Religión fuera de la escuela.

POR: ENRIQUE DÍEZ · 

FUENTE: DIARIO DE LA EDUCACIÓN

Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos.

Vaya por delante que, como católico practicante y cristiano convencido, defiendo una educación pública, inclusiva y laica, porque considero que la laicidad de las instituciones públicas es la mejor garantía para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones. Tanto las católicas como las musulmanas, las ateas, las agnósticas o las protestantes, etc.

La actitud laica tiene dos componentes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. En este sentido, el laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen los mismos credos.

Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela; que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.

Pero esta separación iglesia-estado no se resolvió adecuadamente durante la Transición. El paso de la escuela nacional-católica de la dictadura franquista a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución, se impidió manteniendo unos Acuerdos con el Vaticano, heredados de las postrimerías de esa dictadura franquista, que “obligan” a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado. El PSOE perdió una oportunidad de oro para derogarlos cuando era posible y deseado por la mayor parte de la sociedad.

No obstante, actualmente, en un Estado aconfesional como el que hemos acordado en la Constitución española, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica, como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista.

Por eso, la Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos, al margen de cuáles sean nuestras creencias. Creencias personales que son un asunto privado. Por eso, la religión no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para la que debe ser educado libremente.

La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni la escuela es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados en función de las creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los Derechos de la Infancia, como recoge la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de 1959 y la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso. Separar al alumnado que comparte toda la jornada escolar, a la hora de las clases de religión, dificulta su convivencia y entendimiento, que es de donde nace el afecto y la solidaridad.

Pero es más grave aún si analizamos la normativa que establece el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria actualmente. Ésta convierte la clase de religión en catequesis, pese a que explícitamente afirme que huye de “la finalidad catequética o del adoctrinamiento”. La jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia de religión, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción. La concepción y la práctica del catolicismo, en donde la mujer es subordinada, que mantiene y justifica un modelo sociedad patriarcal, no es compatible con la educación en igualdad que es un principio pedagógico básico. Hasta el teólogo Juan José Tamayo afirma que “los contenidos son en su totalidad catequéticos con tendencia al fundamentalismo; el pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”.

La religión católica actualmente tiene una carga horaria superior a la de contenidos tan importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social. Pero es que la religión católica ya se imparte en la mayor parte de las materias que se estudian a lo largo de la escolaridad. Para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el Camino de Santiago o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach, para adentrarse en la literatura del siglo de oro o el origen de la lengua castellana y, sobre todo, para comprender la mayor parte de la historia de este país, se acude y se explica en clase la religión católica. Es incomprensible, por tanto, este empeño de la jerarquía católica, en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a catequesis.

Sumemos a todo ello que, el acuerdo con el Vaticano, heredado del franquismo, impone que en la Escuela Pública haya “profesores y profesoras de religión” pagados por el Estado (es decir, con los impuestos de todos y todas) pero nombrados a dedo por los obispos, que los seleccionan en función de sus creencias, de su fe, sin haber pasado, como todos los demás docentes, por una oposición en igualdad, mérito y capacidad. Más de quince mil de estos verdaderos “delegados diocesanos” figuran como personal laboral (debido a la ley educativa LOE aprobada por el PSOE) en los centros escolares de titularidad pública. Además, los obispos pueden despedirles sin tener que explicar el cese (cosa que suelen hacer en función de avatares de la vida privada de esas personas). De hecho, mientras en las demás asignaturas fomentamos el respeto a todas las personas al margen de su estado civil, la jerarquía católica despide a profesoras de religión porque se divorcian.

En definitiva, la Escuela debe ser lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos, no para el proselitismo o el adoctrinamiento. La Escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas. La religión, que es una creencia entre otras muchas, debe difundirse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto.

Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. El art. 27.3 de nuestra Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijas e hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero no a que ésta formación sea impartida en los centros educativos, y menos financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación de religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo.

La presencia de una religión en la escuela, sea la que sea, de su enseñanza y sus símbolos, constituye un obstáculo para construir solidaridad en la diversidad, el mestizaje y la multiculturalidad. Y no se trata sólo de favorecer las buenas relaciones entre la diversidad ahora existente, sino de garantizar el respeto y la pluralidad también con las personas que no tienen religión, que no creen en ningún dios. Es como si ateos y agnósticos se empeñaran en que hubiera una asignatura evaluable de ateísmo desde infantil, y que como alternativa para quienes no quisieran cursar “ateísmo científico” se impartiera agnosticismo. Por eso, lo que sí pedimos es que las personas creyentes, las ateas y las agnósticas, que optan por vivir en la privacidad sus propias creencias, sean respetadas en la escuela para favorecer la convivencia social.

No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto. Ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIX a una ciudadanía del siglo XXI. Hasta un país como Irlanda, marcado por una secular tradición católica, va a sacar la religión del horario escolar. Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto las personas no creyentes, como las creyentes. La escuela un lugar para razonar y no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla.

Fuente: laicismo.org

Tawakkol Karman: "Todo el mundo pagará el coste de no escuchar a los refugiados"

La Premio Nobel de la Paz, que participa en unas jornadas sobre "Mujeres contra la impunidad", habla en una entrevista con Público sobre el papel de las mujeres en las primaveras árabes, la ceguera de Europa en la crisis de los refugiados o el silencio cómplice de occidente ante las dictaduras y el surgimiento del terrorismo.

