El mito de los agroquímicos inocuos.

Foto: ecoosfera.com

Cuando glifosato rima con aspirina y sustentología con astrología

Por Eduardo Gudynas

Las polémicas sobre los riesgos y efectos de uno de los herbicidas más usados en el planeta, el glifosato, no cesan. Cobraron un nuevo empuje al conocerse el veredicto de culpabilidad contra su más conocido productor, Monsanto, en un juicio entablado por un jardinero de 46 años que padece cáncer terminal. La corporación deberá pagar US$ 289 millones. Hay otras ocho mil demandas en marcha.

En los días siguientes el valor de mercado de la alemana Bayer, que acaba de adquirir a Monsanto, se derrumbó a su más bajo valor en cinco años, con pérdidas por US$ 18 mil millones, y sólo ahora se está recuperando. Si los próximos juicios siguen el mismo camino, la empresa deberá enfrentar indemnizaciones por US$ 5 mil millones. Paralelamente, países como Francia, Alemania e Italia anuncian que revisarán sus posturas frente al glifosato.

Todo esto también tuvo efectos en los países de América del Sur que usan intensivamente el glifosato, especialmente en los monocultivos de soja transgénica (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay). Muchos grupos ciudadanos utilizaron aquel veredicto de Estados Unidos para reforzar sus críticas a ese herbicida. En esas naciones, el uso del herbicida y la soja transgénica habían recrudecido por razones tales como intentar superar los problemas económicos aumentando esas exportaciones.

Defendiendo el glifosato

En todos esos países, las defensas del glifosato parten de un amplio conjunto que incluye a gobierno y académicos, o agricultores y empresas de insumos agrícolas. Argumentan que es una sustancia inocua, sin riesgos si es bien usada, y proclaman que eso es una verdad “científica”. Agregan que las críticas y advertencias serían expresiones de charlatanes o ignorantes. Por ejemplo, en Argentina, el ministro de ciencia y tecnología ha comparado al glifosato con agua con sal, y en Uruguay desde el Ministerio de Ganadería y Agricultora se afirma que sería como una aspirina (1).

Desde el bando académico aparecieron slogans tales como sostener que el glifosato es menos tóxico que la cafeína, tal como sostiene un biotecnólogo español desde el suplemento Rural del diario Clarín de Buenos Aires (2). Esa imagen es poderosa: si el glifosato es como el café, no debería tener ninguna regulación, justamente como se vende una aspirina en cualquier farmacia.

De la mano de esa campaña, los empresarios rurales argentinos lanzan ahora la idea de la “sustentología” (3). Ese concepto se lo presenta como la fusión de ciencia, tecnología y sustentabilidad – un término que evoca el cuidado ambiental. Esta es una estrategia que sigue la misma lógica que la empleada por las corporaciones mineras con la llamada “minería sostenible”.

Estamos por lo tanto frente a dos argumentaciones: una que sostiene que el herbicida glifosato es inocuo, y que ello está demostrado científicamente; y la otra, como consecuencia, es posible tener una agricultura “sostenible”, la “sustentología”, que utilice ese agroquímico. Es necesario abordar estas concepciones para dejar en claro que no sólo son falsas, sino que además son peligrosas.

Herbicida y café: una comparación sin sentido

Las comparaciones del glifosato con café o aspirina a pesar de ser usada desaprensivamente por algunos académicos, en realidad no provienen del ámbito científico sino de las propias corporaciones. Desde hace años, tanto por Monsanto como los portales que apoya, como Genetic Literacy Project, han presentado esas comparaciones.

Formalmente es cierto que el café es más “tóxico” que el glifosato, pero esa imagen es una simplificación y deformación tan extrema que se vuelve imposible (4). Aclaremos en primer lugar que el glifosato no se “sirve” solo, sino que el “herbicida” es realmente un compuesto que incorpora otras sustancias tales como surfactantes, cada una con sus riesgos específicos y con efectos complementarios entre ellas. El estudio de los impactos debe considerar todo ese conjunto.

Una segunda cuestión clave, es que la comparación con el café se basa solamente en la toxicidad aguda y de ese modo desaparecen por un lado la toxicidad crónica, y por el otro lado la carcinogénesis, o sea, la responsabilidad de la sustancia en la ocurrencia de cáncer. No puede extrañar que esas referencias al café o al agua con sal sean calificadas por algunos toxicólogos como comparaciones “estúpidas”; es como plantear que el cigarrillo es poco tóxico ya que es muy difícil morir asfixiado por su humo, ocultando así que aumenta la incidencia de ciertos carcinomas en el fumador y en quienes le rodean.

Un tercer error es la ceguera frente a la diversidad de ámbitos afectados. No sólo están los efectos directos del herbicida sobre quienes los aplican, sino que también cuentan los impactos indirectos, como por ejemplo sobre los vecinos fumigados, y más allá de ellos, lo que sucede con todas las personas que consumen alimentos o bebidas contaminados por esos químicos.

Una cuarta consideración es que tampoco puede excluirse las discusiones sobre los impactos ecológicos de estos herbicidas, incluyendo la fauna y la flora.

El mito ante las alertas científicas

Paralelamente se insiste en que no existe evidencia científica sólida sobre efectos crónicos o cancerígenos sobre la salud. Es cierto que algunos estudios indican eso. Pero no lo que no se dice es que hay muchos otros reportes científicos que señalan impactos concretos o posibles en la salud, sean por observaciones directas como por ensayos en laboratorios. Se indican desde daños renales a alteraciones en el funcionamiento endócrino y hepático, aunque la mayor preocupación está en que sea cancerígeno, otros que incluso plantean que es teratogénico (induce malformaciones en recién nacidos), y finalmente que algunas consecuencias se expresarán no necesariamente en el sujeto afectado sino en su descendencia (5).

Por ello, cuando el biotecnólogo José Mulet afirma en Clarín que “el debate científico no existe” al defender su inocuidad, está profundamente errado. La controversia científica es enorme, muy intensa, y ahora se admite que las regulaciones actuales están basadas en una ciencia anticuada y que por ellos son necesarios nuevos estudios epidemiológicos y nuevos estándares (6).

Toda esta situación se vuelve más complicado al saberse que Monsanto operó sobre la comunidad científica para defender a su producto, simultáneamente atacar a las personas y reportes que advertían sobre sus efectos negativos, y actuar incluso sobre técnicos de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) (7). Esto debe generar una enorme preocupación en los países del sur, ya que es común que se tomen como referencia a las decisiones de la EPA para los propios controles.

Los promotores de la mitología del glifosato inocuo no son científicos. Ellos no dudan y lo saben todo, una actitud muy distinta del científico, que siempre duda. Es por ello una retórica más propia de un tecnólogo que defiende su herramienta preferida. Eso no puede extrañar ya que Monsanto al fin de cuentas es una proveedora de tecnologías.

En tanto promotores tecnológicos tampoco comprenden las implicaciones en las políticas públicas. Una vez más, la comparación entre café y glifosato desnuda esa limitación. Es que al fin de cuentas, la decisión de tomar café siempre es personal, y la cantidad de tazas que se tomen determinarán las consecuencias tóxicas en el propio cuerpo. Pero en el sector agroalimentario, las empresas y los gobiernos no han despojado de esa capacidad de decidir a cada uno de nosotros sobre los tipos de alimento o bebida que preferimos, ya que casi todo está contaminado por glifosato. Por todo esto, la imagen que compara glifosato con café o agua con sal, sólo sirve para calmar a la ciudadanía frente a una imposición autoritaria de una tecnología que es incapaz de contenerse a sí misma y contamina todo lo que tiene a su alrededor. Simultáneamente, se erosiona una ciencia que sirva para alimentar un debate democrático.

