El pensamiento wayuu y el combate las enfermedades del cuerpo y el espíritu.

Foto: Eduvilia Uliiana

Una mirada desde el pensamiento wayuu a las causas de la desnutrición.

Por Eduvilia Uliiana*

10 de agosto, 2017.- Entre las familias wayuu, los amuyu (cementerios) se proliferan sin distingo de clanes, la vida de niños y niñas menores de 5 años se apagan por la desnutrición, frente al desarrollo que prometen los gobernantes. Las páginas de los periódicos resaltan que la corrupción se come los recursos de estos niños, que las madres wayuu no quieren entregar a sus hijos para ser internados en un centro de nutrición, o que le sirven la comida primero al marido que a los infantes.

Ana, es la abuela de los Epieyu, es artesana y conocedora de plantas medicinales e interpreta sueños, vive en Uchitu muy cerca al Cabo de La Vela, al norte del Departamento de La Guajira, ella tuvo 10 hijos y actualmente vive con una nieta. Desde su saber wayuu, nos cuenta acerca de las causas de la desnutrición que atenta contra la vida de los niños wayuu.

Foto: Eduvilia Uliiana

“Los niños se enferman de diarrea, de poloona ese vómito fuerte que debilita al niño con fiebre, Pulaushi (enfermedades espirituales) ocasionadas por el fuerte Joutay (el viento). Debido a estos espíritus se mueren, sus cuerpos adelgazan rápidamente, la piel se les seca. La sequía es muy fuerte, aquí no llueve, y nos hace falta la lluvia. Aquí es muy difícil cultivar, nos peleamos por el agua, los programas para los niños no son suficientes”, estas son las primeras causas de la desnutrición que identifica Ana.

Para los wayuu, el grupo indígena más numeroso de Colombia y Venezuela, su vida la rigen alrededor de 40 seres espirituales, con diferentes personalidades y espacios en que intervenir. Joutai (el viento) es uno de ellos y es un ser masculino, es mensajero de las malas y de las buenas noticias, su presencia personifica al wanülü (espíritu maligno) llamado Jamu (hambre), al Epichikua (remolino) que es el mal presagio, con su fuerza tumba las hojas de los árboles y arremete contra los niños por donde pasa. Aun con todas estas personificaciones negativas Joutai es quien abre la esperanza de los wayuu al traer a Juya (lluvia).

Yolujaa (espíritu maligno), es otro Wanülü que erradica la vida de los niños , llega representado en cualquier tipo de animal a la comunidad, “llora como ganado o como chivos, conversan como personas, cuando nos asomamos no hay nada, su hora exacta es a las 12:00 de la noche, es cierto, la tierra kalechesü (tiene su mal) y tenemos que tener mucho cuidado” Así relata Ana, en su rol de médica, ha tratado el mal del cuerpo y del espíritu de cientos de niños de su comunidad, ayudada por su don para interpretar los sueños.

Con las prácticas de sus saberes ancestrales, Ana es una mujer que enfrenta y combate la muerte en su familia y comunidad “en nuestra tierra se siente un ambiente diferente, keemionsesu (tiene sombras) y kaawainsu (es pesada), las noches son muy frías, cuando las nubes están negras es necesario cuidar los niños por la tarde, no sacarlos de casa, porque los niños mueren por enfermedades del cuerpo y del espíritu” es la recomendación que Ana le hace a las madres.

El pensamiento de Ana, refleja la necesidad de mirar el asunto de las muertes de los niños wayuu más allá de una cifra, porque las razones las percibe en las dos dimensiones, tal como vive y muere el wayuu. La espiritual es la dimensión que exige el bienestar de los seres del cosmo, ellos necesitan armonía para orientar y guiar los pasos de los wayuu que están sobre la tierra, de manera que la segunda dimensión se refiere a la convivencia entre los mismo wayuu y los alijunas (no wayuu).

