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jueves, 22 de junio de 2017

Putin y la Guerra Fría 2.0.


Germán Gorráiz López, analista

La irrupción mediática de Edward Snowden, ex-técnico de Booz Allen, sub-contrata de la CIA, confesando ser el autor material de las filtraciones a The New York Times y The Guardian sobre el programa PRISM (espionaje de las telecomunicaciones a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), habría desatado todas las alarmas en la CIA ante el peligro evidente de destapar los secretos inconfesables de los sótanos secretos del establishment. Putin habría jugado con maestría sus bazas y tras conceder a Snowden el asilo temporal, apareció ante el Mundo como adalid de la defensa de los Derechos Humano, aunque consciente de la nueva dinámica acción-reacción propia de escenarios de Guerra Fría en la que verán envueltas las relaciones ruso-estadounidenses a partir de este momento (Guerra Fría 2.0).

La guerra híbrida como elemento diferencial de la Guerra Fría 2.0

La nueva doctrina geoestratégica conocida como “Guerra Híbrida” sería atribuible al Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. Rusas, Valery Gerasimov quien afirmó que “ cada vez es más frecuente que se dé prioridad a un uso conjunto de medidas de carácter no militar, políticas, económicas, informativas y de otro tipo que estarían sustentadas en la fuerza militar. Son los llamados métodos híbridos”, concepto que se habría puesto en práctica por primera vez con ocasión de las recientes Elecciones Presidenciales en EE.UU. Así, en la web de investigación “Mother Jones” apareció una versión reducida del informe de los servicios de inteligencia de EEUU en el que acusaban directamente al Gobierno de Putin de estar detrás de “supuestos ataques cibernéticos de hackers rusos para desequilibrar la campaña electoral de Hilary Clinton e inclinar la balanza a favor del supuesto submarino ruso, Donald Trump”.

Retorno a la Doctrina Bréznev

Putin habría restaurado la Doctrina Brézhnev (también llamada doctrina de la soberanía limitada), doctrina que instauró que “Rusia tiene derecho a intervenir (incluso militarmente) en asuntos internos de los países de su área de influencia” y conjugando hábilmente la ayuda a minorías étnicas rusas oprimidas (Crimea, Ossetia. Akjasia) ,el chantaje energético, la amenaza nuclear disuasoria, la intervención militar quirúrgica, la desestabilización de gobiernos vecinos “non gratos” y el ahogamiento de la oposición política interna, procederá a situar bajo su órbita a la mayoría de los países desgajados de la extinta URSS integrados en la futura Unión Euro-Asiática como alternativa económica y militar al proyecto de Obama de crear una Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de EEUU en su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico. Asimismo, Putin estableció como prioridad tras su primer nombramiento como Presidente en el año 2000, la Modernización de las Fuerzas Armadas, Infraestructuras de Transporte y Energéticas y el Desarrollo de Nuevas Tecnologías,(aeroespacial; robótica; bio-medicina; bio-combustibles y nano-tecnología) aprovechando la exuberante liquidez proporcionada por los ingresos del petróleo y con un presupuesto hasta el 2020 que alcanzaría la cifra ionosférica de 410.000 millones de euros.


Conferencia de Ginebra y partición de Siria y Ucrania

La nueva geopolítica rusa en Oriente Próximo pasaría pues por un decidido apoyo al régimen sirio de Al-Assad y a Irán con el objetivo de fijar su posición como colaborador ineludible en la búsqueda de un acuerdo global para todo el Oriente PROME y consciente de que jugaba con ventaja ante la incapacidad de EE UU y sus aliados europeos de marcar la iniciativa en los conflictos de Oriente Medio y Próximo (Egipto, Siria, Palestina e Irán), Putin aprovechó la gran oportunidad que se le presentó de recuperar la influencia internacional que Rusia había perdido en los últimos años. Así, la jugada maestra de Putin convenciendo a Assad para que entregue todo su arsenal de armas químicas y el escaso apoyo internacional recibido por Obama para iniciar su operación militar contra Siria, forzará a las partes implicadas a una nueva Conferencia de Ginebra que levantará acta de la división “de facto” de Siria en tres partes ( rememorando la Guerra de Laos y los Acuerdos de Ginebra de 1.954 con Jruschov).

Así, tendremos la Siria alawita, protectorado ruso que abarcaría desde la costa mediterránea hasta Alepo, el Kurdistán sirio tutelado por EEUU y la zona sunita del sur sirio que se englobaría en el nuevo Sunistán sirio-iraquí. con lo que la crisis siria se limitaría de momento a una puesta en escena en la que los actores participantes usarán el escenario sirio como banco de pruebas para un posterior conflicto a gran escala que englobará a Israel y Egipto y que podría reeditar la Guerra de los Seis Días en el horizonte del próximo quinquenio. Como contrapartida, asistiremos a la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas y separadas por el meridiano 32 Este, quedando el Sur y Este del país (incluida Crimea) bajo la órbita rusa mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE, episodio que significará “de facto” el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría Rusia-EEUU.

