Veinte años de lucha contra el libre comercio en América Latina.

 

Algunas reflexiones para las nuevas campañas

"Si algo nos ha permitido la globalización es poder reconocer al capital en toda su crudeza: como una relación social global de explotación y dominación. Queda en las organizaciones sociales, así como en la academia, pensar las alternativas desde este novedoso contexto global, poniendo en el centro del análisis los peligros que el libre comercio puede significar para la vida humana y el medio ambiente, pero sin oponer a éste la idea de que cerrando las fronteras comerciales nos podemos salvar como Estado-nación individual."

Por Luciana Ghiotto

En 1989 se firmó el primer tratado de libre comercio (TLC) del continente americano entre EEUU y Canadá. Desde entonces hemos sido testigos del avance de la agenda de liberalización comercial, en una época marcada por el desplome de la Unión Soviética, la victoria del “pensamiento único” y los múltiples fines: de la historia, de la lucha de clases, de las ideologías, etc. Este contexto de derrota se presentaba como absoluto y definitivo. Sin embargo, de un modo antagonista a estas prácticas y discursos, se hicieron visibles diversas organizaciones sociales de las Américas que instalaron la idea de que el libre comercio era antagonista a la construcción de una sociedad más igualitaria, y que por ello debía ser discutido y enfrentado. Estas organizaciones también reinstalaron el debate acerca de las alternativas políticas: la construcción de prácticas de unser-otro, tal como lo hicieron los zapatistas, pero ahora en el contexto de la “cuarta guerra mundial”.

Hay un acuerdo general de que esta nueva historia la comenzaron los zapatistas. Pero también es cierto que a partir de allí, ya a fines de los años noventa, fue la generalidad de la organización social (campesinos, indígenas, sindicatos, organizaciones ambientalistas, feministas, movimientos territoriales urbanos, piqueteros, entre tantos otros), la que identificó a los TLC como uno de los ejes de la reorganización capitalista contemporánea. Cada organización desde su agenda, orientada por el anti-neoliberalismo, o el bolivarianismo, o el neo-desarrollismo, o el autonomismo, logró introducir el proyecto ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) entre las prioridades de su activismo político. En este sentido, en 1997 nació la Alianza Social Continental (ASC) como un espacio de articulación frente a la desorganización y desesperanza que significaba la derrota de los años noventa. La ASC dio sus frutos: entre 1998 y 2005, se convirtió en un espacio de referencia continental y global de lucha contra el libre comercio. En ese marco, los Encuentro Hemisféricos contra el ALCA que se realizaban anualmente en La Habana se convirtieron en un epicentro de constitución de estrategia política continental. Pero lo que articulaba era el rechazo: el No al ALCA se puso por encima de las especificidades temáticas y cosmovisiones políticas de las organizaciones. Luego del 2005, lo que el espanto al ALCA había unido, fue desunido por los posicionamientos frente a los gobiernos progresistas y por la priorización de las agendas sectoriales. Así, lo que primó fue la desarticulación y la ASC fue lentamente perdiendo su peso político y representatividad.

Exploremos qué sucedió. Resultaba bastante simple identificar al ALCA como el “imperialismo yanqui”, como aquello que no se quiere bajo ningún concepto: 34 países negociando bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de generar un mercado abierto para los productos norteamericanos. El ALCA implicaba armar un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, lo cual beneficiaba esencialmente a las corporaciones norteamericanas con posibilidad de exportar capital y de relocalizar parte de su producción hacia economías con mano de obra más barata que la de EEUU. Sin embargo, el escenario de las negociaciones del ALCA no es el mismo que hoy existe en el continente. Esto no quiere decir que EEUU haya perdido su gravitación. El proyecto del Acuerdo Transpacífico (TPP) lo demuestra, donde este país compite con China por liderar la región Pacífico. Los movimientos ubicados en los países que firmaron este tratado (Chile, Perú, México, Canadá y EEUU) han identificado al TPP como una suerte de nuevo “gran monstruo”, por la crudeza de algunas de sus cláusulas, especialmente en la exigencia de “coherencia regulatoria”, inversiones y propiedad intelectual. Además, la vocación de sus impulsores podría ser la de intentar expandir el alcance de esas cláusulas a nuevos acuerdos comerciales que se firmen en la región.

