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jueves, 7 de junio de 2012

Juego de ojos: El león y su unicornio.



Miguel Ángel Sánchez de Armas



El león y el unicornio
A don Juan Carlos,
por el premio “Cadera de Atila”.



Tomo prestado el título a Orwell pues creo que si viviera estaría al lado de quienes exigen al Imperio un mea culpa por la expoliación, abusos, genocidios, tráfico de seres humanos, saqueo, comercio de drogas y otras lindezas que por más de 300 años la Pérfida Albión asestó al mundo cobijada en el farisaico manto de una empresa civilizadora.

En mayo del 2002 un prestigiado académico londinense sugirió que la Reina debía embarcarse en una gira mundial “para ofrecer disculpas por los pecados imperiales” y así revitalizar a la comunidad inglesa de naciones. Tal extravagancia cayó en oídos sordos. Ya se sabe que la realeza no sabe mirar pa’bajo, como nos recuerda en un divertido texto en Crónica Rafael Cardona.

Nadie piense que soy un resentido social. Dios salve a las clases dominantes. Mi enfado es con quienes sin memoria histórica salivaron con el espectáculo del jubileo de doña Isabel II y derramaron una lágrima al escuchar su conmovedor mensaje a los vasallos. Vaya, ni la BBC cree en las bondades del Imperio. En el 2003 subió a su web infantil una lección de historia: “El Imperio se hizo grande asesinando a muchos pueblos pobremente armados y saqueando a sus países; después el método cambió: asesinar pueblos con ametralladoras fue la táctica favorita del ejército [misma que fracasó] gracias a personajes como Mahatma Gandhi, heroico revolucionario cercano a las necesidades de su pueblo”, según nos recuerda en su libro Nial Ferguson.

(El 13 de abril de 1919 en Amritsar, India, el general inglés Reginald Dyer ordenó disparar a una multitud desarmada. Murieron 379 personas y 1,200 quedaron heridas. Los soldados quemaron menos de 1,600 cartuchos.)

El escritor nigeriano Chinua Achebe respondió a la chocarrera sentencia de que “en el Imperio nunca se pone el sol”: “¡Eso es por que Dios no confía de ningún inglés en la oscuridad!” Y harto conocido es el lamento del racista Kipling sobre “la carga del hombre blanco”, pesado fardo que en 1938 agobiaba a Sir Owen St. Clair O’Malley, enviado del gobierno de su real majestad a México, hasta que Lázaro Cárdenas lo echara del país. Hoy da ternura leer en la Enciclopedia Británica que “fue el Reino Unido el que rompió relaciones con México” después de la Expropiación. ¿No fue Orwell en 1984 quien inventó el “Ministerio de la Verdad” en donde se rescribía la historia?

Podría extenderme casi al infinito, pero me limitaré a recordar que durante el infame comercio de esclavos, de los diez millones de seres humanos que cruzaron el Atlántico rumbo a los mercados de nuestros cristianísimos vecinos allende el Bravo, tres millones lo hicieron en naves británicas; que las corporaciones inglesas se apoderaron de la India y de parte de China, que saquearon y organizaron el comercio de estupefacientes y un largo etcétera.

En abril pasado, The Guardian publicó una nota titulada “Gran Bretaña destruyó huellas de sus crímenes coloniales” firmada por Ian Coban, Owen Bowcott y Richard Norton-Taylor. Ofrezco a mis lectores un extracto de la traducción de S. Seguí:
“Miles de documentos que registraban en detalle algunos de los actos y crímenes más vergonzosos cometidos durante los últimos años del Imperio Británico fueron destruidos sistemáticamente para evitar que cayeran en manos de los gobiernos surgidos de la independencia, según ha demostrado un estudio oficial.

“Los documentos que sobrevivieron a la purga fueron trasladados discretamente a Gran Bretaña donde fueron escondidos durante 50 años en un archivo secreto del Foreign Office, más allá del alcance de los historiadores y público en general, en violación de la obligación legal de ponerlos a disposición de la opinión pública.

“El archivo salió a la luz el año pasado cuando un grupo de keniatas detenidos y supuestamente torturados durante la rebelión Mau Mau obtuvo el derecho de demandar al gobierno británico. El Ministerio de Asuntos Exteriores se comprometió a liberar los 8.800 expedientes de 37 ex colonias escondidos en el centro de comunicaciones gubernamentales de alta seguridad de Hanslope Park, en Buckinghamshire.

