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viernes, 8 de mayo de 2015

América Latina: 88 defensores ambientales fueron asesinados en 2014.

Reporte puede ser descargado de internet

TeleSur, 7 de mayo, 2015.- 88 defensores del medio ambiente fueron asesinados en América Latina durante el 2014, según un reporte de la organización internacional Global Witness. Esa cantidad equivale a tres cuartas partes de los asesinatos de activistas del medio ambiente en todo el mundo, indica el reporte titulado “¿Cuántos más?”.

“Cada semana son asesinadas al menos dos personas por tomar posición en contra de la destrucción medioambiental”, señala el informe. “A algunos les dispara la policía durante protestas, otros son buscados por asesinos. Mientras que las compañías buscan nuevas tierras para explotar, cada vez más personas pagan el último precio por oponerse”, explica el reporte.

Además, el informe indica que el 40 por ciento de las víctimas pertenece a algún pueblo indígena.

Los defensores del medioambiente asesinados se oponían especialmente a cinco ramos: minería y actividades extractivas, agua, negocios agroindustriales y explotación forestal, todo enmarcado por “disputas por territorio”, de acuerdo al reporte de Global Witness.

Brasil lidera la lista con 29 activistas asesinados, seguido de Colombia con 25, en Honduras 12, en Perú 9, Guatemala 5, Paraguay 3, mientras que en Ecuador y Costa Rica uno.

Sin embargo, los realizadores del informe dijeron que no se puede tener una cifra exacta de los asesinatos de activistas porque muchos “ocurren en villas remotas o adentro en la jungla, donde las comunidades no tienen acceso a comunicación o a los medios. Sospechamos que hay más asesinatos”.

En Honduras, resalta el asesinato de tres colaboradores de la activista Berta Cáceres, que se oponían a la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque, municipio San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara (noroccidente).

En México, uno de los asesinados fue el expresidente del comisariado ejidal de Cajón de Cancio, del estado Sinaloa, Ramón Corrales Vega, opositor a la minera china Paradox Global Resources.

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Otras noticias:

Fuente: Servindi

sábado, 9 de agosto de 2014

En toda América se pisotean los derechos de los pueblos indígenas.


- Amnistía Internacional publica informe en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Servindi, 9 de agosto, 2014.- Intentos de asesinato y de secuestro, intimidaciones y agresiones y discriminación sufrida a diario, son algunos de los muchos abusos que sufren en toda América los pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus derechos humanos.

Así lo sostiene la organización Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe titulado: La Larga lucha de los Pueblos Indígenas de América en defensa de sus derechos.

El documento pone de relieve las numerosas desigualdades y violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas en todo el continente americano.

“Los pueblos indígenas de América continúan sufriendo toda una serie de abusos. A comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras que otras son sometidas a represión violenta y a abusos por manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos humanos”.

Así lo sostiene Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

Comparados con otros ciudadanos, los miembros de los pueblos indígenas tienen peores sueldos, reciben menos educación, tienen más probabilidades de morir al dar a luz, en el caso de las mujeres, y tienen menos esperanza de vida.

“Es hora de que los países de América se den cuenta de que no pueden decir que son libres y justos mientras las comunidades indígenas que viven en su seno continúan sufriendo tan graves injusticias y soportando discriminación sistemática”, añade Erika Guevara.

La organización documenta muchos casos de agresiones físicas y actos de intimidación cometidos contra comunidades indígenas y sus líderes en los últimos doce meses.

Por ejemplo, el 20 de mayo, hombres armados intentaron matar a Enrique Cabezas, quien había hecho campaña en favor del acceso a las tierras ancestrales de su comunidad en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia.

Actualmente hay una base militar en las tierras, que son propiedad colectiva de las comunidades del Curvaradó y que éstas reclaman.

A pesar de las medidas provisionales de protección que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, las comunidades del Curvaradó consideran que los esfuerzos de las autoridades colombianas por garantizarles la seguridad tienen graves deficiencias.

