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martes, 3 de diciembre de 2013

La FIDH denuncia aplicación de ley antiterrorista a menor mapuche.


Manifestación contra la ley antiterrorista aplicada a menores Mapuche

Servindi, 3 de diciembre, 2013.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresó su preocupación por la persistente utilización de la ley antiterrorista en juicios a menores del pueblo Mapuche en Chile.

“Aunque esto se ha vuelto más sutil para los menores. Es inaceptable que continué la discriminación hacia los Mapuche, vía la aplicación a menores mapuches de la ley antiterrorista.” explicó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

El pasado 19 de noviembre fue condenado a tres años y quince meses de cárcel el joven mapuche José Antonio Ñirripil por el ataque al fundo Brasil en septiembre de 2009.

Lo alarmante de la condena es que la prueba crucial utilizada en su contra se obtuvo a través de la ley antiterrorista, cuya aplicación está prohibida para aquellos que en el momento de delinquir fueran menores de edad.

La FIDH recuerda que la aplicación de la ley antiterrorista, aunque su aplicación sea de manera indirecta, es manifiestamente contraria a los derechos internacionales de los niños y jóvenes indígenas.

La FIDH recuerda que en el 2009, tras la investigación que se realizaba sobre el caso fundo Brasil, se aplicó la ley antiterrorista inclusive a los dos imputados menores de edad en el momento de los hechos.

El Comité de los Derechos del Niño tuvo que recordarle al Estado chileno que la aplicación de la ley antiterrorista a los menores de edad suponía una violación a la Convención de los Derechos del Niño.

Tras dicha comunicación y luego de una huelga de hambre de los menores procesados, el Gobierno realizó una reforma en 2010 que excluyó la aplicación de la ley para los menores en su artículo 3º.

Pese a ello, la Fiscalía se negó a aplicar la reforma a los menores Mapuche ya procesados bajo la ley antiterrorista so pretexto de que la misma no era clara.

Fue solo cuando el legislador intervino en 2011 y modificó el artículo 1º de la Ley Antiterrorista haciendo referencia directa a la no aplicación de la ley a las conductas ejecutadas por menores de 18 años que se dividieron las causas entre menores y mayores.

Tras la última reforma, el proceso sobre el fundo Brasil se dividió entre los mayores y menores de edad. En el proceso concernido a los Mapuche mayores de edad se prosiguió con la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Fue en el marco de dicho proceso que llegará a la etapa de juicio en las próximas semanas que el procesado Job Morales Ñirripil otorgó testimonio a la policía acogiéndose a la figura que no existe en el derecho común del artículo 4 de la Ley 18.314 Antiterrorista que permite obtener una rebaja de la condena.

El citado artículo señala: “Podrá disminuirse la pena hasta en dos grados respecto de quienes llevaren a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho incriminado, o dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos terroristas, o bien, para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos”.

Paralelamente, el juicio contra los Mapuche menores prosiguió de manera separada y aparentemente sin la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Sin embargo, a la lectura de la decisión judicial del diecinueve de noviembre de 2013, la FIDH considera que parece existir una estrategia de la Fiscalía para evadir el marco legal que establece la prohibición de aplicar la ley antiterrorista a menores de edad.

Ello debido a que la principal prueba contra José Antonio Ñirripil fue el relato de una policía acerca del interrogatorio, en el que ella participó, de Job Morales Ñirripil, donde éste habría acusado a José Antonio Ñirripil.

El interrogatorio se hizo en el contexto de la aplicación de la Ley antiterrorista, en particular del artículo 4 de esta ley. Es probablemente por esto que la Fiscalía no interrogó directamente al testigo Job Morales Ñirripil manteniéndole al margen del juicio del menor José Antonio.
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Fuente: Servindi

sábado, 5 de enero de 2013

Chile: Lamentan muerte de matrimonio Luchsinger y piden se atienda demanda mapuche.