“El historiador designado para supervisar la revisión y la transferencia, Tony Badger, master del Clare College de Cambridge afirma que el descubrimiento del archivo pone al Foreign Office en una posición ‘de vergüenza y escandalo.’ Estos documentos deberían haber estado en los archivos públicos desde la década de 1980, ha señalado. ‘Han retrasado este asunto por mucho tiempo.’ Los primeros documentos estarán a disposición del público el próximo miércoles 28 de abril en el Archivo Nacional de Kew, en Surrey.

“Los documentos de Hanslope Park incluyen informes mensuales de inteligencia sobre la ‘eliminación’ de los enemigos de la autoridad colonial en la década de 1950 en Malasia; registros que demuestran que ministros británicos estaban al corriente de las torturas y los asesinatos de insurgentes Mau Mau en Kenia, incluyendo el caso de un hombre que afirman que fue ‘quemado vivo’; y documentos que detallan hasta qué extremos llegó el Reino Unido para evacuar por la fuerza a los habitantes de la isla de Diego García en el Océano Índico.

“No obstante, entre los documentos hay un puñado que muestran que muchos de los documentos más sensibles de finales de la era colonial de Gran Bretaña no fueron escondidos sino simplemente destruidos. Estos documentos incluyen las instrucciones para la destrucción sistemática dadas en 1961, después de que Iain Macleod, secretario de Estado para las colonias, emitiera directivas según las cuales los gobiernos posteriores a la independencia no debían recibir ningún material que ‘pudiera poner en aprietos al gobierno de Su Majestad’ o que pudiera avergonzar a ‘miembros de la policía, fuerzas militares, funcionarios públicos u otras personas, por ejemplo informantes de la policía’, que pudieran poner en peligro las fuentes de inteligencia, o que pudieran ‘ser utilizados de manera poco ética por ministros de los gobiernos sucesores.’

“Entre los documentos que parecen haber sido destruidos había registros de los abusos sobre los insurgentes Mau Mau detenidos por las autoridades coloniales británicas, que fueron torturados y en ocasiones asesinados; informes que podrían aportar detalles de la presunta matanza de 24 campesinos desarmados en Malasia por los soldados de los Scots Guards en el año 1948; documentos extremadamente sensibles en poder de las autoridades coloniales de Adén, donde el Cuerpo de Inteligencia del ejército operó un centro de tortura secreto durante varios años en la década de 1960; y documentos altamente sensibles guardados por las autoridades en la Guayana Británica, colonia cuyas políticas estaban muy influenciados por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos y cuyo líder de la independencia fue derrocado en un golpe de Estado orquestado por la CIA […]

“Los documentos revelan que los funcionarios coloniales recibieron instrucciones de separar los documentos que dejaban en el lugar tras la independencia -generalmente conocidos como ‘archivos heredados’ (legacy files)- de los que iban a ser seleccionados para su destrucción o retirada al Reino Unido. En muchas colonias, éstas recibieron el nombre de ‘archivos de vigilancia’ y fueron sellados con una letra W en rojo. […]

“En Uganda, el nombre en clave de la operación fue Operation Legacy. En Kenia, funcionarios de los servicios secretos llevaron a cabo una operación de investigación que describen como “una purga a fondo.”

“Se emitieron instrucciones claras de que los africanos no debían participar en las operaciones, que estaban limitadas a ‘personas que fueran funcionarios del gobierno de Kenia y ciudadanos británicos de origen europeo.’

“Se adoptaron medidas meticulosas para evitar que los gobiernos de la independencia llegaran a saber de la existencia de los archivos de vigilancia. Una de las instrucciones rezaba así: ‘Los archivos heredados no deben dejar tras de sí ningún material susceptible de observación. De hecho, la existencia misma de dichos archivos, aunque pudiera suponerse, nunca debe ser revelada.’

