Por Darío Aranda
Wichís, pilagás y criollos de Formosa resisten el avance del agronegocios y enfrentan los atropellos de un gobierno feudal. Crónica desde un territorio de pesares, pero también de luchas.
El hombre recita extractos del himno en voz alta, casi a los gritos. “Libertad, libertad, libertad…”. De inmediato intercala estrofas. “…A la noble igualdad…”. Y remata con énfasis: “Para nosotros no hay libertad, y muchos menos hay igualdad”. Es el cierre de la asamblea de la Interwichi, espacio de coordinación de ocho comunidades indígenas, en Las Lomitas, Formosa. Y el discurso brota de Francisco López, 80 años, dirigente wichi, pastor de la Iglesia Anglicana y encargado ocasional de desnudar los sarcasmos de la argentinidad.
Las Lomitas está ubicada en el centro de la provincia, sobre la ruta nacional 81, a cuatro horas de la capital provincial. Fundada en 1914, doce mil habitantes, es la bisagra entre el oeste del chaco salteño, referenciado en los productores ganaderos, y el este del Pueblo Guaraní por su vinculación a Paraguay, Misiones y Corrientes. De ambos lados, los pueblos originarios wichi, pilagá, nivaclé y qom.
Apretaditos y arrinconados
A menos de diez cuadras del centro de Lomitas, calles de tierra complicadas, la camioneta avanza a paso de hombre, se hamaca, caminos más hostiles que en el rally Dakar. Barrio periurbano, comunidad Lote 47, casas de barro, algunas nuevas de ladrillos y techos de chapa. Un jardín de infantes, una galería amplia y, lindero, un salón, el espacio de reunión.
Una decena de hombres reciben de pie. Saludos de rigor y una sillas que aparecen y se reparten para dar comienzo a la ronda de presentación. Avelino Rodríguez, camisa celeste a cuadros, pantalón azul, 45 años, gorro de visera. “Algunos dicen que estamos bien, que no nos falta nada. Mire a su alrededor y usted verá. Por eso salimos a reclamar”, aclara como bienvenida.
No es casual su primera intervención. El gobernador Gildo Insfrán (vicegobernador entre 1987 y 1994, gobernador desde 1995 hasta la actualidad, 25 años en el poder), suele resaltar que Formosa fue la primera provincia en sancionar una ley de reconocimiento a las comunidades indígenas y afirma que el 99 por ciento de las comunidad tiene título comunitario.
“La ley dice que los pueblos indígenas debemos tener tierras ‘aptas y suficientes’”, explica Rodríguez. Hace un silencio. Y remata: “Acá somos 60 familias en diez hectáreas. ¿Aptas y suficientes?”. Recuerda que incluso el cementerio de la comunidad quedó en parcelas que alambró un empresario.
Mariano López tiene 36 años, camisa roja, jean, 1,70 de alta, fornido, y le cuesta vencer la timidez. Es de los jóvenes dirigentes, le piden que hable, y anima. “Es que acá hay señores de mucha plata que se quedan con nuestra tierras. Hoy no vienen más con armas para matarnos, viene con plata grande por nuestros territorios. Nos corren, desmontan, estamos apretaditos, arrinconados. Nos van corriendo hacia el pueblo, para que ya no volvamos al monte”. Afirma que saben que las leyes están del lado del indígena, pero “no le importa a ellos”, y engloba a muchos en el “ellos”: políticos, jueces, policías, empresarios, medios de comunicación.
En la galería contigua, siete niños wichi, de prolijos guardapolvos a cuadrillé azul, formados frente a la bandera argentina. Recitan la misma oración que se repite día a día en miles de colegios. “Bandera de la Patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad (…) Sea para todos los hombres mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia”. Todos los lugares comunes que agradecen a la patria, la unidad nacional y la igualdad.
A cinco metros, los padres wichi describen la realidad y vuelven ficción cualquier entonación patriótica. Dos realidades, demasiado contaste.
Lo que sobra
La Interwichi está compuesta por ocho comunidades de la zona de Lomitas, 1400 familias. En 2009 cortaron la ruta 81 por reclamos nada extravagantes: tierras, comida, trabajo, salud, educación, viviendas. Hoy confiesan que les llevó mucho tiempo decidirse a cortar la ruta. Son un pueblo paciente, pero el vaso rebalsó. “Era mucha la necesidad. Y muchas las mentiras”, recuerda el joven dirigente wichi y recuerda que se inspiraron viendo la televisión, los piquetes en Buenos Aires.
El corte llevaba semanas, sin respuesta oficial. En mayo, cuando el frío ya golpeaba Formosa, murieron en el corte María Cristina López, 22 años, y Mario García, de 48. Las condiciones climáticas, la poca alimentación y la falta de atención primaria de salud fueron un cóctel trágico.
Las muertes motivaron la tardía respuesta oficial. Increíble. El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, no se solidarizó con los wichi ni se acercó a los familiares de los fallecidos. Todos lo contrario. Culpó a la Interwichi por las muertes y acusó a las oenegés de estar detrás del corte de ruta y ser responsables de las muertes. Todos los funcionarios provinciales siguieron esa argumentación.
