Colombia acalla las armas camino a la paz.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (izquierda), y Rodrigo Londoño, Timochenko, máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se dan un apretón de manos mientras blanden el histórico acuerdo, que firmaron este 23 de junio en La Habana y que pone fin a la guerra en Colombia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS 

El cese el fuego bilateral y definitivo rubricado este jueves 23 por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de la guerrilla comunista de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, allana el fin del conflicto armado más prolongado de América Latina.

La presencia de seis presidentes latinoamericanos en la ceremonia de firma de este acuerdo y la hoja de ruta de su cumplimiento remarcó la relevancia del hecho para la región, casi cuatro años después de comenzar en La Habana el diálogo de paz entre delegados del gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

El histórico acuerdo, que de hecho representa el fin de la guerra, aunque aún no la llegada de la paz, abarca la dejación de las armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales o políticos.

Este último punto incluye a “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

El proceso de dejación de las armas por parte de la guerrilla, será verificado por observadores no armados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

El plazo de este parte será de 180 días desde el llamado día “D”, aquel de la firma del Acuerdo Final de paz, que será en Colombia, en un plazo próximo aún indeterminado.

A la ceremonia asistió Ban Ki-Moon, secretario General de la ONU, acompañado de Francois Delattre y Mogens Lykketoft, presidentes, respectivamente, del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General del foro mundial, cuya participación va a ser vital una vez acordada la paz.

El Consejo de Seguridad aprobó el 25 de enero la resolución 2261, que establece una Misión política de Observadores internacionales no armados para Colombia.

El destino final del armamento en manos de la guerrilla será la construcción de tres monumentos, mientras que los combatientes, desprovistos de armas y vestidos de civil, se trasladarán a 22 denominadas zonas de transición y ocho campamentos, donde comenzarán su reincorporación al espacio público colombiano.

Además, indican los documentos entregados a los medios, el gobierno aplicará un conjunto de medidas para crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de participar en política, especialmente a los exintegrantes de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon (izquierda) intercambia opiniones con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante la ceremonia en la capital de Cuba, el 23 de junio, de la firma del acuerdo de cese al fuego definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“El proceso de paz no tiene vuelta atrás”, aseguró el mandatario del país anfitrión de la firma y los diálogos, el cubano Raúl Castro. Indicó que “la paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América”, sobre todo porque la Celac persigue declarar a la región latinoamericana como una zona de paz.

“¡Qué este sea el último día de la guerra!”, sentenció a su vez Timochenko, también conocido por el alias de Timoleón Jiménez, al comenzar y cerrar su intervención. Aclaró que “ni las FARC ni el Estado han vencido”, porque ambos firmaron hasta ahora cinco acuerdos, después de haber “discutido largamente”.

Santos apuntó que su país “se acostumbró a vivir en guerra”, sobre todo en las zonas rurales, por lo que “hoy se abre un nuevo capítulo, que nos devuelve la esperanza”.

“Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz”, dijo el gobernante, que hizo del logro de la paz un objetivo central de su mandato, iniciado en 2010.

Enfatizó lo histórico del acuerdo de cese al fuego con las FARC, la guerrilla más grande y antigua de la nación, aunque aún falta por alcanzar la paz verdadera el cese de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y agrupaciones criminales asociadas con las antiguas fuerzas paramilitares y el narcotráfico.

Santos consideró que con la incorporación de las FARC a la política, el país tendrá “una democracia fortalecida”.

Aseguró que, si en el pasado fue uno de los más acérrimos opositores de la guerrilla, ahora está comprometido con el mismo ímpetu a garantizar los derechos del grupo a convertirse en un partido.

Otro punto decisivo es que las FARC aceptó que sea un plebiscito la fórmula con que la población refrendará los acuerdos de paz, tal como deseaba Santos. Las dos partes dejan en manos de la Corte Constitucional definir como será la consulta popular.

Los acuerdos rubricados este jueves 23, referidos al fin del conflicto, se añaden a los logrados con anterioridad sobre política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, y víctimas.

Y las delegaciones seguirán trabajando hasta lograr el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que según anunció Santos y aplaudió la audiencia, sí será firmado en Colombia.

En la firma de los acuerdos estuvieron presentes el canciller de Noruega, Borge Brende, cuyo país es garante junto a Cuba de las conversaciones de paz. También participaron como naciones acompañantes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

También concurrió a la firma el mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, para quien el acuerdo de cese al fuego representa un símbolo de que América Latina se consolida como una zona de paz. Esperamos que “abra la oportunidad de una firma definitiva”, dijo el presidente, quien fue un dirigente guerrillero.