Sustentología: astrología para los agroquímicos

En ese contexto es que se inserta la idea de la “sustentología”, como síntesis de la ciencia, tecnología y sustentabilidad. Como ya vimos arriba, el componente “ciencia” si es tomado en serio, requeriría retirar al glifosato de la agricultura intensiva. Del mismo modo, las ideas originales de sustentabilidad provienen de las ciencias ambientales, incluyendo las tempranas denuncias contra los agroquímicos por sus impactos en los ecosistemas. Por ello, si ese componente se toma en serio, se convierte en otra razón para impedir el uso del glifosato. En cambio, la “sustentología” lanzada desde Argentina es usada en sentido contrario, para justificar a los agroquímicos y los monocultivos.

De un modo u otro, queda en evidencia que estamos ante creencias, que más allá de las intenciones o sinceridad de cada uno, es casi una religión. Nos alejamos de la ciencia en sentido estricto pero se la usa en sentido inverso, asignándole toda la carga de la prueba a aquellos que perciben los riesgos de ser contaminados por el glifosato u otros químicos, debiendo demostrar la peligrosidad de esos productos. Cuando alguno puede hacerlo ya es demasiado tarde, tal como el caso del jardinero que demandó a Monsanto, quien solo tiene una esperanza de vida de dos años según los médicos.

El mito del glifosato más inocuo que el café nos sumerge en un campo que es más propio de lo que podría ser una astrología agropecuaria productivista. A esos creyentes, que no dudan en decir que glifosato rima con aspirina, les respondo que sustentología rima con astrología.

Notas

(1) Sobre el caso argentino ver Ministros de los agrotóxicos, por D. Aranda, Página 12, Buenos Aires, 6 agosto 2018; sobre el de Uruguay Agroquímicos como aspirinas: maniobrando contra la agroecología, por E. Gudynas, Montevideo Portal, 15 julio 2018.

(2) El glifosato es seguro, por José M. Mulet, Clarín Rural, Buenos Aires, 23 mayo 2018. El autor es profesor en la Universidad de Valencia, y según los registros públicos patenta productos con la corporación BASF (disponibles en https://patents.justia.com/inventor/jose-miguel-mulet-salort).

(3) El XXVI Congreso de Aapresid. La Nación, Buenos Aires, 18 agosto.

(4) Aclaro que no tengo nada en contra de usar imágenes, metáforas e incluso slogans, y de hecho las aprovecho para denunciar problemas ambientales. Pero ese recurso debe servir para brindar nueva información y no para ocultarla, debe desentrañar complejidades y no simplificar, y debe alentar a un pensamiento crítico propio y no a una aceptación pasiva.

(5) Tan sólo como ejemplo ver Teratogenic effects of glyphosate-based herbicides: divergence of regulatory decisions from scientific evidence, por M. Antonious y colaboradores, Environmental Analytical Toxicology S4, 2012.

(6) Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement, por J.P. Myers y colaboradores, Environmental Heatl, 15, 2016.

(7) Estas y otras acciones de Monsanto sobre académicos, sus instituciones y sus revistas, se ilustran en los Monsanto Papers; una selección en castellano disponible en el sitio web http://monsantopapers.lavaca.org/

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*Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Más informaciones sobre esta polémica en www.agropecuaria.org Twitter: @EGudynas

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Fuente: Publicado el 28 de agosto 2018 en el portal de ALAI: https://www.alainet.org/es/articulo/194980

Corrupción y extractivismos: un vínculo estrecho y diseminado.

Por Eduardo Gudynas

Los extractivismos se han vuelto muy visibles en América Latina, y en especial en Bolivia. Las explotaciones mineras, petroleras o los monocultivos, han dominado las estrategias de desarrollo de los países y están en el centro de muchas polémicas. 

Del mismo modo, la corrupción regresó al foco de la atención ciudadana. Aunque es un mal conocido desde tiempos coloniales, ahora adquirió más relevancia con nuevos escándalos que han alcanzado incluso a presidentes.

Sin embargo, menos evidentes han sido los vínculos entre corrupción y extractivismos. Pero ya no pasa desapercibido que varios complejos esquemas de corrupción incluían, por ejemplo a empresas mineras o petroleras. En algunos casos se necesitaba de la corrupción para poder acceder a los recursos naturales, y en otros, como allí se movía tanto dinero, era una fuente atractiva para alimentar financiamientos ilegales.

Esas relaciones son el objetivo de mi reciente libro “Naturaleza, extractivismos y corrupción – anatomía de una íntima relación”, que se acaba de presentar en la Feria del Libro de La Paz. Su objetivo es describir y sistematizar aquellas situaciones donde emprendimientos extractivistas quedaron envueltos en casos de corrupción. Dicho de otro modo, es un ejercicio de ecología política y economía política sobre como prácticas ilegítimas tales como sobornos, peculado, prevaricación, tráfico de influencias y otras, inciden en los modos de apropiación de recursos naturales. 

Un primer hallazgo llamativo fue encontrar casos de corrupción para todos los tipos de extractivismos. Sin excepción. Hay ejemplos que van desde proyectos mineros o petroleros, a los sectores forestal o pesquero. Ningún tipo de recurso natural está a salvo.

Estos y otros resultados se basan en más de un centenar de casos de corrupción en América del Sur examinados en el libro. A partir de ellos se realiza un análisis que es conceptual, considerando por ejemplo los actores o las instituciones envueltas en esos casos. De todos modos, el texto no es una investigación policial; no se indican culpables ni se relatan escenas de entregas de sobres con dinero. En cambio, explora los elementos y procesos comunes que surgen de aquellas situaciones donde quedan asociadas prácticas de corrupción con los extractivismos.

Desde esa perspectiva, otro hallazgo relevante es que existen ese tipo de prácticas en todos los países sudamericanos. Aquí tampoco hay excepciones; no surgen diferencias entre los distintos regímenes políticos, ya que aparece con gobiernos conservadores como progresistas. Del mismo modo, la corrupción en los extractivismos involucra todos los tipos de propiedad, desde las compañías privadas transnacionales a las empresas estatales, pasando por aquellas de capital mixto o las cooperativas. La promesa de varios progresismos de impedir la corrupción no se cumplió.

Estas prácticas afectan a todos los niveles relacionados con la explotación de la Naturaleza, desde los pagos para incidir en las evaluaciones de impacto ambiental hasta el tráfico de influencias para evitar controles de contaminación, desde incidir en las licitaciones de concesiones mineras o petroleras hasta la compra de impunidad para los infractores ambientales.

Buena parte de la atención ciudadana se ha centrado en grandes casos, como el del esquema organizado por Petrobras y las empresas constructoras, no sólo dentro de Brasil sino también en países vecinos. En el libro se analiza ese entramado, destacándose que se reorganizó a esa empresa petrolera en función de poder canalizar los dineros de las comisiones desde las compañías contratadas a los partidos políticos. Cada grupo político designaba su “representante”, que pasaba a ser gerente de una división, y desde allí gerenciaba los sobornos entre las compañías subcontratadas y su propio partido. Era un esquema cotidiano, muy organizado, donde estaban muy claros los porcentajes y los intermediarios, contando con la complicidad de una enorme lista de ejecutivos y empleados, y por ello operó por años. 

Esos y otros casos brasileños han tenido ramificaciones enormes. Pocos meses atrás, la fiscalía de ese país informaba que se habían realizado 1765 procesos, con 188 condenas a 123 personas. Las multas totales a las empresas han sido estimadas en 3 mil millones de dólares.

