Día de la Tierra: sin agua de calidad, suelo fértil y aire limpio no hay vida.

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El COVID-19, que ahora nos afecta y el Día Internacional de la Pachamama, deben motivarnos a tener una reflexión personal para entender que, sin agua de calidad, sin suelos productivos, sin un aire limpio y sin un ambiente equilibrado no hay vida. Por lo tanto, los recursos naturales, los diversos ecosistemas, la diversidad biológica deben ser respetados y ciertamente, deben ser nuestros aliados.

El Día de la Pachamama.

Por Juan Gil Mora*

21 de abril, 2020.- Arribamos al 22 de abril, en medio de una pandemia generalizada que afecta a más de 200 países en el orbe y con más de dos millones de personas afectadas, paralizada la economía, especialmente el sector servicios y con claras muestras que el sistema sanitario de países como el nuestro, ha sido colapsado debido a su precariedad y falta de previsión; se está pagando la poca atención al sector salud y su casi privatización por decenas de años; igual ocurre con la educación.

El día de la Tierra, establecido el 22 de abril como Día Internacional de la Tierra, mediante Resolución 63/278 de la ONU, reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas constituyen el almacén de nuestros recursos para satisfacer nuestras demandas de alimentación, medicinas, energía, recursos para el desarrollo y, que actualmente, se halla deteriorada, contaminada, agredida por las diversas actividades de expoliación sin límites y utilizando tecnologías no ambientalmente compatibles.

La resolución de la ONU reconoce a la Tierra, los productos y recursos que nos ofrece como nuestro hogar; por lo tanto, debemos ser nosotros los que debemos de administrar con sensatez y encontrar el equilibrio entre las formas de satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales que nuestros pueblos requieren.

Este equilibrio solo se podrá alcanzar desarrollando acciones que promuevan la armonía del hombre con la naturaleza; así lo demanda nuestra legislación y los principios del desarrollo sostenible.

Este Día Internacional, que, en nuestro contexto andino, lo asociamos y debido a nuestra racionalidad heredada desde nuestros ancestros, los Incas, lo denominamos como el Día de la Pachamama.

En efecto, utilizaron diversas tecnologías y herramientas para conservar el suelo, el agua, el bosque; construyeron andenes y canales de riego para hacer estas tierras más productivas; no invadían el cauce de los ríos, respetaron lo que actualmente denominamos como faja marginal.

Sabían bien que la conservación de los bosques era un requisito para la generación de fuentes de agua; los suelos debían ser conservados, porque de ellos depende la productividad y seguridad alimentaria; en razón a todo ello, la Pachamama, es y ha sido respetada, conservada y adecuadamente gestionada y manejada.

El 22 de abril, no es un día para celebrarlo, sino que es propicio para la reflexión sobre el cuidado de la Tierra y los diversos problemas ambientales e incluso daños que hemos ocasionado; considero, que el Día de la Pachamama, es más bien una fecha para promover que todos los sectores de la sociedad (empresarios, inversionistas, el hombre del campo, intelectuales, autoridades, adultos y niños) reflexionemos respecto de lo que tenemos en nuestros ecosistemas, lo que hemos perdido en razón a la sobreexplotación y deterioro generado sobre nuestros recursos naturales y, sobre qué tecnologías debemos de utilizar para el uso sostenible en beneficio de las grandes mayorías que aún, en el Perú, no tienen satisfechas las necesidades básicas. Reflexionemos juntos, para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento.

Existen problemas de diversa índole que han afectado a los ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas, como la pérdida de biodiversidad, desertificación, cambio climático, erosión de suelos, deforestación, contaminación, mala gestión de residuos sólidos, la interrupción de ciclos naturales, etc. que pueden ser enumerados como los costos del hombre y de los estilos de desarrollo implantados en menoscabo de los recursos que la naturaleza y sus ecosistemas nos brindan.

Existe información relevante respecto de los diversos impactos negativos que el hombre en sus diversas actividades ha generado sobre los ecosistemas, que los resumo brevemente:

Según Nature (2016), la destrucción del hábitat, la explotación y el cambio climático están causando la pérdida de la mitad de la población de las especies silvestres del mundo.

Oxford Academic (2012), especifica que, en todo el mundo, más de 650,000 mamíferos marinos son capturados o heridos de gravedad por los artes de pesca cada año.

The Guardian (2018). Manifiesta que el número de animales que viven en la tierra ha disminuido en un 40% desde 1970.

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Smithsonian National Museum of Natural History, (2018), estima que los humanos han impactado el 83% de la superficie terrestre de la Tierra, lo que ha afectado a muchos ecosistemas, así como al rango en el que solían existir especies específicas de vida silvestre.

Pero las cifras indicadas, no son las únicas; pues en los ecosistemas de agua dulce, más de 126,000 especies de peces, reptiles, moluscos, plantas, insectos y mamíferos que habitan en ríos, lagos y humedales, se han visto gravemente amenazados por la acción humana (National Geographic, 2018); de estos, un 83 % han disminuido desde 1970, según el último Informe Planeta Vivo de la WWF, siendo la mayor extinción de vertebrados a nivel mundial.

Dicho índice, que mide los niveles de biodiversidad, señala que las especies de vertebrados en todo el mundo evidencian una disminución general del 60% desde 1970, siendo los principales factores de esta pérdida la sobreexplotación y la agricultura (ambos como resultado del crecimiento del consumo humano).

De otro lado, y aún en el contexto del análisis global, las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera alcanzaron, en 2018, concentraciones que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) considera como niveles récord.

En efecto, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, en las estaciones de Mauna Loa (Hawaii) e Izaña (Canarias), superan las 415 ppm (partes por millón) en 2018. La información de la OMM, especifica que el dióxido de carbono (CO2) aumentó un 147%, el metano (CH4) un 259%, y el óxido nitroso (N2O) un 123%.

Estos incrementos hacen que el cambio climático sea más agudo, que las temperaturas suban y que los fenómenos meteorológicos extremos se agudicen.

El CO2 es particularmente dañino en un contexto de calentamiento global porque permanece en la atmósfera durante siglos y en los océanos por más tiempo, además de acidificar los océanos.

Aun cuando (como señalamos en un artículo anterior) el impacto visible y positivo del coronavirus, ya sea a través de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se debe a la desaceleración económica, la pausa de las industrias y el parque automotor y, el confinamiento de los habitantes a causa de la pandemia.

En el caso del Perú, las repercusiones de la actividad económica tienen características particulares; el Perú tiene escasas tierras agrícolas, alrededor del 6% del territorio nacional (Perú posee una superficie de 128.5 millones de hectáreas, de las cuales solo 7.6 millones tienen capacidad para cultivos agrícolas; MINAG, 2020).

En esta extensión, se produce un permanente deterioro de los suelos debido tanto a factores naturales, deforestación, incendios y quemas y, las inadecuadas técnicas utilizadas en la agricultura y ganadería.