Además, a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional de Colombia, no se han devuelto las tierras a las comunidades.
Pedido a los gobiernos de la región

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que creen y mantengan las condiciones necesarias para que los representantes y miembros de las comunidades indígenas defiendan pacíficamente sus derechos sin temor a represalias.

Asimismo, poner a disposición de las autoridades judiciales a los autores de actos de violencia contra defensores de los derechos humanos indígenas.

Además de violencia y falta de protección suficiente por parte de los gobiernos, los pueblos indígenas soportan también el sufrimiento diario de la discriminación y la injusticia.

Las mujeres indígenas, en particular, sufren múltiples formas de discriminación, por su cultura, su clase y su género.
Esterilizaciones impunes

Otro caso citado por AI es la decisión de la Fiscalía de Lima del 22 de enero de 2014 de cerrar el caso sobre más de dos mil mujeres indígenas y campesinas pobres, a quienes las autoridades estatales esterilizaron sin su consentimiento en la década de 1990.

Al cerrar el asunto el gobierno peruano deja de abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados sistemáticamente contra las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza y les niega la justicia.
Resistencia y logros

A pesar de la discriminación generalizada y de las agresiones, los pueblos indígenas siguen adelante con su lucha por la justicia y los derechos humanos. El año pasado se observaron avances en el reconocimiento y la protección de sus derechos.

Tras vivir durante más de 20 años en condiciones lamentables junto a una carretera de primer orden, la comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay obtuvo una victoria precursora.

El 11 de junio, el presidente Horacio Cartes promulgó la ley que permitirá a los Sawhoyamaxa regresar a sus tierras ancestrales de la región de Chaco.

Carlos Marecos, líder de la comunidad Sawhoyamaxa, respondió así a la decisión: “Los indígenas lloran sólo cuando logran su libertad. Y hoy nos sentimos como si estuviéramos saliendo de una cárcel, por eso, muchos lloraron de la emoción”.

“Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos de América a que promulguen legislación y creen infraestructura para garantizar que los pueblos indígenas pueden disfrutar de su derecho a la tierra, la alimentación, la educación, la salud y la ausencia de violencia y de pobreza”, concluyó Erika Guevara.

Descarga el informe de Amnistía Internacional sobre los pueblos indígenas en el siguiente enlace:
Otras noticias:

Fuente: Servindi

lunes, 17 de junio de 2013

No más asesinatos de campesinos en Honduras.


Redacción de Atrio

Cuando en 2009 se produjo el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, el cardenal Maradiaga, Presidente de Caritas Internacional y persona de la máxima confianza delpapa Francisco, recomendó acatar al nuevo presidentePorfirio Lobo, “para evitar una masacre”. ¿Y qué hace ahora para defender al pueblo masacrado? ¿O es que lo que cuentaOlga Rodríguez en este artículo es mentira? Lo sentimos, cardenal. Mientras no prueben con los hechos que quieren unaIglesia para el Pueblo, con Libertad, Juticia y Paz, nosotros creeremos más a Olga y a Bertha y defenderemos la democracia en Honduras y en Guatermala como podamos, aunque las altas jerarquías sean tan ‘prudentes’ como otrora lo fueron las de Chile y Argentina.


“Esta campaña electoral en Honduras será una contienda a sangre y fuego”

Eldiario.es entrevista a Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras
Pide a periodistas y observadores internacionales que vayan a Honduras: “Que no esperen a las elecciones de noviembre, porque aquí la campaña electoral ha comenzado y desde ya se van a registrar grandes violaciones de los derechos humanos”
“Desde el golpe de estado de 2009 Honduras hay una guerra contra un pueblo desarmado”, denuncia



Protesta contra la impunidad y los asesinatos de campesinos en Honduras


Decir Honduras es decir impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, que expulsó del Gobierno al presidente Manuel Zelaya, la violencia ha aumentado considerablemente. En los tres años del Gobierno de Porfirio Lobo han sido asesinadas 119 mujeres, 53 abogados, 35 periodistas, 84 taxistas, decenas de líderes comunitarios, y más de 100 campesinos que luchaban por sus derechos contra terratenientes locales.

