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sábado, 18 de abril de 2020

El hambre como bandera.


En las ventanas de muchos barrios de Colombia, los más pobres colgaron trapos rojos como señal de auxilio. El SOS de la pobreza en medio del coronavirus.

CATALINA OQUENDO

Por estos días de ciudades adormiladas y silenciosas, las ventanas de los barrios más pobres de Colombia gritan ayuda. Trapos, pedazos de tela, disfraces infantiles o camisetas rojas ensartados en palos cuelgan como banderas, como el más doloroso SOS de la pobreza y el hambre.

Empezó en Soacha, a las afueras de Bogotá, el lugar donde habitan cerca de 50.000 desplazados del conflicto armado, el municipio donde hace años el Ejército sacó a un grupo de muchachos pobres, los vistió como guerrilleros y los asesinó; el lugar donde viven miles de migrantes venezolanos y en el que un 36% de la población padece extrema pobreza. Soacha es hoy, por la estela del coronavirus, un enorme cúmulo de trapos rojos.

“Si usted ve un trapo rojo en la puerta de su vecino significa un llamado de solidaridad”, difundió la alcaldía de Soacha que comenzó con esta estrategia, que revela la desigualdad que supone el confinamiento.

—Buenas tardes, vecina —continúa el vídeo de la campaña —Es que les vi el trapito rojo y les traje una pequeña ayudita— dice una mujer acercándose a un par de personas mayores.

— Gracias, que dios la bendiga —responde otra que besa una bolsa de arroz.

Colombia es un país patriotero. La bandera se saca por todo: en las fiestas que recuerdan la Independencia, en los feriados o cuando gana la selección de fútbol. Recién comenzó la pandemia, María Juliana Ruiz, esposa del presidente Iván Duque, pidió colgar la bandera tiricolor en señal de entusiasmo para superar la pandemia. Pero la realidad convirtió a los trapos rojos en la bandera que se ondea por estos días. Basta mirar solo el edificio de la plaza La Hoja, en el centro de Bogotá. Una molicie de 14 pisos donde viven víctimas del conflicto armado cuyas ventanas están plagadas de trapos rojos, como si fueran un grito alto de hambre.
Habitantes del sur de Bogotá protestan en las calles. RAÚL ARBOLEDA (FOTO: AFP | VIDEO: REUTERS)

La postal se repite en los barrios altos de Medellín, donde suenan las cacerolas y la gente sale con banderas blancas pintadas de rojo; en la calurosa Ciénaga (Magdalena), ubicada en el norte del país; o en las laderas farragosas de Ciudad Bolívar, en la capital, donde se han presentado protestas y represión por parte de la policía antidisturbios. O en el barrio Bosa Porvenir, de Bogotá, donde decenas de personas bajaron los trapos rojos de las ventanas y salieron agitarlos y a cantar el himno de Colombia. “Somos una familia de nueve personas y no estamos en ningún listado del Gobierno, tengo una mujer embarazada y dos niños más en la casa y no tengo nada para darles de comer. Por eso estoy acá”, decía una mujer mientras sacudía una camisa roja de puntos blancos.

El factor común es que en esas casas habitan personas que usualmente viven del rebusque, de la informalidad —como un 45% de los colombianos— y que ante la cuarentena obligatoria no pueden salir de sus casas a buscar el sustento. Como ha dicho el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, “podría morir más gente de hambre que de coronavirus”. Pero no son los únicos en usar el trapo. La alcaldía de Envigado, el municipio más rico de Colombia, colgó uno en la entrada de su sede administrativa. “Nos sumamos a esa iniciativa popular para pedir una ayuda más ágil del Gobierno nacional y a los empresarios”, dijo el alcalde, Braulio Espinosa.

La llamada “estrategia del trapo rojo”, que apuntaba a la solidaridad entre vecinos, es en sí misma una señal de protesta. El Gobierno de Iván Duque ha anunciado un subsidio de 160.000 pesos (unos 40 dólares, 36 euros) y la alcaldía de Bogotá, uno de 423.000 pesos, (100 dólares, 92 euros) a 350.000 familias. No les han llegado a todos, y a medida que la cuarentena se extiende, las ayudas no alcanzan. “Cuando íbamos llegando, la gente gritaba pongan el trapo rojo que llegaron los del censo a ver si nos dan algo”, contó un joven empleado de la alcaldía de Bogotá que estuvo en las calles de tierra de Cazucá, en Ciudad Bolívar. Ahí, como en muchos rincones de Colombia, la población más vulnerable parece atrapada entre dos losas de cemento que les va quitando el aire.

Como ocurre con los símbolos que nacen en lo popular los caminos que ha tomado el trapo rojo son impredecibles. Por momentos, recuerda el viejo trapo rojo que identificaba a los liberales en Colombia; en otros, esa idea de identificar las viviendas, trae a la memoria aquella D, de demolición, con que el Gobierno chavista de Nicolás Maduro tachaba las casas de los colombianos deportados desde Venezuela.

Como el pañuelo blanco de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina o el verde del derecho a decidir de las mujeres, el trapo rojo va camino de convertirse en la bandera de la desigualdad que ha quedado expuesta con el coronavirus y trasciende las fronteras de Colombia.

Información sobre el coronavirus

-Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia




- En caso de tener síntomas, estos son los teléfonos que se han habilitado en cada país de América Latina.

jueves, 13 de febrero de 2020

Paro armado en Colombia: "Si no te paras, bala".

"Soldados colombianos en la presentación de un nuevo batallón en Medellín. AFP

Las guerrillas colombianas retan a Iván Duque, convocan un paro violento de 72 horas y amenazan a toda la población: "Personal que no acate nuestra advertencia, serán objetivo militar


No se trata de una huelga general al uso, con piquetes y clavos regados por las carreteras para obligar a cumplirla. El "paro armado", convocado por las guerrillas colombianas, supone quemar cualquier medio de transporte que no acate su orden y tomar drásticas represalias, que pueden llegar hasta la muerte. La orden es clara, si no paras, bala.


Ya empezó a incinerar coches, motos y autobuses la organización criminal más pequeña, el EPL (Ejército Popular de Liberación), que se adelantó a las demás y decretó su propio paro desde este 12 de febrero, concentrada en la región norteña de Catatumbo, departamento de Norte de Santander, fronteriza con Venezuela.


El ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las FARC-EP, por su parte, organizaron el suyo entre el viernes 14 y el próximo lunes 17. Los primeros, en todo el territorio nacional; los segundos, solo en el departamento del Cauca, al oeste de Colombia.

"Que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo, pero que no tenga que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo", señaló un subversivo eleno, en el vídeo que difundieron por redes sociales para anunciar la decisión. Rodeado de hombres uniformados y armados de fusil, también advirtió que quienes decidan circular, protegidos por las caravanas que organiza el Ejército en las zonas más conflictivas, sufrirán las consecuencias de "dejarse utilizar para sabotear el paro".