Además, se sumaron a la cita los gobernantes de México, Enrique Peña Nieto, y de República Dominicana, Danilo Medina, presidente pro tempore de la Celac. Acudieron además los enviados especiales para el proceso de paz de Estados Unidos, Bernar Aronson, y de la Unión Europea, Eamon Gilmore.

Las conversaciones comenzaron en La Habana, como sede permanente, el 19 de noviembre de 2012, tras su instalación oficial en Noruega, un mes antes. La capital cubana fue también escenario de las negociaciones exploratorias realizadas entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012.

Durante la primera ronda del diálogo se produjo el cese unilateral de operaciones militares ofensivas de las FARC, entre 20 de noviembre y el 20 de enero de 2013.

“Es una muestra más de nuestra voluntad para generar un medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones”, dijo en ese entonces la organización insurgente en un comunicado.

El cese al fuego unilateral de las FARC se volvió indefinido en diciembre de 2014.

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Con aportes de Ivet González (La Habana)

Editado por Estrella Gutiérrez

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Fuente: Reproducido de IPS: http://www.ipsnoticias.net/2016/06/colombia-acalla-las-armas-y-allana-la-llegada-de-la-paz/

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Brasil: Indígenas hacen justicia forestal por mano propia.

Integrantes del pueblo pukobjê-gavião en su tierra indígena Governador. / Credit:Gilderlan Rodrigues – Cortesía CIMI

Por Fabíola Ortiz*

- El choque entre taladores e indígenas amazónicos de Brasil que capturaron un cargamento de madera ilegal puede escalar. Los nativos aseguran que ya tiene precio la cabeza de uno de sus líderes.

IPS, 6 de marzo, 2013.- Una comunidad indígena de Brasil decidió hacer cumplir la ley por su propia mano al enfrentar a taladores ilegales que penetran en sus tierras en busca de valiosas maderas.

Una nueva modalidad de tala se concentra en tierras indígenas, ricas en especies madereras y cuya población se vuelve blanco de madereros ilegales que apelan tanto al soborno como a la amenaza.

El episodio más reciente se registró a fines de enero en la tierra indígena Governador, en el sudoeste del estado de Maranhão, cerca de la ciudad de Amarante y a 900 kilómetros de la capital estadual, São Luís.

En ese rincón que marca el límite de la Amazonia oriental, nativos del pueblo pukobjê-gavião confiscaron cuatro camiones y un tractor con casi 20 metros cúbicos de troncos de ipê (Tabebuia chrysotricha), una especie de lapacho de madera excepcional, y sapucaia (árbol del género Lecythis).

“Nos cansamos de denunciar y entonces resolvimos tomar nuestras providencias. Veíamos los camiones dentro de la reserva. ¿Qué iba a pasar si no hacíamos nada?”, explicó el cacique Evandro Gavião, de la aldea Governador, una de las seis tribus pukobjê-gavião de esa tierra indígena.

El joven líder de 24 años dialogó por teléfono con Tierramérica mientras se encontraba reunido con jefes de otras aldeas para discutir un plan de monitoreo y protección de la reserva.

Según Gavião, la comunidad había denunciado en 2009 la tala en sus tierras, que abarcan un área de transición entre la Amazonia y el bioma Cerrado (sabana) y, por eso, son ricas en especies como el ipê y la sapucaia, la aroeira (Schinus terebinthifolius), la copaíba (Copaifera sp.), y la cerejeira (género Amburana).

“Pero los árboles se están acabando”, se lamentó Gavião.

Según el capítulo brasileño del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la extracción ilegal de madera está íntimamente ligada a la construcción de carreteras y a los movimientos migratorios. El acceso vial facilita el ingreso al bosque.

Entre septiembre y noviembre de 2012, Interpol arrestó a 200 personas en 12 países de América Latina, en la primera operación internacional contra la tala y el comercio ilegal de madera. El operativo tuvo lugar en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, y se confiscaron 50.000 metros cúbicos de madera por valor de ocho millones de dólares.

En la tierra indígena de Governador, sus habitantes reclaman la presencia de la Fundación Nacional del Indio, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de la Policía Federal para garantizar la seguridad de unas 1.000 personas distribuidas en las seis aldeas.

