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domingo, 12 de mayo de 2013

15 años después que Rigoberta Menchú interpusiera una querrella: 80 años de prisión para el genocida Montt.


El sueño de Máxima, 80 años de cárcel para Ríos Montt


Casi 15 años han pasado desde que Rigoberta Menchú interpusiera una querella contra el dictador Efraín Ríos Montt por torturas, terrorismo y genocidio ante la Audiencia Nacional de España

Veinte años esperó Máxima García para contarle a su marido que había sido violada por una veintena de soldados durante la represión de las comunidades indígenas

Poco después, Máxima pedía ante nuestra cámara que hubiera "juicio para Ríos Montt, queremos seguir luchando". Nunca pensó que tendría lugar en Guatemala y menos que sería condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad.


Con la voz firme pero cargada de emoción, la jueza Yassmín Barrios verbalizó lo que hasta hace apenas un par de años los supervivientes de las aldeas más masacradas durante los 30 años de guerra civil (1966-1996) todavía sólo podían recordar en la intimidad de sus hogares, todavía con el terror vertebrando su vida cotidiana, todavía teniendo que encontrarse con los asesinos y violadores de sus mujeres, padres e hijos, sin poder atesorar ni siquiera la esperanza de que alguna vez la justicia hiciera acto de presencia en aldeas y montañas de un Estado en muchas regiones fallido.
Hombres discriminados por ser indígenas, pobres y en el caso de ellas, además, por ser mujeres. Pese a ello, hace ya 15 años que muchos de ellos empezaron a tejer redes para hacer justicia con Rigoberta Menchú como su rostro más visible. En 1999, su Fundación presenta ante la Audiencia Nacional de España una querella por torturas, terrorismo y genocidiocontra el dictador Efraín Ríos Montt, dictador entre 1982 y 1983, y otros altos oficiales guatemaltecos. Amparándose en el, ahora mutilado, principio de jurisdicción universal y siguiendo el procedimiento empleado en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, miles de víctimas del genocidio guatemalteco depositaron en la justicia española la esperanza de vencer la paralizante impunidad reinante en Guatemala.
Una década después, en 2008, en medio de las verdes montañas de una de las regiones más arrasadas por el genocidio contra los indígenas, Máxima García nos atiende, tierna en su acogida, decidida en su necesidad de contar los crímenes que contra ella, su cuerpo y su familia se cometieron, entera en su generosidad de dar el testimonio que su madre nunca podrá compartir, rota para siempre desde aquella tarde en la que cuando iba a llevar la comida a su suegro, fue retenida y violada por soldados que hacían cola para turnarse en la comisión del crimen. Cuando por fin la dejaron tirada en medio del monte, se vistió, volvió al hogar familiar y no contó nada a su marido hasta veinte años después. No le explicó por qué su bebé había nacido con el cuello torcido ni por qué había muerto a los pocos días. Ni tampoco que había sido violada por los soldados como lo había sido su madre antes de que la asesinaran y la encontraran colgada por unas cuerdas del techo mientras la casa ardía. No se lo había contado a su marido hasta veinte años después, pero apenas un par de años más tarde, en 2008, estaba diciéndonoslo en voz alta, mirando directamente a la cámara, sin interrumpir su discurso aunque, a veces, una lágrima se empezara a formar y a engrosar lentamente en su párpado para deslizarse después por su mejilla.
Máxima lleva veinte años luchando para sacar adelante a sus hijos, convirtiendo ese “dolor que nunca se acaba” en resiliencia para desembocar en un “Ojalá haya juicio para Ríos Montt, ojalá sigamos adelante.. Si hay apoyo, queremos apoyo, queremos luchar para seguir atrás de él, donde está escondido…”.
Máxima, a veinte horas en coche de la capital de Guatemala, a horas a pie del pueblo más cercano, atesoraba la esperanza de que se hiciera justicia, pero a un océano de distancia, en España u otro país igual de lejano. Jamás sospechó que un día Ríos Montt sería juzgado y condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad a 80 años de prisión. Pero ayer, lo que ni Máxima imaginaba, ni muchos de los supervivientes, juristas y defensores de derechos humanos implicados en las investigaciones que hicieron posible este juicio, ocurrió. La jueza Yassmine Barrios leía una sentencia que llevaba por primera vez a prisión a un genocida latinoamericano. Un ejercicio de valentía, perseverancia y resiliencia que no sólo le costó la vida a las muchas más de 200.000 víctimas del genocidio, a los supervivientes, a las víctimas de tortura sexual, a los torturados… Sino también la vida de muchas de las personas que alzaron la voz contra estos crímenes ya después de firmados los Acuerdos de paz en 1996.
“Se destruyó parcialmente un grupo étnico”
“El Ejército perpetró masacres haciendo uso del mismo patrón de conducta lo que evidencia la existencia de una planificación previa”
“Se consideró el racismo un mecanismo para el exterminio, siendo la base del genocidio”
“Para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia”
“Se arrasaron las aldeas, se quemaron las viviendas y se mataron a las personas. Sería ilógico pensar que el jefe de facto del Estado desconociera lo que estaba pasando en el Quiché (…) No sólo ordenó su elaboración (de los planes) sino que también lo conocía y desde luego autorizó que se llevara a la práctica”
“Aquí se queda el acusado hasta que venga la Policía”