Esta degradación de los suelos afecta las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, generando que los suelos productivos tengan un bajo rendimiento en los cultivos y sea costoso en su mantenimiento.

La pérdida de suelos por erosión hídrica en el Perú es un grave problema ambiental que afecta y pone en riesgo la seguridad hídrica y seguridad alimentaria.

Este proceso erosivo, es más crítico en zonas altoandinas que son proveedoras de importantes servicios ecosistémicos, como la generación del agua y, constituye el escenario donde se desarrolla la actividad agrícola para la provisión de alimentos a las ciudades de sierra, selva y costa.

Por otro lado, al ser la precipitación el principal agente que contribuye al proceso de erosión hídrica, la generación de sedimentos y sólidos de arrastre produce la colmatación de cauces, represas, canales de riego, embalses que tiene altos costos de mantenimiento.

Según estudios de SENAMHI (Atlas de erosión de suelos, 2017). En la cuenca Vilcanota-Urubamba, los niveles de erosión anual para esta cuenca, alcanza una tasa promedio de 58.2 TM/ha/año, valor que califica un grado de erosión Alta, según clasificación FAO. Es decir, que la erosión, se lleva millones de toneladas de suelo productivo y no productivo de nuestra Región.

De otro lado, la deforestación en Perú es preocupante, habida cuenta que es un factor que genera erosión de los suelos, en 2019, según reporte del MINAM, se deforestaron 147,000 hectáreas de bosques.

El incremento del proceso de deforestación en el Perú es alarmante, pues, según el informe de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) hasta el año 2017 el Perú ha perdido un total de 7.7 millones de hectáreas de bosque natural, de los cuales el 60% estuvo concentrada en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Loreto (Informe Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina -MAAP).

Todos conocemos las principales causas de la devastación de bosques en el Perú; sin embargo, las causas principales son: la minería ilegal, monocultivos, tala ilegal, agricultura migratoria, urbanización y construcción de carreteras; empero, la responsabilidad en su control no debe recaer sólo en el gobierno nacional y sectores, sino en los gobiernos regionales y locales.

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Pues éstos últimos se hallan de cara a la población y administran el territorio jurisdiccional respectivo y deben de contar con planes y proyectos para el control de estos dos procesos: la erosión y deforestación.

De acuerdo con un análisis de la Universidad de Maryland, publicado en Global Forest Watch, 2020; la selva del Perú perdió 140,185 hectáreas de bosques primarios en 2018, lo que ubica al país como el sétimo con mayor deforestación de este tipo a nivel mundial.

Es preciso señalar que los bosques primarios poseen especies forestales que pueden tener cientos o miles de años, y almacenan más carbono que otros bosques.

La deforestación de estos bosques hace que el carbono almacenado sea liberado, contribuyendo, no sólo al calentamiento global, sino a la pérdida del suelo por erosión.

El Día Internacional de la Pachamama, sirva para sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existen problemas sin resolver, como los comentados y otros que los gobiernos deben considerar en sus políticas de desarrollo.

Además, todos los ciudadanos seamos exigentes con quienes en este momento y a futuro administran la gestión pública y consideren la variable ambiental en las políticas de desarrollo.

Sin duda, en este Día Internacional de la Madre Tierra, requerimos un importante viraje hacia una economía más sostenible, más socialmente justa, más equitativa y que funcione tanto para las sociedades como para los ecosistemas del planeta. Es hora de promover y plantear acciones para la armonía del hombre con la naturaleza.

Hoy vivimos semanas de preocupación, debido a la pandemia; no obstante, habría sido distinto en nuestro país y en muchos otros, que millones de ciudadanos hagan frente a esta pandemia, conociendo que tienen una estructura de saneamiento adecuada, con agua de calidad potable que no genere enfermedades transmitidas por el agua, sabiendo que tenemos suelos productivos y no erosionados que garanticen una dieta equilibrada en vitaminas y minerales, que tengamos en nuestras ciudades aire no contaminado, que poseamos una minería con tecnologías no deteriorantes, que los residuos sólidos que todos generamos sean adecuada y sanitariamente gestionados, contemos con ríos no contaminados y aguas residuales tratados, de modo que tengamos una calidad de vida acorde a nuestros tiempos.

El COVID-19, que ahora nos afecta y el Día Internacional de la Pachamama, deben motivarnos a tener una reflexión personal para entender que, sin agua de calidad, sin suelos productivos, sin un aire limpio y sin un ambiente equilibrado no hay vida.

Por lo tanto, los recursos naturales, los diversos ecosistemas, la diversidad biológica deben ser respetados y ciertamente, deben ser nuestros aliados.

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*Juan Gil Mora es consultor Ambiental. Registro SENACE y doce nte en la Escuela de Posgrado en la Universidad Andina del Cusco.

Fuente: Servindi.org

La pandemia coloca a indígenas latinoamericanos ante nuevos desafíos.

En Manaus, capital del estado Amazonas, en el norte de Brasil, tratan de esterilizar puntos de diseminación del coronavirus, como puertos, atracaderos y mercados alimentarios. (Imagen de Ione Moreno/ Semcom-Fotos Públicas)

Por Mario Osava*

IPS, 13 de abril, 2020.- El nuevo coronavirus llegó al extremo noroeste de Brasil, en la Amazonia profunda, sonando la alarma de su arribo a comunidades donde viven numerosos indígenas, en un temor común en los países latinoamericanos.

Por una cruel ironía el portador del coronavirus fue un médico de la Secretaría Especial de Salud Indígena, responsable en Brasil de la asistencia a los pueblos originarios en sus territorios.

“Él vino del Sur, atendió gente en Atalaia do Norte, donde contagió a un pariente marubo (pueblo indígena), luego estuvo en Santo Antonio do Içá y dejó cuatro con el virus, entre los cuales una indígena kokama. Hoy se informó que en São Paulo de Olivença, donde vivo, hay otros dos enfermos”, relató a IPS el líder indígena Francisco Guedes, desde su localidad.

Entre los siete comprobados con el nuevo coronavirus por lo menos dos son indígenas, “parientes” como los identifica Guedes, presidente de la Federación de las Organizaciones, de los Caciques y las Comunidades Indígenas de la Tribu Ticuna del Alto Solimões, en el estado de Amazonas, en el norte del país.

“Estamos preocupados”, porque no se ve posibilidad de tratamiento para los enfermos graves, señaló Guedes, profesor de enseñanza básica en la lengua ticuna, el pueblo indígena más numeroso de Brasil, con 70 000 miembros estimados, en un país con una población de 211 millones de habitantes.

“Acá el hospital no tiene equipos siquiera para asistencia común, mucho menos para cuidados intensivos. Y Manaus, donde hay recursos, queda a tres días y medio en barco”, el único medio de transporte, acotó.