“Lo que hicimos fue peligroso, pero fue la única forma de llamar la atención de los órganos responsables”, dijo Gavião.

Desde la confiscación de los camiones, el retiro ilegal de madera no cesó, sino que cambió de ruta.

“La sensación es que puede empeorar y que las amenazas que sufrimos continuarán… Sabemos que ya están negociando la cabeza del cacique de la aldea Nova en 30.000 reales (más de 15.000 dólares) para matarlo. Pero el pueblo gavião no va a parar”, advirtió el cacique.

Los indígenas atribuyen el aumento de amenazas y presiones a la redefinición de los límites de la reserva. La tierra indígena Governador está en proceso de una nueva demarcación desde 1999, tras ser homologada en 1980.

Los límites de usufructo tradicional de los indígenas no se respetaron, y estos necesitaban salir de su territorio para acceder a recursos naturales para alimentarse y cumplir con sus rituales, explicó a Tierramérica Rosimeire Diniz, del católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI) de Maranhão.

Partes del territorio antes utilizado por los pukobjê-gavião quedaron fuera de la demarcación y fueron ocupadas por hacendados. Durante años, los indígenas tuvieron “una relación más o menos amistosa” con esos ganaderos, pero cuando pidieron una revisión de los límites, los conflictos y la violencia se exacerbaron, describió Diniz.

La tierra indígena Governador tiene 42.000 hectáreas y la nueva demarcación podría ampliarla hasta 80.000. Según Evandro Gavião, el área actual no es “suficiente” pues la determinó el régimen militar de la época “a las apuradas”.

“Los lugares donde nuestros antepasados pescaban y cazaban están fuera de la tierra indígena. No consultaron a los indígenas para saber dónde pescaban, dónde cazaban, dónde cosechaban. Por eso pedimos la revisión. Estamos al tanto de que puede llevar mucho tiempo, pero tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo. Por eso estamos luchando”, explicó.

Al menos desde la década de 1980 se desarrolla la tala ilegal en tierras originarias, pero antes se daba sin conocimiento de sus habitantes.

“Ahora es mucho más visible. A través del soborno, los madereros transfieren la autoría del delito ambiental a los indígenas. La situación era insostenible, los nativos resolvieron llevar a cabo una acción para protegerse. La tala era tan visible que los camiones pasaban por dentro de las aldeas”, señaló Diniz.

Fábio Teixeira, delegado de la Policía Federal de la ciudad de Imperatriz, la segunda más grande de Maranhão y a unos 100 kilómetros de Governador, dijo a Tierramérica que, a lo largo de los años, los taladores migraron hacia esa parte de la reserva y actualmente existen allí al menos siete grandes aserraderos.

“Deforestación hubo siempre, pero era puntual. Después de una gran operación de combate en otras localidades, muchos madereros se mudaron hacia Governador”, señaló.

Teixeira también admitió que la situación es “muy conflictiva” entre los indígenas y los hacendados y madereros que se están uniendo contra ellos.

Teixeira relató que en el incidente de los camiones, la propia población del pequeño municipio de Amarante, situado apenas a 20 minutos de automóvil de Governador, hizo una barricada con fuego y piedras en la carretera para bloquear el acceso de los indígenas a la ciudad, y la seguridad se reforzó con 20 agentes federales y 30 policías militares.

“No sabía que la ciudad estaba tan comprometida con la explotación ilegal”, reconoció el policía. “Su economía se sustenta en la madera y la actividad pecuaria. El propio poder municipal está implicado. No puedo dar detalles sobre nuestras operaciones, pero se intensificará la fiscalización”, aseguró.

Para Teixeira, la acción de los indígenas fue “un acto de desesperación” que pudo terminar en “un baño de sangre”. A partir de entonces, “los orientamos para que registren con fotos lo que vean como acciones ilegales dentro de la reserva, pues servirán como material de investigación”, aseguró.

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* Este artículo fue publicado originalmente el 2 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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Fuente: Inter Press Service (IPS): http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=102455

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Fuente: Servindi

Chile: Conflicto Mapuche no se soluciona con más plata ni carabineros

Azkintuwe, 30 de julio, 2012.- El Obispo de Temuco instó al gobierno a “cambiar la forma de ver al pueblo mapuche”. ¿Los actos de violencia? “Hay otras personas detrás de ellos”, denunció. Dirigentes mapuches de Ercilla también negaron ser los autores de los diversos atentados que llevaron al gobierno a incrementar militarización en Wallmapu.

