Corporación Latinoamericana Sur-REVISTA SUR
A. ¿Por qué replantear el agua?
1. La mercantilización, monetarización y privatización del agua y los servicios de agua. Daños y fracasos.
Bajo la ola “triunfante” de la llamada “tercera revolución industrial” (TIC, biotecnologías, nuevos materiales, transporte y energía renovable) y la “libre” globalización de la economía de mercado capitalista, en los últimos 50 años, todas las formas de vida se han convertido en mercancías, y todo lo que antes se consideraba como un servicio público esencial para la vida bajo la responsabilidad de la comunidad humana, ha sido privatizado, encadenándose a “reglas” de mercados financieros mundiales y cada vez más separado de la economía real.
El valor de cualquier cosa, bien, se ha parametrizado con respecto a su valor de mercado. Los recursos naturales se han reducido a fuentes de extracción de riqueza, disponibles hasta que se agoten, en beneficio de los más fuertes, de los más competitivos. Incluso los bienes producidos por los seres humanos, como el conocimiento, la vivienda, la salud, la educación, la seguridad de la existencia y el devenir han sido monetizados, financiados y privatizados.
En 1980, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, legalizó la privatización de los seres vivientes con fines de lucro. Plantas, animales, especies, microbióticos, genes humanos… todo se ha convertido en patentable con carácter privado. Un escándalo. Con la Directiva 98/44 / CE de 1998, la Unión Europea ha seguido el ejemplo para evitar, se dijo, la desaparición progresiva del sector agroalimentario y la industria química-farmacéutica europea independiente.
El acaparamiento predatorio de la tierra no ha salvado el agua y los servicios de agua. Las autoridades públicas “nacionales” que aún tienen el poder formal de regulación legislativa, política, judicial y sancionadora en todos los sectores del agua, dulce y salado, han delegado “la gestión de los recursos hídricos” a grandes grupos multinacionales industriales y comerciales privados como Suez, Vivendi, Thames, Waters, Agua de Barcelona…. En Italia, nos referimos a las cuatro principales “sociedades holdings” cotizadas en la bolsa: ACEA, A2A, IREN y HERA. Peor todavía han impuesto una concepción utilitarista del agua, consagrada en 1993 por el Banco Mundial en su documento / Biblia sobre política de aguas “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”.
Los conceptos del Banco Mundial se basan en el principio (dogmático) de que el agua debe considerarse un bien económico, sujeto a las “reglas” de la rivalidad y la exclusión según la definición de “bien económico” adoptada e impuesta por la teoría económica dominante. De ahí, la imposición de un precio para acceder a servicios de agua potable y agua según un doble principio:
– Primero, “El agua financia el agua”, es decir, la financiación de las infraestructuras y los servicios del agua se realiza mediante el pago de un precio por parte de los consumidores, como sucede con cualquier otro bien y servicio de interés privado.
-Segundo, “El precio se establece sobre el principio de recuperación de los costes totales (” full cost recovery”).
Según este punto de vista, los destinatarios de los servicios de agua no son ciudadanos con derechos sino consumidores con necesidades. Nuestras sociedades han abandonado la visión del agua como bien público común y han desechado el reconocimiento del derecho universal al agua potable y al saneamiento consagrado, como tal, el 28 de julio de 2010 por una Resolución de la Asamblea General de la ONU.
La mercantilización del agua (y la naturaleza) y la privatización de los servicios de agua, dos símbolos de la nueva era de la globalización, han demostrado toda su ineficacia: después de cuarenta años de batallas en nombre de los dogmas del capitalismo global. Ni los seres humanos ni las aguas (ríos, acuíferos, lagos, humedales, agua potable) ganan. La devastación ambiental y humana es de importancia considerable: se estima que cerca de cuatro millones de personas no pueden acceder al agua en cantidad y calidad esencial para la vida. Esto es una violación inaceptable del derecho a la vida.
Además, el agua útil para el uso humano es cada vez más escasa debido a los fenómenos persistentes de polución y contaminación de todos los cuerpos de agua (no porque la población mundial esté aumentando, como los grupos dominantes intentan hacer creer). El agua sigue siendo la base de muchos conflictos locales, como parte de una nueva lucha para la conquista del agua global, principalmente llevada a cabo por Nestlè, Danone, Coca-Cola, Pepsi-Cola, las compañías extractivas (compañías petroleras, mineras, etc.), compañías farmacéuticas y químicas, empresas de IT y otros sectores que consumen grandes cantidades de agua de buena calidad. Por último, el “precio del agua” está creciendo en todas partes y las empresas que gestionan los servicios de agua no saben que es una gestión del agua transparente y participativa con base democrática.
