Piden a la Unión Europea detener las negociaciones comerciales con Brasil.

Mato Grosso, Brazil – Photo by Icaro Cooke Vieira/CIFOR, cifor.org CC BY-NC-ND 2.0

Más de 340 organizaciones de la sociedad civil piden a la Unión Europea (UE) poner fin de inmediato a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el Mercosur debido al deterioro de los derechos humanos y la situación ambiental en Brasil.
El Mercosur está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En un carta abierta dirigida a los presidentes de las instituciones europeas piden garantizar que ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos.

Exigen la confirmación, con pruebas materiales, de que el gobierno brasileño cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Asimismo, incrementar el apoyo a la sociedad civil organizada brasileña, incluido el refuerzo de la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia y las consultas pro-activas con las organizaciones de la sociedad civil brasileña que se ocupan de los derechos humanos.

Finalmente, piden además vigilar que la UE vigile y responda a las violaciones de derechos humanos y fortalezca los mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos.

Para las personas en situación de mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, la UE debería proporcionar apoyo directo y urgente cuando sea necesario, incluso a través de representaciones políticas.

Conozca el texto completo de la carta abierta a continuación:

Estimado Presidente del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión Europea, Presidente del Parlamento Europeo, Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reclamamos a la Unión Europea que use su influencia para prevenir el empeoramiento de la situación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en Brasil. En abril, más de 600 científicos europeos y dos organizaciones indígenas brasileñas, en representación de 300 grupos indígenas de Brasil, pidieron a la UE que actuara como líder mundial en apoyo de los derechos humanos, la dignidad humana y un clima habitable, haciendo de la sostenibilidad la piedra angular de sus negociaciones comerciales con Brasil. Apoyamos plenamente este llamamiento. La UE y sus Estados miembros, vinculados por el Tratado de la Unión Europea, se comprometieron a respetar y promover los derechos humanos como objetivo general en sus relaciones con otros países. La propia Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, reconoció la necesidad de nuevos acuerdos comerciales que cumplan realmente con el objetivo del desarrollo sostenible. Desde la toma de posesión del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en enero de 2019, hemos sido testigos del aumento de las violaciones de los derechos humanos, los ataques a las minorías, la comunidad LGBTQ+, los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. Además, la administración sigue amenazando el funcionamiento democrático básico de la sociedad civil al tiempo que prepara la destrucción de algunas de las regiones más preciosas y ecológicamente valiosas del mundo como la Amazonía. Estamos profundamente preocupados por lo siguiente: La propuesta de poner la demarcación de las tierras indígenas bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, allanaría el camino para que los poderosos agronegocios ganaderos y sojeros aceleren su avance a través de la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo y el Cerrado, la sabana más biodiversa del mundo. Aunque esta controvertida medida parece haber sido temporalmente revocada por el Senado brasileño, el Presidente Bolsonaro aún puede imponerla. Ha habido un aumento dramático de los ataques contra los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y sus territorios. En febrero, se informó de que al menos 14 territorios indígenas protegidos estaban siendo atacados por invasores. Además, el gobierno abolió más de 35 consejos nacionales de participación social. Están aumentando los ataques contra las personas que defienden sus territorios o recursos naturales en las zonas rurales de Brasil, lo que se traduce en un aumento de las muertes de líderes comunitarios, campesinos y activistas. La promesa de campaña de Bolsonaro de «poner fin a cualquier forma de activismo» fue implementada en su primer día en el cargo, facultando al gobierno para «supervisar, coordinar, monitorear y observar las actividades y acciones de las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales dentro del territorio nacional». Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están ahora encabezados por quienes niegan el calentamiento global, lo que lleva a la anulación de los departamentos ministeriales responsables del cambio climático. Aunque Brasil sigue siendo firmante del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es cada vez más improbable que la administración tome las medidas necesarias para aplicar el acuerdo. La legislación y las políticas socioambientales se han debilitado drásticamente durante los primeros 100 días del gobierno Bolsonaro. El Código Forestal ha sido socavado con nuevas medidas que proponen la reducción de las reservas legales y un plazo más flexible para la regularización de las tierras por parte de los expropiadores. En enero de 2019, la deforestación en la Amazonia aumentó en 54 por ciento en comparación con el mismo período de 2018. Los actores de la sociedad civil organizada, activistas sociales, comunidades campesinas e indígenas y sindicatos enfrentan peligros extremos por la retórica incendiaria del gobierno de Bolsonaro y sus partidarios. Esto incluye el calificar de «terroristas» a los miembros de movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra y el Movimiento de los Sin Techo, lo que genera la preocupación de que la polémica ley antiterrorista de Brasil sea utilizada para criminalizar a los activistas sociales. La UE es el segundo socio comercial de Brasil en su conjunto, el segundo importador de soja brasileña y un importador fundamental de carne de vacuno, otros productos agrícolas y recursos naturales mineros brasileños. Por lo tanto, la UE tiene la responsabilidad de abordar las injusticias en materia de derechos humanos y medio ambiente que tienen lugar en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Debe utilizar su influencia para apoyar a la sociedad civil, los derechos humanos y el medio ambiente. La UE está negociando un acuerdo comercial de gran alcance con Mercosur que pretende ampliar el acceso al mercado y el comercio entre las dos regiones, incluido Brasil. Es imperativo que la UE envíe un mensaje inequívoco al Presidente Bolsonaro de que la UE se negará a respaldar un acuerdo comercial con Brasil hasta que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos, se adopten medidas estrictas para poner fin a la deforestación y se contraigan compromisos concretos para aplicar el Acuerdo de París. En el pasado, la UE ha suspendido las preferencias comerciales con países implicados en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como Myanmar y Filipinas. Además, la UE ha restringido las importaciones de productos cuya producción está relacionada con la violación de los derechos humanos como en el caso de los minerales de conflicto. Es hora de que la UE adopte una postura similar y firme para evitar el deterioro de la situación de los derechos humanos y del medio ambiente en Brasil. Por lo tanto, reclamamos que la Unión Europea: Detenga inmediatamente las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Garantice que ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos. Exija la confirmación, con pruebas materiales, de que el gobierno brasileño cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Incremente el apoyo a la sociedad civil organizada brasileña, incluido el refuerzo de la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia y las consultas pro-activas con las organizaciones de la sociedad civil brasileña que se ocupan de los derechos humanos y del funcionamiento democrático de la sociedad civil brasileña. Vigile y responda a las violaciones de derechos humanos -incluyendo la investigación de casos desde la elección de Bolsonaro- y fortalezca los mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos. Para las personas en situación de mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, la UE debería proporcionar apoyo directo y urgente cuando sea necesario, incluso a través de representaciones políticas. Atentamente, Para ver la lista completa de firmantes, haga clic aquí. Fuente y foto: Collectif Stop TAFTA

