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jueves, 10 de noviembre de 2016

Libertad para el capital, crisis, desigualdad y pobreza para el resto.



Publicado en ctxt.es el 4 de noviembre de 2016
Juan Torres López

Un estudio publicado el pasado mes de octubre por dos economistas del Fondo Monetario Internacional, (Davide Furceri y Prakash Loungani, The Distributional Effects of Capital Account Liberalization), ha demostrado que cuanto mayor es la libertad de movimientos del capital más elevada es la desigualdad.

Los autores reconocen en su trabajo algo que es muy típico de la economía ortodoxa: se da por hecho que la liberalización de los movimientos de capital es muy positiva porque genera crecimiento a largo plazo y mayor bienestar pero no se comprueba si eso es realmente así para toda la gente. Como dicen estos economistas, si esos efectos benéficos afectan por igual a todos los grupos de población “no ha sido objeto de mucho estudio”.

La conclusión a la que llegan en esta investigación es muy importante por venir de dos economistas nada sospechosos de radicalismo izquierdista y, sobre todo, porque se deriva de un estudio realizado para muchos países (149) y para un periodo de tiempo muy largo (1970-2010).

Los autores estudian tres vías por las que la mayor libertad de los movimientos de capital suele aumentar generalmente la desigualdad, tal y como ellos confirman en su investigación. En primer lugar, porque está asociada a sistemas financieros menos inclusivos que aumentan las tasas de pobreza. En segundo, porque esa mayor libertad suele anticipar crisis financieras que generalmente terminan con efectos muy asimétricos sobre la población y, finalmente, porque limita el poder de negociación de los trabajadores y eso hace que caiga la participación de los salarios en la renta nacional.

En resumidas cuentas, los datos demuestran que la liberalización concentra aún más las rentas y genera mayor desigualdad.

Pero no solo eso. Además, sabemos desde hace tiempo que la mayor libertad para los movimientos de capital está asociada a más inestabilidad y a mayor número de crisis financieras.

Para que se vea de la forma más sencilla posible esa coincidencia, pongo a continuación dos gráficos en los que se comprueba (a la izquierda) cómo el mayor grado de liberalización del capital se corresponde claramente con un mayor número de países con crisis financieras y (a la derecha) que hay una clara correspondencia a lo largo de mucho tiempo entre la evolución de ambos fenómenos (más países con crisis y liberalización de capital) con la desigualdad. Como puede comprobarse, las dos gráficas suben o bajan en los mismos periodos de tiempo, lo que significa que los fenómenos que reflejan coinciden). Es fácil comprobar que hay un periodo (1945-1970) en el que prácticamente no hay ningún país que sufra crisis financieras, que tiene bastante menos desigualdad (reflejada como una menor participación del 10% más rico en el total de la renta) y muy poca libertad de movimientos para el capital. Y al revés, también se comprueba fácilmente que cuando hay más desigualdad y más crisis es justamente cuando hay mayor libertad de movimientos del capital.




Otros estudios también han demostrado que la liberalización del capital no solo no reduce la pobreza, como se empeña en afirmar sin ningún fundamento empírico la “sabiduría” económica convencional, sino que, por el contrario “está asociada a una menor participación de los pobres en el ingreso” (Philip Arestis y Asena Caner, Capital account liberalisation and poverty: how close is the link?).


Esta coincidencia entre mayor libertad para el capital y mayor número de crisis, más pobreza y desigualdad más elevada no es ni mucho menos casual. En un artículo que publiqué hace unos meses (¿Para qué sirven los sindicatos?) mostraba que otras investigaciones han demostrado que hay un mejor rendimiento económico, mayor actividad, más empleo y más inversión productiva cuando hay más afiliación sindical. Es así, porque ésta hace que aumenten los salarios y eso empuja las ventas y, al mismo tiempo, los costes laborales más elevados obligan a las empresas a innovar y, por tanto, a realizar más inversiones productivas que incrementen la productividad. Y esta mayor inversión productiva debilita la pura especulación financiera que, entonces, se convierte en realidad en un estorbo.