Servindi, 4 de enero, 2012.- El atentado que acabó con la vida de una pareja de latifundistas esta madrugada en las cercanías de la comuna de Vilcún, en la Araucanía, donde desde hace años se suscitan enfrentamientos por la propiedad de la tierra, ha provocado el repudió de diversos sectores.
Pero no solo eso, el trágico hecho ha provocado también que que sectores ajenos al gobierno se pronunicen a favor de una mayor atención a las demandas del pueblo mapuche que lleva mucho tiempo reclamando el derecho que tienen sobre sus territorios ancestrales, de los cuales han sido despojados.
Los fallecidos a causa del trágico incidente fueron identificados como Werner Luchsinger de 75 años y Vivianne Mckay. Ambos cuerpos fueron hallados calcinados. Según testigos 20 encapuchados ingresaron a la casa de la pareja para prenderle fuego. Los mismos sostendrían luego un enfrentameinto con Carabineros.
Por su parte el ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que no existe evidencia que revele que detrás de estos hechos estén vinculados miembros del pueblo mapuche, sino “un grupo muy menor, muy pequeño, pero que desarrolla acciones extremistas”.
Cabe destacar, tal como informan algunos medios, que en el lugar de atentado se hallaron panfletos que aluden al quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo, joven activista mapuche muerto el 3 de enero de 2008 tras recibir disparos por la espalda de un miembro de Carabineros.
Catrileo murió en una finca cercana, que es propiedad de Jorge Luchsinger, primo del anciano fallecido hoy, cuando formaba parte justamente de una protesta por recuperación de tierras.

Piñera impone Ley Antiterrorista

Conocida la magnitud del ataque, el presidente Sebastián Piñera anunció medidas especiales para combatir el “terrorismo” en la zona, confirmó así la presentación de una querella invocando la Ley Antiterrorista por el “cruel y cobarde atentado” contra el empresario agrícola y su pareja.
Esto a pesar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazó la aplicación de esta Ley porque “tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos, vulnera principios del debido proceso”.
“Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables”, expresó el INDH en un comunicado hoy.
“Llamamos a los tribunales de justicia y a los organismos policiales a actuar con la mayor eficacia para identificar a los/as efectivos responsables de estos hechos, juzgarlos de acuerdo a las normas aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda”, señaló.

Piden atender demandas mapuches

El diputado y presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, expresó su pesar a nombre del partido aseverando que “este tipo de situaciones no contribuyen en nada para avanzar en las soluciones que requieren las comunidades indígenas, y no tiene justificación de ningún tipo”.
Sin embargo, precisó que “así como la violencia no es el camino, tampoco lo es la represión ciega e interpretaciones sobredimensionadas que llevan a una mayor confrontación”.
Teillier consideró imprescindible que el Estado, con el conjunto de la sociedad, atienda cuanto antes las demandas y los derechos del pueblo mapuche y se cumplan los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas.
En esta misma línea se expresó el INDH que insistió en que “la situación del pueblo mapuche debe ser abordada integralmente y generando las condiciones necesarias para un diálogo fecundo y un trabajo persistente entre todos los/as involucrado”.
Tras el incidente ocurrido esta madrugada fue detenido un sujeto identificado como Serafín Córdova Tránsito, de 26 años, quien ingreso herido por un impacto de bala al Hospital de Temuco. El sujeto pertenecería a la comunidad de Lleupeco.

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Fuente: Servindi

sábado, 21 de enero de 2012

Solidaridad con el pueblo mapuche.