De hecho, Honduras tiene el porcentaje de homicidios más alto del mundo. Es el país más violento de América Latina –por encima de México– y el más pobre, después de Haití. La tasa de crímenes mortales por cada 100.000 habitantes es de 86, cuando la media mundial es de 8,8.

Diversos informes vinculan a ciertos sectores policiales con la actividad de escuadrones de la muerte. A pesar de esto, Estados Unidos sigue aportando ayuda económica a las fuerzas militares y policiales hondureñas. Y se realizan operaciones conjuntas –EE.UU y Honduras– contra el narcotráfico. Recientemente en una de estas operaciones se mató acuatro civiles.

A la mayoría de los criminales ni se les detiene ni se les enjuicia. El 90% de los asesinatosquedan impunes. El propio Gobierno ha confesado que solo se investiga el 20% de los crímenes.

“Si dice eso, nos podemos imaginar cuál es el porcentaje real. Este país está sumido en la corrupción y la impunidad, y los gobernantes no hacen su trabajo. Ahora que comienza la campaña electoral la situación va a empeorar”, denuncia en un encuentro en Madrid con eldiario.es Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una de las organizaciones de derechos humanos más representativas, en funcionamiento desde hace treinta años y fundada por mujeres.



Bertha Oliva, coordinadora del Comité Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras

Desde el golpe de Estado de 2009 los defensores de los derechos humanos están en el punto de mira.

“Si hacemos públicas las amenazas que recibimos y el nivel de acoso, hostilidad e indefensión en el que nos encontramos, ¿a quién va a acudir entonces la ciudadanía que está siendo atacada?”, se lamenta Bertha.

En los últimos meses la situación ha empeorado. Han sido asesinados más campesinos, abogados, activistas, ancianos.

“Hay una criminalización de la protesta. Y lo que se nos viene es peor de lo que estamos viviendo”, advierte Oliva.

Pregunta: En noviembre, si nada lo impide, se celebrarán elecciones en Honduras. Según las encuestas el Partido Libertad y Refundación, integrado por movimientos sociales y liderado por Xiomara Zelaya, la esposa del depuesto presidente Zelaya, sería el ganador. Sin embargo, en un escenario de semejante impunidad todo puede pasar.

Respuesta: Creo que vamos a vivir meses muy difíciles, casi más sangrientos de los que estamos sufriendo ahora. No dieron un golpe de Estado para entregar el poder cuatro años después. Por mucho que este partido lidere las encuestas, la realidad es la que es. Temo que ni siquiera haya elecciones, y creo que si finalmente se celebran, aunque el partido de Ximoara gane, el Tribunal Supremo electoral acomodará los resultados conforme a los acuerdos que se alcancen.

P: ¿Por qué dice que cree que se avecinan meses muy violentos?

Se abre ya la campaña electoral, esto va a ser una contienda política a sangre y fuego en la que necesitamos la solidaridad internacional. Que vengan ya los periodistas y observadores internacionales, que no esperen hasta las elecciones de noviembre, porque se van a dar ya violaciones despiadadas de los derechos humanos. Honduras es un laboratorio que tienen para ver cómo se pueden generar más golpes de estado en la región. Honduras está en guerra, es una guerra de militares uniformado contra un pueblo desarmado y que no es consciente de que hay una guerra. Vamos a vivir meses muy difíciles, más sangrientos, y vamos a ser objetivo porque no callamos, porque denunciamos.

Un mal síntoma es lo que ha pasado en el vecino Guatemala, con la suspensión de la condena al exdictador Ríos Montt. Esto vuelve a los impunes totalmente inmunes y ahora ya no se van ni a poner capucha, el mensaje es “no importa que te pillen violando derechos”. Que un poder económico se imponga ante la justicia de un país es un mal mensaje.

