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martes, 28 de mayo de 2019

Guatemala: Guerreras mayas de la luz.



Ollantay Itzamná

Thelma Cabrera, de 49 años de edad, y Vicenta Jerónimo, de 47 años, son dos mujeres, madres y abuelas, maya mam. Defensoras autodidactas, forjadas en las luchas de las comunidades en resistencia por la nacionalización de la energía eléctrica en Guatemala. Auténticas guerreras de la luz, en un país bendecido por el sol tropical, pero sumido en una eterna tiranía de la oscuridad.

Ambas mujeres fueron y son los pilares fundamentales del movimiento social Comité del Desarrollo Campesino (CODECA), pero con un perfil mediático muy sutil.

Ahora, ambas como candidatas a la Presidencia y a Diputada, respectivamente, desde el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), disputan el poder a los ricos, en un país pensado y organizado para el gobierno de varones blancos y ricos.

Conocí a ambas defensoras en el año 2012, desde entonces, las acompañé en el sendero luminoso de las resistencias comunitarias en defensa de sus territorios, y por la recuperación de sus bienes privatizados.

Ellas, junto a cientos de comunidades organizadas en resistencia, vejadas por empresas transnacionales, desde hace más de una década gritan a voz en cuello: “La energía eléctrica es un derecho humano fundamental. No una mercancía. Nacionalizarla es nuestro deber”. Pero, en la Guatemala oficial pudo más la estridente guerra mediática contra este movimiento que los terminó desprestigiando, criminalizando, y asesinando a sus integrantes. Pero, jamás fueron derrotados.

Las distribuidoras de electricidad, ENERGUATE y EEGSA, junto a la fiscalía contra CODECA (contra el hurto de electricidad), enjuició penalmente a Vicenta Jerónimo, por cuatro años, por delitos de “instigación a delinquir”, “actividades contra la seguridad interna de la nación”…. Pero, en 2018, fue absuelta, junto a otro defensor de derechos de CODECA. Vicenta organizó a la mayor cantidad de comunidades actualmente en resistencia en los territorios del suroriente del país.

Thelma Cabrera, como Presidenta, dirigió por varios años al movimiento CODECA, en especial en la época más difícil de criminalización y persecución que vivió este movimiento, hasta convertirla en el movimiento indígena campesino más potente de alcance nacional. Con hidalguía acompañó personalmente todos los entierros de defensores asesinados en los territorios. Jamás titubeó en señalar públicamente a los responsables de los asesinatos.

Ambas nacieron en la exclusión socioeconómica y cultural. Pero a ambas la vida las convirtió en “piedras angulares” no sólo del movimiento CODECA-MLP, sino de la nueva Guatemala que quiere existir.

A ambas se las vio en las comunidades organizar asambleas formativas comiendo aguacate y tortillas. Recorriendo palmo a palmo el territorio nacional para motivar el ejercicio y defensa de derechos colectivos e individuales, como auténticas “monjas guerreras” anunciando a los pueblos la esperada “liberación de la luz” en un país secuestrado, y en penumbras.

Si las circunstancias sociopolíticas neoliberales del país obligaron a CODECA a transitar de la agenda de la “incidencia política” a la propuesta de un proceso Constituyente Popular y Plurinacional para crear el Estado Plurinacional, también esas recargadas circunstancias hicieron de estas dos mujeres mayas unas valerosas “guerras de la luz” y “profetizas” del nuevo día que anuncia su amanecer para los pueblos de Guatemala.

lunes, 14 de enero de 2019

Amenazado el estado de derecho en Guatemala.

Diversos sectores sociales, políticos y religiosos han expresado su preocupación por las decisiones tomadas por el Presidente Jimmy Morales para poner fin al convenio con la CICIG y las Naciones Unidas. Consideran que es una amenaza al estado de derecho

Ciudad del Vaticano

Entrevista con Carlos Arrazola, Editor del periódico digital Plaza Pública de Guatemala.
Motivos de preocupación

Tanto la Iglesia Católica como otras instituciones han mostrado su preocupación sobre la decisión del gobierno guatemalteco de poner fin, de manera unilateral, al convenio con la CICIG y las Naciones Unidas. Las voces que se alzan, coinciden en que no se trata de estar a favor o en contra de la CICIG, se trata de preservar la legalidad con ética política y de recuperar el sentido profundo de lo político como forma de construir una sociedad más justa, pacífica e incluyente.


Corrupción e impunidad

Carlos Arrazola, en este análisis sobre la crisis política que afronta Guatemala, plantea que deshacerse de la CICIG no es el objetivo único del presidente Jimmy Morales y sus aliados, pero es un paso indispensable, sí, para avanzar en lo verdaderamente importante: detener la persecución penal por casos de corrupción y restaurar el sistema de impunidad que reinaba hasta antes de abril de 2015.

Para Carlos Arrazola, esta decisión es ilegal y busca perpetuar la impunidad. “Esta lucha tiene que ver con las élites de este país, el sector empresarial, militares, grupos muy conservadores y mafias criminales a los que ha llegado la CICIG, para beneficiarse, enriquecerse y generar impunidad”.

La Corte Constitucional ordenó al Presidente dar marcha atrás en su decisión mediante “el amparo provisional, dejando en suspenso la decisión de las autoridades del Estado de Guatemala”.
CICIG fracturada

A pesar de esta decisión, afirma Arrazola, la realidad es que “la comisión ha sido fracturada”. “Al presidente de la Comisión no se le permite el ingreso al país, y por medidas de seguridad, Naciones Unidas decidió sacar del país a más de una docena de sus principales investigadores, incluso guatemaltecos”.

Arrazola subrayó que con una Comisión fracturada será “muy difícil que vuelva a retomar el ritmo que traía y seguir con las investigaciones. La lucha contra la corrupción queda en manos de la Fiscal Consuelo Porras”. El editor de Plaza Pública manifestó que la fiscal cuenta con muy pocas posibilidades de éxito en su gestión, pues el sistema de justicia también padece la corrupción.

Para él es muy llamativo, que en la actual coyuntura, los partidos políticos, escasamente han expresado sus posiciones sobre la crisis. Expresa los temores sobre una posible represión a la ciudadanía si esta expresa su parecer y apoyo a la CICIG y a las decisiones de la Corte Constitucional.

viernes, 11 de agosto de 2017

Centroamérica arde en llamas.



Ulises Noyola Rodríguez
Alainet

La crisis humanitaria en los países centroamericanos del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) podría recrudecerse durante la presidencia de Donald Trump, quien desea incrementar la deportación de inmigrantes ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica por medio de la construcción de un muro fronterizo, la firma de acuerdos de seguridad y la reducción de la ayuda económica.
La administración de Donald Trump deportó, en sus primeros cien días de gobierno, a 56,315 inmigrantes ilegales, cantidad que se encuentra por debajo de las deportaciones realizadas por el ex presidente Barack Obama durante el mismo período en 2016[1]. A diferencia del gobierno anterior, el arresto de inmigrantes ilegales para proceder después con su deportación creció sustancialmente, lo cual allanó el camino para la expulsión masiva de centroamericanos.

La deportación masiva de inmigrantes centroamericanos, sin embargo, tiene el potencial de debilitar el poderío de la industria estadounidense de alimentos, ya que no contaría con una mano de obra sobreexplotada que continuamente necesita renovarse con cuadros jóvenes por las condiciones inhumanas en sus lugares de trabajo. El conflicto se ha resuelto hasta el momento por medio del otorgamiento de visas de trabajo para el sector de la agricultura, pero evidentemente no alcanzarán a cubrir a todos los trabajadores centroamericanos[2].