Por el contrario, cuando se combate a los sindicatos y se hacen reformas laborales simplemente orientadas a aumentar el poder de negociación de las empresas, la afiliación sindical disminuye (entre otras razones porque se difunde el miedo a sindicarse y se castiga a los trabajadores sindicados). Eso hace que los salarios bajen y que las empresas comiencen a aumentar fácilmente sus beneficios, sin necesidad de preocuparse por innovar o invertir en productividad. Pero como los salarios más bajos hacen que disminuyan las ventas y la menor inversión y la productividad más reducida hacen que disminuya la actividad productiva y el rendimiento del capital dedicado a ella, lo que ocurre es que el ahorro empresarial (que se concentra cada vez más en las empresas con gran poder de mercado o con clientes cautivos) se va a la inversión financiera que es la que tiene entonces una rentabilidad mayor y más rápida. Y así se incrementa la financiarización y, lógicamente, las demandas de mayor libertad para los movimientos de capital que la alimentan. Pero cuando se liberalizan, los capitales se expanden como un gas a la búsqueda de ganancia inmediata y fácil y eso crea una gran inestabilidad financiera que se agrava porque, además, esos dos fenómenos (menor rentabilidad en el lado productivo y mayor en el financiero) desatan el endeudamiento, bien para poder salir adelante como sea, en el primer caso, bien para apalancarse y multiplicar la inversión especulativa en el segundo.

Es verdad que el estudio de estos dos economistas del Fondo Monetario Internacional no ha descubierto el Mediterráneo pero, al menos, sirve para corroborar la realidad. Y aunque al final no se atreven a condenar claramente la liberalización del capital sino que se limitan a pedir prudencia, su investigación sirve para comprobar que cuando se da mayor libertad para el capital no se consigue que mejore el rendimiento económico sino que los grupos sociales ya de por sí más ricos aumenten todavía más sus ingresos, sus privilegios y su poder de decisión.

Si este mundo tuviera la cabeza en su sitio nunca se hubiera permitido que los capitales y mucho menos los terroríficamente especulativos de nuestra época tuvieran la plena libertad de movimientos que tienen. Le damos al dinero y a los grandes propietarios la libertad que negamos al conjunto de los seres humanos y a los desheredados (por culpa del dinero, por cierto) en particular.

En aras de darle libertad a los capitales se hace esclavas a las personas. ¡Y se llaman liberales quienes defienden eso!

La evidencia empírica demuestra que esa libertad se traduce inevitablemente en crisis desastrosas que producen un daño tremendo a las personas, a las naciones y a la naturaleza. Sabemos que sus costes son mucho mayores que sus beneficios y que no hay una mínima razón científica que pruebe que la completa liberalización de los capitales es mejor para las economías que su control. No se puede justificar ni siquiera asumiendo las hipótesis más disparatadas de la economía liberal: que todos los mercados son de competencia perfecta (algo materialmente imposible) y que todos los seres humanos nos comportamos con información perfecta y gratuita, no solo sobre todas las circunstancias presentes sino también futuras, y como si cada uno de nosotros solo fuésemos una simple agencia de maximización del beneficio o la utilidad en busca siempre de nuestro propio y exclusivo interés.

Cuánta razón llevaba John K, Galbraith cuando decía en su libro La cultura de la satisfacción que “los disparates de los ricos pasan en este mundo por sabios proverbios”.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Para reactivar la economía, emplear a más mujeres.



Muchos economistas lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Facilitar la incorporación de las mujeres al empleo no es solo una estrategia esencial para evitar la discriminación injusta entre mujeres y hombres y para que éstas últimas puedan elegir y realizarse como personas en las mismas condiciones y con la misma libertad que los hombres. Además de eso, que no es poco, favorecer el empleo de las mujeres es fundamental porque la evidencia empírica demuestra que cuando una mujer se incorpora al empleo remunerado el número total de empleos de la economía no aumenta solo en una persona sino en algo más. Eso es así porque el empleo femenino (dicho con palabras muy llanas) “tira” de otros puestos de trabajo remunerados adicionales y porque, además, aumenta la demanda total, lo que hace que sean necesarios más empleos para satisfacer el consumo adicional de las nuevas mujeres con ingresos propios.