Además Manaus, la capital de Amazonas, con 2,2 millones de habitantes, tiene su red de hospitales ya en colapso, admitió el alcalde Arthur Virgilio Neto. Es una de las siete capitales cuyo índice de contagiados por el SARS-CoV-2 más preocupa al Ministerio de Salud.

Manaus es la capital de estado con mayor índice de contagios hasta ahora, y allí ha muerto uno de los dos indígenas registrados como fallecidos hasta ahora por la covid-19, ambos en la Amazonia brasileña.

En México, en la occidental península de Yucatán, donde los indígenas constituyen por lo menos la mitad de sus 2,2 millones de habitantes, ellos enfrentan otras dificultades.

“Aún hay pocos casos (de la covid-19), por suerte, y la mayor parte en la capital Mérida, pero como no hay ningún plan del gobierno ante la pandemia, un contagio masivo provocaría muchas muertes”, teme Pedro Uc Be, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Maya en Yucatán.

“Lo que se necesita ahora es comida y trabajo, no tanto para los indígenas que viven en sus pueblos, que tienen la ventaja de una dinámica propia, con producción de alimentos. El problema son los que emigraron principalmente a Mérida y ahora regresan a sus pueblos sin trabajo, ni ingresos, ni comida”, destacó a IPS desde Buctzotz, un municipio de Yucatán.

El gobierno del estado de Yucatán, uno de los tres en que se divide el territorio peninsular, ofreció un bono de 2500 pesos (cerca de 102 dólares) a cada desempleado, pero en la mitad del primer día hubo más de 25 000 solicitudes y se canceló el programa.

Una reunión de la Asamblea Maya, en la península de Yucatán, en México, que lucha por la defensa de su territorio. Ahora sus líderes buscan defender a sus miembros de la propagación del coronavirus. Foto: Cortesía de AM

“No tenemos seguridad, pero se cree que el coronavirus llegó a los pueblos indígenas por los regresados de la capital”, observó Uc Be, campesino, profesor de literatura y escritor en lengua maya.

En México, con 130 millones de habitantes, la epidemia está creciendo y hasta ahora se trata de contenerla por un confinamiento voluntario de las personas. “La mayoría se queda en casa”, pero el éxito sigue pendiente de políticas “adecuadas y a tiempo”, sostuvo.

El gobierno local amenazó con hacer obligatorio el aislamiento social, pero no lo hizo ante críticas de las organizaciones de derechos humanos, dijo el profesor, tras explicar que la Asamblea Maya lucha en la defensa del territorio indígena contra intentos de despojo por grandes empresas, proyectos energéticos y siembras de soja transgénica.

En Ecuador, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) también se quejó de la falta de medidas y de coordinación de los esfuerzos centrales, provinciales y locales, pero se dispuso a poner en marcha “un plan de solidaridad en apoyo a sectores del campo y la ciudad”, con aporte de productos de primera necesidad.

“Pondremos nuestro granito de arena”, declaró el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, en una rueda de prensa digital desde Quito el martes 7.

No hubo registro de la covid-19 en las comunidades indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, pero si en la costa, con “compañeros fallecidos”, resumió.

“No tenemos estadísticas, datos exactos” con nombres y origen de los indígenas afectados, reclamó. La prioridad debe de ser la protección de los productores campesinos, para que puedan vender sus productos, para que tengan sus ingresos y contribuyan a la seguridad alimentaria, arguyó Vargas.

La crisis de la pandemia en Ecuador repercutió internacionalmente por los muertos sin sepultura, abandonados en las calles de Guayaquil, la mayor ciudad del país andino, con 17 millones de habitantes.

Vargas divulgó también las resoluciones del Consejo Político de Conaie, reunido el lunes 6.

“Rechazar la decisión del gobierno nacional de pagar la deuda externa y no destinar esos recursos al Sistema de Salud Pública para combatir el covid-19 en el cual hasta el momento hay la escalofriante cifra de 1600 miembros del personal de salud contagiados por falta de equipos de bioseguridad”, es el tercero de los 13 puntos de la declaración.

Una escuela del pueblo juruna, en la orilla del río Xingú, en la Amazonia brasileña. Los pueblos indígenas de la ecorregión del norte del país tratan ahora de informarse y reclamar medidas para evitar los daños y la mortalidad que provoca la pandemia del nuevo coronavirus, a que son muy vulnerables por razones sociales y culturales, como el modo de vida, lejanía de los hospitales y la invasión de sus tierras. Foto: Mario Osava/IPS

Una escuela del pueblo juruna, en la orilla del río Xingú, en la Amazonia brasileña. Los pueblos indígenas de la ecorregión del norte del país tratan ahora de informarse y reclamar medidas para evitar los daños y la mortalidad que provoca la pandemia del nuevo coronavirus, a que son muy vulnerables por razones sociales y culturales, como el modo de vida, lejanía de los hospitales y la invasión de sus tierras. Foto: Mario Osava/IPS

La Conaie condena la política neoliberal, beneficios a las empresas extractivas y centrales hidroeléctricas, los despidos masivos y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, para reclamar una elevación de 60 a 400 dólares el bono de emergencia concedido a los trabajadores informales privados de sus ingresos.

Además propone la creación de un fondo para la compra de alimentos producidos por el sector indígena y campesino, para asegurar el abastecimiento de las ciudades.

Los indígenas latinoamericanos tratan de superar el olvido a que fueron relegados en esta crisis sanitaria y también humanitaria, un efecto natural de la multiplicación de los enfermos y muertos en algunas de las grandes ciudades.

“Los pueblos indígenas no están preparados para la pandemia del coronavirus debido a la limitada oferta de servicios de salud (instalaciones y personal sanitario) en sus comunidades”, declaró el epidemiólogo Omar Trujillo, quien se ocupa de la población originaria dentro del Ministerio de Salud de Perú, otro país con alto número de comunidades nativas.

Esta vez el virus no es el arma biológica con que invasores coloniales exterminaron pueblos indígenas en las Américas. El SARS-CoV-2 golpea a todos, sin distinguir etnias o colores.

Nadie estuvo expuesto antes a ese nuevo coronavirus para desarrollar anticuerpos y evitar formas graves de la covid-19, explicó a IPS el epidemiólogo Eduardo Costa, asesor de cooperación internacional de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP).

Indígenas, blancos o negros están teóricamente en las mismas condiciones inmunológicas ante esa pandemia que amenaza millones de vidas humanas y los sistemas sanitarios, económicos y sociales en todo el mundo

Pero hay otros indicadores sanitarios y sociales que recomiendan incluir los indígenas en América Latina y el mundo entre los grupos más vulnerables, sostuvo Ana Lucia Pontes, médica investigadora de la ENSP, quien coordina el Grupo de Trabajo de Salud Indígena en la Asociación Brasileña de Salud Colectiva.

