Consenso global contra el retiro de EE.UU. del Acuerdo de París.

Presidentes de Europa y América han expresado su rechazo al anunció que hace más de una semana realizó el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Canadá, Alemania, Francia y múltiples naciones latinoamericanas alzan su voz de descontento.

Por José Díaz

Servindi, 9 de junio, 2017.- La decisión de Donald Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París ha generado una reacción en cadena de rechazo. No solo entre los líderes de opinión de su país, sino también entre las principales figuras políticas del mundo. 

Sin referir directamente al mandatario estadounidenses, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, se pronunció reafirmando el respaldo de su país al principal pacto de lucha contra el cambio climático.

No podemos alejarnos de las realidad sobre el cambio climático y no abandonaremos un acuerdo global que tiene una oportunidad real de combatirlo, señaló Trudeau. 

Esto se suma a las palabras del ex presidente norteamericano, Barack Obama, quien propició los compromisos asumidos por Estados Unidos en el Acuerdo de París y quien además promovió una serie de leyes al interior de su país en busca del desarrollo de las energías renovables.

Los países que permanecen en el Acuerdo de París serán los que cosecharán los beneficios, con nuevos puestos de trabajo por las industrias creadas, dijo Obama en su momento. 

Pero estos no han sido los únicos mandatarios que rechazaran la medida adoptada por Trump, pues a ellos se sumó el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller de Alemania, Angela Merkel.

Latinoamérica se pronuncia

Uno de los primeros países latinoamericanos en pronunciarse en contra de la decisión adoptada por Estados Unidos fue el Perú. Como se recuerda, en este país se redactó el borrador del Acuerdo de París en el marco de la COP20 celebrada en Lima en 2014.

El Gobierno del Perú recibe con preocupación y decepción el anuncio efectuado en la fecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático, expresó el Estado peruano. 

Por su parte, Argentina también hizo pública su preocupación por intermedio de un pronunciamiento oficial en el que cuestionaban la decisión de Donald Trump en términos de solidaridad y cooperación.

“El Gobierno argentino lamenta profundamente la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de Paris. Dicha decisión tiene impacto no solamente en la efectividad de dicho Acuerdo como instrumento de respuesta a la amenaza global del cambio climático sino también en el espíritu de solidaridad y cooperación”, suscribió el pronunciamiento argentino.

Pero no solo Perú y Argentina han alzado la voz. Así como estos, Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay, naciones que ratificaron su compromiso con las metas del Acuerdo de París manifestaron su descontento.

Fuente: Servindi

“Las transnacionales no pueden ser gobierno”

Proceso de la Philip Morris contra Uruguay

· Primera decisión del tribunal en el segundo semestre 2013

· “La causa es un ataque contra la OMS”

· “La salud pública debe prevalecer a los intereses económicos”

Por Sergio Ferrari*, Berna, Suiza

La causa abierta hace ya tres años por la empresa de tabaco Philip Morris contra la República de Uruguay constituye para la organización Redes/Amigos de la Tierra de ese país sudamericano, “un ataque frontal contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su convenio marco antitabaco”. La multinacional con sede administrativa en Lausana, Suiza, “debería privilegiar el marco multilateral de la OMS en vez de fundamentar su causa en los acuerdos bilaterales entre Uruguay y la Confederación Helvética. Debería priorizar el interés de la salud pública al de las inversiones privadas”, argumenta el sociólogo Alberto Villarreal, responsable del Programa de Comercio e Inversiones de esa organización no gubernamental uruguaya. Durante el segundo semestre de junio, el tribunal arbitral podría pronunciarse sobre la pertinencia o no de la causa.

La Philip Morris Internacional (PMI) entabló un proceso contra el Estado uruguayo en 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por entender que Uruguay viola clausulas del acuerdo bilateral de inversiones firmado entre Suiza y Uruguay. La empresa, por su parte, entiende que ese órgano del Banco Mundial es el adecuado y que el mismo tiene la jurisdicción para tratar el caso.

En febrero de este año se realizó en París la primera audiencia entre los representantes de la empresa tabacalera y del Gobierno uruguayo. La multinacional exige una indemnización de 2 mil millones de dólares en compensación por lo que considera han sido pérdidas en la comercialización de cigarrillos en el país sudamericano a partir de la implementación de un severo programa oficial de lucha contra el tabaquismo lanzado en mayo del 2005.

Principal impulsor, el entonces presidente uruguayo y oncólogo Tabaré Vázquez -2005 al 2010-, quien enmarcó su programa de salud público en las líneas recomendadas por el convenio internacional marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigencia en febrero del 2005, y al cual adhirió el Estado sudamericano.

“Proceso a escondidas”

La causa abierta en el CIADI está enmarcada en un secretismo total, “lo que es muy preocupante e inaceptable” para las organizaciones de la sociedad civil uruguaya, enfatiza el sociólogo Alberto Villarreal durante una visita a Berna en marzo pasado.

