La intervención criminal de EE.UU. en Honduras, México y América Central

LLAMADO URGENTE DEL MOPASSOL

La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca, en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una canoa en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas, dos hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la continuidad del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar norteamericana en ese país.

Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles.

Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y políticos, maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman  25 asesinados desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas de  junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura.    Los asesinatos cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son cotidianos y evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para América Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700  homicidios mensuales y unas  20 víctimas diarias.  El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en la zona norte del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los asesinatos participaron sicarios.

Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos, después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente  de Colombia Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno América, que participó activamente en el golpe. Centenares de personas han sido detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender que  no tienen posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera sistemática.

Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación de esos asesinatos  por parte del  Director de la Policía Nacional,  Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la escena”. Aún  cuando se observó que las víctimas estaban desarmadas y los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que les dispararon a mansalva  con ametralladoras y  granadas.  Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra los campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción policial y militar en el tema del narcotráfico, además del  feudalismo imperante en esa zona del país, sumida  en una enorme pobreza. Hay más de  1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad miskita.

El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un artículo señalando que la “Armada de los  Estados Unidos, usando lecciones del conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la selva miskita, ha construido un    campamento (centro operativo) con poca notoriedad pública pero con apoyo del gobierno   hondureño”. El citado artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada” ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.

El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en nombre de la seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron dictaduras en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene estableciendo con los países de la región.

A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año 2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para una supuesta guerra contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido secuestradas y asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese país. Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos que  la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas, como se ha descubierto investigando la Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido y Furioso.

Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a  parar a manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son asesinados y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres en distintos lugares.

México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que según políticos republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto podría ser pasible de una intervención, especialmente si en las elecciones próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también fueron para las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de mantener el crimen y el caos.

Honduras bajo  terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los tiempos,  preparada en Estados Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y  de desaparición de aldeas enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.

Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la población de poco más de diez millones de habitantes.

Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas, persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación de doce bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que había logrado liberarse del Comando Sur a fines de 1999.

La tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual ocupación de Colombia con por lo menos ocho bases militares  extranjeras y un terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora  en una supuesta “Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de paz que signifique  producir un verdadero cambio en ese país. Colombia es el país de América Latina que junto con Guatemala, tiene la mayor cifra de muertos y desaparecidos del continente a lo largo del siglo XX y  lo que va del XXI.

Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de libre comercio firmados con varios gobiernos de la región, la invasión de las agencias de Estados Unidos en el continente y la militarización de la región en ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que estamos viendo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a extender su solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de pueblos hermanos y denunciar los graves  peligros de una profundización de la intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia todo el continente.

Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja intensidad, la invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la militarización que intenta una recolonización regional en el siglo XXI.

Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012

Mopassol, Paso 493, 3º B, CA de Buenos Aires. TE 54 11 4951 4985

www.mopassol.com.ar

Fuente: mopassol

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“El gran poder mundial no ha encontrado aun el arma para destruir los sueños”.

Zapateando

A los ciudadanos de Ciudad Juárez, al pueblo de abajo, oprimido y explotado, en México y en el mundo.

A los indignados del mundo.

En México, tenemos 50,000 muertos, un número indefinido y gigantesco de extorsiones o secuestros principalmente durante los últimos cuatro años, ¿Hay otro motivo más relevante para inconformarse?, en Ciudad Juárez, que cargamos con la quinta parte de esa colosal cifra, a pesar de que apenas sumamos el 1.5% de la población nacional.

¿Qué otra razón podría suscitar una condena más drástica de los ciudadanos hacia el gobierno?

Actualmente, el capitalismo como forma de organizar a la sociedad, ha entrado en una profunda crisis irresoluble dentro de los marcos de la apropiación privada del producto del trabajo social. Esto ha llevado a los ricos y gobiernos de todo el mundo se vean en la necesidad de expoliar aún más a las clases trabajadoras y a despojar y privatizar los bienes comunes.

Este proceso se ha expresado en la región de Latinoamérica, y en concreto en Juárez, a través de violencia, una “succión” del trabajo excedente y de los bienes comunes, la depredación de la naturaleza, el despojo, la pobreza, etc. En una palabra: una miseria en nuestras vidas. 

El imperialismo expolia nuestros recursos mientras el 1% de la población vemos como le entrega en bandeja de plata el petróleo, la electricidad, las minas, los hidrocarburos y el gas, con la subsecuente miseria y despojo para el pueblo pobre que representa al 99%.

La educación publica y la seguridad social, están siendo desmanteladas en favor de los capitalistas, la crisis capitalista golpea en primer lugar, a los trabajadores con la depreciación de su salario, las condiciones de trabajo y el creciente desempleo.