¿Nueva Guerra en Oriente Medio?

El Plan Biden-Gelb, aprobado por el Senado de EEUU en el 2007 y rechazado por Condolezza Rice, Secretaria de Estado con George W. Bush, preveía la instauración en Irak de un sistema federal con el fin de evitar el colapso en el país tras la retirada de las tropas estadounidenses y proponía separar Irak en entidades kurdas, chiíes y sunitas, bajo un gobierno federal en Bagdad encargado del cuidado de las fronteras y de la administración de los ingresos por el petróleo. Así, asistiremos a la aparición del Kurdistán Libre presidido por Masoud Barzani con capital en Kirkust y que incluiría zonas anexionadas aprovechando el vacío de poder dejado por el Ejército iraquí como Sinkar o Rabia en la provincia de Ninive, Kirkuk y Diyala así como todas las ciudades de etnia kurda de Siria (excepto Hasaka y Qamishli) ocupadas por la insurgencia kurda del BDP.

El nuevo Kurdistán contará con las bendiciones de EEUU y dispondrá de autonomía financiera al poseer el 20% de las explotaciones del total del crudo iraquí con la “conditio sine qua non” de abastecer a Turquía, Israel y Europa Oriental del petróleo kurdo a través del oleoducto de Kirkust que desemboca en el puerto turco de Ceyhan . De otra parte, el Sunistán con capital en Mosul y que abarcaría las ciudades suníes de Ramadi, Faluya, Mosul, Tal Afar y Baquba ( triángulo suní), con fuertes conexiones con Arabia Saudí y Emiratos Árabes y que derivará posteriormente hacia un radical movimiento panislamista que utilizará el arma del petróleo para estrangular las economías occidentales en el horizonte del próximo quinquenio. Finalmente, como tercera pata del trípode, tendríamos al Irak chíi con capital en Bagdad que ejercerá de contrapeso al wahabismo saudí y que gravitará en la órbita de influencia de Irán, lo que aunado con el previsible acuerdo iraní en el contencioso nuclear con EEUU, convertirá a Irán en gran potencia regional en clara pugna con Arabia Saudí e Israel.

Sin embargo, tras la aprobación por el Congreso y Senado de EEUU de una declaración preparada por el senador republicano Lindsey Graham y el democráta Robert Menéndez que señala con rotundidad que “si Israel se ve obligado a defenderse y emprender una acción (contra Irán), EEUU estará a su lado para apoyarlo de forma militar y diplomáticamente”, asistiremos al aumento de la presión del lobby pro-israelí de EEUU ( AIPAC) para proceder a la desestabilización de Siria e Irán por métodos expeditivos en la etapa post-Obama. Dicha guerra será un nuevo episodio local que se enmarcaría en el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría EEUU-Rusia e involucrará a ambas superpotencias teniendo como colabores necesarios a las potencias regionales (Israel, Egipto, Arabia Saudí e Irán), abarcando el espacio geográfico que se extiende desde el arco mediterráneo (Libia , Siria y Líbano) hasta Yemen y Somalia y teniendo a Irak como epicentro ( rememorando la Guerra de Vietnam con Lindon B. Johnson (1963-1.969).

Dicho enfrentamiento será aprovechada por EEUU, Gran Bretaña e Israel para proceder a rediseñar la cartografía del puzzle inconexo formado por dichos países y así lograr unas fronteras estratégicamente ventajosas para Israel, siguiendo el plan orquestado hace 60 años de forma conjunta por los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel y que contaría con el respaldo de los principales aliados occidentales (Gran Israel).

GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista

miércoles, 7 de junio de 2017

Campaña en favor de niños centroamericanos obligados a migrar.



Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza

ACNUR preocupada por migrantes menores
La FAO refuerza la seguridad alimentaria en Centroamérica

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció el último miércoles de mayo el inicio de una campaña denominada la “Niñez que huye” que busca proporcionar refugio y condiciones de vida adecuadas para los menores afectados en la región centroamericana.

El organismo de las Naciones Unidas solicita a donantes y al público en general un apoyo activo. Espera recaudar 18 millones de dólares que serán destinados a ayudar a los niños migrantes que escapan de la violencia y abusos que sufren por parte de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Actualmente, ACNUR les ofrece asistencia económica, refugio en albergues y servicios de asistencia legal y psicológica. Según el organismo de la ONU, sólo en México, más de 16.000 menores no acompañados fueron detenidos por las autoridades migratorias el año pasado.