El Comando Central de las disidencias de las FARC-EP, en su comunicado para unirse a la iniciativa, indicó que "personal que no acate nuestra advertencia, serán objetivo militar por nuestras unidades".

De ahí que en Corinto, departamento del Cauca, donde son muy fuertes ambas bandas terroristas, las personas entrevistadas por este diario aseguran que nadie osará enviar a sus niños al colegio, acudir al trabajar o salir a la calleen esos días. "Hay que preservar la vida. Aunque la Gobernación obligue a los centros educativos a abrir sus puertas, no creo que vayan alumnos ni profesores. Cuenta más la vida", indica un funcionario del ayuntamiento, que pide no dar su nombre.


"Estoy seguro de que al final serán muy pocos los que se atrevan a abrir los comercios porque luego esa gente [la guerrilla] te espera cualquier día que salgas del pueblo y te hacen algo", indica un comerciante. "También, si uno mueve el carro [coche] o la moto, si no te la queman ahí mismo, sus milicianos toman la foto de la placa y otro día le prenden fuego".

Un miembro del ELN muestra su brazalete.MUNDO

Hasta el momento, no han dado las razones concretas para protestar ni elegir precisamente esas fechas y no otras, al margen de retar al gobierno de Iván Duque, incapaz hasta el momento de conjurar la arremetida de las diferentes guerrillas que han ocupado el terreno que dejaron las antiguas FARC y están cada vez más fortalecidas, gracias, en buena medida, tanto a la expansión del narcotráfico, principal fuente de finanzas, y al santuario venezolano donde residen los altos mandos y pueden entrenar tropas.

"Estamos inconformes porque interrumpe la vida cotidiana de los habitantes. Hay mucha tensión, mucho temor y desde el viernes, todo estará cerrado", le dijo a este diario, en conversación telefónica, un vecino de El Tarra, epicentro del ELN en el Catatumbo, región selvática y cocalera. "Mejor todos quietos".

Aunque el Presidente Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes, aseguraron que las Fuerzas Militares garantizarán la movilidad en todo el país, aumentando su presencia en las carreteras, y que los transportistas que sufran pérdidas podrán cobrar los seguros, las primeras quemas del EPL evidencian que no podrán cumplirlo en la Colombia periférica donde las guerrillas son fuertes.


La #FuerzaPública está lista y preparada para garantizar la seguridad de los colombianos. El país seguirá desarrollando sus actividades con normalidad



"Lo más pobres y los más alejados de los centros de poder, veredas y pueblos alejados, ya están sufriendo la violencia que genera el paro", analiza para EL MUNDO Álvaro Jiménez, columnista de la revista Semana. "El ELN pretende mostrar que existen, que tienen fuerza, es un paro para su propia gente y para decirle al país que son un actor relevante, sin darse cuenta que muestran la irrelevancia que la violencia tiene para la mayoría de este país", agrega quien participara en el pasado en conversaciones de paz con dicha guerrilla. "A la gente le importa un bledo lo que pase en una vereda de Ábrego, de Hacarí [Norte de Santander ambos]. Lo único que van a conseguir es que ganen las posturas que piden militarizar y derechizar la mentalidad de este país".

Fuente: elpais.com

miércoles, 3 de abril de 2019

Cinco países latinoamericanos en lista de ciudades con peor aire.


Perú, Chile, Colombia, Brasil y México son las únicas naciones latinoamericanas del listado de los 73 países con los peores índices de contaminación del aire en el mundo.

En este ranking Perú lidera con el puesto 21, Chile en el 26, seguido por México en el 33, según informa el Reporte Mundial de Calidad del Aire 2018 de IQAir y Greenpeace.

Luego Brasil figura en el puesto 44 y Colombia está en la ubicación número 50.


Clasificación por países.


Conforme al documento, la contaminación es causada por la agricultura, el transporte con vehículos ineficientes y los estándares de combustible, la quema de biomasa para la calefacción y cocción doméstica y comercial.
Asimismo, se advierte que el aire contaminado tomará aproximadamente siete millones de vidas en el mundo el próximo año, consecuencia que costará a la economía mundial casi 225 mil millones de dólares.

En el ranking global de ciudades capitales, los asiáticos lideran con Delhi (1), Dhaka (2), Kabul (3), Manama (4) y Ulaanbaatar (5). Santiago y Lima están en alerta amarilla y ocupan los puestos 20 y 22 respectivamente.


Clasificación por ciudades capitales: rojo el peor aire.

Posicionamiento de Latinoamérica 

Si Perú aparece en el primer lugar, el panorama cambia con la clasificación por ciudades latinoamericanas: Chile es el país con la mayor cantidad de ciudades contaminadas con material particulado 2.5.

Se trata de Padre las Casas, Osorno, Coyhaique, Valdivia y Temucho, quienes aparecen en los primeros cinco puestos de las ciudades más contaminadas en América del Sur.

Chile sufre de altos niveles de contaminación por la quema de madera para calefacción, situación que las políticas públicas intentan reducir la promoción del acceso a tecnologías de calefacción más limpias.



Fuente: Servindi

miércoles, 3 de octubre de 2018

Tráfico de madera: De la Amazonía hacia el mundo.

TERRITORIO. En lo que va del 2018, Osinfor ha identificado cerca de 4 mil metros cúbicos de shihuahuaco de origen ilegal proveniente de la Amazonía. (Foto: Leslie Moreno)

Un equipo de once periodistas de Perú, Colombia, México, Bolivia y Ecuador; investigó sobre el tráfico ilegal para lavar y saquear la madera en la Amazonía. Los tablones son puestos en el mercado internacional con documentos oficiales pocas veces verificados. 

El reportaje revela cómo las mafias, que muchas veces amenazan y asesinan a líderes e indígenas, ahora están detrás de nuevas especies forestales, y los gobiernos no hacen nada para protegerlas.

Un dato importante que recoge esta investigación es la estimación de que el 30% de la madera vendida a nivel mundial es de origen ilegal, siendo Estados Unidos y China los principales destinos de envío. 

Éste, fue un trabajo en conjunto realizado por ocho medios de comunicación: Ojo Público, Mongabay Latam, El Deber, El Espectador, Vistazo, Connectas, Semana e Infoamazonía.
Los últimos árboles de la Amazonía


Las mafias ahora están detrás de nuevas especies forestales, pero los gobiernos no hacen nada para protegerlas. 

A raíz de los extraños ingresos de taladores en la zona nororiental de la Amazonía de Perú, los miembros de la comunidad indígena Shawi, convocaron a una asamblea para decidir qué acciones tomarían contra este grupo de traficantes que extraían ilegalmente los árboles más longevos de su territorio.

Esa zona es la única vía que conecta a la comunidad con el distrito más cercano: Balsapuerto.

El mecanismo de extracción comenzaba con la maquinaría pesada que destruía la vía de acceso y a su vez, taladores usando la trocha para sacar en camiones los troncos de los árboles cortados.

