Por Sergio Ferrari. (*)
Ginebra. Suiza.
El afán insaciable de las multinacionales en Colombia por adquirir empresas estatales, controlar territorios y explotar recursos naturales, conlleva a una crisis creciente de los derechos laborales y de las garantías sindicales.
En la actual realidad colombiana, el apoyo de la comunidad internacional es esencial para “acompañar y reforzar la vigencia de los derechos humanos, laborales y sindicales”, enfatiza el dirigente sindical Alvaro Vega, durante su reciente estadía en Suiza.
Respetar convenios de la OIT.
Vega además denunció las prácticas de las multinacionales que priorizando sus intereses económicos, desconocen la legislación interna y convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como el 87 y 98 referidos a los derechos de asociación y negociación colectiva.
“Queremos que se conozcan a nivel internacional situaciones que requieren de la solidaridad externa dada la falta de garantías en mi país”, expresó el dirigente sindical.
Llamado retomado por la organización helvética SOLIFONDS, que reúne en su seno a una decena de sindicatos, asociaciones de cooperación y solidaridad con los pueblos del sur, el Partido Socialista Suizo etc. SOLIFONDS invitó al sindicalista sudamericano para participar en actividades públicas en Ginebra y Zúrich.
“Es esencial hacer conocer en Europa la realidad cotidiana de las organizaciones sociales colombianas que sufren una enorme presión en detrimento de sus derechos”, enfatiza Yvonne Zimmermann, una de las responsables de SOLIFONDS.
Dos violencias superpuestas.
A pesar del discurso más político del nuevo gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente el ex sindicalista Angelino Garzón, “padecemos una realidad cotidiana cada vez más complicada para ejercer nuestros derechos sindicales”, afirma Alvaro Vega.
Vega, ingeniero mecánico de profesión , es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la seccional del Valle del Cauca –con 38 mil afiliados-, una de las regiones más importantes del país y más afectadas por la acción de los distintos actores armados.
Un primer tipo de violencia, explica Vega, es el resultado de una “política global antisocial impuesta por muchas de las multinacionales instaladas en el país. Desconocen sistemáticamente el derecho a la sindicalización; cierran empresas nacionales para desarticular asociaciones gremiales y bajar costos; promueven la criminalización de la protesta social”.
La segunda manifestación, “es la violencia social cotidiana en aumento, producto de la agudización de la crisis económica y el impacto de las políticas oficiales contra los sectores económicamente más frágiles del país, entre ellos los trabajadores”, explica.
Sobre su propia experiencia personal dice: “era trabajador de la multinacional de capital brasilero GERDAU. Fui afectado por el cierre arbitrario y posterior liquidación de su filial SIDELPA en el 2009”.
En el proceso contra la clausura del centro productivo, inicialmente, participaron 256 trabajadores. Pero debido a presiones de la multinacional y del Estado, “finalmente terminamos la lucha solo dos, que éramos los dirigentes sindicales en la firma”.
Luego de complicados procesos jurídicos y mediaciones internacionales, los dos delegados sindicales lograron obtener una pensión anticipada. “Pero lo que es más importante, que la empresa debió pagar una indemnización reparativa a los sindicatos que defendieron la causa. Fue una forma de reconocer su arbitrariedad y constituyó una victoria simbólica, aunque limitada, de los derechos laborales”, explica.
Realidad deteriorada.
Más de 50 dirigentes sindicales fueron asesinados en 2011 en toda Colombia. Cuatro de ellos en la región del Valle del Cauca.
En los últimos meses “se han disparado los índices de amenazas contra activistas y dirigentes sindicales en mi región”, explica Vega. Quien fue víctima de un hostigamiento a su residencia el 25 de noviembre pasado y de presiones crecientes en los últimos tres meses.
“Se trata de criminalizar al movimiento sindical, a las organizaciones sociales en general. Por eso, a pesar del discurso oficial del respeto de derechos humanos la realidad cotidiana contradice tal argumento”, enfatiza.
Para responder a tantas presiones, “tratamos de impulsar alianzas y apoyo mutuo entre los sindicatos, organizaciones sociales como la minga indígena, el sector de la cultura, el movimiento estudiantil que se ha movilizado fuertemente el segundo semestre del año pasado y algunas comunidades desplazadas de zonas marginales”.
Solidaridad con las mujeres sindicalistas.
Minoritarias en las instancias dirigentes de los sindicatos colombianos las mujeres exigen mayores cuotas de participación.
SOLIFONDS apoyó un proyecto de seminarios de formación para las sindicalistas de la CUT Valle del Cauca. Aunque originalmente se preveía un centenar de inscritas, “finalmente participaron 130 mujeres de doce sindicatos sectoriales” explica Yvonne Zimmermann de la organización solidaria helvética.
Quien ratifica la necesidad de reforzar el apoyo a los sindicatos y organizaciones sociales del país sudamericano, “para asegurar un ejercicio real de los derechos sindicales”, a la base de todo derecho humano esencial.+ (PE)
(*) Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER y swissinfo.
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