Las energías limpias logran hundir la factura de la luz en Chile.

El río Maipo baja desde la cordillera de Los Andes hacia Santiago y es vital para abastecer de agua potable a la capital chilena, de siete millones de habitantes. Allí se construye el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Crédito: Orlando Milesi/IPS.

Proyecciones al 2021 estiman que un 80 por ciento de los proyectos en materia de energía, generación y transmisión eléctrica son proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC). Tarifas eléctricas alcanzaron descenso del 75 por ciento debido a que se cuadruplicó capacidad de generación limpia, uno de los legados que dejará a Chile el gobierno de Michelle Bachelet.

Por Orlando Milesi

IPS, 20 de diciembre, 2017.- Un descenso del 75 por ciento en las tarifas de la electricidad, gracias a que se cuadruplicó la capacidad de generación limpia, es uno de los legados que va a dejar a Chile el gobierno de Michelle Bachelet, que culmina el 11 de marzo.

En diciembre del 2013 la licitación eléctrica para familias, comercios y pequeñas empresas fue adjudicada a un precio de 128 dólares el megavatio hora, valor que cayó a 32,5 dólares en la última licitación de este año.

“Lo que se hizo fue un cambio regulatorio importante con siete leyes que se aprobaron en materia de energía que dieron un rol mayor y activo al Estado como planificador. Se generaron entonces las condiciones para que hubiera más competencia en el mercado”, explicó a IPS el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.

Hace cuatro años las grandes empresas veían con preocupación el alza de las tarifas eléctricas en Chile y varias compañías mineras indicaban que debido alto precio de la energía buscaban otros horizontes y países. Actualmente, los grandes industriales acceden a precios más bajos porque renegocian sus contratos con las empresas generadoras.

El nuevo marco regulatorio cambió el contexto y permitió que entraran muchos actores, chilenos y extranjeros, gracias a bases de licitación que dieron mayor espacio a las ofertas para generar electricidad mediante las llamadas energías renovables no convencionales (ERNC), principalmente fotovoltaica y eólica, las más eficientes en el país.

“Las proyecciones dicen que de aquí al 2021 hay una cartera de proyectos de 11.000 millones de dólares comprometidos por distintas licitaciones en materia de energía, en generación y en transmisión eléctrica. Lo interesante es que 80 por ciento son proyectos de ERNC”: Andrés Rebolledo. 

“Esto ocurrió en un momento cuando en el mundo hay un cambio tecnológico muy importante respecto a estas mismas tecnologías. Nosotros hicimos este cambio en un momento propicio y aprovechamos la baja importante de estas tecnologías, especialmente en el caso de las energías solar y eólica”, destacó el ministro.

En la licitación de generación eléctrica de 2016 se presentaron 80 empresas y a la siguiente licitación de distribución se presentaron 15, “en un fenómeno muy diferente a lo que marcó al sector energético chileno que era muy concentrado, de pocos actores”, agregó.

Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, cree que se produjo “un punto de inflexión en la matriz energética chilena que cambió hacia la energía renovable”.

El nuevo marco regulatorio cambió el contexto y permitió que entraran muchos actores, chilenos y extranjeros, gracias a bases de licitación que dieron mayor espacio a las ofertas para generar electricidad mediante las llamadas energías renovables no convencionales (ERNC), principalmente fotovoltaica y eólica, las más eficientes en el país. 

Este cambio se produjo, dijo Baquedano a IPS, “porque la ciudadanía ya no quiso más megaproyectos como el de la central hidroeléctrica de Hidroaysén, en el sur, y Punta de Choros, en el norte (ambos rechazados por la ciudadanía por razones ambientales), y que hicieron que el crecimiento hacia arriba de los oligopolios fuera imposible de continuar”.

En el desierto de Atacama, en el norte de Chile, se concentra la mayor radiación del planeta, una de las ventajas del país para el desarrollo de la energía solar. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

“A nivel mundial la competitividad de la energía solar y eólica es mayor que incluso las fósiles. Hoy se está produciendo energía solar más barata que incluso con carbón. Eso ha hecho que esta política de regulación nueva haya creado un nuevo escenario”, agregó.

Además, analizó el especialista en la geopolítica de la energía, “ese cambio fue aprobado por la comunidad y los ambientalistas que no han puesto objeción a los proyectos eólicos y solares”.

“El gobierno gozó en estos cuatro años de una situación bastante libre para desarrollar proyectos (de esas energías) que incluso algunos tienen a veces reparos desde el punto de vista ambiental”, aseveró.

“No es un proceso que cualquier gobierno que venga lo pueda detener. Es un proceso global y que Chile ya se insertó y está siendo premiado por esa opción. Ya no hay posibilidad de retorno a las energías fósiles, como está ocurriendo en Estados Unidos donde hay un gobierno autoritario como el de Donald Trump”, añadió.

El sector de la energía fue líder en inversiones en los últimos dos años en Chile, superando a la minería, el rubro determinante en la economía local. 

El dirigente ecologista advirtió que si bien “hay un margen de holgura para que bajen las tarifas y sus costos, no va a durar siempre” y por ello propuso “continuar por este camino de difundir las ERNC a la ciudadanía”.

El sector de la energía fue líder en inversiones en los últimos dos años en Chile, superando a la minería, el rubro determinante en la economía local.

“Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se han invertido 17.000 millones de dólares (en el sector energía). En Chile existen hoy unas 250 plantas de generación de energía, la mitad construidas durante este gobierno. Y la mitad de esa mitad son solares”, comentó el ministro Rebolledo.

En mayo de 2014, apenas dos meses después de comenzar su segundo mandato, tras gobernar el país entre 2006 y 2010, la presidenta socialista lanzó la “Agenda de Energía, un desafío país, progreso para todos”.

“Las proyecciones dicen que de aquí al 2021 hay una cartera de proyectos de 11.000 millones de dólares comprometidos por distintas licitaciones en materia de energía, en generación y en transmisión eléctrica. Lo interesante es que el 80 por ciento son proyectos de ERNC”, subrayó.

