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lunes, 5 de agosto de 2013

La urgente relación entre ecología y política.


Rómulo Pardo Silva

Un error común es considerar que se puede orientar la marcha de la civilización con gobiernos sordos a las ciencias o conocimientos desvinculados de la política.

La ciencia debe dar los datos de la realidad pasada, presente… y futura del planeta. La política a partir de esos conocimientos crear un proyecto general, convencer, organizar y ejecutar. 

Un elemento a tener presente por los actores de ambos sectores es la situación ideológica y de poder imperante en cada momento de la sociedad junto a la necesidad paralela de modificarlas.
Ni eludir la fuerza de la realidad, ni someterse a ella.

Es un tema central porque no es suficiente saber y estar en la razón sin fuerza social organizada para llevar a la práctica lo necesario. Y no basta con gobernar apartando datos objetivos opuestos a las demandas corrientes del presente.
El hoy y el mañana son dos formas de presente y dependen de la ecuación entre los hechos visibles y previsibles.

Este problema tensa la relación de los ecologistas y el gobierno de Ecuador. En palabras de Rafael Correa:
“Esas posiciones extremas, no a la minería, no al petróleo… sacan 3% de votos… para tratar de desestabilizar al gobierno los medios de comunicación dan amplia cabida a estos grupos extremos que no representan a nadie, y usted sabe cuánto le interesan a los medios capitalistas y mercantilistas los indígenas.
La única oportunidad que tiene América Latina para desarrollarse soberanamente sin tener que someterse a la explotación a la que se sometieron ciertos países del sudeste asiático, explotación laboral, de sus recursos, etcétera, es gracias a sus recursos naturales no renovables y la ingenuidad y responsabilidad de cierta izquierda pretende que abandonemos esa oportunidad. Es un suicidio”. [Entrevista de Telesur].

Es cierto lo que advierten para hoy o a futuro los ecologistas y también lo es el poco interés mayoritario por asumir medidas que significan cambiar de estilo de consumo real o deseado en que se basan los políticos.
Lo importante es reconocer que muchos ambientalistas proponen medidas a contracorriente y que los políticos casi nunca miran y actúan según el mundo que viene, en crisis de recursos, clima, y su resultado de preparación de guerras.

La solución es forzar sin descanso el debate de ambos lados, difundir información, presentar propuestas. Aceptar que la fuerza para decidir depende de tener una mayoría democrática que se debe ir formando.

El hecho es que habrá que llevar una vida de consumo racional para ser sustentable y que su concreción global depende de la planificación de los gobiernos.

Hay que presionar, no combatir, para impulsar un proceso porque es una invitación desde los menos a los más que tardará tiempo en ser aceptada. El diálogo principal es con la sociedad no con los gobernantes.

Es factible para la humanidad explotar los recursos no renovables como dice Correa como también establecer el orden del buen vivir. La diferencia está en qué adhesión tienen ambas civilizaciones en la actualidad.

Ir en defensa de la naturaleza amenazada es vital. Tratar de imponerla no es viable. Intentar negar la crisis sistémica es avanzar a un abismo.

Es tiempo de ir a la base y explicar dentro de la realidad desfavorable actual.

Como dice Correa, ¿alguien imagina a los venezolanos votando por la no explotación del petróleo?
Como sabe la ciencia, ¿alguien piensa que los recursos de la Tierra son infinitos?

Fuente: ApiaVirtual

sábado, 2 de abril de 2011

Ecuador: Denuncian a presidente Rafael Correa por genocidio a pueblos aislados.


1 de abril, 2011.- La Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó una denuncia en contra del presidente de la República y otros funcionarios por actos de genocidio a los pueblos aislados Tagaeri, Taromenawe, Oñamenane, Iwene y otros de la nacionalidad waorani.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación los acusa de haber promovido actos gubernamentales para la explotación petrolera en territorios ancestrales de estos pueblos que ha devenido en un proceso de desaparición cultural y física, que configuraría el delito de etnocidio o genodicio.

La acusación está suscrita por los dirigentes Marlon Santi (presidente de Conaie), Delfín Tenesaca (presidente de Ecuarunari), Tito Puenchir (presidente de Confenaie), Olindo Nastacuaz (presidente de Conaice) y Rafael Antuni Catani, (Coordinador Nacional del Movimiento Pachacuti).

También firman los asambleístas Clever Jiménez, Magali Orellana y Gerónimo Yantalema.

Los Waorani

La nacionalidad indígena waorani habita desde hace siglos el territorio comprendido entre los ríos Napo y Curaray, en la frontera de Ecuador y Perú.

Desde 1956 una parte de esta nacionalidad ha sido progresivamente integrada a la sociedad nacional, pero los pueblos Tagaeri, Taromenane, Oñamenane, Iwene y otros se han negado sistemáticamente a entrar en contacto con el resto de la sociedad.

Por este motivo, miembros de estos grupos han atacado con sus lanzas a los invasores de sus tierras.

Los waorani deben afrontar la invasión de sus lugares de caza o recolección de frutos y productos del bosque, la colonización de sus tierras, problemas de salud, problemas ambientales, que genera una interrupción de la economía de subsistencia y ruptura de la sostenibilidad social.

Para los Tagaeri, Taromenane, Oñamenani, Iwene, y otros pueblos libres no contactados, los problemas por la actividad petrolera es aún mayor, pues al tratarse de pueblos que rehúyen a cualquier contacto con otros grupos, van cada vez perdiendo las opciones territoriales para desarrollar su cultura.

Los denunciados

Los acusados son el presidente Rafael Correa Delgado, Alexis Mera, asesor jurídico de la presidencia de la República, Vinicio Alvarado Espinel, secretario de la Administración Pública, Marcela Aguinaga Vallejo, ministra del Ambiente, Wilson Pastor Morris, ministro de Recursos Naturales no renovables, Galo Chiriboga Zambrano, ex ministro de Minas y Petróleos y actual embajador en España, entre otros.

Derecho constitucional

Según los denunciantes, el gobierno ecuatoriano en pleno ha incumplido el artículo 57 de la Constitución que señala:

“Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.”

Asimismo, en concordancia con la norma constitucional, el Código Penal establece que “quien, con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será sancionado:

1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.
2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.
3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.
4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos.
5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

En el caso denunciado, aunque no ha habido la intención inicial de causar un etnocidio por parte de los funcionarios denunciados, sin embargo el conocimiento cabal de que con sus decisiones administrativas podían incurrir en dicho delito los convertiría en responsables por acción y/o por omisión.

Ver la demanda completa en: http://www.conaie.org/images/stories/demanda.pdf

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Fuente: SERVINDI
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