Este masivo flujo migratorio supone un gran desafío para los países de acogida, en concreto México, que confronta una compleja situación dado que las solicitudes de asilo crecieron más de un 1.000% desde el año 2011 y un 152% durante 2016.

Por otra parte, otro organismo de la ONU, anticipó en las últimas horas iniciativas concretas para promover la seguridad alimentaria en Centroamérica.

La FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) acordó con El Salvador, en su calidad de presidente pro-tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tres nuevos proyectos de cooperación técnica para impulsar la seguridad alimentaria en dicha región.

Entre esas iniciativas se cuenta la mejora de los espacios de diálogo para avanzar hacia sistemas alimentarios sensibles a la nutrición. También, fomentar la innovación y el desarrollo rural y generar sinergias entre el plan regional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, respaldará la gestión de El Salvador en la promoción de la agricultura familiar.

Según la FAO, Bolivia, Chile, Guyana, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Venezuela ya han alineado sus políticas nacionales de lucha contra el hambre y la malnutrición con las orientaciones del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC.

Dicho plan nació de la voluntad política de los treinta y tres países de la región y busca erradicar el hambre y la pobreza en el año 2025.
El Plan consta de cuatro pilares principales que para fortalecer todas las dimensiones de la seguridad alimentaria. Consta de diez líneas de acción principal orientadas a la generación de políticas, programas, estrategias y proyectos nacionales, subregionales y regionales para dar respuesta a los 34 millones de personas que aún padecen hambre a nivel regional.
El plan de CELAC recoge las principales políticas e iniciativas exitosas de seguridad alimentaria desarrolladas por los países de la región y se ha convertido en la principal hoja de ruta hacia hambre cero al año 2025.

sábado, 1 de agosto de 2015

ONU: “Los pueblos indígenas pueden contribuir a solucionar problemas globales”.

Debemos mejorar sus capacidades y monitorear la aplicación del Documento final de la Conferencia Mundial mediante planes nacionales, afirmó relatora de Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz.

Las capacidades de los pueblos indígenas para contribuir a la solución de algunos de los problemas mundiales pueden ser mejoradas aún más si sus derechos humanos colectivos e individuales se respetan, protegen y cumplen por los Estados.

Así lo advirtió Victoria Tauli-Corpuz, relatora de las Naciones Unidas para pueblos indígenas durante su intervención en la sesión del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas efectuada en Ginebra, Suiza.

La experta sostuvo que la aplicación efectiva del Documento Final de la Conferencia Mundial contribuirá a mejorar estas capacidades, y es importante para monitorear cómo se están aplicando estos compromisos.

“Espero poder ver los planes de acción nacionales elaborados y ejecutados y también ver un plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas” expresó Tauli-Corpuz.

“Tengo la esperanza de que a través de los años los Estados llegarán a la Asamblea General de la ONU o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para informar sobre lo que han hecho para poner en práctica este compromiso” indicó.
Frustración en los ODS

De otro lado Tauli-Corpuz admitió que si bien existe una gran decepción porque los objetivos y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) casi no mencionan a los pueblos indígenas, todavía espera que se incluyan indicadores específicos que muestren el progreso para los pueblos indígenas.

“Sin desglose de datos, la situación de los pueblos indígenas no se hará visible” manifestó. Incluso, puede ocurrir que un objetivo ODS se logre para la población en general “pero a expensas de los pueblos indígenas.

Por ejemplo, señaló que eso ocurrió en algunas países donde la pobreza extrema se redujo a la mitad pero los pueblos indígenas terminaron siendo desplazados y aún más pobres.

Ese tipo de situaciones se produjo cuando se proporcionaron subsidios a la población dominante para invadir tierras de los pueblos indígenas para producir plantaciones de monocultivo, que beneficiaron a los colonos, pero desplazando a los pueblos indígenas.

Directrices sobre corporaciones transnacionales

La Relatorea especial consideró imperativo que se les consulte a los pueblos indígenas y se obtenga su consentimiento libre, previo e informado antes que los proyectos extractivos o de infraestructura a gran escale se instalen en sus territorios a fin de evitar riesgos de conflictos de alto impacto.

También afirmó la necesidad de que se implementen a nivel nacional los Principios y Directrices Voluntarias sobre Corporaciones Transnacionales yse pongan en práctidca los Principios Rectores.

A continuación el texto completo de la Relatora Especial:

Seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (CMPI)
incluyendo la revisión del mandato del Mecanismo de Expertos
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Declaración de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz

Ginebra, 20 de julio 2015

En primer lugar quiero agradecer al Mecanismo de Expertos y a la Secretaría de la Oficina del Alto Comisionado por haberme invitado a asistir a la sesión de este año para hablar sobre los diversos temas del programa. Tras la histórica Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI),celebrada el año pasado, la sesión de este año es una buena oportunidad para visitar el Documento Final y ver cuáles de los compromisos acordados se están avanzando o tienen un gran potencial de ser implementados a nivel nacional y mundial . Este documento fue aprobado por consenso por los estados miembros de la ONU en la 69ª Sesión de la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre 2014.

