Mujer, violencia y silencio.

Guatemala un país con unos 14 millones de habitantes, poco más de la mitad mujeres, la violencia machista tiene un saldo escalofriante, donde la violencia callejera estableció desde hace ya una década que una vida no valía nada, y el machismo que la violencia de género puede asesinar casi 600 mujeres sólo el año pasado. (Periodismohumano)

Máxima García, víctima de las violaciones múltiples durante la guerra civil guatemal-teca (Javier Bauluz / Piraván)

El primer trabajo con ellas es que no piensen que es normal que abusen de ellas.En el decenio 2000-2010 más de 5.500 mujeres fueron asesinadas por violencia de género.

Virginia Tum en su casa narrando cómo su marido primero y ahora su hijo mayor la maltratan física y psicológicamente (Javier Bauluz)

Bruna Pérez, superviviente de la matanza de Río Negro, Guatemala (Javier Bauluz)

Guatemala, uno de los países con menor influencia política y, por tanto, atención del continente latinoamericano. Una falta de interés que se mantuvo durante los treinta años que una guerra civil masacró a su población, especialmente a la de origen maya. Un conflicto en el que las cifras, que son personas con nombres, apellidos, padres, madres, hijas e hijos, desbordaron proporcionalmente las dictaduras de Chile, Argentina o Uruguay.

Más de 200.000 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecías en más de 600 matanzas, más de 440 comunidades mayas exterminadas y más de medio millón de desplazados para salvar sus vidas.

“La percepción de las fuerzas armadas en torno a los mayas como aliados naturales de la guerrilla contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones a sus derechos humanos, demostrando un marcado componente racista de extrema crueldad que permitió el exterminio en masa de las comunidades mayas indefensas -incluidos niños, mujeres y ancianos- a través de métodos cuya crueldad escandaliza la conciencia moral del mundo civilizado” Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la ONU.

La Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, fue muy clara en su informe ante la Comisión de DDHH de la ONU de 2001. “El hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de las violaciones y la violencia sexual, ha contribuido a crear un clima de impunidad que actualmente perpetúa la violencia contra la mujer”.

Las violaciones, las mutilaciones, la explotación sexual, las esterilizaciones a fuerza de violarlas y desgarrarlas, de provocarles abortos forzados, de feticidios -rajarles el vientre y sacar los fetos-, fueron torturas cometidas sistemáticamente por el Ejército y por los paramilitares contra estas mujeres. Mientras se lo hacían les decían por ser indígenas, “no son gente, son animales”. Muchas de estas mujeres nunca contaron estos crímenes y las que lo hicieron, o se supo en su comunidad, fueron rechazadas, despreciadas, expulsadas.

Está naturalizada la violencia contra las mujeres. Antes, durante y después del conflicto. Las mujeres han vivido en unos niveles de desigualdad descomunales con respecto al resto de la sociedad. No se reconocen como sujetos. El primer trabajo con ellas es conseguir que piensen que son seres humanos, que no es normal que abusen de ellas.

El 88% por ciento de las mujeres violadas y torturadas fueron indígenas, una cultura en la que son las mujeres las transmisoras de la cultura, de la lengua, de la forma de curar… Es decir, de su ser maya.

La violencia asedia a la mujer, sólo por ser mujer, y favorecido por ser pobre e indígena, desde su nacimiento: aunque ha descendido en los últimos años y no hay cifras de fuentes fiables, el incesto y el abuso sexual sigue afectando a muchos menores, el 80% de ellos niñas. La violencia machista ha causado la muerte de unas 5.500 mujeres en la última década -y eso sólo según el registro de la Policía-, el 80% con armas de fuego, y sólo en 2010 se interpusieron más de 46.000 denuncias por violencia de género. El 98% de los casos queda en la impunidad.

La cifra rebasa a las víctimas de Ciudad Juárez, la urbe mexicana fronteriza con Estados Unidos y conocida mundialmente por la cadena de feminicidios.

Radhika Coomaraswamy, fue muy clara en su informe ante la Comisión de DDHH de la ONU de 2001. “El hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de las violaciones y la violencia sexual, ha contribuido a crear un clima de impunidad que actualmente perpetúa la violencia contra la mujer”. El 98% de los crímenes quedan sin castigos, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

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EN POCAS PALABRAS

15-M RONDA http://www.facebook.com/15MRonda DICIEMBRE 2014 Nº3

15 años después que Rigoberta Menchú interpusiera una querrella: 80 años de prisión para el genocida Montt.

El sueño de Máxima, 80 años de cárcel para Ríos Montt

Casi 15 años han pasado desde que Rigoberta Menchú interpusiera una querella contra el dictador Efraín Ríos Montt por torturas, terrorismo y genocidio ante la Audiencia Nacional de España

Veinte años esperó Máxima García para contarle a su marido que había sido violada por una veintena de soldados durante la represión de las comunidades indígenas

Poco después, Máxima pedía ante nuestra cámara que hubiera "juicio para Ríos Montt, queremos seguir luchando". Nunca pensó que tendría lugar en Guatemala y menos que sería condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Con la voz firme pero cargada de emoción, la jueza Yassmín Barrios verbalizó lo que hasta hace apenas un par de años los supervivientes de las aldeas más masacradas durante los 30 años de guerra civil (1966-1996) todavía sólo podían recordar en la intimidad de sus hogares, todavía con el terror vertebrando su vida cotidiana, todavía teniendo que encontrarse con los asesinos y violadores de sus mujeres, padres e hijos, sin poder atesorar ni siquiera la esperanza de que alguna vez la justicia hiciera acto de presencia en aldeas y montañas de un Estado en muchas regiones fallido.