Incluso los británicos, entre los defensores más convencidos del concepto de agua rentable para el capital privado, han comenzado a hablar de la necesidad de su remunicipalización y re-divulgación. La fiebre del oro azul muestra un claro fracaso, cuyos costes humanos, sociales y financieros han sido pagados no por los grupos culpables sino por las mismas víctimas (pueblos indígenas, campesinos, estratos sociales empobrecidos de las ciudades, suburbios, chabolismo, niños menores de seis años, mujeres, minorías marginadas…).
No podemos continuar siguiendo el camino de los fracasos, los conflictos, las desigualdades, las exclusiones y las depredaciones.
2. La base de la convivencia: el estado, el público, los bienes comunes, la seguridad colectiva, la democracia. ¿Qué es la humanidad?
La segunda razón para “replantear el agua” radica en la conciencia de los cambios profundos en la concepción del estado y su papel (incluido el papel de municipios, provincias y regiones). Ya no es, o cada vez menos, garante de los derechos. Los gobiernos nacionales han demolido casi en todas partes el estado de bienestar, el estado de seguridad social generalizado. La seguridad se ha reducido a la seguridad militar (contra los enemigos), a la seguridad de la identidad nacional (contra extranjeros, migrantes e inmigrantes) a la protección de la propiedad privada de bienes y personas / categorías sociales ricas (piense en “ciudades cerradas”).
El compromiso con la seguridad y la justicia ambiental, la protección del estado ecológico de los bienes y servicios naturales esenciales, irremplazables para la vida y la coexistencia entre los pueblos, permanecen conceptos y prácticas aún por realizar. A pesar de las tres grandes cumbres de la Tierra (Río, Johannesburgo y Río) y la 23 COP de la ONU sobre el cambio climático, la pérdida de sentido a la vida por parte de nuestras sociedades es preocupante. ¿Dónde está lo sagrado de la vida? ¿Y el del agua? En los últimos años, algunas (justas) críticas al enfoque antropocéntrico del mundo y de la vida han promovido una visión más holística, real, ecocéntrica y postindustrial. Los movimientos “globales” de los últimos tiempos han estado a favor de los “derechos de la naturaleza”, de los derechos de los animales, de las plantas, de las especies microbianas, de la integridad del genoma…
¿Cuál es el significado del concepto de “habitantes de la Tierra”? Los dominantes, hoy no creen que todos tengan derecho a vivir. Solo piense en los migrantes, “refugiados económicos”. ¿Hasta qué punto y de qué manera la globalización actual de la condición humana, en el contexto de grandes interdependencias y complejidad de la vida, cambia la visión de “los bienes comunes de la humanidad (public global commons)?
Para miles de millones de personas, hablar del “bien común de la humanidad” significa poco o nada. ¿Qué pretende decir la ONU, más allá de la retórica cuando hablan de “nuestro futuro común”?
¿Cuáles son las relaciones directas entre los “derechos humanos universales” y los “bienes comunes”, los “derechos humanos” y los “derechos de la naturaleza” y los “bienes públicos globales”?
¿Cuál es el significado que le damos al Estado en este contexto? ¿Qué visión queremos tener del estado para el siglo veintiuno? Una visión que mantiene la centralidad de los estados “nacionales” y su soberanía en el contexto de un multilaterismo interestatal a escala global cuyos límites y deficiencias han emergido fuertemente en estos últimos treinta años? Una visión de la organización política del mundo basada en la autorregulación de las comunidades “locales” y una extensión variable según las agrupaciones espontáneas entre partes interesadas (“stakeholders”), tan querido por la economía capitalista mundial? ¿Una organización de naturaleza federal entre los estados existentes? ¿Un sistema global basado en la cooperación entre agrupaciones estatales continentales “impulsadas” por una federación de “ciudades globales” y áreas de seguridad global?
En este contexto, las cuestiones relacionadas con el agua también plantean la cuestión de qué debe entenderse por “público”: las tendencias actuales apuntan al debilitamiento estructural del estado público para favorecer el rol del público- no estatal. ¿El agua, como bien y servicio público a qué público pertenece? Y si supiéramos qué es el estado público, local, nacional o internacional, ¿quién sabría decir qué es un bien público estatal- global? Estas incógnitas no se pueden dejar a los juegos financieros. El mundo necesita definir reglas comunes precisas.
Tenemos que “replantear el agua”, concebir y efectuar un “contrato social global para el agua”.
3. Por fin, las rupturas sociales y el agravamiento de las grandes desigualdades en relación con los derechos de la vida, en todos los niveles.