“Cuando un archivo de vigilancia era retirado de un grupo de archivos heredados, se creaba y se colocaba en su lugar un ‘archivo gemelo’ fantasma. Cuando esto no era posible, los documentos debían ser retirados en masa. Existía la preocupación de que las directivas de Macleod fueran reveladas –‘hay, por supuesto, un riesgo de compromiso en caso de que se conozca esta circular’ - y los funcionarios que participaron en la purga recibieron instrucciones incluso de mantener sus sellos ‘W’ en lugar seguro. Muchos de los archivos de vigilancia terminaron en Hanslope Park. Provenían de 37 ex colonias diferentes y llenaban 200 metros de estanterías. Pero cada vez es más evidente que gran parte del material más comprometedor fue probablemente destruido. A los funcionarios de algunas colonias, como Kenia, se les dijo que deberían optar por la eliminación de los documentos en lugar de su traslado al Reino Unido –‘se hace hincapié en la destrucción’ - y que no quedara ningún rastro de cualquiera de los documentos o de su incineración. Una vez quemados los documentos ‘los residuos deben ser reducidos a cenizas y éstas disgregadas.’

“Una idea de la magnitud de la operación y la cantidad de documentos borrados de la historia nos la puede dar un puñado de documentos de instrucciones que sobrevivieron a la purga. En ciertas circunstancias, se les dijo a los funcionarios coloniales en Kenia que ‘se permite, como alternativa a la destrucción por el fuego, que los documentos sean empacados en cajas lastradas y se arrojen en aguas muy profundas y sin corrientes, a la distancia máxima posible de la costa.’ Los documentos que se conservan de Malasia sugieren un proceso de destrucción mucho más casual, que permitía a los funcionarios relativamente novatos decidir lo que debía ser quemado y lo que debía enviarse a Londres. […]

Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.
6/5/12


@sanchezdearmas

www.sanchez-dearmas.blogspot.com
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com



lunes, 4 de junio de 2012

Dictadura y Desarrollo.



Por Josefina Vázquez Mota

(Publicado en 1998 por el periódico El Economista)

El caso Pinochet que ha ocupado espacios importantes en los medios de comunicación mundiales y las manifestaciones encontradas de quienes la apoyan y de quienes fueron víctimas de la crueldad y sufrimiento tanto fuera como dentro de Chile, invitan a la reflexión.
Entre los argumentos más recurrentes de quienes defienden la dictadura de Pinochet son los avances en materia económica que han posicionado a este país como el de más sano crecimiento en América latina y lo han convertido en un ejemplo a imitar por otros países incluido el nuestro, en algunas de sus políticas públicas.

La pregunta entonces es si para tener bienestar y desarrollo se necesita “mano dura” para corregir los principales problemas de nuestro país. La historia parece darnos una clara respuesta al respecto: dictadura no es sinónimo de bienestar económico, ni tampoco es una condición para el desarrollo sostenido de un país. La historia de la década de los 70 en que las dictaduras cobraron fuerza a lo largo y ancho de América Latina, arrojaron en su mayoría nefastos saldos en materia de avance económico y abultados casos de atropellos y violaciones a los derechos humanos. Si hoy los crímenes de Pinochet alarman y remueven heridas que algunos creían ya cerradas, habría que asomarse a ver los saldos de desaparecidos que dejaron los gobiernos militares en Argentina, y que algunos estiman superan los 20, 000. Los casos se repiten en países como Uruguay y en buena parte de las naciones centroamericanas.

La diferencia de estos regímenes, respecto al de Pinochet, es que éste último aceptó desde un principio que requería de otros para manejar la economía de su país y no se adjudicó el poder de alterar las leyes de la oferta y la demanda, como en su momento sucedió en México cuando el presidente Echeverría decidió manejar la economía desde Los Pinos, así fuesen los precios de las tortillas o los controles para la leche.

La economía chilena fue dejada en manos de un grupo de expertos que tuvieron que enfrentar una fuerte crisis a principios de los 80 y sus políticas públicas estuvieron apegadas en general a los principios de una economía de mercado que hasta hoy han tenido continuidad y se han venido reforzando y consolidando con el paso de los años.

Cierto también que los sistemas democráticos resultan insuficientes para garantizar el bienestar, pero la historia también demuestra y de forma contundente que la gran mayoría de países prósperos han tenido como una fuerte aliada a la democracia, a una sociedad protagonista e instituciones sólidas y apegadas a la ley. La dictadura chilena deja grandes lecciones y la historia se está encargando de dar a cada quien su tributo y responsabilidad. Hay otras dictaduras que son más peligrosas porque operan bajo una piel de cordero, por eso cuando hace unos años Vargas Llosa se refirió al sistema político mexicano como la “dictadura perfecta” no se equivocó en su veredicto.

