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sábado, 6 de octubre de 2018

CIDH pide a Estados Americanos promover la lengua de señas.

Foto: Vanguardia Liberal

En el marco del primer Día Internacional de las Lenguas de Señas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a los estados de la región a reconocer la lengua de señas como idioma oficial de las personas sordas dentro de su legislación.

Asimismo, exigió a los estados a promover la lengua de señas a través de la implementación de medidas positivas que garanticen la accesibilidad y la formación de la lengua de señas, tales como la enseñanza inclusiva de la lengua de señas en sus sistemas educativos, promoción de la formación de intérpretes de lengua de señas, y la capacitación de los funcionarios públicos en la lengua de señas.


... la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados de la región a reconocer la lengua de señas como idioma oficial de las personas sordas dentro de su legislación. 

En los estados de la región, muchas personas son sordas y para ellas la lengua de señas es una de las formas que emplean para comunicarse. Cada estado cuenta con su propio sistema de lengua de señas e incluso hay estados donde existen dos sistemas de comunicación de lengua de señas.

Actualmente, 13 estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han reconocido la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad de personas sordas dentro de su legislación: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.

La CIDH observa con preocupación que existen pocos intérpretes de señas oficiales en la región y la poca accesibilidad a información pública en lengua de señas. Asimismo, el número reducido de centros educativos que tengan dentro de su plan de estudio el bilingüismo, es decir, la enseñanza de lengua de señas e idiomas de tradición oral.

La CIDH ha observado con preocupación que las personas sordas se enfrentan diariamente a múltiples obstáculos para comunicarse, y esto, implica un serio impacto en el goce efectivo de sus derechos humanos tales como la igualdad ante la ley, la integridad personas y el acceso a la justicia.

Al respecto, la CIDH reafirma lo sostenido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al reconocer que el reconocimiento de la lengua de señas es imperativo, ya que es un requisito previo para el reconocimiento de los derechos de las personas sordas.

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad disponen que los estados tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias de carácter legislativo, administrativo y de otra índole para garantizar la plena integración y participación de las personas con discapacidad en la sociedad.

La Asamblea General de la OEA adoptó en su "Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y La Dignidad de las Personas con Discapacidad" (2016-2026) que los estados miembros deben eliminar las barreras existentes para el acceso de las personas sordas a los sistemas de educación, salud, comunicación, y transporte, por lo tanto, deben incluir la lengua de señas en las formas de comunicación.

El Comisionado, Francisco Eguiguren, responsable de la Unidad de Personas con Discapacidad expresó: “Si queremos una sociedad realmente incluyente debemos reconocer los distintos sistemas de comunicación que emplean las personas con discapacidad, de lo contrario se les condena al silencio, aislamiento y desinformación".

Además dijo que "la lengua de señas como tradición lingüística de las personas sordas, debe preservarse y promoverse desde las diversas esferas de la sociedad".

"Hoy el camino ha empezado a recorrerse con la conmemoración de un día especial para la lenguas de señas, nos corresponde a todos seguir cuidando ese camino hasta garantizar que las personas sordas se puedan comunicar en igualdad de condiciones que las demás personas, contribuyendo así en su integración a la sociedad y en el goce de sus derechos", finalizó.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente: Servindi.org

jueves, 7 de diciembre de 2017

Conoce el Informe sobre Trata de Personas presentado ante la CIDH.

Foto: http://www.inforegion.pe/219065/fiscalia-especializada-en-trata-rescata-a-menor-de-17-anos/
Idehpucp, 7 de diciembre, 2017.- El 24 de octubre, Cécile Blouin, especialista en movilidad humana e investigadora senior del Idehpucp, presentó ante la audiencia regional de la CIDH un informe sobre la situación de 15 países en materia de Trata de Personas y los desafíos que los sistemas de justicia de la región deben enfrentar frente a este fenómeno.
Esta audiencia fue presentada por un conjunto de organizaciones académicas y civiles, en el cual el Idehpucp participó como miembro de la red del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLATrata).