MADRID

28/09/2017 07:31

MARISA KOHAN @Kohanm

"El problema común que sufren las mujeres a lo largo de todo el planeta es que son marginadas de los procesos de toma de decisión, en el acceso a los puestos más altos. Y esto ocurre tanto los países como en las grandes instituciones internacionales. Tenemos un problema real del liderazgo de mujeres a nivel mundial" arranca Tawakkol Karman cuando preguntamos si hay un problema común que aúne a las mujeres en distintos lugares del mundo. "Esto ocurre en casi todos los países, pero es mucho peor en los países árabes". añade.

Llega a la entrevista ataviada con el tradicional hijab que enmarca su cara algo redondeada y en donde resaltan sus grandes ojos oscuros que hablan tanto como sus manos cuando se entusiasma contando la situación de su país: Yemen.

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Parece a simple vista una mujer tranquila y apocada. Sin embargo, esta impresión se desvanece completamente cuando comienza a hablar con su voz alta y rotunda. Tawakkol Karman recibió el Premio Nobel de la Paz en 2011 por su "lucha no violenta en favor de la seguridad de las mujeres y en pro el derecho de éstas a una completa participación en el la construcción de la paz", tal como reconoció la institución norurga. Se convertía así, con 32 años, en la persona más joven en recibir el Nobel (hasta que lo recibió Malala), aunque afirma que prefiere que se la reconozca como la primera mujer árabe que recibe el galardón.

"Los derechos de las mujeres deben ser definidos desde la perspectiva de los derechos humanos, porque es a través de ellos que llegaremos a los derechos de las mujeres. De lo contrario lo que ocurrirá es que perderemos la batalla de los derechos de los ciudadanos en su conjunto: los derechos de libertad de expresión, el los derechos legales, el de la igualdad entre hombres y mujeres..."

Ella fue una de las figuras principales en la primavera árabe que vivió Yemen y que acabó con 30 años de dictadura de Ali Abdullah Saleh. Está en España para participar en el ciclo "Mujeres contra la Impunidad" organizado por la Asociación Mujeres de Guatemala, en la Casa Encendida de Madrid.

Sobre la importante participación de las mujeres en estas revoluciones pacíficas afirma que "no sucedió como en otros procesos revolucionarios en que los temas de las mujeres se dejaron para más adelante. "En las revoluciones árabes las mujeres salimos al la calle, tomamos el liderazgo, no lo pedimos ni esperamos a que nos lo dieran". 

Su principal interés es poder compartir con la ciudadanía española la situación que vive su país, sumido en una grave conflicto interno desde que en 2014 sufriera un golpe de estado que acabó con los avances de aquella primavera y en el que participan de un lado fuerzas de la coalición internacional liderada por Emiratos Árabes y Arabia Saudí con el apoyo de algunos países de occidente y una coalición liderada por Iran, que apoya a los rebeldes Hutis por el otro. En medio, una población empobrecida (Yemen es el país más empobrecido de la región) en la que más de 10 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y constantes combates.

Karman, que en la actualidad vive en Catar tras haber sido encarcelada en varias ocasiones en Yemen y haber recibido amenazas de muerte, es una de las voces críticas con el papel que occidente y las coaliciones internacionales han jugado en las primaveras árabes y en el mantenimiento de las dictaduras en el mundo árabe."Los países occidentales deberían saber que su alianza con los dictadores es un gran error. Porque las dictaduras producen terrorismo, provocan caos y guerras"

Critíca duramente que los países occidentales desarrollados hayan hecho oídos sordos y mirado hacia otro lado durante años sobre lo que hacían las dictaduras árabes. "Los países occidentales deberían saber que su alianza con los dictadores es un gran error. Porque las dictaduras producen terrorismo, provocan caos y guerras", afirma. "Su apoyo o su silencio sigue siendo el gran error que están cometiendo".

"Su silencio cómplice, también, hacia Bashar al-Assad, es un crimen", afirma y recuerda que tras siete años de guerra no ha habido ningún tipo de acción en su contra. "Él destruyo totalmente a su gente, obligó a millones de personas a huir y ser refugiadas, mató a cientos de miles y encarceló a otro tanto. Cometió crímenes contra la humanidad y la comunidad internacional no hizo nada".

"Los países occidentales deben despertar, porque esto que está pasando en los países árabes se extenderá hacia Europa. De hecho es lo que ha pasado ya en París, Barcelona, Londres... ¿De dónde vienen estos grupos terroristas? No son islamistas, son criminales y tienen el apoyo de los dictadores".

"No digo que los hayan creado. Lo que digo es que su silencio permitió que florecieran. Todo dictador es un terrorista y cada terrorista es un dictador. Los dos se alimentan el uno al otro, se ayudan y se apoyan", argumenta con voz que suena casi a arenga por la pasión y que acompaña con tajantes golpes en la mesa."Estoy muy furiosa con la ceguera de Europa en relación a los refugiados. Todo el mundo pagará el coste de no escucharlos"

"Estoy muy furiosa con esta ceguera", añade tajante cuando recabamos su opinión sobre el hecho de que Europa sólo haya acogido a un 30% de los refugiados que se había comprometido.

"Sancionan a los refugiados en lugar de apoyarlos y ayudarlos. Éstos están huyendo del fuego cruzado de los dictadores, los terroristas y de los bombardeos de la coalición internacional, como en Siria, pero se encuentran con las puertas cerradas. Pero pagarán el precio. Todo el mundo pagará el coste de no escuchar a la gente morir". "La paz no significa sólo acabar con la guerra. Significa también acabar con la represión y la injusticia, y deberían saberlo. Si aman la paz, les pedimos que despierten porque es algo que afectará a toda la humanidad".