 Fuente: Servindi.org

Minería destruye más selva amazónica de lo que se pensaba.

Foto: La Voz Arizona

Investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, concluyen que la pérdida de masa forestal provocada por la actividad de las mineras representa en torno al 10 % de la pérdida forestal total en la Amazonía entre 2005 y 2015, por encima de lo estimado previamente

Eco América, 20 de octubre, 2017.- La expansión de la minería en Brasil está destruyendo más zonas de bosque amazónico de lo que se pensaba hasta ahora, según un estudio sobre la deforestación tropical en esa región que publica hoy la revista Nature Communications.

Investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, concluyen que la pérdida de masa forestal provocada por la actividad de las mineras representa en torno al 10 % de la pérdida forestal total en la Amazonía entre 2005 y 2015, por encima de lo estimado previamente.

Deforestación y minería

Cerca del 90 % de la deforestación relacionada con la minería se ha registrado fuera de los espacios mineros habilitados por el Gobierno de Brasil, según los científicos. En concreto, la pérdida de masa forestal debido a la minería es doce veces mayor fuera de esas áreas que dentro de ellas, y puede llegarse a extender 70 kilómetros a la redonda desde los límites de una mina.

Foto: VICE News

“Estos resultados muestran que la minería se considera ahora una causa sustancial de la pérdida de bosque amazónico”, afirmó la investigadora Laura Sonter en una nota de la universidad.