Los avances democráticos han sido notables en México los últimos años, pero el desarrollo económico sigue siendo un privilegio para muy pocos y problemas como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia, podrían hacer pensar a algunos que esa “mano fuerte” es la solución, ante la debilidad evidente de instituciones y los altos costos sociales que millones han venido pagando en condiciones de miseria. Las tentaciones de regresar al pasado están presentes, y también la tentación de probar lo que a otros le ha dado resultado, por eso es importante distinguir que en el caso chileno, lo que dio resultado no fue el poder bajo las botas y el fusil, sino la correcta aplicación de principios y políticas económicas, y es ahí donde debemos empeñarnos y seguir impulsando la democracia que tanto ha costado hasta hoy.

Josefina Vázquez Mota (es economista y Consejera de la COPARMEX).


sábado, 12 de mayo de 2012

Molinos de viento: El soldado Manning.



Roberto Rodríguez Baños



(AMI) El centro de detención militar del Marine Corps Brig, en Quantico, Virginia, no es citado en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en América difundido el jueves por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aun cuando sí el del campo de concentración que EU tiene en Guantánamo.

El informe dice textualmente: “la tortura… ha sido ampliamente documentada, tanto por la CIDH, como por otros mecanismos internacionales de monitoreo, en países como México, Paraguay, Ecuador, Brasil y de forma muy concreta en la base naval de Guantánamo en territorio de los Estados Unidos, entre otros.” Alguien debiera informar a la gente de la CIDH que Guantánamo es Cuba y los gringos están ahí contra todo derecho y contra la voluntad del pueblo cubano.

Bradley E. Manning está en la cárcel militar, la de Virginia, acusado de filtrar información de las atrocidades que Washington comete en el mundo, como el video del helicóptero militar cuya tripulación asesina civiles, entre ellos dos periodistas iraquíes, y los denominados Diarios de la Guerra de Afganistán, y de Irak, saturados como es natural de la inmundicia consustancial a la violación de las soberanías y el genocidio habituales del gobierno gringo.

Documenta la wikipedia: “Según David Coombs, su abogado. ‘Fue despojado de la ropa con la excepción de su ropa interior. Además, le quitaron las gafas que lleva por prescripción médica’… Manning había sido sacado del programa vigilancia de suicidas tras dos días en la sección, después de que lo ordenó el juez de la oficina del Estado Mayor del Ejército.

"Se vio obligado a sentarse a excepto cuando estaba leyendo o cuando se le permitió ver la televisión. En esos momentos, se le devolvieron las gafas".  Manning está encerrado en su celda 23 horas al día sin almohada, sábanas u objetos personales. Su único ejercicio, según ha escrito Coombs, es caminar en una habitación vacía. Cuando duerme debe quitarse toda la ropa excepto la ropa interior y entregarla a los guardas.

“El 1° de febrero de 2011 Amnistía Internacional pidió al gobierno del Reino Unido que interviniera a favor del soldado Manning, dado que según la ley británica es ciudadano británico por tener una madre galesa, y que exigiese que sus condiciones de detención se ajustarán a la legalidad internacional. El 3 de febrero del 2011 el abogado de Manning, David Coombs, descarta la doble nacionalidad de Manning: ‘Bradley Manning no tiene doble nacionalidad. El es gringo, y está orgulloso de servir a la armada de EU’. El 3 de marzo de 2011 Manning es acusado oficialmente de 22 cargos, entre ellos el de ‘ayudar al enemigo’ (civil o militar) que podría traer como consecuencia la pena de muerte. En torno al viernes 4 de marzo de 2011, el ejército endurece las condiciones de detención de Manning que es obligado a dormir desnudo por siete horas para evitar un posible riesgo de suicidio; su abogado recalca que esta nueva regla viola las normas militares y no tiene justificación dado que el psicólogo del centro había descartado tal riesgo.

El 13 de marzo de 2011, PJ Crowley, portavoz del Departamento de Estado, dimite de su cargo tres días después de haber afirmado en una conferencia que el trato dado a Manning por el Pentágono "es ridículo, contraproducente y estúpido". En un comunicado en el que explica sus motivos, reafirma su convicción de que un trato demasiado duro a Manning podría tener consecuencias negativas para el país en el exterior.