Las condiciones varían entre los pueblos originarios, territorios y modos de vida, hay muchos grupos que acumulan comorbilidades por efectos de enfermedades sufridas, como malaria, dengue, gripes, sarampión, diabetes entre los adultos, anemia relacionada a problemas alimentarios, explicó.

Además de las distancias de las aldeas a los hospitales y frecuente escasez de agua potable, se presentan dificultades de comunicación y por ende de información sobre riesgos y cuidados impuestos por el coronavirus, acotó.

Aunque vivan apartados, numerosas comunidades indígenas en Brasil y el resto de América Latina dependen de compras de alimentos afuera y esa relación frecuente con los mercados urbanos representa un riesgo de contagio peligroso, concluyó Pontes.

Ya el 13 de marzo, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) llamó a los gobiernos de los ocho países de la ecorregión a adoptar medidas urgentes, ante la especial vulnerabilidad de los pobladores originarios.

“Son 506 pueblos indígenas que estarían en inminente riesgo, además de 76 pueblos indígenas en aislamiento, cuyo sistema inmunológico es muy débil y cualquier gripe los puede llevar a la desaparición. Una pandemia de esta magnitud para las comunidades nativas significaría una catástrofe de grandes proporciones”, planteó entonces uno de sus coordinadores, el colombiano Robinson López.

El brasileño Guedes, por su parte, comentó una realidad que se repite entre comunidades indígenas de la región.

Los ticunas, dijo, aún disponen de mucho pescado y producción agrícola para sostenerse con cierta autonomía alimentaria. Pero muchos “parientes” ya no cuentan con esa posibilidad, con tierras escasas y cercadas o invadidas por la minería y la ganadería y el pescado escaso en ríos bloqueados por embalses hidroeléctricos, se lamentó.

El SARS-CoV-2 hizo recordar que los cinco millones estimados de indígenas que vivían en Brasil cuando llegaron los portugueses, en 1500, se redujeron a 897 000 en el censo de 2010, después de haber bajado a cerca de 250 000 en los años 80. Otros virus fueron factores de muchos casos de exterminio.

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*Chizuo Osava, más conocido como Mario Osava, es periodista responsable de la corresponsalía en Brasil de la agencia de noticias Inter Press Service desde 1980.

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Fuente: IPS: https://www.pressenza.com/es/2020/04/la-pandemia-coloca-a-indigenas-latinoamericanos-ante-nuevos-desafios/

Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Misiones: El Estado autorizó desmontes en tierras indígenas.

GRAN DAÑO. Cuando llegaron se encontraron con que varios árboles ya fueron sacados de esa zona. Fuente: Primera Edición

Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.

Primera Edición, 13 de febrero, 2020.- Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.

El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.

Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.

Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.

Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. 

Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.

Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.

Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”.

Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.

“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.

Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.

En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.

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Fuente: Primera Edición: https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100226195/denuncian-que-el-ministerio-de-ecologia-autorizo-desmonte-en-campo-grande/

"Mueren porque el agronegocio los deja sin agua, sin comida"

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La cifra récord de desmontes en Salta les quita a las comunidades sus territorios y sus modos de subsistencia. Ya fallecieron seis niños. Los ambientalistas ponen el foco en la expansión sojera.

Por Gastón Rodríguez

Tiempo, 8 de febrero, 2020.- "Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir".

La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios.

Una razón íntima la justifica: "Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser".

El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates.

Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.

"Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa", dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.

La "emergencia sociosanitaria" declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.

Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una "ley de reordenamiento territorial", permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.

"En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada", explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.

Foto: @FMMAS935/ Twitter

"Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura", se queja Cruz.

"Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo".

Desalojados

El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.

Sin misión

Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que "luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región" del país.

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Fuente: Tiempo Argentino Beta: https://www.tiempoar.com.ar/nota/tragedia-wichi-mueren-porque-el-agronegocio-los-deja-sin-agua-sin-comida

Lanzan serie de investigaciones en periodismo ambiental.

Radialistas de medios comunitarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú desarrollaron investigaciones de periodismo ambiental, en el marco de un curso organizado por la DW Akademie.

Servindi, 29 de enero, 2020.- La inseguridad jurídica de los territorios indígenas, la contaminación derivada de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana o el aporte de los pueblos indígenas a la conservación son algunos de los temas que forman parte de una serie de investigación promovida por la DW Akademie.

En el marco del curso Periodismo Ambiental, radialistas de medios comunitarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú desarrollaron investigaciones periodísticas partiendo, en la mayoria de los casos, de sus propias realidades locales pero reflejando una conexión entre lo regional e incluso, lo global.

Las investigaciones como el proceso de su desarrollo apuntan a propiciar una mirada regional a los problemas ambientales desde los medios comunitarios, así como a una mejor comprensión del contexto regional, las dinámicas extractivas y los esquemas de producción y explotación de los territorios.

Las investigaciones están disponibles en el sitio web del "Curso de periodismo ambiental” para periodistas comunitarios, que se desarrolló en el segundo semestre de 2019, con el apoyo de DW Akademie.

Un primer encuentro de los periodistas se realizó en la ciudad de Lima, en setiembre de 2019; mientras que el encuentro de cierre se realizó en Bogota en el mes de noviembre.

En dicho lapso los radialistas también llevaron el curso y asesoría para sus investigaciones virtualmente. Participación de especialistas como Alexa Vélez, Rodrigo Arce, Roberto Espinoza, María Clara Valencia, Jorge Agurto, Gisela Dávila entre otros.

Dicha iniciativa constituye, en su primera versión en 2019, una experiencia piloto susceptible de ser replicada en otros países o con otros grupos de radialistas.

Así, estas nueve historias son también un llamado a la construcción colectiva y al trabajo en red, pese a las fronteras geográficas, y un aporte a la comprensión del periodismo como una herramienta para incidir en las actividades humanas y en la toma de decisiones.

Los comunicadores pertenecen a organizaciones como la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE), el Centro de Educación y Producción Radiofónica (CEPRA), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Servindi, entre otras.

El curso fue una iniciativa de la DW Akademie, y contó con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Los trabajos están disponibles en el siguiente portal (clic a este enlace).

Encuentro de periodistas participantes en Lima (Setiembre 2019). Foto: Servindi.

Las investigaciones son las siguientes:

Mecheros de gas de petróleo en la comunidad Santa Cruz, por Luis Alfredo Chimborazo, Ecuador.

Protección del Páramo La Paila, como espacio de vida, por Genaro Tróchez Lis, Colombia.

Naturaleza en riesgo por la inconciencia humana, por Susy Mamani Ticona, Bolivia.

Lo ancho y ajeno para los pueblos indígenas del Perú, por Athena Fernández, Perú.

Cuando la basura acecha, por Ronald Corini, Bolivia.

¿Son los pueblos indígenas los que mejor conservan los bosques?, por Patricia Saavedra, Perú.