“Las estimaciones previas asumían que la minería provocaba quizás el 1 % o el 2 % de la deforestación. Llegar al límite del 10 % es alarmante y requiere que se tomen medidas”, afirmó.

Las infraestructuras relacionadas con la minería que pueden ser dañinas para los bosques incluyen las viviendas para los trabajadores y las nuevas rutas necesarias para el transporte de mercancías y personas, como carreteras, vías ferroviarias y aeropuertos, señala el trabajo.

“Nuestros hallazgos muestran que la deforestación en el Amazonía está asociada con un tipo de minería que se extiende a lo largo de grandes distancias desde el punto donde se extrae el mineral”, subrayó la investigadora Gillian Galford.

Masa forestal

El estudio se publica en un momento en el que Brasil está estudiando implementar legislación que flexibilice las normas medioambientales y levante restricciones a la minería en zonas protegidas. Los autores del trabajo subrayan además que cuando las compañías piden permiso para desarrollar excavaciones mineras no necesitan tener en cuenta los daños que pueden causar sus operaciones más allá de sus instalaciones.

Para alcanzar sus conclusiones, los expertos han analizado los cambios en la masa forestal alrededor de las mayores 50 minas activas en la Amazonía durante diez años, a partir de datos obtenidos por la Agencia Espacial de Brasil (INPE).

“Esperamos que estos hallazgos ayuden al Gobierno, a la industria y a los científicos para que trabajen unidos a fin de lograr una solución a este problema”, dijo Sonter.

Los científicos subrayan que las selvas tropicales aportan numerosos beneficios al medio ambiente, ayudan a regular el clima del planeta, albergan riqueza animal y vegetal, y absorben dióxido de carbono, entre otras funciones.

Recalcan asimismo que los esfuerzos globales que ya se han llevado a cabo para preservar la Amazonía han hecho que disminuyan prácticas nocivas relacionadas con la agricultura y la ganadería, pero son necesarias más acciones respecto a la minería.

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Fuente: Eco América: http://www.ecoticias.com/eco-america/175957/La-mineria-esta-destruyendo-mas-selva-amazonica-de-lo-que-se-pensaba

La tala ilegal opera con métodos similares al narcotráfico y socava estado de derecho.

- Las operaciones de tala ilegal a gran escala en el Perú están ligadas a una corrupción de alto nivel y redes de crimen organizado.

Por Elizabeth Hinoztroza

La tala ilegal es una forma de delincuencia organizada internacional que opera con métodos similares al tráfico de drogas y armas. Socava el estado de derecho de un país y representa una amenaza significativa pues alienta el desarrollo de grupos criminales.

Así lo revela el informe Justice for forests a and forest peoples realizado por el Banco Mundial en el que se describe como los troncos originarios de la Amazonía, son traficados y blanqueados por métodos similares al narcotráfico y provocan una corrupción de alto nivel.

Los métodos implican prácticas sofisticadas y fraudulentas llevadas a cabo por redes criminales internacionales que generan redes de corrupción a nivel regional e internacional. Obtienen importantes beneficios y evasión fiscal a gran escala, señala el documento.

El diario estadounidense, The New York Times, a través de un reciente reportaje, se hizo eco del informe y destacó que las operaciones de tala ilegal a gran escala en el Perú están ligadas a una corrupción de alto nivel y redes de crimen organizado.

A raíz del reportaje Francisco Berrospi, ex fiscal ambiental de Ucayali, declaró, en un medio local, que la tarea de proteger a la Amazonía resulta complicada porque ésta no solo es azotada por taladores ilegales, sino también por malos funcionarios.

De la misma forma, reconoció que varios jueces y fiscales no están capacitados en temas medioambientales y se encuentran en la orfandad de recursos humanos y logísticos para enfrentar una criminalidad que el considera incluso más poderosa que el narcotráfico: el poder de la madera.

Las declaraciones del ex funcionario ratifican el estudio efectuado por la Interpol que revela que las mafias de la tala ilegal blanquean el dinero en bancos e instituciones financieras mediante la inversión en empresas legítimas que les permita operar en algunos sectores de la economía.

