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miércoles, 15 de noviembre de 2017

La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales.



"La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales". En estos términos se refirieron los 24 organismos miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) de las Américas al fenómeno de la corrupción.

La expresión se produjo en un seminario internacional que busca analizar los vínculos entre derechos humanos y corrupción, el contexto regional de este fenómeno a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.

El Perú fue elegido como sede por haber sido precursor en la creación de instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, pero porque al mismo tiempo posee elevados y sostenidos índices de corrupción.

Entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha.

En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas.

En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general.

El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada.

En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región.

“Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados y los gobiernos no deben instrumentalizar el derecho para obstaculizar el trabajo de los fiscales que investigan a personas potencialmente involucradas en hechos de corrupción. Solicitamos independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.” señalo Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH quien se encuentra presente en Lima con ocasión de este evento.

Estos esfuerzos nacionales y regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, el establecimiento de alianzas certeras y duraderas, el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos, la prevención, entre otros, que serán abordados en la jornada cerrada de debate que la FIDH y sus organismos miembros sostendrán hoy y mañana.
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Fuente: Servindi

sábado, 12 de diciembre de 2015

El cambio climático y los DD.HH. se relacionan estrechamente.

Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático (IIPFCC) llama la atención así sobre importante ausencia en borrador de acuerdo climático

Los jefes de Estado y de gobierno tienen el deber de encontrar un acuerdo vinculante capaz de limitar el cambio climático y su impacto dramático en los derechos humanos. Este fue el mensaje que lanzó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) el día que se inició la cumbre climática COP21 en París, Francia.

Hoy, que se celebra el Día de los Derechos Humanos resulta pertinente recordar la relación íntima que guardan ambos temas, más aún cuando quedan solo horas para conocer si el borrador de acuerdo que elaboran los países va ser del todo satisfactorio para las poblaciones que más sufren los efectos del fenómeno climático.
Cambio climático y DDHH

El cambio climático viene causando una serie de graves impactos en el mundo. Se manifiesta a través de desastres naturales u otros fenómenos que tienen como una de sus consecuencia el nacimiento de una terrible batalla por el dominio de los recursos.

“(…) los conflictos relacionados con la competencia por los recursos naturales, pero también el agotamiento de los recursos vitales tienen consecuencias, directas o indirectas, sobre el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida.”

Así lo advirtió la FIDH. Seguidamente sostuvo que son las personas más vulnerables quienes resultan más afectadas.

Se hablan de personas que viven en situación de precariedad o pobreza extrema, mujeres, jóvenes, ancianos, los pueblos indígenas, entre otras; justamente aquellos que contribuyen menos al calentamiento global. Se ha llegado incluso a hablar de “refugiados climáticos”, personas que ya no pueden seguir viviendo en sus hogares por las consecuencias del cambio climático.
Vínculo innegable

Recientemente, con motivo de la importante fecha que es hoy, organizaciones como Cáritas Europahan dejado constancia del impacto que tiene el cambio climático en los derechos humanos; incluso ha señalado que dicho fenómeno representa un “ataque sin precedentes” contra los citados derechos.

En ese sentido, hizo un llamado a los líderes mundiales reunidos en París a poner las necesidades de los más pobres y vulnerables en el centro del acuerdo final de la COP21.

Es por esto que al igual que un sinfín de organizaciones civiles, indígenas, de trabajadores, entre otras, Cáritas Europa planteó que el acuerdo final de la cumbre sea justo y vinculante.

La COP21 o Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se inició el 30 de noviembre y culmina mañana viernes 11 de diciembre.
Día Mundial

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.

Fuente: Servindi

martes, 3 de diciembre de 2013

La FIDH denuncia aplicación de ley antiterrorista a menor mapuche.


Manifestación contra la ley antiterrorista aplicada a menores Mapuche

Servindi, 3 de diciembre, 2013.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresó su preocupación por la persistente utilización de la ley antiterrorista en juicios a menores del pueblo Mapuche en Chile.

“Aunque esto se ha vuelto más sutil para los menores. Es inaceptable que continué la discriminación hacia los Mapuche, vía la aplicación a menores mapuches de la ley antiterrorista.” explicó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

El pasado 19 de noviembre fue condenado a tres años y quince meses de cárcel el joven mapuche José Antonio Ñirripil por el ataque al fundo Brasil en septiembre de 2009.

Lo alarmante de la condena es que la prueba crucial utilizada en su contra se obtuvo a través de la ley antiterrorista, cuya aplicación está prohibida para aquellos que en el momento de delinquir fueran menores de edad.

La FIDH recuerda que la aplicación de la ley antiterrorista, aunque su aplicación sea de manera indirecta, es manifiestamente contraria a los derechos internacionales de los niños y jóvenes indígenas.

La FIDH recuerda que en el 2009, tras la investigación que se realizaba sobre el caso fundo Brasil, se aplicó la ley antiterrorista inclusive a los dos imputados menores de edad en el momento de los hechos.

El Comité de los Derechos del Niño tuvo que recordarle al Estado chileno que la aplicación de la ley antiterrorista a los menores de edad suponía una violación a la Convención de los Derechos del Niño.

Tras dicha comunicación y luego de una huelga de hambre de los menores procesados, el Gobierno realizó una reforma en 2010 que excluyó la aplicación de la ley para los menores en su artículo 3º.

