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lunes, 19 de junio de 2017

Alimentos, oasis de un éxodo rural latinoamericano no tan lejano.


Pequeña finca en una localidad del corazón árido de la provincia de Santiago del Estero, en el norte de Argentina. De ahí los hombres se ven forzados a migrar a las ciudades o irse como temporeros en regiones más fértiles, para huir de las sequías y la pobreza. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS


Este artículo forma parte de la cobertura especial de IPS por el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio

Por Fabiana Frayssinet

IPS, 20 de junio, 2017.- Pese a que América Latina y el Caribe concentran 12 por ciento de los suelos cultivables del planeta y un tercio de sus reservas de agua dulce, varios factores contribuyen a la degradación de sus suelos y al éxodo rural que compromete la seguridad alimentaria en un futuro ya no tan improbable.

Los datos y el alerta surgen de estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuando se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el sábado 17, que este año pone énfasis en la migración rural como una de las consecuencias del aumento de los procesos de desertificación, la erosión de los suelos y la caída de las precipitaciones.

Durante los últimos 50 años, la superficie agrícola de la región aumentó de 561 a 741 millones de hectáreas, con una mayor expansión en América del Sur que fue de 441 a 607 millones de hectáreas. Ese incremento trajo por lo general el uso intensivo de insumos, la degradación de suelos y el agua, la reducción de la biodiversidad y la deforestación.


“El ciclo vicioso a qué se refieren tiene así mucho que ver con el rezago histórico de las zonas rurales latinoamericanas, donde la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos se suma a otros factores de vulnerabilidad que ‘empujan’ la gente a migrar, simplemente porque no hay oportunidades y porque lo que antes era su actividad principal, la agricultura, ya no les permite sobrevivir con dignidad”: André Saramago. 

Catorce por ciento de la degradación mundial de los suelos ocurre en esta región, siendo más grave en Mesoamérica, donde afecta a 26 por ciento de la tierra, mientras en América del Sur se sitúa en 14 por ciento.

“A medida que los suelos se degradan, la capacidad de producir alimentos se reduce, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria”, explicó Jorge Meza, oficial forestal de la FAO, desde su oficina regional en Santiago de Chile.

Según Meza la degradación de suelos, depende de factores como la gravedad y extensión de la degradación, la dureza de las condiciones climáticas, la situación económica de las poblaciones afectadas y el nivel de desarrollo nacional.

En ese sentido, explicó a IPS, la primera reacción de una población que intenta sobrevivir es intensificar la explotación ya excesiva de los recursos naturales más accesibles.

El segundo paso, añadió, es liquidar todo lo que posee como equipos, inclusive para encarar las necesidades monetarias para la educación, la salud o una crisis de alimentos.

“El tercero es el rápido aumento de la emigración rural: los varones adultos o los jóvenes de ambos sexos emigran por temporadas o durante años en busca de trabajo a otras regiones del país (especialmente a las ciudades) o al exterior. Estas estrategias de supervivencia suelen conllevar la ruptura de la comunidad y a veces de la familia”, completó sobre el pernicioso proceso.

“La perspectiva es que a medida que se incremente el cambio climático y no se mejore la resiliencia de las poblaciones rurales, sobre todo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, estas cifras se podrían incrementar de manera importante”, advirtió el experto regional.

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en la región hay cerca de 28,4 millones de migrantes internacionales que representan cerca de 4,8 por ciento de su población, de 599 millones de personas, según datos del informe construido con los censos nacionales.

América Central es el área que más contribuye a este número con cerca de 15 millones de migrantes que representan el 9,7 por ciento de su población (161 millones de personas).

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a los “migrantes ambientales” como las personas o grupos de ellas que se ven forzadas o eligen dejar sus poblaciones por los cambios repentinos o progresivos en el entorno que afectan sus modos de vida.

Pero según André Saramago, consultor de FAO para Desarrollo Territorrial Rural, la migración rural tiene una multiplicidad de causas como la pobreza, la falta de oportunidades y en algunos casos, como sucede en los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala) la violencia criminal.

A esos elementos se agrega ahora la vulnerabilidad de los hogares ante fenómenos climáticos, como sequías cada vez más intensas y frecuentes, comentó a IPS, también desde la oficina regional de la FAO.

“El ciclo vicioso a qué se refieren tiene así mucho que ver con el rezago histórico de las zonas rurales latinoamericanas, donde la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos se suma a otros factores de vulnerabilidad que ‘empujan’ la gente a migrar, simplemente porque no hay oportunidades y porque lo que antes era su actividad principal, la agricultura, ya no les permite sobrevivir con dignidad”, sostuvo.

Para el experto, revertir ese fenómeno implica respuestas integrales en el sentido de administrar las tierras de manera sostenible, de evitar la degradación y de promover su recuperación, aunque no sería suficiente para reducir la presión migratoria.

“Es fundamental generar inversiones estratégicas en las zonas rurales en el sentido de generar bienes públicos que permitan a los agricultores, principalmente los agricultores familiares, superar sus limitaciones históricas”, adujo.