Recuerdan que en esa época hubo mucha “persecución, cooptación y compra de dirigentes”. Avelino Rodríguez explica que le Interwichi no tiene cacique ni líder, que las decisiones se acuerda “entre todos”, y avisa que si un dirigente acepta “el negocio del Gobierno, pierde la confianza de la comunidad”. Mariano López complementa de inmediato: “Y pierde el derecho (a ser dirigente de la comunidad). Siempre hay personas que se compran y se venden”.
Casi dos horas de charla. El abuelo-pastor-dirigente, Francisco López, prolija camisa amarilla, habla firme y fuerte, cierra la charla con un agradecimiento a Dios.
Rodríguez vuelve a agradecer. Y pide una oración de cierre. El pastor toma la palabra. Treinta segundos, cuatro menciones “al Señor”, pide que los visitantes tengan buen regreso a sus hogares, salud para “ellos y sus familias” y, lejos de los curas católicos políticamente correctos, sorprende con la vinculación religiosa-política: “Que todos sepan que Dios es el jefe de los jefes. Y que no queremos ser esclavos de gobernadores”.
Modelo formoseño
La ruta provincial 28 podría ser la envidia de cualquier automovilista de la Capital Federal. Su estado es, sin dudas, mejor que cualquier autopista privatizada. El problema: fue pensada (y construida) con la doble función de ruta y de dique. Elevada entre 75 centímetros y cinco metros, hace de muro de contención y alteró radicalmente el funcionamiento del Bañado la Estrella, un humedal de 400 mil hectáreas y habitado por comunidades indígenas y criollos con histórica posesión.
“El Bañado tenía épocas de agua, y épocas que se retiraba. Entonces los animales se alimentaban y hasta podíamos sembrar. Ahora no es más un bañado, es un lago de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho”, denuncia la Asociación de Productores de Bañado la Estrella (Aprobae), al costado mismo de la ruta y con vista panorámica a la zona inundada.
La camioneta avanza sobre la ruta, rumbo al norte, y a cada kilómetros se realzan los contrastes. A la derecha, típico paisaje del chaco semiárido: tierra, vegetación baja, quebrachos, algarrobos y palo santo. A la izquierda, territorio inundado, plantas acuáticas y árboles muertos, de pie, ahogados por la alteración del bañado. La ruta-dique cumple su función. A la vera, aún trabajan palas mecánicas, perfeccionan unas compuertas que dejen pasar el líquido vital hacia el este provincial, antes olvidado por la Provincia, y ahora de interés para empresarios foráneos.
Ramón Verón, 57 años, hombre alto y corpulento. Anteojos de mucho aumento, chomba marrón y sombrero de ala ancha atado al mentón. Típico criollo, productor ganadero, presidente de Aprobae, mil familias perjudicadas por la alteración del humedal. Explica que las consecuencias económicas son “angustiantes”, más de 40 mil vacunos perdidos, pero más lamenta que los jóvenes ya comenzar a irse a la ciudad, forma sutil de desalojar a campesinos: provocar las condiciones para que las nuevas generaciones dejen los campos.
“Acá usted ve claramente los excedentes de la soja. Los que llegan acá son lo que tienen plata de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, metieron soja en sus campos y traen la ganadería para acá, nos quieren correr a los siempre vivimos acá. Es injusto”, sentencia.
Pablo Chianetta milita en la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), con 25 años de acompañamiento a comunidades indígenas y familias criollas, acompaña en la recorrida. “Nadie está en contra de las obras, pero claramente lo que el Gobierno impulsa es un corrimiento de poblaciones indígenas y campesinas de sus territorios para entregarlos a otros, particularmente para la ganadería intensiva. Con esta ruta inundó a quienes siempre vivieron en el lugar, y volvió atractiva otras zonas (mirá para el este), donde se podrá contar con agua, con rutas y con ‘muchas facilidades’ para desmontar y traer ganado”, explica el plan global formoseño. Chianetta no duda que Insfrán impulsa el modelo de agronegocios (desmontes, ganadería y agricultura intensiva, expulsión de población ancestral).
El reparto
El suplemento Campo de diario La Nación, el 31 de marzo pasado, explicitó la estrategia: “Plan de colonización en Formosa”, tituló, y mostró la foto de Insfrán con el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi. La noticia remarcaba que sería para hijos de productores locales, pero no se quedó ahí. “Buzzi reconoció que existen fuertes coincidencias en que en la tierra que esté disponible en la provincia, o en algunos lotes, se pueda encarar una experiencia de colonización con hijos de agricultores formoseños y dándole también oportunidades a hijos de productores que no son formoseños para que puedan venir a Formosa trabajar en el campo”, señala el artículo y cita textual a Buzzi: “Hay una decisión de la provincia, de puertas abiertas, así que para nosotros fue una reunión positiva (…) Esta es una provincia que todavía tiene tierras”, resaltó.