Foto: https://img.elcomercio.pe

A continuación, las tres principales conclusiones del informe:
1) La trata de personas es una violación múltiple y continua de Derechos Humanos, altamente frecuente en la región pero que no se encuentra visibilizada de manera suficiente.
2) La respuesta de los Estados de la región a la lucha contra la trata de personas presenta serias dificultades que son comunes en varios de ellos.
3) Dado que la lucha contra la trata de personas tiene base en los instrumentos interamericanos de Derechos Humanos, los órganos del sistema pueden impulsar cambios positivos para fortalecer la lucha para su erradicación desde una perspectiva de Derechos Humanos.


Descarga aquí el INFORME COMPLETO, donde podrás encontrar datos estadísticos y el marco normativo de la trata de personas, los principales riesgos identificados en la región y las recomendaciones, conclusiones y peticiones del informe.

lunes, 19 de diciembre de 2016

Entra en vigor Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores.




La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó la ratificación por parte de Costa Rica de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores lo que permitirá que entre en rigor.

La Convención entrará en vigor para los Costa Rica y Uruguay, Estados que la han ratificado, treinta días después de realizado el depósito por parte de Costa Rica, lo cual tuvo lugar el 13 de diciembre de 2016.

Uruguay fue el primer país en ratificar dicha Convención el 15 de junio de 2015 en la Asamblea General de la OEA.

En la misma fecha, Costa Rica se convirtió en el primer país en depositar el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Costa Rica había ratificado esta Convención el 5 de agosto de 2016, y la CIDH saludó dicha decisión en el comunicado de prensa 117/16 del 18 de agosto de este año.

La Comisión Interamericana destaca reiteradamente la importancia de la ratificación universal de los instrumentos del sistema interamericano como un elemento crítico del pleno respeto y garantía de los derechos humanos en el continente americano.

La Comisión entiende que el sistema actual de grados diferenciados de ratificación coloca a millones de personas en una situación de desventaja en la protección internacional de los derechos, pues limita el acceso a una instancia de protección complementaria.


La competencia de la CIDH se extiende a toda la región y puede analizar y revisar peticiones relativas a los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), aplicando la Declaración Americana, que es fuente de obligaciones para todos los Estados miembros.

Sin embargo, la ratificación universal de los instrumentos interamericanos es indispensable para lograr la protección plena de los derechos humanos de todas las personas en el hemisferio.

Con carácter apremiante, la CIDH insta a los Estados Miembros de la OEA a emplear todos los medios para superar los impedimentos que existan para ratificar e implementar todos los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.

La CIDH expresó su agradecimiento al Estado de Costa Rica por su histórico compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por la contribución de $21,782 que realizó el 9 de diciembre de 2016 para apoyar a la CIDH en su misión.

Fuente: Servindi

sábado, 29 de agosto de 2015

Colombia: Violencia y discriminación contra población afrodescendiente preocupa a la CIDH.


Servindi, 28 de agosto, 2015.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que la población afrodescendiente de Colombia continúa presa de la violencia y discriminación.

Esto lo dio a conocer luego de su visita a ese país entre el 10 y 12 de agosto.

En aquella ocasión la presidenta del organismo supranacional, Rose-Marie Belle Antoine, se entrevistó con representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil que velan por el respeto de los derechos de los afrodescendientes.

A pesar de reconocer la actitud “positiva” y “compromiso” de las autoridades con la referida población, la Comisión consideró que ésta sigue siendo víctima de “patrones de violencia”, especialmente “en sus intentos de defender el derecho a sus tierras ancestrales”.

Indicó también que la población afrodescendiente continúa sufriendo desplazamientos de manera desproporcionada a consecuencia del conflicto armado en sus territorios y por la presencia de proyectos de industrias extractivas.

Frente a esta situación, exhortó al Estado a poner en práctica medidas concretas para abordar las violaciones de derechos humanos, y a adoptar un enfoque diferente.

Igualmente, hizo un llamamiento a las autoridades a investigar y enjuiciar a los responsables de los delitos contra afrodescendientes, tomando en cuenta el contexto de discriminación e inequidad que afrontan.

Demandó también medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes de estos pueblos golpeados.

Por otra parte la CIDH subrayó la falta de representación política de este sector de la sociedad en todos los niveles del Gobierno “especialmente en los cargos más altos”.