Tras el anuncio del gobierno de incrementar la dotación policial en el País Mapuche, el obispo de Temuco, monseñor Manuel Camilo Vial, lanzó críticas a la forma de abordar la problemática, asegurando que el conflicto no será solucionado “con más plata ni más carabineros”.

“Vengo insistiendo hace muchos años que necesitamos políticas que aborden la temática mapuche. La problemática no es sólo entregar tierras”, dijo el presidente de la Fundación Instituto Indígena, descartando que los últimos desórdenes en la zona sean responsabilidad de nativos.

“Nosotros asignamos todos estos actos de violencia y estas quemas al pueblo mapuche, y no son ellos. Ellos son pacíficos, tienen una cultura que están defendiendo; quieren ser tratados como pueblo y que se respete su dignidad”, añadió, aseverando que tal “desconocimiento” ha provocado que “desconfíen de nosotros y nosotros de ellos”.

En esa línea, monseñor Vial es tajante en plantear que terceras personas están detrás de los disturbios en la región y que “no han podido ser descubiertas por carabineros, la PDI, el Gobierno ni nosotros”. Y si bien, reiteró su “condena” a la violencia “venga de donde venga”, el representante eclesiástico cuestionó la estrategia de las autoridades de enviar mayor contingente policial a la región.

“¡¿Cómo es posible que tengamos que ir armados como una guerra para tratar estos temas de seguridad y ahí llevar a la familia, mujeres y niños!?. Los niños no son escudos, ellos viven en su comunidad y su comunidad es la que están allanando. Probablemente buscando una persona que ha hecho un acto violento. Pero llegar allí con ese aparataje es revisable”, reclamó.

Foto: Agencias

Por lo mismo, monseñor Vial sostuvo que se deben buscar formas para abordar el conflicto, a través del diálogo y especificando la existencia o no de personas “ideologizadas, violentas que no quieren buenos resultados ni convivencia ni diálogo. “Hay que crear ambientes de confianza para hablar los verdaderos problemas, teniendo ante nosotros una cultura que ve distinto a la tierra y al derecho de las personas (…) Tenemos que aprender a convivir con un pueblo que tiene su cultura y tradición”, enfatizó.

Piden “cumbre de paz”

En el mismo sentido se manifestaron sacerdotes católicos que forman parte de la Pastoral Mapuche, quienes rechazaron la violencia del actuar policial e hicieron un llamado a retomar “el diálogo fracturado” entre las comunidades y las autoridades. “Consideramos gravísima la violencia que carabineros está ejerciendo sobre comunidades mapuche”, declaró el grupo de religiosos. “Lamentamos particularmente ver a niños mapuche, seriamente heridos en su integridad física y sicológica por fuerzas de Carabineros”, añadieron.

Los integrantes de la Pastoral Mapuche católica deploraron el despliegue de mayor contingente policial en la Región de La Araucanía en el marco del plan de seguridad anunciado por el Ejecutivo. “Vemos una ‘cumbre de seguridad’ que muestra al pueblo mapuche como un peligro y a un sólo sector como víctima, en vez de invitar a una ‘cumbre de paz’ con todos los actores involucrados y con todos los que han sufrido históricamente la violencia”, enfatizaron.

También solicitaron acelerar “la entrega de tierras comprometidas por el Estado de Chile” a comunidades mapuches, y conseguir la aplicación real de las Áreas de Desarrollo Indígena contempladas en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

“Invitamos a todos a desarmarnos y renunciar a la violencia que sólo generará más dolor, a disponernos al diálogo y recuperar las confianzas heridas. A disponernos como país a acordar conjuntamente las acciones de reparación que hagan posible el derecho y la paz”, señalaron. La declaración fue suscrita por nueve religiosos y religiosas que laboran en el equipo de Pastoral Mapuche católico en la zona austral y en Santiago.