P: Usted misma ha sufrido persecución…

Convencida estoy de que quizá no me voy a morir como deseo, es decir, morir porque ya me toque descansar. No se respeta a nadie en este país. A mí me han demandado más de tres veces ante los tribunales, es más que posible que alguna de nosotras vayamos a la cárcel, esto da que pensar.

P: Me decía antes que la población hondureña está afectada emocionalmente.

Sí, porque la represión ha sido brutal. Pero al mismo tiempo es interesante observar cómo la gente no tuvo miedo tras el golpe de Estado. El trabajo de activismo y de defensa de los derechos humanos que muchos llevábamos a cabo desde hacía años tuvo sus consecuencias. Por eso cuando se produjo el golpe, la gente salió a la calle durante más de cien días a reivindicar sus derechos, a pesar de que nos disolvían con bombas lacrimógenas, de que nos arrestaban, de que el castigo era enorme. Pero por primera vez Honduras se defendía.

¿Quién participa en los sucesos violentos que se registran en Honduras?

Hay una especie de guerra en nombre del combate al narcotráfico, como sucedió en Colombia, pero lo que quieren es desarticular e intimidar a comunidades enteras e impulsar un proceso de invasión de territorios. No nos queda ninguna duda. Estamos al tanto de casos grotescos en los que operan la DEA (agencia antidrogas de EEUU), el Ejército de Honduras y las fuerzas policiales. Hay una invasión, se producen ataques a comunidades por parte de fuerzas combinadas.

P: ¿Por qué los campesinos son objetivo de tantos ataques?

Los campesinos están exigiendo sus tierras, las que les han quitado los terratenientes. Los campesinos del Aguam son los más movilizados y por eso van a por ellos. Allí ya son más de 98 campesinos asesinados en los dos últimos años y medio. Son los que hemos podido contar, pero hay más. Ellos luchan para recuperar lo que les han quitado los terratenientes de la zona.

Y la respuesta a su reivindicación ha traido asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones a las compañeras vinculadas al movimiento campesino, también exilio y por supuesto militarización de la zona, donde convergen ya unidades especiales, hay sicarios, hay paramilitares, escuadrones de la muerte, y además presencia de guardias privados de seguridad de los empresarios, que son los que están en confrontación total con los campesinos.

P: El otro día mataron a un campesino de Buxa…

Sí, y esto significa que esta impunidad ya sale fuera del Aguán…



Protesta en Honduras contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas (EFE)


Una desaparición en su propia familia

Bertha conoce bien la impunidad de su país. En el año 1981 presenció el secuestro en su propia casa de su marido, Tomas Nativí, miembro fundador de la Unión Revolucionaria del Pueblo, cuando ella estaba embarazada de cuatro meses. Nunca lo volvió a ver. Lo hicieron desaparecer, como a tantos otros. También en Honduras, como en Argentina, las mujeres se reúnen mensualmente en una plaza de Tegucigalpa para reivindicar la memoria y la justicia.

“Cuando me inicié en la lucha por los derechos humanos estaba lejos de imaginarme que me enfrentaba a un territorio marcado por una desigualdad social terrible. Y a medida que fuimos descubriendo quiénes eran los detenidos desaparecidos nos vimos obligadas a tomar posiciones incluso ideológicas”, explica Oliva.

P: COFADEH fue fundado solo por mujeres, habéis sido símbolo de la defensa de los derechos humanos, usted ha sido premiada con el Premio Tulipán de los Derechos Humanos en La Haya. ¿El hecho de ser mujeres ha significado también impedimentos añadidos?