El estudio: Impactos económicos de la tala y comercio ilegal de maderas en el Perú, de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), indica que la tala ilegal abarca un amplio espectro de modalidades y constituye un accionar criminal que destruye los bosques en una apuesta por un futuro de muerte.

Las modalidades van desde el aprovechamiento maderable en áreas naturales protegidas hasta el cambio de uso del suelo donde principalmente, la actividad ilícita, se concentra en la extracción selectiva de especies con fines comerciales.

Por ello, la tala ilegal, aunque representa para la población rural una fuente de ingreso inmediato a mediano y largo plazo significa n impacto negativo por mermar el capital natural, así como también por incrementar los conflictos y la violencia social.

Una comprensión de la tala ilegal y el comercio asociado

Una hoja informativa del ex Instituto de Recursos Naturales (Inrena) -ahora Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp)- define la tala ilegal como la “actividad ilícita para obtener recursos de flora sin contar con los permisos, concesiones y autorizaciones forestales y sin planes de manejo aprobados”.

Por otro lado, la hoja de ruta Towards an Improved Understanding of Illegal Logging and Associated Trad, sustenta que la tala no autorizada en zonas calificadas o autorizadas por la ley es tala ilegal.

La mayoría de los expertos en la hoja de ruta coinciden en que el registro que se realiza sin los permisos requeridos o violando los términos de estos también es ilegal.

Sin embargo, pese a las concepciones de qué es tala ilegal, la falta de especificidad en el volumen de ella, y el comercio asociado que se produce, reflejan el desafío de monitorear y documentar fenómenos difíciles y peligrosos de investigar.

Justicia para los bosques

La hoja informativa: Mejorar los esfuerzos de justicia penal para combatir la Tala Ilegal (Fact Sheet: Justice for Forests. Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging) recomienda a los responsables políticos, al sector forestal y a los actores legales, usar la justicia penal para los bosques a fin de luchar con eficacia.

Por su naturaleza ilegal es difícil de estimar cuantitativamente el tamaño de la tala ilegal pero se presume que en el Perú el volumen de madera ilegal supera en mucha proporción a la cantidad legal autorizada.

El estudio estima que el comercio ilegal de madera genera entre 10 y 15 millones de dólares al año, dinero que en su mayoría es controlado por el crimen organizado, libre de impuestos y que se utiliza para pagar a funcionarios corruptos del gobierno en todos los niveles.

De la misma forma, reflexiona que cada dos segundos un área del tamaño de un campo de fútbol es deforestado por los madereros ilegales, llegando incluso, en países como Perú y Bolivia, a ser hasta un 90 por ciento de toda la tala, ilegal.

El oro rojo que se extingue

En la hoja de ruta antes citada, Towards an Improved Understanding of Illegal Logging and Associated Trade (Hacia una comprensión mejorada de la tala ilegal y el comercio asociado), y de acuerdo con los datos Global Trade Atlas, entre el 75 y el 80 por ciento de las exportaciones de caoba peruana ingresa a los Estados Unidos.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund o WWF) afirma que la gran mayoría de las exportaciones de caoba en el Perú son cosechadas ilegalmente de las áreas protegidas y de las reservas indígenas.

El Gobierno del Perú estima que el valor de la caoba ilegal que sale de los puertos peruanos, supera el comercio de la caoba legal peruana en un factor de tres.

Finalmente, TRAFFIC, un programa conjunto del Fondo Mundial para la Naturaleza y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) infiere que las importaciones de productos forestales ilegales en Estados Unidos están creciendo debido al fuerte crecimiento del comercio documentado.

Para acceder a los siguientes documentos y enlace referidos haga clic en los siguientes enlaces:

Justice for forests (PDF, 60 páginas)

Reportaje del New York Times (enlace web)

Impactos económicos de la tala y comercio ilegal de maderas en el Perú (PDF, 21 páginas)

Towards an Improved Understanding of Illegal Logging and Associated Trade(PDF, 26 páginas)

Fact Sheet: Justice for Forests. Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging (1 página)

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Fuente: Servindi