Actualmente hay 40 proyectos eléctricos en construcción, casi todos de ERNC.

Otro resultado es que ahora Chile es excedentario en la producción de electricidad y el gran incremento de la generación fotovoltaica apunta a multiplicarse aprovechando las enormes posibilidades en la zona norte de este país, que incluye al desierto de Atacama, donde el sol alumbra inclemente.

La matriz eléctrica chilena, antes dependiente del petróleo, del carbón y de grandes represas hidroeléctricas, cambió radicalmente, lo que generó una caída cercana a 20 por ciento de importaciones de combustibles fósiles entre 2016 y 2017. Además, eliminó la dependencia del gas argentino, cuyo abrupto corte del suministro en 2007 sumergió al país en una crisis.

“En marzo del 2014, cuando comenzó el gobierno de Bachelet, la potencia instalada en Chile de ERNC, fundamentalmente solar y eólica, era el cinco por ciento. Esto cambió de manera importante y a noviembre de este año ya alcanza a 19 por ciento”, detalló Rebolledo.

El ministro indicó que si se agrega a la generación solar y eólica la hidroeléctrica de gran escala “llegamos a que casi el 50 por ciento de todo lo que generamos hoy día es energía renovable. El resto sigue siendo energía termo, donde hay gas, diésel y carbón”.

En la Agenda de Energía, al igual que en la contribución nacional determinada (NDC) comprometida dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático, Chile tenía como meta que en el año 2025 un 20 por ciento de la energía generada proviniera de ERNC, un objetivo que ya alcanzó en octubre.

“Democratizar significa que toda persona que tiene recursos o que pueda adquirirlos, se convierta en un generador de energía para su consumo y el de los vecinos. Que entren nuevos actores, pero ya ciudadanos. Esos nuevos actores son las comunidades indígenas, el sector comunitario y los municipios, que no tienen meta lucrativa.” 

“Nos hemos planteado que al año 2050 un 70 por ciento de toda la generación eléctrica sea renovable y esto ya no incluye solamente las ERNC sino también la hidro”, anticipó Rebolledo.

Para el ministro, algo determinante fue que estas metas fueron pactadas por todos los actores del sector. 

“Debido a este cambio tan rápido ese 70 por ciento podría ser un 90 por ciento hacia el 2050 y dentro de ese 90 por ciento probablemente la energía solar será la más importante”, anticipó.

Baquedano, por su parte, sostiene que ahora “viene la segunda etapa, que es democratizar el uso de la energía permitiendo que la energía solar y las renovables lleguen a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas industrias en forma directa y, por lo tanto, modificando su distribución”.

“La democratización implica que vamos a exigir que todo proyecto de ERNC tenga estudios de impacto ambiental y no solo declaraciones (de impacto ambiental)”, aseveró.

“Democratizar significa que toda persona que tiene recursos o que pueda adquirirlos, se convierta en un generador de energía para su consumo y el de los vecinos. Que entren nuevos actores, pero ya ciudadanos. Esos nuevos actores son las comunidades indígenas, el sector comunitario y los municipios, que no tienen meta lucrativa”, concluyó.

…Pero los conflictos hidroeléctricos no cesan

Marcela Mella, portavoz del grupo ambientalista No al Alto Maipo, dijo a IPS que tienen diversas estrategias para seguir oponiéndose a la construcción del proyecto hidroeléctrico de ese nombre, que impulsa la compañía estadounidense AES Gener en el río que abastece de agua a Santiago.

El proyecto considera la construcción de 67 kilómetros de túneles para llevar agua a dos centrales, Alfalfal II y Las Lajas, con capacidad para generar 531 megavatios. Iniciado en 2007, está paralizado por problemas financieros y de construcción. Pero en noviembre la empresa anticipó que en marzo recomenzará la obra tras solucionar esos problemas.

“El proyecto pone en riesgo el abastecimiento seguro de agua potable de Santiago. Esto quedó demostrado cuando se empezó a construir y los aluviones, que han sido fenómenos naturales en la cordillera, arrastraron todo el material que se ha removido y dejaron a cuatro millones de personas sin agua en Santiago”, afirmó Mella.

Añadió que Alto Maipo también provocará problemas en el agua de riego a los agricultores del valle del Maipo, que poseen 120.000 hectáreas. 

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Editado por Estrella Gutiérrez

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Fuente: Inter Pres Service: http://www.ipsnoticias.net/2017/12/las-energias-limpias-logran-hundir-la...

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Fuente: Servindi

Guerras cibernéticas: nuevas formas de guerra.

Leonardo Boff

Conocemos las formas clásicas de guerra, primero entre ejércitos y después de Hitler (con su “totaler Krieg” = guerra total) de pueblos contra pueblos. Se inventaron bombas nucleares tan potentes que pueden destruir toda la vida. Se dice que son armas de disuasión. No importa. Quien tenga primero la iniciativa gana la guerra, que duraría pocos minutos. La cuestión es que son tan letales que pueden matar a todos, incluso a los primeros que las lanzaron. Se volvieron armas de horror. Pero cuidado, la seguridad nunca es total y no es imposible que algunas de ellas exploten bajo la acción de hackers, poniendo en riesgo a gran parte de la humanidad.

Últimamente se ha inventado otra forma de guerra de la que la mayoría ni siquiera se da cuenta: la guerra cibernética, llamada también guerra informática, guerra digital y ciberguerra.

Esta tiene un telón de fondo que merece ser considerado: hay un exceso de acumulación de capital hasta el punto de que las grandes corporaciones no saben dónde aplicarlo. La agencia de políticas de desarrollo, Oxfam, presente en 94 países y asesorada por científicos del MIT, nos proporcionó este año de 2017 los siguientes datos: el 1% de la humanidad controla más de la mitad de la riqueza del mundo. El 20% más rico posee el 94,5% de esa riqueza, mientras que el 80% debe conformarse con el 5,5%. Es una profunda desigualdad que traducida éticamente significa una injusticia perversa.