El TPP entra por el lado Pacífico, especialmente vía el bloque de la Alianza del Pacífico. Por el lado Atlántico el tema se vuelve más complejo. Allí está Mercosur, que hasta hace poco sostenía una agenda más orientada a la industria local y al fortalecimiento de la “burguesía nacional” con eje en el sector automotriz, y presentándose como una región más anti-norteamericana. No obstante, desde 2012, Brasil, de la mano de sus grupos económicos “nacionales”, empezó a apurar la firma de un tratado con la Unión Europea, y el nuevo gobierno en Argentina le permite ahora avanzar en ese sentido (apoyado también por Uruguay y Paraguay). Las negociaciones entre los bloques del Mercosur y la UE se desarrollaron a la par que el ALCA, pero tuvieron menos marketing que aquel. Con la UE aparece otro actor sobre el escenario. Aquí hay que abrir un paréntesis. Mientras que el bloque de la Alianza del Pacífico es usualmente identificado con los intereses norteamericanos, también se trata de países que firmaron hace varios años Acuerdos de Asociación con la UE.

En un tercer plano, los países bolivarianos del ALBA hasta ahora se resistían a la firma de algún TLC. Sin embargo, la caída del precio de las commodities ha apurado nuevas definiciones más claramente pragmáticas. Hace dos años Ecuador adhirió al Acuerdo de Asociación[1]con la UE que ya habían firmado Colombia y Perú (adhesión aún no ratificada por la Asamblea Nacional). Sin embargo, el discurso del propio Rafael Correa sigue sosteniendo que lo que se firmó con la UE “no es un TLC”.

¿Y China? Claramente, otro actor que aparece sobre el escenario, este más novedoso e interesante porque cruza a varios de los países que clasificamos en grupos en los párrafos anteriores. Desde 2012 China ha desplegado una estrategia de inserción de sus empresas estatales en el continente americano, especialmente vía contratos con los Estados en sectores extractivos y de infraestructura, pero también con Inversión Extranjera Directa en la industria automotriz y de telecomunicaciones, entre otros. También el gobierno chino ha sido el salvataje de última instancia para los países atados al vaivén del precio de las commodities, como Venezuela y Ecuador con el petróleo, o Brasil y Argentina con el poroto de soja. En su interés en América Latina, China lleva firmados TLC con Chile y con Perú, y hoy Argentina también se incluye en la lista de los interesados.

Esta descripción del escenario reciente muestra que la firma de TLC no es sólo una estrategia norteamericana. También lo es de la Unión Europea, de China, de Japón, y de todas las grandes o medianas potencias. De hecho, diferentes países de la región (Perú, Chile, México, Colombia) ya tienen TLC con estos otros países o bloques. En realidad, el impulso de los TLC responde a los nuevos modos de internacionalización del capital y a la división internacional del trabajo estructurada a partir de la constitución de las empresas-red, es decir, de las corporaciones transnacionales. Todas las empresas de los países más industrializados compiten entre sí y deben garantizarse bajos costos de producción y mercados para el consumo de sus productos. Se trata de producir barato y vender, o morir, es decir, quebrar como capitalista individual. EEUU impulsa tratados en tanto modo de garantizar las mejores condiciones para la competencia de “sus” empresas, así como lo hacen los otros Estados. Todos los Estados, así sean grandes, medianos o incluso si se trata de pequeñas economías, se ven beneficiados por el hecho de que a sus empresas les vaya bien, ya que con eso se garantizan la entrada de dinero vía pago de impuestos, la generación de empleo, y con ello, la gobernabilidad interna. Por eso, la experiencia de los últimos cuarenta años nos permite dejar de identificar a “los malos” del libre comercio detrás de una u otra bandera: con el libre comercio las empresas más poderosas compiten entre sí y garantizan su ganancia.