Desde el territorio mapuche llegan cada día informaciones que hablan de atropellos que remecen conciencias en nuestro país y en el mundo. La militarización de La Araucanía ha dejado una estela de represión policial, brutales allanamientos y castigos humillantes a mujeres, hombres, ancianos y niños.
El gobierno del empresario Sebastián Piñera y en especial su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, revelan un racismo intolerable en el marco de una democracia respetuosa de los derechos humanos. Usando los incendios forestales como excusa, el gobierno se ha precipitado a acusar sin prueba alguna a las organizaciones mapuches de ser responsables de esos siniestros.
Se trata de una maniobra destinada a abusar de la Ley Antiterrorista, vergonzoso legado dictatorial con que el Estado se ensaña con hombres y mujeres que luchan por su tierra y su dignidad.
Solidarizamos con los hermanos mapuches que vuelven a ser víctimas de la represión, la persecución y el racismo del Estado chileno. Hacemos llegar nuestro afecto a cada uno de los presos mapuches perseguidos por su valerosa y justa lucha.
Exhortamos al gobierno a retirar las tropas de Carabineros que ocupan la región y que han llevado dolor y mayores sufrimientos al pueblo mapuche, víctima de la pobreza y la discriminación.

Denunciamos la política racista y genocida del Estado, cuyo comportamiento es dictado por su compromiso con las empresas forestales que han usurpado grandes extensiones de tierras ancestrales.
Invitamos a enviar mensajes de adhesión a los dirigentes mapuches recluidos en la cárcel de Angol y a expresarles su solidaridad visitándolos en prisión.
Unimos nuestra voz y nuestra solidaridad al clamor del pueblo mapuche y de todas las personas y entidades que se unen a ese clamor. Basta de genocidio amparado por calumnias rastreras y por intereses neoliberales. La lucha del pueblo mapuche es parte de la gran lucha de todos los pueblos originarios de Nuestra América. Son 500 años de resistencia, hoy más consciente, más organizada, más invencible.
PEDRO CASALDALIGA
Obispo emérito de Sao Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil.