Si el número de deportaciones adquiere una escala masiva en Estados Unidos en los próximos meses, los gobiernos centroamericanos se verán obligados a recibir crecientemente a migrantes ilegales en medio de una crisis humanitaria. Lo anterior se confirma con la terrible situación económica de los países miembros del Triángulo del Norte, que tienen los índices de pobreza extrema más elevados en América Latina[3].
La dura realidad de los países del Triángulo del Norte es que dependen de las remesas enviadas por los inmigrantes residentes en Estados Unidos, puesto que representan 10, 17 y 18% del PIB de Guatemala, El Salvador y Honduras respectivamente[4]. La reducción de las remesas recibidas por las familias centroamericanas exacerbaría entonces el caos social caracterizado por la indigencia, la pobreza y la violencia.

El margen de maniobra de los países del Triángulo del Norte es extremadamente estrecho debido a la reducida recaudación fiscal promedio (16% del PIB), que imposibilita incrementar el gasto público para crear oportunidades de empleo para los migrantes ilegales. La corrupción de las autoridades públicas que recaudan principalmente sobre los impuestos indirectos, demuestra la imposibilidad de recaudar más fondos por medio del mayor cobro sobre las ganancias del capital trasnacional. 
La corrupción política es apoyada por Washington a través de los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que promovió recientemente los golpes de Estado de Manuel Zelaya en Honduras y Otto Pérez Molina en Guatemala. En consecuencia, los gobiernos centroamericanos no pueden implementar reformas económicas en beneficio de las mayorías sociales, mientras sus instituciones políticas se encuentren bajo la tutela de Estados Unidos.

Además de la insignificante recaudación fiscal, los gobiernos centroamericanos no pueden reducir sustantivamente el enorme gasto militar a causa de las exigencias de Washington que demanda la destinación de sus fondos al combate contra las redes criminales. Por ejemplo, el gasto militar de Honduras y El Salvador está por encima del 6% del PIB, cifra que supera el gasto militar como proporción del PIB de todos los países latinoamericanos[5].
La doble cara de Washington en sus fuertes demandas al gasto militar se refleja en su casi nula aportación de 630 millones de dólares a la Alianza para la Prosperidad, mientras que los países del Triángulo del Norte aportaron 2,900 millones de dólares para la conformación del 80% del fondo en 2107[6]. Los países centroamericanos se encuentran así aislados y desprotegidos para cambiar su penosa situación económica ante el desinterés de Washington.

Adicionalmente, los gobiernos centroamericanos ya son presionados por el presidente Donald Trump, quien solicitó una disminución del 30% en la ayuda económica de la Alianza para la Prosperidad correspondiente a 2018. La asistencia económica se reducirá a 460 millones de dólares y podría disminuir aún más próximamente, ya que la continuidad del apoyo económico está condicionada a la cooperación de los países centroamericanos en la deportación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

Cabe destacar que más de la mitad de la contribución estadounidense a la Alianza para la Prosperidad se destina al fortalecimiento del aparato bélico de los países centroamericanos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica[7]. Esta estrategia solamente ha contribuido a militarizar todo el territorio centroamericano a costa de aumentar la violencia, la represión y la persecución de la población.

Asediados por las masacres sociales y la terrible situación económica, los centroamericanos siguen siendo obligados a abandonar su país de origen debido a las continuas extorsiones, las amenazas de muerte y los altos índices de violencia. Dichos factores mantienen a la región del Triángulo del Norte como el territorio más violento de América Latina a pesar de la inexistencia de una guerra comparable a los conflictos en Medio Oriente.
En contraste con el fortalecimiento del aparato militar, el gobierno de Donald Trump no tomará acciones decisivas para desarticular el tráfico de drogas que tiene como destino a los consumidores estadounidenses. La región del Triángulo del Norte seguirá teniendo una importancia geoestratégica para el narcotráfico, ya que representa un importante corredor del tráfico de drogas entre América del Sur y Estados Unidos.

La deportación de migrantes ilegales, por consiguiente, beneficiará a las organizaciones criminales trasnacionales como las maras, organización que se dedica al tráfico de drogas, la venta ilícita de armas y la extorsión de personas y empresas principalmente en Centroamérica. La razón por la cual sucederá esto es porque los centroamericanos deportados engrosan las filas de las organizaciones criminales trasnacionales con una mano de obra barata, con lo cual se acrecentará la violencia en los países centroamericanos.
Lo más atroz vendrá para los migrantes si se llegara a concretar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, ya que la experiencia ha demostrado que la construcción de muros únicamente promueve la creación de rutas más mortíferas y riesgosas hacia los puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la influencia de los traficantes de personas[8].
A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación sobre los acontecimientos de los pequeños países de Centroamérica, indudablemente son ellos los que sufren con mayor violencia la dominación de Estados Unidos. Y el futuro que depara a los centroamericanos dependerá fundamentalmente de la resistencia de los movimientos sociales contra la política migratoria de Donald Trump.

Ulises Noyola Rodríguez es Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.

sábado, 4 de marzo de 2017

Refugiados latinoamericanos, en el olvido.



Valeria Méndez de Vigo y Carla Sala

Los conflictos armados abiertos en Siria o Irak han centrado la atención de la comunidad internacional debido, sobre todo, al elevado número de personas refugiadas que han llegado a Europa. Mientras las miradas están centradas en la guerra de Siria y en los refugiados procedentes de este país, en América Central hay también situaciones merecedoras de protección internacional que pasan más desapercibidas.

La situación de violencia que viven algunos países de América Latina ha provocado que miles de personas se vean forzadas a abandonar sus hogares y, en muchos casos, sus países de origen. La región de Honduras, Guatemala y El Salvador, también conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, es una de las zonas más conflictivas del mundo.

Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la violencia y la inseguridad son factores clave para explicar el desplazamiento forzado en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Las familias desplazadas tienen más dificultades para cubrir necesidades básicas como vivienda, educación, salud y acceso a empleos formales[1]. En 2015, 110.000 personas huyeron de la región centroamericana y buscaron asilo en el extranjero, siendo esta cifra cinco veces superior a la de 2011. En El Salvador, la tasa de homicidios de mujeres aumentó un 60% entre 2008 y 2015 y, en Honduras, durante el mismo periodo, aumentó un 37%. En el caso de Guatemala, el desplazamiento de sus habitantes está más relacionado con los altos niveles de desigualdad que sufre el país[2].

La mayoría de las personas procedentes de los países centroamericanos buscan seguridad en México y Estados Unidos, en menor medida, en Belice y Costa Rica. Sin embargo, gran parte de estas personas no obtienen protección internacional. En realidad, según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, las causas por las que una persona puede ser considerada refugiada están muy tasadas, limitándose a motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. El hecho de huir de la violencia generalizada puede no considerarse una situación merecedora de protección internacional.

De hecho, en 2015, más de 230.000 personas procedentes del Triángulo del Norte Centroamericano fueron detenidas y retornadas a sus países de origen desde los Estados Unidos y México. Resulta trágico que algunas personas retornadas fuesen identificadas y asesinadas por miembros de las pandillas en sus países de origen poco después de su retorno[3].

Dagoberto García, hondureño, relata la experiencia de su hijo[4]:

«Mi hijo es un desplazado por la violencia (…) él tuvo que irse por problemas de amenazas de muerte. Cuando pides el estatuto de asilo tienes que hacer una versión creíble ante al juez. A veces, esta versión de alguien que va huyendo de Honduras por la violencia, las maras o las amenazas la cuentan muchos y, entonces, depende de cómo un tipo te pueda contar su relato (…) Si han contado el mismo relato 98 o 100 personas, el juez no lo cree, no aplica el asilo y lo deportan».

