Mostrando entradas con la etiqueta impacto ambiental. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta impacto ambiental. Mostrar todas las entradas

domingo, 2 de octubre de 2016

Agroecología: la medición de su impacto.

Portada revista LEISA


La revista Leisa especializada en temas agroecológicos comparte una nueva edición dedicada al tema: "La medición del impacto de la agroecología" con artículos cuyos autores, en muchos casos son protagonistas de las experiencias publicadas.

En la presentación resalta que para avanzar en la práctica de la producción agraria sostenible es importante conocer los impactos a través de los cuales es posible valorar la eficiencia de los esfuerzos invertidos para los procesos de transición hacia la agroecología.

Cabe destacar que LEISA cumplirá muy pronto treinta años de la difusión continua de experiencias de prácticas agroecológicas para un desarrollo sostenible a nivel latinoamericano.

La agroecología es una ciencia joven que incorpora y reconoce el valioso aporte del conocimiento tradicional de los campesinos e indígenas, depositarios vivientes y vigentes en el mundo.

Esta modalidad de hacer agricultura para producir productos de calidad nutricional y saludables, comprendiendo la naturaleza de los ecosistemas y no depredándolos, es cada vez más reconocida por los consumidores, y valorada por organismos de la salud, asimismo por los pobladores urbanos.

Las ferias de productos agroecológicos se ven cada vez con mayor frecuencia y con tendencia de ascenso, multiplicándose además tiendas exclusivas de productos orgánicos y la venta en los grandes mercados.

Sin embargo, esta creciente demanda de productos ecológicos tiene el peligro de que ante una oferta insuficiente, existan productos “camuflados” de orgánicos o ecológicos.

Es por ello que el consumidor informado de lo que es la producción ecológica y consciente de la importancia de una alimentación con productos nutritivos y sanos —sean estos frescos o procesados— cumple un rol fundamental en el avance de la agroecología.

Es fundamental que el consumidor esté bien informado para ser protagonista de la expansión de una cultura alimentaria nueva, acorde a las exigencias contemporáneas relativas al cuidado de la naturaleza y la salud, al reconocimiento del valor de los productores campesinos y a valorar la biodiversidad que albergan los países latinoamericanos.

A continuación reproducimos la editorial del volúmen 32-3.
Medir el impacto de la agroecología

Para este número de Leisa hemos recibido artículos cuyos autores, en muchos casos protagonistas mismos de la experiencia, refieren que para avanzar en la práctica de la producción agraria sostenible es necesario medir sus impactos, pues con ello es posible valorar la eficiencia de los esfuerzos invertidos para los procesos de transición hacia la agroecología o para confirmar la importancia de continuar practicándola.

Pero es entonces cuando los criterios de los agricultores campesinos y los de los agroecólogos discrepan de los criterios usados por la agricultura convencional representada (todavía) en los organismos oficiales de desarrollo rural y de agricultura, los cuales generalmente toman al rendimiento (kg/ha) como el único indicador válido de la rentabilidad de la inversión.

Desde el enfoque de los que producen agroecológicamente, la medición de la eficiencia es más compleja, pues considera “indicadores que se aplican a la unidad productiva, entendida esta como un sistema multifuncional, y que además de producir e innovar como la agricultura convencional, conserva la biodiversidad y garantiza alimentos” (Campos, p. 14).

La sostenibilidad de los agroecosistemas es de hecho una dimensión compleja pues su realización a través del tiempo comprende lo ecológico, lo social, lo productivo, lo cultural. Varias propuestas metodológicas han sido ya aplicadas para la construcción de indicadores que, al usarse en los campos del agricultor, han contado con su participación pues sin la contribución directa de quienes trabajan la tierra es difícil validar la eficiencia del “instrumento” con el que se miden los impactos de la práctica agroecológica en los agroecosistemas (Schiller, p. 17; López, p. 20; Infante y San Martin, p. 23; Le Moal y otros, p. 32).

Es importante citar aquí los avances teóricos y prácticos de agrónomos latinoamericanos que, como Santiago Sarandón y Claudia Flores, han trabajado y difunden desde hace más de 10 años. Estos avances se encuentran reunidos en el libro Agroecología, bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables (capítulo 14, “Análisis y evaluación de agroecosistemas: construcción y aplicación de indicadores”, reseñado en “Fuentes”, p. 35). Los programas de formación de los nuevos agrónomos y de la educación de la juventud rural deben considerar que no basta con modelos teóricos, sino que la práctica, sistematizada, es indispensable para evaluar o medir los impactos de la dimensión agroecológica.