Ana, sigue pangando las hojas con unas piedras, está preparando un tratamiento para algún niño enfermo, ella tiene la esperanza que se atiendan las enfermedades del cuerpo y del espíritu como una forma de ganarle a la muerte. Desde su casa alcanza ver como la brisa empolva el rostro de los apalanchi (pescadores) durante su luchan para sobrevivir ante tantas calamidades, muy cerca ve a las mujeres wayuu tejiendo con agilidad para ofrecer su mochila a los turistas que llegan al Cabo de la Vela.

Mientras los alijunas se montan en una carrera en la que despliegan información de todo tipo acerca de la muerte de nuestra niñez, se enceguecen a reconocer que esta también es una realidad.

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*Eduvilia Uliiana es wayuu pertenece al clan Uliiana de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu

Fuente: Servindi

Los líderes mundiales decepcionan de nuevo en Hamburgo.

Acto simbólico de Oxfam ante la Cumbre del G20 en Hamburgo en julio de 2017. Imagen de Mike Auerbach. OXFAM

La cumbre del G20 en Hamburgo acaba de terminar. Amenazaba con ser el G20 más tenso de la historia y se ha convertido seguramente en el más irrelevante. La hostilidad de Trump sobre temas como el cambio climático y el proteccionismo comercial han arrancado la rabia de los manifestantes en las calles de Hamburgo, como hacía tiempo que no se veía ante este tipo de cumbres, y han cooptado el resto de la agenda. ¿Hacia donde mira entonces el G20? En un mundo en el que tan sólo 8 personas (8 hombres) concentran tanta riqueza como los 3.600 millones más pobres, los líderes mundiales siguen sin mirar de frente la lucha contra la desigualdad extrema.

La gran crisis financiera de 2008 fue la razón del resurgir del G20 de sus cenizas, para “refundar el capitalismo” incluso y “acabar con la era de los paraísos fiscales”. Pero la ambición de entonces no vino de la mano de un mandato verdadero que traspasara los puros intereses nacionales. Las decisiones en el G20 se toman por consenso y basta con el bloqueo unipersonal y unilateral de un país, para generar parálisis total. El G20 sigue siendo un espacio global, pero cada vez menos multilateral. Y en esta parálisis de liderazgo político, la lucha contra los paraísos fiscales ha recibido un duro golpe en la nuca.

Los jefes de Estado de estas 20 principales economías del mundo acaban de ratificar una lista negra de paraísos fiscales en la que tan sólo figura un país: Trinidad y Tobago. Una isla del Caribe Sur, con algo más de 1 millón de habitantes que es famosa por haber inventado el Calipso y poco más. ¿Será cierto que hemos acabado con los paraísos fiscales ya? ¿Nos podemos colgar esta medalla? Parece difícil de creer, apenas un año después de que estallaran los Papeles de Panamá, de que grandes marcas como Google o Apple (entre otras) nos sigan sorprendiendo con sus sofisticados engranajes fiscales, o de que los titulares de toda la prensa internacional sigan levantando escándalo tras escándalo. Es absurdo pensar que el problema de los paraísos fiscales se reduce a un solo territorio.

Llamarlo “lista” es todo un eufemismo, casi una broma de mal gusto. De hecho, a los Jefes de Estado les ha debido de entrar hasta el pudor, porque lo han escondido en medio de un comunicado tibio y apocado, que evita incluso llamarlo “lista”. Pero lo cierto es que es toda una declaración de intenciones con la que dan carpetazo a la necesidad de impulsar avances más en profundidad en la lucha contra la evasión y elusión fiscal. Es absurdo pensar que el problema de los paraísos fiscales se reduce a un solo territorio. Más absurdo es no verlo como lo que son realmente, un complejo y oscuro entramado, con el que juegan en red grandes fortunas y grandes empresas para usar a su antojo las inconsistencias de cada uno de ellos. Los mismos Papeles de Panamá nos dieron la prueba.

Por ridículo que parezca, el problema fundamental sigue siendo qué entendemos por paraíso fiscal. La definición de la OCDE, a quien el G20 da el mandato de elaborar esta lista, se limita sólo a considerar el tema de la transparencia, dejando fuera criterios fundamentales como toda la batería de políticas basadas en la competencia fiscal agresiva o incluso la baja o nula tributación. Un tipo nominal en el Impuesto de Sociedades del 0% ni siquiera es un indicador para la OCDE cuando ya está incorporado al menos entre los criterios de la lista que aborda la Comisión Europea.