Aunque recibe muchas menos atención que el caso de Petrobras, distintas investigaciones en Chile revelan una situación igualmente grave. En ese país, por ejemplo, la minera SQM transfería pagos ilegales a todos los partidos políticos bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Buena parte de la prensa no le ha dado tanta difusión ya que pone los focos más en Brasil, pero en Chile terminó afectando a todos los partidos con representación parlamentaria. Bajo lo que podría llamarse la “equidad en la coima”, los dineros entregados eran proporcionales al número de legisladores de cada partido, desde la derecha con la UDI (Unión Demócrata Independiente) al Partido Socialista y otros grupos de la oposición. 

El panorama puede resultar desolador por momentos, pero es necesario advertir que no todas las actividades extractivistas implican corrupción.  Ni la corrupción está enfocada específicamente en prácticas de apropiación de recursos naturales como los extractivismos.

Casos como los de Brasil y Chile expresan lo que se califica como “gran corrupción”, donde se involucra de distintas manera empresas de los sectores extractivos con gobiernos o partidos políticos; situaciones similares tuvieron lugar en Ecuador, Perú, Argentina y Venezuela. 

Pero la corrupción anclada en los extractivismos también penetra en las comunidades locales, lo que se analiza con detalle en el libro. En el libro esa problemática se ilustra con un caso peruano, donde un importante líder ciudadano fue grabado mientras negociaba un pago a cambio de detener la protesta local contra un megaproyecto extractivista. También se aborda la trama del Fondo Indígena de Bolivia, ya que allí también quedaron atrapados actores que provenían de organizaciones campesinas e indígenas.

Como la corrupción en proyectos extractivistas ocurre a cualquier escala, afectando muy diversos actores y avanzando dentro de la institucionalidad, en el estudio se subraya que termina afectando a la democracia. Tanto algunos casos como los estudios comparados muestran que la corrupción alrededor de los recursos naturales prefiere regímenes que aunque democráticos sean hiperpresidencialistas, así como puede operar bajo los autoritarismos. De esa manera logran impunidad con los impactos sociales y ambientales que esos emprendimientos generan, e incluso avanzan en su imposición quebrando la salvaguarda de los derechos de las personas y de la Naturaleza.

Enfrentar estas estrechas relaciones entre extractivismos y corrupción no será sencillo. Se necesitan no sólo nuevas normas y fiscalizaciones ante la corrupción, sino también un cambio cultural para no caer en ella. En su esencia sigue siendo un problema moral que involucra a toda la ciudadanía. Pero desde otro lado, se requieren alternativas a los extractivismos. Es que ese tipo de emprendimientos tienen severos impactos, y hay casos donde se apela a la corrupción para imponerlos. Además, como mueven enormes cifras de dinero, no es difícil que atraigan a quienes esperan ensayar nuevas maniobras ilegítimas. De este modo, combatir la corrupción en los modos de apropiación de la Naturaleza se convierte en otra razón para buscar las opciones para abandonar los extractivismos.

El presente artículo está basado en la ponencia del autor en la mesa redonda de presentación del libro “Naturaleza, extractivimos y corrupción – anatomía de una íntima relación” en la Feria del Libro de la Paz, compartida con los periodistas Andrés Gómez Vela (Rimay Pampa) y Ruben Atahuichi (La Razón), y en el seminario brindado en el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), de la Universidad Católica Boliviana, donde también participaron Fernanda Wanderley y Cecilia Requena, docentes en esa institución. El libro fue publicado por La Libre en Cochabamba. 

Foto: Lalineadefuego

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*Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.

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Fuente: Publicado el 21 de agosto 2018 en el portal Rimay Pampa: https://www.rimaypampa.com/2018/08/corrupcion-y-extractivismos-un-vinculo.html

El espíritu de reconocerle derechos a la Naturaleza.

Río Whanganui, en Nueva Zelandia, fue declarado como “persona jurídica” sujeto de derechos el año 2017. 

Por Eduardo Gudynas*

La idea de considerar a la Naturaleza como un sujeto revestido de derechos ha dejado de ser una rareza. Se cumplen en 2018 diez años del primer paso en esa dirección, que ocurrió con el reconocimiento constitucional otorgado en Ecuador. Allí se utilizó una fórmula novedosa no sólo por entenderla como un sujeto, sino por ser intercultural, asociando las ideas de Naturaleza con la de Pachamama.

Aquella formulación generó tanto críticas como escepticismos, y su aplicación padece debilidades, pero sirvió como ejemplo. Y es así que en la última década no han dejado de sumarse otros ensayos, tanto en América Latina (Bolivia, Colombia y Argentina), como en otros continentes (India y Nueva Zelandia, por ejemplo).

Esto no puede sorprender ya que la crisis ambiental se profundiza en todos los países. Las exigencias y controles ambientales se debilitan, las tecnologías no logran impedir otros accidentes, y se acumulan todo tipo de daños ambientales.

En América Latina esta deriva se ha agravado en los últimos años, especialmente por los empujes extractivistas volcados a la exportación de recursos naturales. Y esto ha ocurrido bajo muy distintos regímenes políticos, sean conservadores como progresistas. Cada uno, a su manera, trata a la Naturaleza como objeto a ser explotado, y de esa manera queda en evidencia que estamos ante una problemática que tiene raíces muy profundas, más allá de las ideologías políticas.

Para remontar el empequeñecimiento espiritual

La tarea de promover un cambio sustancial en cómo se entienden los derechos no es nada sencillo cuando una y otra vez se insiste en que es necesario conquistar la Naturaleza. Es todavía más difícil hacerlo bajo crisis, tanto en los ámbitos de la política como de la justicia. Perú no escapa a esa condición, y por eso es válido preguntarse si es posible, e incluso si tiene sentido, promover derechos en la Naturaleza, si el propio sostén de la idea de “derechos” está en jaque debido a su severa crisis. ¿Es una fantasía plantear a la vida no-humana como sujetos jurídicos cuando se cruzan las denuncias de manipulaciones, presiones y maniobras sobre los actores judiciales? ¿La primera urgencia debería estar en reconstruir un poder judicial para solamente después, en el futuro, abordar el lugar que ocupará la Naturaleza?

Es oportuno discutir esta cuestión en un diálogo con Jorge Basadre, el “historiado de la república”. En uno de sus textos, “Mendigo en banco de oro”, Basadre parte de la imagen de un país que está sobre una enorme riqueza en recursos que pueden ser aprovechados (1). Es una metáfora que persiste hasta el día de hoy, y uno de sus defensores recientes fue el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. En su razonamiento, Ecuador se comportaba como un mendigo sobre un enorme saco de oro, y lo que debía hacer era redoblar la explotación petrolera y ampliar los proyectos de megaminería. La profundización de los extractivismos acabaría con la pobreza, decía Correa.

Los dichos de Basadre, que tienen casi un siglo, concuerdan con la idea de una “riqueza inmensa” pero que sólo será aprovechable con mucho esfuerzo. En concordancia con el espíritu de su tiempo, Basadre es optimista, y dice que más allá de convulsiones y violencia, el “mal no está en el Perú en sí” y las perspectivas de desarrollo posible son “vastísimas”. Pero enseguida ofrece una advertencia que es válida para la circunstancia actual: “el mal verdadero, el peligro terrible, se halla en cambio por el otro lado: en el empequeñecimiento espiritual”.

Ese encogimiento del espíritu, su debilitamiento o incluso su pérdida, en sentido otorgado por la alegoría de Basadre, es justamente un componente central en la problemática actual. Sería difícil negar que en el último año, en los extremos de la crisis político partidaria primero, y en los desarreglos del poder judicial ahora, la misma esencia del concepto de derechos está crujiendo.