Así, los shawi decidieron instalar un punto de control y frenar con ello el tránsito de estos camiones. Hicieron lo que hace tiempo el Estado peruano no logra hacer: controlar las rutas del tráfico de madera.

Debido a esto, comenzó una historia violenta de amenazas contra los principales dirigentes de su comunidad, evento que se conecta con el asesinato de un líder indígena, Edwin Chota, quién por más de doce años venía denunciando el tráfico de madera en sus territorios sin que las autoridades iniciaran una investigación seria.

Perú no ha logrado condenar a los asesinos, ni mejorar la seguridad de otros líderes amenazados. Tampoco ha logrado reducir la extracción de árboles en bosques prohibidos que luego acabarán siendo parte de ese millonario y sofisticado negocio del tráfico global de madera en el mundo.

El Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señalan que este ilícito negocio supera los 50 mil millones de dólares y pueden representar el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo.

#MaderaSucia, es una investigación que analiza la situación actual del mercado de la madera amazónica y los mecanismos que utilizan las mafias para lavar los productos de origen ilegal con el fin de incorporarlos a la cadena de comercio global.
Madera sucia

Dentro de la investigación, el método que las autoridades confirmaron como el más usados por las mafias madereras, es la declaración de información falsa en documentos oficiales.

Es decir, en la mayoría de casos, la madera de origen ilegal se vende con papeles que dicen que esos árboles salieron de una zona autorizada, cuando en realidad fueron extraídas de áreas naturales protegidas o tierras indígenas.

El 'sistema que permite la legalización' de la madera extraída de bosques prohibidos para luego ser comercializada y exportada, se repite en todos los países amazónicos.

Asimismo, los documentos oficiales que no cuentan con procesos de verificación en campo por parte de las autoridades de cada país, están permitiendo desde hace años un sistema impune de saqueo de los recursos forestales de la Amazonía latinoamericana. 

Aqui el ránking de las 10 empresas que compraron la madera amazónica de origen ilegal, reportaje desarrollado por Connectas:





El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal. 
Fuente: 2016, ONU.



El reportaje señala que los ejemplos más recurrentes del tráfico ilegal se encuentran en Perú, país que exporta más madera al mundo después de Brasil.

Durante los últimos años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) ha identificado planes forestales aprobados por los gobiernos regionales que sostienen tener un número determinado de una especie de árboles en tasas científicamente imposibles. 

Cabe resaltar que en Colombia, Brasil y Ecuador, los investigadores señalan que la madera extraída de sus territorios es enviada a la parte amazónica peruana, donde es lavada y comercializada.

Otro dato impactante revelado por la investigación, fue que el negocio de la madera de origen ilegal puede movilizar 750 millones de dólares al año, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico.


Entre 50 y 152 mil millones de dólares movió el 2016 este negocio ilícito, más que el 2014.


Deforestación


La tala ilegal en la Amazonía tiene de contexto el incremento permanente de áreas deforestadas. Pese a los esfuerzos, nadie detiene la destrucción de los bosques en manos de ganaderos, mineros ilegales, monocultivos y otras formas de agricultura.

El reportaje muestra que ante los controles y protección de especies de alto valor comercial como la caoba y el cedro, el mercado ha comenzado a presionar otros árboles incrementando la deforestación en nuevas especie amenazadas; como por ejemplo el Shihuahuaco.

Además, Ojo Público ha corroborado que en Perú hace doce años no se actualiza el listado de especies amenazadas.

Así, ante la masiva deforestación, la investigación mostró que las acciones contra el tráfico de madera por parte de los países que comparten la Amazonía no son conjuntas.

Finalmente, la investigación reveló que tanto los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador no cuentan con un plan integral y conjunto para enfrentar el tráfico global de madera amazónica y ponerle frenos a la depredación de ciertas especies.


Si continuamos talando árboles sanos a este ritmo, en menos de 600 años habrá quedado reducido a un tocón el último árbol del planeta. 
Hope Jahren en “La memoria secreta de las hojas”



Lee el reportaje especial completo aquí

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Con información de Ojo Público: https://ojo-publico.com/especiales/madera-sucia/


Fuente: Servindi

domingo, 22 de julio de 2018

Estado colombiano pidió perdón al pueblo Wiwa por masacre y desplazamiento.

El acto de perdón fue presidido por el ministro de Justicia / FOTO: ONIC
Luego de que el Tribunal Administrativo de la Guajira lo declarara como responsable por el desplazamiento forzado y masacre de la comunidad Wiwa, a través de Ministerio de Defensa, el Estado colombiano pidió perdón en un acto público.
El acto de perdón, presidido por el ministro de Justicia Enrique Gil Botero, se realizó el jueves 19 de julio en Sabana de Manuela, territorio ancestral del pueblo Wiwa, en La Guajira.
Aunque la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) saludó  decisión, también  recordó que las víctimas indígenas del conflicto armado, que ya llevan 68 desde la firma del acuerdo de paz, exigen la verdad, justicia, reparación y derecho de no repetición.
La responsabilidad del Estado se remonta al 1 de setiembre del 2002, donde cerca de 200 paramilitares del Bloque Norte del grupo paramilitar denominado Autodefensas Unidas Colombia (AUC) “asesinaron a 16 de sus pobladores, arrojaron rockets y cilindros contra la población civil e incendiaron 15 viviendas”.
El desplazamiento forzado y la masacre ocurrieron en la comunidad Wiwa de la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira.
Además, de acuerdo con el Tribunal, "el Estado colombiano desconoció sus obligaciones de garantía y protección frente al pueblo Wiwa, faltando a los deberes que se desprenden de su condición de garante y permitiendo la violación de derechos fundamentales a una población objeto de protección reforzada".
La ONIC y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) consideran que el fallo “constituye un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de la falta de actuación diligente del Estado ante las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares”.
“Es hora de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la horrible noche no cesa, los vientos de paz no llegan, los 68 indígenas homicidios, 10 tortura, 5.730 desplazamiento, 8.245 confinamientos, 25 reclutamiento, 22 atentados, muertes por inasistencia humanitaria y 161 amenazas (en aumento)”, denuncia la ONIC.
Asimismo, la ONIC se solidarizó con la comunidad El Limón, el pueblo Wiwa y otros pueblos originarios pidiendo integrarse y resistir para “sanar integralmente el territorio”.


Fuente: Servindi

lunes, 2 de abril de 2018

Colombia: Fluye el petróleo, sangra la tierra.

Foto: Oneida Suarez

Por Tatiana Roa y Claudia Gimena Roa
Observatorio Petrolero Sur, 30 de marzo, 2018.- 

Varios activistas recorrimos la quebrada La Lisama, veníamos de Bucaramanga, de celebrar el día mundial del agua, triste ironía. El dolor es grande, las dimensiones del derrame son aterradoras, más de 20 días lleva el crudo manando a superficie y aún no lo controlan, el petróleo fluye mientras sangra la tierra, mueren los peces, los lagartos, las serpientes, los mamíferos, las aves, las avispas. En la reunión de las comunidades, anunciaban que tendrán que desplazar hacia otras tierras las reses, los caballos, las cabras: desplazamiento ambiental.