Lina Gálvez y Ruth Rubio-Marín acaban de publicar un artículo muy interesante con propuestas para lograr ese objetivo (El mercado tiene sexo: ¡la desigualdad también!). Y, casualmente, acaba de publicarse una nota del Fondo Monetario Internacional que insiste en que para impulsar el crecimiento lo que conviene es emplear a más mujeres (To Boost Growth: Employ More Women).

Me alegra que una institucion tan conservadora, habitualmente reacia a hacer planteamientos que se salgan del pensamiento mayoritario y que tanto ha dificultado la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, imponiendo políticas que reducen el gasto social y la provisión de servicios públicos, esté empezando a asumir que es fundamental cambiar de rumbo. Años atrás, algunos de sus economistas publicaron estudios que demostraban que, cuanto más empleo femenino hay, se generan mejores rendimientos macroeconómicos, y ahora menciona un caso exitoso como es del Canadá.

Según los análisis que se han realizado para este país, si desapareciera la brecha entre la tasa de actividad de la población masculina y la femenina (de 7 puntos porcentuales a favor de los hombres) el PIB de Canadá sería un 4,5% más elevado que el actual. Aunque ya sabemos que el PIB es un indicador bastante bruto, al menos sirve ahora para indicarnos que el efecto de esa mayor actividad femenina no es poca cosa.

Al leer esos datos he pensado los avances que se podrían producir en España si nuestros gobiernos adoptaran políticas efectivas para promover el empleo femenino como las que proponen Lina Gálvez y Ruth Rubio-Marín en su artículo mencionado o en otro trabajo anterior y más amplio titulado Por una política económica que incorpore la igualdad de género. Y si, además, entendieran que para crear empleo masculino o femenino (y, en general para generar ingresos dignos para toda la población) es fundamental modificar la distribución de los tiempos de trabajo y, sobre todo, asumir de manera efectiva como principio de actuación que el trabajo humano no es una mercancía. Un principio, por cierto, que muchísimos países (entre ellos España) han asumido al ratificar la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo que así lo señala expresamente.

En nuestro país, la diferencia entre la tasa de actividad de mujeres y hombres es aún mayor que la canadiense (11,3 puntos, según la EPA del segundo trimestre de 2016), lo que quiere decir que, posiblemente, podríamos lograr un impulso incluso aún mayor si la hiciésemos desaparecer. Pero, eso sí, siempre que esas políticas no se lleven a cabo de cualquier forma.

La brecha en las tasas de empleo de mujeres y hombres ha disminuido muchísimo en los últimos años en España (del 24,7 a 11,2, según Eurostat: aquí o aquí). Sin embargo, esa disminución no se puede considerar como un fenómeno por sí solo positivo. Se ha producido a costa de una gran precarización del empleo y de un incremento muy grande de las mujeres empleadas, contra su voluntad, a tiempo parcial, lo que ha reforzado la división de trabajo tan sesgada que “especializa” a las mujeres en el trabajo doméstico, al que dedican cada vez más horas y muchas más que los hombres.

Si en España se pudiera conformar un gobierno de progreso apoyado en una amplia mayoría parlamentaria, una de sus tareas más importantes debería ser la de poner en marcha, en colaboración con todas las autonomías y administraciones locales, una estrategia estatal para la igualdad y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que facilitara de verdad el empleo femenino. El impulso económico que produciría sería extraordinario y el aumento del bienestar que llevaría consigo mucho más impresionante.

Desgraciadamente, los dirigentes de los partidos que podrían llevar a cabo un plan de este tipo prefieren seguir tirándose los trastos a la cabeza.

martes, 17 de julio de 2012

España: Derecho a desobedecer.



Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla


El pueblo español y otros europeos hemos comenzado a vivir bajo una tiranía.
Las autoridades imponen políticas que provocan daños económicos, físicos y morales a la mayoría de la población. Reducen los ingresos y aumenta la pobreza y la exclusión (solo entre 2009 y 2010 aumentó en 1,1 millones el número de personas pobres en España). Disminuyen la financiación de los servicios públicos básicos, lo que hace que aumente la mortalidad, las enfermedades y todo tipo de daños psicológicos y personales (la tasa de mortalidad ha aumentado un 20% en Portugal desde que empezaron a adoptarse las políticas de ajuste y la esperanza de vida ha bajado por primera vez en España). Recortan los derechos de los más desfavorecidos al mismo tiempo que aumentan los privilegios de quienes gozan de más renta y riqueza (la desigualdad aumentará en España un 9% en 2012 como consecuencia de los recientes ajustes fiscales del PP).
Además, imponen estas medidas recurriendo a todo tipo de mentiras.
Dicen que las toman para mejorar la economía pero esta está peor que antes de tomarlas. Nuestra prima de riesgo esta más de 400 puntos por encima de la que había en mayo de 2010 cuando empezaron los recortes que Zapatero y luego Rajoy dijeron que había que tomar para que bajase.
Dicen que las reformas del mercado laboral son para crear empleo y lo que sucede es que la tasa de paro está cinco puntos más alta que antes de aprobarse.
Dicen que hay que reducir el gasto social para disminuir la deuda y resulta que ahora está casi 17 puntos más arriba en porcentaje sobre el PIB que hace dos años porque lo que ocurre, lógicamente, es que con menos gasto público se generan también menos ingresos en todas las actividades.
Dicen que hay que reducir el gasto en personal público porque no hay dinero pero privatizan servicios a base de contratos a favor de empresas privadas que son más caros que el personal que ahorran. Así ha pasado, entre otros muchos casos, con la privatización del servicio de expedición de vidas laborales de la Seguridad Social pagando 4,7 millones de euros a una empresa privada.
Dicen que no hay dinero pero se sacan de la manga cuando les conviene miles de millones para salvar a los banqueros corruptos, conceden amnistías fiscales, desmantelan la lucha contra el fraude fiscal y renuncian a obtener los ingresos que podría proporcionar combatirlo de frente y eficazmente. Solo en pago de deuda ilegítima que deberíamos repudiar nos hemos gastado en 2008, 2009 y 2010 algo más de 122.800 millones de euros.
Dicen que todas esas medidas son imprescindibles para salir de la crisis pero la realidad indiscutible es que no hay ninguna experiencia en el mundo de algún país que haya salido de una parecida adoptando este tipo de políticas. Al revés, le han hecho frente mejor quienes hacen lo contrario.
Y entre tanta estafa y falsedad, nuestras instituciones han quedado viejas y resultan inútiles. Ni el PP ni el PSOE son capaces de aportar soluciones a la situación ni de enfrenarse con inteligencia, valentía y dignidad a las imposiciones de los poderes financieros. Pero no tienen inconveniente en repartirse cerca de 25 millones de euros en subvenciones solo para el primer trimestre de 2012, según acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado.
El Presidente del Gobierno ha reconocido ante el Pleno del Congreso de los Diputados que en España no tenemos libertad, y ninguna institución, ningún juez, ningún fiscal, ningún partido pide cuentas por reconocer que la voluntad del pueblo ha sido secuestrada.
El Rey, cuya función constitucional es la de arbitrar con equidistancia, toma partido y gobierna a favor de la oligarquía que se beneficia de estas políticas y de los recortes con los que está en desacuerdo el 70% de la población española.
La Constitución es un papel mojado porque no garantiza el ejercicio de derechos básicos, ni la soberanía nacional, ni el libre albedrío de todos sus ciudadanos, ni la defensa de nuestro patrimonio ni la de los intereses económicos de la Nación española, ni, por supuesto, la libertad que Rajoy reconoce sin inmutarse que nos han robado.
Y en Europa se asienta el cerebro del Tirano: no hay manera democrática de hacer frente a las imposiciones de la banca, cuyos antiguos directivos han tomado al asalto las grandes instituciones, y donde sus autoridades incluso comienzan a declararse, como en el Estatuto del Mecanismo Europeo de Estabilidad, inmunes e inviolables (artículo 35.1) decidan lo que decidan y hagan lo que hagan.
Los españoles no tenemos por qué aceptar la traición de nuestros gobernantes y la imposición de políticas injustas y basadas en mentiras, que solo benefician a las minorías privilegiadas, ya salgan de La Moncloa, de Bruselas o del mismo infierno. “Cuando el gobierno viola los derechos de los ciudadanos la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”, tal y como decía el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793, porque, como también afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Preámbulo, el pueblo tiene el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Si los pueblos no hubieran ejercido estos derechos, si no hubieran desobedecido leyes injustas como las que se imponen ahora, si en lugar de ello hubieran obedecido “con responsabilidad”, como pide la Secretaria General del PP, todavía habría esclavitud, todavía los negros serían considerados seres de rango inferior, y las mujeres ni podrían votar ni tomar decisión alguna sin el permiso de sus padres o maridos.
¡Ya está bien de obedecer a los tiranos que gobiernan contra el pueblo! Hay que reclamar sin miedo elecciones generales para acabar con la estafa electoral protagonizada por el PP y con la ineficacia y corrupción de los partidos instalados en el sistema nacido de la transición, hay que abrir paso a una nueva Constitución que salvaguarde de verdad nuestra soberanía nacional y el ejercicio de los derechos básicos, que combata la corrupción como a un cáncer maligno, que obligue a respetar los principio de equidad y justicia fiscal, que proporcione nuevos medios de participación social y ciudadana… que no permita nunca más la vergüenza de estar gobernados por un presidente al que le dé igual que hayamos perdido la libertad.
Quienes nos imponen estas políticas cuentan ya con un determinado grado de respuesta y rechazo social (“pueden hacer mil marchas, mil huelgas, nada cambiará”, decía Menem en julio de 1997 en la Argentina que sufría entonces lo mismo que ahora los pueblos europeos). Por eso no basta con respuestas aisladas y desunidas. Hay que reaccionar frente al tirano con el único medio al que nunca podrán vencer: la máxima unidad ciudadana, la desobediencia civil y el sabotaje pacífico, siempre pacífico, y democrático de sus normas e imposiciones. Sin miedo y con esperanza, porque Gandhi lo dijo bien claro: “Siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre”.
Fuente: Publico.es