La tercera razón tiene gran posibilidad de ser la más convincente. En comparación con el clima actual, los desastres climáticos y las catástrofes previsibles para 2050, ha quedado claro que el agua es y será la principal víctima de estos desastres. De hecho, incluso si cumplimos con todas las recomendaciones derivadas de la COP 21 en París, el Planeta no se salvará de la intensificación de la frecuencia y la gravedad de los fenómenos extremos (inundaciones y sequías). Estos interrumpirán inevitablemente los regímenes hídricos en todas las regiones del mundo, provocando una devastación cuantitativa y cualitativa del agua para uso humano. La reducción de la disponibilidad y el acceso al agua buena ayudará a acentuar fuertemente las desigualdades entre las personas, los grupos sociales, las comunidades humanas y los pueblos.
Los grupos dominantes sufrirán menos que los habitantes de las áreas que ya sufren por el agua. Las soluciones propuestas provendrán de las clases de élite y se diseñarán principalmente en función de sus aspiraciones, necesidades e intereses. No hace falta ser un experto para entender que la resiliencia y la adaptación son dos estrategias que sólo pueden ser perseguidas por grupos sociales favorecidos y poderosos que tienen enormes recursos financieros. Trate de imaginar y comparar el futuro de los habitantes de los Países Bajos con el de los de Bangladesh en 2050. Las élites gobernantes siguen imponiendo un “management” de la vida y el agua desigual e injusto. Ellos proclaman mientras su fe en el “desarrollo sostenible”. Insisten en disociar el agua de las consideraciones sobre los derechos de la vida, la justicia social, la buena convivencia y la democracia participativa.
1. ¿Qué significa entonces replantear el agua?
Replantear el agua significa: cortar el futuro de la humanidad de las ataduras de la desigualdad y la injusticia; protegerla de la guerra por el agua; quitar cadenas al futuro de la vida de la dominación depredadora de los antiguos y nuevos “señores del agua” que ya están trabajando en ello en todo el mundo; preservar este planeta del robo de la vida a través del empobrecimiento y la exclusión de algunos; liberar la fuerza creativa de la utopía dejándola salir de la prisión del pragmatismo, realismo y cinismo de las clases dominantes.
Tesis 1. El agua es un elemento natural imprescindible e insustituible para todas las formas de vida (seres humanos, microbios, plantas y animales). El agua es vida. El agua tiene que ser vivida, protegida y por ello cuidada. La vida tiene un valor absoluto “in si”. Es decir que hablando de los derechos no hay que hablar simplemente de los derechos humanos del agua, sino también del derecho del agua y su regeneración, su integridad y su buena calidad. El agua es fuente de vida y por la mano del hombre es también causa de enfermedades, catástrofes, desastres ambientales, muerte, hoy más que ayer.
Tesis 2. Ninguna forma de vida puede existir sin agua. La vida en la Tierra comenzó con el agua y en el agua nacieron los primeros organismos que sólo más tarde pudieron desarrollarse fuera de él. A nivel humano, su uso no es una elección o preferencia según las necesidades individuales o los cambios de estilos de vida, sino una necesidad vital que hay que cumplir con justicia y de forma responsable. El agua no es ni puede ser considerada una mercancía, un recurso (cosa que se vende y se compra), un bien de propiedad privada. Cualquier organización política internacional o intergubernamental que reconozca o trate el agua (y sus servicios) como un bien privado no respeta el agua como vida. El derecho a la propiedad privada y pública existe, pero en el caso del agua nadie puede ser considerado propietario, ni siquiera el Estado. El Estado es responsable de ello, garante de su existencia. El hecho de que la constitución de Chile, heredada del régimen dictatorial de Pinochet, aún vigente, dice que el agua chilena es de propiedad privada, caso único en el mundo, que es inadmisible.
Tesis 3. Todos seres humanos y especies vivientes tienen derecho al agua en cantidad y calidad suficiente para vivir. De la misma manera, y más allá de cualquier enfoque antropocéntrico y tecno-productivista, el agua tiene su derecho a la vida y a un buen estado ecológico. De ahí la importancia fundamental de una política del agua para la protección, el cuidado, la defensa de la vida y el derecho a la vida, más allá de los conceptos instrumentales del agua al servicio del bienestar humano. Por ejemplo: de fundamental importancia es el tratamiento de aguas residuales que no sólo permiten recuperar “buena” agua regenerada por parte de los seres humanos, sino también renovar la vida de los ecosistemas. Por lo tanto, las inversiones colectivas en el tratamiento de los servicios de agua y saneamiento tienen que ser públicas. En casos excepcionales y de forma provisional, se puede involucrar capital privado, pero hay que garantizar la inversión en los diversos sectores de tratamiento y reciclaje. La inversión no tiene que ser en plan de rendimientos financieros de capital y según el principio de “quien contamina paga” . En ese mismo caso, favorece el tratamiento y el reciclaje del uso más contaminante del agua, que no es compatible con el principio de vida.