Por último, exhortó a mantener una comunicación constante con los sectores que trabajan en asuntos relacionados a los afrodescedientes para dar seguimiento a su situación.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que promueve la observancia de los derechos humanos en la región.

viernes, 1 de agosto de 2014

Corte IDH ordena a Chile anular condenas contra mapuches por “terrorismo”


Servindi, 30 de julio, 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado chileno a dejar sin efecto las condenas por “terrorismo” contra siete indígenas mapuches y una activista, quienes fueron procesados en el marco de la aplicación de la Ley N° 18.314, conocida también como “Ley Antiterrorista”.

La Corte dio a conocer el fallo el martes último, el mismo que enumera una serie de medidas de reparación.

Según el fallo, el Estado “debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas”.

Como se recuerda, el Estado chileno condenó a partir del año 2003 a un grupo de mapuches por presuntos actos “terroristas” cometidos los años 2001 y 2002 en las regiones VIII (Biobío) y IX (Araucanía), en el contexto de las movilizaciones de este pueblo por recuperar tierras perdidas a manos de inversionistas forestales y de otros sectores.

Se trata de los indígenas Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la activista Patricia Troncoso Robles.

Ellos fueron condenados por los delitos de “amenaza de incendio terrorista”, “incendio terrorista” y “conducta terrorista”, y los castigos dictados oscilaron entre los 5 y los 10 años de prisión.

El caso conocido como “Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile” pasó a ser de la jurisdicción de la Corte IDH el 7 de agosto de 2011.
Sentencias que violan derechos

En la sentencia, la Corte concluyó que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso.

Esto debido a que mantuvo vigente y aplicó “el artículo 1° de la Ley N° 18.314 que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de carácter terrorista de la que no lo era”.

La Corte, órgano autónomo de la OEA, consideró también que “la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación”.

Del mismo modo señaló que se violó el derecho de la defensa de interrogar testigos en los procesos penales y el derecho de entablar recurso contra fallos penales condenatorios.

Por todo lo expuesto, la Corte dispuso que se deje sin efecto las condenas y que se supriman los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que pueda haber contras los ocho sentenciados, y que se anule su inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional en que se los vincule con actos terroristas.

Por todo lo anterior, la Corte consideró pertinente ordenar una indemnización para todos ellos que comprendan tanto los referidos daños materiales como los daños inmateriales constatados.

En el plazo de un año, Chile deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas en la sentencia.
Acatará sentencia

Una vez recibida la sentencia, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, reconoció la jurisprudencia de la Corte y afirmó que Chile acatará el fallo.

“Acabamos de recibir esta notificación y lo que corresponde ahora es analizar el fallo de manera detenida y, por supuesto, cumplirlo”, señaló el canciller en una entrevista radial.

Para acceder a la sentencia de la Corte IDH publicada el martes último dar clic en:
Otras noticias:

Fuente: Servindi

jueves, 24 de octubre de 2013

Comisión Interamericana tratará consulta previa y afectación a pueblos en aislamiento.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia el jueves 24 de octubre su 149° Periodo de Sesiones, con la participación de organizaciones indígenas y ciudadanas de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Perú. Tratarán temas como el derecho a la consulta previa y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. 

Las audiencias se realizarán los días 28, 29 y 31 de octubre, y 1 de noviembre, en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos.

La primera audiencia tratará casos sobre consulta previa y megaproyectos en Honduras, a raíz de los conflictos territoriales surgidos en este país y que están vinculados con planes extractivos en minería e hidroeléctricas.

Durante la audiencia se informará a los comisionados sobre los procesos sin consulta previa de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos no autorizadas por las comunidades afectadas, las cuales son victimas de amenazas y ataques violentos por causa de la defensa de su territorio.

El mismo día, se llevará a cabo otra audiencia para tratar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas del Ecuador, presentada por el pueblo Kichwa de Sarayaku, conjuntamente con varias organizaciones de derechos humanos de ese mismo país.

El martes 29, se celebra la audiencia del Caso 12.792 presentado por María Luisa Acosta, defensora de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica Nicaragüense, por la denegación de justicia del Estado de Nicaragua frente el caso de asesinato de Francisco José García Valle, ocurrido el 8 de abril de 2002.

El jueves 31 de octubre se tratará la situación de vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto del proceso de paz en Colombia, a causa de situaciones de violencia contra los pueblos durante sus protestas pacíficas.