A casi un año desde su adopción, este es un momento oportuno para ver las tendencias en curso respecto a su aplicación. Otra razón para revisar este documento histórico es que este año, 2015, la ONU va a adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las contribuciones y puesta en marcha del Documento Final de la Conferencia Mundial CMPI serán muy importantes para asegurar que los pueblos indígenas no queden postergados en la aplicación de estos ODS.

He estado involucrada con los procesos de los pueblos indígenas previos a la Conferencia Alta, la propia Conferencia Mundial CMPI, y las diversas reuniones celebradas después de la CMPI. Estos incluyen la Reunión de Expertos del Foro Permanente sobre el Protocolo Facultativo, celebrada en enero de este año, el encuentro organizado por la Universidad de Arizona, y la reunión de los pueblos indígenas celebrada en Ginebra en febrero. También tuve la oportunidad de hablar con varias organizaciones y redes de los pueblos indígenas en varias partes del mundo para conocer sus opiniones sobre cómo el Documento Final de la Conferencia Mundial se puede implementar de manera efectiva. En los últimos meses, he tenido algunas reuniones con diversos representantes estatales en que discutimos el Documento Final de la CMPI. Entre ellos, tuve la oportunidad de hablar sobre este tema con los representantes permanentes de los EE.UU., Australia, Nueva Zelanda y México, así como la PR Adjunto de Canadá y el representante del Gobierno de Guatemala. Cuando estaba en Oslo a principios de este año, me reuní con el Ministro de Estado de Noruega, donde también hablamos de la misma cuestión.

Los puntos de vista que he reunido son diversos, pero hay un punto en común acerca de que tienen que ser mejoradas las capacidades de los mecanismos de la ONU (UNPFII, MEDPI, UNSRRIP) para poder controlar y proporcionar asesoramiento acerca de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Documento Final de la CMPI. Esto es el contexto más amplio que definirá cómo el mandato del Mecanismo de Expertos será revisado y mejorado. Se ha reiterado en varias ocasiones que la complementariedad de los 3 mecanismos debe ser sostenida y se debe evitar la duplicidad. Simplemente hay demasiado por hacer para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas contenidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio de la OIT Nº 169 sean protegidos, respetados y cumplidos. Las violaciones de los derechos humanos y la impunidad son experiencias cotidianas de muchos pueblos indígenas diariamente, y no se debe permitir que esto persista. Si se mejora el mandato del Mecanismo de Expertos para que sea capaz de cumplir su función de vigilancia de una mejor manera esto ayudará a los Estados y a los pueblos indígenas en la defensa de sus respectivos papeles como garantes de derechos y titulares de derechos.

Hay otros tres puntos que me gustaría destacar. En primer lugar, creo que uno de los puntos más importantes es el compromiso de los Estados para desarrollar planes de acción nacionales. El párrafo 8 del documento final de la Conferencia Mundial CMPI (A / 69/2) afirma: “Nos comprometemos a cooperar con los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas a fin de definir y poner en práctica planes de acción, estrategias u otras medidas nacionales, según corresponda, para alcanzar los fines de la Declaración.”. Lo que estamos buscando identificar son medidas adoptadas para aplicar efectivamente la Declaración de la ONU, y estas se pueden ver y sentir más a nivel nacional. Los obstáculos y retos en la implementación de la Declaración deben ser analizados y abordados en un plan de acción nacional. Tengo la esperanza de que a través de los años los Estados llegarán a la Asamblea General de la ONU o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para informar sobre lo que han hecho para poner en práctica este compromiso.

En segundo lugar, el compromiso de elaborar un plan de acción para todo el sistema (SWAP). Esto es lo que el párrafo 31 establece: “31. Solicitamos al Secretario General que, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas y los Estados Miembros, ponga en marcha la elaboración, dentro de los límites de los recursos existentes, de un plan de acción para todo el sistema que asegure un enfoque coherente para lograr los fines de la Declaración, y que informe a la Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre los progresos realizados.”Este compromiso es importante para los pueblos indígenas porque el sistema de la ONU se compone de diferentes órganos, programas, fondos y agencias especializadas cuyos instrumentos legales, políticas, lineamientos, estrategias y proyectos tienen diversos impactos sobre los pueblos indígenas. Hay algunos que han desarrollado directrices y políticas sobre los pueblos indígenas. El Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas (GNUD) tiene sus propias directrices sobre cuestiones de los pueblos indígenas.