Margarita Parada tiene 25 años. Forma parte de Aprobae, también perjudicada por la construcción de la ruta y la alteración del Bañado la Estrella. Vive en el paraje de Gualcazar, al noroeste provincial, a 200 kilómetros de la ruta 28, pero igual sufre la alteración del Bañado la Estrella. A ellos no le inundaron el campo, sino que les sacaron el agua. Y todo es un círculo: poca agua, menos pastos, animales con hambre, bolsillos flacos.
“Me indignó verlo a (Eduardo) Buzzi con Insfrán. Meta sonrisas, dijeron que van a traer a los hijos de chacareros de la Pampa Húmeda para acá. ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a la Pampa Húmeda?”, reclama molesta.
El perfil productivo de la provincia es explícito. Está plasmado en un documento público de 250 páginas llamado “Formosa 2015”, donde se detallan las obras de infraestrucutra (como la ruta-dique) y la preponderancia del avance del modelo agropecuario. La Red Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por oenegés y técnicos de la región, explica en su “Carpeta Informativa 2012”: “El Plan Formosa 2015 aspira a elevar a 500 mil hectáreas la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte es que sólo declaró el 1 por ciento de sus bosques como área protegida (según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley Nacional de Bosques)”.
Según el último relevamiento de conflictos de la Redaf, en Formosa hay al menos 40 conflictos por tenencia de la tierra y ambientales. Afectan a 565 mil personas y 3,4 millones de hectáreas.
63 años después
La Matanza de Rincón Bomba fue en 1947, primer gobierno de Juan Domingo Perón, historia silenciada entre las represiones argentinas. El 10 de de octubre la Gendarmería Nacional avanzó a fuerza de metralla y fusiles contra el Pueblo Pilagá. La historia oficial justificó que fue un “enfrentamiento” y motivado por un malón indígena. No hubo un solo gendarme herido, pero durante décadas se mantuvo la historia militar. Y Gendarmería se apropió del territorio pilagá.
En abril de 2010, familias pilagá de tres comunidades decidieron volver a su territorio, 547 hectáreas. La Federación Pilagá, conformada por veinte comunidades –unas 3000 personas– apoya políticamente la recuperación.
El tronco del quebracho tiene un metro de alto. A la vera de la ruta y a metro de un alambrado. En un lateral tiene una placa de bronce. “En este lugar fueron asesinados los hermanos Kolymaina, Nero’n, Tengon, Sanat, Añsolé, Karona, Pocasale, Tagesena y muchos más”. Es sobre la ruta 28, a 200 metros de la entrada a Las Lomitas.
A cinco metros del recordatorio a la matanza, Gendarmería contestó con su cartel de letras blancas. “Gendarmería Nacional. Propiedad privada. Prohibido pasar”.
Las comunidades pilagá ingresaron igual. Recuperaron. Se asentaron, rechazaron los intentos de desalojos y contestaron con otro cartel de dos metros de alto y uno de ancho, tallado en algarrobo y prolijas letras blancas: “Artículo 75, inciso 17, Constitución Nacional. Se reconoce la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos originarios”.
En el territorio recuperado, en el mismo lugar donde fue la masacre de 1974, bajo unos árboles añejos, reunión de la Federación Pilagá. Saturnino Miranda es presidente de la Federación. 49 años, comunidad kilómetro 14, jean, camisa roja a cuadros pequeños, gorra con visera. “Somos un pueblos de paciencia, no cortamos rutas, tenemos mucha paciencia, desde 1492 que tenemos paciencia, pero el Estado debe escuchar, no pedimos regalos, tienen que cumplir la ley. Acá vivieron nuestros antepasados, no es de empresarios ganaderos ni de Gendarmería, es del Pueblo Pilagá”.
La palabra circula entre los referentes de las distintas comunidades. Las metodologías de lucha pueden ser distintas entre pilagas y wichi, pero la situación y los reclamos los mismos: salud, educación, apoyo en proyectos productivos, fin a los punteros políticos, basta de aprietes policiales y, claro territorio.
Un anciano, espalda doblada, muy delgado, 1,6 metros de alto, barba desprolija, movimientos lentos. Se lo observa débil. Es sobreviviente de la masacre de 1947, Pedro Palaveccino, habla mitad en idioma pilagá, mitad en español. Todos hacen silencio, pero su voz apenas se escucha. Recuerda que “hermanos” caían a su lado, sangrando, por balas. Lo habrá contado muchas veces, pero igual se lo escucha triste. E, inesperadamente, salta en el tiempo hacia el presente: “No nos perdonan porque somos los primeros de la Argentina. Hay pobreza tremenda. La tierra la tenemos que recuperar”.
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* Diario Aranda, es periodista. Investigador graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet. También es colaborador permanente de “Pagina 12” “Rebelion” “Red Voltaire” entre otros medios. Autor del libro “Argentina Originaria” Desde hace diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de Argentina documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la soja, forestación y otras.
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Fuente: Blog personal de Darío Aranda: http://darioaranda.wordpress.com/2012/06/20/tierra-de-alguien/
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