Finalmente, el viernes 1 de noviembre se celebra una audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú, a petición de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

El pedido surgió a raíz de la ampliación del Lote 88 de la empresa Pluspetrol, solicitud que amenaza la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C.

Para acceder al cronograma de audiencias dar clic en el siguiente enlace.


Fuente: Servindi

sábado, 4 de mayo de 2013

Recibe amenazas fray Tomás González, del refugio La 72 en Tabasco, México.




El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, y la Casa del Migrante, entre otras organizaciones no gubernamentales, pidieron al gobierno cumplir con las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de fray Tomás González, Rubén Figueroa y personas alojadas en el Refugio para Migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco.

En conferencia de prensa, representantes de dichas ONG puntualizaron que también se solicitó a las autoridades mexicanas que informen sobre las investigaciones de los ataques contra los migrantes y de las amenazas en contra de quienes defienden los derechos de aquéllos. El mecanismo nacional para la protección de los defensores de derechos humanos se activó para dicho caso, pero ninguna medida de infraestructura, cámaras o patrullas policiacas será suficiente para garantizar la seguridad del Refugio de La 72 si los agresores permanecen en libertad y no son sancionados por los delitos que están cometiendo, subrayaron.

Los integrantes de las ONG –el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Movimiento Migrante Mesoamericano, Propuesta Cívica y SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados– refirieron que las personas que se dedican a extorsionar, amenazar y hostigar a los migrantes han dicho que quieren la cabeza de fray Tomás.

Expusieron su preocupación, ya que las tres personas identificadas por los migrantes como sus agresores fueron liberadas y posteriormente acusaron a fray Tomás y Rubén Figueroa de quedarse con los donativos para el refugio y dar nada a los migrantes. Los señalamientos provocaron que fray Tomás fuera llamado a comparecer ante el agente del MP como probable responsable de un delito inexistente, en tanto las denuncias penales en contra de los extorsionadores de migrantes no avanzan.

Permitir que los agresores limiten la labor de las casas de migrante es aceptar que el crimen y la corrupción se apoderen de crecientes regiones del país, advirtieron.

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Información relacionada:

01/05/2013 CIDH ordena proteger a defensor de migrantes. ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos denunciaron distintas amenazas y actos intimidatorios contra Fray Tomás y sus colaboradores, perpetrados por traficantes de personas.


24/03/2013 Se intensifican las amenazas contra la Casa Hogar para Migrantes La 72 · Exige WOLA a Osorio Chong brindar protección al albergue

20/03/2013 Fray Tomás, defensor de los migrantes, denuncia amenazas de muerte.El crimen organizado desafía al responsable de un centro del Estado mexicano de Tabasco



20/02/2013 Los gobiernos de Veracruz y Tabasco solapan a criminales, denuncia El Movimiento Migrante Mesoamericano. Las reiteradas amenazas en contra del personal del Hogar-Refugio para Migrantes La 72 no van a detenerse si los gobiernos de Veracruz y Tabasco siguen solapando a los grupos de delincuentes que las cometen, denunció Rubén Figueroa, miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano.

12/02/2013 Entrevista a Fray Tomás González Director de "La 72" Casa-Hogar para Migrantes en Tenosique, Tabasco. "Zetas" arrojan migrantes del tren en movimiento si no pagan la cuota".

Fuente: Chacatorex

miércoles, 20 de marzo de 2013

Desaparición de Pueblos Indígenas en Colombia: no es un riesgo, es una realidad.


Por Santiago Martínez Holguín*

El día 14 de marzo de 2013 se realizó la Audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia en sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La representante de la ONIC, Patricia Tobón, actuando en la calidad de peticionaria, evidenció ante la Comisión la situación que en la actualidad atraviesan los pueblos indígenas en Colombia.

En su intervención, se refirió a la grave situación en que se encuentran no solo los 35 pueblos que la Corte Constitucional en el Auto 004 declaró en riesgo de extinción física y cultural, sino adicionalmente otros 30 pueblos indígenas que están al borde de desaparecer.

La peticionaria fue clara en enfatizar que estos 30 pueblos no gozan de la protección jurídica que brinda el Auto 004, es decir, que no dispondrían de herramientas como los planes de salvaguarda, que buscan la pervivencia de estas comunidades.