Si el contexto de protección internacional para las personas centroamericanas que huyen de la violencia, las maras y el narcotráfico no ha sido nunca favorable, la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha producido un incremento de las políticas restrictivas y del clima de hostilidad hacia las personas refugiadas y migrantes. 

El decreto del pasado 17 de enero -en este momento paralizado por un juez federal en los Estados Unidos- preveía la prohibición de entrada en Estados Unidos de personas procedentes de Siria, con carácter indefinido y, durante 120 días, de personas procedentes de 7 países de mayoría musulmana. Además, también suspendía el programa de menores centroamericanos, puesto en marcha en 2014, para brindar vías de acceso legales y seguras a adolescentes amenazados por las maras (pandillas juveniles), en riesgo de reclutamiento forzado, explotación sexual y asesinatos extrajudiciales. Este programa, que preveía la reunificación de estos adolescentes con sus progenitores residentes en Estados Unidos ha sido suspendido también por el Decreto y, en consecuencia, la respuesta a solicitudes en proceso de admisión se sitúan en el limbo legal[5].

Ante esta realidad, diferentes organizaciones no gubernamentales, como Entreculturas, manifiestan la necesidad de ampliar la definición recogida por la Convención de 1951, haciéndola extensiva a toda víctima de conflictos armados, de políticas económicas erróneas o de desastres naturales, y, por razones humanitarias, a toda persona desplazada interna, es decir, cualquier civil desarraigado por la fuerza de su hogar[6].

La Campaña por la Hospitalidad, lanzada en Centroamérica, llama a reconocer la dignidad de cada ser humano y, en especial, de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como las personas refugiadas y desplazadas.

La transformación de los flujos de movilidad en América Latina y el Caribe plantea, por una parte, la necesidad de renovar los marcos normativos, nacionales e internacionales, en materia de refugio y desplazamiento y, por otra, la de revisar los requisitos que conceden protección internacional. La falta de políticas de acogida y de coordinación entre diferentes estados aumenta la precariedad en la situación de las personas que quedan atrapadas entre fronteras y no son informadas adecuadamente sobre su derecho a la protección internacional[7].

Este es el momento de fomentar una cultura de la hospitalidad y la acogida y solicitar que los estados, incluida España, cumplan con su deber de protección e impulsen medidas que favorezcan la integración social de las personas desplazadas o refugiadas.

Fuente: Cristianismo y Justicia

domingo, 9 de agosto de 2015

Guatemala. Indígenas y campesinos movilizados en las ciudades bajo la consigna: ¡no a la corrupción! Sí a la refundación de la nación!.

Ollantay Itzamná

En momentos cuando la indignación movilizada en las ciudades parecía decrecer, y el aún Presidente de la República, Otto Pérez Molina (infestado con la corrupción y el repudio público), celebraba anunciando: “Cada vez son menos los que exigen mi renuncia”, indígenas y campesinos, junto a universitarios y algunos sindicalistas, inundaron nuevamente las ciudades principales del país exigiendo la renuncia y cárcel para el actual Gobierno “corrupto y asesino”, expresando el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), pidiendo la postergación de las próximas elecciones nacionales, y pregonando el inicio del proceso constituyente popular plurinacional desde el interior del país.

Hoy, amanecimos a cinco kilómetros de la histórica ciudad kaqchikel de Sololá, en las proximidades del sagrado y mágico lago maya Atitlán. Allí, se congregaron varones, mujeres y jóvenes indígenas quichés, organizados en CODECA-CNOC, para iniciar su caminata pacífica, e ingresar al centro de la ciudad maya kaqchikel. En tiempos prehispánicos (siglo XV), esta acción no hubiese sido posible puesto que ambos pueblos mayas, según datos de cronistas de la época, estaban enemistados militarmente.

Lo cierto es que, ahora, a estos dos pueblos mayas, al igual que a los otros 20, les une el fatal destino adverso del empobrecimiento, saqueo, destrucción, discriminación, etc., por parte del Estado ladino y de los gobiernos de turno. Por eso, frente al permanente saqueo neoliberal en sus territorios, y el descarado despilfarro y robo de las arcas estatales, hoy, salieron en multitudes a protestar en 18 ciudades principales del país.

En el caso de las y los quichés de Sololá, la multitud ingresó casi meditabunda, oyendo las consignas y los mensajes irradiados desde el único equipo de sonido improvisado, en el idioma quiché, y por momentos en castellano. Muchos de ellos/as, salieron muy de temprano desde sus aldeas caminando, costeando sus pasajes para los buses. Algunos de ellos/as llegaron sin desayunar, y volverán a sus comunidades a almorzar por la tarde, llevando consigo el mensaje de haberse encontrado con miles de manifestantes que padecen la misma suerte, y corren tras los mismo sueños.

Pancartas y mantas, escritas en castellano, y con estilo propio, anunciaban las razones de la protesta. Sin técnicos, ni defensores, ni locutores foráneos, organizaron y realizaron la caminata y el plantón frente a la sede de la gobernación departamental, resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Don Pascual Emilio, micrófono en mano, mirando a los ojos de los agentes de la PNC les dijo en quiché: “Aunque Uds. se pongan colorados. Uds., junto a los militares masacraron a nuestros hermanos en Alaska (masacre indígena en Totonicapán, 2012). Ahora, estamos nuevamente aquí. (…) Dios nos ha dado un pensamiento a cada uno para defender nuestros derechos. Ya no tenemos miedo. Ahora, vamos por un proceso de una Asamblea Constituyente Popular Plurinacional para hacer valer nuestros derechos”. Y, en el rostro indígena de los agentes uniformados de negro se dibujó una sonrisa que inmediatamente se diluyó ante el lente de las cámaras.

Dña. Catarina Tzaj, otra indígena maya, se dirigió a la multitud de los manifestantes: “Nosotros estamos debajo de los ladinos. Ellos nos tratan como si fuéramos animales. Nos llevan de un lado para otro. Protestamos, sufrimos, pero no nos hacen caso. Hace 500 años nos engañaron con espejitos. Ahora, no tenemos ni tierra, ni frijoles, pero nuestros hijos exigen comida. Por eso exigimos la renuncia y cárcel para el Gobierno corrupto y ladrón”. Y todas las y los oradores fueron coreados desde la multitud: “No a la corrupción. Sí a la refundación de la nación”

Así transcurrió la jornada de la caminata y el platón pacífico maya quiché en la ciudad kaqchikel de Sololá, al igual que en el resto de las 17 ciudades del país.

Desde el Gobierno central, y en los medios corporativos y proempresariales de las ciudades, desde días anteriores se intentó desprestigiar y estigmatizar a esta movilización (al igual que a cualquier otra movilización social) como “peligrosa”, “conflictiva”, “violenta”, etc. Quizás con la finalidad de evitar la complicidad emergente entre indignados citadinos y rurales. Quizás porque por la ignorancia aún creen en la mítica leyenda colonial de “indios salvajes bajando de las montañas para saquear las ciudades blancas”. O quizás porque aún nos creen idiotas creyentes de sus mentiras veladas. Quién sabe. Lo cierto es que el repudio al sistema político y económico neoliberal crece cada día, y el rechazo a la realización de las próximas elecciones generales también.

ollantayitzamna@gmail.com

lunes, 27 de abril de 2015

Gerardi, el obispo mártir de Guatemala.