Esta excesiva concentración no ve sentido en aplicaciones productivas porque el mercado empobrecido no tiene condiciones de absorber sus productos. O continúan en la rueda especulativa agravando el problema o encuentran otras salidas rentables a las aplicaciones. Varios analistas, como William Robinson de la Universidad de California, Santa Bárbara, que publicó un brillante estudio sobre el tema, y también Nouriel Rubini, que previó la debacle de 2007-2008, refieren dos salidas para el capital ultraconcentrado: invertir en la militarización comandada por el Estado, construir nuevas armas nucleares o invertir en guerras locales, guerra contra las drogas, en la construcción de muros fronterizos, en inventar nuevos aparatos policiales y militares.

O bien hacer grandes inversiones en tecnología, robotización, automatización masiva y digitalización, cubriendo, si es posible, todos los ámbitos de la vida. Si la inversión en 1980 era de 65 mil millones, ahora ha pasado a 654 mil millones. En esta inversión están previstos servicios de control de las poblaciones, verdadero estado policial y las guerras cibernéticas.

Sobre esto, conviene detallar un poco el análisis. En la guerra cibernética no se usan armas físicas sino el campo cibernético con la utilización de virus y hackers sofisticados que entran en las redes digitales del enemigo para anular y eventualmente dañar los sistemas informáticos. Los principales objetivos son los bancos, los sistemas financieros o militares y todo el sistema de comunicación. Los combatientes de esta guerra son expertos en informática y en telecomunicaciones.

Este tipo de guerra ha sido probado varias veces. Ya en 1999 en la guerra de Kosovo, los hackers atacaron incluso al portaaviones norteamericano. Tal vez el más conocido fue el ataque a Estonia el 26 de abril de 2007. El país se jacta de poseer casi todos los servicios del país informatizados y digitalizados. Un pequeño incidente, el derribo de la estatua de un soldado ruso, símbolo de la conquista rusa en la última guerra, por civiles de Estonia sirvió de motivo para que Rusia dirigiera un ataque cibernético que paralizó prácticamente todo el país: los transportes, las comunicaciones, los servicios bancarios, los servicios de luz y agua. Los siguientes días desaparecieron los sitios del Parlamento, de las Universidades y de los principales diarios. Las intervenciones venían de diez mil ordenadores distribuidos en distintas partes del mundo. El jefe de Estado de Estonia declaró acertadamente: “nosotros vivíamos en el futuro: bancos en línea, noticias en línea, textos en línea, centros comerciales en línea; la total digitalización hizo todo más rápido y más fácil, pero también creó la posibilidad de hacernos retroceder siglos en segundos”.

Es muy conocido el virus Stuxnet, producido posiblemente por Israel y Estados Unidos, que logró entrar en el funcionamiento de las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, aumentando su velocidad a punto de agrietarse o imposibilitar su funcionamiento.

El mayor riesgo de la guerra cibernética es que puede ser conducida por grupos terroristas, como el ISIS o por otro país, paralizando toda la infraestructura, los aeropuertos, los transportes, las comunicaciones, los servicios de agua y luz e incluso romper los secretos de los aparatos de seguridad de armas letales y hacerlas disparar o inutilizarlas. Y todo esto a partir de cientos de ordenadores operados desde diferentes partes del planeta, imposibilitando identificar su lugar y así hacerles frente.

Estamos, por tanto, frente a riesgos innombrables, fruto de la razón enloquecida. Sólo una humanidad que ama la vida y se une para preservarla podrá salvarnos.

*Leonardo Boff es articulista del JB online y ha escrito Cuidar la Tierra-proteger la vida: cómo escapar del fin del mundo, Nueva Utopía 2011.

Traducción de Mª José Gavito Milano

Fuente: Redes Cristianas

Se desmorona la industria petrolera de Venezuela.

El complejo refinador de Paraguaná, en el noroeste de Venezuela, uno de los mayores del mundo pues puede procesar un millón de barriles por día, trabajaría solo a un tercio de su capacidad instalada. Crédito: Pdvsa

Por Humberto Márquez

IPS, 17 de diciembre, 2017.- La corrupción en la estatal industria petrolera de Venezuela, denunciada por el propio gobierno y con exministros y altos gerentes tras las rejas, es la más reciente evidencia de que, en el país con las mayores reservas de petróleo en el planeta, el sector del que depende su economía se está desmoronando.

La primera baja “está en la producción de crudo, una merma de un millón de barriles (de 159 litros) por día”, señaló a IPS el docente universitario Luis Oliveros, pues en diciembre de 2013 se produjeron 2.894.000 barriles diarios contra 1.837.000 en noviembre de 2017, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En 2018 la producción podría disminuir otros 250.000 barriles por día, al ritmo actual, y Venezuela, cofundador de la OPEP en 1960, cuando era el mayor exportador mundial de crudo, se convierte en un actor casi irrelevante en el mercado global, apuntó Oliveros, especialista en economía.

Ello a pesar de que tiene el mayor depósito conocido de hidrocarburos líquidos, la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco, de 55.000 kilómetros cuadrados bajo los que habría 1,4 billones (millones de millones) de barriles de crudos, sobre todo extrapesados, de los cuales Venezuela considera reservas probadas 270.000 millones de barriles.

El petróleo es casi el único producto de exportación, la fuente de 95 por ciento de los ingresos de divisas, y a mediados de esta década representaba más de 20 por ciento del producto interno bruto 

El petróleo es casi el único producto de exportación, la fuente de 95 por ciento de los ingresos de divisas, y a mediados de esta década representaba más de 20 por ciento del producto interno bruto. La mayor parte del negocio está en manos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tiene algunas asociaciones con trasnacionales.

El presidente Nicolás Maduro lanzó una purga el 28 de noviembre dentro de PDVSA, en medio de la madeja de denuncias e investigaciones de corrupción, y pidió a los nuevos mandos, encabezados por un general que debuta en la industria, Manuel Quevedo, que trabajen para elevar la producción en un millón de barriles por día.