El Gobierno en todo caso presenta cifras y estadísticas que evidencian la inversión del Estado en un sin numero de programas con resultados, que en la realidad son irrisorios, y no han alcanzado una verdadera protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Respecto de este punto, Patricia Tobón afirma que CODHES, en seguimiento de los Autos 004 y 173, ha demostrado que el Estado colombiano ha reportado millones de pesos en inversión, pero que no existen avances en materia de protección a los pueblos indígenas, “la mayoría de la inversión se queda en la burocracia de la clase política de los contratos”.

Es aun más preocupante oír a la representante de la ONIC, cuando afirma que estas dificultades se presentan en su gran mayoría por intereses económicos, que obedecen a las necesidades del mercado y la presión de las industrias extractivistas al Gobierno, para que este les otorgue mas libertad –de la que ya gozan- en la explotación de recursos naturales, que en su gran mayoría se encuentran en territorios habitados por estas comunidades.

Esta situación de riesgo se intensifica cuando existe todo un accionar militar tanto legal como ilegal en estos territorios, ahondado con la celeridad en el otorgamiento de títulos mineros que han producido no solo desplazamiento y homicidios, sino que además deja a ciertas comunidades al borde de la extinción.

El gobierno a través del Viceministro para la Participación e Igualdad de derechos del Ministerio del Interior, Aníbal Fernández de Soto, evidenció que solo se ha podido adelantar 17 planes de salvaguarda, de 35 que obligó la Corte Constitucional.

Esto se agrava con las denuncias de la ONIC, que demuestran que en la mesa permanente de concertación, se han producido 160 acuerdos con el Gobierno, de los cuales no hay ningún avance significativo, quedando todo en el papel.

Todo lo anterior evidencia la situación actual de estos pueblos indígenas que están ad portas de desaparecer, debido a los intereses económicos de ciertos sectores, que han generado condiciones tan desfavorables para estas comunidades, que se requiere acudir a escenarios internacionales, para evidenciar una realidad que muchos colombianos han decidido no escuchar ni ver, pero que afecta gravemente a nuestro país.

Esto es solo un tema critico alrededor de estas poblaciones, que durante siglos de colonia y conquista, ven la desaparición cultural y física como una realidad cercana, ante los ojos indiferentes de la sociedad colombiana.

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*Santiago Martínez Holguín pertenece a Hemera Consultores SAS.
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Otras noticias:

Fuente: Servindi

sábado, 12 de mayo de 2012

Molinos de viento: El soldado Manning.



Roberto Rodríguez Baños



(AMI) El centro de detención militar del Marine Corps Brig, en Quantico, Virginia, no es citado en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en América difundido el jueves por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aun cuando sí el del campo de concentración que EU tiene en Guantánamo.

El informe dice textualmente: “la tortura… ha sido ampliamente documentada, tanto por la CIDH, como por otros mecanismos internacionales de monitoreo, en países como México, Paraguay, Ecuador, Brasil y de forma muy concreta en la base naval de Guantánamo en territorio de los Estados Unidos, entre otros.” Alguien debiera informar a la gente de la CIDH que Guantánamo es Cuba y los gringos están ahí contra todo derecho y contra la voluntad del pueblo cubano.

Bradley E. Manning está en la cárcel militar, la de Virginia, acusado de filtrar información de las atrocidades que Washington comete en el mundo, como el video del helicóptero militar cuya tripulación asesina civiles, entre ellos dos periodistas iraquíes, y los denominados Diarios de la Guerra de Afganistán, y de Irak, saturados como es natural de la inmundicia consustancial a la violación de las soberanías y el genocidio habituales del gobierno gringo.

Documenta la wikipedia: “Según David Coombs, su abogado. ‘Fue despojado de la ropa con la excepción de su ropa interior. Además, le quitaron las gafas que lleva por prescripción médica’… Manning había sido sacado del programa vigilancia de suicidas tras dos días en la sección, después de que lo ordenó el juez de la oficina del Estado Mayor del Ejército.

"Se vio obligado a sentarse a excepto cuando estaba leyendo o cuando se le permitió ver la televisión. En esos momentos, se le devolvieron las gafas".  Manning está encerrado en su celda 23 horas al día sin almohada, sábanas u objetos personales. Su único ejercicio, según ha escrito Coombs, es caminar en una habitación vacía. Cuando duerme debe quitarse toda la ropa excepto la ropa interior y entregarla a los guardas.