La dimensión del derrame es inmenso, pero a gran parte de los hombres sólo les preocupan los puestos de trabajo, mientras tanto las mujeres, con más sensibilidad a lo que sucedió, lloran el río y reclaman a Ecopetrol por su futuro. Un futuro incierto, que de acuerdo a maestros de la Unipaz, tomará años o décadas la recuperación de estas tierras. La empresa petrolera ni siquiera aparece, o por lo menos, a esa reunión de la mañana del viernes 23 de marzo, no llegó.

Al dolor de la construcción de la hidroeléctrica del Sogamoso que acabó las grandes subiendas de peces que nutrían la economía local, se suma ahora este derrame. Un pescador nos contaba que ya el pescado sabe a petróleo y que sube buscando los caños aùn sanos. “Nadie nos compra el pescado, nos dicen que está contaminado”: insiste el pescador de La Cascajera, un poblado a varios kilometros de La Fortuna. Más de 600 familias viven de la pesca en esta región de la Cuenca del Sogamoso.

Recorrimos la zona, vimos los multiples pozos petroleros que como vampiros chupan la “sangre de la tierra”. La gente teme que lo que pasó fue un fracturamiento hidraúlico (fracking), porque Ecopetrol ya había anunciado un pozo piloto para fracking en la Marteja, que es ahí mismo en Lizama. El olor de hidrocaburos estuvo presente durante todo el recorrido. El caño contaminado recorre gran parte del territorio y va esparciendo la contaminación con un manto de muerte.

Foto: Oneida Suarez

El rector del colegio de la Fortuna está preocupado por los efectos a largo plazo que tendrá el derrame. Nos dice que si bien el agua de consumo humano proviene de otro acuìfero, las aguas de La Lizama sirven para las siembras, el pan coger y para los animales domésticos. Le preocupan los olores, la contaminación de los suelos, la salud de sus estudiantes, más de 600 entre primaria y bachillerato.

Las camionetas de los otros vampiros, los constratistas de las petroleras, acechan La Fortuna, triste nombre de un pueblito polvoriento, al que 50 años de petrólero no le ha dejado nada. La explotación petrolera sólo ha sido un espejismo para la gente cada vez más empobrecida, mientras otros se enriquecen a costa de el territorio, nos dicen el rector.

Del derrame quieren ganar todos, y en época electoral, más de un político de los que poco les importa la gente y el territorio y que promueven el extractivismo, ha llegado a tomarse fotos con la gente, junto a la quebrada. La vida no importa solo su imagen, solo seguir acumulando para ellos.
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viernes, 3 de noviembre de 2017

COP23 premiará proyectos de Colombia, Honduras y Ecuador.

Proyecto ecuatoriano promueve la agricultura sostenible y el empoderamiento femenino.

La organización de la COP23 que será este año en Bonn (Alemania) reconocerá iniciativas agrícolas de Latinoamérica por su lucha contra el cambio climático. Una de estas iniciativas además será distinguida por su esfuerzo en incluir la participación de las mujeres en la agricultura.

Por José Díaz
Servindi, 01 de noviembre, 2017.- A pocos días de la COP23 que este año tendrá lugar en Bonn (Alemania), las primeras informaciones sobre este evento se van dando a conocer. Una de ellas tiene que ver con Latinoamérica, puesto que ya se sabe que Ecuador, Colombia y Honduras figuran entre los proyectos de acción climática que serán premiados en esta edición.
Uno de los reconocimientos, que serán entregados por las Naciones Unidas, lo recibirá Ecuador y será el de “soluciones climáticas” por una iniciativa que busca la agricultura sostenible y la participación de las mujeres en Quito.
Este proyecto permite a las mujeres aprender a producir alimentos de manera sostenible a través de medidas agrícolas que aumentan la seguridad alimentaria y reducen las emisiones de carbono. Cabe precisar que esta iniciativa también será distinguida por la organización de la COP23 en la categoría de “Impulso para el liderazgo de las mujeres”.
El otro proyecto latino que será galardonado en Bonn será una iniciativa compartida por agricultores de Colombia y Honduras quienes hacen uso de la tecnología para desarrollar una “agricultura climáticamente inteligente”. Esto a través del análisis e intercambio de datos climatológicos.
En total serán 19 las actividades que serán galardonadas en la COP23 que tendrá lugar en Alemania del 6 al 17 de noviembre y que para esta edición tendrá como eje climático la “solidaridad frente al cambio climático”.
Cabe precisar que, pese a que la sede de la COP23 será en Alemania, esta edición viene siendo organizada por Fiji, país que representará a las demás naciones insulares del Pacífico Sur en esta convención.
“Con el apoyo que están dando a Fiji, al equipo de cambio climático de la ONU y a todas las personas que van a participar en la COP23, Alemania está demostrando su compromiso con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible”, declaró esta semana la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Patricia Espinosa.
Fuente: Servindi.org

martes, 30 de mayo de 2017

Educar para la paz, no para una cátedra.


La sorpresa de que en los colegios del país no se hable del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc lleva a hacer una reflexión más profunda sobre cómo el sistema educativo debe reconocer y valorar formas menos convencionales de educación en la diferencia.

Por Natalia Herrera Durán - @Natal1aH

Escuela rural de San Vicente del Caguán en el Caquetá. /Mauricio Alvarado

¿Por qué en los colegios no se habla del Acuerdo de Paz al que llegó el Gobierno con las Farc para poner fin a 52 años de conflicto armado que dejó millones de desplazados y miles de colombianos muertos?

La reflexión la hizo Annika Otterstedt, jefa de cooperación de la Embajada de Suecia en Colombia, al pronunciar las palabras de apertura del Encuentro de Colombia 2020 y El Espectador sobre “La educación como pilar fundamental para la construcción de paz”.

Otterstedt se preguntó con sorpresa por qué a sus hijos que estudian en el país no les hablan de este tema que no pocos califican de histórico y trascendental. “Si la guerra se crea en la mente de los seres humanos, necesitamos que la paz se erija en la mente de los seres humanos”, dijo con atino María Alejandra Villamizar, directora de la Conversación Más Grande del Mundo, quien estaba moderando el diálogo.

Y, ¿cómo erigimos la paz en nuestra mente? La respuesta debe partir de reconocer que la ausencia de guerra no significa necesariamente que haya paz, cree Saadia Sánchez Vegas, directora de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Quito y su representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ya que eso alude, piensa Sánchez, a la necesidad de atender los requerimientos de los distintos sectores sociales y traducir los valores de paz en diálogo intercultural, en valoración de la diversidad y en una construcción de ciudadanía y educación afín a esos conceptos.