Yo me siento muy bien siendo mujer. Si fuera hombre quizá ya me habría acomodado. Pero también tiene su lado negativo. Ser mujer, y más aún ser mujer joven, es muy duro, porque la publicidad burguesa en contra de una es muy fuerte. Dicen cosas terribles contra nosotras para minarnos la moral. Cuando yo era joven me decían que andaba buscando novio para reemplazar a mi marido, por ejemplo. He soportado grandes campañas de desprestigio, en las que han usado mi condición de mujer para desprestigiarme. Pero yo no trabajo para agradarlos, sino que lucho contra el poder y me he preparado psicológicamente para ello. Ahora, a lo que me niego es a resignarme a que me peguen dos tiros.

P: ¿Qué hace el COFADEH para ayudar a las comunidades vulnerables?

Creamos comités en algunas comunidades para recoger denuncias, hemos instalados campamentos con integrantes internacionales para prevenir masacres y persecuciones, a modo de prevención, ha funcionado en parte, pero han encontrado otra estrategia que es la de intentar dividir a las propias comunidades, el divide y vencerás. Por ejemplo, empresas mineras que dan trabajo a algunos y estos se enfrentan a los líderes locales que luchan contra los proyectos mineros.

P: La lucha por la tierra está siendo intensa.

Creo que es la guerra de este siglo, la lucha por la tierra. En Honduras se ha visto que a partir del golpe militar la fuerza para desarticular el movimiento campesino y los sindicatos de enseñanza es muy fuerte. A los defensores de sus tierras y de sus recursos les acusan de cualquier cosa, los criminalizan, criminalizan la protesta y la reclamación social.

P: En el valle hondureño del Siria, por ejemplo, hay una intensa protesta contra la minería.

Sí, es un proyecto minero avalado por el Gobierno y que tiene duras consecuencias, los habitantes tienen llagas en su piel, se les cae el pelo a algunos, hay niños con deformaciones, abortos por el estado del agua que consumen, contaminada por la mina. Hemos llevado el caso a los tribunales. En este tipo de cuestiones no podemos ser neutras. Defender los derechos humanos a veces implica asumir posiciones políticas, no partidistas, pero sí políticas. No podemos ser neutrales cuando el país se desangra. A lo que sí estamos obligadas es a ser objetivas.

Fuente: Atrio

domingo, 27 de mayo de 2012

La intervención criminal de EE.UU. en Honduras, México y América Central



LLAMADO URGENTE DEL MOPASSOL
La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca, en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una canoa en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas, dos hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la continuidad del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar norteamericana en ese país.
Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles.

Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y políticos, maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman  25 asesinados desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas de  junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura.    Los asesinatos cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son cotidianos y evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para América Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700  homicidios mensuales y unas  20 víctimas diarias.  El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en la zona norte del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los asesinatos participaron sicarios.

Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos, después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente  de Colombia Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno América, que participó activamente en el golpe. Centenares de personas han sido detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender que  no tienen posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera sistemática.

Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación de esos asesinatos  por parte del  Director de la Policía Nacional,  Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la escena”. Aún  cuando se observó que las víctimas estaban desarmadas y los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que les dispararon a mansalva  con ametralladoras y  granadas.  Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra los campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción policial y militar en el tema del narcotráfico, además del  feudalismo imperante en esa zona del país, sumida  en una enorme pobreza. Hay más de  1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad miskita.

El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un artículo señalando que la “Armada de los  Estados Unidos, usando lecciones del conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la selva miskita, ha construido un    campamento (centro operativo) con poca notoriedad pública pero con apoyo del gobierno   hondureño”. El citado artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada” ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.

El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en nombre de la seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron dictaduras en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene estableciendo con los países de la región.

A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año 2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para una supuesta guerra contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido secuestradas y asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese país. Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos que  la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas, como se ha descubierto investigando la Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido y Furioso.

Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a  parar a manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son asesinados y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres en distintos lugares.

México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que según políticos republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto podría ser pasible de una intervención, especialmente si en las elecciones próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también fueron para las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de mantener el crimen y el caos.

Honduras bajo  terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los tiempos,  preparada en Estados Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y  de desaparición de aldeas enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.
Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la población de poco más de diez millones de habitantes.

Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas, persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación de doce bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que había logrado liberarse del Comando Sur a fines de 1999.

La tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual ocupación de Colombia con por lo menos ocho bases militares  extranjeras y un terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora  en una supuesta “Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de paz que signifique  producir un verdadero cambio en ese país. Colombia es el país de América Latina que junto con Guatemala, tiene la mayor cifra de muertos y desaparecidos del continente a lo largo del siglo XX y  lo que va del XXI.

Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de libre comercio firmados con varios gobiernos de la región, la invasión de las agencias de Estados Unidos en el continente y la militarización de la región en ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que estamos viendo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a extender su solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de pueblos hermanos y denunciar los graves  peligros de una profundización de la intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia todo el continente.

Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja intensidad, la invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la militarización que intenta una recolonización regional en el siglo XXI.

Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012

Mopassol, Paso 493, 3º B, CA de Buenos Aires. TE 54 11 4951 4985
www.mopassol.com.ar
Fuente: mopassol

domingo, 8 de mayo de 2011

México: Caminata-marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.


Gerardo Peláez Ramos

Como es del dominio público, a fines de marzo del año en curso fueron asesinados en Temixco, Morelos, siete jóvenes, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta católico Javier Sicilia, quien con gran acierto llamó a vertebrar un movimiento civil pacífico para poner término a la brutal matanza que azota a México a partir del sexenio del presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa.