Volver a poner sobre la mesa la discusión sobre alternativas

Cuando derrotamos el ALCA teníamos ante nosotros una tarea clara, aunque no sencilla: construir la integración alternativa. Pero mientras nosotros desmantelábamos virtualmente la ASC, discutíamos si la integración era de los Estados, de los pueblos o de las comunidades; si debía hacerse usando el dólar, o con trueque o con una moneda regional; si primero había que tomar el Estado o si se debía construir poder popular; si el capitalismo nacional es un paso hacia el socialismo o si se puede construir espacios socialistas al interior del capitalismo, la agenda librecambista avanzó con una Ferrari Testarossa. Nosotros nos movimos a 10 km/hora, ellos a 200. No hemos podido o sabido construir las alternativas. Claro que imaginar y realizar sociedades alternativas en el marco de las relaciones sociales capitalistas, que nos atraviesan como sujetos, no es tarea fácil. Pero a pesar de la urgencia, no hemos estado a la altura del momento histórico que heredamos de las luchas de los años noventa y de los estallidos sociales regionales de principios del siglo XXI.

Hoy la idea que gana terreno es que el libre comercio es la única opción. En pocos casos se ve con tanta claridad como en la Argentina en los últimos meses: hay que firmar TLC “para integrarnos al mundo”, “para que lleguen inversiones”, “para garantizar mercados a nuestras exportaciones”. No hay alternativas, nada se discute, no hay análisis posibles. Otra vez se nos impone el discurso único. Los Estados que discutían profundizar las relaciones comerciales de complementariedad y crear una arquitectura financiera regional que disputara el poder del dólar, hoy compiten entre sí para colocar sus exportaciones. El resultado de la desintegración es la competencia, y la exacerbación de los nacionalismos. Ahora continúa libremente la carrera por la desregulación y la liberalización, parte esencial de la reproducción del capitalismo.

Los próximos años mostrarán una tendencia al aislamiento (económico y financiero) de los países que no firmen TLC, con presiones para que se sumen a los procesos liberalizadores. En este contexto, los movimientos hacemos lo que sabemos hacer: resistir. La defensiva es siempre un lugar cómodo, donde muchos estamos de acuerdo. Volvemos a decir No al libre comercio, porque sabemos los efectos que éste tiene. Pero, en ese contexto, ¿seremos capaces de continuar los debates sobre las alternativas políticas?

La concentración e internacionalización del capital de los últimos cuarenta años ponen en tensión la idea de desarrollar una construcción política alternativa desde una óptica estado-céntrica. Cada vez se hace más notorio que los Estados no son entes autárquicos, que el objetivo de construir un “capitalismo nacional” o un “capitalismo con rostro humano” ha resultado ser una quimera. Los Estados se mueven al vaivén de la reconfiguración capitalista mundial, y no pueden cerrarse sobre sí mismos. No podían hacerlo hace sesenta años, tampoco hoy. Si algo nos ha permitido la globalización es poder reconocer al capital en toda su crudeza: como una relación social global de explotación y dominación. Queda en las organizaciones sociales, así como en la academia, pensar las alternativas desde este novedoso contexto global, poniendo en el centro del análisis los peligros que el libre comercio puede significar para la vida humana y el medio ambiente, pero sin oponer a éste la idea de que cerrando las fronteras comerciales nos podemos salvar como Estado-nación individual. Hoy está más claro que nunca que, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. La discusión no puede reproducir ciegamente viejas fórmulas que tenían que ver con pactos de gobernabilidad (o más crudamente, con la paz de clases). El nuevo contexto, las nuevas agendas, nos proponen la urgencia de pensar no desde la óptica de los Estados, sino desde la crítica de lo existente.

- Luciana Ghiotto es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de FLACSO/RRII. Es miembro de ATTAC Argentina y de la Asamblea “Argentina mejor sin TLC”. Ha participado activamente en la Campaña Continental contra el ALCA. Colaboradora de Transnational Institute (TNI).