El 16 de marzo del 2011, Human Rights Watch dice a EU que debe explicar el por qué de las condiciones a las que Manning está sometido. Washington debería explicar públicamente las razones precisas detrás de la restricción extrema, posiblemente muy severa y tratamiento degradante en las que el soldado de primera clase Bradley Manning afirma que ha recibido durante su detención en la Base de Quantico en Virginia, dice HRW.

Tras nueve meses en la cárcel de Quantico, el 20 de abril del 2011 Bradley Manning es trasladado a la cárcel militar de Fort Leavenworth, en Kansas. A principios de mayo, su abogado informa de que sus condiciones de detención han sido aliviadas. Se le atribuye un grado "medio" de aislamiento: tiene una celda particular con una ventana por la que recibe luz del día, se le autoriza a tener su ropa y efectos personales así como a recibir correo, leer prensa y conectarse a internet. Comparte una zona común con otros 3 presos y puede salir a un patio durante 2 horas al día.

Fort Leavenworth, anote el lector el dato, es la cárcel donde murió Ricardo Flores Magón el 21 de noviembre de 1922 y según wikipedia: Existen tres versiones concernientes a su muerte. La primera (oficial) indica que murió por causa de un paro cardíaco; la segunda, según su compañero y amigo Librado Rivera, afirma que fue ahorcado. La tercera cuenta que fue apaleado hasta morir por los custodios de la prisión. Tradición no falta al sistema carcelario gringo. Lástima que la CIDH decida ignorarla.rrb@red-ami.com


viernes, 2 de marzo de 2012

Impiedad.


¿Seguro que los periodistas no matamos?
Marco Lara Klahr
20.02.12 | por | Categorías: Proyecto de Violencia y Medios
http://insyde.org.mx/blog/blogs/blog4.php/2012/02/20/iseguro-que-los-periodistas-no-matamos

Una sociedad despiadada genera medios y periodistas despiadados. Esto no nos exime de responsabilidad, sino que contextualiza nuestra función ante la comunidad como proveedores de información noticiosa a su imagen y semejanza.

Si como periodistas repetimos que nosotros «no producimos los hechos, solo los damos a conocer; no matamos, solo informamos sobre muertos», nuestro problema no es nada más de honestidad, también de transparencia: como magos, pretendemos que el público, fascinando con el acto, es incapaz de comprender el truco y hasta que hay truco.

En Teoría del periodismo [Ediciones y Publicaciones, 2006], Felipe Pena de Oliveira escribe: «No basta con producir científicos y filósofos o incentivar a navegantes, astronautas y otros viajeros […], es preciso que narren y transmitan informaciones otros miembros de la comunidad que buscan la seguridad y la estabilidad del ‘conocimiento’. A eso, bajo ciertas circunstancias éticas y estéticas, puedo denominar periodismo» [p. 25].

Dudo que honremos con frecuencia esta enaltecedora y estimulante definición, además de que hay sucesos que nos confrontan con quienes como Pena de Oliveira insisten en dar a la profesión de periodista una noción de comunidad.

El linchamiento de tres jóvenes en San Mateo Huitzilzingo, municipio de Chalco, al oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México [febrero 10, 2012], y el incendio de la prisión de Comayagua, en Honduras, que mató a 358 personas [febrero 15, 2012], nos confronta como periodistas a preguntas que podrían ser incontestables para nosotros.

Al sobrevenir el incendio, la prisión de Comayagua padecía los males endémicos de los sistemas penitenciarios latinoamericanos, el de México incluido: hacinamiento por sobrepoblación del 200%, con su cauda de violencia e insalubridad; el 57% de los presos sin condena, es decir, más de 400 ciudadanos encerrados sin juicio, entremezclados con personas condenadas penalmente; co-gobierno de funcionarios y organizaciones delincuenciales, con lo que eso implica en cuanto a corrupción y abuso.

Las primeras preguntas:


-¿Cuántas de las personas presas ahora mismo en Honduras y el resto de América Latina fueron previamente exhibidas por policías y fiscalías en «juicios mediáticos», utilizándonos para ello a los periodistas?

-¿Cuántas víctimas de Comayagua fueron criminalizadas por medios y periodistas mucho antes de que un tribunal resolviera su inocencia o culpabilidad?

-¿El que muchas de esas personas resultaran, al final de sus juicios, condenadas, justificaba que fueran enjuiciadas y denigradas mediáticamente?