De las aguas cristalinas del Chimborazo hacia las turbias Chibunga, por Bélgica Chela, Ecuador.

La masacre de la que pocos saben porque los árboles no hablan, por Carmen Elisa Cabrera, Colombia.

Redes para la vida, por Carmen Pazmiño, Ecuador.

La eterna vigencia del capitalismo primitivo.

Por: Jesús Arenas:

No pretendo dar una cátedra de Derecho Romano ni confieso algún recalcitrante prurito contra el capitalismo vigente, porque la realidad me obliga, a duras penas, soportarlo y vivirlo. Pero es pedagógico dar a conocer brevemente a nuestros jóvenes lectores, un asomo de ese aspecto, por considerarlo “justo y necesario”, es decir, una curiosa tabla comparativa de ciertos pasajes del derecho primitivo romano que aun rige los destinos del campesinado latinoamericano.

Diariamente conocemos las penalidades de indígenas y trabajadores humildes del campo que reclaman su abandono y sufren el despojo auspiciado por las oligarquías enquistadas en el poder, con la complacencia de cuerpos armados utilizados como verdugos de su propio pueblo. La represión es una característica derivada del atropello imperial de la antigua Roma, utilizada por el neoliberalismo imperialista.

En el Derecho Romano, estaba muy claro para los patricios (oligarquía) lo que debían obtener de las obligaciones (nexum) establecidas para expoliar a los plebeyos rurales y despojarlos de sus tierras y frutos. Ese “nectare” anudaba, ataba hasta la propia vida del campesino mediante leyes continúas evaluadas y acordadas en los concilios privados de sus palacios. El deudor que nacía de esas obligaciones agiotistas, respondía hasta con su propio cuerpo por las deudas adquiridas e impuestas.

Aquella famosa “ley de las Doce Tablas” permitía la condena por deudas mediante la detención del deudor, fijando el peso de las cadenas que le colocaban como escarmiento por su incumplimiento y la limosna de alimentos que recibía despectivamente del acreedor. Sometido a un estado de esclavitud, el plebeyo rural, perecía junto a su patrimonio y su familia. La ley lo juzgaba, a imitación, con una capitis diminutio y el desarraigo de su páter familiae

Transcurrido cierto plazo sin que pudiera cumplir su pago, el campesino romano, a instancias del orden “legal romano”, podía ser vendido, por el acreedor, o ser sometido como esclavo o matarlo. ¿Acaso no es algo parecido al sicariato rural o ajuste de cuentas que padece nuestro campesino por parte de los terratenientes? Desde esa práctica asesina corre el imperialismo hasta nuestros tiempos, aunque tratadistas nos confundan con terminologías jurídicas superpuestas y simuladas.

Las deudas actualmente pueden crear derechos a varios acreedores lo que permite la ley subrogarse en el cobro, pues en la época romana, varios acreedores podían reclamar, igualmente, sus derechos al deudor formando parte de la “gavilla” que lo podía destrozar corporalmente repartiéndose sus miembros, en virtud de la relación personal establecida. La denominada “venganza privada” estaba regulada por la Ley del Talion. A partir de ciertas épocas del imperio romano la obligación estaba relacionada con el crédito y confundida con el derecho penal.

Hoy día, nuestros gloriosos banqueros en contubernio con terratenientes, negocian el asedio al campesino solicitando leyes a los gobiernos neoliberales para darles cierto viso de legalidad. Vemos como persiguen a los cultivadores ancestrales para construir represas, edificaciones, sin importarles la contaminación de las fuentes ni la infertilidad del suelo. Levantan sus fábricas para obtener productos que les enriquecerá más y les permitirá la obtención de dinero fácil ocasionando una esclavitud de hambre en los cordones de miseria (favelas) de las ciudades, mediante la escasez, la especulación y el acaparamiento.

Es una realidad palpable que los medios ocultan a cambio de una tarifa e interpretan demonizando a los delincuentes pobres. Es perogrullada insistir que nuestros campos están cada vez más abandonados y áridos. Ya no resisten más préstamos desvergonzados de las élites terròfagas; lucen exprimidos e improductivos. Nuestros organismos sobre la materia no son suficientemente diligentes en recuperar y hacer cumplir los créditos otorgados. Así asistimos indiferentes a una insolvencia ex profeso de los poseedores y propietarios, entre comillas, del 75% de las tierras sin que produzcan nada ni se conozcan sus frutos. Solo somos testigos de la opulencia de los deudores y los viajes de placer que disfrutan.

Las penas pecuniarias fueron creadas desde la época imperial romana para darle una visión “justa” mediante las llamadas “composiciones voluntarias”, donde se fijaban las sumas de dinero del pago. Pero, como siempre, la ambición del acreedor, abusó con penas desproporcionadas establecidas en sus tarifas impositivas (algo similar a los intereses de nuestras cartas de crédito) pretendiendo darle viso de legalidad mediante un tipo de “composición legal”. Dada la imposibilidad del deudor para cumplir con su obligación en la fecha indicada, se establecieron “plazos” para darle cuerda al asunto y crear una tética de expoliación y garantías al acreedor.

Esto se hacía en reuniones privadas con la presencia de cinco testigos (comprometidos) y el llamado “librepens” (juez de la balanza). No tan lejano de las famosas conferencias privadas de nuestros banqueros, jueces, terratenientes y representantes oficiales para imponer el tipo de garantía al deudor. El plebeyo romano quedaba “entetado” (no es un término del latín, es jerga) sin que importara a sus acreedores la miseria a que era sometido por una posible ruina natural, guerra o asalto.

El “Vindex”, era una figura fácil para los patricios, pero no para los plebeyos campesinos por lo que crearon una nueva ley: la lex Vallia” que permitía el deudor defenderse por sí mismo. Una acción decorativa por cuanto la debilidad del campesino era patética. A través de una ojeada al derecho primitivo romano, podemos cerciorarnos que esas figuras jurídicas subsisten con palabras y lexicografía nueva, pero en el fondo conservan aquellas injusticias en el medio rural de América latina y de los continentes tan abandonados como el nuestro (Bolivia, Perú, Argentina, Chile, India, etc.) el imperialismo cambia de ropaje, pero guarda su cinismo. Muy poco ha sido modificado el derecho romano. Rendimos pleitesía a ser descendientes, pero los atropellos legales continúan ahondados con el neoliberalismo y el imperio letal que nos subyuga. Las retoricas leyes insisten en la esclavitud (ejemplo las reciente leyes del “kusasky” peruano y del Macri en Argentina)

Testigos presenciales somos del artificio legal que encausa al campesino y que lo despoja. Una vez expropiado de su terruño, se le somete a la venta en masa de su patrimonio para adjudicarlo a compradores confabulados a favor del acreedor, quienes previamente han acordado bases para el remate. Las posturas “amañadas” permiten la apropiación de sus tierras.