Hace unos meses, Oxfam publicó “Guerras Fiscales”, un informe con una metodología que establece un ranking de los 15 países más agresivos para la tributación empresarial. Por orden de importancia son: Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey, Barbados, Mauricio, y las Islas Vírgenes Británicas. Y lo son porque tienen una batería sin fin de prácticas nocivas, no cuentan con una legislación anti-evasión fiscal consistente, no aplican retenciones para gravar la sangría de préstamos intragrupo, dividendos o royalties…o simplemente, tienen un tipo en el impuesto de sociedades del 0% o extremadamente bajo.

Tan solo 4 de estos territorios están en la lista española. Y sin embargo, 2 de cada 3 euros de inversión que llegó a nuestro país el año pasado lo hizo a través de alguno de estos 15 países (el 67% del total de la inversión extranjera que llega a España), lo que supone unas pérdidas estimadas de al menos 1.550 millones de euros. Y la inversión de salida desde nuestro país hacia estos territorios agresivos y opacos se ha multiplicado por 3 prácticamente en el último año, y atraen más del doble de inversión que América Latina o 43 veces más que China.

Así es que mientras en Hamburgo nos quedábamos atentos a Trump y sus pequeños juegos de hostilidades, fuera se abre una verdadera batalla campal en lo fiscal por un modelo que antepone la agresividad fiscal como bandera de la competitividad comercial y empresarial. En esta guerra hemos perdido una batalla y el precio lo seguirán pagando los ciudadanos del mundo entero. Los países del G20 han pasado de tener tipos nominales en el Impuesto de Sociedades entorno al 40% hace 25 años a situarse por debajo del 30% hoy en día. La reforma fiscal norteamericana no hará sino acelerar esta carrera a la baja en la tributación empresarial, con un efecto dominó que afectará a todos los países. En España, hemos pasado en los últimos 10 años del 35% al 25%. En Europa, el promedio no llega ni al 23% mientras Reino Unido, Hungría, Suiza, Luxemburgo o Bélgica ya han anunciado recortes considerables y en Francia, está en el programa del Presidente Macron.

El economista Jacques Attali (asesor del expresidente francés François Mitterand durante más de 10 años, reconvertido ya en mentor de Macron) decía que si el G20 no existiera, habría que inventarlo. Quizás sea el momento.

Fuente: elpais.com

Laicidad: Libertad, Igualdad, Fraternidad.

La revolución francesa simboliza el punto de partida del proceso de laicización de la sociedad, tanto como de las instituciones del Estado francés. Es un punto de inflexión en la historia de Occidente, que abrió paso a la más auténtica noción de Modernidad. La laicidad liberó al Estado de su anterior responsabilidad sobre las distintas opciones religiosas, circunscribiendo la religión a la libertad personal de cada individuo para que así pueda adoptar una determinada creencia, cambiar la que profesa, o simplemente no abrazar ninguna.

Por esta razón, la laicidad no consiste en una actitud combativamente antirreligiosa, atea o anticlerical, como interesadamente quieren hacerla ver precisamente quienes perdieron ancestrales privilegios con el proceso revolucionario que estallara en 1789.

El triunfo de las ideas republicanas puso fin al Antiguo Régimen, sustentado en el absolutismo monárquico y en una inicua opresión feudal, cuyas minorías privilegiadas, la nobleza y el clero, usufructuaban de los beneficios económicos producidos por la burguesía y del trabajo de subsistencia de los campesinos, en condición de siervos. Además de las rentas que debían pagar para laborar las tierras, propiedad de aristócratas y del alto clero, se les imponían tributos a favor del rey y la entrega del 10 % de las cosechas a la Iglesia, para “agradecer las bendiciones de Dios”.