Nota

[1] La UE no firma TLC, firma Acuerdos de Asociación (AdA), debido a la propia estructura de negociaciones de la UE. No obstante, las cláusulas de un Acuerdo de este tipo son similares a las que se incluyen en los TLC, mismo si no incorpora capítulo de solución de diferencias ni remite al arbitraje internacional. De todos modos, la UE ha empezado a renegociar sus AdA, por ejemplo con México y Chile, con el objetivo de incluir estos capítulos.

Fuente: ALAI, 10 de agosto, 2016

Fuente: Biodiversidad en América

“Los tratados de libre comercio quiebran la soberanía de los Estados”

Juan Hernández Zubizarreta

"En una entrevista para la CLATE explicó que los nuevos tratados de libre comercio (TLC) llevan a una “privatización de la justicia y del poder legislativo” y señaló que los sindicatos deben defender la primacía de los derechos humanos y de los convenios de la OIT sobre las normas de comercio e inversión."

ALERTA ANTE EL TISA Y EL TPP

Entrevista de Ignacio Rodríguez (CLATE) a Juan Hernández Zubizarreta

25 de enero de 2016

“Los tratados de libre comercio quiebran la soberanía de los Estados”. Así lo expresó el especialista en derecho internacional Juan Hernández Zubizarreta. [1] En una entrevista para la CLATE explicó que los nuevos tratados de libre comercio (TLC) llevan a una “privatización de la justicia y del poder legislativo” y señaló que los sindicatos deben defender la primacía de los derechos humanos y de los convenios de la OIT sobre las normas de comercio e inversión.

¿Se puede considerar a los TLC como una amenaza para los trabajadores?

Sin duda creo que sí. Incluso esto ya se ha hecho realidad en el caso del tratado del NAFTA entre EE.UU., México y Canadá. Allí los resultados y los impactos han sido demoledores para el pueblo de México, pero también para muchos sectores de la clase trabajadora en el área de la manufactura tanto en EE.UU. como en Canadá. La lógica de estos tratados es la acumulación a favor de las grandes corporaciones trasnacionales con complicidades de los gobiernos. Esto lo que provoca son daños muy fuertes en lo que hace a derechos sociales, ambientales y culturales de los pueblos.

Usted señala que se está creando una arquitectura jurídica internacional al servicio de las trasnacionales. ¿Cómo explica eso?

Yo lo suelo denominar “la arquitectura jurídica de la impunidad”. Con esto me refiero a una gran cadena de dominación que posee distintos eslabones , uno de ellos lo constituyen los tratados de comercio e inversiones. Otro eslabón hace referencia a las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de los bancos regionales. Y otro eslabón está en la propia lógica privatizadora de la Organización Mundial del Comercio y de los tribunales arbitrales. Es decir, todos forman una cadena de dominación y conforman una arquitectura jurídica de la impunidad que funciona a través de normas en el ámbito global internacional que son coercitivas, imperativas y ejecutivas. Es decir, las normas de comercio e inversión son de obligado cumplimiento y quien no las cumple sufre el impacto del carácter ejecutivo de la norma: bloqueos, embargos, sanciones. Un ejemplo es lo que sucedió con la renegociación de la deuda argentina, donde un fondo buitre que no aceptó la negociación demandó al país en un tribunal de EE.UU., cuyo juez le dio la razón. Esto subraya el carácter imperativo de los tratados de comercio e inversión.

Los derechos humanos también forman parte del derecho internacional, ¿cómo conviven?

El derecho internacional de los derechos humanos, incluido los derechos laborales y los derechos medioambientales, es un derecho importante pero muy frágil. Hay una situación de desigualdad o asimetría en los ámbitos globales donde el conjunto de normas de comercio e inversiones van tomando más volumen cuantitativo y cualitativamente son muy imperativas. Mientras que las reglas de los derechos medioambientales y laborales van hacia abajo, no pueden competir. Si analizamos el tema de los derechos laborales en el seno de la OIT vemos cómo los convenios cada vez tienen menos fuerza, se van sustituyendo por declaraciones. Esto muestra la asimetría y la impunidad con la que en el ámbito internacional se intentan imponer las reglas de inversiones que operan a favor de las corporaciones. Es una arquitectura compleja, de numerosos eslabones, pero responde a esta lógica.