Karman es también muy crítica con la hipocresía de los gobiernos que se llenan la boca buscando soluciones en el conflicto de los países árabes, pero que venden armas a dictaduras o a países que las utilizan contra la población civil. España es el tercer exportador de armas a Arabia Saudí, país que lidera, junto con Emiratos Árabes, la coalición internacional que defiende a una de las facciones en guerra por el poder dentro de Yemen. 

"Tienen que parar. Dejar de vender armamento a los dictadores que matan a ciudadanos. Pero también hago un llamamiento a que Irán deje de vender armas a los hutis (otra de las facciones que luchan por el poder en Yemen).

Hay oscuridad pero también hay luz

A pesar de todo, Karman es optimista. "La gente sabe cómo alcanzar la libertad y se sacrifica por ella", afirma. "Y los dictadores, muchos ya se han ido y otros tendrán que marcharse. Estoy convencida de que mi generación verá los cambios, pero si no fuera así, lo que es seguro es que nuestros hijos lo verán. Hemos empezado. Hemos abierto la puerta y no se puede ya cerrar"

Fuente: publico.es

Los indígenas despiertan a una Argentina que los había olvidado.

Una manifestación indígena en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en reclamo de justicia por el asesinato de Javier Chocobar, dirigente de una comunidad diaguita, en conflicto con la explotación de una cantera en el norte argentino. Crédito: Cortesía de ANDHES

BUENOS AIRES, 20 sep 2017 (IPS) - Los reclamos territoriales de cientos de comunidades indígenas, que se extienden por casi toda la extensa geografía argentina, irrumpieron sorpresivamente en la agenda pública de un país construido por y para descendientes de colonizadores y de inmigrantes europeos, acostumbrado a mirar como ajenos a los pueblos originarios.

Todo comenzó con la desaparición de Santiago Maldonado, un artesano de 28 años que el 1 de agosto participaba en la sureña y patagónica provincia de Chubut en una protesta del pueblo indígena mapuche, que fue desalojada de manera violenta por una fuerza de seguridad. Desde entonces, nada se sabe sobre su paradero.

Ese hecho movilizó a amplios sectores de la sociedad y sacó de las sombras un conflicto que en los últimos años ha provocado numerosos hechos de violencia pero al que históricamente se le ha prestado poca atención.

“El relevamiento de los territorios indígenas de Argentina ya tendría que estar hecho y hoy deberíamos estar estudiando la titulación. Tenemos que trabajar en la fuerte discriminación que no solo existe de parte de las autoridades y los principales medios de comunicación, sino también de sectores de la sociedad”: Belén Leguizamón.

“Ojalá el hecho desgraciado de Santiago Maldonado sirva para que en la Argentina se entienda que es necesario y posible encontrar soluciones legales y políticas a la cuestión indígena”, dijo Gabriel Seghezzo, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz(Fundapaz).

“Es imprescindible trabajar para desactivar los conflictos, porque si no la violencia va a continuar”, agregó a IPS el máximo dirigente de la organización que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven en la porción argentina del Chaco, el gran bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia.

Fundapaz fue una de las organizaciones que trabajó durante más de 20 años en un reclamo de territorios rurales en la provincia noroccidental de Salta, que culminó en 2014, cuando el gobierno local transfirió la propiedad de 643.000 hectáreas a las familias que las habitaban.

Se reconoció la propiedad comunitaria sobre 400.000 hectáreas a integrantes de los pueblos indígenas wichi, toba, tapiete, chulupí y chorote, mientras que las restantes se otorgaron en condominio a 463 familias campesinas criollas.

Ese suceso, sin embargo, fue apenas una excepción feliz, ya que la enorme mayoría de las comunidades indígenas del país no tienen título de propiedad sobre sus tierras.

Hace 10 años, el Estado lanzó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, en el que se registraron 1.532 comunidades. Al día de hoy, solo 423 tienen concluido el relevamiento, aunque no cuentan con título de propiedad, y hay otras 401 que están en proceso.

Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), esas 824 comunidades reclaman que se les reconozcan como ancestrales 8.414.124 hectáreas. Es una superficie mayor a la de varios países del continente, como Panamá o Costa Rica, pero que equivale solo a aproximadamente tres por ciento de los 2.780.400 de kilómetros cuadrados del territorio argentino.

En el resto de las comunidades, ni siquiera se inició el relevamiento.

Así, el Estado argentino está en deuda con su propia Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y garantiza no sólo “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”, sino también “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Esos principios fueron incorporados a la Constitución en 1994, durante la última reforma, y marcaron un cambio de paradigma fenomenal para una nación que históricamente consideró al indio un elemento extraño, al que había que someter.

“¿Dónde está?”, es la pregunta que se repite en numerosos carteles en las paredes de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina sobre la desaparición el 1 de agosto de Santiago Maldonado, durante una manifestación en la Patagonia. Crédito: Daniel Gutman/IPS

De hecho, antes de 1994, la ley fundamental de Argentina instruía a las autoridades a “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Sin embargo, el extraordinario avance sobre el papel parece haber traído pocas mejoras concretas para los indígenas, cuyo peso numérico en la población argentina es difícil de establecer.

En el último Censo Nacional, en 2010, se reconocieron como pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena 955.032 personas, 2,38 por ciento de la población total registrada entonces, de 40.117.096 habitantes.