Coherencia y consistencia es un principio importante que se está solicitando del sistema de la ONU. El enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo (EDH) ha sido acordado como un principio fundamental que debe aplicarse en todos los ámbitos de la ONU por los diversos órganos, fondos, agencias y programas. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (para los que lo han ratificado), son los principales marcos que deben aplicarse en relación con los programas y proyectos de desarrollo que afectan a los pueblos indígenas. Por tanto, el SWAP debe reafirmar que estos dos instrumentos serán el marco subyacente en toda política y programa que realizan con los pueblos indígenas.

Hay muchos ejemplos concretos de tipos de inconsistencia que deben abordarse. El ejemplo más reciente, que yo justo estaba evaluando, fue lo que sucedió en la reciente reunión de la Comisión de Patrimonio Mundial de la UNESCO en Bonn. De los informes que recibí, hubo grandes debates sobre si los derechos humanos es un marco que se debe utilizar cuando se realizan las denominaciones de sitios del patrimonio mundial. Incluso hubo preguntas planteadas sobre quién son los pueblos indígenas y las sugerencias de que el concepto a utilizar sea el de comunidades locales en lugar de los pueblos indígenas. ¿Cómo es posible que un organismo de las Naciones Unidas, que es el órgano principal que se ocupa de las cuestiones de cultura y los derechos culturales, se permita esos retrocesos en lo que respecta a la aplicación del enfoque basado en los derechos humanos?

Muchos sitios del Patrimonio Mundial se encuentran en territorios de los pueblos indígenas y éstos son designados como tales. Lo correcto que se debe hacer, antes de que tales procesos finalicen, es obtener primero el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y elaborar acuerdos claros con los pueblos indígenas concernidos respecto de lo que será su papel en el mantenimiento de este tipo de sitios, que apoyo ellos van a recibir en términos de las políticas públicas y asistencia técnica y qué beneficios recibirán ellos.

Es importante que los organismos o consejos de administración y la alta dirección de los diversos organismos, programas, agencias y fondos, se mueven hacia la institucionalización de sus políticas, directrices y contribuciones en la implementación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Artículo 42 de la Declaración de la ONU dice: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.”

Muchos cambios positivos ocurren en el sistema de la ONU en relación con la aplicación de la Declaración de la ONU porque dentro del personal de las instituciones hay individuos que son apasionados y comprometidos con las cuestiones indígenas. Sin embargo, cuando ellos se van, no hay garantía de que quienes llegan a hacerse cargo tendrán el mismo compromiso. Por lo tanto es importante lograr un nivel de institucionalización. A menudo cito el ejemplo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que creó su propia política en relación con los pueblos indígenas. Posteriormente se estableció el Foro de los Pueblos Indígenas que se reúne cada dos años y en estas reuniones los representantes de los pueblos indígenas tendrán la oportunidad de hablar ante el Consejo de Gobierno y también con la Alta Dirección del FIDA. Además, para asegurar que hay una aplicación coherente de su política sobre los pueblos indígenas y de las decisiones adoptadas en el Foro de los Pueblos Indígenas. El FIDA ha puesto en marcha un sistema de aseguramiento de la calidad, que revisa los proyectos y los programas nacionales y temáticos para comprobar si los asuntos de los pueblos indígenas se abordan, en particular en los países en que viven pueblos indígenas. Creo que esta es una buena práctica que debe ser emulada y debe ser tomada en cuenta en un plan de acción para todo el sistema.

El tercer punto es cómo, la cuestión del desarrollo, los impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos, (Párrafos 20, 21, 22, 23) [1] el papel crucial de obtener el consentimiento libre, previo e informado y cómo los sistemas de conocimiento tradicional son fortalecidos para promover el desarrollo sostenible y equitativo. En medio de graves y múltiples crisis económicas y del medio ambiente, que enfrenta el mundo hoy en día, deben reforzarse las visiones y prácticas de los pueblos indígenas en la promoción de sus propios procesos de desarrollo autodeterminado.

Esta es, precisamente, la razón por la cual los pueblos indígenas se han involucrado de manera consistente con los procesos relativos a la Agenda de Desarrollo Post 2015 y la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Si bien existe una gran decepción porque los objetivos y metas de los ODS casi no mencionan a los pueblos indígenas, todavía espero que cuando se formulen los indicadores sobre la manera de medir el progreso en la aplicación de ODS, serán incluidos indicadores que muestren el progreso para los pueblos indígenas. Sin desglose de datos, la situación de los pueblos indígenas no se hará visible. También puede ocurrir que un objetivo ODS se puede lograr para la población en general, pero a expensas de los pueblos indígenas. Esto ya ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En algunos países donde la pobreza extrema se ha reducido a la mitad, los pueblos indígenas terminaron siendo desplazados y aún más pobres. Se proporcionaron subsidios a la población dominante para invadir tierras de los pueblos indígenas para producir plantaciones de monocultivo, que beneficiaron a los colonos, pero desplazando a los pueblos indígenas. Este tipo de situaciones donde los pueblos indígenas caen en el vacío se deben evitar a toda costa.