Después “del acto legal” las ofrecen como garantía para otro préstamo, suscitándose una cadena de fraudes y estafas por cuanto se insolventan o no cumplen con el propósito de la inversión productiva, ante los ojos cerrados de los organismos que toleran el desfalco al fisco nacional, burlando el propósito para el desarrollo y producción del campo. A los acreedores les conviene la importación de productos porque se benefician con el descontrol de precios imperantes en muchas de esas economías latinoamericanas.

He ahí la importancia de repasar el Derecho Romano para descubrir que poco o casi nada de esencia y fondo ha cambiado sobre la justicia social desde esas épocas. Por eso la economía tiende a crear algo diferente, aunque sea desde el punto de vista financiero con las criptomonedas. En otra entrega revisaremos sus antecedentes, si los hay, y las consecuencias existentes bajo la manga, de esa nueva tendencia. Venceremos.

(Venezuela)

.fundapoder@hotmail.com

Fuente: barometrolatinoamericano.bogspot.com

Piden a la Unión Europea detener las negociaciones comerciales con Brasil.

Mato Grosso, Brazil – Photo by Icaro Cooke Vieira/CIFOR, cifor.org CC BY-NC-ND 2.0

Más de 340 organizaciones de la sociedad civil piden a la Unión Europea (UE) poner fin de inmediato a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el Mercosur debido al deterioro de los derechos humanos y la situación ambiental en Brasil.
El Mercosur está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En un carta abierta dirigida a los presidentes de las instituciones europeas piden garantizar que ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos.

Exigen la confirmación, con pruebas materiales, de que el gobierno brasileño cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Asimismo, incrementar el apoyo a la sociedad civil organizada brasileña, incluido el refuerzo de la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia y las consultas pro-activas con las organizaciones de la sociedad civil brasileña que se ocupan de los derechos humanos.

Finalmente, piden además vigilar que la UE vigile y responda a las violaciones de derechos humanos y fortalezca los mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos.

Para las personas en situación de mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, la UE debería proporcionar apoyo directo y urgente cuando sea necesario, incluso a través de representaciones políticas.

Conozca el texto completo de la carta abierta a continuación:

Estimado Presidente del Consejo Europeo, Presidente de la Comisión Europea, Presidente del Parlamento Europeo, Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reclamamos a la Unión Europea que use su influencia para prevenir el empeoramiento de la situación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en Brasil. En abril, más de 600 científicos europeos y dos organizaciones indígenas brasileñas, en representación de 300 grupos indígenas de Brasil, pidieron a la UE que actuara como líder mundial en apoyo de los derechos humanos, la dignidad humana y un clima habitable, haciendo de la sostenibilidad la piedra angular de sus negociaciones comerciales con Brasil. Apoyamos plenamente este llamamiento. La UE y sus Estados miembros, vinculados por el Tratado de la Unión Europea, se comprometieron a respetar y promover los derechos humanos como objetivo general en sus relaciones con otros países. La propia Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, reconoció la necesidad de nuevos acuerdos comerciales que cumplan realmente con el objetivo del desarrollo sostenible. Desde la toma de posesión del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en enero de 2019, hemos sido testigos del aumento de las violaciones de los derechos humanos, los ataques a las minorías, la comunidad LGBTQ+, los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. Además, la administración sigue amenazando el funcionamiento democrático básico de la sociedad civil al tiempo que prepara la destrucción de algunas de las regiones más preciosas y ecológicamente valiosas del mundo como la Amazonía. Estamos profundamente preocupados por lo siguiente: La propuesta de poner la demarcación de las tierras indígenas bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, allanaría el camino para que los poderosos agronegocios ganaderos y sojeros aceleren su avance a través de la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo y el Cerrado, la sabana más biodiversa del mundo. Aunque esta controvertida medida parece haber sido temporalmente revocada por el Senado brasileño, el Presidente Bolsonaro aún puede imponerla. Ha habido un aumento dramático de los ataques contra los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y sus territorios. En febrero, se informó de que al menos 14 territorios indígenas protegidos estaban siendo atacados por invasores. Además, el gobierno abolió más de 35 consejos nacionales de participación social. Están aumentando los ataques contra las personas que defienden sus territorios o recursos naturales en las zonas rurales de Brasil, lo que se traduce en un aumento de las muertes de líderes comunitarios, campesinos y activistas. La promesa de campaña de Bolsonaro de «poner fin a cualquier forma de activismo» fue implementada en su primer día en el cargo, facultando al gobierno para «supervisar, coordinar, monitorear y observar las actividades y acciones de las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales dentro del territorio nacional». Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están ahora encabezados por quienes niegan el calentamiento global, lo que lleva a la anulación de los departamentos ministeriales responsables del cambio climático. Aunque Brasil sigue siendo firmante del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es cada vez más improbable que la administración tome las medidas necesarias para aplicar el acuerdo. La legislación y las políticas socioambientales se han debilitado drásticamente durante los primeros 100 días del gobierno Bolsonaro. El Código Forestal ha sido socavado con nuevas medidas que proponen la reducción de las reservas legales y un plazo más flexible para la regularización de las tierras por parte de los expropiadores. En enero de 2019, la deforestación en la Amazonia aumentó en 54 por ciento en comparación con el mismo período de 2018. Los actores de la sociedad civil organizada, activistas sociales, comunidades campesinas e indígenas y sindicatos enfrentan peligros extremos por la retórica incendiaria del gobierno de Bolsonaro y sus partidarios. Esto incluye el calificar de «terroristas» a los miembros de movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra y el Movimiento de los Sin Techo, lo que genera la preocupación de que la polémica ley antiterrorista de Brasil sea utilizada para criminalizar a los activistas sociales. La UE es el segundo socio comercial de Brasil en su conjunto, el segundo importador de soja brasileña y un importador fundamental de carne de vacuno, otros productos agrícolas y recursos naturales mineros brasileños. Por lo tanto, la UE tiene la responsabilidad de abordar las injusticias en materia de derechos humanos y medio ambiente que tienen lugar en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Debe utilizar su influencia para apoyar a la sociedad civil, los derechos humanos y el medio ambiente. La UE está negociando un acuerdo comercial de gran alcance con Mercosur que pretende ampliar el acceso al mercado y el comercio entre las dos regiones, incluido Brasil. Es imperativo que la UE envíe un mensaje inequívoco al Presidente Bolsonaro de que la UE se negará a respaldar un acuerdo comercial con Brasil hasta que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos, se adopten medidas estrictas para poner fin a la deforestación y se contraigan compromisos concretos para aplicar el Acuerdo de París. En el pasado, la UE ha suspendido las preferencias comerciales con países implicados en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como Myanmar y Filipinas. Además, la UE ha restringido las importaciones de productos cuya producción está relacionada con la violación de los derechos humanos como en el caso de los minerales de conflicto. Es hora de que la UE adopte una postura similar y firme para evitar el deterioro de la situación de los derechos humanos y del medio ambiente en Brasil. Por lo tanto, reclamamos que la Unión Europea: Detenga inmediatamente las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Garantice que ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos. Exija la confirmación, con pruebas materiales, de que el gobierno brasileño cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Incremente el apoyo a la sociedad civil organizada brasileña, incluido el refuerzo de la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia y las consultas pro-activas con las organizaciones de la sociedad civil brasileña que se ocupan de los derechos humanos y del funcionamiento democrático de la sociedad civil brasileña. Vigile y responda a las violaciones de derechos humanos -incluyendo la investigación de casos desde la elección de Bolsonaro- y fortalezca los mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos. Para las personas en situación de mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, la UE debería proporcionar apoyo directo y urgente cuando sea necesario, incluso a través de representaciones políticas. Atentamente, Para ver la lista completa de firmantes, haga clic aquí. Fuente y foto: Collectif Stop TAFTA