Con el fin de apreciar en toda su dimensión el impacto de la agroecología, es igualmente importante poder medir la calidad nutricional de los alimentos producidos agroecológicamente. Este número de leisa no incursiona en ese tema, pero existen estudios que demuestran las ventajas nutricionales de la producción agroecológica y que hemos citado en ediciones anteriores (leisa 30-4, “Nutrición y agricultura familiar”).

Es necesario que esta información se difunda para que el consumo de productos agroecológicos tenga mayor demanda en los mercados urbanos, un factor imprescindible para la sostenibilidad de la producción agroecológica de alimentos de los agricultores familiares campesinos. El impacto de la agroecología en las urbes es una dimensión importante por medir, donde los indicadores adecuados deben considerar el consumo y sus efectos en la salud: un reto interdisciplinario entre diferentes vertientes de investigadores, consumidores y productores.

Para que la agroecología escale posiciones de influencia son los mismos agricultores quienes deben demostrar a los decisores de las políticas ambientales, económicas, de salud pública —sobre todo alimentarias—, las ventajas de producir alimentos y fibras de forma sostenible. Y como lo mencionan Funes Monzote y Márquez (p. 9), “La agroecología se ha convertido en una opción política en defensa de los más pobres y cumple un papel activador de movimientos campesinos alrededor del mundo”. Pero como los mismos autores señalan, es necesario que los involucrados en la agroecología, críticos de la agricultura convencional, pongan en práctica sus principios de cómo hacer producción agrícola sostenible.

Los editores

Acceda a la revista completa haciendo clic en el siguiente enlace:

- "La medición del impacto de la agroecología" (versión PDF, español, 40 páginas)

Fuente: Servindi

domingo, 7 de junio de 2015

Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un conflicto que no cede.


"América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos". Esta es la reflexión que propone el informe ”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014” elaborado por diversas organizaciones socio-ambientales. Escrito por Radio Universidad de Chile, publicado para el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).


Lucio Cuenca, Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó que uno de los componentes de los conflictos en la expansión minera es que ha ido debilitando mucho la institucionalidad y la democracia de estos países.

Además, afirmó que ha venido aparejada de muchas situaciones de represión y de vulneración de los Derechos Humanos, dando como ejemplo la militarización de territorios que realizó hace unas semanas el presidente Ollanta Humala en Perú.

Perú: Leyes para la inversión

Desde Perú, Jorge de Echave, Director de la ONG Cooperacción, indicó que, según detalla la defensoría del pueblo, más de cincuenta por ciento de los conflictos del país son ambientales, están asociados a la minería y van aumentando en número e intensidad.

De hecho, Perú es un caso emblemático de criminalización de los movimientos que han surgido para hacerle frente a la minería, un elemento en común del desarrollo de esta industria que afecta, principalmente, a la población campesina e indígena.

En esa línea, De Echave sostuvo que otro paralelo regional es el discurso que plantea que para recuperar los niveles de crecimiento y hacerle frente a la deuda internacional hay que estar dispuesto a desregular en materia ambiental y social, creando un clima cada vez más favorable para las inversiones, lo que se ha establecido incluso en las leyes de países como El Perú o Chile.

”Hay una legislación abiertamente favorable a las inversiones que ha ido recortando los derechos de la población y la tendencia es bastante preocupante, ya que no es a que mejore la situación”, sostuvo el especialista, quien recordó las palabras del académico ecuatoriano Alberto Acosta, quien plantea que el modelo extractivista ”está casi en el ADN de nuestros gobernantes”.

Bolivia: Cárcel por un lado, derrames por el otro

Bolivia es otro caso emblemático. En 2012 se registró el punto más alto de criminalización de la protesta e impunidad en los conflictos socio-ambientales, en especial con el conflicto de Mallku Quta. Se registraron detenciones a autoridades tradicionales e incluso la muerte de comuneros durante la represión policial.

En 2013 surgió una ley contra los avasallamientos mineros, que penaliza entre seis y ocho años de cárcel a quienes irrumpan en áreas mineras e impidan la explotación de los yacimientos, precuela de la ley de Minería y Metalurgia, que en sus artículos establece como delito las acciones individuales y colectivas que impidan la actividad minera.

En 2014 se sumó una serie de incidentes ambientales, como el derrame de más de tres mil 300 metros cúbicos de residuos en las cercanías de un río o el colapso de un dique en Potosí, que dejó a un barrio popular totalmente anegado de desechos tóxicos.