Lonko de Temucuicui responsabiliza a particulares de violencia El lonko de la comunidad Temucuicui Autónoma, Víctor Queipul, negó que haya grupos mapuche tras la serie de atentados incendiarios y baleos registrados en las últimas semanas en el País Mapuche, principalmente en la zona de Ercilla. “Prácticamente todo lo que está ocurriendo son autoatentados”, dijo Queipul a El Diario de Cooperativa, apuntando a la existencia de grupos como el comando Hernán Trizano, formado por “hijos de particulares, carabineros jubilados, hijos de carabineros que se organizan para deslegitimar la lucha del pueblo mapuche”. El dirigente también deploró los resultados de la “cumbre de seguridad” realizada el lunes en La Moneda, tras lo cual el ministro Hinzpeter anunció el reforzamiento de las dotaciones de Carabineros y la PDI en la zona. “Después de la reunión que se sostuvo en Santiago del comité de seguridad, acá ya la comunidad, sobre todo los que están en proceso de reivindicación de tierras, están totalmente sitiados con carabineros. Los tres puntos principales de entrada a la comunidad de Temucuicui están con protección policial en la cual cada ingreso de vehículo y personas se está controlando”, explicó. “Lo que está ocurriendo acá para nosotros es como provocar, no tratar de buscar una manera de solucionar el tema dialogando, como dice el Gobierno”, afirmó Queipul, que defendió la ocupación de terrenos como los fundos La Romana y Montenegro, de propiedad de René Urban. “Nosotros estamos haciendo una recuperación productiva, porque ya tenemos como 30 hectáreas sembradas dentro de un predio donde estamos. Sembramos trigo, sustento para la familia”. Este proceso “nació porque estábamos conversando que esas tierras se iban a comprar y el particular estaba en disposición de vender. Estábamos conversando. Ahora desconozco la decisión que va a tomar el Estado, pero puedo decir que nosotros ya tomamos posesión de predio, estamos sembrando, estamos con todos los animales adentro y de ahí no nos vamos a retirar”, sentenció.

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Fuente: Azkintuwe: http://www.azkintuwe.org/20120728_001.htm

Fuente: Servindi

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Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial .

«El racismo sigue causando sufrimientos a millones de personas en todo el mundo... Espero que todas las personas se sumen a las Naciones Unidas en nuestro empeño por eliminar el racismo. Debemos erradicar el racismo, la estigmatización y los prejuicios tanto individual como colectivamente.»

2012 lema: «Racismo y Conflicto»

El lema de este año para celebrar el día es «Racismo y Conflicto», con la intención de destacar el hecho de que el racismo y la discriminación a menudo están en la raíz de graves conflictos.

El lema fue escogido para captar la muchas veces ignorada y, sin embargo, mutuamente retroalimentada relación entre el racismo y el conflicto. En muchas partes del mundo, el racismo, los prejuicios, y la xenofobia crean una tensión extrema y se usan como poderosas armas para generar miedo u odio en tiempos de guerra. Los prejuicios y la xenofobia pueden llevar, incluso, al genocidio, los crímenes contra la humanidad, la limpeza étnica y los crímenes de guerra.

El lema de este año tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre estos temas y recordar el sufrimiento de las víctimas que han sufrido o siguen sufriendo como resultado de los conflictos relacionados con el racismo.

El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger este ideal.

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas.

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial es una oportunidad importante para recordar los efectos perniciosos del racismo.

El racismo socava la paz, la seguridad, la justicia y el progreso social. Es una vulneración de los derechos humanos que desgarra a las personas y destruye el tejido social.

En la celebración de este Día Internacional con el tema de «Racismo y conflicto», pienso especialmente en las víctimas.

El racismo y la discriminación racial han sido utilizados como armas para generar miedo y odio. En los casos extremos, líderes sin escrúpulos fomentan los prejuicios para incitar al genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Existen muchos tratados e instrumentos valiosos, además de un marco mundial amplio, para prevenir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. No obstante, el racismo sigue causando sufrimientos a millones de personas en todo el mundo. Se alimenta de la ignorancia, los prejuicios y los estereotipos.

Ante este fenómeno, las Naciones Unidas están trabajando para promover la inclusión, el diálogo y el respeto de los derechos humanos. En los casos de las sociedades que se han visto devastadas por los conflictos, las Naciones Unidas se esfuerzan en promover procesos de paz y de consolidación de la paz que fomenten la inclusión, el diálogo, la reconciliación y los derechos humanos. La erradicación del racismo y los prejuicios es esencial para curar las heridas de muchas sociedades asoladas por la guerra.

Al mismo tiempo, espero que todas las personas se sumen a las Naciones Unidas en nuestro empeño por eliminar el racismo. Debemos erradicar el racismo, la estigmatización y los prejuicios tanto individual como colectivamente.