La salida de esta situación requiere, sin duda, recuperar el marco de los derechos, fortaleciendo y ampliando el sentido de la justicia. Grandeza en el espíritu es lo que se necesita, parafraseando a Basadre. Pero esa recuperación de los derechos en este siglo XXI, y bajo las condiciones de Perú y de los demás países latinoamericanos, será incompleta sino se incorpora la dimensión ambiental. De no hacerlo, se terminará destruyendo el marco natural, padeceremos un planeta recalentado, las economías nacionales tambalearán y se perpetuará la pobreza. La justicia es también una justicia ecológica, y los derechos son también de la Naturaleza.

Dos recorridos y una meta

La idea de derechos para la Naturaleza ataca precisamente esos cimientos culturales que están ensimismados en un utilitarismo antropocéntrico, que conciben el entorno como un simple conjunto de recursos a explotar, y que no dudan en recortar los derechos y la justicia.

En esa tarea, actualmente se están explorando al menos dos perspectivas. Una de ellas consiste en ampliar la cobertura de los derechos jurídicos, y así como son concedidos por ejemplo a una empresa, dar unos pasos más otorgándolos a la Naturaleza. Ese es el camino que se transita en Colombia, donde la Corte Constitucional en 2016 reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Más recientemente, toda la ecoregión amazónica fue entendida como una “entidad” sujeto de derechos.

Estos dos ejemplos son muy relevantes para Perú ya que responden a problemas ambientales de enorme gravedad que se repiten en el país. En efecto, los derechos del río Atrato fueron una respuesta a su severo deterioro, esencialmente por contaminación derivada de la minería. Los derechos para la ecoregión amazónica son la reacción a la deforestación, que ocasiona tanto una pérdida de biodiversidad como una contribución de gases invernadero al cambio climático global.

Como esa problemática se repite en Perú, es válido preguntarse si así como los colombianos apelan a los derechos de la Naturaleza, no sería apropiado iniciar ese recorrido en el país. Además, en Colombia, la Corte Constitucional aprovechó el reconocimiento de esos derechos para exigirle a los gobiernos nacional y departamentales, acciones inmediatas, enérgicas y concretas para revertir el deterioro ambiental, una demanda que también es necesaria en Perú.

Otra perspectiva sobre los derechos de la Naturaleza es la expresada en la Constitución ecuatoriana. En ese país, distintas posturas, tanto de militantes, intelectuales y pueblos indígenas, coinciden en entender que la Naturaleza es un conjunto de sujetos no-humanos, y con ello inmediatamente se deriva la necesidad de reconocerles derechos. Aquí se parte de entenderla como sujeto y la consecuencia es el reconocimiento de los derechos. Esta es una posición intercultural que también debería ser atendida en Perú, debido a que varios de sus pueblos indígenas del mismo modo entienden que los seres no-humanos son sujetos.

Sea por un camino o por otro, se está avanzando en la temática de los derechos de la Naturaleza. Ensayos similares han ocurrido en Bolivia, con dos leyes en esa materia, así como en Nueva Zelandia e India; en Argentina el congreso tiene a consideración un proyecto en esa materia. Estamos ante los umbrales de cambios sustanciales en los modos de entender y construir políticas ambientales.

Un observatorio y una necesidad

Es en estas circunstancias que se lanza el “Observatorio de los Derechos de la Naturaleza”, tanto para promover e investigar en esa perspectiva, como para analizar y alertar sobre las violaciones de ese tipo de derechos. Este es un esfuerzo que parte de la sociedad civil y desde América Latina, y que cuenta con un comité asesor que incluye desde Perú, a Rocío Silva Santisteban, una conocida escritora y militante por los derechos, junto a Amparo Carvajal (presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia) y Gustavo Castro (mexicano que lidera la organización Otros Mundos muy activa en México y Centro América).

El observatorio se apoya además en un conjunto de instituciones co-participantes que cubren un amplio espectro, incluyendo a CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), OFIS (Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo) que promueve el diálogo intercultural y la sustentabilidad en Ecuador, y el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), con la coordinación de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) (2).

Presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, en Lima, el pasado 18 de julio

La tarea es inmensa, pero necesaria. En buena medida esa grandeza de espíritu que reclamaba Basadre es indispensable para fortalecer el marco de los derechos, sean los de los humanos como los de la naturaleza. Empequeñecer el espíritu es perder el horizonte de los derechos. No estamos ante un lujo, sino ante una necesidad imperiosa.

Notas

(1) Basadre, J. 2007. Meditaciones sobre el destino histórico del Perú. Petroperú, Lima.

(2) La información sobre la iniciativa y una biblioteca con documentos y textos ya está disponible en www.naturerightswatch.com. El observatorio se presentó también en Buenos Aires (Argentina), el pasado 12 de julio y lo será en La Paz (Bolivia), el 7 de agosto.

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*Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Entre sus libros recientes se destacan “Derechos de la Naturaleza” (publicado por PDTG, CooperAcción, RedGE y CLAES) y “Extractivismos y Corrupción” (publicado por CooperAcción, RedGE y CLAES).

El presente texto es un resumen de la ponencia del autor en la mesa redonda de presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza en Perú. Compartieron la mesa Rocío Silva Santisteban, Ana Lyeva y Luis Hallazi, con la moderación de Ana Romero. El evento fue convocado por RedGE, CooperAcción y CLAES, el 18 de julio de 2018.

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Fuente: Publicado por Cooperacción: http://cooperaccion.org.pe/el-espiritu-de-reconocerle-derechos-a-la-naturaleza/

Fuente: Servindi

Cuando los extractivismos y la corrupción se encuentran.

Los extractivismos, especialmente aquellos de tercera y cuarta generación (como la megaminería, el fracking o la explotación petrolera en áreas tropicales), por su propia naturaleza, ofrecen muchos flancos a la corrupción, en especial aquella donde se articulan ventajas empresariales e intereses político-partidarios. Con esto está en riesgo pérdidas ecológicas, condiciones de vida, así como la fortaleza de las políticas públicas; pero también se arriesga la calidad de nuestras democracias y la salvaguarda de los derechos humanos.

Por Eduardo Gudynas*

9 de noviembre, 2017.- En los últimos meses ha quedado en evidencia que en América del Sur, varias de las grandes aventuras extractivistas quedaron envueltas en tramas de corrupción. Casos como los de Petrobras en Brasil o la minera SQM en Chile, treparon hasta los titulares de la prensa y desencadenaron serias consecuencias políticas dentro de cada país.

Inmediatamente surgen todo tipo de preguntas: ¿cuáles son las relaciones entre los distintos extractivismos y la corrupción? ¿cómo se organizan esas redes de corrupción? ¿quiénes son los principales participantes? ¿cuáles son las consecuencias más destacadas?

Un análisis de este tipo se aborda en el libro "Extractivismos y Corrupción", que se acaba de presentar en Lima. Entre los resultados de esa investigación se destaca que se han encontrado casos de corrupción en todas las variedades de extractivismos, cubriendo todas sus posibles manifestaciones (mineros, petroleros, agrícolas, forestales, pesqueros, etc.). Ningún tipo de aprovechamiento de recurso natural parece estar a salvo.

De la misma manera, existen casos en todos los países sudamericanos sin excepción, incluyendo aquellos que muestran los mejores indicadores frente a la corrupción. Es la situación de Chile, que posee muy buenos registros de transparencia y fortaleza institucional, pero que en los últimos años ha vivido muy serios casos de corrupción alrededor de los extractivismos (incluyendo pagos ilegales de mineras a congresistas de todos los partidos, tráfico de influencias en la reforma de las regalías, irregularidades con la ley de pesca, y escandalosos manejos en el fondo del cobre controlado por los militares).