Durante todo este tiempo ha sido prácticamente imposible conocer los argumentos del Estado uruguayo y de la empresa suiza. “Y la audiencia que se realizó en febrero no ha sido pública”, subraya. El proceso se encuentra todavía en una fase preliminar. Las partes confrontadas esperan que el CIADI se exprese, en primer lugar, si tiene o no jurisdicción para pronunciarse en este litigio.

“Somos de la opinión que éste es el caso”, había expresado Anne Edwards, portavoz de la Philip Morris Internacional luego de la audiencia de París. Subrayando que la empresa espera una decisión en el segundo semestre del año en curso.

Alberto Villarreal adelanta su opinión contrastada, enumerando tres de los argumentos que defiende Uruguay. “En el convenio bilateral de inversiones vigente entre Suiza y Uruguay, el artículo segundo exceptúa a las políticas de salud de la protección de los inversionistas”, afirma el portavoz de Redes/Amigos de la Tierra.

Por otra parte, “antes de recurrir al CIADI debería haber existido un plazo previo de 18 meses –periodo que incluye un intento de resolución a la amigable-, que no ha sido respetado por la tabacalera”.

Además, “la PMI no puede hacer prevalecer en cuanto al tema de la resolución de litigios, otros tratados bilaterales firmados por Uruguay en el cual se aceptan mayores concesiones a las empresas”, explica Villarreal.

Revisar los acuerdos bilaterales

Para la sociedad civil uruguaya, “este proceso en marcha es dramático e inmoral”, enfatiza el coordinador de Redes/Amigos de la Tierra. Ya que “nos parece un desacierto total que los tratados bilaterales de inversiones le confieran tantos derechos y poder a las empresas, como por ejemplo de demandar a los Estados en tribunales de derecho privado como si se tratara de dos comerciantes que dirimen una disputa”.

Redes/Hermanos de la Tierra proponen una revisión del tratado bilateral Suiza-Uruguay, “ya que denigra al Gobierno a la calidad de negociante o, aún más, eleva a las empresas y les otorga calidad de Gobierno”.

Villarreal recuerda también la comprometida voluntad política del ex presidente Tabaré Vázquez para disputarse con la multinacional helvética. “Cuando dejó la presidencia, el nuevo Gobierno del mismo Frente Amplio (FA) insinuó la posibilidad de una negociación…Y fue Tabaré quien denunció esta visión, creó una crisis interna de magnitud en el FA, y obligó a que se aceptara el litigio con la tabacalera, convencido de los bien fundados derechos uruguayos”. En 2011, en declaraciones a este corresponsal, Tabaré Vázquez argumentó que la lucha contra el tabaco y la confrontación con la tabacalera son resultado “del ejercicio de la soberanía nacional uruguaya” y expresan la obligación constitucional de sus gobernantes de proteger la salud de la población.

“La trasnacional suiza al procesar a Uruguay quiere demostrar que puede sancionar a cualquier Estado que se oponga a su poder ilimitado… Se trata de amenazas y escarmiento. Busca crear un precedente político y jurídico contra las naciones que promueven con coherencia la lucha contra el tabaquismo”, enfatiza Villarreal.

Sin embargo, enfatiza, “tendría que tener mayor rango el acuerdo multilateral sobre la salud pública que el bilateral de inversiones. Sea desde el ángulo que se lo mire. Si se trata de hacer prevalecer la salud o las inversiones, la primera es determinante. Si se analiza la importancia de un marco de referencia, lo multilateral es superior a lo bilateral”.

La situación internacional no es “totalmente favorable para la empresa”, concluye el responsable de Redes/Amigos de la Tierra. Ya hay naciones latinoamericanas como Bolivia, Ecuador y Venezuela que se retiraron el CIADI/Banco Mundial. Sudáfrica anticipó que no firmará más acuerdos bilaterales. Y otras naciones como Australia, también rechazan la imposición de los inversionistas sobre los Estados.

*Sergio Ferrari en colaboración con el *Bulletin Suisse du Cancer*

Fuente: Apia Virtual

imagen

Francia salva de la austeridad a la escuela y recluta 60.000 profesores.

Hollande hace de la educación la bandera de su mandato. Refuerza la primaria y la formación de los docentes, amplia el horario y hace evaluable ‘Ciudadanía’

MIGUEL MORA - Paris 23 ENE 2013 - 23:00 CET

François Hollande ha dicho muchas veces que las grandes prioridades políticas de su presidencia son los jóvenes y la educación. Las pruebas empiezan a llegar. El Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó el proyecto de ley para la Refundación de la Escuela Republicana, que trata de frenar el deterioro sufrido por la educación pública tras una década de Gobiernos de corte neoliberal que redujeron el número de profesores y de horas lectivas para favorecer a la enseñanza privada.