Una vez más se debe enfatizar que, antes de que los proyectos extractivos o de infraestructura a gran escala se instalen en territorios de los pueblos indígenas, es un imperativo que se les consulte y se obtenga su consentimiento libre, previo e informado. De esta manera se evitarán riesgos de conflictos de alto impacto. Por eso deben implementarse en el nivel nacional los Principios y Directrices Voluntarias sobre Corporaciones Transnacionales y otras. Deben desarrollarse Planes de acción nacionales para poner en práctica los Principios Rectores, y si hay elementos de estos planes directamente relacionadas con los pueblos indígenas, éstos pueden ser incluidos en los programas de acción nacionales para la aplicación del Documento Final de WCIP.

Estuve aquí en Ginebra la otra semana, durante la primera reunión del “Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en el respeto a los Derechos Humanos.“. Este es el órgano encargado de elaborar un tratado jurídicamente vinculante para regular el comportamiento de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Me invitaron a hacer el discurso principal de apertura. Mi declaración completa se puede encontrar en mi sitio web, unsr.vtaulicorpuz.org.

Afirmé en mi declaración que, “La adopción por el Consejo de Derechos Humanos de la resolución 26/9, que establece este Grupo de Trabajo, es un acontecimiento significativo. Las Naciones Unidas respondían a una petición generalizada, incluidos los pueblos indígenas, de fortalecimiento de la arquitectura del derecho internacional de derechos humanos para adaptarlo mejor a los desafíos que suponen las violaciones de derechos humanos relacionadas con las corporaciones. Mientras que las tendencias económicas mundiales se caracterizan, cada vez más, por el dominio de las corporaciones, su papel supera la capacidad de cualquier sistema nacional para poder regular sus operaciones de forma eficaz por sí solo. Las cuestiones en juego son globales, y global debería ser la respuesta. ”

Reconocí que el avance hacia el establecimiento de un tratado jurídicamente vinculante debe construirse sobre los logros alcanzados en los debates y aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos son esfuerzos complementarios para conseguir que las corporaciones transnacionales respeten los derechos humanos y para que los Estados mejoren sus capacidades para proporcionar remedios cuando se vulneran los derechos humanos. Para los pueblos indígenas, que sufren los peores tipos de violaciones de derechos humanos e impunidad cometidos por las operaciones de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, es de su interés luchar por instrumentos más fuertes que abordarlas.

Para concluir, me gustaría decir que los pueblos indígenas no sólo están sufriendo problemas provocados por las violaciones diarias de sus derechos humanos básicos individuales y colectivos. También están contribuyendo e incluso pueden contribuir aún más significativamente a resolver los problemas que enfrenta el mundo. Ahora hay más evidencias, por ejemplo, respecto de los vínculos directos entre respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y el aumento de las posibilidades de mitigar el cambio climático. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) hicieron un estudio para investigar cómo los países que respetan los derechos humanos de los pueblos indígenas para controlar y gestionar sus propios bosques son capaces de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los resultados muestran que en algunos países donde se respetan los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios tradicionales, los bosques en estos territorios son capaces de capturar más dióxido de carbono que los bosques bajo el control de los gobiernos, tales como las áreas protegidas nacionales. Datos en Brasil muestran que en las zonas donde las tierras indígenas están protegidas sus bosques capturan 11 veces más carbono que los bosques protegidos del gobierno. Lo mismo es el caso de México (6 veces) Guatemala (35 veces), entre otros.

Hablé en la Conferencia Científica Internacional sobre “Nuestro futuro común bajo el Cambio Climático” (CFCC 15) en un panel sobre “ciencia indígena y no indígena en colaboración para nuestro futuro común”. Esta conferencia fue organizada por el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) y se celebró en París hace una semana en preparación para la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hubo más de 2.000 científicos en este evento. Las presentaciones de este panel afirmaron que los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas contribuyen a la solución de la mitigación del cambio climático y mejorar la capacidad de adaptación.

Mi principal mensaje para hoy es que las capacidades de los pueblos indígenas para contribuir a la solución de algunos de los problemas del mundo pueden ser mejoradas aún más si sus derechos humanos colectivos e individuales se respetan, protegen y cumplen por los Estados. La aplicación efectiva del Documento Final de la Conferencia Mundial contribuirá a la mejora de estas capacidades, y es importante para monitorear cómo se están aplicando estos compromisos. Espero poder ver los planes de acción nacionales elaborados y ejecutados y también ver un plan de acción para todo el sistema de la ONU. Gracias por invitarme a exponer y espero más discusiones de este tipo.