Zulia Mena García, viceministra de Cultura, también reconoció esa necesidad y citó a Gabriel García Márquez para decir que “en Colombia nos hicimos desconociendo al otro” y que cambiar eso, traducido al territorio nacional, significa ineludiblemente ponerle atención a la Colombia que no está escrita. “La paz se construye en la medida en que articulemos las diferencias que este país tiene”, sostuvo Mena.

Esta es una razón poderosa para entender que uno de los enormes retos de hoy es que las personas se eduquen sin abandonar las regiones, aunque esa idea de “territorializar la educación” no sea tan bien vista por las universidades cuya vocación está en captar estudiantes de todo el país, reflexionó Camilo Borrero García, investigador de la Universidad Nacional y del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz).

“Estamos intentando decirles a las universidades que escuchen al país”, afirmó Borrero al rescatar el propósito de Capaz en el país.

Natalia Ruiz Rodgers, viceministra de Educación Superior, está de acuerdo con eso y dice que el Ministerio de Educación también está trabajando en esa línea, aunque falta todo por hacer. Habló de los planes de educación rural con enfoques diferenciales, flexibles, participativos y autogestionables que vienen diseñando.

También rescató la alianza que recientemente firmaron con la Unión Europea y la Universidad del Cauca para educar a mujeres en Putumayo y Cauca sobre ecoturismo bilingüe, en especial en avistamiento de aves, con la posibilidad de transmisión de esos conocimientos en la red de radios de las Fuerzas Armadas.

Ser y hacer

“Nadie nace para no ser nada. Todos nacimos para ser algo y alguien. Lo que sea. Un sujeto, un actor de su tiempo. No estoy diciendo que todos sean Mozart. Es más, me gustaría que fueran un montón de cosas distintas a Mozart”, fueron las palabras del investigador Jesús Martín Barbero para aterrizar el debate en la vida de los jóvenes.

De acuerdo con Martín Barbero, Colombia tiene una necesidad enorme de reconocerse como inventora y creadora y no sólo como compradora. Por eso su insistencia en que la educación no puede ser domesticación y, en cambio, debe potenciar la espontaneidad e integrar la sociedad y la familia.

En esa misma dirección, Saadia Sánchez Vegas habló de que en Colombia se debe definir primero qué se entiende por educación para la paz y qué se quiere alcanzar con ella, y eso pasa por pensar esa definición en todos los espacios del país. En 1996, la Unesco, dijo Sánchez, estableció que la educación para la paz tiene que ver con aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.

Esta propuesta se denomina “Educación para la ciudadanía” y busca ir más allá de los meros procesos cognitivos, articulando dos componentes claves: el socioemocional y el conductual. Asimismo busca potenciar la lectura y el pensamiento crítico y está estructurada en mallas curriculares, es decir, debe atravesar de forma trasversal e integral todas las asignaturas, contenidos y espacios de la escuela.

Cátedra de recinto

Pese a estas sugerencias de la Unesco, que no son nuevas, en el país se viene implementando sin mucho bombo e impacto una cátedra para la paz desde 2015, que dos años después sigue en mora de ser revaluada. Sobre todo si es cierto que el Gobierno se toma en serio eso de educar para la paz.

En septiembre de 2014, el Congreso aprobó la Cátedra de la Paz y curiosamente pasó por encima de la reforma gubernamental que ya había pensado en la educación para la paz de forma más transversal. En 2004, atendiendo a la necesidad de un proyecto educativo un poco más integral, como se discutía en el continente, el Ministerio de Educación publicó la cartilla número 6 sobre competencias ciudadanas y construcción de paz, que incluía la formación en derechos humanos, buena ciudadanía, resolución de conflictos y otros valores, a través de conocimientos, competencias cognitivas, competencias emocionales y competencias comunicativas presentes en todas las asignaturas.

De hecho, en ese momento se discutió que lo ideal era no aplicar el anticuado método de crear una cátedra en la que se dictaran unos contenidos en una clase. Sin embargo, en medio de la euforia que despertó una nueva posibilidad de acuerdo entre el Gobierno y las guerrillas, el Congreso aprobó la Cátedra de la Paz y el Gobierno, representado por Juan Manuel Santos y la entonces ministra de Educación, Gina Parody, en vez de reorientarla de acuerdo con la reforma hecha por el Ministerio de Educación, la reglamentó a través del decreto 1038 del 25 de mayo de 2015, avalando así que las competencias ciudadanas fueran una serie de contenidos que un docente dicta en una asignatura.

Hoy, dos años después, se sigue escuchando en diferentes sectores educativos, académicos y sociales sobre la necesidad de replantear la Cátedra de la Paz, pues así como está supone un retroceso: una paz de recinto cerrado que está lejos del compromiso amplio que debe tener la educación en la construcción de paz en un país desigual como Colombia.

La viceministra de Cultura, Zulia Mena García, lo resumió así: “El país necesita una educación para la paz que reconozca la diversidad de lo que somos. Ya es tiempo de escuchar y atender otras voces que no han ido o van más allá de los recintos de clase”.

domingo, 1 de enero de 2017

2016, balance mitigado. Hitos y desafíos de la comunidad internacional.


Sergio Ferrari
desde la ONU, Ginebra, Suiza

El 2016 fue un año lleno de retos para la comunidad internacional, entre los que destacaron el deterioro del conflicto en Siria y los esfuerzos para poner fin a esa guerra; la escalada de la violencia y la inseguridad en Sudán del Sur y Yemen; así como un aumento significativo de los refugiados en todo el mundo.

En lo que respecta al continente latinoamericano, según la perspectiva de las Naciones Unidas, un aspecto central y muy positivo fue la resolución del conflicto colombiano protagonizado durante más de 50 años por los diversos gobiernos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El organismo internacional considera que la paz negociada en Cuba, constituye un “acuerdo histórico”.

A nivel ecológico – ambiental, aunque fue el año más caluroso registrado hasta ahora, estuvo marcado por avances como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que entró en vigor más rápido que cualquier otro tratado de la ONU. Las Naciones Unidas consideran este paso como histórico. Algunas organizaciones y plataformas ambientalistas de la sociedad civil internacional, e incluso diversos gobiernos, son menos optimistas y siguen señalando muchas limitaciones que rodean al Acuerdo de París.

En el plano global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también cobraron vigencia en 2016. Si bien los desafíos de la lucha contra la pobreza se ven amenazados, en todo caso en Latinoamérica, por un reflujo hacia gobiernos de marcado corte neoliberal en países como Argentina y Brasil. Con aumentos en la desocupación, costos de vida, inflación y, en paralelo, pérdidas en conquistas sociales, especialmente en las áreas de salud y educación.
A nivel autocrítico, el Secretario General de la ONU se disculpó con el pueblo de Haití por el papel del organismo mundial que no abordó adecuadamente la epidemia de cólera que costó la vida de al menos 9.000 haitianos desde 2010. Ban Ki-moon anunció un plan por 400 millones de dólares para detener el brote y proporcionar apoyo a largo plazo a los afectados.