¿Por qué se habla de “tratados de nueva generación”?

Los tratados como el TPP, el TTIP, el TISA, el CETA quiebran la soberanía de los Estados en dos terrenos. Uno es muy conocido en América Latina, que es el de los tribunales arbitrales. En los hechos se trata de una privatización de la justicia, que quiebra uno de los eslabones centrales de los Estados de derecho, como es la autonomía y el control del poder judicial. El otro elemento, que es relativamente novedoso en los nuevos tratados, es lo que podríamos llamar la “privatización del poder legislativo”. Esto es un tema dramático, nunca antes vivido, que va unido a la idea de convergencia reguladora. Es decir, los intentos de equilibrar a la baja las legislaciones de los países que participan de los tratados, impactando en los derechos de la ciudadanía y de las mayorías sociales y favoreciendo a los poderes corporativos.

En el TPP se habla del denominado “principio de transparencia”. En concreto, esto significa que cualquier estado, antes de ejercer su derecho soberano de legislar sobre cuestiones de comercio e inversiones, debe consultarlo con los otros estados parte del tratado. Lo que se busca es que la legislación pase por un filtro de “expertos” en comercio e inversiones que lo que hacen es condicionar el desarrollo de políticas púbicas, sociales y medioambientales. Estos expertos no son neutrales, sino que con frecuencia están vinculados a los lobbies de las grandes corporaciones.

En el acuerdo entre EE.UU. y la U.E. (TTIP) se habla de un Consejo de Regulación. Es decir que en el propio tratado ya se prevé un organismo de carácter administrativo, que estaría formado por representantes de comercio de EE.UU. y representantes de comercio de la Comisión Europea, que van a actuar como filtro regulatorio. Es decir, van a hacer un análisis previo de carácter económico y jurídico sobre las decisiones soberanas de los parlamentos. Es un Consejo que va a tener secciones sectoriales, donde las corporaciones trasnacionales van a poder hacer una “co-escritura de la legislación”. Es decir que el lobby de la empresa trasnacional no solo va a presionar sino que va a coescribir legislación, que a su vez va a controlar lo que los parlamentos vayan a hacer. Esto es de una perversión tremenda, porque es privatizar los parlamentos.

¿Qué pasa cuando las normas de comercio e inversión entran en colisión con los tratados de derechos humanos?

Tengo la absoluta convicción de que prevalece el derecho internacional de derechos humanos. Así lo ha expresado el experto designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Alfred-Maurice de Zayas. Hay un tradición jurídica para la cual no hay ninguna duda de esto. Pero hay que tener en cuenta que el derecho internacional está absolutamente fragmentado y las corporaciones trasnacionales apuestan a ello, a separar las distintas especialidades del derechos internacional. De ese modo se espera que actúen como cuerpos jurídicos aislados, por un lado el comercio y la inversión y por el otro los derechos humanos, con el objetivo de dar primacía a lo primero. Pero tenemos apoyo jurídico de sobra para asegurar que la jerarquía jurídica es al revés. El sistema internacional de derechos humanos está por encima de los tratados de libre comercio. Lo garantiza el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 53 de la Convención de Tratados de Viena, el art 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Pero además hay un apoyo social. Si usted pregunta a la población mundial si está de acuerdo con el acceso de todo ciudadano a los medicamentos o si considera que se deben priorizar los derechos de patentes, la respuesta es obvia. Está claro que hay un conjunto de bienes públicos tutelados por el derecho internacional de los derechos humanos que no puede estar sometido esté sometido al juego de las grandes corporaciones de acumular mucha riqueza en muy poco tiempo. Lo que sí resulta preocupante es que cuando se habla de derechos humanos, muchas veces se lo hace de manera retórica, olvidando que hay tratados de derechos humanos de obligado cumplimiento.