Estos y otros hallazgos se ilustran en el libro "Extractivismos y Corrupción", que sigue una metodología que respeta distintos criterios. Por un lado, sólo se tomaron en cuenta los casos confirmados por procesos judiciales o que cuentan con clara evidencia de respaldo, para no entrar en las controversias sobre denuncias en marcha. Por otro lado, el acento no está puesto en individualizar culpables, sino en entender cómo funciona esa relación entre extractivismos y corrupción. Aquí se comparten algunos de los resultados en esta obra.

Los ámbitos, los involucrados y las dinámicas

En los extractivismos se encuentran distintas prácticas de corrupción, como por ejemplo, sobornos para acceder a concesiones a yacimientos mineros o petroleros; el cohecho en modificar una evaluación de impacto ambiental; abuso de funciones para ocultar los impactos ecológicos; o tráfico de influencias que ampara la violencia contra las comunidades locales.

Sin duda que no todos los emprendimientos extractivos están envueltos en la corrupción, pero tampoco puede negarse que se pueden señalar muchos ejemplos. En efecto, existen casos a lo largo de todas las fases de los extractivismos, desde las primeras etapas de exploración y prospección, pasando a la explotación del recurso natural, hasta los momentos finales de abandono. De la misma manera, se registran casos en los propios enclaves extractivos, como de las obras de infraestructura que son necesarias (como sucede con la corrupción en los contratos de rutas y caminos), así como en el manejo de los dineros que resultan de ese tipo de aprovechamiento de los recursos naturales.

Asimismo, se encuentran casos de corrupción extractivistas bajo los más diversos tipos de acceso a los recursos naturales y propiedad empresarial, tanto en las privadas como en las estatales, mixtas e incluso cooperativas. Por ello, es un problema que golpea tanto a gobiernos conservadores como progresistas.

La corrupción en los extractivismos opera tanto en el terreno de la ilegalidad, sin duda el más evidente, pero también en las llamadas alegalidades. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra los casos donde se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones 

La corrupción en los extractivismos opera tanto en el terreno de la ilegalidad, sin duda el más evidente, pero también en las llamadas alegalidades. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra los casos donde se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma. Los ejemplos más conocidos son las empresas que sacan ventajas de esas limitaciones para pagar pocos impuestos o evadirlos. Algo similar se observa en el terreno ambiental, ya que hay emprendimientos extractivos que atienden las formalidades pero aprovechan, por ejemplo, ausencia de reglamentos adecuados, con lo cual persisten impactos ambientales que supuestamente la ley esperaba controlar. La investigación muestra que la corrupción parecería operar para ampliar el campo de las alegalidades.

Se puede señalar que es común que la corrupción en los extractivismos se organiza en redes, donde pueden actuar muy diversos actores, y que entre ellos fluye no sólo dinero, sino también información y relaciones de poder. Como en algunos sectores extractivos las inversiones y las ganancias son enormes, ese dinero es un botín jugoso para los interesados en prácticas corruptas.

Algunas de esas redes pueden alcanzar una gran complejidad, como muestra el caso Petrobras en Brasil. En esa empresa, el dinero de los sobreprecios se encaminaba por distintas gerencias que correspondía a distintos partidos políticos, revelándose como mecanismos de recaudación. La arquitectura financiera era muy complicada pero precisa; por ejemplo, la articulación de la petrolera con Odebrecht incluía cinco subsidiarias que enviaban el dinero a través de 14 compañías intermediarias que operaban en al menos siete países, involucrando a centenares de personas. Las reglas estaban muy claras, todos sabían los porcentajes que recibían los intermediarios, los operadores y los partidos. Todo esto se mantuvo funcionando por años, lo que muestra que contaba con una importante cobertura política.

Hay redes donde actúan, por ejemplo, periodistas que trafican con la información, académicos que distorsionan estudios de impacto ambiental u ordenamiento territorial, policías y fuerzas de seguridad que están involucradas en la represión con violencia, y hasta integrantes de organizaciones ciudadanas. 

Cuando se examinan los actores participantes en distintos casos de corrupción en todo el continente, aparece una enorme diversidad. Se cuentan directivos y gerentes de empresas, políticos (tanto los que ocupan puestos dentro de un gobierno o en empresas estatales, como los que son legisladores). Hay redes donde actúan, por ejemplo, periodistas que trafican con la información, académicos que distorsionan estudios de impacto ambiental u ordenamiento territorial, policías y fuerzas de seguridad que están involucradas en la represión con violencia, y hasta integrantes de organizaciones ciudadanas.

En efecto, posiblemente uno de los resultados más preocupantes de la investigación fue encontrar casos de corrupción en los extractivismos que involucraron a líderes campesinos o indígenas. Algunos de ellos son muy conocidos (como el pedido de "lentejas" para manipular la protesta ciudadana ante el proyecto Tía María), y otros lo son menos, pero tal vez más graves, como el desbarranco en Bolivia del "Fondo Indígena". Este repartía dineros obtenidos de los hidrocarburos administrado directamente por delegados de organizaciones campesinas e indígenas, y que terminó en un escándalo, con dos ministros y dirigentes encarcelados, sin saberse el destino o el uso de aproximadamente US$ 150 millones, aunque hay casos que evidencias su destino con fines electorales.

Espirales que desembocan en la política de extractivismos corruptos. Algunas de las debilidades y limitaciones institucionales que permiten la penetración de redes de corrupción y a la vez promueven los extractivismos.

Erosionando la democracia, comprometiendo los derechos

Esas y otras dinámicas muestran que la corrupción en los extractivismos penetra en distintos ámbitos de la vida política y social. Los análisis convencionales ponen el acento en sus impactos económicos, tales como los tributos que no se pagan o la pérdida de eficiencia. Pero esta investigación también deja en claro que la corrupción impacta en otros ámbitos, como los mecanismos democráticos esenciales, desde impedir el acceso a la información a anular la igualdad entre los partidos que compiten en las elecciones. Hay también pérdidas ecológicas y fragmentación territorial que se amparan en la corrupción. Todos estos ejemplos muestran que al final de cuentas lo que se deterioran son las políticas públicas.

la corrupción impacta en otros ámbitos, como los mecanismos democráticos esenciales, desde impedir el acceso a la información a anular la igualdad entre los partidos que compiten en las elecciones. Hay también pérdidas ecológicas y fragmentación territorial que se amparan en la corrupción. Todos estos ejemplos muestran que al final de cuentas lo que se deterioran son las políticas públicas. 

La situación más alarmante está allí donde la corrupción en los extractivismos incluso golpea a los derechos humanos. Hay casos que muestran que se apela a ella por ejemplo para amparar la criminalización de las disputas ciudadanas ante los extractivismos, mientras otros casos señalan al tráfico de influencias para dar impunidad a fuerzas de seguridad que asesinaron manifestantes.

El libro concluye con un mensaje de alarma. Los extractivismos, especialmente aquellos de tercera y cuarta generación (como la megaminería, el fracking o la explotación petrolera en áreas tropicales), por su propia naturaleza, ofrecen muchos flancos a la corrupción, en especial aquella donde se articulan ventajas empresariales e intereses político-partidarios. Con ello, lo que está en riesgo sin duda son esas pérdidas ecológicas y en las condiciones de vida, así como la fortaleza de las políticas públicas, pero también se arriesga la calidad de nuestras democracias y la salvaguarda de los derechos humanos.