A nivel institucional, el ex Primer Ministro de Portugal y ex Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, asumirá en las próximas horas, el próximo 1ero de enero, las funciones de Secretario General de las Naciones Unidas. Guterres se comprometió a centrarse en reconstruir la confianza entre los países y forjar consenso para afrontar los principales desafíos que debe asumir la principal organización mundial.

29 de diciembre 2016

sábado, 15 de octubre de 2016

La paz truncada: cuando la política electoral colisiona con el interés general.


por Ignacio García Marín

El pasado 2 de octubre se produjo uno de los hechos más importantes de la reciente historia colombiana: la votación del acuerdo de paz que gobierno y FARC alcanzaron y la ulterior negativa de la mayoría de los votantes a dicho pacto.

Desde entonces se suceden las discusiones en torno a los posibles escenarios a futuro, los análisis sobre el sentido del voto mayoritario y sobre las causas de este resultado. Es posible a su vez que los sondeos, que apuntaban a una sólida y estable victoria del “Sí”, realmente no midieran la importancia de la abstención que estaba por aparecer. El “No”, por mucho que ocupara importantes porciones del electorado, no parecía albergar una expectativa real de victoria.

Sin embargo, y dejando de lado la cuestión en torno al por qué de esta disparidad de previsiones con los hechos, no debiera pasarse por alto una importante cuestión: la política interna como vector principal de los posicionamientos ante el referendo por parte de los partidos.

Por mucho que la negociación con una banda armada pueda suponer, en ocasiones, un evidente y razonable debate moral, no ha de cerrarse los ojos ante la evidencia de que el Estado colombiano no ha sido capaz, hasta ahora, de derrotar militar y judicialmente las amenazas terroristas en el país. Del mismo modo, a nadie se le escapa que es impensable una hipotética victoria de las FARC o del ELN ante el Estado colombiano, por mucho que hayan obtenido de esta larga contienda un medio de vida.

El acuerdo de paz se trataba, por tanto, de un realista ejercicio de política pragmática, en el que ambos bandos tenían mucho que ganar y poco que perder y, además, donde las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no iban a quedar como meros espectadores. Aunque la reparación a las numerosas víctimas sea difícil y los recuerdos del pasado no puedan ser borrados, se presentaba como una buena oportunidad para llevar a la institucionalidad democrática a quienes la atentan, así como de reafirmar la capacidad de las democracias liberales de hacer convivir a posturas y pensamientos diversos. 

¿Por qué entonces la fortaleza y activismo del “No”? Es posible que, dejando de lado las posturas radicalmente en contra de negociar con este tipo de organizaciones, en buena medida la respuesta pueda encontrase en la pura contienda partidista y en las rivalidades personales.

En primer lugar, Álvaro Uribe y su organización partidaria han demostrado una gran capacidad de representar los valores conservadores y tradicionales de la derecha en Colombia, manteniendo prestigio y estabilidad en los últimos años y marcando una clara diferenciación con el que fue su delfín, Juan Manuel Santos. Esta separación, ya amplia desde hace años, se escenificó con su postura radicalmente en contra de los acuerdos de paz que gobierno y FARC habían firmado, fundándose posiblemente en argumentos idealistas que no realistas, además de plantear una postura maximalista y frentista: toda negociación era un golpe de Estado.

En este sentido, Uribe ha sido uno de los mayores enemigos del acuerdo de paz, liderando la oposición parlamentaria ante el ejecutivo, llamando a numerosas concentraciones por todo el país y haciendo uso del carisma y conocimiento que atesora ante quienes le apoyan. Por supuesto, también ha tratado por todos los medios de hacer campaña hacia el exterior, aunque aquí sí podría hablarse de un apoyo mayoritario y con muy escasas fisuras, hacia el acuerdo de paz.

Un vistazo a los resultados electorales muestra, en este sentido, cómo las zonas más proclives al voto uribista le han seguido siendo fiel, así como también aquellos más alejados al conflicto y de la importancia de la renta per cápita: a más riqueza, más apoyo al “No”. Se ha desempeñado pues, como un actor con capacidad de veto para iniciativas de este calibre, dado su poder de capitalizar oposiciones al gobierno de Santos y tejer un discurso político funcional a sus intereses.

En segundo lugar, no ha de olvidarse la responsabilidad que pueda albergarse desde la propia campaña oficialista. En un país como Colombia, donde el clientelismo sigue siendo notorio en amplias zonas del país, así como de la frecuencia que están alcanzando las coaliciones electorales, no ha de descuidarse el análisis regional del voto y su movilización. En este sentido, pareciera destacable que los posicionamientos que van tomando los que pretenden suceder a Santos se puedan relacionar con la campaña electoral ante el referendo fallido.

Así, el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras ha sido acusado de no apoyar explícitamente el acuerdo, siendo llevado por Santos en campaña por el “Sí” para acallar rumores de división interna en alguna ocasión. Se le ha considerado uno de los favoritos para sucederle en 2018, así como del dominio que tiene sobre una multitud de autoridades públicas repartidas por el país, especialmente en la costa caribe. Durante la campaña, mantuvo posiciones ambivalentes cuando no en segundo plano. Después de todo, como miembro del gobierno, podía capitalizar la victoria, pero su silencio y pasado político también le podían armar ante un revés en el plebiscito.

En tercer lugar, no ha de dejarse de lado la posibilidad de que la oposición al gobierno de Santos y el desgaste que su propio gobierno ha sufrido en estos años, se haya plasmado en dicha votación, por mucho que desde el ejecutivo se tratara de separar referendo y castigo electoral.

Ejemplo de ello serían los territorios más cercanos al uribismo, donde el “Sí” llegó a ganar con holgura y, donde en ocasiones la campaña versó más en una dialéctica chavismo–antichavismo que el propio referendo. Así sucedió en amplias zonas fronterizas con Venezuela. El discurso de Uribe tras los resultados fue evidente: se erigió como ganador de la votación, pero además, aprovechó para traer a colación críticas con respecto a la reforma tributaria o del significado que él atribuye a la familia.

Todo ello además en una campaña política que quizá pecó de ser poco inclusiva y sí muy oficialista. Si se quería un nuevo país, dejando atrás a un cruento conflicto civil de más de 50 años, quizá se debió haber hecho más partícipe a la sociedad civil y a la oposición, pues, después de todo, sus demandas eran legítimas, por mucho que pueda haber cierto contenido electoralista en ello.

Santos ya cometió un error al permitir que el referendo se discutiera en términos partidarios, pues no se trataba de una elección legislativa o presidencial, sino de un acuerdo de país. Y ganó quien mejor movilizó a su electorado. Fue positivo que lo quisiera someter a consultar popular, pues no estaba obligado a ello, pero erró en adueñarse de la gestión y alimentar la confrontación personal.