FIRMAS
Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil.
Alfonso Baeza Donoso, sacerdote católico.
Armando Uribe Arce, poeta, Premio Nacional de Literatura 2004.
James Petras, sociólogo, EE.UU.
Alvaro Ramis, teólogo, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Juan Pablo Cárdenas, periodista, Premio Nacional de Periodismo 2005.
Darío Vásquez Salazar, secretario general del Colegio de Profesores de Chile A.G.
Cindy Orellana Donoso.
Danilo Quijano.
Miguel Caro R., profesor.
Guillermo Riedemann, poeta.
Jorge Bustos, presidente de la Confederación de Gente de Mar (Congemar).
Jorge Rozas Ramírez, ex presidente Agrupación Cultural Universitaria.
Natividad Llanquileo.
Manuel Hidalgo Valdivia, economista.
Patricia Troncoso Robles, ex-prisionera política.
Sergio Grez Toso, historiador, académico.
Patricio Véjar, coordinador Comunidad Ecuménica Martin Luther King.
Guillermo Orrego Valdebenito, presidente Corporación Memoria Prisioneros Políticos Campo de Concentración Chacabuco.
Patricio Rivera Moya, periodista.
Walter Garib, escritor.
Lenka Chelén Franulic, pintora.
Juan Jorge Faundes Merino, periodista y escritor.
Tito Tricot, sociólogo, director Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (CEALC).
Alejandro Toro, movimiento Generación 80.
Leopoldo Pulgar Ibarra, periodista.
José Palomo, dibujante, México.
Luisa Castro Nilo, académica Universidad Arcis.
Robert Austin, University of Queensland, Australia.
Hernán Rojas, Red de Apoyo de los Pueblos Indígenas- Noruega y Centro Cultural Newen.
Mauricio Feller, periodista, poeta.
Ricardo Klapp Santa Cruz, Socialismo Allendista.
Corriente Sindical Proletaria.
Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Colectivo de Trabajadores del Arte y Cultura “Todos Trabajando”.
Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) PC (AP).
Comité Chileno de Solidaridad con Palestina.
Eduardo Artés.
Pilar Tordera, España.
Werner Simon, ex preso político.
Iván Vitta Altamirano, miembro del movimiento G-80.
Paula Montenegro Dihmes, profesora de historia y Plataforma Nexos.
Paulina Acevedo Menanteau, periodista.
Dr. Julio C. Pino, profesor, Kent State University, EE.UU.
Jacques Boivin, Québec, Canadá.
Viviana Ramírez, profesora Beerwah State High School, Australia.
Dr. Haroldo Dilla Alfonso, coordinador Grupo Ciudades y Fronteras Santo Domingo, República Dominicana.
Jorge Montealegre Iturra, escritor.
Arnaldo Pérez Guerra, periodista.
Claudia Drago Camus, profesora.
Patricio Orellana Vargas, profesor.
Boris Enrique Sáez, Confederación de Trabajadores de la Educación- Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTE).
Héctor R. Oyarzún G., Bélgica.
Domingo Chávez, ex cónsul de Chile, Edmonton, Canadá.
Mónica Días Martins, profesora de la Universidad Estadual do Ceará, Brasil.
David Barkin, profesor de economía, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.
Jorge Luis Núñez Alvarado, periodista.
Bartolomé Leal, escritor.
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, Valparaíso.
Bernardo González Koppmann, poeta.
Ernesto Guajardo Oyarzo, escritor y editor.
Salvador Misleh Cardoch.
Claudio Andrés Maldonado Maldonado, Temuco.
Julio José Leite, poeta, Argentina.
Pedro Pablo Achondo Moya.
Viviana Bravo Vargas, doctora en estudios latinoamericanos, UNAM, México.
Edmundo Moure Rojas, poeta.
Nora Corvalán, docente, Lago Puelo, Argentina.
Carlos Alvarez, Argentina.
Juan Alvarez, Argentina.
María Teresa Fulgi, Argentina.
Víctor Pueyes Zúñiga, poeta.
Jorge Carrasco, profesor, escritor, Villa Regina, Argentina.
Lila Díaz Calderón, poeta.
Valentina Leal R., estudiante.
Virginia Vidal, periodista y escritora.
Alejandro Wasiliew.
Carlos Donoso Pacheco, periodista, profesor.
Sonia Klimpel.
Leonardo Maturana, profesor.
Silvia Rodríguez Bravo.
Gonzalo Taborga Molina, abogado.
Tito Alvarado, presidente honorario Proyecto Cultural SUR Internacional.
Nolberto Díaz S., director Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, consejero nacional CUT.
Víctor Hugo de la Fuente, director de la edición chilena de “Le Monde Diplomatique”.
Juan Garrido Salgado, Australia.
Marcos Roitman Rosenmann, sociólogo, profesor Universidad Complutense de Madrid.
Oscar Paillacán, España.
Ulises Urriola.