Pero se cree que los indígenas son más, ya que no todos quieren reconocerlo, debido a la histórica discriminación que han sufrido. Los pueblos originarios con mayor población son los mapuches, en el sur, los tobas, en el Chaco, y los guaraníes, en el noreste.

“Luego de la reforma constitucional que reconoció a los pueblos indígenas, hemos tenido 23 años de fracaso absoluto de las políticas públicas para resolver la cuestión indígena. Ha habido una fatal demora de todos los gobiernos que pasaron en este tiempo”, dijo Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

Para Ferreyra, “los conflictos territoriales tienen una matriz clara, que son el avance descontrolado del monocultivo de soja, en el norte del país, y la extranjerización de enormes superficies de tierra, en el sur”.

“Lo que se necesita es diálogo, pero no hay voluntad ni herramientas”, aseguró en su diálogo con IPS.

Lo sucedido con la cuestión de las tierras es un buen ejemplo de la distancia que hay entre las normas y la realidad.

En noviembre de 2006, el legislativo Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas, que estableció la “emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios indígenas” por cuatro años.

Durante ese lapso –que debía utilizarse para determinar cuáles son las tierras ancestrales de las comunidades, como paso previo a la titulación- quedaban prohibidos los desalojos, aun con orden judicial.

Sin embargo, no se avanzó en el relevamiento, a pesar de que el Congreso alargó los cuatro años del plazo original dos veces, y los convirtió en 11.

La última prórroga vence en noviembre y decenas de organizaciones sociales de todo el país han pedido su renovación hasta 2021, mientras el Congreso comenzará a debatir la suerte de la ley el 27 de este mes

El reclamo fue respaldado por cientos de intelectuales, a través de una carta pública en la que señalaron que “en la Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales con la expansión de los territorios rentables para el capital”.

De acuerdo a un estudio de la organización Amnistía Internacional, existen en el país 225 conflictos que involucran a comunidades indígenas, casi todos por cuestiones territoriales.

En 24 de ellos hubo hechos de violencia con intervención de fuerzas de seguridad, e incluso muertos. Como Javier Chocobar, dirigente de una comunidad diaguita de la también noroccidental provincia de Tucumán, por cuyo asesinato, en 2009, todavía no hay culpables.

“En todos estos años, muchos jueces han seguido ordenando desalojos de comunidades indígenas a pesar de lo dispuesto el Congreso Nacional. Por eso creemos que si la emergencia no se prorroga la situación va a empeorar”, explicó Belén Leguizamón, coordinadora del área de Derechos Indígenas de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).

A su juicio, “la ley es un paraguas con agujeros, pero un paraguas al fin”.

“El relevamiento de los territorios indígenas de Argentina ya tendría que estar hecho y hoy deberíamos estar estudiando la titulación. Tenemos que trabajar en la fuerte discriminación que no solo existe de parte de las autoridades y los principales medios de comunicación, sino también de sectores de la sociedad”, planteó a IPS.

A título de ejemplo, detalló que “en las escuelas de la Argentina se sigue enseñando que los pueblos indígenas pertenecen a un pasado que ya no existe”.

Editado por Estrella Gutiérrez

Fuente: ipsnoticias.net

Pueblos indígenas: orgullo y resistencia.

Según Naciones Unidas, en el mundo viven 370 millones de indígenas en unos 90 países. Sobreexpuestos a la explotación y la pobreza, son también depositarios de saberes ancestrales y guardianes de la diversidad cultural y la naturaleza, con la que mantienen una relación privilegiada.

lEl pasado 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en su casa de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Berta era una líder indígena y una activista medioambiental muy reconocida. El año anterior había obtenido el premio Goldman, una especie de Premio Nobel medioambientalista; organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional respaldaban su lucha contra distintos proyectos industriales y mineros que amenazaban el modo de vida del pueblo lenca, al que pertenecía, y el liderazgo de Berta se extendía más allá de este pueblo, pues era cofundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), una organización que coordina diversos movimientos indígenas hondureños.

Ni siquiera esa notoriedad la salvó de la muerte. Su nombre se unió al de una demasiado larga lista de activistas sociales asesinados en Honduras, un país tan pequeño como violento. Entre los acusados por el crimen figuran personas vinculadas tanto a las fuerzas de seguridad hondureñas como a las empresas implicadas en la construcción de la presa de Agua Zarca, el último megaproyecto que amenaza la supervivencia de su pueblo al que se opuso.

A finales del mes de junio, la ONG indigenista Survival International anunciaba que Bari Pidikaka,líder del pueblo indígena dongria kondh había fallecido mientras permanecía en custodia policial. Bari estaba arrestado desde octubre de 2015. Regresaba de una protesta contra la refinería que la compañía minera Vedanta Resources tiene en sus territorios ancestrales en India central. Los dongrias llevan años luchando contra dicha refinería y denuncian sistemáticas “intimidaciones, secuestros e ilícitos encarcelamientos” por parte de la policía estatal que -aseguran- “promueve los intereses” de la compañía británica.

Los casos de Cáceres y Pidikaka no son más que un ejemplo de la presión, el acoso y la violencia a la que se ven sometidos los pueblos y líderes indígenas en todo el planeta. En la reciente reunión de la Iniciativa Interreligiosa para Salvar los Bosques Tropicales que el Gobierno noruego organizó en Oslo, la líder indígena brasileña Sonja Guajajara, denunciaba que “todos los días luchamos contra los ataques del Estado brasileño, las hidroeléctricas, las empresas mineras, las madereras, contra la extensión de los ferrocarriles...”. En esa misma cita, Victoria Tauli-Corpuz, líder indígena del pueblo kankanaey lgorot de la región de La Cordillera en Filipinas y Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aseguraba: “se nos amenaza por proteger los bosques. Nuestros derechos son violados y socavados”. Un reciente informe de las ONGs Amnistía Internacional y Front Line Defenders (Defensores en la Línea del Frente), aseguraba que en 2016 fueron asesinados 281 activistas de derechos humanos en todo el mundo. Cerca de la mitad trabajaban sobre problemas de tierras, territorio y medio ambiente, y entre ellos había muchos pertenecientes a pueblos indígenas.