jueves, 1 de marzo de 2012

Al capitalismo no le sienta bien la democracia.

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha escrito en su último libro y repite en varias declaraciones públicas que en Europa se está desmantelando la democracia (Ver Georg Diez, A Philosopher’s Mission to Save the EU). Un juicio muy fuerte del que se hacía eco compartiéndolo alguien nada sospechoso de radicalismo y que conoce bien el continente como el ex canciller alemán Helmut Schmidt (L’Allemagne dans et avec l’Europe, L’Economie politique n° 053 – janvier 2012).
No creo que se trate de palabras vacías sino de un proceso real, ya innegable aunque desearía que no llegue a ser imparable a corto y medio plazo.
Bastó con que el ex presidente Papandreu amagara con la convocatoria de un referéndum para que se le hiciese dimitir, o que Berlusconi sacara la cabeza frente a Bruselas para que igualmente saliera por la puerta chica de donde le habían puesto, para mayor o menor fortuna, los electores italianos.
Han sido dos auténticos golpes de estado de los que nadie quiere hablar y que se ha conseguido hacer pasar como si nada en los medios de comunicación y en los debates políticos. Y el reciente acuerdo con Grecia (si es que se le puede llamar así) es el punto final al régimen democrático en aquel país, toda vez que autoridades extranjeras se han hecho ya definitivamente con el poder de facto para decidir lo que les conviene a ellas y a los poderes financieros y económicos a los que representan, sean cuales sean la opinión o las preferencias de los ciudadanos griegos. ¿Quién puede decir hay democracia en aquel país?
No es la primera vez que hemos podido comprobar que la democracia, por limitada que sea, es un escollo a veces insalvable para poner en marcha las medidas que aseguren beneficios al capital. Las políticas neoliberales que ahora sufrimos en todo su esplendor fueron puestas por primera vez gracias a golpes de estado militares que sirvieron de experiencias para ir validando el tempo de las medidas de represión social y económica que iban a ser necesarias para consolidar el nuevo régimen de competencia y beneficio en las economías capitalistas. Y eso se hizo para frenar el poder creciente que el pleno empleo y el Estado de Bienestar habían dado a los trabajadores del mundo occidental.
Desde entonces vivimos en un proceso de continuado debilitamiento de la democracia formal que cada vez más se convierte en un remedo del sistema político que garantiza que las decisiones sobre las cosas sociales y los intereses generales se tomen en función de lo que piensa y determina la mayoría de la población consultada a través de las urnas.
A ello han contribuido varias circunstancias pero creo que algunas de ellas son especialmente importantes y han tenido una particular incidencia en la crisis que estamos viviendo.
La primera es la consolidación de un poder monetario privado, al margen efectivo del debate político, que condiciona y encuadra al resto de las políticas económicas. La independencia de los bancos centrales y el fortalecimiento de la capacidad de maniobra de los fondos y entidades financieras han sido los factores que principalmente han contribuido a este fenómeno contemporáneo que hace que, en la práctica, los gobiernos tengan completamente atadas las manos frente a los mercados y los grandes propietarios de capital.
La segunda es el incremento voluntariamente planificado del desempleo y el empleo precario. De esa forma, como ya advirtiera Michal Kalecki hace ochenta años, los grandes empresarios obtienen menos beneficios (puesto que les sería económicamente más rentable el pleno empleo) pero gracias a la sumisión y a la debilidad que esas condiciones laborales generan en las masas trabajadoras, pueden disponer de más poder político que a la postre es lo que les asegura su posición de dominio social.