Tadeusz Gedymin Malinowski Rubio.
Rosa Emilia del Pilar Alcayaga Toro, periodista, poeta y profesora.
José-Christian Páez, escritor-periodista, Barcelona, España.
Nano Acevedo, cantor, compositor y escritor.
Gustavo Donoso.
Alvaro Ruiz, poeta.
Rossana Cárcamo Serei, escritora, enfermera, Sint Niklaas, Bélgica.
Ramón Díaz Eterovic, escritor.
Cristina Chain, escritora.
Pablo Ruiz.
Arturo Volantines Reinoso, poeta, editor.
Beatriz García Huidobro M.
Jaime Insunza B., profesor.
Carlos Zarricueta Lagos, profesor.
Susan Soto Gálvez, sicóloga.
Pablo Miranda Cortés, profesor.
Víctor Hugo Robles, periodista y activista.
Miguel Angel Meza.
Christian Formoso.
Francisco Lussich.
Ramiro Rivas, escritor.
Cristián Cruz, escritor y poeta.
Evelyn Fuentes Ortega.
Olivia Mora Campos, periodista.
Oscar Barrientos Bradasic, escritor.
Alexis Patricio Figueroa Aracena, escritor.
Mariela Matamoros.
Pedro Antonio Ormeño Mena.
Lorenzo Loncon, werkén Confederación Mapuche de Neuquén, Argentina.
Diamela Eltit, escritora.
Patricio Manns, escritor y compositor.
Pedro Lemebel, escritor.
Pavel Oyarzún, poeta.
Isabel Gómez, poeta.
Pablo Paredes, poeta y dramaturgo.
Montserrat Nicolás, periodista.
Nelson Avalos, trovador y comunicador social.
Carlos Ordenes Pincheira, poeta.
Bruno Vidal, poeta y documentalista.
Gabriel Rodríguez, poeta.
Andrés Brignardello, escritor y documentalista.
Alejandro Lavquén, escritor.
Jaime Massardo.
Guido del Valle, poeta.
Valentina Lira, fonoaudióloga.
Ursula Starke, poeta.
José Angel Cuevas, poeta.
Norma Fariña, librera.
Rosa Alcayaga, poeta.
Juan Garrido, poeta.
Paul Walder, periodista.
Flora Martínez, enfermera.
Francisca Cabieses, subdirectora de “Punto Final”.
Pedro Felipe Ramírez, Izquieda Cristiana.
Jorge Insunza Becker, miembro de la comisión política del Partido Comunista de Chile.
Rubén Andino, periodista.
Cecilia Magdalena Martínez Vidal, asistente social.
Amanda Pérez Oliva.
Christian Aedo J., escritor y editor.
Iván Caballero.
Luigi Cecchetto.
Pía Barros, escritora.
Askapena-Solidaridad Vasca con los Pueblos, Pamplona.
Sergio Requena Rueda, ingeniero civil.
Claudia Elisabet Sastre, poeta, Puerto Patriada, Argentina.
Laura Alemany.
Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, Argentina.
Osvaldo Angel, poeta, escritor.
Ricardo E. Ortiz Barría, dirigente social de Macul.
Guillermo Rivera, escritor.
Ricardo Ortiz, dirigente social.
Luis Arnez, fotógrafo.
Marcelo Arce Garín, poeta.
Max González, director MAGO Editores.
Horacio Eloy, poeta y profesor.
Carolina Schmits, poeta.
Gladys González, poeta.
Pedro Ormeño, profesor de historia.
Liliana Montenegro.
Francesca Bravo, Francia.
Cristián Vila Riquelme, escritor y doctor en filosofía por Universidad de Paris,Sorbonne.
Yasna Rojas Alchao, estudiante de trabajo social.
Erick Coñomán, FEUTEM.
Néstor Vega Salazar, animador de “Tribuna Latino Americana”, Radio Libertaire y presidente de la Asociación Tierra y Libertad para Arauco, Francia.
Lise Bouzidi, animadora de “Tribuna Latino Americana” Radio Libertaire, Francia.
Juana Gálvez Molina.
Ricardo Candia Cares, periodista.
Gastón Carrasco Aguilar, poeta.
Daniela Catrileo, poeta.
Isidro G. España, grupo Teatro Camino Real, Honduras.
Franck Gaudichaud, miembro del colectivo editorial de rebelion.org, Francia.
Mario Casasús, periodista, México.
Javier Sicilia, poeta, México.
Francesco Taboada, cineasta, México.
Anna Lisa Melandri, periodista, Italia.
Bertha Oliva de Nativi, activista DD.HH., Honduras.
Ernesto Carmona Ulloa, periodista.
Guillermo Quiroga Araneda, poeta.
Rocío Monserrat Barrientos Loaiza, estudiante sociología.
Daniella Misle Martín, actriz.
Patricio Valenzuela, dentista.
Patricio López, periodista y profesor universitario.
Rosario Carcuro Leone, profesora.
Alejandra Lastra.
Jorge Ventocilla, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”, Panamá.
Mario Amorós, historiador y periodista español.
Ximena Salomón G., diseñadora gráfica.
Roberto Carlos Palacios, director del semanario “Debate Socialista”, Caracas.
Manuel Cabieses, director de la revista “Punto Final”.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 751, 20 de enero, 2012)
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martes, 10 de enero de 2012