Precedido por la campaña No más sangre, iniciada, impulsada y encabezada por Rius y otros caricaturistas desde enero pasado, el llamado del escritor Sicilia concitó, de inmediato, una buena acogida y una extraordinaria respuesta de las más variadas organizaciones y personalidades, que van desde defensores de los derechos humanos, feministas, ecologistas y sacerdotes católicos progresistas hasta la Unión Nacional de Trabajadores, el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Este novedoso movimiento amplio, plural, legal, pacífico y de masas se propone, vía la movilización de la propia sociedad, imponer una política contra el crimen, racional, sensata y apegada a la Constitución General de la República, las leyes reglamentarias de ésta y de respeto irrestricto a los derechos humanos de la población en su conjunto, incluidos los delincuentes, y detener ya la carnicería demencial llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que escenifican el gobierno ilegítimo del Partido Acción Nacional y las bandas delicuenciales del tráfico de estupefacientes, que ha dejado como secuelas alrededor de 40 mil mexicanos muertos, cientos de desaparecidos, militarización del país, criminalización de la protesta social, control de los cárteles de la droga de franjas considerables del territorio nacional, violación generalizada de las garantías individuales, injerencismo creciente del gobierno norteamericano y pérdida de la soberanía nacional.
La guerra impuesta a Calderón por la superpotencia de allende el Bravo, salta a la vista, no ha logrado disminuir la producción de opiáceos, marihuana y alucinógenos; impedir el paso y contrabando de cocaína proveniente de Colombia y Perú, y debilitar y derrotar a los barones del trasiego de enervantes. Todo lo contrario. En Estados Unidos, con el visto bueno de las autoridades gabachas, crece el consumo de “drogas de diseño”, marihuana y opiáceos, mientras se estabiliza el mercado de la cocaína. Esta guerra, mal planeada, mal dirigida y mal ejecutada, es un fracaso total, y los únicos ganones son los imperialistas yanquis que buscan regular el mercado mundial de estupefacientes; fortalecer su presencia policíaco-militar en México, Centroamérica, Colombia y Perú; hacer de la seguridad nacional de la Unión Americana un problema que asuman como suyo los gobiernos entreguistas de Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Ricardo Martinelli, Juan Manuel Santos y Alan García Pérez.
En resumen, como lo han asegurado la FBI y Barack H. Obama, los cárteles mexicanos de los narcóticos son más poderosos que antes de ser comenzada la guerra contra el narcotráfico. A lo anterior hay que agregar: los decomisos de cocaína y otras drogas han aminorado en el período presidencial de Felipe Calderón frente a la administración del inepto y corrupto Vicente Fox Quesada.
No es raro, entonces, el hartazgo social ante el asesinato descomunal de ciudadanos, adolescentes y niños, a manos de sicarios de los capos narcotraficantes, militares y policías; la supresión del orden constitucional y el imperio de la ilegalidad en gran parte de la República. De este modo, es explicable la movilización de la sociedad contra la barbarie del “gobierno” calderonista y los grupos delicuenciales, así como el apoyo masivo a las iniciativas tomadas por Rius, Javier Sicilia y otras personalidades y organizaciones.
Ya el 6 de abril las manifestaciones y mítines por la paz con justicia y dignidad, permitieron concentrar a importantes contingentes en la Ciudad de México, Cuernavaca, la capital de Chihuahua y decenas de poblaciones mexicanas más, al mismo tiempo que se realizaban actos públicos en ciudades de España, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia y Dinamarca, donde se desenvuelve un importante movimiento de solidaridad con el pueblo mexicano y contra el régimen entreguista del PAN.
Si se excluye al partido blanquiazul y sus contlapaches de las agrupaciones fascistas, para todas las fuerzas políticas de México es evidente que el gobierno proyanqui de Felipe Calderón no garantiza la paz social y la seguridad a que tienen derecho los mexicanos ya, ahora, no más tarde. A mayor abundamiento, altos funcionarios de la actual administración antinacional y santanista, como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “prometen” a la ciudadanía que empezará a bajar la violencia de los grupos criminales “en siete u ocho años”. ¡Vaya descaro de estos “gobernantes”!
Para no dejar lugar a dudas acerca de su capacidad de gobernar al país, los titulares de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional se contradicen en cuanto a la apreciación de la capacidad de fuego, el poder y la extensión geográfica de las principales organizaciones delicuenciales en México. Otro tanto ocurre con los secretarios, directores y otros jefes y destacados burócratas de diversas dependencias federales.
Pero el campeonato en estulticia política se lo lleva el presidente espurio de la República. Como si existiera alguna fuerza o personalidad en la campaña No más sangre y en el movimiento liderado por Javier Sicilia, que proponga dejar manos libres a la delincuencia organizada y llamar al Estado a que se cruce de brazos, Calderón polemiza con interlocutores inexistentes y persiste en defender una guerra perdida que sólo reporta muerte y desolación en regiones, ciudades y estados; rompimiento de la paz pública; ingobernabilidad; gastos innecesarios; inestabilidad política; desprestigio del Ejército, la Marina y la policía; descomposición social, y mayor dependencia del gran ladrón de territorios mexicanos, el máximo intervencionista en México y el asesino número 1 de nuestros connacionales: Estados Unidos.
En función de la situación señalada, el 5 de mayo dio comienzo en Cuernavaca, Morelos, la Caminata-marcha por la Paz con Justicia y Dignidad con la participación de mujeres y hombres opuestos a la actual guerra de los gringos y por una política que combata al crimen organizado mediante la combinación de las medidas de fuerza, en el marco de respeto a la Constitución, las leyes y los derechos humanos, con la atención de los problemas del empleo, los salarios, la seguridad social, la autosuficiencia alimentaria, la educación, la cultura, el respeto a los sindicatos y otras organizaciones sociales, la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos políticos.

Paralelamente al inicio de la Caminata-marcha iniciada en Cuernavaca y que culminará en el Zócalo de la capital federal el domingo 8 de mayo, se desarrollaron actos de masas en Chilpancingo, Guerrero; Monterrey, Nuevo León, e Irapuato, Guanajuato.

Con estos pasos, los neoliberales panistas quedan sometidos a una importante presión social y política, que si avanza la movilización social a escala nacional, no se descarta que la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ruede por los suelos con gran estrépito. Al tiempo.

Fuente: ApiaVirtual

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