"Extractivismos y Corrupción", por Eduardo Gudynas, fue publicado por CooperAcción y RedGE en Perú, y se discutió en un conversatorio en Lima con presencia de integrantes de organizaciones ciudadanas peruanas, periodistas y representantes de Chile, Ecuador, Colombia y El Salvador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. El autor es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.

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*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Fuente: Servindi

El posextractivismo no es un cuento.

- Respuesta de Eduardo Gudynas al artículo “Los dilemas de la Tía”, de Manuel Pulgar-Vidal

Por Eduardo Gudynas*

Días atrás, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dedicó buena parte de su artículo “Los dilemas de la Tía”, publicado en El Comercio el 24 de mayo, a describir mis propuestas de un posextractivismo, para enseguida criticarlas y descalificarlas.

Comencemos por aclarar que extractivismo y minería (o explotación petrolera) son dos conceptos distintos. Los extractivismos, en plural, son apropiaciones de grandes volúmenes de recursos naturales, en que la mitad o más son exportados como materias primas. Por lo tanto, no todas las actividades mineras califican con ese tipo de apropiación, una diferenciación que la nota del ministro confunde una y otra vez. Esto hace que el posextractivismo no se oponga a la minería, sino que propone poder dejar atrás, de una vez por todas, el papel de ser meros proveedores de commodities. Esto se busca por medio de transiciones, bajo condiciones democráticas y defendiendo la información y participación ciudadana.

Cuando se presenta ese objetivo, las críticas comunes son tildarlo de romántico, “ideológicamente” sesgado o carente de “datos duros”, y como no serían alternativas “serias”, no hay más remedio que seguir siendo vendedores del patrimonio natural, y aceptar todas sus cargas de impactos. Esas ideas, que están en la nota de Pulgar-Vidal, carecen de fundamento.

Tampoco es cierto que el posextractivismo quiera limitar las inversiones. Muy por el contrario, busca alentarlas, pero bajo regulaciones sociales y ambientales, para no caer en la trampa de los especuladores y para promover reconversiones hacia modos de producción sustentables. Se busca desactivar los subsidios perversos y escondidos, donde dineros nacionales cofinancian empresas extranjeras, y en cambio montar subsidios legítimos para apoyar emprendimientos nacionales.

“Si un ministro del Ambiente está comprometido con el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales en primer lugar para las necesidades nacionales, debería ser el más interesado en acompañarnos en esa tarea, en lugar de impedirla”

Cuando el posextractivismo cita modelos económicos para reformar la carga tributaria no es ni una locura ni una radicalidad de la vieja izquierda. Por el contrario, la idea de impuestos a las sobreganancias se discutió intensamente en la última campaña electoral en el Perú, y era defendida, por ejemplo, por el gobierno francés de Nicolas Sarkozy y por el billonario George Soros. Bajo la perspectiva de la nota de Pulgar-Vidal, debería pensarse que Sarkozy y Soros serían simpatizantes de Tierra y Libertad, tendrían “posición ideológica” en la izquierda “bucólica”, y serían ahuyentadores de inversores.

El ministro cuestiona que los posextractivistas quieran planificar la inversión en atención a la estabilidad de un país por encima de la rentabilidad empresarial. ¿Pero no debe ser el gobierno el primero en velar por la estabilidad económica nacional? ¿Atender primero a los balances de tal o cual empresa no pone en riesgo la autonomía nacional? El posextractivismo tiene una respuesta clara: se debe recuperar ese papel en el Estado.

Desde otro flanco, Pulgar-Vidal critica al posextractivismo desde una defensa de acuerdos de libre comercio como la Alianza del Pacífico. Allí hay una confusión conceptual, ya que no es lo mismo un acuerdo de liberalización comercial que un proceso de integración. Y además hay un olvido político, ya que los extractivismos imponen dependencias económicas.

A diferencia de lo que dice Pulgar-Vidal, el posextractivismo tiene claro que la recomposición de la integración no puede repetir los problemas de la Unasur o del Mercosur. Busca, en cambio, articular cadenas agropecuarias e industriales entre países vecinos, en procesos que en cierta medida se asemejan a los modos más positivos de la integración europea. A juzgar de lo escrito por el ministro, no hay nada que aprender de la integración europea, y, en cambio, el futuro del país será de un eterno exportador de materias primas.

Se llega así a un último aspecto que entiendo es el más revelador en la nota del ministro: en su artículo no presenta ningún argumento ambiental. Impacta que defienda la necesidad e inevitabilidad de los extractivismos solo por consideraciones económicas, y que además son externas al Perú (inversiones o TLC). Nada se aporta sobre daños o soluciones ambientales.

Esto no es raro. Es que los actuales extractivismos tienen impactos tan negativos, que pocas veces tienen soluciones tecnológicas, y, por lo tanto, no son defendibles desde una análisis ecológico serio (y por ello se evitan las revisiones independientes de los estudios ambientales). Se cae en una curiosa situación, que se repite en países vecinos, donde un ministro del Ambiente hace defensas económicas o se enfoca en cuestiones globales (como el cambio climático), esquivando las duras decisiones nacionales.

Para evitar todo esto, necesitamos explorar condiciones de salida a los extractivismos. Si un ministro del Ambiente está comprometido con el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales en primer lugar para las necesidades nacionales, debería ser el más interesado en acompañarnos en esa tarea, en lugar de impedirla.

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*Eduardo Gudynas es investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), Uruguay.

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Fuente: Diario El Comercio: http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/posextractivismo-no-cuento-eduardo-gudynas-noticia-1816325

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Fuente: Servindi

Difunden libro: “Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina”

Servindi, 6 de febrero, 2013.- Contra lo que difunde el poder mediático existen otras actividades distintas a la minería y la explotación de hidrocarburos, capaces de encaminar a países como los andinos por la senda del desarrollo con equidad. De ello nos da cuenta el libro Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina. Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú, editado por RedGE y CLAES, y que puede ser descargado libremente desde la internet.

El texto trata así de los retos de la dinámica del extractivismo y de los enfoques que puedan orientar nuestro camino hacia otros desarrollos que permitan evitar o, por lo menos, amortiguar los impactos negativos de la dependencia y los costos sociales y ambientales de la estrategia extractivista.

Reconoce en este sentido que abandonar este modelo no es cosa de un día y, en este contexto, el dilema de la región andina es el de muchos países ricos en recursos naturales.

Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina. Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú, trata de un conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan los impactos y problemas del desarrollo convencional actual, con el propósito de salir de esta condición adoptando alternativas más allá de ese desarrollo.

La publicación puede constituirse en un instrumento que contribuya con propuestas alternativas de políticas públicas para los próximos años, recogiendo experiencias de los países de la región. Escriben en el libro Eduardo Gudynas de CLAES, Roxana Azeña de LIDEMA, Joerg Elbers y Gabriela Muñoz de CEDA, y Carlos Monge de RWI.

A continuación difundimos la presentación del libro. Puede ingresar al mismo dando clic en la imagen superior o en el siguiente enlace:

• http://www.redge.org.pe/sites/default/files/PDF%20FINAL%20VB%202013%20TEXTO%20COMPLETO.pdf

Presentación

A veinte años de la Cumbre de la Tierra Río + 20, el entusiasmo inicial con el que se lanzó el proceso, dista mucho de ser lo que se esperaba y de haber concretado algunos de los pasos significativos necesarios. Este año en la reunión de Río, el escepticismo se dejó notar. Las críticas de diversos movimientos sociales y la, cada vez menos comprometida, participación de los gobiernos no eran un buen presagio. Y es que en veinte años los avances han sido poco significativos en comparación a las necesidades y urgencias. El balance de Río pone de manifiesto la enorme resistencia de los gobiernos y actores económicos a dar pasos concretos hacia otros desarrollos e implementar reformas que confrontan el modelo de crecimiento vigente. La globalización económica acelera la voraz demanda por recursos naturales agotables. Esta voraz demanda de recursos naturales exacerba el extractivismo en el mundo.