“El 1° de febrero de 2011 Amnistía Internacional pidió al gobierno del Reino Unido que interviniera a favor del soldado Manning, dado que según la ley británica es ciudadano británico por tener una madre galesa, y que exigiese que sus condiciones de detención se ajustarán a la legalidad internacional. El 3 de febrero del 2011 el abogado de Manning, David Coombs, descarta la doble nacionalidad de Manning: ‘Bradley Manning no tiene doble nacionalidad. El es gringo, y está orgulloso de servir a la armada de EU’. El 3 de marzo de 2011 Manning es acusado oficialmente de 22 cargos, entre ellos el de ‘ayudar al enemigo’ (civil o militar) que podría traer como consecuencia la pena de muerte. En torno al viernes 4 de marzo de 2011, el ejército endurece las condiciones de detención de Manning que es obligado a dormir desnudo por siete horas para evitar un posible riesgo de suicidio; su abogado recalca que esta nueva regla viola las normas militares y no tiene justificación dado que el psicólogo del centro había descartado tal riesgo.

El 13 de marzo de 2011, PJ Crowley, portavoz del Departamento de Estado, dimite de su cargo tres días después de haber afirmado en una conferencia que el trato dado a Manning por el Pentágono "es ridículo, contraproducente y estúpido". En un comunicado en el que explica sus motivos, reafirma su convicción de que un trato demasiado duro a Manning podría tener consecuencias negativas para el país en el exterior.

El 16 de marzo del 2011, Human Rights Watch dice a EU que debe explicar el por qué de las condiciones a las que Manning está sometido. Washington debería explicar públicamente las razones precisas detrás de la restricción extrema, posiblemente muy severa y tratamiento degradante en las que el soldado de primera clase Bradley Manning afirma que ha recibido durante su detención en la Base de Quantico en Virginia, dice HRW.

Tras nueve meses en la cárcel de Quantico, el 20 de abril del 2011 Bradley Manning es trasladado a la cárcel militar de Fort Leavenworth, en Kansas. A principios de mayo, su abogado informa de que sus condiciones de detención han sido aliviadas. Se le atribuye un grado "medio" de aislamiento: tiene una celda particular con una ventana por la que recibe luz del día, se le autoriza a tener su ropa y efectos personales así como a recibir correo, leer prensa y conectarse a internet. Comparte una zona común con otros 3 presos y puede salir a un patio durante 2 horas al día.

Fort Leavenworth, anote el lector el dato, es la cárcel donde murió Ricardo Flores Magón el 21 de noviembre de 1922 y según wikipedia: Existen tres versiones concernientes a su muerte. La primera (oficial) indica que murió por causa de un paro cardíaco; la segunda, según su compañero y amigo Librado Rivera, afirma que fue ahorcado. La tercera cuenta que fue apaleado hasta morir por los custodios de la prisión. Tradición no falta al sistema carcelario gringo. Lástima que la CIDH decida ignorarla.rrb@red-ami.com


viernes, 30 de marzo de 2012

América: Líderes indígenas son víctimas de agresiones y hostigamiento, indica CIDH.



Servindi, 30 de marzo, 2012.- En especial situación de riesgo se encuentran los líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes del continente americano debido a que son víctimas constantes de agresiones, ataques y hostigamientos según registró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su Segundo informe sobre la situación de las defensores y los defensores de los derechos humanos en las Américas, la CIDH señala que muchos de los ataques contra la vida e integridad personal de los líderes indígenas tienen la intención de reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales.
A esto se suma que cuando los familiares u otras personas de un líder indígena asesinado tratan de que investigue el crimen son víctimas de amenazas y seguimientos. Estas son formas de amedrentamiento en contra de las comunidades, ya que será difícil que se retome la protesta que defendía el líder.
Asimismo, en procesos de desalojo de comunidades indígenas las fuerza pública emplea la violencia y, en muchas ocasiones, los manifestantes son detenidos ilegalmente, indica el informe de la CIDH.
Por ejemplo, en el caso de cerca de 70 personas del pueblo Rapa Nui que ocupaba pacíficamente en la plaza Riro Kainga en el centro de Hanga Roa, Chile, para la reivindicación de sus derechos ancestrales territoriales, fueron desalojadas por un centenar de carabineros armados.
Por este motivo es que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Pueblo Rapa Nui en febrero del 2011, y solicitó a Chile al Estado de Chile que haga cesar inmediatamente el uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o judiciales contra miembros del pueblo Rapa Nui.
El informe también da cuenta de que el desplazamiento forzado en Colombia ha afectado profundamente a los líderes y lideresas afrodescendientes.
Otro de los hostigamientos comunes contra líderes indígenas es iniciación y acumulación de acciones penales sin fundamento en contra de ellos.

