Hidroeléctricas y la violencia transnacional en territorio Mapuche.

"A esta realidad se suman malas prácticas y atropellos empresariales con complicidad estatal en el marco de los cientos de proyectos hidroeléctricos, entre centrales de paso y mini hidros que se pretenden emplazar en territorio ancestral Mapuche, entre ellos, los de la trasnacional RP Global y sus incursiones con proyectos en comunas como Curarrehue, Panguipulli y la posesión de numerosas inscripciones de derechos de agua, mayoritariamente en la Araucanía, para fines hidroeléctricos."

ENDESA – ENEL ha sido la transnacional que más condensa el ejemplo de violencia occidental arrastrada a territorio del Pueblo Mapuche en Chile. No por nada, la primera vez que se aplicó la Ley antiterrorista en el País contra una causa y personas Mapuche fue en el marco del conflicto hidroeléctrico Ralco en Los Altos del Bio Bio. En dicho territorio, además, se impuso con la central Pangue, sumándose recientemente otra mega central que interviene el río, Angostura, de la empresa Colbún, del grupo CMPC – Forestal Mininco.

Las mega represas significaron diversas formas de represión y tipos de violencia contra sus opositores, incluyendo actos abominables de profanación, como lainundación del cementerio de una comunidad Mapuche pewenche de Quepuca en Los Altos del Bio Bio, en el marco del llenado de embalses cometido el 2004 por Endesa y su central hidroeléctrica Ralco. El cementerio y los cuerpos de los familiares siguen bajo las aguas. Pasaron 10 años para que esta empresa española, luego fusionada con la transnacional italiana ENEL, se dignara a pedir disculpas públicas, con un embalse que tendría una profundidad cercana a los 60 metros.

A propósito, en mayo de este 2016, saltó a la luz el polémico discurso del CEO deEnel, Francesco Starace, descendiente de fascistas, quien se dirigió ante universitarios en Roma y recomendó entre otras cosas “inspirar miedo y castigar a los que se oponen” a sus intereses. Dijo que hay que identificar los “ganglios” de una organización que se oponen al plan y “golpearlos”, así generando miedo y malestar. Y advirtió que esto “debe hacerse rápidamente, con decisión y sin descanso”. El ejecutivo agregó que “al cabo de unos meses, la organización entiende, porque a las personas no les gusta sufrir. Es fácil”.

En el presente, hay varios conflictos generados por violentos proyectos hidroeléctricos que se emplazan en lugares de enorme importancia cultural, espiritual y religioso al Pueblo Mapuche, como son: Cañicú, Alto Bio Bio y las mini hidros del grupo Esquerré – Matthei; Río Cautín en la localidad de Curacautín y los proyectos hidroeléctricos: Doña Alicia, aprobado y de capital español, yHueñivales(Juan Claro); Karilafken, río Allipen, comuna pitrufquen, y el proyecto Los Aromos, con capitales chileno – español; Truful Truful, comuna de Melipeuco y el proyecto El Rincón, del empresario Manuel Madrid, Enacon, socio de la transnacional brasileña – estadounidense, Latin America Power (LAP); Pichi Trakura – Añihuerraqui, comuna de Curarrehue, con el proyecto Añiehuerraqui de la empresa GTD negocios, socia de la transnacional española Enhol; Lago Neltume, comuna de Panguipulli y el proyecto Central Neltume de la transnacional Endesa – Enel; Pilmaiken, comuna de Rio Bueno y el proyecto Central Osorno de la empresa estatal noruega Statkraft; y Rupumeica – Maihue, comuna de Futrono, con proyectos de capitales chinos, entre otros.

El caso de RP Global en Chile

A esta realidad se suman malas prácticas y atropellos empresariales con complicidad estatal en el marco de los cientos de proyectos hidroeléctricos, entre centrales de paso y mini hidros que se pretenden emplazar en territorio ancestral Mapuche, entre ellos, los de la trasnacional RP Global y sus incursiones con proyectos en comunas como Curarrehue, Panguipulli y la posesión de numerosas inscripciones de derechos de agua, mayoritariamente en la Araucanía, para fines hidroeléctricos.