 Fuente: Servindi.org

El victimismo y el folclorismo postergan las luchas indígenas

Por Ollantay Itzamná*

Cuando observamos los empinados caminos de los pueblos indígenas en países con poblaciones mayoritariamente indígenas, como Bolivia y Guatemala, constatamos que los siglos de historias de sufrimientos son muy similares. Incluso bajo el colonialismo interno de estados republicanos bicentenarios.

Pero, la actitud y las inconclusas historias emancipatorias emprendidas por dichos pueblos son diferentes en estos dos países. Los pueblos andino amazónico de Bolivia avanzan en el ejercicio y defensa de sus derechos sociopolíticos y económicos, mientras en Guatemala, en buena medida, los pueblos indígenas aún no logran dar el salto de los derechos culturales (culturalismo) hacia el ejercicio de los derechos políticos (para disputar y ejercer poder).

Los pueblos andino amazónico de Bolivia avanzan en el ejercicio y defensa de sus derechos sociopolíticos y económicos, mientras en Guatemala, en buena medida, los pueblos indígenas aún no logran dar el salto de los derechos culturales...

La explicación de intelectuales indígenas y no indígenas sobre este atasco culturalista es: hay miedo en los pueblos indígenas, fruto de la guerra interna, para transitar hacia los derechos políticos. Aunque, en los hechos, en las comunidades indígenas en resistencia se constata todo, menos miedo.

¿Por qué los pueblos indígenas de Bolivia dieron saltos significativos en sus agendas emancipatorias, y en Guatemala aún no ocurre ello?

Rol de la memoria histórica de las luchas

En Bolivia, el siglo XVIII estuvo encumbrado por la rebelión encabezada de la pareja legendaria de Túpac Katari-Bartolina Sisa; el siglo XIX, con Zárate Villka, y continuas sublevaciones indígenas; el siglo XX, con el movimiento indianista/katarista (que sistematizó y socializó la agenda política indígena); el siglo XXI con el movimiento indígena-campesino que construye el Estado Plurinacional.

En Guatemala, no están registradas o debidamente registradas las revueltas o sublevaciones indígenas en la historia. Las luchas del pueblo quiché, mam, q’echí… son prácticamente desconocidas.

Aunque, sí existe, en Guatemala, literatura sobre la dimensión cultural de los sucesos históricos (sobre todo antropología rescatista o culturalista). Estos esfuerzos de investigaciones culturalistas fueron o son financiados, en buena medida, por cooperación internacional (como la USAID) o universidades privadas como la Universidad del Valle (con una intencionalidad política definida).

Rol del “academisismo” indígena

Para inicios del presente siglo, la población indígena en Bolivia estaba absolutamente excluida de la academia. Por eso, en un foro continental, en la ciudad de Antigua, Guatemala, una quechua boliviana, hace algunos años atrás, desafiaba a indígenas guatemaltecos en los siguientes términos: Nosotras, sin títulos universitarios, hicimos los cambios en Bolivia. Aquí en Guatemala Uds. tiene bastantes profesionales indígenas…”. Y, efectivamente, en Guatemala hay más cantidad de indígenas profesionales que en Bolivia

Pero, por las condiciones coloniales, el o la indígena, cuanto más títulos o grados académicos posee, más doctrinero/a de la colonización se vuelve. En Guatemala existen muchos profesionales indígenas, pero, en su mayoría, desterritorializados y “despolitizados”, compitiendo entre sí por ventanillas en el Estado etnofágico y/o en la cooperación u ONG “apolíticos”. A ellos/as, casi nunca se los mira ni en las calles, ni en las comunidades ejerciendo el derecho a la resistencia creativa, junto a los suyos.

Por eso, mientras profesionales indígenas ejecutan proyectos sobre derechos culturales, los pueblos y comunidades indígenas debaten y plantean restitución de sus territorios, autodeterminación, Estado Plurinacional, proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.

En buena cuenta, el culturalismo y la victimización son más rentables económicamente para muchos/as indígenas graduadas y posgraduadas que impulsar procesos de cambios estructurales y profundos en el país.

Rol de la cooperación internacional culturalista y apolítica

Los Acuerdos de Paz cultivó la proliferación de ONG, becas de estudio para indígenas, etc. Pero, todo estaba orientado al culturalismo o al afianzamiento del libre mercado. Consecuencia de ello tenemos ingentes cantidades de ONG indígena o no, aún ejecutando proyectos centrados exclusivamente en “derechos culturales”. Nunca para el ejercicio de derechos políticos (porque las ONG y sus profesionales tienen que ser apolíticos)

Las agencias de cooperación, las ONG, las universidades privadas y el Estado cooptaron, casi en su totalidad a los profesionales indígenas. Y lo más difícil, grandes sectores del mundo indígena aún cree que los profesionales son portadores de verdad y benignidad para los pueblos. Así, el colonialismo interno estatal ya no requiere de doctrineros mestizos para controlar a los pueblos indígenas.

Bolivia tuvo la dicha de no tener Acuerdos de Paz, ni contar con cooperación en las dimensiones que Guatemala tuvo. El Bolivia, el sistema neoliberal se impuso, sin el aceite de los Acuerdos de Paz, y los pueblos indígenas se sublevaron sin mayores distracciones culturalistas.

Rol del pentecostalismo indigenista

Guatemala aventaja a Bolivia, no sólo en la megadiversidad de trajes e idiomas indígenas, sino también en la cantidad de “guías espirituales”. Pero, estos guías, en su gran mayoría, también son “apolíticos”. Únicamente se ocupan de la dimensión espiritual de la realidad. Espiritualismo, en otros términos.

En Bolivia, los yatires (sacerdotes andinos, en aymara) para ejercer su labor no requieren de la credencial oficial emitida por el Estado. En Guatemala, sí. Por eso, en Bolivia, en las protestas y movilizaciones indígenas casi nunca faltan ceremonias performativas y ofrendas a la Madre Tierra (también como signo de protesta o celebración). En Guatemala, el espiritualismo o pentecostalismo apolítico permea a indígenas y cristianos casi por igual.

