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jueves, 2 de mayo de 2019

Brasil, el país más agresivo para los defensores ambientales


Un reciente informe ha revelado que en América Latina se han registrado 1 179 ataques a defensores ambientales en la última década. Brasil lidera la tabla seguido por México entre los países más agresivos con los ambientalistas. De todos esos casos solo existen 50 sentencias por el momento.

Por José Díaz

La situación de los defensores ambientales en América Latina se ha precarizado progresivamente en los últimos años. Uno de los casos actuales más críticos en esta región es el de Brasil, país que se encuentra en el ojo de la tormenta desde que asumiera la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro. De hecho, esto coincidiría con el hecho de que Brasil sería el país más peligroso para ejercer el activismo ambiental.

Según un reciente estudio titulado “Tierra de resistentes”, en la última década se han registrado 1 179 ataques a activistas defensores de los bosques y las fuentes de agua. Brasil, con 754 es el país que mayor número de ataques registra, seguido por México con 222 y Colombia con 180. Es Bolivia el país analizado con menor índica de agresiones con solo 18 casos.

“Cuando decidimos que fuera un tema de derechos humanos y que incluyera líderes tomamos las listas de la ONU y cinco de los países que están incluidos en este proyecto están en los primeros lugares en el número de asesinatos de líderes sociales”, explicó Dora Montero, presidenta del Consejo de Redacción de Efe.

El estudio se realizó en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, y se llevó a cabo con fondos de la Agencia de Cooperación Alemana en conjunto con Deutsche Welle Akademie (DW) y con el Consejo de Redacción de la Agencia EFE.


Nativos bajo peligro

En materia de ataques a comunidades indígenas y afrodescendientes, se registraron 177 ataques, siendo Brasil también el país con más alto índice al marcar 35 agresiones en los últimos 5 años, mientras que México cuenta con 30 en el mismo periodo. En este último país, el grupo étnico Nahua ha sido el más afectado en los últimos años.

“El blanco de un alarmante 56 % de esos episodios de violencia pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales”, señala el informe.

Otro dato alarmante de este informe es que, de los 1 179 ataques registrados en la última década en todos los países analizados, solo existen 50 sentencias firmes. Mientras que aún hay 274 casos bajo investigación. Sin duda alguna, un claro síntoma de la impunidad con que se agrede a los defensores ambientales en América Latina.

Fuente: servindi.org

lunes, 1 de octubre de 2018

"Nos enfrentamos a retos medioambientales sin precedentes"

Imagen: Contrainformacion.es

La buena gobernanza y el estado de derecho son valiosas herramientas que contribuyen a lograr un desarrollo sostenible y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, su papel está siendo infravalorado.​

El estado de derecho ambiental

Ana Barreira*

Hace ya 71 años que se tomaron las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio y 52 desde la luna, hechos que cambiaron nuestra forma de ver el Planeta. A pesar del tiempo transcurrido, las generaciones del presente nos enfrentamos a retos medioambientales sin precedentes: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación de mares, océanos y de cursos de agua dulce, entre otros.

A pesar del tiempo transcurrido, las generaciones del presente nos enfrentamos a retos medioambientales sin precedentes... 

Las acciones realizadas por las generaciones anteriores y presentes tienen consecuencias no solo en la actualidad, sino que también afectarán a las generaciones futuras. Por ello, un desarrollo que sea sostenible es fundamental. Una buena gobernanza y el estado de derecho son parte de la ecuación para alcanzar el desarrollo sostenible.

Para hacer frente a la degradación que sufre nuestro Planeta, desde mediados del siglo XX se fueron adoptando políticas y normas. Las políticas, una vez aprobadas, hay que aplicarlas y, consecuentemente, respetarlas para obtener los resultados esperados, lo que forma parte de un Estado de derecho.

Los convenios internacionales, las directivas y reglamentos de la UE, las leyes, reglamentos y demás normas nacionales son los instrumentos más importantes de transformación de esas políticas en acción(1).

Sin embargo, la acción sólo tiene lugar cuando estas son eficaces y efectivas. Esto depende de su grado de aplicación y cumplimiento(2).

Por tanto, contar solamente con un marco legal bien desarrollado para la protección del medioambiente no garantiza el desarrollo sostenible, como muestran las evidencias del estado actual de la Tierra(3).

Conviene recordar que los recursos naturales sustentan nuestra vida y son base de toda actividad económica. Por ello, el marco normativo de protección ambiental no es un capricho de nuestros legisladores.

Se trata de una respuesta urgente, en ocasiones no suficiente, que pretende evitar el deterioro de nuestro planeta y garantizar una vida saludable para el ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental hacer hincapié en la correcta implementación y cumplimiento del Derecho Ambiental.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del marco normativo ambiental por todos aquellos a los que van dirigidas es vital para lograr sus objetivos. El incumplimiento limita la eficacia de los compromisos, daña los procesos legales y puede conducir a la inestabilidad del orden jurídico, además de debilitar la credibilidad de las instituciones públicas en todos los planos: internacional, regional y nacional.

La buena gobernanza y el estado de derecho son valiosas herramientas que contribuyen a lograr un desarrollo sostenible y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, su papel está siendo infravalorado.

De hecho, tanto la política como el marco normativo existentes en materia ambiental no están garantizando una protección adecuada del medio ambiente, esencial para el bienestar humano y el goce de derechos fundamentales inherentes al Estado de derecho.