Hablar de los pueblos indígenas tiene especial sentido en 2017, pues en septiembre se cumplirán 10 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración suponía un reconocimiento de alto rango por parte de Naciones Unidas de estos derechos, hasta entonces únicamente defendidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. La declaración de 2007, aprobada tras largos años de debate, establecía, entre otras muchas cosas, los derechos de los pueblos indígenas a “vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos”; a “no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura”; a “participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos” y a “determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo”.

Éste último es un argumento muy importante. Como explica Survival Internacional, los indígenas y quienes apoyan su causa no están “en absoluto” en contra del progreso. Son bien conscientes de que “las sociedades cambian continuamente”, pero estiman que “el futuro de los pueblos indígenas debería ser decidido fundamentalmente por ellos mismos. El desarrollo que destruye a los pueblos no es verdadero progreso”. Especialmente si destruye a pueblos cuyos conocimientos, culturas y tradiciones contribuyen “al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente”, tal y como reconoce la Declaración de Naciones Unidas.

Esa contribución de los pueblos indígenas a la preservación de la naturaleza es incontestable. En el plano práctico y en el teórico. “Para los que vivimos en bosques tropicales, los árboles, las plantas, animales y microorganismos son miembros de nuestra comunidad”, aseguraba Tauli-Corpuz en Oslo. En ese mismo encuentro, Joseph Itongwa, miembro del Comité de Pueblos Indígenas de África, aseguraba que “a mí no me han enseñado el valor de los árboles en el colegio. Desde niños aprendemos su valor para nuestra su supervivencia. Producen todo lo que necesitamos. Tenemos una relación de respeto hacia la naturaleza. Cortar un árbol es como cortar nuestra identidad”.

El Acuerdo de París para la lucha contra el Cambio Climático reconoce el saber tradicional de los pueblos indígenas como una potente herramienta para la preservación del medio ambiente. Claudio Bombieri, un sacerdote comboniano que trabajaba con indígenas en Maranhão, Brasil, aseguraba hace ya unos años que los pueblos indígenas tienen mucho que enseñar a la sociedad occidental: “ellos tienen una sociedad basada en el ser y no en el tener, y su sola existencia nos propone un modelo de sociedad totalmente distinto al nuestro, basado en el consumo”. El papa Francisco, en su visita a Chiapas en febrero de 2016 aseguró que los pueblos indígenas “saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”.

Sin embargo, como señalaba el Papa, estos pueblos indígenas han sido “muchas veces, de modo sistemático y estructural, incomprendidos y excluidos de la sociedad”. El cóctel que propicia esa exclusión está hecho de una mezcla de ignorancia y de interés que les impuso los calificativos de atrasados, salvajes o inferiores. Desde que los pueblos originarios de América, África y Asia entraron en contacto con los grandes imperios africanos, americanos y, sobre todo, europeos, su historia ha sido una historia de lucha y resistencia, por un lado, y de explotación y sometimiento por otra. Tan solo en América, los pueblos indígenas han sido usados como mano de obra barata en las minas de plata de Potosí, en las plantaciones de caucho de la Amazonía, en las haciendas del altiplano andino. A menudo, la explotación ha revestido la forma específica de esclavitud que incluso hoy persiste en regiones apartadas de algunos países como Brasil.

Así lo señala el informe El mundo indígena 2017, de la ONG Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, en sus siglas inglesas), que asegura que “a pesar de algunos logros alentadores, la realidad cotidiana de las comunidades indígenas a nivel local está sometidas a grandes presiones”. Los principales desafíos a los que estos pueblos se enfrentan “siguen relacionados con el reconocimiento y la implementación de sus derechos colectivos a tierras, territorios y recursos”.

Así, en Tanzania, los pueblos dedicados al pastoreo fueron expulsados de varios distritos de la región de Morogoro, en donde se quiere establecer una Zona de Caza Controlada. Indígenas participando en las protestas por el atropello han sido arrestados y detenidos sin juicio. En el Cercano Oriente, la situación de los refugiados beduinos palestinos que viven bajo total control militar israelí es desesperada. Este pueblo de pastores nómadas cuya cultura está siendo “deliberadamente erosionada” es cada vez más pobre y vulnerable. En Rusia, las organizaciones de los pueblos indígenas sufren cada vez más para poder llevar adelante su trabajo, pues son consideradas por el Gobierno como agentes externos, lo que provoca “acoso, persecuciones e interrogatorios de activistas”.

A esta realidad de muerte y negación los pueblos indígenas oponen muchas veces tan solo su fiero orgullo y su ardiente deseo de preservar su identidad. De ese deseo han nacido los logros que, luchando por cada palmo de territorio de presencia e influencia social han conquistado: representación política en parlamentos (Afganistán, Burundi, Jordania, Líbano, Nepal o Nueva Zelanda, entre otros), aprobaciones de leyes de tierras que contemplan su régimen de propiedad colectiva, o el fin de grandes proyectos de extracción e infraestructura para los que no habían dado su consentimiento.