Es a partir de la Revolución Francesa que, por primera vez en la historia, transcurrida la etapa del terror, surge en el seno de una nación de tradición y cultura católicas, la voluntad de plasmar en leyes de la República el derechosuperior de los intereses nacionales, independientes de las prerrogativas reclamadas por el Vaticano: la abolición de los diezmos de la Iglesia, la promulgación de la Constitución Civil del Clero, que obligaba a los eclesiásticos a reconocer y jurar la nueva Constitución, el fin de los privilegios en la tenencia de la tierra.

Lo más trascendental, sin embargo, surge en el ámbito de los derechos personales. Con la pretensión de validez universal de sus redactores, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano proclamaba que todos los individuos nacen libres e iguales, constituyendo un importante antecedente para el reconocimiento de derechos posteriores basados en el valor de la libertad, en que el derecho a la libertad de conciencia llegó a erigirse principal.

En esa temprana mirada, la soberanía del pueblo se aparta de “la voluntad de Dios”, proyectándose en un sentido republicano, abriéndoles a los ciudadanos el derecho a cambiar de gobierno cuando el soberano actúa contra sus intereses; desde el punto de vista del derecho, sólo se considera legítimo aquel derecho democrático que reafirma la libertad individual.

La noción de igualdad es otro principio básico de la laicidad. Al afirmar que existe una serie de derechos inherentes a la persona, se colige un postulado de igualdad que va más allá de las obvias diferencias (físicas, intelectuales, culturales, sociales, de género) que caracteriza a la especie humana, reconociendo la identidad común que constituye el ser sujetos de los mismos derechos básicos.

La igualdad concebida en el contexto intelectual de la Revolución significaba igualdad real y concreta para todos los ciudadanos, en el convencimiento de que no puede haber libertad si la ley no es igual para todos. El gran paso lo constituía el hecho que este principio era independiente de la opción espiritual y de la ideología que pudiera sustentar cada uno.

Política, sociológica y filosóficamente, la fraternidad es el principio tal vez menos desarrollado de la trilogía. Tampoco ha sido recogida con precisión en los sucesivos pactos internacionales posteriores a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en los que aparece minimizada o relativizada. Si en los doscientos y más años transcurridos desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, las continuas discrepancias surgidas entre libertad e igualdad (haciéndonos creer que deberíamos optar primordialmente por una u otra), han estado motivadas por ásperas diferencias doctrinarias, al parecer no existiría interés de añadir un nuevo conflicto en el derecho internacional, intentando consensuar ética y filosóficamente el concepto de fraternidad.

Pero la fraternidad bien podría constituir un puente entre libertad e igualdad. La introducción primigenia del concepto al parecer se debería a Robespierre, quien lo entendía como la virtud de unir a los hombres, de establecer nexos sociales, de vincularlos afectivamente, ajena por completo a la imagen de caridad del poderoso frente a la sumisión del humilde.

Obviamente la fraternidad no puede considerarse un derecho ni una obligación, ni la democracia puede legislar sobre ella. Y esta limitación podría explicar la infinidad de exclusiones e iniquidades que todavía hoy, pleno siglo XXI, avergüenza las conciencias de hombres y mujeres de bien. Por lo tanto, cabe a una educación laica y democrática la responsabilidad de cultivar la dimensión pública de los futuros ciudadanos con la noción de fraternidad, como parte sustantiva de una nueva ética de convivencia.

Hoy podemos concluir que el laicismo se identifica estrechamente con el proceso histórico que, a partir de la Ilustración y la Revolución francesa, ha abierto nuevos espacios de libertad a los seres humanos, frente a los continuos intentos de sometimiento de la sociedad por parte de religiones, ideologías o creencias, cualquiera que sea su origen o inspiración. Las concepciones tradicionales de libertad, igualdad y fraternidad se entroncan fundamentalmente con las ideas progresistas que, en los últimos cien años, han luchado por la positivación de derechos sociales básicos para la dignidad humana.

De esta manera, la laicidad constituye el ideal moderno de un ordenamiento jurídico identificado preferencialmente con un sistema republicano, que manteniendo su autonomía del ámbito religioso, pueda establecer garantías constitucionales o normativas respecto a la libertad de conciencia y a la protección de los derechos humanos, en un diálogo permanente con todas las concepciones filosóficas o ideológicas que, respetuosas de la democracia y el pluralismo, se encuentren presentes en la sociedad.

