse y hacer una reflexión crítica y colectiva sobre el sistema político y económico, sobre la participación política, sobre la herencia social que se está dejando a las generaciones futuras. La oportunidad de construir y poner en marcha alternativas que permitan transitar hacia una sociedad más justa, igualitaria y sostenible.

Notas:
[1] En el Índice de Gini el valor cero equivaldría a la igualdad perfecta y el valor 100 a la desigualdad absoluta.
[2] La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) es una fuente estadística del Banco de España que desde 2005 permite relacionar las rentas, los activos, los gastos y las deudas de las unidades familiares del territorio.
[3] A nivel mundial este mercado alcanzó en 2012 unas ventas por valor de 190 mil millones de euros, con un crecimiento medio del 5%, aunque el crecimiento fue superior en 2010 (10%) y 2011 (11%).
[4] Los beneficios de Inditex crecieron un 63% y su valor en bolsa un 67% a lo largo del duro 2012.
[5] Durante 2012 el ingreso medio por persona en el territorio ascendió a 9.321 euros, un 7,5% menos que en 2008 (INE, 2012).
[6] De los 27 mil millones de euros de “ajuste” en los PGE para 2012, 12 mil procederían del aumento de impuestos y los restantes 15 mil millones de recortes de la inversión pública.
[7] Para más información ver: Eurobarcevegas, Barcelona World o la falacia del mal menor yEurovegas o las postales de una crisis, publicados en la Web de Alba Sud.  

Bibliografía citada:
ABC. (14 de junio de 2012). El lujo español escapa a la crisis: prevén subidas del 14% en las ventas en 2012. ABC.
Banco de España. (2010). Encuesta Financiera de las Familias: métodos, resultados y cambios desde 2005. Banco de España. Boletín Económico.
Bloomberg. (2012). Billionaires Worth $ 1,9 Trillion Seek Advantage in 2013. Bloomberg.
Colectivo IOE. (2012). Crece la desigualdad en España. Colectivo IOE.
Credit Suisse. (2012). Informe Global de Riqueza 2012. Credit Suisse.
El Mundo. (20 de junio de 2012). Donald Trump: en Europa y, especialmente, en España "te dan todo (inmuebles) por nada". El Mundo.
El País. (23 de octubre de 2012). El millonario estadounidense se interesa por los activos de la banca. El País.
Europa Press. (2012). El consumo de lujo superará en España los 5000 millones en 2012. EP.
Eurostat. (2012). Inequality of income distribution S80/S20 income quintilie share ratio. Eurostat.
INE. (2012). Encuesta de condiciones de vida. Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Alba Sud