Redacción de Atrio

Hoy se cumplen 17 años del asesinato del obispo Juan Gerardi, que debe sumarse a la lista de mártires de Nuestramérica: Angelelli, Romero Ellacuría y tantos otros y otras. Lo que tiene de especial el martirio de Gerardi es que no fue en plena dictadura, sino cuando esa ya había concluido y se estaba intentando trabajar por la reconciliación. Pero Gerardi tenía claro que no hay verdadera reconciliación en un pueblo si no se basa en la memoria de las víctimas. Por eso, impulsó el estudio detallado y nominal de los “54 mil casos de violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones, mutilaciones, masacres y estupros”. A los dos días de presentar los cuatro volúmenes que documentaban estos hechos, lo encontraron muerto y desfigurado a pedradas.


El 26 de abril de 1998 fue asesinado el obispo guatemalteco Juan José Gerardi. Su gente lo recuerda con una marcha silenciosa


por ALVER METALLI, desde Buenos Aires en Tierras de América

La marcha silenciosa comenzará dentro de pocas horas en la plaza de la catedral metropolitana y recorrerá las calles del centro de Ciudad de Guatemala hasta la casa parroquial de San Sebastián donde vivía, a poca distancia de la casa presidencial, y donde los pobres restos fueron llevados en abril de 2013. El cuerpo, refieren los testigos, después de la mortal agresión con piedras estaba tan desfigurado que solo pudieron identificarlo por el anillo episcopal y los posteriores análisis de laboratorio. Pasaron 17 años, pero los guatemaltecos no olvidan a Juan José Gerardi Conedera, su combativo defensor. Apenas 54 horas antes el obispo había difundido un informe sobre los actos de violencia que se cometieron entre 1960 y 1996, durante los años de los gobiernos militares, titulado “Guatemala nunca más”, que ya desde el mismo encabezamiento evoca el análogo argentino sobre los crímenes de la dictadura militar.


A la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Ciudad de Guatemala, que fundó Gerardi y dirigió hasta su muerte, se unirán en la marcha silenciosa el Movimiento Gerardi, formado por grupos católicos, asociaciones de derechos humanos, parroquias y ONG de diversas extracciones, con representantes de las comunidades indígenas por las que tanto luchó el obispo guatemalteco. El resultado del minucioso trabajo al que se había dedicado hubiera podido llevar a juicio a algunos militares, por crímenes de lesa humanidad en los años que siguieron a la firma de los Acuerdos de paz con la guerrilla, suscriptos en 1996. En junio de 2001 fueron condenados a 21 años de reclusión, como autores materiales del asesinato, el capitán Byron Lima, su padre, el coronel retirado Disrael Lima y el sacerdote Mario Orantes. Las organizaciones guatemaltecas de derechos humanos consideran, sin embargo, que todavía no se ha esclarecido la responsabilidad de los autores intelectuales del hecho.


Las analogías del asesinato de Gerardi con el del Romero, en el vecino El Salvador, son muchas. Por esa razón se ha previsto una nutrida participación de delegaciones guatemaltecas en la beatificación de monseñor Romero, el 23 de mayo, a cuarenta minutos de vuelo de Ciudad de Guatemala.


La biografía de monseñor Gerardi que publica el sitio de la Conferencia episcopal de Guatemala, recuerda cuando fue elegido obispo de El Quiché en 1974. “Eran los años en que la situación de violencia crecía mucho en este territorio, uno de los más pobres de Guatemala”. En El Quiché, dice el texto, “la lucha entre el ejército y la guerrilla se volvía cada día más fuerte, alcanzando situaciones terribles entre 1980 y 1983. Cientos de catequistas y directivos de las comunidades cristianas, casi todos mayas, fueron asesinados”.


Otro momento que se menciona en la biografía oficial se remonta a 1980, el año del asesinato de Romero, cuando monseñor Gerardi era Presidente de la Conferencia episcopal de Guatemala. “Aquel año –dice el sitio- viaja al Vaticano para asistir al Sínodo de la Familia. A su regreso, se le prohíbe el ingreso al país, por lo que viaja a San Salvador, donde no le dan asilo, y finalmente a Costa Rica, desde donde siguió siendo el Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala”. Gerardi recién pudo volver a su país en 1982 y dos años después, en agosto de 1984, fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y párroco, al mismo tiempo, de San Sebastián.


Las circunstancias que sellaron el destino de Gerardi ocurrieron en 1988, cuando la Conferencia Episcopal delegó a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño (posteriormente creado cardenal por Juan Pablo II en 2003) y a monseñor Juan Gerardi para participar en la Comisión Nacional de Reconciliación que se forma ese año. Gerardi creó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que se ocupa hasta hoy de tutelar los derechos de los desaparecidos o asume nuevos casos de violaciones. En este contexto comenzó el proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, al que el obispo se dedicaba casi por completo. Cientos de testimonios desfilaron por las oficinas de la Comisión presidida por Gerardi, permitiendo reconstruir un cuadro de violaciones sistemáticas cometidas sobre todo por el ejército o grupos de civiles que actuaban junto a ellos en la obra de represión. Los cuatro volúmenes de la investigación documentan más de 54 mil casos de violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones, mutilaciones, masacres y estupros.


El resultado del trabajo se presentó al público el 24 de abril de 1998. El 26 de abril de 1998 Gerardi fue asesinado.

Fuente: Atrio

viernes, 24 de octubre de 2014

Guatemala y Honduras: La disolución de los derechos humanos y la depredación de defensores


Ollantay Itzamná

Los griegos enseñaron que los derechos humanos son principios éticos innatos a todo ser humano, y conforme despierta la razón, sus portadores van tomando consciencia y ejerciéndolos. Siglos después, los europeos inculcaron que los humanos tienen derechos en la medida que el Legislador los va otorgando.
A los primeros se los denominó iusnaturalistas. A los segundos, iuspositivistas. En el primer caso, los estados sólo reconocen derechos ya preexistentes. En el segundo, son los estados quienes crean y otorgan los derechos. Es importante este detalle sobre el origen, porque de ello depende quién o cómo se defiende los derechos.

Las religiones, en especial las monoteístas, tarde ingresaron en el debate de los derechos humanos. La Iglesia Católica, por ejemplo, hasta casi finalizado el siglo XIX, siguió concibiendo los derechos humanos como una doctrina “pestilente” (Sylabus de Pío IX).

Para los pueblos de Abya Yala, el asunto es un tanto distinto. Nosotros asumimos que los derechos no son monopolio exclusivo de los humanos, sino una cualidad universal compartida por todos los seres que coexistimos en la comunidad cósmica. Estos derechos compartidos tienen su origen y su historia en la misma cosmogénesis. De allí proviene la razón de ser de la fraternidad cósmica.

La diferencia entre humanos y los demás seres no es ontológica, sino deontológica (deber ser). Por nuestra condición de consciencia diferenciada, estamos llamados a ser cuidadores, jardineros (criadores) de los derechos de toda la comunidad cósmica. Los derechos humanos dependen de los derechos de la Madre Tierra.

Derechos humanos aparentes en la era de los estados naciones

El derecho positivo internacional, y los estados naciones actuales, presas de la filosofía antropocéntrica y especista, progresivamente fueron reconociendo y legislando sólo los derechos humanos con carácter universal. Pero, incluso el carácter universal de los derechos humanos no es más que una falacia. No sólo porque los mecanismos y procedimientos de aplicabilidad de dichos derechos son altamente racistas y nortecéntricas, sino porque las sociedades adineradas del Norte mantienen su estilo de vida gracias a la sistemática violación de los derechos de las sociedades del Sur.