Un objetivo inmediato sería cubrir la cuota asignada por la OPEP para 2017-2018, que alcanza a 1.970.000 barriles por día, planteó el asesor presidencial Alí Rodríguez.

“Solo para sostener la actual producción de 1,85 millones de barriles por día -no hablemos de incrementarla- se requiere inyectar a la industria entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, y la evidencia es que ese dinero no está allí”, dijo Alberto Cisneros, presidente de la firma de asesoría petrolera Global Business Consultants.

Con su economía dislocada por una inflación de cuatro dígitos, control cambiario con varias paridades para una moneda que se deprecia a diario, escasez de alimentos, medicinas e insumos esenciales y una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, Venezuela no dispone de recursos suficientes para inyectarle a la industria, observó a IPS.

En ese entorno, la actividad petrolera “se resiente además por problemas de gerencia desde que PDVSA en 2003, tras una huelga contra el gobierno, despidió a 18.000 empleados, la mitad de su plantilla”, recordó a IPS el ex viceministro de Energía (1999-2002) Víctor Poleo.

Y la corrupción quedó espectacularmente visibilizada este diciembre, cuando la Fiscalía General envió a la cárcel, por delitos que van desde falsificación de cifras de producción hasta peculado y atentado a la soberanía del país, a 67 directivos y gerentes de PDVSA.

Están incluidos dos exministros de Petróleo del presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quienes además fueron presidentes de PDVSA y de su filial estadounidense, Citgo, a la que habrían perjudicado al renegociar deudas.

Más aún, la Fiscalía investiga penalmente a Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014, y hasta noviembre último embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, por su posible imbricación en operaciones de lavado de dinero a través de la entidad Banca Privada de Andorra.

Petromonagas, una sociedad de PDVSA con la compañía rusa Rosneft, extrae crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sureste de Venezuela, considerada el mayor depósito de hidrocarburos líquidos del planeta. Crédito: Pdvsa.

Según el diario español El País, que reivindica acceso a informes que trabaja la jueza andorrana Canólic Mingorance, allegados a Ramírez cobraron al menos 2.000 millones de euros (2.360 millones de dólares) en comisiones ilegales entre 1999 y 2013.

Bajo la nube de acusaciones de corrupción, impericia y manejos dolosos aparece lacerada PDVSA, surgida de la nacionalización de la industria en 1975 y que durante años se ufanó de pertenecer al quinteto de las principales compañías petroleras del mundo.

La producción “declina por falta de inversión y mantenimiento, comenzando por la vetusta cuenca del noroccidental lago de Maracaibo, que no entrega más de 450.000 barriles por día”, señaló Cisneros. Desde 1914 se han perforado allí más de 13.000 pozos, y hasta comienzos de este siglo la cuenca del lago produjo más de un millón de barriles diarios.

Cifras oficiales

PDVSA se presentó, en sucesivos informes anuales, como la quinta empresa petrolera mundial, detrás de Aramco (Arabia Saudita), NIOC (Irán), CNPC (China) y Exxon (EEUU) con base en estas cifras que sostuvo oficialmente hasta el pasado noviembre:

Reservas probadas de crudo: 302.250 millones de barriles: Extra pesado: 261.253 millones, pesado 18.217, mediano 9.538, liviano 10.743, otros 2.499 millones de barriles.

Reservas probadas de gas 202.698 millones de pies cúbicos.

Producción de crudo y líquidos de gas natural (2016): 2.571.000 barriles diarios (b/d).

Producción de gas natural: 7.926 millones de pies cúbicos diarios

Oleoductos: 3.055 kilómetros.

Yacimientos: 4.310. 

Pozos activos: 18.566

Capacidad de refinación en Venezuela: 1.303.000 b/d.

Capacidad de refinación en el exterior (propietaria o socia de refinerías en Estados Unidos y Europa): 1.188.000 b/d.

Exportaciones (2016): 1.818.000 b/d de crudo y 371.000 b/d de productos

Ventas de líquidos al mercado interno: 510.000 b/d.

Fuerza laboral petrolera: 110.648 personas en Venezuela y 4.535 en el exterior.

Ingresos (2016): 48.000 millones de dólares. Costos y gastos: 46.000 millones. Patrimonio: 87.100 millones. Deuda financiera: 41.000 millones de dólares.

Los campos del oriente, relativamente nuevos, aportan el resto de la producción, pero la cifra de 1,3 millones de barriles diarios extraídos en la Faja del Orinoco, indicada por del Pino a mediados de año, ha quedado desautorizada por la investigación penal.

Las exportaciones, destaca el experto venezolano Francisco Monaldi, de la estadounidense Universidad Rice en Texas, ya están por debajo de 1,4 millones de barriles diarios (pasaban de 2,5 millones a comienzos de siglo) y a Estados Unidos, se despacharon en noviembre menos de 500.000 barriles diarios.

Estados Unidos fue durante un siglo el mayor destino de las ventas, que alcanzaron1,5 millones de barriles por día, y es actualmente la principal fuente de ingresos, pues las exportaciones a China, que pasan de 600.000 barriles por jornada, se usan para amortizar deudas.

En refinación “se está quizá aún peor” según Cisneros, pues las destilerías venezolanas, instaladas para procesar 1,3 millones de barriles diarios, “trabajaban hace unos años a 90 o 95 por ciento de su capacidad y ahora a un tercio, 30 o 35 por ciento. Ni siquiera abastecemos nuestras necesidades de gasolina”, que parte debe importarse, advirtió.

A la merma en la producción de gasolinas, lubricantes y otros derivados, se agregan los problemas de distribución a las 1.650 estaciones de servicio en este país de casi un millón de kilómetros cuadrados, 31 millones de habitantes y cuatro millones de vehículos.

Una base del problema está en el absurdo precio de la gasolina en el país, la más barata del mundo. Un litro cuesta un bolívar, que a un tipo de cambio oficial puede equivaler a 10 centavos de dólar, pero a la tasa del mercado negro equivale a un milésimo de centavo: con un billete verde se podrían comprar 100.000 litros.