Brasil: Brutal número de asesinatos en pugnas con la minería

En Brasil los informes muestran más de cien casos de territorios que sufrieron los impactos de la actividad minera.Entre los destacados están el proyecto Gran Carajás (extracción de hierro de la entonces Compañía Vale), el complejo más grande de extracción de este metal en el mundo, además figura el Mineroducto del Proyecto Minas-Rio58 que afecta a cerca de 950 mil personas.

En este país el fenómeno de la criminalización es escandaloso. Un informe de la ONG Global Witness, que documentó los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013, señaló que de las 908 muertes que pudieron documentar en 35 países, 448 se produjeron son en Brasil, es decir un 49,33 por ciento. De ellos el grueso son campesinos, indígenas, o habitantes de la selva amazónica.

Además, los movimientos sociales han sufrido graves ataques a su privacidad y a la libertad de asociación y expresión a través de un esquema de espionaje, interceptación de comunicaciones con mecanismos sofisticados y la infiltración de agentes.

Transnacionales y proyectos binacionales

Ejemplos como descritos hay en Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos países centroamericanos, todos descritos en este informe de conflictos mineros 2014, realizado por OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En el documento se dan cuenta de las iniciativas, pero también del origen de las firmas inversoras. Es allí donde las canadienses y brasileñas se imponen, con una gran cantidad de proyectos en nuestro continente. De hecho, en 2013 diez países del cono sur llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que los Estados de donde provienen estos particulares, no se hacen cargo de la vulneración que cometen sus empresas en el resto del mundo.

Uno de los ejemplos íconos expuestos ante la Corte Internacional es la instalación del proyecto binacional entre Chile y Argentina: Pascua Lama de la multinacional canadiense Barrick Gold, actualmente paralizado por la justicia, después de casi 15 años de oposición de las comunidades.

Este es un megaproyecto aurífero es de proporciones no vistas antes en la región y que incluso llevó a los teóricos a plantearse cómo las firmas transnacionales, al unir dos territorios, creaban una suerte de ”soberanía propia” sobre su proyecto, donde no aplican a cabalidad las leyes de ni un Estado ni del otro, actuando con una suerte de jurisprudencia propia, hasta ahora no regulada.

Expansión a Centroamérica y ejemplo de El Salvador

De hecho, otra característica común en el continente es que los países han permitido la vertiginosa avanzada de la mega minería, que ha logrado expandir sus inversiones incluso a sitios que no eran países mineros como Argentina, Ecuador o algunos centroamericanos como Guatemala y Honduras.

Entre ellos destaca el caso de El Salvador, donde recién el 2004 se comenzaron a levantar los primeros proyectos. Allí, los ciudadanos, considerando la experiencia sudamericana, tomaron posición y concluyeron que los impactos ambientales que se derivan de la minería superan por mucho los ingresos que ésta genera.

Por lo mismo, han exigido a las autoridades que no se invierta en la materia. Edgardo Mira, integrante del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio (Ceicom), afirmó que están en una moratoria de hecho, lo que valoró, pero dijo que ”no es suficiente” cuando estima que gran parte de la población en El Salvador considera que no debería haber minería. Por consiguiente, afirmó que su bandera de lucha es que haya una ley que, de forma explícita, prohíba la minería metálica.

El salvadoreño afirmó que una ley debe dirimirse en la Asamblea Legislativa, es decir el Congreso Nacional y allí entran otros intereses. Por lo mismo, mientras se realiza el trámite legislativo están pidiendo que el Presidente emita un decreto para prohibir la actividad minera. Sin embargo, mientras, las mineras no ceden y siguen afectando fuertemente las aguas, una de sus principales preocupaciones.

En ese sentido, Mira afirmó que se debe dar un salto desde la formación de comunidades de resistencia para entrar e incidir en el debate de políticas públicas en los distintos países, regulando los elementos estructurales que norman este tipo de actividades y sus consecuencias para la población.
Puede leer este informe: Clic Aquí
Fuente:
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina: Clic Aquí

lunes, 28 de mayo de 2012

De Norte a Sur de Chile: Regiones más contaminadas por transgénicos y plaguicidas.



En la región de Arica y Parinacota, en la temporada 2011/2012 el registro del SAG informa de la existencia de 54,26 hectáreas de maíz transgénico (comuna de Arica) de un total de 25.188,53 hectáreas de cultivos de esa especie en todo el país.