El holding RP Global, tiene asiento en Viena, Austria. En Chile, adquiere el nombre de RP Global – Chile, y su vez, otros nombres dependiendo de sus proyectos, como el de RP EL Torrente Eléctrica S.A, a quien el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, a través del gobierno regional de la época (Intendente Andrés Molina), le aprobó por unanimidad el proyecto central Panqui en la Comuna de Curarrehue.

En el presente, la misma empresa busca imponer mini hidros en territorios de comunidades Mapuche, como el caso de Tranguil, comuna de Panguipulli, desde donde se han originado graves denuncias por climas de violencia que viene promoviendo la transnacional. Desde la generación de profundos quiebres sociales y culturales al interior de la comunidad, la muerte en extrañas circunstancias de una mujer opositora al proyecto y las amenazas en contra de su esposo, se agregan transgresoras formas de imposición de la líneas eléctricas para la conectividad de las hidros, sin siquiera se respete los terrenos de familias que no han autorizado absolutamente nada.

A principios de julio de este 2016, se denunció que la empresa está construyendo instalaciones de mini centrales hidroeléctricas sin autorización de las comunidades. Puelche comunicaciones informaba en esa fecha: “Solo con un certificado de pertinencia emanado por el SEA de los Ríos, esta empresa empezó la construcción de esta mini central, cayéndose en un grave incumplimiento al convenio 169 de la OITal no realizarse el proceso de consulta indígena correspondiente en estos casos, transgrediendo espacios de significación cultural y ocupando y usurpando tierras ancestrales mapuches pertenecientes a un título de merced”.

RP Global es un holding que es parte del Grupo Hydrocontracting, que está dirigida por el director general Gerhard Matzinger y el CFO Jorge Eugenio Rodríguez García, este último de origen español y principal operador de los negocios en Latinoamérica por más de 14 años. En Chile, la empresa se domicilia en el sector Providencia de Santiago, calle Andrés de Fuenzalida 17, Of. 11, y su representante ha sido Felipe Pichard Alliende, siendo la consultora GESAM la que ha sido operadora en sus proyectos y que presenta domicilio en Las Condes.

Organizaciones agrupadas en la Coordinación Newen de Tranguil, localidad cordillerana ubicada en la comuna de Panguipulli, Región de los Ríos, emitieron unadeclaración este 23 de agosto, al cierre del día, señalando: “El día de hoy 23 de agosto , desde las 06 de la mañana la empresa RP global coludida con la empresa Saesa comenzaron las faenas de instalación del cableado de alta tensión en el sector entrada Tranguil, sin autorización de los propietarios, apoyados por carabineros, a cargo del teniente Francisco Sánchez de la Tenencia de Liquiñe . Carabineros negó dar información respecto al procedimiento cuando se les solicitó, intentando además detener a los que solicitaban las explicaciones. Del mismo modo la empresa no entregó información de los permisos para la ejecución de las obras. Este predio es arrendado por el Werken de la coordinación Newen de Tranguil; Ruben Collío, quien vive con su familia hace un par de años en este sector (…) Queremos informar también que el 21 de agosto de 2016, dos días antes de esta situación, dos enviados de la empresa austriaca RP Global, llegaron hasta donde la titular del predio, Mónica Paillamilla, quien no ha dado ninguna autorización para realizar obras en su terreno. Estos enviados de RP Global le indicaron que echarán a Rubén Collío y su familia del predio en Tranguil, ya que el werken Collío estaba siendo amenazado por gente favorable a la empresa. Al día siguiente en la tarde, 22 de agosto de 2016, la esposa del werken Ruben Collio, Macarena Valdés, es encontrada muerta en su casa, en extrañas circunstancias”.