Notas

(1) Párrafo 20. “Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados respecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos.”

Párrafo 21. “Reconocemos también los compromisos contraídos por los Estados respecto de la Declaración de establecer a nivel nacional, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso justo, independiente, imparcial, abierto y transparente para reconocer, promover y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con las tierras, los territorios y los recursos.”

Párrafo 22. “Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una importante contribución a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Reconocemos la importancia de que los pueblos indígenas participen, siempre que sea posible, de los beneficios de sus conocimientos, innovaciones y prácticas.”

Párrafo 23. “Nos proponemos trabajar con los pueblos indígenas para abordar los efectos que tienen o puedan tener en ellos los grandes proyectos de desarrollo, incluidos los relacionados con las actividades de la industria extractiva, entre otros fines para gestionar debidamente los riesgos.”

Otras noticias:

Fuente: Servindi

viernes, 21 de noviembre de 2014

La OMS declara al Congo libre del virus del ébola.


(Ginebra, 21 de noviembre. EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy el fin del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), el cual se detectó el pasado agosto y no tiene relación con la epidemia de esta misma enfermedad en tres países de África Occidental.

El brote en Congo fue notificado a la OMS el 24 de agosto y tuvo lugar en el condado de Jeeran, en la provincia del Ecuador, donde se registraron 66 casos, de los que 49 murieron, con ocho sanitarios entre los infectados.

Hasta ayer, habían transcurrido 42 días desde que el último caso detectado en ese país dio negativo por segunda vez, con lo que se cumplen el plazo y las condiciones establecidas por la OMS para considerar que un brote ha concluido.

Los 42 días en cuestión representan el doble del tiempo máximo de incubación (21 días) del virus del ébola.

Este ha sido el séptimo brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo desde 1976, cuando se identificó por primera vez el virus de esta fiebre hemorrágica, justamente en este país.

La OMS felicitó la efectiva coordinación que consiguieron establecer las autoridades de salud congolesas, así como la movilización de expertos al lugar del brote, para identificar a los contactos de los enfermos, organizar funerales seguros y comprometer en estos esfuerzos a los líderes religiosos y comunitarios.

Los cadáveres de personas muertas por ébola pueden ser hasta diez veces más contagiosos que los enfermos.

Para controlar este brote, la RDC recibió el apoyo de Médicos Sin Fronteras, de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Unicef y de la OMS.

Según la OMS, el país mantendrá su sistema de vigilancia sanitaria en estado de alerta.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

ONU: 21 Sesión del Consejo de Derechos Humanos revisa situación de pueblos indígenas.



Este martes 18 de setiembre se presentarán en el marco de la 21 sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrolla en Ginebra, los informes relativos a cuestiones indígenas y se celebrará un panel sobre pueblos indígenas y el acceso a la justicia.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre derecho de los pueblos indígenas, James Anaya, será el encargado de hacer las presentaciones ante el Consejo que incluye la exposición de su informe anual.
El mismo que se va referir a dos asuntos en profundidad: la violencia contra las mujeres indígenas y los impactos de las industrias extractivas que afectan territorios de los pueblos indígenas.
En la 21 sesión del Consejo Derechos Humanos que se inició este 10 de setiembre y que va hasta el 28 del mismo mes, el Relator Especial presentará también los informes de las misiones realizadas en Estados Unidos (abril-mayo 2012) y Argentina (noviembre-diciembre 2011).
Por su parte el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) presentará ante el Consejo el informe de su quinta sesión, su estudio sobre el papel de las lenguas y culturas en los derechos e identidad de los pueblos indígenas.
Presentarán también las respuestas al cuestionario enviado a los Estados sobre medidas para aplicar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el informe de seguimiento sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones en el ámbito de las industrias extractivas.
Otro informe que se presentarán en la sesión del Consejo relativo a derechos de los pueblos indígenas será el elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el informe Secretario General sobre medios de promover la participación en las Naciones Unidas de los representantes de los pueblos indígenas
El martes 18 tendrá lugar una discusión sobre pueblos indígenas y acceso a la justicia que será moderada por el Relator Especial James Anaya y que contará con la participación de representantes de todos los continentes.
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Fuente: Servindi

martes, 28 de febrero de 2012

Colombia:las multinacionales atentan contra los derechos sindicales.



Por Sergio Ferrari. (*)
Ginebra. Suiza.

El afán insaciable de las multinacionales en Colombia por adquirir empresas estatales, controlar territorios y explotar recursos naturales, conlleva a una crisis creciente de los derechos laborales y de las garantías sindicales.
 
En la actual realidad colombiana, el apoyo de la comunidad internacional es esencial para “acompañar y reforzar la vigencia de los derechos humanos, laborales y sindicales”, enfatiza el dirigente sindical Alvaro Vega, durante su reciente estadía en Suiza.
 