Esas buenas noticias para ellos son buenas noticias para todos pues demuestran que es posible resistir y vivir de otra manera, obviando un modelo económico global que descarta a las personas. •

Agradecemos a la ONG Survival International (www.survival.es) su colaboración en la elaboración de este reportaje, especialmente por permitirnos contar con los recursos de su archivo fotográfico.

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Fuente: 21Rs.es

La brecha social crece con 58.000 nuevos ricos y 1,4 millones de pobres en cuatro años.

(PUBLICO)

El patrimonio del 0,4% de la población supera en valor el 50% del PIB, mientras las rentas bajas se desploman y 5,4 millones de contribuyentes ingresan ya menos de 6.000 euros al año.

La crisis económica ha sido, y sigue siendo, un buen terreno de negocios para una minoría mientras amplias capas de la población sufren el desgarro social derivado de la cada vez más intensa tendencia a la concentración de la riqueza: la afloración de más de 58.000 nuevos ricos en los mismos cuatro años en los que más de 1,4 millones de personas han pasado a ingresar menos de 6.000 euros anuales da fe del ritmo al que se abre la brecha social en un país que está batiendo sus propios récords de desigualdad, con las cotas de creación de riqueza y de extensión de la pobreza en niveles máximos de manera simultánea .

Los datos del Impuesto de Patrimonio revelan cómo en solo cuatro años, de

2011 a 2015, la cifra de contribuyentes españoles que poseen entre 1,5 y seis millones de euros ha pasado de 39.810 a 50.738, mientras los que superan esa cifra, equivalente a mil millones de las antiguas pesetas, lo ha hecho a un ritmo más intenso al pasar de 4.717 a 6.480.

Suman 12.691, aunque, en realidad, la nómina de millonarios que declaran su fortuna al fisco ha aumentado más. Las estadísticas de la Agencia Tributaria oscurecen ese dato con su división por tramos, aunque la propia gestión del impuesto, que grava a quienes poseen un acervo mobiliario (acciones, seguros) e inmobiliario superior a los 700.000 euros, con una exención de hasta 300.000 por la vivienda habitual, revela que la cifra de ricos que lo declaran ha crecido un 44% en esos cuatro años, en los que ha pasado de 130.216 a 188.680; es decir, 58.464 más.

Ese aumento de los ricos ha ido paralelo con una mayor concentración de la riqueza. Los 130.216 declarantes de este tributo en 2011 suponían el 0,27% de la población estatal y poseían bienes por valor de 430.668 millones que equivalían al 40,2% del PIB. Los 188.680 registrados cuatro años después son el 0,4% del censo, mientras su patrimonio conjunto de 582.612 millones ya alcanza el 53,9% del Producto Interior Bruto.

Caen las rentas bajas, repuntan las medias y altas

Y esa concentración ha sido simultánea a un corrimiento a la baja de las rentas en los estratos menos pudientes del país, los que aglutinan a los más de doce millones de contribuyentes que perciben menos de 20.000 euros al cabo del año, y que suponen dos terceras partes del total. Son los mileuristas, ya que se trata de ingresos brutos en el caso de los salariales, y los inframileuristas. El efecto es especialmente intenso entre quienes ingresan menos de 6.000 euros al año, que entre 2011 y 2015 pasaron de manera progresiva de ser cuatro millones de personas a 5,4.

Ese aumento de 1,4 millones de contribuyentes en ese tramo indica una extensión todavía mayor de los niveles de pobreza, cuyos umbrales de 2015 estaban oficialmente fijados en 8.010 euros para los hogares unipersonales y en 16.823 para los de dos adultos y dos niños, en los que, llevan años cayendo ciudadanos de los escalones de renta inmediatamente superiores al anterior: 1,3 millones de personas han desaparecido del tramo de 6.000 a 12.000 euros y 479.119 han salido del siguiente, el que va de esa cifra a los 20.000.

Esos movimientos, que se producen mientras la cifra de contribuyentes permanece estabilizada en torno a los 19,4 millones, van paralelos a una leve recuperación de las clases medias, ya que las rentas de 20.000 a 60.000 euros han pasado de llegar a 5,9 millones de personas a alcanzar a 6,25 millones (un 5% más), mientras las más elevadas, las que superan esa cota, repuntaban un 0,34% para alcanzar las 687.904.

Este cuadro indica que la concentración de la riqueza se está produciendo de una manera simultánea al desplome de las rentas bajas, en las que cada vez más gente ingresa menos dinero, y a una mejora de las medias y altas. Y pone de manifiesto, como ya hicieron hace unos meses dos organismos tan antagónicos como el Consejo Económico y Social (CES) y la Airef (Autoridad Fiscal Inependiente), la escasa efectividad del sistema redistributivo español.

Patrimonio, un tributo de ida y vuelta

El Impuesto de Patrimonio, reducido a cero en 2007, cuando la economía española y el Estado cabalgaban a lomos de una burbuja inmobiliaria a punto ya de estallar, recuperado por Rodríguez Zapatero en 2011 y mantenido por Mariano Rajoy, es un tributo que grava la tenencia de bienes muebles e inmuebles y que el Estado recauda junto con el IRPF para traspasar los fondos a las comunidades autónomas. Su recaudación, no obstante, cayó en picado con las rebajas aplicadas en la recuperación de 2011, cuando, con 739 millones, su aportación se quedó por debajo de la tercera parte de los 2.360 de 2007. Los 981.498 declarantes de entonces cayeron a 130.216, de los que 27.919 (21,4%) quedaron exentos de pagar.

