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viernes, 18 de mayo de 2012

México: el sacerdote Alejandro Solalinde sale del país, amenazado de muerte.

El sacerdote Alejandro Solalinde en imagen captada el 23 de agosto de 2011, durante una conferencia de prensa por el primer aniversario de la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas · Foto Cristina Rodríguez


· Su partida será de carácter temporal; recibió seis advertencias en los pasados dos meses
· La decisión, por el protocolo de seguridad diseñado por PGR, CNDH, AI y otras instancias
· Queda evidenciada la debilidad de las leyes migratorias en México, consideran organizaciones


Emir Olivares Alonso y Ciro Pérez Silva / La Jornada 

Tras recibir seis amenazas de muerte en los recientes dos meses, el sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, y fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, en Ixtepec, dejará temporalmente el país, pero no se retirará del apoyo a los desplazados ni se exiliará.

Ante los señalamientos de que el religioso se retiraría indefinidamente de sus labores de apoyo a los indocumentados que transitan por el país, el albergue que encabeza aclaró que no existe ningún retiro de Solalinde y que sólo se encuentra ausente temporalmente (de esta agrupación) en algún lugar, resguardando su integridad física.

Esto, agregó la organización, hasta que las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO) investiguen a fondo las amenazas de muerte (anónimas) que ha recibido. Esta ausencia temporal no significa que el padre Solalinde deje la misión que ha venido realizando con nuestros hermanos y hemanas migrantes, ni mucho menos que cesen las actividades que está llevando a cabo el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec. Seguiremos haciendo la obra que Cristo nos ha encomendado a pesar de estos últimos hechos y lo que se pudiera suscitar más adelante, señaló el albergue en un comunicado.

El defensor de los migrantes se encuentra ya en la ciudad de México, donde este martes dará una conferencia de prensa en torno a las razones que lo orillaron a dejar temporalmente el albergue que dirige.

De acuerdo con el sacerdote, la decisión obedeció a la necesidad de seguir con el protocolo para su seguridad diseñado por la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, las Brigadas Internacionales por la Paz y la Pastoral de la Movilidad del Migrante de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En principio se dijo que estará ausente dos meses, durante los cuales visitará Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa, por compromisos previamente contraídos. Solalinde saldrá del país este miércoles. En el albergue Hermanos en el Camino se informó que sus actividades de apoyo a los migrantes indocumentados continúan, pese a la ausencia de su fundador. Ayer eran atendidos 125 desplazados por 12 voluntarios. Se dijo además que las instalaciones de esta agrupación son resguardadas por elementos de la policía de Oaxaca.

Diversas organizaciones de defensa de las garantías fundamentales, como Aministía Internacional, se sumaron a la preocupación por la integridad y seguridad del religioso y destacaron su trayectoria como defensor de los derechos humanos de los indocumentados.

Reacciones de ONG

La salida temporal de México del sacerdote Alejandro Solalinde, por amenazas de muerte, evidencia la debilidad de las leyes migratorias en nuestro país, advirtieron organizaciones como la Casa del Migrante de Guatemala y el Foro de Migrantes en Honduras, Nicaragua y El Salvador, las que exigieron al gobierno federal medidas suficientes para garantizar la seguridad de quien encabeza el albergue Hermanos en el Camino.

La situación de Solalinde no es la única; muchos activistas han recibido amenazas de muerte por su labor en favor de los migrantes, lo cual no sólo nos preocupa, sino nos indigna sobremanera pues, lejos de mejorar la situación de los desplazados, empeora cada día ante la indiferencia de las autoridades, aseveran en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón.

En la misiva, firmada por más de cien organizaciones no gubernamentales, insisten en la protección para Alejandro Solalinde y otros activistas cuya labor ha salvado la vida de millones de indocumentados que cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.

Exigimos protección especial para el padre Solalinde y los demás activistas cuya integridad física esté en riesgo; es obligación moral, pero sobre todo ética, por parte del gobierno mexicano, cuyos esfuerzos por aliviar la situación de sus migrantes en Estados Unidos y los que cruzan por su territorio han fracasado, añade el texto.

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Información relacionada:

    Fuente: Chacatorex

    viernes, 16 de diciembre de 2011

    Perú: Lanzan campaña sobre la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas u Originarios.



    Servindi, 16 de diciembre, 2011.- En el marco de implementación de la Ley de Consulta laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzó una campaña informativa en cuatro idiomas: Aymara, Awajún, Quechua y Español. Los audios incluyen cinco spots y cinco sociodramas.
    Los temas que se aborda en esta campaña son: ¿Qué es el derecho a la consulta?; ¿Quiénes tienen el derecho a la consulta?; ¿Quién realiza la consulta?, ¿Y qué se consulta? y ¿Cuándo el consentimiento es necesario?
    Los productos fueron elaborados por Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Descargar los audios en el siguiente enlace: http://derechoshumanos.pe/?p=13366
    La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de instituciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los derechos humanos en el Perú desde 1985.

    Otras noticias:


    Fuente: SERVINDI

    martes, 22 de noviembre de 2011

    México: el secuestro de migrantes.