Sin embargo, usted señalaba el carácter coercitivo e imperativo de los tratados de libre comercio.

Lo que sucede es que hay una interpretación unilateral del principio de seguridad jurídica, principio que los juristas defendemos. Nos parece lógico que si una empresa realiza un acto de comercio o un acto de inversión se le garantice una cierta seguridad jurídica. Pero hay que tener en cuenta que la seguridad jurídica no solamente puede ser un principio de defensa del capital y de las inversiones. Hay otra seguridad jurídica que es la que emana de los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que puede ocurrir es que a veces existan choques entre la seguridad jurídica de las inversiones y de los derechos humanos, sociales, medioambientales y culturales. Si se produce esta confrontación y este choque, a mi parecer, son los tribunales nacionales los que deben dirimir los conflictos, en pura aplicación del derecho internacional y que normalmente las constituciones contemplan.

Por eso hay que reinterpretar el concepto de seguridad jurídica a partir del sistema internacional de derechos humanos. No se puede tolerar la creación de tribunales arbitrales al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales. ¿Por qué una trasnacional puede demandar a un Estado? Esto no es razonable. Hay que volver en la doctrina jurídica latinoamericana a la doctrina Calvo, que sea los tribunales internos los que tengan la capacidad de aplicar las normas y, en su caso, si es que hay que crear un tribunal internacional, que no sea un tribunal arbitral. Soy partidario de un tribunal internacional que proteja los derechos económicos y sociales, donde una trasnacional, si considera que han vulnerado y violentado sus inversiones y si cree que el poder judicial del país donde ha invertido no le defiende, que pueda acercarse este tribunal pero que no sea un tribunal privado. Que sea un tribunal de poder judicial que aplique del derecho de inversiones cruzado con el derecho internacional de derechos humanos.

¿Cuál cree que debe ser el rol de las organizaciones sindicales frente a los tratados de libre comercio?

El papel del movimiento sindical internacional me parece fundamental. Me parece que hay que recuperar ese espíritu de solidaridad internacional del movimiento obrero, que hay que reactivarlo más que nunca. Tal vez pienso más en los sindicatos europeos y españoles, que aunque tienen en sus documentos la idea de la internacionalización, creo que tienen que hacer un análisis en profundidad de cómo se pueden construir alianzas del movimiento sindical más firmes. No puede ocurrir que las grandes trasnacionales actúen a sus anchas.

Creo que es necesario que el movimiento sindical se abra a otros movimientos, como el ecologista o el movimiento de los derechos humanos, con los que tiene que converger. A veces se ven espacios estancos, que son contraproducentes porque son tiempos de sumar. Y el gran capital se está dotando de instrumentos políticos, jurídicos y económicos cada vez más fuertes, frente a lo que necesariamente tenemos que sumar impulsos.

A partir de ahí hay que trabajar con estas alianzas sobre cómo luchamos por un modelo de comercio e inversiones distinto. Porque no hay que reinventar demasiado. Yo soy partidario de volver a los textos como la Carta de La Habana, a esa organización internacional del comercio, no la OMC. Allí estaba claro que debía haber comercio pero subordinado a la sostenibilidad medioambiental, al empleo, a salarios justos, a capacidades retributivas claras, a trabajo estable, a un movimiento sindical fuerte, a negociación colectiva, a derecho de huelga, a hacer reales y prácticos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A mí me duele mucho que, mientras las normas de comercio e inversión son imperativas, coercitivas y ejecutivas, los convenios de la OIT que son centrales tienen una ejecutividad muy frágil. Si un país lo incumple, toda la arquitectura de control para lograr una sanción no ocurre. Todo lo contrario que en derecho de comercio, y esta es una asimetría sobre la cual el movimiento sindical debe intervenir con mucha fuerza.

Ver en línea : CLATE, 18 de enero de 2016.

Notas

[1] Juan Hernández Zubizarreta es Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional e integrante del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Es autor de diversos libros y artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con el rol de las empresas trasnacionales y actúa como colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Fuente: OMAL

Fuente: Biodiversidad en América
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