Los impactos en el ambiente, la salud y el entorno social son previsibles para quienes manejan el tema, pero hasta ahora no suficientemente conocidos por los ariqueños, salvo los visibles efectos de la tala de olivos centenarios. El picaflor de Arica, especie endémica de los valles del desierto está ciertamente en riesgo por la creciente deforestación. También hay un peligro cierto de contaminación de las variedades o razas locales de maíz, con el maíz transgénico. En el norte existen variedades muy antiguas de maíz, adaptadas a sequía y suelos salinos, que se han encontrado en momias de 8.000 años de antigüedad.

Además hay en Arica 1,27 hectáreas de raps transgénico, de un total de 4.087,56 hectáreas de raps (canola) transgénico en toda la región.

En 2012, los cultivos de maíz transgénico llegan en Chile por el sur hasta la región de Los Ríos, donde hay 0,36 hectáreas de maíz transgénico. Esa es oficialmente la extensión que alcanza en nuestro territorio la transgenia para exportación, negocio tras el cual se encuentran Monsanto (con un 23% de los cultivos y algo más al sumar lo correspondiente a Anasac, de su propiedad y Massai que trabaja para ellos),Pioneer (15%), Massai (15%), Green Seed (9%), Curimapu (7%), Semameris (un 5%) y Tuniche (un 5%). El informe del SAG que entrega estas cifras para la temporada pasada (2010), agrupa con el restante 15% a otras empresas menores entre las que están la empresa familiar de los von Baer, con cercana llegada al Congreso vía la Senadora designada, y a La Moneda por el mismo conducto.

Los semilleros de maíz transgénico para el mercado externo son el cultivo más extendido en este rubro agroexportador. La región del Maule concentra la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a este negocio, seguida por la región de O’Higgins y la Metropolitana.

En cambio, en cuanto al raps transgénico, la más impactada es la región de la Araucanía, seguida por la región del BioBio y la del Maule, nuevamente. En raps, nuevamente está a la cabeza la Región del Maule, con la región de O’Higgins en segundo término, y la del BioBio en tercer lugar.

Los apicultores de la zona central y del sur recién captaron las implicancias de ello cuando se enteraron que el polen de la miel que producen está posiblemente contaminado por transgénicos, razón por la cual Alemania Europa suspendieron sus importaciones de miel chilena. “Problema entre privados”, dijo al principio el SAG frente al colapso de los apicultores, sosteniendo que el concepto “inocuidad” (muy relacionado con el etiquetado vigente en Europa respecto de los transgénicos) nada tiene que ver con los transgénicos. Raro, para quien tiene a la Unión Europea como uno de sus principales mercados.

Es muy fuerte el lobby empresarial contra el etiquetado. Sólo así puede explicarse que estando las autoridades tan convencidas (públicamente) de que los alimentos derivados de transgénicos son sanos y óptimos, no accedan a etiquetarlos como tales. Bastaría que el ministro de Salud, Jaime Mañalichdesempolvara un decreto de etiquetado de los transgénicos del año 2001, firmado por el ex PresidenteLagos, que ya había pasado todas las vallas jurídicas de ese ministerio y de la Contraloría. A ese decreto sólo le faltaba la publicación en el Diario Oficial. La Concertación y el gobierno de Sebastián Piñeratienen también aquí un punto de coincidencia, en su sometimiento al lobby de Anpros, la Asociación Nacional de Productores de Semillas y ChileBio, o Monsanto Chile.

LA CARGA TÓXICA POR HABITANTE

El uso de plaguicidas es una de las razones por las cuales es útil conocer las comunas chilenas que tienen más monocultivos transgénicos, ya que eso es un indicador de que también ese territorio -y sus habitantes- están recibiendo una carga mayor de tóxicos. En cuanto al impacto del uso de plaguicidas asociados a transgénicos, aun no tenemos cifras actualizadas de intoxicaciones, pero sí había una tendencia: la Región del Maule –top en el ranking de semilleros transgénicos- presentaba este año el mayor aumento de envenenamientos por plaguicidas. También se sabe que en Chimbarongo, la comuna con más transgénicos de todo el país, las fumigaciones aéreas son casi los 365 días del año.