La reforma, que ha sido acordada con padres y profesores por el ministro de Educación, Vincent Peillon, aportará al sistema público 60.000 profesores y funcionarios en cinco años (54.000 en la escuela y 6.000 en la enseñanza superior y agrícola). La medida trata de compensar la pérdida de 80.000 puestos sufrida durante el quinquenio de Nicolas Sarkozy, cuando el Ejecutivo aplicaba a rajatabla la norma de sustituir a uno de cada dos jubilados.

En realidad, la estimación oficial afirma que cifra total de incorporaciones nuevas al sistema educativo público alcanzará las 150.000 personas, ya que los profesores que cubrirán a los docentes que accedan a la pensión trabajarán a tiempo parcial los dos primeros años.

Hollande se ha comprometido a reducir en 60.000 millones de euros el gasto público en cinco años, pero ha puesto a la escuela pública a salvo del austericidio. La inversión en Educación para 2013, que supera los 62.000 millones, es la única partida estatal, junto a la de Interior, que crece respecto a 2012.

El ministro Peillon recordó que, por cada profesor nuevo, la Administración “perderá un funcionario”, pero el coste de la reforma aún no se conoce. Un portavoz del ministerio dijo a este diario que la memoria económica no está terminada, aunque se prevé que distribuirá los recursos de forma distinta para privilegiar a la primaria y la infantil, que son “las grandes prioridades”.

Hollande ha puesto a la escuela pública a salvo del austericidio

Con un gasto público en educación por alumno algo superior a la media europea en 2009 (pero algo por debaje en las etapas de infantil y primaria), los organismos que miden la calidad de la enseñanza, como la OCDE, cada vez colocan a Francia más abajo, y recuerdan que el problema básico es una organización del tiempo pésima, sobre todo en primaria: seis horas diarias, repartidas desde 2008 en cuatro días a la semana, lo que suma 144 días de clase al año frente a los 180/200 días de países similares.

Pese al consenso en el diagnóstico, y aunque la reforma solo plantea recuperar 45 minutos semanales volviendo a dar media jornada de clase los miércoles, los sindicatos de profesores han recibido la futura ley con dos días de huelgas masivamente seguidas. Alegan que no piensan trabajar más sin cobrar, y revindican un privilegio que según Le Monde procede de los tiempos de la monarquía de Julio: las clases de música, dibujo y gimnasia no las imparten ellos sino los profesores municipales.

La filosofía del cambio consiste, según el ministro Peillon, en “construir la escuela del futuro, una escuela justa para todos y exigente con cada uno”, y sus objetivos son “elevar el nivel de conocimientos, competencias y cultura de los alumnos, reducir las desigualdades sociales y territoriales, y disminuir las cifras de abandono escolar”. Las novedades principales del proyecto de ley, que ahora emprende su tramitación parlamentaria, son las siguientes.

Las reformas

M.M.

»Más profesores. El plan creará 21.000 plazas nuevas de profesores y maestros, 26.000 de docentes en prácticas, 1.000 que trabajarán para formar maestros, 6.000 profesores de Universidad y formación agrícola y 6.000 puestos de otros oficios: administración, médicos, asistentes sociales y consejeros. Para sustituir a los jubilados entre 2012 y 2014, 43.450 aspirantes a profesores y maestros serán reclutados en dos oposiciones. 22.100 empezarán a trabajar en septiembre y 21.350 se incorporarán un año más tarde.

»Refuerzo de infantil. Dos tercios de todas las nuevas plazas docentes, unos 14.000 serán destinados a infantil y primaria. 3.000 de ellos se ocuparán de recibir a los alumnos de cero a tres años, 4.000 trabajarán por la igualdad territorial interacadémica y 7.000 a reforzar la atención a los niños de áreas conflictivas. La idea es que haya “más maestros que clases”.

»Más formación del docente. Se crearán las Escuelas Superiores del Profesorado y la Educación: desde septiembre de 2013, un millar de profesores se ocuparán de la formación inicial y continua de los docentes nuevos.

»Refundación pedagógica. La instauración de un servicio público de enseñanza digital modificará “en profundidad” las prácticas de la enseñanza. “El contenido y la progresividad del aprendizaje” es el corazón de la reforma.

» Educación para la ciudadanía’ será evaluable. Un Consejo Superior elaborará los nuevos programas escolares. Se enriquecerá la educación artística y cultural, la asignatura de moral laica (equivalente a Educación para la Ciudadanía) será evaluable en todos los cursos, y se introducirá el estudio de un idioma extranjero desde el inicio de la primaria (seis años). El consejo revisará la duración y el número de ciclos para mejorar la transición de la escuela primaria a la secundaria, y habilitará nuevos dispositivos de ayuda para los alumnos con dificultades.

»Nuevos horarios. Se suma media jornada los miércoles por la mañana a la semana de 4 días, y se reduce la actual jornada —de seis horas— en 45 minutos. Se añade tiempo “extraescolar”, que organizarán los Ayuntamientos con proyectos educativos, culturales o deportivos. Un fondo estatal financiará su puesta en marcha.

Fuente: sociedad.elpais.com