Y a ello ha contribuido en los últimos años de modo decisivo el incremento del negocio de la deuda que los bancos han impulsado imponiendo modelos de crecimiento basados en el suministro de bienes de inversión y duraderos que generan demanda de crédito (como la vivienda o los automóviles). El crecimiento extraordinario del endeudamiento familiar no solo es una selecta fuente de ganancias para la banca sino una auténtica esclavitud contemporánea: los individuos viven para consumir y para pagar los créditos que les permiten salir adelante.
La tercera es la mixtura también creciente entre el poder económico y financiero y el mediático que el impulso de las concentraciones de capital está llevando hasta extremos realmente insospechados: uno o dos grupos empresariales, o uno, o incluso simplemente alguna persona aislada, controlan la totalidad de la oferta de medios (sobre todo audiovisuales) en muchos países, uniformando la opinión pública e imponiendo, se quiera o no, el pensamiento único que domina las decisiones económicas.
Otra circunstancia que me parece decisiva como fuente de degeneración democrática en el ámbito económico es que los partidos y las autoridades públicas están llegando a ser materialmente irresponsables. Hoy día es prácticamente imposible pedirle cuentas, sobre todo, de los incumplimientos constantes de la oferta electoral de naturaleza económica con que se presentan a las elecciones.
Y es tanto el poder que ejercen sobre los medios de adoctrinamiento y tan estrechas las vías que se abren para el debate social que no es posible que los electores tomen nota de ello, lo que les impide acudir a las elecciones con la información que les permitiera algo más que optar entre opciones políticas que terminan por hacer lo mismo en materia económica.
Tan molesta está llegando a ser la democracia para los grandes poderes económicos y financieros y tanto incordio les supone la intermediación de las instituciones públicas que parece que han decidido tomar ellos mismos las riendas de los poderes públicos.
Y en esta crisis se está produciendo con mucha mayor fuerza que nunca antes, la fusión entre unos y otros, por la vía incluso de la participación directa en los gobiernos que igual termina, como ya ha pasado en algún país, con la entronización en la vida pública de empresarios populistas que permitan a la clase empresarial más poderosa deshacerse de los políticos profesionales que, a veces, incluso le salen demasiado caros.
Es gracias a todo ello que las medidas que se están aplicando frente a la crisis no sean realmente las que podrían permitir mejorar la situación económica y que apenas pase nada. Es es una evidencia clamorosa: las economías europeas no están mejor que cuando se empezaron a aplicar las políticas que dicen que solucionan la crisis sino mucho peor. Crecen menos y tienen más deuda.
Y es así porque estas políticas no se destinan a mejorar las condiciones económicas en general sino a aumentar el beneficio y el poder de decisión de los grandes propietarios de capital y de los financieros. Por eso el debate social plural y transparente, la igualdad de medios y condiciones para exponer opiniones, la democracia, se está convirtiendo en una incómoda piedra en el zapato del capitalismo neoliberal de nuestra época porque es lo único que podría poner en claro lo que está pasando. Y por eso se la quieren quitar de encima cuanto antes.


Publicado en Sistema Digital el 23 de febrero de 2012