    La CNDH publicó recientemente el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Se trata de un documento detallado y sustentado en un amplio trabajo de investigación en diferentes estaciones migratorias, dependencias oficiales, casas de migrantes y lugares de tránsito. En más de 2 mil visitas de trabajo de campo se pudo constatar 214 eventos de secuestro de indocumentados y dado que se trata de plagios masivos son varios miles de personas involucradas en estas acciones.
    La investigación contrasta con la práctica política en estos casos de primero negar los hechos y luego, con la presión pública, proceder a investigar, de manera tortuosa y poco efectiva lo sucedido. El informe de la CNDH sobre el secuestro le pone datos concretos e información confiable a un fenómeno donde la situación de vulnerabilidad no presenta una disminución y los grupos que comenten violaciones en su perjuicio se han especializado y diversificado sus estrategias.
    También se constata y se denuncia que en 9 por ciento de los casos los testimonios señalan que hay varios tipos de policías y funcionarios de migración involucrados, el único que se salva es el Ejército. Pero además de funcionarios y autoridades están coludidos un complejo entramado de informantes, halcones, taxistas, maquinistas y coyotes que sirven de apoyo a los grupos de delincuentes dedicados al secuestro, la violación y la extorsión.
    Desde el año 2006 en las casas de migrantes, en su mayoría regenteadas por la Iglesia católica y organizaciones afines, se empezó a reportar el fenómeno como una nueva modalidad delictiva. El clímax se dio en 2010 con el secuestro y la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas.
    Uno de los dos sobrevivientes de San Fernando fue entrevistado por la CNDH y su testimonio figura al final del informe, junto con otros tantos que dan cuenta de la ferocidad y brutalidad que ejercen los secuestradores sobre sus víctimas.
    Si bien las modalidades de ese delito y el uso de informantes varían según los casos y las regiones, el modus operandi para establecer el contacto con los familiares de migrantes y el envío del dinero es exactamente el mismo. Los extorsionadores utilizan la misma modalidad a la que recurren los indocumentados para solicitar dinero y apoyo a sus familias. Los envíos llegan por Western Union y otros sistemas de envíos de remesas. Muchos de ellos en bancos, que cuentan con cámaras, exigen identificación y tienen bases de datos que se pueden rastrear con facilidad por las autoridades competentes, si hicieran su trabajo.
    Como medida de seguridad los migrantes van pidiendo dinero a sus familias de a poco, mientras avanzan en la ruta y de este modo se sienten protegidos de los asaltantes que les roban su dinero. Luego al llegar a la frontera el migrante contrata un coyote al cual se le paga en el lugar de destino al entregarse la mercancía. Hasta el cambio de siglo se trataba de un servicio garantizado, sólo se le pagaba al coyote cuando el indocumentado había llegado a su lugar de destino. Obviamente, el coyote cuidaba su mercancía y sólo lo entregaba cuando había recibido el pago y se tomaban las debidas precauciones, tanto por parte de los familiares como por la parte de los coyotes.
    En ocasiones los coyotes eran golpeados al entregar la mercancía o no les pagaban lo convenido. De ahí que a la hora de acercarse al destino los migrantes eran prácticamente amarrados y custodiados para que no se escaparan sin pagar. Sin embargo, los acuerdos solían respetarse por ambas partes y muchas veces se utilizaban coyotes conocidos o que pertenecían al pueblo de origen. El negocio se basaba en la confianza mutua y era bastante seguro.
    Los migrantes sin redes sociales y sin contactos eran lo que estaban más expuestos a la extorsión y al engaño. De igual modo los indocumentados de las zonas emergentes como Veracruz, por ejemplo, se encuentran más expuestos y vulnerables a la hora del cruce. Algo similar sucede con los centroamericanos, en especial los hondureños, que es el grupo más reciente en involucrarse al proceso migratorio internacional que cruza por México.
    La llegada masiva de migrantes de las nuevas zonas de origen de México y Centroamérica generó una sobredemanda de servicios, lo que derivó en la improvisación de coyotes sin experiencia que abandonaban a los indocumentados en el desierto y el ingreso del crimen organizado al negocio.
    El secuestro de migrantes se basa en la cantidad de secuestrados no en la calidad del plagiado y el monto de sus recursos. Es la extorsión de los pobres a cambio de su vida. Se supone que el migrante tiene recursos equivalentes al pago del coyote, por lo que las sumas se limitan a unos pocos miles de dólares, que multiplicados por 10 o 20 personas resultan ser significativas.
    El secuestro de migrantes se ha multiplicado por que los pobres no reclaman y si lo hacen nadie los atiende, más aún si son extranjeros indocumentados. En tres años y medio, de diciembre de 2006 a junio de 2010, la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestros de la PGR sólo ha iniciado tres indagatorias por este delito. Un récord nacional de una indagatoria por año. Por su parte, en año y medio la Sedena realizó 17operativos y liberó a 486 migrantes víctimas de secuestro de varias nacionalidades, incluidas la mexicana.
    El informe de la CNDH demuestra fehacientemente que la Estrategia Nacional e Integral para el Combate al Secuestro no funciona y que la Unidad de Investigación tampoco hace su trabajo. Paradójicamente las pistas son claras, el modus operandi no ha cambiado, sólo hay que rastrear los envíos.
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    Fuente: Chacatorex