La Junta militar de Ríos Montt en 1982 (AP

Este juicio ha sido el resultado de la conjunción de una extensísima red de actores guatemaltecos e internacionales, integrada por organizaciones como la Fundación Rigoberta Menchú, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Asociación de Justicia y Reconciliación, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, Women’s Link Worldwide, elCentro de Justicia y Responsabilidad, la documentalista Paloma Yates con el material que rodó durante la guerra civil y durante la preparación de este proceso judicial, y que daría forma al documental Granito, de incalculable valor para esta sentencia; un nutrido grupo de abogados internacionales, asociaciones guatemaltecas de derechos humanos repartidas por el mundo como la Asociación de Mujeres de Guatemala… Pero sobre todo, de las decenas de miles de mujeres y hombres que frente a los que los quisieron ningunear, desacreditar, aniquilar y condenar al silencio y la impunidad, vencieron el miedo para conquistar la justicia y la esperanza.



El reo nº 19 Ríos Montt es llevado a la prisión de Matamoros (Moises Castillo AP Photo) 


Y lo celebraron cantando “Sólo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir… Vivir la vida, no morirla” frente a una jueza que no pudo contener las lágrimas tras hacer el gesto desde el estrado de abrazar a las decenas de testigos que durante dos meses han ralatado la barbarie de cómo intentaron erradicarlos de la faz de la tierra, pero que con sus abrazos y canto, siguen diciendo como Máxima García, “queremos luchar”.
Testigos en el juicio al escuchar la sentencia del juicio contra Ríos Montt (Moises Castillo / AP)


Fuente: periodismo humano

miércoles, 9 de mayo de 2012

Semana sangrienta para los periodistas mexicanos.



La prensa mexicana vivió la semana más roja de todo el gobierno de Felipe Calderón. En cinco días fueron asesinados cuatro periodistas –una mujer y tres hombres– en el sudoriental estado de Veracruz, el más peligroso para ejercer el periodismo en este país. Todos fueron torturados.


08.05.2012 
IPS · Daniela Pastrana / periodismohumano

La primera fue Regina Martínez, corresponsal del semanario político Proceso, uno de los medios nacionales más importantes. ”Es una cacería”, dijo un reportero de Veracruz que pidió no publicar su nombre. “Estoy muy triste. No tengo ganas ni de salir a trabajar”.

La noticia movilizó al gremio periodístico, que nuevamente salió a las calles a exigir garantías para su labor. Lo había hecho en agosto de 2010, con una inédita y multitudinaria manifestación que, bajo el lema de “Los queremos vivos”, demandó justicia para los asesinatos de reporteros en la última década.

Esta vez fueron varias jornadas de protestas en la capital del país y en una decena de ciudades, que se iniciaron el domingo 29 de abril, un día después de que fuera localizado el cuerpo de Martínez, estrangulada en su casa.