El costo de oportunidad perdido al rematar de esa manera medio millón de barriles de combustibles cada día representa para PDVSA una pérdida de ente 12.000 y 15.000 millones de dólares anuales.

Adicionalmente, se genera un problema de “contrabando de extracción” hacia Colombia, Brasil y el Caribe, que el Estado contiene parcialmente con controles y racionamiento que originan escasez y enormes colas de vehículos ante expendios de gasolina en las fronteras.

PDVSA ha pagado con atrasos este año intereses por los bonos de su deuda y Sinopec, una firma estatal de China -aliado que ha aportado a Caracas créditos por más de 50.000 millones de dólares-, llegó a querellarse contra la empresa estatal venezolana, ante un tribunal estadounidense, por 21,5 millones de dólares en compromisos no honrados.

Finalmente, Estados Unidos impuso sanciones sobre Venezuela que dificultan la renegociación de las acreencias del país y de PDVSA.

“Las sanciones y el default (cese de pagos) técnico hacen más difícil que los socios inviertan en las empresas mixtas. La industria petrolera venezolana parece haber entrado en la espiral de la muerte”, dijo Monaldi.

Cisneros cree que una recuperación de la industria “es posible con otro esquema organizativo, como el argentino, con una empresa de papel, Enarsa, y una operadora, YPF (51 por ciento del Estado, 49 por ciento cotizada en bolsa)”.

Para llegar allí “hay dos posibilidades; una es que el actual régimen reaccione en materia económica y petrolera, y otro es que se produzca un cambio político y el país se vuelque a un aprovechamiento de sus recursos humanos, económicos y petroleros”, concluyó.

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Editado por Estrella Gutiérrez

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Fuente: Inter Press Service: http://www.ipsnoticias.net/2017/12/se-desmorona-la-industria-petrolera-venezuela/

IMPORTANTE: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Fuente: Servindi

La falta de vivienda, uno de los muchos inevitables subproductos del capitalismo.

Gus Bagakis

Truthout

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García 

Mientras el sistema capitalista de producción continúe existiendo, es insensato esperar una solución aislada a la cuestión de la vivienda ni ninguna de las otras cuestiones sociales que afectan al destino de los trabajadores. (Friedrich Engels, 1872) 

La falta de vivienda existe no porque el sistema no funcione; es la forma en que este funciona. (Peter Marcuse)

La vivienda es la precondición necesaria para la seguridad, la identidad, el bienestar emocional, el trabajo, el tiempo libre y la comunidad. La mayor condena que pueda hacerse al capitalismo es su incapacidad de proporcionar vivienda adecuada a quienes producen la riqueza; la clase trabajadora. La alta proporción de personas de color que no tienen un techo da cuenta de la línea divisoria entre los blancos de la clase trabajadora y aquellos que no lo son, línea divisoria que se basa en el legado histórico del racismo y de la construcción de capitalismo como superación de la esclavitud. La explicación de la clase gobernante se basa en la culpabilización de las víctimas, alegando que quien sufre la falta de vivienda de alguna manera es incompetente. Otras explicaciones más inteligentes –aunque incompletas– apuntan a la escasez de vivienda accesible, la privatización de los servicios públicos, la especulación inmobiliaria, la deficiente planificación urbana, lo mismo que la pobreza y la desocupación.

En realidad, el temor inducido por la falta de vivienda ayuda a mantener el poder del capitalismo. En los tiempos del capitalismo industrial, el desempleado era utilizado por la clase gobernante capitalista para señalar a los trabajadores que eran afortunados por tener un trabajo, y que si se rebelaran podían quedarse sin empleo, Hoy en día, después de la recesión de 2007 y 2008, a medida que avanzamos en el capitalismo post-industrial, los sin techo constituyen una advertencia para aquellos trabajadores que podrían rebelarse descontentos por la pérdida de su salario, su carencia de estabilidad y de beneficios, y para los estudiantes de la generación cero –cero empleo, cero esperanza, cero posibilidades–, endeudados para pagar sus estudios universitarios. El mensaje es: acepta la situación de deterioro o acabarás siendo un sin techo.

Los medios informan cada día de la “crisis” de la vivienda. El uso de la palabra “crisis” implica que la inseguridad en materia de vivienda y la falta de ella son una anormalidad, una anomalía temporal dentro de un estándar tolerable. Actualmente, el término “crisis” se utiliza para expresar lo que vive la desvastada clase media actual, una consecuencia de la recesión de 2007 y 2008. Pero para la clase trabajadora, la de bajos ingresos y las comunidades de color, la “crisis de la vivienda” es lo normal. En un estudio reciente, se constató que en ningún sitio de Estados Unidos, alguien que trabaje 40 horas semanales con el salario mínimo federal (7,25 dólares por hora) puede acceder al alquiler medio de mercado de un apartamento de un dormitorio. La vivienda y la falta de ella han sido problemas históricos de los pobres y la clase trabajadora. Incluso en el comienzo del capitalismo en Inglaterra, los campesinos fueron expulsados de su tierra y forzados a desplazarse a las superpobladas ciudades y vender su capacidad de trabajo en las nuevas fábricas para sobrevivir, con el resultado de la creación de barrios insalubres, las ocupaciones y la falta de vivienda.

Para enfrentar a la actual crisis habitacional, el gobierno de Estados Unidos y las comunidades locales crearon programas de ayuda, a pesar de que debido a los recortes por austeridad los fondos asignados son cada vez más reducidos. Algunos de esos intentos son útiles, pero la mayoría son insuficientes o incluso ilusorios. El punto de vista dominante es que el sistema de alojamiento es temporalmente defectuoso pero puede resolverse mediante un enfoque específico. Muchos programas de vivienda para los sin techo andan a la caza de medidas “exitosas”. Pero si son examinados más detenidamente, la imagen que dan no es tan positiva. Por ejemplo, Utah informó de una reducción del 91 por ciento en la escasez crónica de viviendo, pero cuando se investigó más, se supo que esa cifra era falsa y respondía a cambios en la forma de contar a las personas. Cuando se trata de convencer a quienes viven en la calle de que acudan a un refugio, la ciudad de Nueva York tiene un índice de fracaso del 99 por ciento. En 20 años, San Francisco no redujo notablemente el problema de la falta de vivienda. Los intentos de Los Ángeles fracasaron año tras año.