Pese a ello, la Fiscalía se negó a aplicar la reforma a los menores Mapuche ya procesados bajo la ley antiterrorista so pretexto de que la misma no era clara.

Fue solo cuando el legislador intervino en 2011 y modificó el artículo 1º de la Ley Antiterrorista haciendo referencia directa a la no aplicación de la ley a las conductas ejecutadas por menores de 18 años que se dividieron las causas entre menores y mayores.

Tras la última reforma, el proceso sobre el fundo Brasil se dividió entre los mayores y menores de edad. En el proceso concernido a los Mapuche mayores de edad se prosiguió con la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Fue en el marco de dicho proceso que llegará a la etapa de juicio en las próximas semanas que el procesado Job Morales Ñirripil otorgó testimonio a la policía acogiéndose a la figura que no existe en el derecho común del artículo 4 de la Ley 18.314 Antiterrorista que permite obtener una rebaja de la condena.

El citado artículo señala: “Podrá disminuirse la pena hasta en dos grados respecto de quienes llevaren a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho incriminado, o dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos terroristas, o bien, para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos”.

Paralelamente, el juicio contra los Mapuche menores prosiguió de manera separada y aparentemente sin la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Sin embargo, a la lectura de la decisión judicial del diecinueve de noviembre de 2013, la FIDH considera que parece existir una estrategia de la Fiscalía para evadir el marco legal que establece la prohibición de aplicar la ley antiterrorista a menores de edad.

Ello debido a que la principal prueba contra José Antonio Ñirripil fue el relato de una policía acerca del interrogatorio, en el que ella participó, de Job Morales Ñirripil, donde éste habría acusado a José Antonio Ñirripil.

El interrogatorio se hizo en el contexto de la aplicación de la Ley antiterrorista, en particular del artículo 4 de esta ley. Es probablemente por esto que la Fiscalía no interrogó directamente al testigo Job Morales Ñirripil manteniéndole al margen del juicio del menor José Antonio.
Otras noticias:

Fuente: Servindi

miércoles, 1 de mayo de 2013

Bolivia: Indígenas del TIPNIS apelan al Papa para exponer sus quejas.


Foto: Los Tiempos
Fm Bolivia, 30 de abril, 2013.- Los corregidores del TIPNIS decidieron recurrir al papa Francisco y a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, para poner en evidencia la vulneración de los derechos indígenas en el país. En el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran que este emprendimiento es una acción “política”.Los originarios, que se oponen a la construcción de una vía por el medio del TIPNIS, definieron en su última reunión que acudirán ante el cardenal Terrazas, representante del Papa en Bolivia, para que realice las gestiones y coadyuve una reunión con los indígenas.
“Los corregidores han manifestado la voluntad de invitar al cardenal Julio Terrazas para que sea el interlocutor válido de nosotros ante el Papa para que considere en su agenda y pueda venir acá a Bolivia y reunirse con todos los pueblos indígenas de Latinoamérica”, declaró el dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez.
La relación entre el Gobierno del presidente Evo Morales y la jerarquía de la Iglesia Católica, desde 2006, se caracterizó por continuas tensiones mientras que en 2011, los vínculos con una fracción de indígenas de tierras altas y bajas comenzaron a resquebrajarse después de las marchas (VIII y IX) en defensa del TIPNIS.
El Ejecutivo considera que esta fracción de originarios que se opone a la construcción de una carretera por el medio del TIPNIS es usada por fuerzas políticas de la derecha y las ONG.
En la reunión de corregidores, realizada la pasada semana en Gundonovia, se acordó pedir a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que realice una visita al país y “sean testigos de los atropellos que hemos sufrido los indígenas en la posconsulta (realizada por el Gobierno) y en la intervención policíaca de la VIII Marcha”.
Una vez que se agoten estas dos acciones, los originarios podrían iniciar una marcha internacional de denuncia por la vulneración de los derechos indígenas por parte del Gobierno, que violó principios fundamentales de la consulta previa y antes de realizar este proceso inició obras (en el tramo I) para construir la carretera por el corazón de ese parque donde viven tres pueblos indígenas.
El diputado Javier Santibañez, del MAS, rechazó que el Gobierno de Evo Morales viole los derechos indígenas y cuestionó la validez de una intervención del cardenal Terrazas.
“El cardenal está en política, no es una persona en la que podemos confiar, porque a las claras es político”, añadió.
El asambleísta cuestionó las determinaciones de los corregidores del Isiboro Sécure porque, según su criterio, el Gobierno pretende implementar un plan contra la pobreza en el territorio indígena.
“Hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, y el Gobierno quiere llevar desarrollo. ¿De eso se van a quejar?, no entendemos”, insistió Santibáñez.
Asimismo, argumentó que los dirigentes del TIPNIS desde hace mucho empezaron a explotar los recursos naturales y negó que el Gobierno destruya el parque.
Defendió la realización y los resultados de la consulta en la que la mayoría de las comunidades se habría pronunciado a favor de la carretera por el TIPNIS.
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Fuente: http://www.fmbolivia.net/noticia58954-indgenas-del-tipnis-apelan-al-papa-para-exponer-sus-quejas.html

Otras noticias:


Fuente: Servindi