Esas son las herramientas, planteó, “para lograr revertir el ciclo vicioso es fundamental recuperar y repensar el concepto de desarrollo rural territorial, donde la construcción participativa de políticas y la capacidad de abordar el problema de forma multidisciplinar y multisectorial es clave”.

Una de esas acciones, explicó Meza por su parte, es mejorar la administración y distribución del recursos de agua. En las últimas tres décadas la extracción de agua se ha duplicado en la región con un ritmo muy superior al mundial. El sector agrícola y especialmente la agricultura de riego representa 70 por ciento de las extracciones.

“Desde la perspectiva social, la pobreza rural se refleja también en la falta de acceso a los recursos tierra y agua. Los agricultores pobres tienen un menor acceso a la tierra y al agua, trabajando suelos de mala calidad y con una alta vulnerabilidad a la degradación. Un 40 por ciento de las tierras más degradadas del mundo están en zonas con elevadas tasas de pobreza”, indicó.

El experto explicó que existen numerosas experiencias que integran producción y conservación de la biodiversidad, en particular, sistemas agroalimentarios indígenas y tradicionales de producción, agricultura familiar, conservación de la agro-biodiversidad, así como manejo de recursos compartidos y protección de recursos naturales, que aportan una metodología y sistematización de prácticas y enfoques.

Norberto Ovando, presidente de la Asociación de Amigos de Parques Nacionales de Argentina y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, relató a IPS algunas de esas experiencias en su país, donde 70 por ciento del territorio está sujeto a desertificación.

Argentina ocupa más de 80 por ciento de su territorio en actividades agrícolas, ganaderas y forestales. La erosión es más aguda y crítica en zonas áridas y semiáridas que componen las dos terceras partes del territorio, allí donde la pérdida de productividad se traduce en el deterioro de las condiciones de vida y expulsión de la población.

“Actualmente muchos agricultores en el mundo y en Argentina están aplicando el sistema de riego por goteo, que debería generalizarse en todo el mundo y que los gobiernos deberán tenerlo como política de estado, ayudando con préstamos blandos a los agricultores para su instalación. Mediante este sistema se consiguen ahorros de hasta un 50 por ciento del agua, en comparación con el sistema tradicional”, ilustró el consultor ambiental.

También consideró que se debe popularizar el sistema de producción de alimentos limpios, muy variados y productivos que se le conoce como “sistemas de policultivos agro-acuícola-ganaderos integrados”, actualmente difundido en Asia.

Pero para Ovando lo fundamental es la instauración de “políticas públicas que promuevan el apoyo a la agricultura familiar y fortalezcan el empleo rural”.

“Se podría afirmar que en América Latina y el Caribe el hambre no es un problema de producción, sino de acceso a alimentos. Por esto la seguridad alimentaria está relacionada a la superación de la pobreza y la desigualdad”, dijo.

“Es indispensable una gestión eficaz de la migración por causas ambientales para garantizar la seguridad humana, la salud y el bienestar y para facilitar el desarrollo sostenible”, concluyó.

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Editado por Estrella Gutiérrez
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IMPORTANTE: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

lunes, 9 de diciembre de 2013

En la sierra argentina crecen señales de una guerra por el agua.


Por Fabiana Frayssinet*

IPS, 9 de diciembre, 2013.- Con pocas perspectivas de solución a corto plazo, la central provincia argentina de Córdoba comienza a vivir lo que parece un argumento futurista: falta de agua en los grifos, racionamientos, denuncias entre vecinos y esperar a que llueva. El problema se extiende por toda la provincia, pero es más evidente en su zona más habitada, la capital del mismo nombre, el área de Sierras Chicas y el sur de Punilla.

Allí, cuando las lluvias escasean, baja el nivel de los embalses que surten de agua.

Algunos municipios serranos apelan al racionamiento, como Río Ceballos, una localidad de 30.000 habitantes, a 30 kilómetros al norte de la capital.

El embalse del Dique La Quebrada, que lo abastece de agua, alcanzó el nivel más bajo de su historia, con 13,5 metros por debajo de la cota de desagüe. La intendencia (alcaldía) estableció cortes programados de suministro de 12 horas, dos veces por semana.

“Es algo que se veía venir”, contó a IPS uno de los vecinos, Omar Vergara, quien tiene una colección de baldes distribuidos por el patio de su vivienda, para recolectar agua de lluvia y usarla para regar las plantas y limpiar los pisos.

Como otros, lava su automóvil “solo a baldazos” y reutiliza el agua “menos sucia” de su lavadora y deja la potable para beber y cocinar. Mientras, regar con manguera las aceras provoca denuncias entre vecinos.

El agua se paga más a mayor consumo. Pero aún así está mal visto, por ejemplo, llenar las piscinas de esta pequeña y apacible ciudad, a la que llegaron a vivir muchos antiguos residentes de la cercana Córdoba, por su aire puro y mejor calidad de vida.

Una línea telefónica de 24 horas recibe denuncias sobre “derroches de agua”.

La Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos distribuye el agua residencial y también contribuye a concienciar sobre su ahorro.