El marketing de los amigos de los transgénicos muestra como una ventaja la supuesta disminución del uso de plaguicidas en esos cultivos. La realidad los desmiente a cada rato, como cada día es más evidente enArgentinaEsta semana se conoció un informe dado a conocer en el país vecino por la organización llamada “Médicos de Pueblos Fumigados”. El reporte se basa en informes de oficinas del registro civil de distintos pueblos de la provincia de Córdoba y de otras, donde la población está expuesta a la actividad de fumigación de los cultivos transgénicos de soya. El informe revela que en esas localidades casi el 30% de las muertes se producen por cáncer, mientras que en otras zonas del país ese número no llega al 18%, siendo la primera causa de muerte los problemas cardiovasculares. Brasil, que es primero en producción de cultivos transgénicos en el mundo, tiene también el primer lugar del mundo en importación de plaguicidas.

EL SAG Y LA TRANSPARENCIA

  
Hasta marzo de 2012, el SAG, el organismo a cargo de autorizar y fiscalizar los semilleros transgénicos mantenía celosamente el secreto de la ubicación de sus cultivos, que cubren poco más de 31.000 hectáreas, pero en esa fecha el Consejo para la Transparencia falló en sentido contrario -ante un recurso de amparo por el derecho a saber- sosteniendo entre otros argumentos que la información tenía carácter público y que ventilarla en forma abierta favorecería el necesario debate social sobre el tema.

Hasta ahora la información que publica SAG en su web solo especifica el tipo de cultivo (por ejemplo maíz 864 de Monsanto), es decir si se trata de maíz, raps, soya, remolacha, vid, zapallo o cártamo, variedades de las cuales hay semilleros de exportación en Chile, pero no indica el nombre del evento. Tampoco lo hace en el Sistema de Información Geográfica destinado a los apicultores. Esperamos que la decisión del Consejo para la Transparencia que puso fin en marzo de 2012 al secreto en los cultivos lleve al SAG a publicar información más amplia sobre el tema, actuando proactivamente en lugar de autolimitarse a dar respuestas a consultas individuales.

RAP-Chile, cuya coordinadora nacional, María Elena Rozas interpuso en 2009 el recurso de amparo por denegación de información, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, acaba de recibir del SAG la información solicitada respecto de los cultivos de ese año. Ahora son las distintas comunidades de todo el país las que iniciarán su propio ejercicio del derecho a saber dónde están los cultivos transgénicos de sus localidades. Efectivamente, la entidad estatal cumplió lo dispuesto legalmente y entregó a María Elena Rozas la información solicitada el año 2009, por la vía de coordenadas del sistema de ubicación geográfica por satélite.

Diversas organizaciones sociales y ambientales, con el apoyo de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile están intentando ahora ejercer su derecho a saber, garantizado por la Ley de Transparencia, respecto de lo que ocurre en sus comunas en este año 2012.

LAS MENTIRAS DE MONSANTO

En Chile todavía estamos a tiempo de parar el daño, aunque el marketing de Monsanto y sus socios chilenos quiera hacer aparecer su negocio como un avance ininterrumpido y panacea para la agricultura chilena. La inmensa mayoría de la superficie agrícola nacional se utiliza en cultivos convencionales, orgánicos y agroecológicos. Las mentiras de Monsanto quedan en evidencia en la publicación Crop Protection South America Monthly Report.Vol. 1 Issue 03, 2012, 31 de marzo de 2012, donde Chile figura con 100.000 hectáreas de cultivos transgénicos en lugar de las 31.000 hectáreas que aparecen en las estadísticas publicadas en www.sag.clGonzalo Pardo, responsable del área de transgénicos del SAG, consultado al respecto, expresó: “Las cifras del ISAAA no son validadas por el SAG”. El cuadro allí citado es de ISAAA-C. James la agencia global de publicidad de los transgénicos. Clive James es el predicador mundial del negocio, que recorre el mundo predicando las maravillas de lo que gustan llamar la “segunda revolución verde”.

En América Latina y en Chile, ya son conocidos los nefastos efectos de la primera revolución verde que por la vía del uso de agroquímicos contaminó la tierra y agua y marcó el inicio de la destrucción de la economía familiar campesina a favor de las transnacionales productoras de agroquímicos y semillas híbridas.

En el marco del despertar de la conciencia y del paso a la movilización y la acción que hoy viven amplios sectores de la sociedad chilena, especialmente los jóvenes y las mujeres campesinas e indígenas, la moratoria a los transgénicos ya no es sólo una consigna. Es una exigencia que cada vez más sectores sociales enarbolan, para defender la semilla campesina e indígena, y detener los negativos impactos de los cultivos transgénicos en la salud, el ambiente y la sociedad toda.

Por Lucía Sepúlveda
Mayo 24, 2012


Fuente: Chacatorex