Hoy, mientras comunidades como Madrid lo tienen en la práctica abolido con una cuota cero, solo tributan 163.499 de los 188.680 declarantes, mientras los otros 25.231 (13,3%) se libran de hacerlo. Y las exenciones reducen a la mitad las bases a liquidar. En algunas ocasiones se ha señalado el aumento de ricos que declaran en el Impuesto de Patrimonio como uno de los efectos de la amnistía fiscal de 2012 y el posterior goteo de bienes localizados en otros países que comenzaron a aflorar mediante el llamado “modelo 720”. Sin embargo, las cifras no cuadran: al proceso impulsado por el ministro Cristóbal Montoro se acogieron 31.500 evasores, y el aumento de contribuyentes alcanzó los 47.556 ese año, a los que se sumaron otros 4.589 en 2013. Y el crecimiento continuó en los dos siguientes, con 2.833 y 6.174.

¿Quién y qué paga?

El grueso de ese más de medio billón de propiedades de los ricos oficiales que tributan por serlo se concentra en los bienes de tipo mobiliario, con 442.447 millones de euros distribuidos entre 293.374 en acciones (50.774 en bolsa), 83.120 en sicav, 52.607en depósitos bancarios y 13.344 en deuda pública. Otros 102.565 son propiedades inmobiliarias, el 96,5 de ellas (98.705 millones) urbanas. Y el resto se reparte entre 11.309 bienes afectos a actividades económicas, 10.623 en seguros y rentas vitalicias y 1.176 en los llamados bienes suntuarios, en los que se suman 659,8 en joyas y 516,3 en obras de arte y antigüedades, mientras el capítulo de “otros” suma 14.491.

Más ricos en Catalunya, más barato en Madrid

Más de la tercera parte de los declarantes del Impuesto de Patrimonio (Navarra y País Vasco no entran en la estadística) tiene su domicilio fiscal en Catalunya, donde hay 72.716 que, con una media de 2,37 millones, suman 168.528, más de un tercio también de las propiedades. Le siguen por número la Comunitat Valenciana, con 18.509 y una media de 2,93, y Andalucía, con 15.888 y un patrimonio medio de 3,087 millones.

No obstante, es en Madrid, que aplica una cuota cero con la que en la práctica nadie paga, donde se concentran las mayores fortunas: 16.977 declarantes con un patrimonio medio de 8,54 millones que suma un total de 150.325. En 2015, los 15.790 a los que la declaración les habría salido a pagar en cualquier otra comunidad se ahorraron 796,7 millones, a 50.461 euros por cabeza.

Así, no es de extrañar que, mientras la competencia fiscal entre comunidades y los pleitos por ese motivo aumentan un año tras otro, el traslado de domicilios fiscales de potentados a Madrid sea constante: su censo aumentó en 2.092 en cuatro años.

Fosilización política, tijera legal. Un proyecto de recortes democráticos con la excusa catalana

“Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político”.

(Daniel Bernabé, la marea, 18-9-2017)

Cuando Rajoy compareció en rueda de prensa el pasado jueves 7 de septiembre, tras la aprobación de la ley catalana del referéndum, la situación parecía favorable para el presidente. Con el Tribunal Constitucional y el Gobierno funcionando a bloque sus palabras, de tono sereno y coartada sensata, le hicieron vencedor en la representación de la legitimidad frente a un Parlament que estaba atravesando unas sesiones confusas y atropelladas. Sin embargo, tras la multitudinaria Diada el escenario ha ido cambiando progresivamente, pasando la excepcionalidad del órgano legislador catalán al Gobierno central. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, dijo Rajoy el viernes 15 en la reunión de la directiva del PP de Cataluña, “no subestimen la fuerza de la democracia española”.

Este cambio de escenario no es más que el resultado de la postura inamovible del PP y sus socios, la de judicializar un problema político sin ofrecer ningún tipo de salida negociada a la situación, dejando el trabajo de despacho en manos de columnistas incendiarios, jueces salvapatrias y agentes del Instituto Armado. La legalidad, como es obvio, permanece a salvo, hermética al presente, mientras que la legitimidad se desliza hacia un referéndum, que aun teniendo una validez técnica simbólica, ya ha conseguido su objetivo: el de crear una crisis de Estado que sirva de contrapeso para una futura negociación. Al menos en teoría.

Como ya señalé en el artículo de hace un par de semanas, Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España, la cuestión catalana traspasaría sus límites geográficos llevando al resto del país debates en torno al Estado de derecho, a la naturaleza de la legalidad y los límites de la política institucionalizada. Pero también pondría de manifiesto, como así está siendo y así va a ser, el proyecto de restauración reaccionaria que la clase dirigente tiene para reformular España y barrer, definitivamente, el espíritu constituyente del periodo anterior, sus expresiones electorales y asociativas, así como el justo clima de ilegitimidad de un gobierno salpicado por la corrupción y que lo es, recordemos, gracias a un descabezamiento de la dirección, ya renacida, del PSOE. La lectura de la derecha es sencilla: la coyuntura catalana nos obligará a utilizar recortes democráticos, por lo tanto, ¿para qué quedarnos tan solo en un lugar y un momento concretos?