Movimientos sociales de Brasil rechazan proyecto de reforma al Código Penal.


Sectores de la sociedad civil brasileña temen que la inclusión del delito de terrorismo en el nuevo Código Penal de ese país signifique la criminalización de los movimientos sociales. Los cambios serán discutidos por un comité especial en el Senado.



El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, Gilson Dipp, afirmó que ese país no puede prescindir de una ley antiterrorista.

Según el funcionario, dicha necesidad se debe a que la nación sudamericana se prepara para recibir mega eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, en 2014 y las Olimpiadas, en 2016.

Por tal motivo, el Ministro defendió la creación de una legislación especial que tipifique los delitos de terrorismo y financiamiento de grupos terroristas.

Por su parte, el asesor jurídico de la organización de Derechos Humanos "Tierra de Derechos", Fernando Prioste, señaló que la creación de una ley antiterrorista puede ser utilizada para criminalizar a los movimientos sociales. 

Asimismo, destacó que la Ley de Seguridad Nacional creada durante la dictadura militar en Brasil continúa vigente. La normativa no es interpretada de la misma manera, aunque sigue siendo válida. 
 
En ese sentido, Prioste pone como ejemplo un caso relacionado con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Río Grande Do Sul.

Integrantes de este movimiento debieron responder en 2008 a acciones penales por supuestos crímenes contra la seguridad nacional, interpretados como actos terroristas.

Por último, Fernando Prioste manifestó que la interpretación de la ley antiterrorista es "absolutamente abierta". Además, manifestó que las decisiones que contempla esa norma de crear leyes más represivas provienen de grupos con intenciones "mediáticas".

Para eludir las controversias del nuevo Código Penal, la Comisión especial del Senado incluyó en el proyecto algunas salvedades. Una de ellas señala que no pueden ser calificadas como terroristas aquellas personas movilizadas por fines sociales. (PÚLSAR)

lc/ea
10/01/2012

Chile: Declaración pública por aplicación de ley antiterrorista en casos de incendios forestales.



Servindi, 9 enero, 2012.- Un conjunto de instituciones sociales expresó su preocupación por el carácter represivo de las primeras medidas del gobierno frente a los incendios forestales y que pretende incriminar al pueblo mapuche.
Primero propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista.
La declaración sostiene que esa actitud además de ser discriminatoria “le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso”.
El comunicado fue suscrito por la Asociación Chilena de organismos no gubernamentales, la ACCIÓN A.G. y el Observatorio Ciudadano.

Acusaciones del gobierno y apelación a ley antiterrorista anticipan nueva etapa de criminalización del pueblo mapuche