-¿Periodistas y medios seguiremos desempeñando el papel de apéndices de un sistema de justicia penal inquisitorio enfocado en castigar en vez de dar justicia?

-¿Seguiremos ayudando a ese obsoleto sistema a encerrar de forma indiscriminada a miles de ciudadanos imputados de delito que ya tras las rejas quedan sometidos a la exacción y el riesgo creciente de morir con violencia?

El cauce noticioso del linchamiento contra tres jóvenes en San Mateo Huitzilzingo, a su vez, es macabro por su carga violenta. A juzgar por los contenidos publicados y sus respectivos enfoques, es posible identificar cinco momentos en el discurso mediático:


1) Vecinos «hicieron justicia» contra unos «secuestradores».

2) La Procuraduría del Estado de México detuvo a los «culpables».

3) Las víctimas no eran secuestradores, sino «albañiles» y no tenían «antecedentes penales» —lo que sea que esto signifique.

4) La causa del conflicto fue «piropear» a mujeres.

5) Lo que en realidad produjo el linchamiento fue una «rivalidad amorosa».

En este caso mediático con tufo telenovelero, las preguntas son:


-¿Por qué periodistas y medios nos limitamos a reproducir versiones oficiales, incluyendo los twits del procurador Alfredo Castillo Cervantes, sin documentar las causas estructurales de este y otros sucesos recurrentes en ese estado?

-¿Por qué la policía fue incapaz de resguardar la integridad física de las víctimas y, en general, el gobierno estatal no pudo reaccionar con eficacia?

-Si las víctimas hubieran resultado oficialmente secuestradores y/o con «antecedentes penales», ¿quedaba justificado el proceder de los linchadores?

-¿Pretendemos convincente la versión de que personas pueden ser linchadas «por piropear»? ¿Tan fácil puede resolverse una tragedia de esas dimensiones?

El manejo noticioso superficial de un hecho atroz oculta la responsabilidad gubernamental, legitima un proceder social anti-democrático y abona el terreno para que la historia se repita, porque no contribuye al aprendizaje social. Por el contrario, como dice Roberto Saviano, «El relato no tiene la capacidad de modificar lo que sucedió, pero puede transformar lo que está por suceder» [Vente conmigo, Anagrama, 2011, p. 24].

¿Seguro que los periodistas no matamos?
fd


Fuente: Análisis a fondo
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lunes, 16 de mayo de 2011

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER.



Ciertamente los Derechos Humanos en sus contextos de igualdad y dignidad suponen que entre varón y Mujer no existe diferencia alguna, ya que nadie es más o menos que el otro. A partir de la segunda mitad del siglo XX cuando da inicio al Reconocimiento y respeto de la Mujer en si misma y de su actividad como parte indispensable de la familia, sociedad y de la estructura del Estado.

Queda atrás la época de la sumisión y del servilismo, el advenimiento de una nueva era exige la observancia plena de los Derechos Humanos sin distinción de sexo, edad u otras circunstancias; a pesar de ello, debemos reconocer que la violencia aún se da en contra de ellas y esto es un signo grave por su constante presencia y por las repercusiones que este fenómeno acarrea.

La salud de la Mujer constituye un requisito previo indispensable, para garantizar el disfrute de sus derechos humanos sin discriminación, en materia de salud encontramos la afectación a sus derechos, sobre todo cuando pertenecen a clases socioeconómicamente precarias o presentan muestras claras de desinformación, lo cual es resultado de la falta de educación. Definitivamente la ignorancia es fuente directa de los abusos que se convierten en muchas ocasiones, en la violencia de los derechos humanos de las Mujeres.

No existe, hoy en día ninguna clase de privilegios o poder por el simple hecho de la diferencia de sexos. Recordemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948:

"Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo ...."

"1. No existen las diferencias entre hombres y Mujeres"

Esta afirmación parte de lo jurídico, aunque es cierto que entre ambos sexos si encontramos capacidades y necesidades distintas, pero esto no significa ser inferior, ni siquiera si se pretende señalar a la Mujer como un ente débil o vulnerable.
Legalmente tienen los mismos derechos como obligaciones, en materia de derechos humanos al ser éstos de carácter universal, implica que corresponden a toda persona.