Nosotros entendemos que este proceso no es inevitable, sino que depende de acciones para detener o no esta barbarie, esto lo entienden también los de arriba, quienes han decidido desatar una guerra, a través de la ocupación militar y paramilitar del territorio en el que el saqueo y la explotación pueden tener dificultades para continuar. Esta sucia guerra, tiene sus pilares en el estado y la intervención imperialista de Estados Unidos en México y en América Latina, por lo tanto, la actuación cada vez más frecuente y decisiva de los policías, soldados y espías yanquis en la lucha de clases en México, no es sino la consecuencia lógica de su estrategia.

El sistema judicial y carcelario estadounidense es un modelo mundial de control social e enriquecimiento ilícito, los gobernantes de México lo han adoptado y se implementa con la ayuda de la Iniciativa Mérida. Cuentan con el apoyo de todos los partidos políticos para imponer sentencias cada vez más largas, permitir acusaciones anónimas e implementar el arraigo de cualquier ciudadano por cualquier capricho de cualquier policía. Incluso la pena de muerte ha sido promovida en México por el Partido Verde.

El alto número de desplazados, nos habla de una situación social alarmante que tiene consecuencias en la vida interna y externa del país, principalmente en las comunidades y ciudades directamente afectadas, como Ciudad Juárez, principal caso, pero también hay otros lugares en los cuales la población resiste las políticas injustas generadas por este sistema social ya obsoleto.

Vivimos la etapa más difícil en la historia de la humanidad, pues gran parte de esta busca liberar la ternura, liberar los sueños, liberar las calles, liberar los niños que todos llevamos dentro, liberar la armonía, liberar la creación, liberar la música, liberar todo, para poder vivir en nuestro planeta, en cada país y ciudad, la indignación obedece además a razones particulares, aquí en Ciudad Juárez es la explotación intensiva de la fuerza de trabajo, la injusta distribución de la riqueza, un mal gobierno que genera y tolera violencia.

En todos los lugares ha aumentado el crimen a partir de la “guerra contra el narcotráfico”, emprendida en 2007 por el gobierno que encabeza Felipe Calderón. Las políticas de “Seguridad Nacional”, han tenido como consecuencia una militarización general del país, la suspensión de facto de la Constitución, la formación de grupos paramilitares, de sicarios, y el fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico.

EVIDENCIA

Un puñado de estudiantes y adherentes de diversas organizaciones, el 1 de noviembre pasado en una marcha pacífica durante la cual pretendíamos pegar en los muros y vitrales una cruz por cada uno de los muertos en Ciudad Juárez, al empezar en la avenida López Mateos llegaron las patrullas de la policía municipal, cargadas de agentes provistos de fusiles de asalto y otras armas largas, quienes nos arrebataron el material para realizar nuestra tarea y comenzaron a subirnos a sus patrullas.

Fuimos gaseados, esposados y arrojados en las plataformas de los vehículos policiacos, a una compañera la sacaron usando la fuerza de su automóvil, a otra la arrastraron por el pavimento y a otro compañero lo lesionaron en el brazo con sus bayonetas, cobardemente recibimos golpes de tres o cuatro policías por cada manifestante. Los videos, tomados por periodistas y por particulares, registraron desde diferentes perspectivas la acción de los policías, en ningún momento nosotros agredimos a los agentes, los cuales recibían órdenes directas de sus jefes Julián Leyzaola y Maris Domínguez coordinando las acciones de sometimiento e intimidación.

Después se concentran nuestros familiares y compañeros ante las oficinas del edificio policiaco donde aquellos fuimos llevados, solicitan se permita a una comisión de padres entrar a vernos para saber de nuestro estado de salud y si estábamos todos los detenidos, al no obtener respuesta, se desesperan y comienzan a colocar las cruces en los vidrios del edificio. Un numeroso cuerpo de agentes, algunos encapuchados, golpean a diestra y siniestra, incluso a fotógrafos y periodistas agrediendo su labor y el elemental derecho a la de información, esto elevo el número de detenidos, aquí entre los agredidos se incluye a dos periodistas.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía general del Estado, antes fuimos torturados y golpeados severamente en la estación de policía Aldama, donde nos mantuvieron hincados por largo tiempo, siendo entrevistados sin asistencia de abogados defensores como marca la ley, se nos acusa de varios delitos: daño en propiedad ajena, en perjuicio de particulares y del municipio, además de lesiones causadas a los agentes de policía. Así es como actúa nuestra policía, había orden de montar una farsa más para criminalizarnos y convertirlos en delincuentes.

Fuimos liberados después de veinticuatro horas, mediante el pago de una fianza de 500 pesos por cabeza, al día siguiente el director de seguridad pública y al alcalde difunden mentiras sobre nosotros con clara intención de desacreditarnos o culparnos, cuando en realidad fuimos agredidos por manifestar su ineficiencia, organizar marchas y solicitar justicia ya que según informan solo atienden 4% de los homicidios.