Hombres discriminados por ser indígenas, pobres y en el caso de ellas, además, por ser mujeres. Pese a ello, hace ya 15 años que muchos de ellos empezaron a tejer redes para hacer justicia con Rigoberta Menchú como su rostro más visible. En 1999, su Fundación presenta ante la Audiencia Nacional de España una querella por torturas, terrorismo y genocidiocontra el dictador Efraín Ríos Montt, dictador entre 1982 y 1983, y otros altos oficiales guatemaltecos. Amparándose en el, ahora mutilado, principio de jurisdicción universal y siguiendo el procedimiento empleado en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, miles de víctimas del genocidio guatemalteco depositaron en la justicia española la esperanza de vencer la paralizante impunidad reinante en Guatemala.

Una década después, en 2008, en medio de las verdes montañas de una de las regiones más arrasadas por el genocidio contra los indígenas, Máxima García nos atiende, tierna en su acogida, decidida en su necesidad de contar los crímenes que contra ella, su cuerpo y su familia se cometieron, entera en su generosidad de dar el testimonio que su madre nunca podrá compartir, rota para siempre desde aquella tarde en la que cuando iba a llevar la comida a su suegro, fue retenida y violada por soldados que hacían cola para turnarse en la comisión del crimen. Cuando por fin la dejaron tirada en medio del monte, se vistió, volvió al hogar familiar y no contó nada a su marido hasta veinte años después. No le explicó por qué su bebé había nacido con el cuello torcido ni por qué había muerto a los pocos días. Ni tampoco que había sido violada por los soldados como lo había sido su madre antes de que la asesinaran y la encontraran colgada por unas cuerdas del techo mientras la casa ardía. No se lo había contado a su marido hasta veinte años después, pero apenas un par de años más tarde, en 2008, estaba diciéndonoslo en voz alta, mirando directamente a la cámara, sin interrumpir su discurso aunque, a veces, una lágrima se empezara a formar y a engrosar lentamente en su párpado para deslizarse después por su mejilla.

Máxima lleva veinte años luchando para sacar adelante a sus hijos, convirtiendo ese “dolor que nunca se acaba” en resiliencia para desembocar en un “Ojalá haya juicio para Ríos Montt, ojalá sigamos adelante.. Si hay apoyo, queremos apoyo, queremos luchar para seguir atrás de él, donde está escondido…”.

Máxima, a veinte horas en coche de la capital de Guatemala, a horas a pie del pueblo más cercano, atesoraba la esperanza de que se hiciera justicia, pero a un océano de distancia, en España u otro país igual de lejano. Jamás sospechó que un día Ríos Montt sería juzgado y condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad a 80 años de prisión. Pero ayer, lo que ni Máxima imaginaba, ni muchos de los supervivientes, juristas y defensores de derechos humanos implicados en las investigaciones que hicieron posible este juicio, ocurrió. La jueza Yassmine Barrios leía una sentencia que llevaba por primera vez a prisión a un genocida latinoamericano. Un ejercicio de valentía, perseverancia y resiliencia que no sólo le costó la vida a las muchas más de 200.000 víctimas del genocidio, a los supervivientes, a las víctimas de tortura sexual, a los torturados… Sino también la vida de muchas de las personas que alzaron la voz contra estos crímenes ya después de firmados los Acuerdos de paz en 1996.

“Se destruyó parcialmente un grupo étnico”

“El Ejército perpetró masacres haciendo uso del mismo patrón de conducta lo que evidencia la existencia de una planificación previa”

“Se consideró el racismo un mecanismo para el exterminio, siendo la base del genocidio”

“Para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia”

“Se arrasaron las aldeas, se quemaron las viviendas y se mataron a las personas. Sería ilógico pensar que el jefe de facto del Estado desconociera lo que estaba pasando en el Quiché (…) No sólo ordenó su elaboración (de los planes) sino que también lo conocía y desde luego autorizó que se llevara a la práctica”

“Aquí se queda el acusado hasta que venga la Policía”

La Junta militar de Ríos Montt en 1982 (AP

Este juicio ha sido el resultado de la conjunción de una extensísima red de actores guatemaltecos e internacionales, integrada por organizaciones como la Fundación Rigoberta Menchú, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Asociación de Justicia y Reconciliación, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, Women’s Link Worldwide, elCentro de Justicia y Responsabilidad, la documentalista Paloma Yates con el material que rodó durante la guerra civil y durante la preparación de este proceso judicial, y que daría forma al documental Granito, de incalculable valor para esta sentencia; un nutrido grupo de abogados internacionales, asociaciones guatemaltecas de derechos humanos repartidas por el mundo como la Asociación de Mujeres de Guatemala… Pero sobre todo, de las decenas de miles de mujeres y hombres que frente a los que los quisieron ningunear, desacreditar, aniquilar y condenar al silencio y la impunidad, vencieron el miedo para conquistar la justicia y la esperanza.

El reo nº 19 Ríos Montt es llevado a la prisión de Matamoros (Moises Castillo AP Photo) 

Y lo celebraron cantando “Sólo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir… Vivir la vida, no morirla” frente a una jueza que no pudo contener las lágrimas tras hacer el gesto desde el estrado de abrazar a las decenas de testigos que durante dos meses han ralatado la barbarie de cómo intentaron erradicarlos de la faz de la tierra, pero que con sus abrazos y canto, siguen diciendo como Máxima García, “queremos luchar”.

Testigos en el juicio al escuchar la sentencia del juicio contra Ríos Montt (Moises Castillo / AP)

Fuente: periodismo humano