El extractivismo, definido como la extracción intensa de grandes volúmenes de recursos naturales para ser principalmente exportados (con poco o nada de valor agregado) y que, por lo general, deja importantes impactos sociales y ambientales en los territorios, constituye una acelerada tendencia global de la que los países andinos no somos ajenos. Una histórica relación con la explotación para la exportación de recursos naturales caracteriza a la región andina.

El oro de las indias colocó a nuestra región en el centro del comercio internacional de recursos naturales. Nuestra historia republicana y los momentos de bonanza económica han estado marcados por el auge de procesos de extracción, que en diferentes contextos se vio exacerbada, premiada por los precios de los mercados internacionales. Oro, plata, mercurio, caucho, harina de pescado, gas, petróleo.

En nuestros países la discusión sobre la propiedad, uso y explotación de los recursos naturales ha estado en el centro de los debates republicanos. El debate en torno al rol del control del mayor – menor de los Estados sobre los procesos extractivos y la renta derivada, caracterizó las polémicas entre conservadores y liberales, entre izquierdas y derechas en la región. A pesar de tener posiciones encontradas, el debate tuvo siempre un punto de partida común: el uso y explotación de los recursos naturales fue siempre considerado la fuente privilegiada para la generación de riqueza y las rentas nacionales, el problema radicaba en la distribución de la renta derivada del aprovechamiento de la naturaleza, más no en su conservación y cuidado.

Este debate sigue vigente. Se ha expresado campañas políticas, que lideraron quienes hoy gobiernan algunos de los países en la región andina. Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y tiempo después Ollanta Humala en Perú, desde sus campañas electorales afirmaron su liderazgo levantando la agenda de reformas orientadas a la explotación y uso de los recursos naturales. Muchas de estas ofertas, que luego se convirtieron en reformas institucionales importantes, recogían propuestas que años antes habían surgido desde el seno de varios movimientos sociales de la región.

El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, la iniciativa del Yasuní ITT en el Ecuador, o las propuestas desde el Buen Vivir y la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, son reformas de gran envergadura que generaron inmensas expectativas por los cambios que anunciaban. Sin restarle importancia a los cambios emprendidos, luego de algunos años vemos que la expectativa por los cambios se ha transformado. La reorientación de las prioridades de los llamados gobiernos “progresistas” andinos, contradicen para algunos el sentido original de sus propuestas.

Desde esta perspectiva las transformaciones en torno a los modelos de desarrollo y la relación con la naturaleza, expresadas en las reformas en diversos sectores extractivos (minero e hidrocarburo, principalmente) resultaron limitadas. Las reformas no lograban atender uno de los problemas de fondo: transformar la dependencia extractivista.

Salir del extractivismo no es cosa de un día y, en este contexto, el dilema de la región andina es el de muchos países en desarrollo ricos en recursos naturales. Si bien la mayor demanda internacional de materias primas constituye una oportunidad para mejorar los ingresos del Estado en el corto plazo, termina acelerando la dependencia extractivista, limitando estrategias de desarrollo que respondan de manera más adecuada a las necesidades de largo plazo de los países.

Hoy la globalización económica premia con precios cada vez más altos al extractivismo y con ello, potencia dinámicas insostenibles en el mediano y largo plazo. Los graves impactos locales, ambientales y sociales, buscan ser compensados por mejores ingresos. ¿Será que todo es compensable?. Las transiciones y las alternativas al extractivismo en la región Frente a la dramática evidencia que nos muestran algunas de las crisis (climática, hídrica, alimentaria, etc.), a nivel global la mirada crítica sobre el modelo de desarrollo y dinámica de crecimiento se ha extendido. En este contexto, ¿tiene sentido acelerar este modelo de crecimiento sostenido por el extractivismo, con fuertes impactos sociales y ambientales?.

La negativa parece contundente como respuesta, pero la salida a esta dinámica no es sencilla, toma más tiempo que el periodo de gobierno que ocupa un mandatario, pero no significa que por eso no podamos emprender los cambios necesarios.

En esta búsqueda y propuesta de alternativas, desde hace unos años diversos actores de la región venimos desarrollando nuevos enfoques como las llamadas Transiciones hacia alternativas al desarrollo, y dentro de ellas las propias alternativas al extractivismo. Eduardo Gudynas, co-editor de este libro e importante impulsor de la propuesta de Transiciones, define a las “transiciones hacia alternativas al desarrollo” como un conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan los impactos y problemas del desarrollo convencional actual, con el propósito de salir de esta condición adoptando alternativas más allá de ese desarrollo.

Estas alternativas están enfocadas en erradicar la pobreza, asegurar una buena vida para las personas y la protección de la Naturaleza. Las transiciones vienen siendo discutidas en varios países y, en particular, abordan alternativas al extractivismo, en tanto este es uno de los mayores problemas que se enfrenta en la actualidad” (1). Ante la emergencia de conflictos y el abierto debate en torno al rol que los recursos naturales deben tener en nuestro desarrollo, junto a un grupo de expertos y organizaciones de la región hemos decidido impulsar la articulación de reflexiones y alternativas en torno a estos temas.

Así, junto a diversos expertos e investigadores, como instituciones de la región andina, hemos iniciado este proceso de intercambio de diagnósticos y propuestas, de miradas sobre el extractivismo en la región y las salidas hacia otros desarrollos. En el año 2011, desde la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE y el Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES, impulsamos la reflexión de diversos especialistas peruanos en torno al alcance y limitaciones del extractivismo, que concluyó en el libro “Transiciones, post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú”(2), en el que participaron activamente un conjunto de especialistas peruanos, y que constituyó un primer paso para el desarrollo de propuestas y miradas alternativas.

Esta primera iniciativa desde Perú nos permitió dar pasos significativos en la sistematización de argumentos y propuestas, que han jugado un valioso rol en el debate público, inspirando continuar el proceso en el debate andino. En el 2012, y gracias al apoyo de ACSUR – España, nuevamente desde el trabajo coordinado entre RedGE y CLAES, nos animamos a impulsar un proceso de diálogo entre expertos, líderes sociales e instituciones andinas. Este proceso tuvo en mayo del presente año en Lima, un importante momento de reflexión e intercambio donde los autores de los artículos de este libro compartieron sus avances y pudieron intercambiar con otros expertos de la región sobre perspectivas y enfoques para las alternativas.

El libro “Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina. Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú” que presentamos, es el resultado de este valioso proceso. Los artículos que recopila esta publicación constituyen un esfuerzo de análisis de los retos de la dinámica del extractivismo en los países andinos, así como un nuevo paso en la construcción de visiones para las Transiciones en los andes. Jörg Elbers y Gabriela Muñoz del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental – CEDA en el artículo “Transiciones en el Ecuador: de la nueva Constitución al paradigma holístico” identifican avances prometedores en la concreción en principios constitucionales de lo que inicialmente fueran conceptos teóricos. El pionero reconocimiento de los “Derechos de la Naturaleza”, así como del principio del Buen Vivir en la Constitución Ecuatoriana constituye un hecho sin precedentes.

Este avance expresa para los autores el esfuerzo de la transformación en la relación hombre – naturaleza, en el contexto del debate constitucional ecuatoriano. Con iniciativas tan significativas como el Plan Nacional del Buen Vivir (2009) y la que podríamos denominar la primera iniciativa post extractivista de la región, Iniciativa del Yasuní – ITT, el Gobierno Ecuatoriano inició un muy interesante debate internacional. ¿Podía Ecuador ser un país post petrolero?.