A esto se suma que el carácter antropocéntrico y especista de los derechos humanos positivos ha dañado al límite la capacidad autoregulativa y regenerativa del planeta (negando sistemáticamente los derechos a nuestra Madre Tierra), al límite de colapsarla. Quizás porque jamás se dieron cuenta que nuestros derechos dependen de los derechos de la Madre Tierra

Situación de los derechos humanos en Guatemala y Honduras

Guatemala y Honduras, países protegidos y consentidos por el Estado “adalid” y “defensor universal” de los derechos humanos, es una evidencia del fracaso del discurso humanista del Norte. En estos países, al igual que en muchos otros, el Norte y Europa jamás permitieron procesos de cambios sociopolíticos estructurales tendientes a universalizar los derechos para todos los humanos, porque ello implicaba afectar los privilegios de sus agentes económicos.

Al grado que en estos estados naciones casi bicentenarios, el derecho humano más elemental como es el derecho a la vida se constituye en un privilegio existencial que cada quien debe preservarla a cada instante.

Guatemala y Honduras, al igual que otros países, firmaron y ratificaron casi la totalidad de los convenios y declaraciones internacionales referentes a los derechos humanos. En sus ordenamientos jurídicos incorporaron incluso hasta los derechos humanos de la tercera generación. Pero, en ninguna otra época de la historia, en esta tierra donde florecieron milenarias civilizaciones, el valor de la vida humana se ha devaluado tanto como ahora.

Ni tan siquiera en el período que duró la invasión militar española (siglo XVI) o norteamericana (siglo XX, dictaduras y genocidios) se llegó a asesinar a bala a un promedio de 20 a 25 personas por día, como ocurre ahora. La situación es aún más escalofriante si le ponemos atención a las silenciosas muertes diarias por cáncer, diabetes, desnutrición, etc. ¿Dónde están los derechos humanos para ellos/as? ¿Dónde está el Estado de Derecho para ellos/as?

No se cuenta con defensores profesionales de derechos para este contexto. Las y los agentes técnicos-profesionales juristas apenas estaban capacitados para defender el derecho a la propiedad. En las universidades no se forman a abogados defensores para los derechos sociales, ni económicos, mucho menos para los ecológicos, ni para los derechos colectivos de los pueblos.

El sistema neoliberal disolvió a los estados, activó la violencia generalizada y expulsa a la diáspora a guatemaltecos y hondureños

En estos países, los estados naciones, en su origen e historia, fueron esencialmente racistas, clasistas, machistas y especistas. Los estados se constituyeron como herramientas para la acumulación de los privilegios de unos pocos, y para la dominación material y cultural de las grandes mayorías.

Por aquí, la democracia y la ciudadanía no pasaron de ser retórica. En los hechos, las grandes mayorías jamás dejaron de ser súbditos obedientes y creyentes de las élites violentas. Los grupos de poder utilizaron y utilizan a las iglesias, escuelas, leyes, entidades públicas, organizaciones políticas, medios de información, etc., para anular el pensamiento, la memoria y la dignidad de los pueblos. En estos territorios no se pudo consolidar el Estado nación, ni la ciudadanía. Por tanto, tampoco el cumplimiento y ejercicio de derechos. Las personas saben de memoria la Biblia, pero de sus derechos, casi nada.

En estas condiciones llegó la imposición del sistema neoliberal para despojar los bienes y derechos que la colonia española y norteamericana no habían logrado llevarse consigo. Esta tercera invasión de corporaciones desterritorializadas, en menos de dos décadas, diluyó y diluye casi por completo los derechos humanos, de primera, segunda, tercera, hasta de la cuarta generación.

El principal enemigo del sistema neoliberal era y es el Estado de Derecho y la ciudadanía (con derechos). Por tanto, achicar o aniquilar el Estado de Derecho (convertirlo en su gendarme), y transformar a “ciudadanía” en consumidores, era el objetivo principal de este sistema. En el caso de Guatemala y Honduras, con aparentes Estados de Derecho, y ciudadanía casi inexistente, el neoliberalismo no tuvo mayor oposición para sus objetivos.

Pero, lo que quizás no contemplaron los promotores de la nueva religión neoliberal fue que los estados aparentes no tenían suficiente autoridad como para subordinar a los pueblos a los intereses de los nuevos amos.

En estos casi dos décadas de la omnipotencia de la religión neoliberal, el desempleo galopante, el crecimiento sin precedentes de la brecha entre ricos y empobrecidos, la destrucción de ecosistemas y expulsión de poblaciones enteras de sus territorios, la corrupción endémica en el sistema judicial, legislativo y ejecutivo, etc., generaron una violenta desintegración de las sociedades. Territorios completos quedaron bajo el control total de la industria del narcotráfico y el crimen organizado.

La incertidumbre y el libre mercado de armas obligaron a la gente a armarse. Al grado que la autoridad legal no sólo se diluye irremediablemente, sino las personas resuelven sus conflictos interpersonales a bala y machete. Las pequeñas empresas pagan doble impuesto (impuesto de guerra al crimen organizado, e impuesto fiscal al Estado).

Muchas otras empresas privadas simplemente abandonan estos países al no poder lidiar con la violencia generalizada. Al mismo tiempo, millones de guatemaltecos y hondureños son expulsados por el sistema neoliberal hacia la trágica ruta al Norte. En fin, algunos agentes del sistema neoliberal incluso hacen dinero con la industria de la violencia y de la estampida migratoria.

A esta incertidumbre existencial, producto de la disolución de las instituciones estatales y la violenta desintegración de las sociedades, se suma la incertidumbre alimenticia, climática, hídrica, etc. Guatemala y Honduras, países tropicales y muy sensibles a las variaciones hidrometeorológicas se encuentran catalogados como países de riesgo climático límite superados sólo por otros como Bangladesh. El control del agua y de la tierra está activando conflictos violentos entre ricos y empobrecidos. Las sequías y huracanes generan tantas perdidas económicas que el PIB de estos países se reduce más año que pasa.

Defensores/as de derechos, enemigos internos de los estados

En este contexto de las consecuencias del sistema neoliberal la tarea de la defensa de los derechos, y la defensa de las y los defensores de derechos se encuentra en alerta roja. No únicamente porque los agentes del sistema neoliberal (empresarios hidromineros, palmeros, cañeros, etc.) catean a defensores de derechos como los enemigos de “su desarrollo”, sino porque los mismos gobernantes consideran que la defensa de los derechos es una actividad subversiva en contra de la seguridad interna del país. Es decir, en estos dos países, el o la defensora de derechos es “enemigo interno del Estado”.

Esta es otra evidencia de la falacia de la vigencia de los derechos humanos en estos países. Las personas conscientes, individual o colectivamente, se atreven a defender los derechos, ante el silencio cómplice o permisivo de los estados (llamados a garantizar dichos derechos), pero, el propio Estado, lejos de agradecer y promover defensores, los criminaliza. Sólo porque los derechos humanos y sus defensores se constituyen en un estorbo para el funcionamiento del sistema neoliberal.

Es estos países se persigue, encarcela y asesina a defensores/as como si se tratase de cualquier escoria de la sociedad. Lejos de investigar a los culpables se los premia con la impunidad. Y así, el anti sujeto se impone en el imaginario colectivo generando miedo y sumisión.

Pueblos indígenas en defensa de los territorios

Ante la ausencia de la “ciudadanía” organizada para defender los derechos humanos anulados por el sistema neoliberal, surgen con fuerza y de manera simultánea los “no ciudadanos” para defenderse y defender los derechos en estos países. Estos sujetos colectivos “no ciudadanos” son los pueblos indígenas, quienes jamás formaron parte de los estados racistas, ni fueron tomados en cuenta como ciudadanos.

Estos pueblos, que en Guatemala son mayoría demográfica, y en Honduras una minoría casi anulada, se articulan localmente alrededor de los derechos colectivos reconocidos en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Derechos como el de Tierra-Territorio, Consulta Previa y Autodeterminación son las banderas con las que estos nuevos sujetos sociopolíticos intentan frenar el avance de la rearticulación del capital por despojo y expulsión emprendida por las empresas y corporaciones neoliberales.