En realidad, un análisis del capitalismo demuestra que el gobierno, controlado por los poderosos grupos de presión de las corporaciones, utiliza la política habitacional para proteger la estabilidad política y el mantenimiento de la acumulación del beneficio privado. En las últimas décadas, las políticas de vivienda han apuntado sobre todo al fomento de la compra de unidades habitacionales por parte de las personas de clase media, otorgándoles la posibilidad de –en el marco del “sueño americano”– que alinearan sus intereses con los de los sectores inmobiliario y bancario, los que pudieron aumentar el precio de la propiedad, mientras se deterioraban los planes para paliar la falta de vivienda. La construcción de viviendas accesibles para las personas de bajos ingresos y quienes podían convertirse en ‘sin techo’ no es tan lucrativa como la de la construcción de casas para la gente adinerada.

El mercado de la vivienda se derrumbaría si el techo fuera abundante y accesible para todo el mundo. En el libro Defense of Housing: The Politics of Crisis (Defensa de la vivienda: la política de la crisis), sus autores demuestran que los proceso de desregulación y de financiarización, entrelazado uno con otro, transforman los hogares –un espacio vital– en bienes raíces, una mercancía manejada por inversores, bancos e incluso algunos gobiernos locales. Esto ocurre porque el derecho a una vivienda adecuada no existe en nuestra Constitución ni en la legislación federal. Si la vivienda fuese un derecho y no una mercancía, el techo desaparecería del mercado.

El contraste con la falta de vivienda en Cuba es llamativo; allí no existe un importante problema de carencia de vivienda. Es un contraste entre Estados Unidos, una sociedad rica basada en el beneficio (el capitalismo) y una sociedad más basada en el bien común. En Estados Unidos, en realidad somos rehenes del capitalismo, un sistema económico basado en el trabajo asalariado, en la propiedad y el control de los medios de producción en manos de particulares y en la producción de artículos para el beneficio económico, mientras una minúscula elite corporativa utiliza su riqueza y poder político para la dominación. En realidad, las consecuencias de esta dominación son que los más pobres no pueden acceder a la vivienda y acaban en la calle debido a la desigualdad ocasionada por el capitalismo.

Dos ejemplos de la perpetuación del problema de la falta de vivienda en Estados Unidos bajo el capitalismo son Detroit y la zona de la bahía de San Francisco, incluyendo Silicon Valley.

La –desde el punto de vista de la economía– vibrante zona de la bahía de San Francisco ha vivido un crecimiento récord de los precios de la vivienda y un significativo incremento en el número de las personas sin techo y los campamentos. Algunos estudios han asociado las causas de esta situación con las políticas gubernamentales. Hay cinco causas fundamentales: 1) los recortes en los programas para la vivienda accesible, que empezaron durante la administración Reagan; 2) el aumento de los alquileres en un momento en el que los ingresos no crecían en concordancia; 3) la oferta de viviendas no se mantuvo a la par con el crecimiento de la población; 4) el recorte de la protección social, gracias a la ley de “Responsabilidad personal y conciliación de oportunidades de trabajo” promulgada por el presidente Bill Clinton, que daba a los estados la potestad de imponer normas más estrictas de elegibilidad y limitaba a cinco años las ayudas familiares; y 5) el deterioro del valor de los beneficios otorgados a los estadounidenses de menores ingresos.

En la –desde el punto de vista de la economía– deprimida Detroit, la subcontratación y la automatización contribuyeron a la destrucción del mercado de trabajo. La mayor parte de la fuerza de trabajo que permaneció en pie, de estar en un entorno de alta productividad y clase media bien remunerada pasó a trabajar en el servicio doméstico mal remunerado. Muchos trabajadores que habían perdido su empleo perdieron también su casa. Para encontrar trabajo, algunos se mudaron a otros sitios. Actualmente, el mercado de la vivienda de Detroit está en continua fluctuación, algunos grupos hablan de éxitos; por ejemplo, con las “viviendas diminutas” para las personas sin techo, pero a menudo los trabajadores no cuentan con dinero necesario para pagar las nuevas viviendas. El resto de ellos se enfrenta con empleos mal pagados o la pérdida del que tienen, la pérdida de su casa y ninguna perspectiva de volver a tener una vida digna.

El capitalismo va donde haya beneficio económico. En los años sesenta y setenta del pasado siglo, el sitio era Detroit, la capital mundial del automóvil; ahora se ha asentado en Silicon Valley. Cuando Detroit estaba floreciendo, los políticos de Estados Unidos llevaban allí con orgullo a los visitantes de todo el mundo para presumir con el éxito del capitalismo. Hoy es una ciudad destruida; solo en la zona central muestra una engañosa imagen de los días de gloria, dando la ilusión de que Detroit ha regresado a los negocios. En cambio, Silicon Valley está lleno de oportunidades de beneficio económico; es un centro de creatividad en el que la vida es relajada y abundan los hermosos edificios y los campus universitarios, casi una ciudad para turistas que vuelan en primera clase y destino de visitantes de todo el mundo; un reflejo de la vieja Detroit de los obreros. Dado que el capitalismo está impulsado por el beneficio económico no se hace responsable de quienes no tienen casa, de los trabajadores despedidos, de las fábricas abandonadas ni de los vertidos tóxicos. Podemos imaginar qué aspecto tendrá Silicon Valley cuando decaiga el imperio estadounidense y el centro del capitalismo se traslade a otro lugar, probablemente a China.