Mónica Paillamilla, propietaria del terreno mencionado, explicó a Puelche comunicaciones sobre el accionar de carabineros y de la empresa en la instalación del tendido de alta tensión. También dio cuenta del nivel de violencia generado por RP Global y su proyecto Mini Central Tranguil.

la Coordinación Newen de Tranguil, comunicó: “Las comunidades afectadas, a pesar de amedrentamientos y amenazas, no descansaremos y estaremos en alerta para exigir una investigación para clarificar los hechos de estos últimos días y para impedir la instalación de centrales y empresas que intentan lucrar con nuestro territorio y sus bienes comunes”, agrega: “Tenemos la convicción que defendemos nuestros derechos y que tenemos la obligación de defender el territorio y la vida, para el futuro de todos”.

INFORMACIÓN RELACIONADA

Alerta por conflicto hidroeléctrico: Graves hechos de violencia a familias Mapuche en Tranguil, comuna de Panguipulli

Panguipulli/Tranguil: “El SEA no respetó el convenio 169 al aprobar la mini central tranguil de RP global”

Transnacional RP Global realiza grave transgresión a territorio Mapuche en Panguipulli

Fuente: MapuExpress

Fuente: Servindi

Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un conflicto que no cede.

"América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos". Esta es la reflexión que propone el informe ”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014” elaborado por diversas organizaciones socio-ambientales. Escrito por Radio Universidad de Chile, publicado para el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Lucio Cuenca, Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó que uno de los componentes de los conflictos en la expansión minera es que ha ido debilitando mucho la institucionalidad y la democracia de estos países.

Además, afirmó que ha venido aparejada de muchas situaciones de represión y de vulneración de los Derechos Humanos, dando como ejemplo la militarización de territorios que realizó hace unas semanas el presidente Ollanta Humala en Perú.

Perú: Leyes para la inversión

Desde Perú, Jorge de Echave, Director de la ONG Cooperacción, indicó que, según detalla la defensoría del pueblo, más de cincuenta por ciento de los conflictos del país son ambientales, están asociados a la minería y van aumentando en número e intensidad.

De hecho, Perú es un caso emblemático de criminalización de los movimientos que han surgido para hacerle frente a la minería, un elemento en común del desarrollo de esta industria que afecta, principalmente, a la población campesina e indígena.

En esa línea, De Echave sostuvo que otro paralelo regional es el discurso que plantea que para recuperar los niveles de crecimiento y hacerle frente a la deuda internacional hay que estar dispuesto a desregular en materia ambiental y social, creando un clima cada vez más favorable para las inversiones, lo que se ha establecido incluso en las leyes de países como El Perú o Chile.

”Hay una legislación abiertamente favorable a las inversiones que ha ido recortando los derechos de la población y la tendencia es bastante preocupante, ya que no es a que mejore la situación”, sostuvo el especialista, quien recordó las palabras del académico ecuatoriano Alberto Acosta, quien plantea que el modelo extractivista ”está casi en el ADN de nuestros gobernantes”.

Bolivia: Cárcel por un lado, derrames por el otro

Bolivia es otro caso emblemático. En 2012 se registró el punto más alto de criminalización de la protesta e impunidad en los conflictos socio-ambientales, en especial con el conflicto de Mallku Quta. Se registraron detenciones a autoridades tradicionales e incluso la muerte de comuneros durante la represión policial.

En 2013 surgió una ley contra los avasallamientos mineros, que penaliza entre seis y ocho años de cárcel a quienes irrumpan en áreas mineras e impidan la explotación de los yacimientos, precuela de la ley de Minería y Metalurgia, que en sus artículos establece como delito las acciones individuales y colectivas que impidan la actividad minera.

En 2014 se sumó una serie de incidentes ambientales, como el derrame de más de tres mil 300 metros cúbicos de residuos en las cercanías de un río o el colapso de un dique en Potosí, que dejó a un barrio popular totalmente anegado de desechos tóxicos.