Fuente: laicismo. org

¿Hacia dónde vamos los pueblos indígenas en Abya Yala?

Imagen: CDN-pro.elsalvador.com

Por Ollantay Itzamná

9 de agosto, 2017.- A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, y a casi tres décadas de la aprobación del Convenio 169º de la OIT sobre el tema, el 9 de agosto (Día Internacional de los Pueblos Indígenas), es ocasión para reflexionar hacia dónde vamos los pueblos indígenas en América Latina.

Los diferentes derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas (derecho a la autodeterminación, a tierra y territorio, a la consulta previa y libre, a la identidad cultural, etc.) ya tienen mayoría de edad como normas jurídicas vigentes a nivel internacional y nacional.

Pero, las condiciones de vida y oportunidades no han mejorado para la gran mayoría de los pueblos indígenas. Los informes oficiales sobre condiciones de vida, tanto de entidades nacionales, como internacionales, en la región, muestran signos positivos a nivel global. Pero, en los diferentes países de la región, las poblaciones indígenas continúan con un promedio de 70 u 80% de empobrecimiento.

Es más, en países con mayoría demográfica indígena como Guatemala, Perú o Bolivia, las familias indígenas, en la actualidad, subsisten en peores condiciones que en épocas de la Colonia (cuando por lo menos tenían acceso a tierra-agua y disponibilidad de fuentes de vida). Ni hablar de las condiciones laborales de neoesclavitudes en las que jornalean en los monocultivos agrícolas de la región

¿Qué pasó con los derechos declarados entonces?

Los derechos declarados, mientras no haya sujetos que la ejerza y defiendan, y autoridades que garantice su cumplimiento, no cambia casi en nada la realidad cotidiana de los pueblos.

Si bien, en los últimos años, la autodefinición de personas como indígenas cobró fuerza en segmentos demográficos crecientes de países multiculturales, en especial. Sin embargo, esa conciencia identitaria no necesariamente significó una clara conciencia política de “ser indígena” en países racializados. Y, en consecuencia, la emotiva autodefinición de las personas como indígenas no necesariamente implicó el ejercicio individual y/o colectivo de los derechos sociopolíticos indígenas. Somos sujetos “culturales” sí, pero aún siervos “apolíticos”.

A nivel general, en países multiculturales como Guatemala o Perú, la “lucha” de la gran mayoría de actores indígenas no ha superado el culturalismo folclórico “apolítico”. Permitido y aceptado por el hegemónico sistema neoliberal.

Peor aún, en países como Perú, los aborígenes no se autodefinen como indígenas, sino como campesinos (una categoría social ideológicamente construida para implantar el mestizaje rural).

En países como Bolivia, Ecuador, México, algunos movimientos indígenas y/o núcleos organizados con conciencia política están o han dado saltos significativos del ejercicio de los derechos culturales al ejercicio de los derechos sociopolíticos. Pero, incluso en dichos países los resultados evidentes para cambiar las condiciones de colonialidad y de dominación de los pueblos indígenas son aún insipientes.

En países como Nicaragua o Bolivia, los actuales gobiernos progresistas han logrado titular grandes extensiones de tierras para indígenas, bajo propiedad colectiva. Es más, en el caso de Nicaragua, el 33% del total del territorio nacional está legalmente reconocida como territorio autónomo indígena (con tierras tituladas), con sistemas de autogobierno propio. Pero, justamente son estas zonas autonómicas las más empobrecidas y marginadas del país. Entonces, al parecer, las autonomías indígenas tampoco son panaceas per se, para avanzar hacia el Buen Vivir.

Los derechos individuales y colectivos para las y los indígenas están reconocidos y declarados. Pero, hace falta que las y los indígenas organizados o no, demos el salto de la cómoda autodefinición indígena (que incluso nos da algunos privilegios en un mundo amante de lo exótico) hacia el ejercicio de los derechos sociopolíticos indígenas, de manera coherente.

