El 5 de junio, día de la Tierra, tres relatores de Naciones Unidas se pronunciaron denunciando que defender la tierra y el medio ambiente son emprendimientos letales en algunos países, y que los derechos humanos de las defensoras y defensores son violados continuamente, incluso el derecho más elemental: a la vida. México está entre los cinco países que encabezan esa lista a nivel global.
Siete países, la mayoría en América Latina –Brasil, Colombia, Honduras, Filipinas, México, Perú y Guatemala–, suman 913 homicidios de activistas de los mil 24 que denuncia el reporte de la organización Global Witness sobre asesinatos a ambientalistas de 2002 a 2014. Varios de esos países encabezan también la lista global de asesinatos a sindicalistas (Colombia, Guatemala, Honduras) y México va camino a colocarse entre ellos.
Los que hicieron el comunicado son John Knox, relator sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente; Michel Forst, relator sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, y Victoria Tauli Corpuz, relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, en Honduras el pasado 3 de marzo –que sigue impune–, fue uno de los casos de alerta mundial que lo motivaron. En mayo de 2016, Michel Forst estuvo en México. En esa visita no oficial, declaró que entrevistas con más de 80 defensores revelaron una situación altamente preocupante de violación sistemática de derechos humanos en el país.
La decisión de hacer un comunicado conjunto fue porque los ataques, violaciones y asesinatos no están referidos a defensores del ambiente o derechos humanos solamente, sino también a luchadores por la tierra, territorios, por el derecho a sus culturas y formas de vida, a vivir dignamente en sus pueblos y comunidades.
Todas son luchas que forman parte también de las condiciones y batallas de los maestros y maestras de la CNTE, como los que el 19 de junio fueron atacados salvajemente por policías de varios niveles de gobierno en Oaxaca, resultando en 11 muertos (en el ataque y posteriormente), decenas de heridos y más de 20 desaparecidos. Entre los asesinados había también pobladores que los estaban apoyando. No sólo porque compartían su lucha, sino también porque los maestros son como ellos, indígenas, campesinos e hijos de campesinos. La lucha de esos dignos maestros y maestras contra la llamada reforma educativa (en realidad una reforma laboral para echar maestros críticos y hacer de la educación un mercado competitivo) es por su sobrevivencia, pero también por la educación pública y no está separada de otras luchas de sus pueblos, contra mineras, represas y megaproyectos, robo y contaminación de agua, contra transgénicos, tala de bosques y otros despojos. A menudo son maestros los que informan, explican, trasmiten, apoyan, organizan. Eso lo saben las autoridades, por eso nada les da más rabia que un sindicato independiente como la CNTE.
Esta masacre se suma a otros asesinatos contra luchadores y defensores de los pueblos, comunidades, barrios que luchan por defender sus localidades, sus formas de vida y sustento, y que a través de ellas nos enseñan y cuidan a todos. Sigue abierta a flor de piel la herida por el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, futuros maestros, de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Otra vez, como con el caso de Ayotzinapa, el país entero se levanta para protestar contra la masacre de maestros, exigir que se castigue a los culpables, que termine la represión en lugar de diálogo, que se libere a los maestros presos, que renuncie el secretario (i)rresponsable. Desde todo el mundo aumentan las muestras de protesta y solidaridad, que se suman y expanden las protestas al gobierno de México por los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa y la reciente expulsióngubernamental del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para evitar que salga la verdad a la luz.
Como en los casos de Nochixtlán, Iguala y otros, las autoridades intentan cínicamente culpar de los hechos a las propias víctimas, encarcelan a los luchadores con acusaciones falsas y las difunden a través de los medios vendidos. Métodos similares usan en Brasil y Paraguay.
El 7 de abril de 2016, la policía y pistoleros de la papelera Araupel en el estado de Paraná, Brasil, asesinaron a dos militantes del Movimiento Sin Tierra (MST), Vilmar Bordim y Leonir Orback, e hirieron a seis más que estaban ocupando una tierra asignada para reforma agraria. Los policías afirmaron falsamente que habían sido emboscados aunque los Sin Tierra no traían armas; el crimen sigue impune.
En Curuguaty, Paraguay, 300 soldados atacaron el 15 de junio 2012 a 60 campesinos, mujeres, hombres y niños que ocupaban Marina Kué, tierra destinada a la reforma agraria; mataron a 11 campesinos y a seis de sus propios policías, para poder decir que fue una emboscada y justificar el juicio político que depuso al entonces presidente Lugo. La policía declaró que las mujeres y niños eran un señuelo para emboscarlos. Tras cuatro años de cárcel injusta, 11 de los propios campesinos afrontan un juicio falseado, acusados de los asesinatos. Hay una campaña mundial para exigir su liberación y absolución (https://absolucionya.wordpress.com).
Las mentiras del poder van cayendo cada vez más rápido, por la reconstrucción y memoria colectivas. Los ataques siguen, pero no logran imponer sus cuentos y así se desarma el terror que quieren sembrar. Al contrario, cada lucha es ejemplo de dignidad y fortalece a las que siguen.
Por Silvia Ribeiro - Investigadora del Grupo ETC
Fuente: La Jornada
Fuente: Biodiversidad en América Latina
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