Brasil: Brutal número de asesinatos en pugnas con la minería

En Brasil los informes muestran más de cien casos de territorios que sufrieron los impactos de la actividad minera.Entre los destacados están el proyecto Gran Carajás (extracción de hierro de la entonces Compañía Vale), el complejo más grande de extracción de este metal en el mundo, además figura el Mineroducto del Proyecto Minas-Rio58 que afecta a cerca de 950 mil personas.

En este país el fenómeno de la criminalización es escandaloso. Un informe de la ONG Global Witness, que documentó los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013, señaló que de las 908 muertes que pudieron documentar en 35 países, 448 se produjeron son en Brasil, es decir un 49,33 por ciento. De ellos el grueso son campesinos, indígenas, o habitantes de la selva amazónica.

Además, los movimientos sociales han sufrido graves ataques a su privacidad y a la libertad de asociación y expresión a través de un esquema de espionaje, interceptación de comunicaciones con mecanismos sofisticados y la infiltración de agentes.

Transnacionales y proyectos binacionales

Ejemplos como descritos hay en Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos países centroamericanos, todos descritos en este informe de conflictos mineros 2014, realizado por OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En el documento se dan cuenta de las iniciativas, pero también del origen de las firmas inversoras. Es allí donde las canadienses y brasileñas se imponen, con una gran cantidad de proyectos en nuestro continente. De hecho, en 2013 diez países del cono sur llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que los Estados de donde provienen estos particulares, no se hacen cargo de la vulneración que cometen sus empresas en el resto del mundo.

Uno de los ejemplos íconos expuestos ante la Corte Internacional es la instalación del proyecto binacional entre Chile y Argentina: Pascua Lama de la multinacional canadiense Barrick Gold, actualmente paralizado por la justicia, después de casi 15 años de oposición de las comunidades.

Este es un megaproyecto aurífero es de proporciones no vistas antes en la región y que incluso llevó a los teóricos a plantearse cómo las firmas transnacionales, al unir dos territorios, creaban una suerte de ”soberanía propia” sobre su proyecto, donde no aplican a cabalidad las leyes de ni un Estado ni del otro, actuando con una suerte de jurisprudencia propia, hasta ahora no regulada.

Expansión a Centroamérica y ejemplo de El Salvador

De hecho, otra característica común en el continente es que los países han permitido la vertiginosa avanzada de la mega minería, que ha logrado expandir sus inversiones incluso a sitios que no eran países mineros como Argentina, Ecuador o algunos centroamericanos como Guatemala y Honduras.

Entre ellos destaca el caso de El Salvador, donde recién el 2004 se comenzaron a levantar los primeros proyectos. Allí, los ciudadanos, considerando la experiencia sudamericana, tomaron posición y concluyeron que los impactos ambientales que se derivan de la minería superan por mucho los ingresos que ésta genera.

Por lo mismo, han exigido a las autoridades que no se invierta en la materia. Edgardo Mira, integrante del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio (Ceicom), afirmó que están en una moratoria de hecho, lo que valoró, pero dijo que ”no es suficiente” cuando estima que gran parte de la población en El Salvador considera que no debería haber minería. Por consiguiente, afirmó que su bandera de lucha es que haya una ley que, de forma explícita, prohíba la minería metálica.

El salvadoreño afirmó que una ley debe dirimirse en la Asamblea Legislativa, es decir el Congreso Nacional y allí entran otros intereses. Por lo mismo, mientras se realiza el trámite legislativo están pidiendo que el Presidente emita un decreto para prohibir la actividad minera. Sin embargo, mientras, las mineras no ceden y siguen afectando fuertemente las aguas, una de sus principales preocupaciones.

En ese sentido, Mira afirmó que se debe dar un salto desde la formación de comunidades de resistencia para entrar e incidir en el debate de políticas públicas en los distintos países, regulando los elementos estructurales que norman este tipo de actividades y sus consecuencias para la población.

Puede leer este informe: Clic Aquí

Fuente:

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina: Clic Aquí

Fuente: cpalsocial.org