Por ello, la desmovilización del “Sí” y la victoria de la abstención estarían directamente relacionadas con los anteriores factores señalados. En efecto, a pesar de la importancia histórica y a futuro que tenía la votación y de la gran atención que recabó tanto en la agenda política nacional como internacional, el gran ganador de la elección fue la abstención. Alcanzó el 62,59% o, lo que es lo mismo, la mayor en 22 años. Aún es pronto para saber con más precisión el por qué y los perfiles de los resultados, pero todo indica que la apatía del electorado se debió más a dar por segura la victoria que por su oposición.

Ha de sumarse además otro factor a tener en cuenta: la academia ha venido mostrando que las regiones afectadas por desastres naturales tienden a bajar en participación electoral cuando hay comicios cercanos en el tiempo, hecho que sucedió con la zona costa caribe, aparentemente más favorable al “Sí” en consonancia con los resultados obtenidos por Santos en su última campaña presidencial. La Guajira (19,39%), Atlántico (24,1%) y Bolívar (23,36%) quedaron muy por debajo de la participación nacional media (37,44%).

Sin embargo, los que creemos que el acuerdo de paz será positivo para el país podemos pensar que aún queda una puerta abierta. Desde la propia noche electoral, Santos llamó a la oposición y se comprometió a mantener la tregua y a seguir negociando. Las FARC hicieron lo mismo por su parte. La oposición parece dispuesta a ceder y entrar en la negociación. Ahora sí parece pues, darse una estrategia electoral más inclusiva.

En mi humilde opinión, parece irrevocable un acuerdo de paz, al que esperemos no tarden en sumarse otras guerrillas, como el ELN. Con suerte, en la próxima consulta la política partidaria no dejará que los proyectos de país se trunquen ante luchas personales y electoralistas.


Ignacio García Marín

Candidato a Doctor por el Instituto Ortega y Gasset (España) y actualmente realiza una estancia de investigación en El Colegio de México (México), tras haber pasado por el CISEPA de la Pontificia Universidad Católica del Perú | Tw: @nacho_garcia_ma


Fuente: Ignacio García Marín

viernes, 7 de octubre de 2016

Paz en Colombia se definirá en terreno político.


A pocos días del fracaso del acuerdo de paz en el plebiscito de Colombia, los últimos dos mandatarios se reúnen con el presidente, Juan Manuel Santos, para definir el futuro de la paz colombiana. Todo esto mientras el pacto de cese al fuego con las FARC culminará el próximo 31 de octubre. ¿Podrán los actores políticos hacer lo que no pudo el pueblo colombiano?

Por José Carlos Díaz Zanelli

Tras el sorpresivo resultado del plebiscito que tuvo lugar en Colombia el último fin de semana, el futuro de la paz entre el Estado Colombiano y las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se abre a un nuevo escenario: el de las negociaciones políticas. Ahí es donde ha entrado a tallar el ex presidente de este país, Álvaro Uribe, principal opositor al acuerdo de paz alcanzado en La Habana.



El actual mandatario colombiano y principal promotor del acuerdo de paz, Juan Manuel Santos, se reunió este miércoles con los dos últimos ex presidente de Colombia: Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, con el fin de llegar a un consenso frente a la inserción de las FARC en la sociedad civil.

Como se sabe, el margen de diferencia del plebiscito, que dio como ganador al “No” fue menor al 1%. En razón de ello, las principales fuerzas políticas colombianas deberán negociar ajustes en el acuerdo de paz. Sin embargo, es necesario precisar que el 31 de octubre es la fecha límite para el cese al fuego establecido entre el Estado Colombiano y las FARC.
Una oportunidad perdida

Mientras todo esto ocurre en la sede principal del gobierno colombiano en Bogotá, ayer se registraron movilizaciones en 14 ciudades por parte de simpatizantes del “Sí”. Fueron decenas de miles, en su mayoría jóvenes, los ciudadanos a favor del acuerdo de paz que marcharon expresando su apoyo al pacto alcanzado en La Habana.

No obstante, es innegable que más de una persona empieza a ver el fracaso del acuerdo de paz en el plebiscito como un eventual fracaso. Uno de ellos es Atilio Boron, el director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED), quien reflexiona en relación a la oportunidad perdida por el pueblo colombiano el pasado domingo:

“…no deja de ser sorprendente que el anhelo de la paz, que era algo que cualquiera que haya visitado Colombia podía percibir a flor de piel en la gran mayoría de su población, no se haya traducido en votos para ratificar esa voluntad pacifista y refundacional de un país sumido en un interminable baño de sangre”.

Fuente: Servindi

lunes, 3 de octubre de 2016

Colombia: Sí a la paz.



Álvaro Cuadra

Más allá de la previsibles resistencias de un sector de la sociedad colombiana, representados en gran medida por el ex mandatario Álvaro Uribe, pareciera que la política de Paz encabezada por el presidente Juan Manuel Santos ha encontrado un apoyo sustancial entre los diversos actores en Colombia y mucho más en la comunidad internacional.

El Acuerdo de Paz negociado en la Habana, como toda obra humana, posee zonas grises y está lejos de satisfacer a todas las partes involucradas; sin embargo, constituye un sólido primer paso para poner fin a un estado de beligerancia que se prolonga ya por más de medio siglo y , definitivamente, marca un punto de inflexión en la historia colombiana y latinoamericana.

La política de pacificación implementada por el gobierno de Juan Manuel Santos debe ser destacada a nivel mundial como el triunfo de las armas democráticas por sobre la barbarie de bandos en pugna, algo que en otras regiones del planeta – como en Siria – parece, por ahora, un imposible. El camino que se inaugura no es fácil y no estará exento de detractores y múltiples contratiempos, como se sabe, es mucho más complejo desactivar una situación explosiva que desatar la violencia.

Es claro que la desmovilización de las FARC no significa que al día siguiente habrá desaparecido la violencia en Colombia, como sabemos, persisten obstinados otros grupos armados, desde organizaciones insurgentes degradadas hasta bandas criminales ligadas al narcotráfico, que siguen activas en el país. No obstante, es innegable que el logro político del gobierno de Santos debe ser puesto en perspectiva histórica, pues en Colombia se inaugura la posibilidad de alcanzar la Paz por la vía democrática.

Los colombianos se enfrentan hoy a la responsabilidad de construir una sociedad muy distinta para sus hijos y los hijos de sus hijos. Ha llegado el tiempo de restañar heridas. Abolida la llamada Guerra Fría, es tiempo de que Colombia y toda América Latina encuentre su lugar en el mundo del siglo XXI, un lugar de dignidad y justicia para sus pueblos, un lugar democrático y en Paz.



jueves, 14 de julio de 2016

¿Qué planean los países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Imagen: Naciones Unidas


Desde el lunes 11 de julio veintidós países presentan una visión general de sus planes para lograr los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en setiembre del año pasado en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York;

Colombia, México y Venezuela son los países latinoamericanos que informarán de sus primeras acciones con miras a alcanzar los ODS. El resto de los países lo integran Alemania, China, Egipto, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Madagascar, Montenegro, Marruecos, Noruega, República de Corea, Samoa, Sierra Leona, Suiza, Togo, Turquía y Uganda.