Su gerente, Miguel Martinesi, explicó a IPS que el consumo por persona bajó de 270 a 170 litros diarios, mientras en la capital provincial es de 400 por habitante.

“Hay un control permanente. Los vecinos se alertan: no riegues, no laves el auto, la vereda (acera)”, subrayó.

“Vivimos una situación de emergencia” desde 2005, puntualizó a IPS el intendente de Río Ceballos, Sergio Spicogna, quien atribuye la crisis hídrica a la disminución de las lluvias y un crecimiento explosivo de la población, tras la construcción de una nueva autovía que une el municipio con Córdoba.

Antes, ese dique situado a apenas siete kilómetros de la localidad, abastecía también a dos municipios vecinos, Unquillo y Mendiolaza, con 40.000 habitantes en conjunto, “lo que hacía mucho más problemática la situación”, según el intendente.

Pero se hizo un trasvase desde el embalse que abastece la capital, el Dique San Roque, y desde allí reciben agua las dos localidades, mediante un acueducto de 30 kilómetros, que se planea extender hasta Río Ceballos.

Las autoridades provinciales proyectan otras alternativas de abastecimiento a la capital cordobesa, para que el excedente de San Roque fluya a Sierras Chicas.

Pero, explicó Spicogna, son planes muy costosos y dependen de “una sinergia” entre los municipios, la provincia y la nación.

Además, según el director de la organización ambientalista Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, Ricardo Suárez, el rompecabezas de los trasvases no es la solución.

“Traer agua del Dique San Roque es un problema porque, si bien es mayor que el de La Quebrada, también está por debajo de su cota normal y con una población para abastecer mucho más grande, que va a seguir creciendo”, explicó.

“Las obras siempre se hicieron tarde, el consumo es mucho mayor que las obras que se hacen, y la naturaleza tiene un límite”, planteó.

En la provincia de Córdoba, la segunda más poblada de Argentina, el promedio anual pluvial es de 779 milímetros y la disminución del bosque nativo aumentó la evaporación del agua de lluvia, por falta de masa forestal que la retenga.

Poco a poco, “este sistema semiárido se ha transformado casi en árido, con la tendencia a un desierto. Sabemos muy bien que una de las características de un desierto es carecer de agua”, alertó Suárez.

Córdoba tiene la mayor deforestación de Argentina. Solo queda cinco por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque nativo que la provincia tenía a principios del siglo XX.

Los incendios ocurridos entre agosto y septiembre devoraron 40.000 hectáreas más, la mayoría en bosques y pastizales serranos.

“Entre 1998 y 2002, se deforestó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra aterradora”, dijo a IPS el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro.

El fuego y la tala indiscriminada empeoraron el funcionamiento de sus principales cuencas hídricas. “Colapsaron las fábricas de agua”, sintetizó el biólogo.

La “aceleración más violenta” de la tala se produjo en los años 90 y coincidió con la introducción de cultivos transgénicos (genéticamente modificados) de soja, maíz y algodón, entre otros, que a su vez también impulsaron el consumo de agua, dijo Montenegro.

“Para producir un kilogramo de grano de soja se requiere que pasen por su planta entre 1.500 y 2.000 litros de agua, y en tierras áridas más”, ejemplificó.

“Muchos creen que la mayor parte de la superficie de la provincia puede dedicarse a la agricultura, la ganadería y la plantación de árboles exóticos, y que los diminutos parques y reservas creados por los gobiernos son suficientes para conservar nuestros ambientes nativos”, cuestionó.

“Es dramáticamente falso. No hay futuro ni estabilidad ambiental sin la coexistencia equilibrada de ambientes naturales y productivos”, concluyó.

La construcción de barrios cerrados, industrias y grandes complejos turísticos, impulsa también la deforestación de la provincia, que aporta ocho por ciento del producto bruto argentino.

Por eso, para Suárez la solución es un agresivo plan de reforestación y no solo nuevas obras.

“El Dique La Quebrada se va a secar, es irreversible, porque la cuenca está deforestada (en 85 por ciento). Los suelos están casi totalmente expuestos”, sostuvo.

La organización de Suárez reforestó, con voluntarios y casi sin recursos, 40 hectáreas de bosque nativo. Se tardó 14 años. “Si los planes de reforestación fueran sistemáticos, hoy la sierra sería un gran bosque nativo”, comparó.

Martinesi agrega otras soluciones. “Tenemos que definir qué zonas queremos que crezcan, para poderles brindar la infraestructura necesaria, y cuáles no queremos dejar crecer”, sostuvo. Si no, “el problema será grave” a mediano plazo, advirtió.

El responsable del suministro de agua a Río Ceballos considera que los cambios climáticos incidieron en la crisis hídrica, con prolongados períodos de sequía, agravados por la degradación del ecosistema.

“Pero deberíamos resolver el tema de la infraestructura, ordenar el crecimiento, aprovechar bien las fuentes, para entonces poder decir que estamos complicados por la falta de lluvias”, argumentó.

“Esperar que una región crezca dependiendo de las lluvias es irresponsable”, concluyó.
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Fuente: Servindi