Entonces, ¿qué podemos hacer por las personas sin techo de Estados Unidos? En el corto plazo, debemos continuar tratando de encontrar la forma de conseguirles un refugio y apoyar a las organizaciones comunitarias que están trabajando en ese sentido. Además, como decía Engels, también debemos obsrvar la falta de vivienda desde el contexto político-económico más general, y verlo como una consecuencia inevitable del capitalismo. En el largo plazo, debemos utilizar lo que sabemos sobre la forma en que el capitalismo determina la economía, la cultura y nuestra mente, mientras organizamos el cambio de ese sistema hacia un sistema comunitario, democrático y sustentable que sirva a las necesidades humanas en lugar del beneficio económico privado..Para lograr este objetivo podemos, por ejemplo, hacer causa común con otras campañas “específicas” (“Black Lives Matter” (La vida del negro importa), los derechos de las mujeres, la pobreza, el cambio climático, el antiimperialismo, la salud para todos, los derechos de los pueblos originarios, la igualdad LGBTQ, los derechos ciudadanos, el medioambiente, los sindicatos, etc.) al mismo tiempo que trabajamos en la dirección de la larga y difícil tarea de acabar con el capitalismo.

Copyright, Truthout. Esta nota se ha traducido con su permiso

Fuente: http://www.truth-out.org/news/item/42746-homelessness-one-of-capitalism-s-many-inevitable-products

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la misma.

Fuente: Rebelión

Los conocimientos ancestrales ante el cambio climático.

Delegados y delegadas indígenas culminan sesiones de trabajo del Caucus Indígena en la COP23. Foto: TV Indígena (Facebook)

Por Rafael Ponte*

Servindi, 14 de diciembre, 2017.- A un mes de la vigésimo tercera Conferencia de las Partes (COP23), celebrada en la ciudad de Bonn, Alemania, en noviembre de este año, repasamos una de las decisiones adoptadas por los países durante la cumbre climática. Se trata de la aprobación de la puesta en funcionamiento de la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas (en adelante, la plataforma) que es una de las más relevantes para los pueblos indígenas. 

El punto de partida fue el establecimiento de la plataforma en 2015 durante la COP21 a través del Acuerdo de París (AdP). La decisión 1/CP.21, párrafo 135, señala que los países reconocen “la necesidad de reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático y darle respuesta" (1).

Actualmente, el objetivo de la plataforma no ha variado mucho del objetivo propuesto en 2015, pero a raíz de la decisión adoptada en la COP23 este se puede dividir en tres partes(2): 

Reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático y darle respuesta. 

Facilitar el intercambio de experiencias y la difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre la mitigación y la adaptación de manera holística e integrada. 

Fomentar la participación de las comunidades locales y los pueblos indígenas en el proceso de la Convención. 

Junto al objetivo también se aprobaron tres funciones que la plataforma debe cumplir. Cada función tiene relación con una parte del objetivo general. En la redacción de la decisión se pueden identificar componentes básicos que definirán las actividades que la plataforma podrá desarrollar.

Funciones 

Principales componentes 

A) Conocimiento 

Intercambio de experiencias y mejores prácticas. 

Conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales. 

Tecnologías, prácticas y esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas ante el cambio climático. 

Consentimiento libre, previo e informado de los titulares de conocimientos, innovaciones y prácticas. 

B) Capacidad de participación 

Capacidades de PPII y comunidades locales para participar en el proceso de la Convención. 

Capacidad de las Partes y otros interesados pertinentes para colaborar con la plataforma y con las comunidades locales y los pueblos indígenas. 

C) Políticas y medidas relacionadas con el cambio climático 

Integración de diversos sistemas de conocimientos, prácticas e innovaciones en formulación y ejecución de medidas, programas y políticas nacionales e internacionales 

Respeto y promoción de derechos e intereses de comunidades locales y los pueblos indígenas. 

Acción climática más fuerte y ambiciosa por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales que contribuye a lograr contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC en inglés). 

Tabla: Elaboración propia. Fuente: Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia del OSACT sobre la plataforma.

De la propuesta a la decisión

La decisión que se adoptó en la COP23 provino del proyecto de conclusiones (propuesta de decisión) (3) brindado por la presidencia del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT o SBSTA en inglés), cuerpo responsable de elaborar recomendaciones sobre la plataforma durante su sesión 47. Este fue el punto N° 13 de la agenda del OSACT.

Antes de ello, y por decisión de la COP22 en Marruecos(4), el OSACT organizó un diálogo abierto entre múltiples partes interesadas durante su sesión 46 en mayo de este año(5), en la que se discutió sobre el propósito, el contenido y la estructura de la plataforma. En marzo, los países, las organizaciones indígenas y otros actores interesados enviaron sus aportes (comunicaciones) sobre estos puntos(6).

En cumplimiento a su mandato, el OSACT 47 realizó una serie de consultas informales para alcanzar la propuesta de decisión.

Es en este tipo de espacios en que las negociaciones requieren de precisión y pertinencia. Una redacción distinta a la de decisiones previas (...) que incluyan –o excluyan– términos que puedan cambiar la interpretación de conceptos ligados a derechos fundamentales pueden generar perjuicio e ineficiente ejecución.

Es en este tipo de espacios en que las negociaciones requieren de precisión y pertinencia. Una redacción distinta a la de decisiones previas vinculadas al tema a discutir o consideraciones que incluyan –o excluyan– términos que puedan cambiar la interpretación de conceptos ligados a derechos fundamentales pueden generar perjuicio e ineficiente ejecución. 

Ante este riesgo, es necesario que las organizaciones de los pueblos indígenas y comunidades locales no solo estén presentes sino que también participen y sean consultadas durante las sesiones formales e informales respecto a temas que les atañen.

Prioridades indígenas ante el funcionamiento de la plataforma

Antes de iniciar las negociaciones, las organizaciones de pueblos indígenas provenientes de las siete regiones originarias del mundo iniciaron sus sesiones de trabajo en el marco del Caucus Indígena.