En tanto que 2016 marca el comienzo de las actividades de aplicación por todos los países para alcanzar los ODS, el enfoque este año será el intercambio de experiencias sobre los pasos iniciales y enfoques adoptados para la ejecución y la arquitectura para el seguimiento y la revisión, en lugar de medir el progreso.

Los planes de cada país pueden verse en el enlace 



Con el tema "Cómo garantizar que nadie se quede atrás", el Foro consistirá en una reunión a nivel de expertos de 5 días y una reunión ministerial de 3 días (18-20 de julio).

El Foro Político es la plataforma global esencial para orientar los esfuerzos de todo el mundo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030. Este año representa la primera vez que los países comparten sus planes de desarrollo desde la aprobación de los ODS.

El programa y documentos del evento están disponibles (en inglés) 


Fuente: Servindi

sábado, 25 de junio de 2016

Colombia acalla las armas camino a la paz.


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (izquierda), y Rodrigo Londoño, Timochenko, máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se dan un apretón de manos mientras blanden el histórico acuerdo, que firmaron este 23 de junio en La Habana y que pone fin a la guerra en Colombia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS 


El cese el fuego bilateral y definitivo rubricado este jueves 23 por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de la guerrilla comunista de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, allana el fin del conflicto armado más prolongado de América Latina.

La presencia de seis presidentes latinoamericanos en la ceremonia de firma de este acuerdo y la hoja de ruta de su cumplimiento remarcó la relevancia del hecho para la región, casi cuatro años después de comenzar en La Habana el diálogo de paz entre delegados del gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

El histórico acuerdo, que de hecho representa el fin de la guerra, aunque aún no la llegada de la paz, abarca la dejación de las armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales o políticos.

Este último punto incluye a “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

El proceso de dejación de las armas por parte de la guerrilla, será verificado por observadores no armados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

El plazo de este parte será de 180 días desde el llamado día “D”, aquel de la firma del Acuerdo Final de paz, que será en Colombia, en un plazo próximo aún indeterminado.

A la ceremonia asistió Ban Ki-Moon, secretario General de la ONU, acompañado de Francois Delattre y Mogens Lykketoft, presidentes, respectivamente, del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General del foro mundial, cuya participación va a ser vital una vez acordada la paz.

El Consejo de Seguridad aprobó el 25 de enero la resolución 2261, que establece una Misión política de Observadores internacionales no armados para Colombia.

El destino final del armamento en manos de la guerrilla será la construcción de tres monumentos, mientras que los combatientes, desprovistos de armas y vestidos de civil, se trasladarán a 22 denominadas zonas de transición y ocho campamentos, donde comenzarán su reincorporación al espacio público colombiano.

Además, indican los documentos entregados a los medios, el gobierno aplicará un conjunto de medidas para crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de participar en política, especialmente a los exintegrantes de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon (izquierda) intercambia opiniones con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante la ceremonia en la capital de Cuba, el 23 de junio, de la firma del acuerdo de cese al fuego definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS


“El proceso de paz no tiene vuelta atrás”, aseguró el mandatario del país anfitrión de la firma y los diálogos, el cubano Raúl Castro. Indicó que “la paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América”, sobre todo porque la Celac persigue declarar a la región latinoamericana como una zona de paz.

“¡Qué este sea el último día de la guerra!”, sentenció a su vez Timochenko, también conocido por el alias de Timoleón Jiménez, al comenzar y cerrar su intervención. Aclaró que “ni las FARC ni el Estado han vencido”, porque ambos firmaron hasta ahora cinco acuerdos, después de haber “discutido largamente”.

Santos apuntó que su país “se acostumbró a vivir en guerra”, sobre todo en las zonas rurales, por lo que “hoy se abre un nuevo capítulo, que nos devuelve la esperanza”.

“Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz”, dijo el gobernante, que hizo del logro de la paz un objetivo central de su mandato, iniciado en 2010.

Enfatizó lo histórico del acuerdo de cese al fuego con las FARC, la guerrilla más grande y antigua de la nación, aunque aún falta por alcanzar la paz verdadera el cese de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y agrupaciones criminales asociadas con las antiguas fuerzas paramilitares y el narcotráfico.

Santos consideró que con la incorporación de las FARC a la política, el país tendrá “una democracia fortalecida”.

Aseguró que, si en el pasado fue uno de los más acérrimos opositores de la guerrilla, ahora está comprometido con el mismo ímpetu a garantizar los derechos del grupo a convertirse en un partido.

Otro punto decisivo es que las FARC aceptó que sea un plebiscito la fórmula con que la población refrendará los acuerdos de paz, tal como deseaba Santos. Las dos partes dejan en manos de la Corte Constitucional definir como será la consulta popular.

Los acuerdos rubricados este jueves 23, referidos al fin del conflicto, se añaden a los logrados con anterioridad sobre política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, y víctimas.

Y las delegaciones seguirán trabajando hasta lograr el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que según anunció Santos y aplaudió la audiencia, sí será firmado en Colombia.

En la firma de los acuerdos estuvieron presentes el canciller de Noruega, Borge Brende, cuyo país es garante junto a Cuba de las conversaciones de paz. También participaron como naciones acompañantes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

También concurrió a la firma el mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, para quien el acuerdo de cese al fuego representa un símbolo de que América Latina se consolida como una zona de paz. Esperamos que “abra la oportunidad de una firma definitiva”, dijo el presidente, quien fue un dirigente guerrillero.

Además, se sumaron a la cita los gobernantes de México, Enrique Peña Nieto, y de República Dominicana, Danilo Medina, presidente pro tempore de la Celac. Acudieron además los enviados especiales para el proceso de paz de Estados Unidos, Bernar Aronson, y de la Unión Europea, Eamon Gilmore.

Las conversaciones comenzaron en La Habana, como sede permanente, el 19 de noviembre de 2012, tras su instalación oficial en Noruega, un mes antes. La capital cubana fue también escenario de las negociaciones exploratorias realizadas entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012.

Durante la primera ronda del diálogo se produjo el cese unilateral de operaciones militares ofensivas de las FARC, entre 20 de noviembre y el 20 de enero de 2013.

“Es una muestra más de nuestra voluntad para generar un medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones”, dijo en ese entonces la organización insurgente en un comunicado.

El cese al fuego unilateral de las FARC se volvió indefinido en diciembre de 2014.


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Con aportes de Ivet González (La Habana)


Editado por Estrella Gutiérrez
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Fuente: Servindi