Respetar convenios de la OIT.
Vega además denunció las prácticas de las multinacionales que priorizando sus intereses económicos, desconocen la legislación interna y convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como  el 87 y 98 referidos a los derechos de asociación y negociación colectiva.
 
“Queremos que se conozcan a nivel internacional situaciones que requieren de la solidaridad externa dada la falta de garantías en mi país”, expresó el dirigente sindical.
 
Llamado retomado por la organización helvética SOLIFONDS, que reúne en su seno a una decena de sindicatos, asociaciones de cooperación y solidaridad con los pueblos del sur, el Partido Socialista Suizo etc. SOLIFONDS invitó al sindicalista sudamericano para participar en actividades públicas en Ginebra y Zúrich.
 
“Es esencial hacer conocer en Europa la realidad cotidiana de las organizaciones sociales colombianas que sufren una enorme presión en detrimento de sus derechos”, enfatiza Yvonne Zimmermann, una de las responsables de SOLIFONDS.
 
Dos violencias superpuestas.
A pesar del discurso más político del nuevo gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente el ex sindicalista Angelino Garzón, “padecemos una realidad cotidiana cada vez más complicada para ejercer nuestros derechos sindicales”, afirma Alvaro Vega.
 
Vega, ingeniero mecánico de profesión , es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la seccional del Valle del Cauca –con 38 mil afiliados-, una de las regiones más importantes del país y más afectadas por la acción de los distintos actores armados.
 
Un primer tipo de violencia, explica Vega, es el resultado de una “política global antisocial impuesta por muchas de las multinacionales instaladas en el país. Desconocen sistemáticamente el derecho a la sindicalización; cierran empresas nacionales para desarticular asociaciones gremiales y bajar costos;  promueven la criminalización de la protesta social”.
 
La segunda manifestación, “es la violencia social cotidiana en aumento, producto de la agudización de la crisis económica y el impacto de las políticas oficiales contra los sectores económicamente más frágiles del país, entre ellos los trabajadores”, explica.
 
Sobre su propia experiencia personal dice: “era trabajador de la multinacional de capital brasilero GERDAU. Fui afectado por el cierre arbitrario y posterior liquidación de su filial SIDELPA en el 2009”.
 
En el proceso contra la clausura del centro productivo, inicialmente, participaron 256 trabajadores. Pero debido a presiones de la multinacional y del Estado, “finalmente terminamos la lucha solo dos, que éramos los dirigentes sindicales en la firma”.
 
Luego de complicados procesos jurídicos y mediaciones internacionales, los dos delegados sindicales lograron obtener una pensión anticipada. “Pero lo que es más importante, que la empresa debió pagar una indemnización reparativa a los sindicatos que defendieron la causa. Fue una forma de reconocer su arbitrariedad y constituyó una victoria simbólica, aunque limitada, de los derechos laborales”, explica.
 
Realidad deteriorada.
Más de 50 dirigentes sindicales fueron asesinados en 2011 en toda Colombia. Cuatro de ellos en la región del Valle del Cauca.
 
En los últimos meses “se han disparado los índices de amenazas contra activistas y dirigentes sindicales en mi región”, explica Vega. Quien fue víctima de un hostigamiento a su residencia el 25 de noviembre pasado y de presiones crecientes en los últimos tres meses.
 
“Se trata de criminalizar al movimiento sindical, a las organizaciones sociales en general. Por eso, a pesar del discurso oficial del respeto de derechos humanos la realidad cotidiana contradice tal argumento”, enfatiza.
 
Para responder a tantas presiones, “tratamos de impulsar alianzas y apoyo mutuo entre los sindicatos, organizaciones sociales como la minga indígena, el sector de la cultura, el movimiento estudiantil que se ha movilizado fuertemente el segundo semestre del año pasado y algunas comunidades desplazadas de zonas marginales”.  
 
Solidaridad con las mujeres sindicalistas.
Minoritarias en las instancias dirigentes de los sindicatos colombianos las mujeres exigen mayores cuotas de participación.
 
SOLIFONDS apoyó un proyecto de seminarios de formación para las sindicalistas de la CUT Valle del Cauca. Aunque originalmente se preveía un centenar de inscritas, “finalmente participaron 130 mujeres de doce sindicatos sectoriales” explica Yvonne Zimmermann de la organización solidaria helvética.
 
Quien ratifica la necesidad de reforzar el apoyo a los sindicatos y organizaciones sociales del país sudamericano, “para asegurar un ejercicio real de los derechos sindicales”, a la base de todo derecho humano esencial.+ (PE)
 
(*) Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER y swissinfo.
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Fuente: Ecupres