¿Qué conclusiones nos deja esto?

1. Que lejos de hacerse cargo de la angustia e inconformidad de la población por la situación de inseguridad, las autoridades prefieren hacer valer la consigna de “cero tolerancia” allí donde pueden actuar en blandito, atacando a una pequeña marcha de gente desarmada, sin emplear el diálogo previo y aparecer como campeones de la legalidad evitando que se manchen muros con las cruces.
2. Que existen núcleos en la población a los cuales no nos ha ganado el temor o el pánico para expresarse públicamente y mantener nuestra independencia política.

En Ciudad Juárez y en México, miles de personas han muerto, miles de desaparecidos y miles de personas son perseguidos. Para nosotros está claro: Los militares, los de la “seguridad pública” son asesores de las masacres, asesores de las torturas, desapariciones, ellos apoyan a los paramilitares, estos personajes ya no les llamamos de seguridad pública, sino que les llamamos asesinos, torturadores, perseguidores y rateros públicos, ellos persiguen a los líderes de las organizaciones y a los defensores de los derechos humanos, tratando de reforzar el carácter del estado mexicano: fascista, terrorista, bonapartista, contrainsurgente, narco estado y además fallido. Los invitamos a denunciar la situación de terror y muerte que vivimos en México.

Sabemos que la tierra y los recursos naturales son los principales objetivos para los grandes capitalistas quienes pretenden despojarnos poco a poco, por lo tanto consideramos de vital importancia unificar nuestras voces para la autodefensa, denunciar todo lo que nos afecta, explotación, alcoholismo, deforestación, altas tarifas de la luz eléctrica, presas, mega proyectos, proyectos de infraestructura, entre otros.

Las comunidades defienden sus ríos, sus tierras su futuro, su país, es necesario que crezca la conciencia en los ciudadanos acerca de los riesgos que corre el futuro de todos, si permitimos la imposición de políticas y proyectos, en lugar de que las comunidades puedan hacer uso de sus ríos, sus tierras y territorios para la construcción de una vida que les permita pensar en el plazo largo y no sólo en las ganancias a corto plazo.

Se ha demostrado con creces que la policía y el ejército son enemigos del pueblo trabajador, reprimen a los luchadores sociales y son cómplices del crimen organizado. De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, los jefes son penalmente responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados, con este fundamento demuestra la responsabilidad de Calderón, Duarte, Murguia y Leyzaola.

Hay que seguir manteniendo firmes, juntemos nuestra fuerza y caminemos juntos, no hay tener confianza con los gobernantes, las policías y los militares.

Hoy los ciudadanos consientes y sus organizaciones se encuentran aunque aparentemente aislad@s, debilitad@s, resistiendo heroicamente los duros golpes de este capitalismo salvaje. Nosotros entendemos que en estas condiciones debemos actuar con inteligencia para librar las luchas que la historia impone. De no prepararnos y organizarnos para la construcción de otra sociedad donde no prevalezca el poder del dinero, estaremos dejando a nuestros hijos un mundo de esclavos.

!¡CARCEL A LEYZAOLA!!

¿Quién vigilará a los que nos vigilan?
!Cese a los actos de hostigamiento y represión contra los estudiantes y trabajadores!
¡RESUELTOS A VENCER!

No a la Intervención Norteamericana

Exigimos la cancelación de TLC, ASPAN-Plan Puebla-Panamá, Comando Norte, Plan México, Iniciativa Mérida, cuyo complemento bélico es la militarización

Expulsión de los agentes extranjeros en México, como DEA, CIA, FBI, OBI

NO NOS QUITARAN EL DERECHO A LA LIBRE MANIFESTACION

LOS INDIGNADOS DE JUAREZ

INVENTARIO DE REBELDIAS

• proyectos para hidroeléctricas en el río Bobos, la cuenca de Los Pescados – La Antigua
• el proyecto El Naranjal en Amatlán de los Reyes, cuya dimensión implicaría afectaciones a media docena de municipios en el centro del estado,
• Se anuncian inversiones de capital brasileño en hidroeléctricas y otros proyectos como la producción de etanol y la petroquímica, el proyecto Etileno XXI, por la empresa Odebrecht, mediante su filial Braskem.
  han informado de más de cien proyectos de presas hidroeléctricas en el estado de Veracruz
• otras afectaciones ambientales en curso, como el proyecto para la construcción de la mina a cielo abierto Caballo Blanco a sólo tres kilómetros, en el perímetro de seguridad de la nucleoeléctrica de Laguna Verde
• prohibición de las siembras de maíz transgénico
• Lucha contra los cobros excesivos y los cortes de energía a manos de CFE
• Represión en San Miguel Chimalapa, Oaxaca
• Lucha por la libertad inmediata al preso político Mumia Abu-Jamal

Fuente: Chacatorex