Agresiones contra defensores del medio ambiente

Otra parte del informe de la CIDH se dedica a informar sobre la situación de los líderes defensores del medio ambiente, y señala que las agresiones contra ellos se han visibilizado más en relación con el informe de la CIDH del 2006.
Por otro lado, el documento señala que como parte de la obligación general de adoptar medidas para proteger los derechos humanos, las autoridades tienen el deber de implementar los estándares de protección medioambiental nacionales e internacionales que el Estado ha promulgado o aceptado.
Ello porque “los ataques, agresiones y hostigamientos a defensoras y defensores ambientales visibilizan la problemática sobre el incumplimiento de sus obligaciones en materia de protección medioambiental del Estado”.
“De acuerdo a la información recibida por la Comisión, gran parte de los proyectos desarrollados por industrias extractivas se ha dado como consecuencia de la conclusión de tratados de libre comercio y los compromisos de aumento de la inversión extranjera en algunos Estados”, señala el informe.

Otras noticias:


Fuente: Servindi

viernes, 18 de noviembre de 2011

Solidaridad internacional.



Al Pueblo de Colombia, a los pueblos de América Latina y del mundo,
La plataforma social de las organizaciones participantes en el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos expresamos nuestra honda preocupación por las recientes descalificaciones en contra del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), realizadas por el presidente de ese país, el Sr. Juan Manuel Santos, que ha caracterizado públicamente a los integrantes de este grupo de “avivatos” y “corruptos”, señalando incluso que las internacionalmente conocidas gestiones de este grupo de abogados han minado incluso la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debido al presunto fraude declaratorio realizado por la Sra. Mariela Contreras que originalmente se presentó como víctima en la masacre de Mapiripán, Departamento del Meta en Colombia, perpetrada entre el 15 y el 20 de junio de 1997 y que posteriormente se desmiente a sí misma junto con otras personas que también supuestamente se habrían hecho pasar como víctimas.
Como ha señalado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la terrible masacre de Mapiripán la responsabilidad del Estado Colombiano fue demostrada con tal contundencia y claridad, que él mismo reconoció desde el 4 de marzo de 2005 su responsabilidad en esta espantosa masacre. E incluso el propio jefe paramilitar Carlos Castaño confesó públicamente el 29 de septiembre de 1997 haber asesinado a 49 personas en esa masacre. El hecho de que la mayoría de las víctimas hayan sido descuartizadas y sus restos arrojados al río Guaviare dejó un margen de incertidumbre sobre el número de personas desaparecidas. De ahí que la reciente declaración de la Sra. Contreras y la incertidumbre sobre el número de muertos y desaparecidos que han generado sus declaraciones esté siendo sucia y cínicamente explotada por el gobierno colombiano para intentar oscurecer y banalizar los terribles hechos perpetrados por las instituciones de poder en contra de los habitantes de este país.
Las organizaciones sociales y no gubernamentales mexicanas abajo firmantes  expresamos nuestra profunda indignación ante estos hechos y actitudes institucionales, así como nuestra solidaridad y apoyo con este colectivo de abogados internacionalmente reconocido por su tenaz y valiente trabajo de defensa de los derechos humanos, en momentos en que es objeto de una perversa campaña gubernamental y mediática de desprestigio, debido a su incondicional participación en el proceso de visibilización y búsqueda de la justicia referida a la masacre de Mapiripán y otros lamentables crimenes masivos que asolan la vida de los colombianos. Conocemos bien la búsqueda de la verdad y aplicación de la justicia que realizan en Colombia nuestros compañeros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, arriesgando continuamente sus vidas en un dificil trabajo que sin embargo ha rendido frutos que ya les han convertido en un ejemplo de lucha por los derechos humanos y los derechos de los pueblos para toda América Latina.
Sin embargo, el actual gobierno colombiano explota torcidamente las declaraciones de las presuntas falsas víctimas para linchar mediáticamente la labor y el compromiso de esta organización de derechos humanos en el establecimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades ante la justicia y la determinación de reparaciones debidas.
Como a las descalificaciones presidenciales en contra del CCAJAR se han sumado inmediatamente numerosos reclamos de varios ministros del Gobierno colombiano y del Procurador General de la República amenazando con “sanciones ejemplares” nosotros pensamos que la realización de estas intimidaciones sientan un precedente extremadamente grave, por cuanto manifiestan la voluntad política del Estado colombiano no sólo de desacreditar al CCAJAR sino también de desmantelar la presencia de este tipo de organizaciones humanitarias en Colombia, en un momento en el cual la crisis múltiple de la geopolítica imperial exacerba las oscuras políticas de desestabilización de todas nuestras naciones de América Latina.
Por lo anterior, los abajo firmantes rechazamos con profunda indignación la campaña de desprestigio en contra de la providad del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización que durante más de treinta años se ha comprometido en la representación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos en Colombia, al tiempo que nos sumamos a la exigencia de justicia inmediata para todas las victimas de la violencia y la guerra sucia que el Estado colombiano ha aplicado en contra de su propio pueblo.
Fraternalmente,
Centro Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas A.C.;  Asamblea Nacional de Afectados Ambientales;  Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.;  Posgrado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la UACM; Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento, Capitulo mexicano TPP; Secretariado y Jurado de Honor del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.; Prevención, Capacitación  y Defensa del Migrante A.C.; Proyecto Yankuik Kuikamastilistli; Comunidad nahua de Xoxocotla, Morelos; Sociedad Cooperativa Mujeres de Maíz en Resistencia Chiapas; Coalición Internacional para el Hábitat, oficina América Latina; RADAR Colectivo de estudios críticos en derecho; Colectivo COA, Jalisco; Asociación Nacional de Abogados Democráticos; Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas; Salvemos Temacapulín, Jalisco; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco; Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.; Observatorio de Violencia de Género y Social en la Ciudad de México; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Chihuahua; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.; Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C. Yucatán; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. Cd. Juárez Chihuahua; Kinal Antzetik Distrito Federal A.C.; Mujeres por el Diálogo, AC; Red Nacional Género y Economía; Siembra, AC, junto con decenas de personas en lo individual.
Fuente: Apia Virtual