Los bicentenarios estados criollos o mestizos no van a implementar más leyes a favor de pueblos indígenas. Es más, como en el caso de Guatemala o Perú, el derecho a la consulta previa, ya fue manipulado para que las comunidades digan sí a las empresas (pero son pocos los indígenas que protestan).

Transitar del culturalismo al ejercicio de derechos políticos implica constituirnos en sujetos políticos para repensar los estados racistas y construir nuevos estados para todos/as. Estados plurinacionales lo llaman. 

Transitar del culturalismo al ejercicio de derechos políticos implica constituirnos en sujetos políticos para repensar los estados racistas y construir nuevos estados para todos/as. Estados plurinacionales lo llaman.

Esto implica que los movimientos y pueblos indígenas construyamos nuestros propios instrumentos políticos (organización política) incluyentes para disputar el poder electoralmente a los poderes oficiales, e impulsar procesos de asambleas constituyentes plurinacionales. Pero, con métodos y contenidos que superen el individualismo metodológico y el capitalismo suicida.

Los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser el fundamento, argumento y horizonte que haga realidad las postergadas transformaciones estructurales en beneficio de los pueblos. No puede ser únicamente el vehículo discursivo o laboral para el ascenso socioeconómico de unos pocos indígenas. Y, en esto, la responsabilidad mayor lo tenemos las y los indígenas que fuimos formados o malformados en la academia occidental, y todos cuantos ocupan responsabilidades en las academias y en las ventanillas de los estados y de la cooperación internacional.

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*Ollantay Itzamná es indígena quechua. Acompaña a las organizaciones indígenas y sociales en la zona maya. Conoció el castellano a los diez años, cuando conoció la escuela, la carretera, la rueda, etc. Escribe desde hace más de 10 años no por dinero, sino a cambio de que sus reflexiones que son los aportes de muchos y muchas sin derecho a escribir se conozcan.

Fuente: Servindi

Centroamérica arde en llamas.

Ulises Noyola Rodríguez

Alainet

La crisis humanitaria en los países centroamericanos del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) podría recrudecerse durante la presidencia de Donald Trump, quien desea incrementar la deportación de inmigrantes ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica por medio de la construcción de un muro fronterizo, la firma de acuerdos de seguridad y la reducción de la ayuda económica.

La administración de Donald Trump deportó, en sus primeros cien días de gobierno, a 56,315 inmigrantes ilegales, cantidad que se encuentra por debajo de las deportaciones realizadas por el ex presidente Barack Obama durante el mismo período en 2016[1]. A diferencia del gobierno anterior, el arresto de inmigrantes ilegales para proceder después con su deportación creció sustancialmente, lo cual allanó el camino para la expulsión masiva de centroamericanos.

La deportación masiva de inmigrantes centroamericanos, sin embargo, tiene el potencial de debilitar el poderío de la industria estadounidense de alimentos, ya que no contaría con una mano de obra sobreexplotada que continuamente necesita renovarse con cuadros jóvenes por las condiciones inhumanas en sus lugares de trabajo. El conflicto se ha resuelto hasta el momento por medio del otorgamiento de visas de trabajo para el sector de la agricultura, pero evidentemente no alcanzarán a cubrir a todos los trabajadores centroamericanos[2].

Si el número de deportaciones adquiere una escala masiva en Estados Unidos en los próximos meses, los gobiernos centroamericanos se verán obligados a recibir crecientemente a migrantes ilegales en medio de una crisis humanitaria. Lo anterior se confirma con la terrible situación económica de los países miembros del Triángulo del Norte, que tienen los índices de pobreza extrema más elevados en América Latina[3].

La dura realidad de los países del Triángulo del Norte es que dependen de las remesas enviadas por los inmigrantes residentes en Estados Unidos, puesto que representan 10, 17 y 18% del PIB de Guatemala, El Salvador y Honduras respectivamente[4]. La reducción de las remesas recibidas por las familias centroamericanas exacerbaría entonces el caos social caracterizado por la indigencia, la pobreza y la violencia.