Ya estamos viendo los primeros resultados de tal operación. La casi segura intervención de las finanzas de la Generalitat, la amenaza de la fiscalía a los más de 700 alcaldes (de un total de 947) que van a colaborar con el referéndum, la ambigua advertencia del Constitucional a TV3 donde los límites entre información y apoyo al 1-O son poco claros y los registros de la Guardia Civil a publicaciones e imprentas sospechosas de imprimir cartelería y papeletas. El 155 planea como una guadaña sobre las espaldas de Puigdemont y Junqueras, pero sobre todo de una sociedad catalana que, si antes de este momento ya contaba con un sector notable que se declaraba independentista, favorable al derecho a decidir o simplemente dolido por lo que consideraban un reiterado menosprecio a su sentimiento nacional, ahora ve que sus miedos se convierten en certezas.

Fuera de Cataluña han sido dos, por el momento, los actos suspendidos por decisión judicial, uno en Madrid, el pasado día 12, y otro en Vitoria, el viernes 15. Este último fue interrumpido por la Policía Local de la capital vasca a instancias del juzgado tras la denuncia de Delegación del Gobierno cuando ya estaba en marcha, teniendo que abandonar la sala el público asistente y la ponente, Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que declaró que “el derecho de libertad de expresión y de manifestación están amenazados”. El acto en Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo en el Teatro del Barrio, iba a celebrarse en un principio en un local municipal. Esta fue una de las razones que el juez Yusty Bastarreche utilizó para obligar al consistorio madrileño a no ceder el espacio: la de que una dependendencia municipal debe servir a los intereses generales de la ciudadanía. El auto, además, interpretaba que si el referéndum había sido declarado ilegal por el Constitucional, un acto, supuestamente de apoyo al mismo, también lo era.

Podemos poner en duda la parcialidad de un juez declaradamente hostil a la alcaldía madrileña, a la que calificó de tropa de aspecto poco presentable, y al proceso soberanista catalán, ya que era firmante de un manifiesto contrario al mismo. Podemos volver a los debates circulares sobre el Estado de derecho como ente ideal. Incluso, hipotéticamente respetuosos con las leyes y contrarios a la independencia de Cataluña, mirar para otro lado considerando estas prohibiciones un mal necesario que se desprende de un conflicto mayor. O tener memoria.

El cierre del periódico Egunkaria en 2003 y la acusación a su directiva de colaboración con banda armada pasaron de puntillas por la sociedad española, incluso por la más progresista, que atemorizada de criticar la medida para no ser tachada de simpatizante de ETA, calló en su mayor parte. En 2010, la propia Audiencia Nacional absolvió a los acusados sentenciando que: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”. Episodios de esta índole, si el camino no se corrige, van a volver a tener lugar no solo en Cataluña sino en cualquier parte del país, independientemente de tener que ver o no con el referéndum.

El poder, si es efectivo, no requiere de recordatorios. De hecho, el poder de un Estado es más notable cuanto menos tiene que utilizar sus sistemas coactivos, bien por la connivencia de sus gobernados, bien por el temor de estos a las consecuencias. Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político. Y en último término no ya la debilidad de este Gobierno concreto, sino del propio Régimen que se ha mostrado incapaz de articular una solución territorial definitiva, de defender la soberanía del tan citado pueblo español frente a la Troika o de funcionar sin una corrupción generalizada que, por cierto, afecta de igual forma al ya lejano oasis catalán.

Tratar la cuestión catalana como un simple problema de legalidad, de orden público, puede tener que ver con cierta ceguera táctica (la misma que creó esta situación en parte), pero sobre todo tiene que ver con un proyecto, con un modelo político regresivo que entiende las leyes desde una visión de clase, no confesable pero desacomplejada. Una visión que sabe que las leyes, más allá de su intencional espíritu de equidad, son producto de correlaciones de fuerza, de situaciones de poder cambiante entre actores sociales con intereses contrapuestos. Claro que existen normas que parten de una necesidad cotidiana y son de un uso común y casi lógico (como el ya terco ejemplo del semáforo), como hay otras muchas que son la plasmación de un interés ideológico o una necesidad de un grupo social con poder para imponerlas. Tratar de hacer pasar este tipo de leyes por una especie de tablas sagradas grabadas por Dios en el monte Sinaí es de una arbitrariedad pasmosa.

En general, en los momentos de la mal llamada paz social, es decir, las etapas en que las clases dirigentes imponen su políticas sin una oposición firme, son precisamente las leyes más cotidianas las que se ponen en cuestión (el botellón, la limitación de velocidad o alcohol en la conducción) en debates tan desesperantes como estériles. Es en los procesos de conflicto estructural cuando los que nunca ven su voluntad y necesidades reflejadas en las leyes buscan que así sea, provocando avances políticos que quedan plasmados en el cuerpo jurídico, no por la buena voluntad de los de arriba, sino por la irrefrenable demanda de los de abajo. No hace tanto divorciarse o abortar estaba prohibido en España y, efectivamente, las que luchaban para que así fuera estaban planteando algo, obviamente, ilegal. Que nuestra Constitución apellide al Estado de social responde a una correlación de fuerzas de un momento histórico, que se reformara esa Constitución para introducir el 135, una cláusula neoliberal, a otra.

Con la cuestión nacional ocurre lo mismo, pueden consultar cuál era el contexto en 1978, qué significaban los militares, el café para todos, el balancín de Suárez o las manifestaciones populares no solo en Cataluña, Euskadi o Galicia sino también en Andalucía. Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.

Lo que no es legal no es democrático, ha dicho Rajoy, a lo que el veterano exdiputado comunista Alcaraz ha contestado, lo que no es legal no es democrático: la institucionalización fosilizada de la política.

Fuente: Redescristianas.net