Declaración de la Asociación Chilena de organismos no gubernamentales, ACCIÓN A.G. y el Observatorio Ciudadano.
Desde hace algunos días, la ciudadanía ha apreciado con impotencia la ocurrencia de numerosos incendios forestales que han afectado patrimonio natural de todos los chilenos, tal como el ocurrido en Torres del Paine, o bien de monocultivos forestales de compañías privadas que ocupan grandes extensiones de territorio en las regiones del sur, como los acontecidos en comunas de la regiones del Bio Bio y La Araucanía.
Junto a ello, nos hemos informado del incendio declarado en el Fundo La Piedra de Forestal Mininco, en la comuna de Carahue, el que lamentablemente ha cobrado la vida de siete brigadistas forestales que luchaban contra las llamas.
Dado el impacto que estos incendios han tenido en la opinión pública, consideramos que ellos ameritan un análisis desde una perspectiva ciudadana, así como la precisión de algunos hechos.
1.- Nos preocupa primeramente la situación de los incendios ocurridos en la Región de la Araucanía, por las vidas que ha cobrado, y por las imputaciones que la empresa afectada y el gobierno han hecho sobre la participación en su generación de personas u organizaciones mapuche. Las versiones de la empresa forestal, que dice haber identificado el día jueves 50 focos simultáneos en el origen de este incendio, lo que probaría su intencionalidad, contrastan con las del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sáb ado anterior en el fundo Los Laureles, deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el Fundo La Piedra, lugar de la tragedia.
2.- En este contexto de informaciones todavía imprecisas y sin que se conozca el resultado de los peritajes correspondientes, el Presidente de la República en forma enérgica expresa que para el gobierno existe “intencionalidad criminal” y que se invocará la ley antiterrorista para investigar estos hechos. En tanto, el Ministro del Interior y el Intendente de la Región de la Araucanía han relacionado los incendios forestales con los atentados incendiarios que han afectado en los últimos días a particulares de la Región y que medios de prensa han atribuido a activistas de la causa mapuche, en particular a la Coordinadora Arauco Malleco. El gobierno para nada se hace cargo de los datos aportados por autoridades locales y trabajadores forestale s, que evidencian una negligencia de parte de la propia empresa forestal y sobre todo de lentitud de los organismos públicos encargados de prevenir y alertar sobre estos incendios.
3.- Nadie duda de la necesidad de realizar una investigación seria y acuciosa tendiente a establecer la verdad de los hechos y sancionar las responsabilidades que pudiera haber tras ellos. No obstante, resulta preocupante que el Gobierno haya decidido presentar una querella criminal contra los presuntos responsables invocando la ley antiterrorista, cuyas implicancias lejos de colaborar con una investigación, desvía la atención sobre otros temas relevantes que estos incendios han dejado de manifiesto.
En primer lugar la invocación de ley antiterrorista dirige la mirada hacia el pueblo mapuche como un presunto responsable de estos incendios. Aunque el Ministro Chadwik precisó que no hay que hacer esta vinculación, en la práctica el uso arbitrario y discriminatorio de esta legislación en la última década ha generado un estigma sobre este pueblo. Esto es grave ya que el vínculo que el Gobierno ha hecho entre la “intencionalidad criminal” del siniestro con las demandas mapuche, puede redundar en una nueva fase de criminalización de la protesta social de este pueblo.
Además, la ley antiterrorista tiene aún un debate pendiente en nuestra sociedad, ya que no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías mínimas de un debido proceso. Afortunadamente el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, llamó a tener prudencia y manifestó que luego de las indagatorias se determinará qué figura legal es la más adecuada.
Las palabras del Presidente Piñera invocando esta ley son irresponsables, y debiera llamar la atención que su fuente de información sean las propias empresas forestales y el delirio de un Ministro del Interior que ve enemigos y problemas de seguridad pública en cada hecho que ocurre en el país, más aún si estos ocurren en territorios que demandan comunidades mapuches. No hay que dejar de recordar que la primera vez que un Presidente de la República invocó la ley antiterrorista hace una década, fue justamente para proteger los intereses de las compañías forestales y se inició una fuerte represión en contra del pueblo mapuche.
4.- Estos lamentables hechos hacen más relevante volver a generar un debate sobre el modelo forestal de plantaciones de monocultivo que hoy impera en el centro sur de Chile. Cabe señalar que sólo Arauco y Mininco (CMPC), las dos empresas afectadas por los incendios ocurridos en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucaliptus.
A pesar de la evidencia que existe de los impactos ambientales que estas plantaciones provocan -entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad-, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población, éstas han seguido adelante. Las actividades de estas empresas han sido además cuestionadas por sus impactos ambientales y la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores, y sus plantaciones se expanden sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas. Una impuesta relación vecinal cuyos resultados vimos en el Valle del Itata, con casas consumidas por las llamas que dejó cientos de víctimas.
Se trata de una política irresponsable que por largo tiempo ha sido no solo promovida por el estado, sino además financiada a través de subsidios, política que ha permitido que estas empresas obtengan grandes utilidades. Así, solo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de 1.300 millones de dólares.
5.- Por último, en relación a la devastación por las llamas de más de 15 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, queremos llamar la atención sobre la situación de abandono en que se encuentran las áreas protegidas del estado. La insuficiencia de los recursos asignados por el estado a CONAF para la administración de estas áreas y enfrentar los siniestros que en ellos puedan ocurrir ha sido reconocida por todos los actores, incluyendo los funcionarios de esta entidad. No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado días atrás.
Vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición de dicho servicio al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones. De aprobarse esta legislación en sus actuales términos, el estado seguirá evadiendo su responsabilidad en el cuidado de bienes comunes que constituyen el patrimonio ambiental de todos los chilenos, como el Parque Torres del Paine.
6.- Ante hechos tan impactantes y que conmocionan a la comunidad, lo que se espera es que las autoridades actúen con más seriedad. El gobierno como una primera medida por los hechos ocurridos en las Torres del Paine propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista. Lo que además de discriminatorio, le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso.
Llamamos al gobierno a tener más responsabilidad ante estos siniestros, desarrollando políticas públicas coherentes, que permitan evitarlos y prevenirlos a futuro. Instamos a la justicia a desarrollar las investigaciones que correspondan y a determinar los hechos ocurridos, y en el evento que existan responsabilidades penales, hacerlas efectivas.
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Fuente: Publicado el 6 de enero de 2012 en el sitio web de IWGIA