“La vi en Veracruz hace dos semanas en un acto de campaña, platicamos… Sí pega eso: que veas a una compañera y 15 días después sea asesinada”, comentó a IPS el periodista Jenaro Villamil, colaborador de Proceso. ”La muerte de un periodista afecta a la sociedad en general, morir por publicar la información es lo peor que le puede pasar a la democracia”, agregó.

Durante el gobierno de Calderón, iniciado en diciembre de 2006, 45 periodistas fueron asesinados, casi el doble que en el mandato de su antecesor, Vicente Fox (2000-2006), los dos del conservador Partido Acción Nacional. Además, hay 14 reporteros desaparecidos, según el seguimiento de distintas organizaciones promotoras de la libertad de expresión.

En su último informe, el estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) incluyó a México en la lista de 12 países que olvidaron proteger a sus comunicadores en los últimos nueve años (2002-2011).

“Simplemente no hay protección. ¿Cuántos periodistas más van a seguir esa suerte? ¿Cuántos más y por qué?”, cuestionó Mike O’Connor, representante en México del CPJ, quien considera que ninguno de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– ha hecho lo suficiente para proteger a quienes ejercen la labor de informar.

El jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Freedom House mantuvo a México en la categoría de “país no libre”, a la que había descendido en 2011, y como uno de los más violentos de América Latina y del mundo.

En la lista de 197 países, México ocupa el lugar 139, junto a Argelia, Guinea, República Centroafricana y Honduras. Y en América Latina está en el sitio 32 de 35 países, otra vez empatado con el país centroamericano.

El jueves 3 hubo protestas en varios estados del sur que tienen serios problemas decensura y agresiones a la prensa, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Pero aún se procesaban las noticias sobre informes y marchas cuando se confirmó la identificación de los cuerpos de los fotorreporteros Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. Los dos últimos habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares en Veracruz.

Huge fue uno de los ocho periodistas que en 2011 –después de que fueron asesinadostres reporteros del diario en el que trabajaba– huyeron del estado. Según algunos medios locales, llevaba una semana de regreso a Veracruz, pero el gobierno estadual no le brindó medidas de protección.
 
Los tres cuerpos fueron localizados junto con un cuarto –el de Irasema Becerra, novia de uno de ellos–, desmembrados y en bolsas negras de plástico, en un canal del puerto de la ciudad de Veracruz, la más importante del estado homónimo.

La organización internacional Artículo 19 aseguró que las autoridades federales y estaduales sabían que los fotorreporteros recibían amenazas desde octubre de 2011.

“Ni los representantes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), ni las autoridades del estado de Veracruz tomaron medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, quienes formaban parte de un grupo aun mayor de desplazados”, dijo la organización a través de un comunicado.

La presión de los periodistas, expresada en redes sociales, obligó al gobierno y a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre los crímenes.

La oficina presidencial sostuvo en un comunicado que el mandatario había instruido al secretario (ministro) de Gobernación, Raúl Poiré, contactar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y tomar medidas de seguridad para los comunicadores. Pero el gesto resultó insuficiente. Este viernes 4, se efectuó una nueva marcha hacia la sede de la Secretaría de Gobernación, para cuestionar el interés de las autoridades en proteger lalibertad de prensa.

“El oficio de informar se ha convertido en México en una actividad de altísimo riesgo, ante la inmune ofensiva de grupos de la delincuencia organizada y de autoridades e instituciones penetradas y a veces virtualmente manejadas por esos delincuentes”, dice el comunicado que leyeron en el acto Julio Hernández, columnista del periódico La Jornada, y Jesusa Cervantes, reportera de Proceso.

Para este sábado 5, está convocada una velada en el monumento capitalino Ángel de la Independencia, en la que los periodistas movilizados definirán nuevas acciones para enfrentar la emergencia y apoyar a sus colegas de Veracruz, estado que en un año sumó ocho reporteros asesinados, uno desaparecido, un diario incendiado y dos tuiteros encarcelados.
Sobre la muerte de Martínez, su colega José Gil Olmos dijo a IPS que “Regina ya tenía temores, amenazas, ni siquiera hacía vida social. Salía del trabajo y se iba a su casa, y en su casa la asesinaron”.

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Fuente: Chacatorex