Los proyectos de minería, hidroélectricas, expansión del sistema eléctrico plan Puebla-Panamá, monocultivos, etc. son resistidos pacíficamente por las comunidades y pueblos organizados. Pero, la reacción de los estados (gendarmes de las empresas privadas) tampoco se deja esperar. Asesinan selectivamente a las y los dirigentes. Persiguen penalmente a cuantos se movilizan en resistencia. Pero, la resistencia indígena sigue y crece más en Guatemala que en Honduras.

Los pueblos indígenas al defender el el territorio, no sólo están defendiendo el derecho que tiene el pueblo al agua, a los bosques, al suelo, a las identidades culturales, etc., sino desde la perspectiva de la integralidad o de la fraternidad cósmica todos los seres que cohabitan en el territorio tienen derechos. Y, del cumplimiento de esos derechos depende la satisfacción del bienestar y los derechos humanos. Este es el sentido de la propuesta de la reconstitución de las territorialidades. Por eso, los procesos de la resistencia colectiva en defensa de los territorios están hilvanados por vivencias y reencuentros con las y los ajaus, las y los formadores, las y los ancestros, etc.

En aquellas ceremonias mayas, casi clandestinas, las y los presentes en resistencia comparten sus comidas y bebidas para fortalecerse como sujetos colectivos. Al mismo tiempo, dan de comer y beber a los ajaus (espíritus protectores de las fuentes de agua, de los cerros, de los bosques, de las personas), a las y los ancestros, a las y los mártires, para así todos juntos fortalecerse y mantenerse en la defensa de los derechos que asisten a toda la comunidad cósmica.

Aún no existen leyes especiales sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, mucho menos de los derechos de la Madre Tierra. Pero, las acciones colectivas de resistencia en defensa de estos derechos no sólo manifiestan la desobediencia creciente, sino la proclamación de que “los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos no dependen de la voluntad estatal. Mucho menos cuando el Estado es excluyente y racista con los “no ciudadanos”.

Éste es el sentido de la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y de la Madre Tierra. En un contexto en el que el sistema neoliberal diluye los derechos humanos, y los estados declaran como sus enemigos internos a todo defensor/a de derechos, los nuevos sujeto colectivos se levantan con un planteamiento inesperado para el sistema: la reconstitución de los territorios para garantizar por sí mismos los derechos para todos/as en esas unidades territoriales.

martes, 19 de agosto de 2014

Guatemala: El prontuariado de ENERGUATE-ACTIS, y la represión sangrienta de indígenas mayas en resistencia.



Ollantay Itzamná

Quizás no exista en Guatemala, en estos tiempos, una empresa extranjera más repudiada que la empresa distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS). En todos los departamentos y municipios donde esta empresa monopoliza la distribución de la energía eléctrica, existen mantas y mensajes escritos de repudio permanente en contra de esta empresa.
Uno de esos departamentos es Alta Verapaz, donde casi todos los municipios se encuentran en resistencia exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica, repudiando las abusivas facturas de luz de la empresa ENERGUATE.

El viernes 15 de agosto pasado, por la mañana, sin que existiera orden de captura, elementos de la Policía Nacional, obedientes a los intereses de ENERGUATE-ACTIS, intentaron capturar a dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA, una de las organizaciones en resistencia por la nacionalización de la electricidad). Al no encontrar a los dirigentes, secuestraron a otras dos personas de la resistencia. Inmediatamente las comunidades se movilizaron y taparon caminos, en el intento de recuperar a los secuestrados.

Pero, en la comunidad de Semococh, Municipio de Chisec, Departamento de Alta Verapaz, a unos 230 Km al norte de la ciudad capital de Guatemala, la Policía Nacional Civil respondió con armas de guerra, matando a tres indígenas movilizados, hiriendo a varias decenas, y capturando a varios.

El prontuariado criminal de la empresa ENERGUATE-ACTIS

En 2011, la empresa española UNIÓN FENOSA, vendió el monopólico de la distribución de la energía eléctrica en Guatemala a la Corporación Británica ACTIS. Desde entonces ENERGUATE-ACTIS cargó con el creciente repudio popular, fruto de los abusivos cobros de la energía eléctrica realizados.

En octubre del 2012, en el Departamento de Huehuetenango, la Policía Nacional Civil masacró a 8 indígenas mayas movilizados pacíficamente repudiando a la empresa ENERGUATE-ACTIS, y exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica por los abusivos cobros de la energía. Aún aquellas 8 almas deambulan por las calles de Guatemala exigiendo justicia, y castigo para ENERGUATE.

En marzo del 2014, un grupo armado, expresamente en defensa de los intereses de ENERGUATE-ACTIS, agredió, persiguió y capturó a indígenas y campesinos organizados en resistencia de la comunidad de Cayuga, Municipio de Morales, Departamento de Izabal. Los tres capturados ilegalmente fueron encarcelados por cerca de tres meses, y recobraron su libertad después de haber pagado fianza económica. Los captores siguieron gozando de los “privilegios empresariales”.

En junio del 2014, agentes civiles de ENERGUATE-ACTIS, secuestraron a tres defensores de derechos de CODECA, uno de ellos coordinador nacional de la organización. Luego del secuestro, entregaron a las víctimas a la Policía Nacional Civil, y ENERGUATE-ACTIS los acusó por estafa especial, exigiendo una fianza económica de un millón de quetzales por la libertad condicional de cada uno de ellos. Igual, la empresa sigue impune.

ENERGUATE-ACTIS encarceló a varios dirigentes locales de la resistencia campesina que exige la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, pero todos salieron libres pagando cuantiosas fianzas económicas en beneficio de la empresa.

En este momento existen varias querellas en los juzgados de Guatemala, presentadas por autoridades locales y organizaciones sociales, en contra de ENERGUATE, por delitos de sabotaje, secuestro, detenciones ilegales y otros.

ENERGUATE-ACTIS, tiene la capacidad económica no sólo para torcer la voluntad de jueces, sino de autoridades políticas nacionales, departamentales y locales. Corrompe las estructuras comunitarias de los consejos comunitarios de desarrollo (COCODEs). Utiliza el aparato de las fuerzas del orden, y grupos armados paraestatales.

¿Por qué ENERGUATE-ACTIS se aferra al negocio sangriento de la distribución de la energía eléctrica en Guatemala?

Según informe de la CEPAL, 2012, sobre energía eléctrica en Centroamérica, los usuarios guatemaltecos pagan la energía eléctrica más cara de la región. Aunque las empresas distribuidoras como ENERGUATE-ACTIS (que monopoliza la distribución en 19 de los 22 departamentos del país) pagan barato la energía que venden caro a usuarios.

Por cada kW/h de electricidad consumido por usuarios residenciales, ENERGUATE-ACTIS, tiene una ganancia bruta de 1.29 quetzales por kW/h. Según informe oficial de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), esta empresa distribuye más del 55% de toda la energía eléctrica residencial consumida en el país. Porcentaje que para el 2009 significaba más de 350 millones de dólares de ganancia bruta, sin mayor inversión económica alguna. Sólo por imprimir facturas y salir a cobrar.

sábado, 21 de junio de 2014

EE.UU.: rápida deportación a niños inmigrantes ilegales.



CASA BLANCA DISCUTE EL TEMA CON LÍDERES REGIONALES


El Gobierno de Estados Unidos decidió deportar en forma prioritaria a los miles de niños inmigrantes ilegales, un problema que ingresó en el debate político en el país y originó contactos con los mandatarios de la región.