Los autores anotan que, a pesar de los importantes avances a nivel normativo, otras acciones del gobierno contradijeron sus reformas iniciales. El impulso de actividades extractivas como la ampliación de la explotación petrolera en otras zonas de la Amazonía, la explotación de camarones en zonas de manglares o el inicio de la minería a gran escala fueron algunos de estos ejemplos.

Desde este balance nacional, y apostando por un enfoque holístico que apuesta por transformaciones integrales, Elders y Muñoz proponen algunos lineamientos para pensar las alternativas al extractivismo en el Ecuador. En Bolivia, los procesos tienen características diferentes. Roxana Azeñas de la Liga Boliviana de Defensa del Medio Ambiente – LIDEMA, en el artículo “¿Hacia dónde nos dirigimos en Bolivia?. Un análisis crítico de los hidrocarburos y la necesidad de un viraje en su gestión”, realiza un balance del proceso de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, reconociendo los alcances y tareas pendientes en esta reforma, a la luz de la construcción del nuevo modelo de desarrollo. La expectativa por la recuperación del control sobre los recursos naturales tiene en el proceso Boliviano un ejemplo importante.

Para Azeñas, la nacionalización de los hidrocarburos constituye un hito en la perspectiva de recuperación de autonomía frente al proceso de globalización económica, y según ello “superar la dependencia económica del extractivismo, buscaba cambiar el patrón de acumulación para disponer de los recursos suficientes para invertirlos en la perspectiva de la construcción de un patrón de desarrollo alternativo al extractivista” (3). Para la autora, esta reforma constituye un primer paso en el proceso de las Transiciones y el post extractivismo en Bolivia. Sin embargo, reconoce que el camino hacia otros desarrollos supone nuevas miradas. En el artículo “Entre Río y Río: El apogeo y la crisis del extractivismo neoliberal y los retos del post extractivismo en el Perú”, Carlos Monge del Revenue Watch Institute – RWI, caracteriza al Perú como un país de extractivismo viejo, y sustentando esta idea, hace un recorrido por la historia reciente de nuestro país. Así, retoma elementos de las discusiones que caracterizaron al neo extractivismo militar de los años setenta, y frente a este, cómo se construyeron las bases de lo que hoy conocemos como el extractivismo neoliberal, que se instaló durante la dictadura de los noventa en el Perú.

Con este extractivismo viejo, la disputa por el control de los recursos y los territorios ejes del conflicto se mantiene y se ha exacerbado en el Perú en los últimos años. Hoy existen más de 20 millones de hectáreas concesionadas para actividades de exploración minera, se trata del doble de hectáreas que durante las reformas agrarias de los sesenta y setenta se recuperaron de las haciendas para las comunidades y trabajadores agrarios.

A través de un recuento sobre la situación en diversos sectores extractivos (pesquero, minero, gas e hidrocarburos y agricultura), Monge concluye que la legitimidad de este modelo de extractivismo privatizado, monopólico e insostenible se ha agotado. Para él, las salidas implican una triple Transición en el Perú: Transiciones desde los sectores, desde los actores y desde los destinos.

Pero queda meridianamente claro que muchas de las propuestas de alternativas y Transiciones corren el riesgo de bloquearse si son emprendidas de manera solitaria por los países. Las salidas al extractivismo requieren articular estrategias regionales y las propuestas para las Transiciones requieren articular perspectivas territoriales. Eduardo Gudynas en su artículo “La dimensión continental y global de las transiciones hacia las alternativas al desarrollo” da un importante paso en la reflexión sobre la dimensión internacional de las Transiciones.

Limitados alcances de los procesos de integración regional dan cuenta de las diferentes perspectivas sobre las prioridades de la integración. Un modelo de integración que ha facilitado y consolidado el extractivismo da cuenta de un proceso que hoy tiene aún importantes vacíos.

Acuerdos comerciales, como los Tratados de Libre Comercio y procesos de integración sectorial como el IIRSA, priorizan cadenas de comercio global antes que una interconexión endógena sudamericana. En un contexto de cambiantes condiciones globales, con la caída de la influencia de varios países industrializados, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos, se abren oportunidades para los países del sur de promover algunos cambios de rumbos. En este artículo, Gudynas da pasos significativos en el análisis y propuestas del marco conceptual, para la dimensión internacional de las Transiciones.

Así, identifica algunos elementos centrales como: la importancia en que los cambios nacionales en el contexto de las Transiciones puedan ser coordinados entre conjuntos de países para asegurar su permanencia; la necesidad de recuperar la autonomía frente a la globalización y, como último elemento, la necesidad de transitar del regionalismo abierto hacia un “regionalismo autónomo”, que implique una reorientación económica, productiva y comercial a escala continental.

Una mirada desde la dimensión regional enfatiza la importancia de construir una dimensión internacional de las Transiciones para su viabilidad nacional y regional. El esfuerzo de esta publicación, desde las diversas miradas y aportes de los autores, hacen de este libro un nuevo aporte a la reflexión de las Transiciones y las alternativas al extractivismo para cada uno de nuestros países y la propia región andina.

No se trata de una mirada rígida y de respuestas rápidas o únicas. Se trata de un proceso vivo, en construcción permanente. Un proceso democrático que se construye desde el diálogo entre diversos actores y movimientos sociales. En estos años el compromiso de diversas personas e instituciones ha sido fundamental para este proceso. Queremos agradecer especialmente a ACSUR – España, por confiar en este proceso y animarse a acompañar este proyecto.

Queremos hacer un especial reconocimiento a nuestros amigos de la Plataforma Transiciones (4), especialmente a la Liga Boliviana de Defensa del Medio Ambiente – LIDEMA, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental – CEDA , el Colectivo Casa de Bolivia y el Programa de Democracia y Transformación Global – PDGT de Perú. Así mismo agradecer a los amigos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL y CENSAT Agua Viva Colombia, quienes también nos acompañaron en estas discusiones.

Finalmente queremos agradecer el compromiso de las organizaciones miembros de la RedGE, particularmente a CooperAcción, Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR y el Grupo Propuesta Ciudadana, quienes desde su acción y reflexión en el Perú vienen alimentando activamente este proceso. Las Transiciones son un proceso complejo. Los cambios del futuro implican nuevas visiones y nuevas apuestas desde diversas dimensiones de la vida social, económica y cultural de los países y las personas hoy.

En esta búsqueda seguiremos apostando por convocar y promover las miradas críticas y creativas que, comprometidas con el futuro, avancen pensando en estos otros desarrollos. Desde la RedGE y CLAES, esta es nuestra apuesta.

Notas:

(1) Gudynas, Eduardo. Artículo “La Dimensión Continental y Global de las Transiciones hacia las Alternativas al Desarrollo”. página 103.
(2) Alayza, Alejandra y Eduardo Gudynas (eds.) (2011). Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Lima: CEPES.
(3) Azeñas, Roxana. Artículo “¿Hacia dónde nos dirigimos en Bolivia?. Un análisis crítico de los hidrocarburos y la necesidad de un viraje en su gestión”. Página 18
(4) TRANSICIONES es una plataforma de información e intercambio para promover cambios y transformaciones enfocados en alternativas al desarrollo. Es un esfuerzo de organizaciones e individuos que, desde la sociedad civil, están comprometidos con metas tales como la erradicación de la pobreza y la protección de la Naturaleza. Ver: www.transiciones.org

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Fuente: Servindi