Nuestro marco normativo pone a nuestra disposición mecanismos legales para actuar en defensa del medio. Éstos se apoyan, en el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.




Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente utilizamos las herramientas que nos ofrece nuestro estado de derecho para defender y proteger el medio ambiente.

No obstante, para poder lograr ese estado de derecho ambiental se requiere modificar conductas y valores para que se respeten las normas de protección ambiental y contar con una judicatura bien entrenada en esta materia.

No es difícil actuar en defensa de nuestro medio para evitar atentados contra el mismo. La responsabilidad de proteger los recursos naturales es compartida: poderes públicos y ciudadanía. Al fin y al cabo, se trata de nuestra supervivencia y la de las generaciones futuras.


Notas:


(1) En términos muy parecidos esta idea se recoge en el Capítulo 8 de Agenda 21.


(2) Barreira. A., Ruiz, C et alter, “La Ejecución de la Política Pesquera Común: Aplicación del Reglamento de Control en España”, Madrid: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), 2015, pág. 31, disponible en:




(3) Barreira A., “En busca del desarrollo sostenible: la aplicación del derecho para alcanzar la justicia intergeneracional” Intergeneracional Justice Review, Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, 1/2007, Berlin, Enero 2007, ISSN. 1617-1799.


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*Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente IIDMA
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Fuente: Publicado el 27 de setiembre 2018 por Contrainformacion.es: https://contrainformacion.es/el-estado-de-derecho-ambiental/

Fuente: servindi.org

lunes, 27 de julio de 2015

Filipinas: Comienza la Conferencia Internacional de los Pueblos y la Minería 2015.


– Comunidades afectadas, defensores y activistas de 28 países compartirán experiencias y articularán campañas.

Servindi, 27 de julio, 2015.- El próximo 30 de julio dará comienzo en Manila, Filipinas, la Conferencia Internacional de los Pueblos y la Minería 2015, un foro para comunidades afectadas, defensores ambientales, activistas, analistas y personas e instituciones comprometidas con detener los abusos de la industria minera.

El evento será una oportunidad para evaluar la cuestión minera a nivel global, compartir historias y lecciones personales, analizar los últimos desarrollos científicos y técnicos, y trazar colectivamente un camino que fortalezca la acción de los pueblos, las comunidades comunidades afectadas por la minería y las organizaciones populares.

El programa de la conferencia plantea interrogantes a escala internacional, alienta la acción individual y colectiva, alimenta el diálogo multisectorial y el debate colectivo, y aprovecha las habilidades de los asistentes.

Las sesiones se enfocarán en cuestiones globales, políticas y prácticas y buscarán compartir nuevos hallazgos, lecciones aprendidas y mejores prácticas.

Se presentarán casos de estudio en una sesión diaria, presentaciones culturales, conferencias de prensa, y talleres. Además, se dispondrá de tiempo para la articulación de redes y campañas globales, regionales y por empresas.

La conferencia es organizada colectivamente por la Red Kalikasan de Filipinas, Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network de Indonesia, Kairos Canada, EcuVoice Philippines, International Association of Democratic Lawyers, London Mining Network, Geneeskunde Derde Wereld y Solidagro de Bélgica y el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, entre otros.

Página web de la conferencia: http://www.peoplesminingconf.net/

Para más información dirigirse al correo electrónico: ipcm2015@gmail.com

Otras noticias:

Fuente: Servindi

viernes, 8 de mayo de 2015

América Latina: 88 defensores ambientales fueron asesinados en 2014.

Reporte puede ser descargado de internet

TeleSur, 7 de mayo, 2015.- 88 defensores del medio ambiente fueron asesinados en América Latina durante el 2014, según un reporte de la organización internacional Global Witness. Esa cantidad equivale a tres cuartas partes de los asesinatos de activistas del medio ambiente en todo el mundo, indica el reporte titulado “¿Cuántos más?”.

“Cada semana son asesinadas al menos dos personas por tomar posición en contra de la destrucción medioambiental”, señala el informe. “A algunos les dispara la policía durante protestas, otros son buscados por asesinos. Mientras que las compañías buscan nuevas tierras para explotar, cada vez más personas pagan el último precio por oponerse”, explica el reporte.

Además, el informe indica que el 40 por ciento de las víctimas pertenece a algún pueblo indígena.

Los defensores del medioambiente asesinados se oponían especialmente a cinco ramos: minería y actividades extractivas, agua, negocios agroindustriales y explotación forestal, todo enmarcado por “disputas por territorio”, de acuerdo al reporte de Global Witness.

Brasil lidera la lista con 29 activistas asesinados, seguido de Colombia con 25, en Honduras 12, en Perú 9, Guatemala 5, Paraguay 3, mientras que en Ecuador y Costa Rica uno.

Sin embargo, los realizadores del informe dijeron que no se puede tener una cifra exacta de los asesinatos de activistas porque muchos “ocurren en villas remotas o adentro en la jungla, donde las comunidades no tienen acceso a comunicación o a los medios. Sospechamos que hay más asesinatos”.

En Honduras, resalta el asesinato de tres colaboradores de la activista Berta Cáceres, que se oponían a la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque, municipio San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara (noroccidente).

En México, uno de los asesinados fue el expresidente del comisariado ejidal de Cajón de Cancio, del estado Sinaloa, Ramón Corrales Vega, opositor a la minera china Paradox Global Resources.

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Otras noticias:

Fuente: Servindi