EN MATERIA FAMILIAR

1. Tomar libremente la decisión de contraer matrimonio al tener la edad legal y fundar una familia.
2. Decidir en pareja el número y espaciamiento de sus hijos.
3. Compartir conjuntamente con la pareja las responsabilidades familiares incluidas la crianza y educación de los hijos.
4. Reclamar alimentos para sí y sus menores hijos cuando el padre no cumpla con sus obligaciones familiares, aunque viva en el mismo domicilio.
5. Reclamar la parte que legalmente corresponda en el caso de disolver la sociedad conyugal.
6. Conservar la patria potestad o custodia legal de los hijos cuando legal o judicialmente se le conceda.
7. Solicitar el divorcio necesario cuando existan las causales de ley.
8. Demandar la separación de bienes conyugales y disponer de su parte, aún cuando no demanden el divorcio.
9. Tratar de común acuerdo con la pareja todos los asuntos de índole familiar.
10. Reclamar ante un Juez Civil el reconocimiento de la paternidad cuando el padre de un hijo suyo se niegue a reconocerlo.
11. Pedir que se declare cuál es el patrimonio familiar que no podrá enajenarse ni embargarse, aunque el esposo enajene sus bienes o sea embargado.

EN SU PERSONA

1. Decidir respecto a su vida sexual.
2. Ser respetadas física, sexual y psicológicamente.
3. Denunciar todo ataque sexual del que sea objeto.
4. Proteger su patrimonio y el de sus hijos.
5. Expresar libremente sus opiniones.
6. Derecho a la intimidad y privacidad.

DERECHOS SOCIALES

1. Derecho a escoger el trabajo que más le convenga.
2. Derecho a igual remuneración que los hombres, por igual trabajo.
3. Ser protegidas durante el embarazo y en el ejercicio de su maternidad.
4. Exigir que no se les niegue el trabajo solicitado, ni se les despida del que tienen, o nieguen o reduzcan su salario por estar embarazadas.
5. Ser atendidas durante el embarazo y el parto con respeto y cuidado.
6. Tener dos descansos de media hora cada uno durante el día, para alimentar a sus hijos lactantes.
7. Gozar de salario íntegro de seis semanas de descanso anteriores y seis posteriores al parto para reponerse y atender al recién nacido.
8. No realizar ningún examen clínico sin su conocimiento o consentimiento, debiendo ser confidencial el resultado.
9. Recibir el pago integral de indemnizaciones, pensiones, etc.

GARANTÍAS JUDICIALES

1. Denunciar todos los ilícitos cometidos en su perjuicio o en el de sus hijos.
2. Demandar ante los tribunales las acciones civiles o familiares que pretendan.
3. Defenderse de toda demanda en su contra y presentar toda clase de pruebas.
4. En el caso de ser inculpada, a tener un abogado o persona de confianza quien la defienda.
5. Solicitar fianza para obtener su libertad en los casos de ley.
6. Si es internada en el CERESO o Comisaría, que se ubique en áreas o celdas propias para Mujeres; si es menor de edad en zonas especiales para menores infractores.
7. Como víctima de delitos a recibir atención legal, médica o psicológica en forma oportuna, por personal capacitado e idóneo; igualmente a ser informada en cuanto a la reparación del daño y cómo reclamar su pago o indemnización.
8. Como visitantes de familiares presos, a ser revisadas con respeto a su pudor y dignidad.
9. Ser tratada respetuosamente por los servidores públicos de manera inmediata, diligente y en forma gratuita.
10. No ser objeto de golpes, vejaciones, tortura e incomunicación cuando sea detenida.

La Mujer en el caso de sufrir cualquier agresión o menoscabo de sus derechos (incluidos los de sus menores hijos), podrá reclamarlos ante las autoridades competentes para exigir de las mismas, protección y justicia, los cuales serán completos y apegados a la ley en plena observancia de los derechos humanos.

La Mujer debe defender sus derechos. Es necesario conocerlos; pero sobre todo saber que significan.

Estos derechos consagrados en la Constitución, leyes y tratados internacionales, hacen que la autoridad se obligue a reconocerlos y preservarlos.

Cuando son vulnerados por servidores públicos estatales o municipales, y se traten de actos u omisiones administrativas que de ellas provengan dando lugar a la violación de los derechos humanos, cualquier persona podrá entonces presentar su queja contra las mismas.

Francisco Gómez Maza