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Fuente: Servindi

sábado, 7 de enero de 2012

Chile: Piñera culpa a mapuches de incendios forestales para aplicar Ley Antiterrorista.



Servindi, 7 de enero, 2012.- Las ligerezas en las “conjeturas” del gobierno del presidente Salvador Piñera contra la Coordinadora Arauco Mapuche (CAM) por el incendio forestal en Carahue tienen la intención de aplicar la Ley Antiterrorista antes de terminar la investigación judicial.
Según sus propias palabras, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuenta con antecedentes necesarios que le permite “conjeturar” que los incendios forestales en La Araucanía, Maule y Bío-Bío, fueron provocados por personas, en el caso de La Araucanía por miembros de la CAM.
Varios colectivos mapuches rechazaron las acusaciones de Piñera y su ministro, y las calificaron de irrespetuosas para su pueblo.
“Perturban la atención acerca de las verdaderas causas de estos siniestros en lugares que se han plagado de plantaciones forestales exóticas de pino y eucaliptos y que buscan encubrir verdaderas responsabilidades”, señala un comunicado suscrito por Mapuexpress y el Grupo de Trabajo por derechos colectivos.
Los incendios forestales, que ocasionaron la muerte de siete brigadistas y un lugareño, se produjeron en parte del territorio ancestral mapuche de Wallmapu.
El comandante de bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, se desmarcó de la hipótesis terrorista del gobierno al señalar queel siniestro se produjo debido a que un grupo de personas estaría haciendo carbón en el sector. Es lo que manejamos nosotros”, acotó.
Asimismo, una lluvia de críticas de diversos sectores de la sociedad cayeron sobre el gobierno chileno por estas acusaciones extravagantes que buscan aplicar la Ley Antiterrorista y por la irresponsabilidad del Estado para prevenir y enfrentar la crisis.
Colectivos mapuches informaron que antes de los incendios forestales, miles de hectáreas de plantaciones forestales de pino en el centro sur de Chile se encontraban desvastadas por una plaga descontrolada de una especie denominada avispa taladrora “forestal Sirex noctilio”, que ha afectado sus intereses en comercio y exportación, y que puede ser corroborado en el Servicio Agrícola y Ganadero “SAG”.
Pidieron que estos hechos, en caso de no existir colusión, sean investigados por las empresas aseguradoras por siniestros de incendio. “Esperamos que los órganos pertinentes de fiscalización y justicia que por años se han dedicado a la persecución y criminalización de personas mapuches, esta vez, hagan su trabajo e investiguen al interior de las mismas empresas forestales”, dijeron.
Los mapuches instaron a las empresas forestales a dejar sus territorios y a buscar en conjunto con el Estado chileno la devolución a las comunidades mapuches, y exigieron una reparación y el restablecimiento de los ecosistemas naturales originales que fueron intervenidos y debilitados hace unas décadas.


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Fuente: Servindi