Este año estamos difundiendo nuestro mensaje a través de los medios de comunicación social. Visite nuestro nuevo sitio web: http://www.un.org/es/letsfightracism. Muestre su apoyo a través de Twitter usando la clave #FightRacism. Difunda el texto de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial mediante el enlace http://bit.ly/xGOrnX. Ponga su comentario en una de nuestras páginas de Facebook en español, francés o inglés. O cree su propia campaña.

En este Día Internacional, ayúdenos a crear conciencia para poner fin al racismo.

Fuente:Naciones Unidas

Tierras ancestrales y lugares sagrados.

Magdalena Gómez / La Jornada 12/04/2011

Los numerosos conflictos que viven los pueblos indígenas en defensa de sus territorios frente al asedio de las concesiones mineras nos plantean la reflexión en torno a la justiciabilidad del derecho indígena. La fuerte etapa de luchas por la juridicidad de las demandas deja saldos negativos, pues en el orden interno se fueron colocando a los pueblos indígenas numerosos candados que en contrapartida significaron apertura al capital para usufructuar los recursos naturales.

A partir de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional se posibilita no sólo la entrada de las tierras al mercado, sino también que sociedades mercantiles con capital extranjero puedan asociarse, tomar acciones y tener control sobre recursos. Nuestra paradoja es que los recursos del subsuelo siguen asignados al dominio directo de la nación, pero las normas secundarias están orientadas para que el gobierno los malbarate.

En ese contexto hoy tenemos que la defensa de sus lugares sagrados congrega a las autoridades tradicionales wirrárikas para enfrentar al Estado mexicano, pues en la zona de Real de Catorce, en San Luis Potosí, otorgó en esta ocasión 22 concesiones a la trasnacional minera canadiense First Majestic Silver Company, sumando 6 mil 326 hectáreas.

Argumentan su oposición: porque afecta a la ruta de nuestros sitios sagrados; las ceremonias que practicamos; a los ejidatarios; a nuestro lugar sagrado; a nuestra ceremonia cultural ancestral y de las futuras generaciones... porque nunca los pueblos indígenas fuimos consultados ni los ejidatarios de San Luis Potosí.

En coincidencia con la demanda indígena, por fortuna la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha venido preguntando con seriedad: ¿cómo hago para dar la razón a este pueblo con los instrumentos de que dispongo? De ahí la cuestión de señalar que la propiedad se vincula con derechos culturales, con derechos ancestrales. Pero no se trata sólo de la propiedad privada; avanzó hacia su dimensión indígena a partir de la noción de tierra ancestral en lógica incluyente del territorio de estos pueblos. En este sentido ha emitido una serie de sentencias en la última década, donde ha resuelto que para lograr el respeto a los territorios y tierras de pueblos indígenas tiene que colocar la mira en el derecho de propiedad y vincular éste con la supervivencia cultural. Con la jurisprudencia de la Corte de manera central, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió el informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.

Se trata de jurisprudencia interamericana aplicable por la CIDH, pero también es reivindicable en el orden interno. Se postula la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz del conjunto de tratados de derechos humanos. Una de las tesis centrales del informe es que para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Y anota, los pueblos indígenas y tribales consideran que ciertos lugares, fenómenos o recursos naturales son especialmente sagrados de conformidad con su tradición, y requieren especial protección. Los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales son un elemento constitutivo de su cosmovisión y su religiosidad, dado que para ellos los conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente con los lugares donde los cementerios ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco se han desarrollado a partir de la ocupación y uso de sus territorios físicos (parágrafo 150). Por otra parte, además de sus derechos como pueblos las y los integrantes de los mismos tienen de su parte la libertad de creencias que establece el artículo 24 constitucional. Para un wirrárika dicha libertad se concreta en la ruta anual a sus lugares sagrados, situación que amenazan las concesiones mineras en curso, por lo cual cada una y cada uno podrían solicitar amparo, además de acudir ante la CIDH a solicitar de emergencia medidas cautelares para detener el daño que amenaza ser irreversible para la protección de sus lugares sagrados. Bajo el principio de no discriminación es inaceptable que se impida a los wirrárikas el ejercicio de sus ceremonias religiosas por no ser coincidentes con las de otros sectores de la sociedad. Por otra parte están también presentes los derechos de los ejidatarios de la zona de Real de Catorce, que al paso del tiempo en su mayoría han aceptado que sus tierras están ubicadas en el lugar de paso de una ceremonia sagrada ancestral que debe respetarse. De nueva cuenta los pueblos se enfrentan a la realidad de que en México se pretende que sus derechos sean sólo de papel.