miércoles, 27 de abril de 2011

Argentina: CIDH exige garantizar derechos de comunidad toba.


Líder toba Félix Díaz inicia segunda huelga de hambre pidiendo atención del gobierno a sus reclamos

Servindi, 27 de abril, 2011.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó una resolución en la cual pide al gobierno de Cristina Kirchner que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad toba que residen en la provincia de Formosa.

La norma emitida el 21 de abril, solicita a las autoridades a “garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Féliz Díaz y su familia en condiciones de seguridad”.

También pide que proteja a los toba “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

La resolución fue recibida con agrado por los miembros de la comunidad toba que les da la razón en su derecho colectivo a sus tierras.

Ayer, alrededor de 20 miembros de la comunidad qom, que acampan hace cinco meses sobre la calzada en la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo, en Buenos Aires, iniciaron una huelga de hambre en reclamo para que se restituyan sus tierras ancestrales.

Los manifestantes explicaron que no tienen otra alternativa, a pesar de que muchos están enfermos, porque el gobierno no ha cumplido con la solución de sus demandas, a pesar de haberse comprometido a atenderlos.

El 23 de noviembre del 2010, una violenta operación de desalojo de sus territorios a cargo de la policía formoseña ocasionó la muerte de dos tobas.

Félix Díaz, líder de la comunidad Primavera, indicó que esta segunda huelga de hambre es peligrosa debido a la salud quebrantada, pero que lo hacen porque “no tenemos más nada que perder”.

Son mil 300 hectáreas que deben ser restituidas a la comunidad toba, de las cuales 600 se encuentran en poder del gobierno provincial y 709 en poder de la familia Celía, cedidas a una universidad local.

La CIDH además pidió al Estado argentino a que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos de violencia en los que hasta ahora los únicos imputados son indígenas.

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Fuente: SERVINDI
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