WASHINGTON AFP, ANSA, EFEsáb jun 21 2014


La medida se produce en momentos en que el vicepresidente Joe Biden se encuentra en Guatemala para tratar el problema. El presidente Barack Obama habló también el jueves con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para discutir una "estrategia regional" ante las migraciones masivas de menores.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, instó a Obama a mandar a la Guardia Nacional a la frontera sur por "la crisis humanitaria" que vive el país.

Estados Unidos está en alerta tras el arribo de una oleada sin precedentes de menores de edad, principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, huyendo de la violencia en sus países y en busca de sus familias.

En los últimos ocho meses, más de 47.000 niños, algunos hasta de apenas dos años, ingresaron clandestinamente al país sin la compañía de un adulto, lo que rebasó a las autoridades migratorias e impulsó a Obama a declarar una crisis humanitaria.

La crisis de los menores ha exacerbado el debate político en Estados Unidos sobre su sistema migratorio, pero el Gobierno ha subrayado que los niños que han cruzado la frontera en los últimos meses no obtendrán estatus legal o ciudadanía, y que en cambio son considerados "prioritarios" para ser deportados.

Expertos en migraciones señalaron que el mayor flujo migratorio proviene de Guatemala. Las autoridades de ese país, por su parte, afirmaron que cerca de 1.550 niños emigrantes se encuentran actualmente en refugios en Texas y Arizona.



Honduras informó a su vez el miércoles que se preparaba para recibir a alrededor de 13.000 niños migrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos y México.

La Casa Blanca dijo que el gobierno reforzará los recursos para juzgar a los menores y los adultos que los trasladan ilegalmente al país.
Audiencias.

Un boletín informativo de la Presidencia estadounidense indicó que las audiencias se celebrarán "lo más rápida y eficientemente posible, de la misma manera que se protegerá a quienes buscan asilo" para permitir que los servicios estatales de aduanas e inmigración devuelvan a los inmigrantes ilegales a su país tan pronto como puedan.

Un grupo de congresistas demócratas reclamó sin éxito que los niños inmigrantes fueran declarados refugiados.

Otros legisladores estadounidenses propusieron aumentar los fondos a una iniciativa de seguridad en Centroamérica para contener la oleada de inmigrantes indocumentados, incluyendo la inédita bandada de menores de edad.

El plan se propone ayudar a los países de Centroamérica a garantizar "una mayor seguridad a sus ciudadanos", para que "no tengan la necesidad de venir a los Estados Unidos en primer lugar", anunció el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Robert Menéndez.

La Casa Blanca, además, activó una línea telefónica para que los centroamericanos que piensan que sus hijos están entre los niños que llegaron solos hasta la frontera y están en albergues o centros de detención puedan contactarlos.

Fuente: elpais.com.uy


La migración de niños que viajan solos, una crisis humanitaria: Solalinde.




Galería: Los niños migrantes

La migración de menores no acompañados se ha disparado desde México a Estados Unidos, y el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede eludir el problema, que se ha convertido en una crisis humanitaria, alertó el cura Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el camino.

Tenemos un problema serio: se incrementó la migración de niños y mujeres. Esto va a seguir pasando ¿Qué va a hacer México? ¿Contenerlos, regresarlos a lo mismo, para que los expongan, los maten? ¿Qué va a hacer?, cuestionó, en el contexto de la Caravana viacrucis del migrante, que encabezó a la Cámara de Diputados.

Previo a una reunión con la Comisión de Asuntos Migratorios, Solalinde reprochó que los gobiernos de Centro y Sudamérica, así como el de México, han desatendido la agresión que sufren los indocumentados.

Sostuvo que debe desaparecer el Instituto Nacional de Migración (INM), ante el alto grado de corrupción que exhibe, y porque las estaciones migratorios se han convertido en cárceles de máxima seguridad, donde se mantiene a los indocumentados como si fueran integrantes del crimen organizado.


Indicó que no sólo el INM se ha corrompido, sino que también las autoridades tapan esa corrupción y no se hace justicia. Cuánto hemos denunciado y hemos hasta filmado; tenemos las pruebas, tenemos las filmaciones de víctimas de Acayucan, Veracruz, y otros lados, y esto no para.

Consideró que México debe abandonar su papel de policía para contener a los migrantes y regresarlos a sus países.

Tiene que sentarse con los gobiernos de origen, que (a éstos) no les dé miedo, que no les impongan políticas públicas de silencio, que hablen, que puedan defender a sus connacionales y que entre todos podamos construir una protección humana para nuestra migración, para todas las personas que vienen del sur pidiendo trabajo, indicó.


Solalinde explicó que la caravana-peregrinación se explica porque se ignoran las denuncias y las demandas de protección y ayuda a ciudadanos si documentos.

¿Por qué tenemos que venir acá para denunciar todo esto? ¿Por qué tenemos que venir a pedir protección para los migrantes? Porque simplemente nos ignoran; pretenden hacer componendas de cúpula, de gobierno a gobierno, arqueando con organizaciones internacionales sin tomar en cuenta a los pobres, los albergues y, sobre todo, a los migrantes, resaltó.

Denunció que ante las quejas por abusos del INM, se les ofrece protección a los migrantes, pero en realidad el gobierno les exige callar y los amenaza para que no hablen.

Solalinde presentó el caso del nicaragüense Elvis Ariel Garay, quien relató cómo se enfrentó a la arrogancia y las advertencias de la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Paloma Guillén Vicente.

Garay fue encerrado y vejado en la estación de Iztapalapa, porque se le venció su permiso para permanecer en México.

Solalinde le dijo: Habla fuerte, no tengas miedo. Y Garay así lo hizo: “Señora Paloma Guillén, acá estoy. ¿Recuerda que en su oficina, a solas, me dijo que me iba a enfrentar a un monstruo? Me dijo: ‘estás solo frente al monstruo. Somos muchos contra ti. Yo soy la jefa y te vamos a regresar tu documentación’. Usted me engañó”.

jueves, 19 de junio de 2014

La formación política: herramienta para el cambio, instrumento para la resistencia.


Uno de los debates fundamentales giró en torno a la naturaleza y los objetivos que los procesos de formación política tienen, en función de las coyunturas políticas que se viven en cada país


Abya Yala, 18 de junio, 2014.- En el marco del III Encuentro Internacional de Escuelas Indígenas de Formación Política (EIFP), celebrado en Cochabamba, Bolivia, entre el 1 y el 6 de junio se plantearon distintas cuestiones que afectan al desempeño de estas experiencias y que influyen en su capacidad de participar en cambios estructurales en beneficio de los pueblos.

Uno de los debates fundamentales giró en torno a la naturaleza y los objetivos que los procesos de formación política tienen, en función de las coyunturas políticas que se viven en cada país. Dichas coyunturas son heterogéneas y extremadamente complejas y sin duda condicionan las propuestas de las escuelas, sus metodologías y sus contenidos.

Por un lado, en países como Colombia y Guatemala, donde los pueblos indígenas enfrentan un escenario de conflicto profundo que se concreta en forma de agresiones permanentes, de criminalización contra los movimientos sociales y de exclusión étnica y de género, las escuelas se convierten en un instrumento imprescindible para la resistencia cultural y popular. Para mantener la identidad, para defender el territorio y, en muchos casos, para levantar la defensa de la vida física de dirigentes y comunidades que viven en permanente amenaza.

En el lado opuesto está Bolivia. Aquí las escuelas han jugado y juegan un papel fundamental en la construcción del proceso de transformación que -con innumerables contradicciones- está en marcha. Y lo hacen formando a dirigentes que ejercen cargos institucionales y fortaleciendo a unas comunidades cada vez más empoderadas, que necesitan insumos para la elaboración de sus planes de vida y sus proyectos de autonomía.