El margen de maniobra de los países del Triángulo del Norte es extremadamente estrecho debido a la reducida recaudación fiscal promedio (16% del PIB), que imposibilita incrementar el gasto público para crear oportunidades de empleo para los migrantes ilegales. La corrupción de las autoridades públicas que recaudan principalmente sobre los impuestos indirectos, demuestra la imposibilidad de recaudar más fondos por medio del mayor cobro sobre las ganancias del capital trasnacional. 

La corrupción política es apoyada por Washington a través de los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que promovió recientemente los golpes de Estado de Manuel Zelaya en Honduras y Otto Pérez Molina en Guatemala. En consecuencia, los gobiernos centroamericanos no pueden implementar reformas económicas en beneficio de las mayorías sociales, mientras sus instituciones políticas se encuentren bajo la tutela de Estados Unidos.

Además de la insignificante recaudación fiscal, los gobiernos centroamericanos no pueden reducir sustantivamente el enorme gasto militar a causa de las exigencias de Washington que demanda la destinación de sus fondos al combate contra las redes criminales. Por ejemplo, el gasto militar de Honduras y El Salvador está por encima del 6% del PIB, cifra que supera el gasto militar como proporción del PIB de todos los países latinoamericanos[5].

La doble cara de Washington en sus fuertes demandas al gasto militar se refleja en su casi nula aportación de 630 millones de dólares a la Alianza para la Prosperidad, mientras que los países del Triángulo del Norte aportaron 2,900 millones de dólares para la conformación del 80% del fondo en 2107[6]. Los países centroamericanos se encuentran así aislados y desprotegidos para cambiar su penosa situación económica ante el desinterés de Washington.

Adicionalmente, los gobiernos centroamericanos ya son presionados por el presidente Donald Trump, quien solicitó una disminución del 30% en la ayuda económica de la Alianza para la Prosperidad correspondiente a 2018. La asistencia económica se reducirá a 460 millones de dólares y podría disminuir aún más próximamente, ya que la continuidad del apoyo económico está condicionada a la cooperación de los países centroamericanos en la deportación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

Cabe destacar que más de la mitad de la contribución estadounidense a la Alianza para la Prosperidad se destina al fortalecimiento del aparato bélico de los países centroamericanos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica[7]. Esta estrategia solamente ha contribuido a militarizar todo el territorio centroamericano a costa de aumentar la violencia, la represión y la persecución de la población.

Asediados por las masacres sociales y la terrible situación económica, los centroamericanos siguen siendo obligados a abandonar su país de origen debido a las continuas extorsiones, las amenazas de muerte y los altos índices de violencia. Dichos factores mantienen a la región del Triángulo del Norte como el territorio más violento de América Latina a pesar de la inexistencia de una guerra comparable a los conflictos en Medio Oriente.

En contraste con el fortalecimiento del aparato militar, el gobierno de Donald Trump no tomará acciones decisivas para desarticular el tráfico de drogas que tiene como destino a los consumidores estadounidenses. La región del Triángulo del Norte seguirá teniendo una importancia geoestratégica para el narcotráfico, ya que representa un importante corredor del tráfico de drogas entre América del Sur y Estados Unidos.

La deportación de migrantes ilegales, por consiguiente, beneficiará a las organizaciones criminales trasnacionales como las maras, organización que se dedica al tráfico de drogas, la venta ilícita de armas y la extorsión de personas y empresas principalmente en Centroamérica. La razón por la cual sucederá esto es porque los centroamericanos deportados engrosan las filas de las organizaciones criminales trasnacionales con una mano de obra barata, con lo cual se acrecentará la violencia en los países centroamericanos.

Lo más atroz vendrá para los migrantes si se llegara a concretar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, ya que la experiencia ha demostrado que la construcción de muros únicamente promueve la creación de rutas más mortíferas y riesgosas hacia los puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la influencia de los traficantes de personas[8].

A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación sobre los acontecimientos de los pequeños países de Centroamérica, indudablemente son ellos los que sufren con mayor violencia la dominación de Estados Unidos. Y el futuro que depara a los centroamericanos dependerá fundamentalmente de la resistencia de los movimientos sociales contra la política migratoria de Donald Trump.

Ulises Noyola Rodríguez es Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.

Fuente: redescristianas.net