Aquí o allá, sin una espiritualidad y mística transformadora, cualquier intento de cambios profundos será siempre más difícil.

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*Ollantay Itzamná es defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos, https://ollantayitzamna.wordpress.com/ - twiter: @JubenalQ

Fuente:

¿Qué sucedió en la Cumbre de Comunicación de Cochabamba?

Por Equipo de Redacción Servindi

24 de enero, 2019.- Han transcurrido tres años desde la fallida Tercera Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala. Después de la exitosa experiencia iniciada en el Cauca, en Colombia (2010), así como de la esforzada Segunda Cumbre realizada en Oaxaca, Mexico (2013) se esperaba consolidar un fructífero proceso de diálogo continental en Cochabamba, Bolivia. 

Pero no fue así. La situación abortó en el secuestro del certamen por parte del aparato oficialista. Los que estuvieron allí pudieron observar de manera evidente la cooptación no solo de organizaciones indígenas y campesinas sino también de comunicadores, asesores y procesos de comunicación.

No solo han perdido su autonomía sino que se han descarrilado hacia el camino de secundar las iniciativas gobiernistas con la perspectiva de un provecho particular.

Felizmente, la reacción de comunicadores autónomos de Bolivia y la reacción de las delegaciones internacionales fue un proceso inédito de rescate de la dignidad.

Por eso, hemos reunido artículos referidos a dicho proceso, así como las declaraciones suscritas por el espacio propio autónomo en la cumbre, para refrescar la memoria, recordar los compromisos y reabrir el debate en aras de una reflexión que vaya más allá de las cumbres y que nos interrogue por los desafíos actuales y en perspectiva que enfrenta la comunicación desde y para los pueblos indígenas.   

Es bueno recordar que Perú asumió el compromiso de organizar durante el 2019 no una cumbre –palabra que se ha desgastado después de Cochabamba– sino un Encuentro Internacional de Comunicación Indígena, con sede en el Cusco, para reflexionar sobre los horizontes de la comunicación indígena e intercultural.

Creemos que el Año Internacional de las Lenguas Indígenas adoptado por las Naciones Unidas nos ofrece un marco alentador para enfatizar en la importancia de las lenguas originarias, el sentido y las posibilidades de la comunicación y el fortalecimiento de las identidades culturales para defender la vida y a la Madre Naturaleza.

Vivimos en un sistema global que nos conduce aceleradamente hacia una catástrofe climática que desafía a toda la humanidad. En este contexto crítico, urge reflexionar sobre la trascedencia de escuchar las voces de los pueblos originarios, intercambiar experiencias y articular estrategias que hagan más efectiva nuestras labores de comunicación. Aprender unos de otros para mejorar nuestro trabajo.

En estos próximos días la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) celebrará una jornada regional en el Cusco para constituir una Comisión Organizadora local y lanzar una convocatoria para el Encuentro Internacional de Comunicación Indígena.

Esperamos que esta iniciativa, modesta en recursos pero con enormes ambiciones positivas, motive que otros colectivos y procesos horizontales y autónomos de comunicación dialoguemos y nos re-articulemos para fortalecernos desde los procesos de base y fortalecer nuestro compromiso cotidiano con la agenda política de nuestros pueblos.

A continuación compartimos la presentación y el enlace para descargar el boletín temático:

  

Cochabamba: La Cumbre Secuestrada Presentación Compartimos un conjunto de artículos en torno a la fallida Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala realizada el 2016 en Cochabamba, Bolivia. Teóricamente era la Tercera Cumbre luego de la Primera realizada el 2010 en el Cauca, Colombia y la Segunda Cumbre realizada en Oaxaca, México, en 2013. Lamentablemente, y muy a nuestro pesar, los afanes de cooptación política del gobierno de Evo Morales desnaturalizaron por completo el evento y lo echaron a perder. Ante la imposibilidad de contar con un espacio de discusión plural y con libertad para temas prioritarios que respondían a la realidad o situación de cada pueblo y país, las delegaciones internacionales se vieron obligadas a improvisar un espacio propio alternativo, ubicado en los exteriores del recinto, al aire libre, donde deliberaron y rescataron el verdadero espíritu de la Cumbre. En este boletín encontrarán los reportes y enlaces a videos y audios sobre el tema. Publicamos este boletín temático considerando que uno de los acuerdos del espacio alternativo a la Cumbre Secuestrada fue realizar en el año 2019 –no una cumbre- sino un Encuentro Internacional de Comunicación Indígena, con sede en la ciudad del Cusco, en Perú. Se fijó como propósito de dicho encuentro hacer un análisis exhaustivo de los aportes de las cumbres anteriores y reflexionar sobre los procesos de la comunicación indígena en el plano internacional, sin cooptaciones gobiernistas de por medio, y en el marco del espíritu reivindicativo y autónomo forjado en las dos primeras cumbres. La necesidad de efectuar dicha reflexión es tanto más actual considerando el contexto de agresión a la Madre Naturaleza, el agravamiento de la catástrofe climática que pone en agenda la crisis civilizatoria y los cambios y tendencias políticas que amenazan con recortar aún más los derechos colectivos de los pueblos originarios, entre estos, el derecho a la comunicación. Consideramos que a tres años de la fallida Cumbre de Cochabamba el movimiento indígena en general, y los comunicadores indígenas en particular, necesitamos reflexionar sobre los procesos de comunicación y encauzar nuestros esfuerzos para hacerla más efectiva y pueda responder a la altura de las necesidades de los procesos de nuestros pueblos. Necesitamos retomar el sentido y la palabra esencial que nos motiva a los comunicadores/as hacer del ejercicio de la comunicación el motivo de nuestras vidas. Más aún, considerando que el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, decretado por las Naciones Unidas, coloca en la agenda internacional un tema esencial para la identidad y la comunicación de los pueblos. Hemos dividido el boletín en tres partes. La primera concierne a la evaluación crítica de la Cumbre, acompañada de los testimonios y documentos principalmente generados por el espacio alternativo. La segunda, presenta las notas informativas previas a la cumbre, en las que se podrá observar el esfuerzo desplegado desde Perú por contribuir al proceso de la Cumbre de Cochabamba, incluso organizando una Pre Cumbre que fue totalmente ignorada por los organizadores bolivianos. La tercera parte, contiene algunos artículos y notas referidas al proceso en general y enlaces a otras notas relacionadas. A tres años de la Cumbre de Cochabamba esperamos contribuir a la reflexión colectiva y a retomar los procesos a fin de fortalecer la comunicación indígena desde los pueblos y para los pueblos, para defender la vida y los territorios. Este es nuestro compromiso.

Descargue boletin en el siguiente enlace:

• Cochabamba, la Cumbre Secuestrada (PDF, 50 páginas)

Fuente: Servindi