El Caucus Indígena es un espacio de coordinación y diálogo del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC). Durante las mañanas de la cumbre climática, delegados y representantes indígenas se organizaron y debatieron temas relevantes a los pueblos indígenas que serían puntos de discusión durante la COP23.

Los delegados y las delegadas se distribuyeron en los siguientes grupos: OSACT, Órgano Subsidiario de Implementación (OSI), APA/CMA (Acuerdo de París) y el grupo de seguimiento de las discusiones sobre el Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés).

Durante la primera sesión de negociación de la plataforma, Ghazali Ohorella, representante de los pueblos indígenas de la Región del Pacífico, tomó la palabra en nombre del FIPICC para recalcar la importancia de que “las Partes cumplan sus obligaciones para con los derechos de los pueblos indígenas”. 

El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas es un tema pendiente en las cumbres climáticas

El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas es un tema pendiente en las cumbres climáticas. Mientras algunas organizaciones han aceptado que se les brinden espacios para participar y que sus conocimientos sean valorados, otras demandan que dentro de las decisiones de la COP se reconozcan todos los derechos indígenas y que estas sean legalmente vinculantes.

Fue durante la primera sesión de negociación sobre la plataforma que también se presentaron las prioridades del FIPICC. Una de ellas consistió en la creación y financiación completa de un grupo de trabajo de composición abierta encargado de determinar las modalidades de la puesta en marcha de la plataforma.

El nombre y estructura de la plataforma fueron puntos que generaron diferencias claras entre países, pudiendo entrampar las sesiones de negociación y dejar el tema pendiente hasta la siguiente edición de la COP. Por ejemplo, mientras Ecuador, encabezando el Grupo77+China, abogaba por un grupo de trabajo ad hoc, la Unión Europea apostaba por un grupo de facilitación.

Por otro lado, Canadá y también Ecuador brindaron opciones sobre cómo se conformaría la estructura de la plataforma. La cantidad de representantes de pueblos indígenas y de los países también fue discutida. Sirve rescatar que en las intervenciones sobre la estructura se reconoció la importancia de que participen representantes de pueblos indígenas y que la selección siga los propios criterios de los pueblos, considerando el balance regional y de género.

Las sesiones de negociación consiguieron consenso sobre el nombre de la plataforma, avanzando hacia la creación de un grupo de trabajo de facilitación (que no sería un órgano de negociación dentro de la Convención por pedido de países desarrollados), proceso que será examinado por el OSACT en 2018.

Finalmente, en la sesión de clausura del OSACT 47, los pueblos indígenas recalcaron aceptar el proyecto de decisión sobre el funcionamiento de la plataforma con un enfoque gradual pero todas las propuestas sobre el espacio serán evaluadas de acuerdo a los siguientes principios comunes:

Principios comunes* 

Participación plena y efectiva de los pueblos indígenas; 

Igualdad en la condición y la representación entre los pueblos indígenas y las Partes, incluyendo los puestos de responsabilidad; 

Autoelección de los y las representantes indígenas de conformidad con los propios procedimientos de los pueblos indígenas; 

Un nivel de financiación adecuado por parte de la Secretaría de la CMNUCC y del Fondo de Contribuciones Voluntarias para permitir el ejercicio de las funciones mencionadas. 

*Principios comunes propuestos por el FIPICC sobre plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas. 

Posteriormente, cuando la decisión fue adoptada por las partes, los pueblos indígenas tuvieron la oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre los resultados de la COP23 relacionados a los pueblos indígenas.

Esta vez, India Logan-Riley, joven representante de Te Ara Whatu, un grupo de jóvenes indígenas del pueblo Maorí de Aotearoa, Nueva Zelanda, tomó la palabra en nombre del FIPICC para resaltar que "mientras los países discuten sobre cómo combatir el cambio climático, los pueblos indígenas, como custodios de la Madre Tierra, han demostrado que esto sí puede hacerse pues lo han hecho antes".

Señaló también que el día en que se aprobó la puesta en funcionamiento de la plataforma también fue "un día en que los países finalmente escucharon las voces indígenas".

Las primeras actividades empiezan el 2018

Tal como indica la decisión aprobada, la primera actividad de la plataforma será un taller de trabajo con múltiples actores que examinará la implementación de las funciones acordadas. 

Este taller será comoderado por el presidente del OSACT, cargo que desempeñará Paul Watkinson, de Francia, y un representante de las organizaciones de las comunidades locales y pueblos indígenas. Ambos tendrán igual oportunidad de contribuir al diseño del taller.

Así mismo, el OSACT ha sido convocado para considerar en su sesión 48 (abril-mayo 2018) el establecimiento del grupo de trabajo de facilitación y las modadlidades para el desarrollo de un plan de trabajo para la implementación plena de las funciones de la plataforma.

Los gastos requeridos para desarrollar las primeras actividades de la plataforma ascienden a un total de 45,000 euros, monto que se espera sea cubierto por los países para garantizar que la representación sea balanceada, tanto para comunidades locales y pueblos indígenas, como de los países. 

Por último, las consideraciones alcanzadas durante OSACT 48 serán entregadas como recomendaciones a la COP24, la cual tendrá lugar en diciembre de 2018 en la ciudad de Katowice, Polonia.

Notas:

(1) Decisión 1/CP.21, párrafo 135: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf#page=22

(2) FCCC/SBSTA/2017/L.29: http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/spa/l29s.pdf

(3) Ídem.

(4) FCCC/CP/2016/10, párrafos 165 a 169: http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/spa/10s.pdf#page=32

(5) Multi-stakeholder dialogue on the operationalization of the local communities and indigenous peoples platform: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/10151.php

(6) Plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas: propuestas para su puesta en funcionamiento basadas en las comunicaciones y en el diálogo abierto entre múltiples interesados: http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/spa/06s.pdf

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*Rafael Ponte es bachiller en Comunicación para el desarrollo y se desempeña como comunicador ambiental en Servindi. Twitter: @rafa_pont

Fuente: Servindi