En este camino, también deben enfrentar enormes retos, como el riesgo real de cooptación de dirigentes, la naturaleza colonial y patriarcal que persiste en el Estado y las contradicciones de un Gobierno y unas instituciones públicas deudoras de un modelo extractivista que únicamente con la presión social abordan políticas realmente transformadoras.

Finalmente, encontramos la compleja situación que atraviesan las escuelas indígenas en el Ecuador. Mientras el discurso del Gobierno se sigue situando en el eje del Sumak Kawsay y la construcción de un Estado Plurinacional, la práctica de las instituciones está atacando las líneas de flotación del movimiento indígena.

Así, recientemente, una decisión política obligó a la clausura de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y otra, acabó con el sistema de educación intercultural bilingüe que funcionaba incluso bajo Gobiernos neoliberales.

Frente a todo ello, las escuelas asumen un doble desafío: por un lado, desvelar las contradicciones y la incoherencia de un proceso que se autodefine como transformador y por otro, seguir avanzando en la construcción de la alternativa. “Necesitamos una verdadera revolución desde la educación, es decir, una formación realmente comunitaria, que tome en cuenta los distintos saberes de los pueblos.”

No obstante y a pesar de todas las diferencias existentes, las escuelas sí comparten entre ellas un objetivo: la reconstrucción y la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas. Autonomía territorial, pero también política y económica.

Y para ello, como señala Clemente Salazar -dirigente de base de las Comunidades Interculturales de Bolivia y participante en la Escuela de Formación de CEFREC- “necesitamos una verdadera revolución desde la educación, es decir, una formación realmente comunitaria, que tome en cuenta los distintos saberes de los pueblos”.

Luis Macas, director del Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI), abunda en esta idea: “lo que se hace en estos espacios formativos es complementar el conocimiento comunitario, no suplirlo. Los temas son decididos por las organizaciones locales, en base a las necesidades de cada comunidad”. Y ello desde la certeza de que “no vamos a transformar la realidad a través de la escuela tradicional, que es colonial”.

Rosalba Velasco, de la Casa de Pensamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, (ACIN), de Colombia, concreta lo que esto significa: “más que una escuela, se trata de procesos formativos levantados desde las comunidades”, procesos de largo plazo que fortalecen al movimiento indígena y que deben ser asumidos por las organizaciones y las autoridades propias como un aporte fundamental para su propuesta de transformación.

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Otras noticias:

domingo, 1 de junio de 2014

Guatemala: cuando mayas y campesinos se resisten a seguir muriendo para el desarrollo de los “desarrollados”.


Ollantay Itzamná

Las y los mayas, al igual que otros pueblos aborígenes del mundo, son profundamente silenciosos y acogedores, salvo cuando el dolor es demasiado agudo. La contemplación, que nace de la silenciosa interconexión con el entorno, es el modo de estar permanente de los pueblos mayas, siempre hospitalarios.
Esta mística de la contemplación silenciosa, fue y es estigmatizada por muchos como indolencia, indiferencia y resignación maya. “Pensadores” guatemaltecos, en su limitación mental y su obsesión por el “progreso”, catalogaron aquellas y otras virtudes milenarias como vicios biológicos y culturales a aniquilar. Incluso el Estado blacoide etnofóbico emprendió políticas fallidas de asimilación y aniquilación, vía eugenesia y genocidio, siempre en nombre del progreso y de la modernización.

Durante la invasión y la Colonia española, los pueblos mayas no prestaron mayor resistencia. Sus filosofías de vida, centradas en la no apropiación y en la hospitalidad, permitieron que los foráneos habitados por el dios del metal invadieran sus territorios. Martínez Peláez, en su obra “Motines indios”, habla de algunos amotinamientos locales de pueblos indios (mayas) en contra de los abusos exacerbados durante la Colonia, sin mayor trascendencia.

En aquel período, para asegurarse el cobro del quinto real, y mano de obra disponible para las haciendas de los invasores, la Corona estableció reducciones de pueblos indios (más de 700 pueblos, dice Martínez Peláez). Dichos pueblos de prisioneros para trabajos forzados y para el adoctrinamiento religioso, contaban con tierras comunales para convivir y cultivar.

Durante la República criolla, en palabras de Martha Casaús, el racismo fue asumido como una tecnología del poder, al límite de aplicar sistemáticamente el genocidio, en la década de los 80 del pasado siglo, para aniquilar genética y culturalmente a los pueblos mayas. La élite gestora del Estado etnofático habría promovido la guerra interna con la finalidad de blanquear Guatemala: aniquilar por completo a los pueblos mayas, apropiarse de todos sus bienes y establecer un moderno sistema capitalista sobre las cenizas de los pueblos aborígenes. Pero, no pudieron. Los pueblos indígenas sobrevivieron a la guerra interna y a los incumplidos y paralizantes Acuerdos de Paz (1996).

Durante la Colonia y la República, los pueblos mayas “aceptaron” la titulación individual de las tierras, los sistemas educativos colonizantes, los adoctrinamientos cristianos, los servicios militares obligatorios, la infotoxicación de los medios masivos de información y la “democracia” inmoral de los patrones. Dicha “aceptación” sólo fue una estrategia de sobrevivencia. Una especie de autismo maya. En el fondo, estos pueblos milenarios siguieron creyendo en el corazón del Cielo y corazón de la Tierra.

En los últimos años, cuando se creía que en Guatemala la Vida había perdido la batalla final ante la muerte neoliberal, las comunidades indígenas y campesinas simultáneamente se declararon y se declaran en resistencia y le hacen frente a la violenta invasión del capitalismo herido. En diferentes rincones del país se organizan resistencias pacíficas y permanentes para rechazar e impedir el paso a las maquinarias y operadores de las empresas hidromineras. En 298 municipios del país (de los 336) indígenas y campesinos se declararon en resistencia (se resisten a pagar el consumo de energía eléctrica por los cobros abusivos) exigiendo la nacionalización de este servicio. Estas resistencias, por momentos, inundan con sus movilizaciones las calles de las principales ciudades, aunque la prensa empresarial y pro oligárquica tiende a minimizarlos.

Justo cuando se creía que todo estaba perdido en Guatemala, indígenas y campesinos excluidos y expoliados en sus cuerpos y bienes, encienden luces de esperanza y dignidad en esta casi petrificada oscuridad neoliberal. La Puya es una de ellas.

Pero, estos actos estoicos de resistencia, provenientes desde la Guatemala profunda, son aún ignorados por muchos académicos y organizaciones de derecha e izquierda. Quizás porque aún no creen que de la irredenta Guatemala maya puede salir algo bueno. Lo cierto es que en este país de la muerte y saqueo, donde cada instante de vida es casi un acto de fe, indígenas y campesinos se constituyen en la reserva moral y en el baluarte activo de la dignidad de todo un pueblo que se resiste a morir.

Campesinos e indígenas mayas saben, por experiencia propia, que los mitos de la prosperidad, el desarrollo infinito y la inversión privada para el desarrollo del pueblo son sólo eso. Leyendas rentabilizadas por los mismos de siempre. Por eso, ahora, desde sus silencios activan la inédita resistencia simultánea en diferentes puntos del país porque el pulso del corazón del Cielo y del corazón de la Tierra desfallece. Y, una vez más, muchos profesionales, intelectuales, analistas, académicos, universidades, ONGs, etc., se quedan en la zaga estupefactos sin creer lo que ven. Quizás porque no creen que indígenas y campesinos pueden ser sujetos. O quizás porque esta realidad supera los conocimientos aprendidos en las universidades colonizantes. Lo cierto es que esta resistencia social avanza sin libretos, ni guiones para transformarse en una fuerza política.