Tesis 4. El principio de “quien contamina paga” aplicado al agua desde finales de los años ochenta tiene que ser revisado. La experiencia muestra que es ineficiente, inadecuado y falso. En las últimas décadas los daños para los seres humanos y los ecosistemas se han convertido y en la mayoría de los casos, en daños irreversibles, irreparables o bien requieren largos períodos de tratamiento y gastos considerables. Bajo estas condiciones, imponer una compensación financiera destinada a arreglar la irreparable contaminación del agua tiene poco sentido. Como sabemos desde hace años, la mejor solución técnica contra la contaminación es no contaminar. En cualquier caso, se debe imponer un estricto cumplimiento del principio de precaución.
Tesis 5. El derecho al agua potable y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de la ONU el 28 de julio de 2010 y consolidado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 15 de septiembre 2010. Se unió el derecho al agua al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). Cualquier incumplimiento de la Resolución de la ONU constituye una violación del derecho público internacional vigente. También es necesario denunciar el comportamiento de los Estados miembros de las Naciones Unidas que votaron en contra de la Resolución (formalmente abstenidos) y que desde entonces han buscado sistemáticamente evitar la existencia de este derecho en cualquier documento nuevo de la ONU. Proponemos que el 28 de julio se declare el “Día del Derecho al Agua”, reemplazando el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, establecido en 1993 bajo la presión del Banco Mundial. El día de 22 de marzo se convierte cada vez más en el día de la exaltación y la mejora de los principios de la política del agua de los grupos dominantes como: el agua es un bien económico, privado; un recurso o producto sujeto a rivalidad y exclusión; es asequible a un precio de mercado abordable; el sector privado es la mejor gestión en términos de eficiencia y rentabilidad. Todo esto es intolerable.
Tesis 6. Hay inevitables diferencias en la disposición y organización con las cuales las sociedades humanas concretan el derecho al agua. En general, los estados que firman convenciones sobre derechos humanos tienen la triple obligación de respetar, proteger y realizar el derecho al agua y al saneamiento. En este contexto, el derecho humano al agua significa la obligación por parte de los Estados de crear las condiciones necesarias e indispensables para que cada ser humano tenga acceso a 50 litros de agua “buena” por día, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la OMS y UNICEF. Además, de conformidad con la Resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 17 de diciembre 2015, el acceso a los servicios de infraestructura y saneamiento debe considerarse un derecho humano distinto del agua potable.
Se refiere al derecho de acceso a las instalaciones que garantizan una buena recolección, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de los excrementos humanos. Recordemos que, según los datos oficiales de las Naciones Unidas, más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros y aptos al hombre. Los datos sobre el agua potable son bastante controvertidos porque proceden de diferentes métodos de cálculo. Según la ONU, las personas que no tuvieron acceso al derecho al agua en 2016 habrían disminuido a menos de 1.200 millones. Según el estudio publicado en Science News en 2016 serían de 4 mil millones.
Tesis 7. El derecho al agua potable y al saneamiento no puede ser objeto de restricciones: nadie puede ser privado del agua por “razones” de nacionalidad, raza, sexo, religión o ingresos. La mayoría de los países no respeta este derecho ni a nivel legislativo ni a nivel de comportamiento colectivo. El derecho al agua y al saneamiento debe incluirse en las cartas constitucionales de todos los Estados y estar regulado por leyes especiales (federales, nacionales, regionales o a nivel de comunidades organizadas). Lo mismo se aplica al derecho del agua a la vida, a un buen estado ecológico. Los Estados deben tener valentía y sabiduría para tomar las medidas apropiadas para otorgar un valor jurídico al derecho del agua a la vida.
Deben seguir el camino ya empezado en tres Estados en el mundo, donde cuatro ríos han sido reconocidos, por las más altas instituciones legislativas y jurisdiccionales de estos estados, como personas físicas o entidades morales que tienen personalidad jurídica con plenitud de derechos y deberes. Lo que es particularmente interesante en la construcción del nuevo derecho -y que apoya las tesis aquí expuestas- es el hecho de que el estado tiene la obligación de representar la protección de los derechos y los intereses de los ríos como personas jurídicas, así como el cumplimiento de sus deberes. No se trata de “humanizar la naturaleza” sino de atribuir un estatus jurídico a las especies vivas no humanas, dando forma y sustancia a nuevos sujetos de derechos.
Nos referimos a Colombia, donde el 2 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional reconoce que la Cuenca del Atrato es un “sujeto de derecho” (persona jurídica moral) y requiere que el estado proteja y reviva el río y sus afluentes, dando al estado 6 meses para disolver las actividades mineras que contaminan, rehabilitar la tierra e indemnizar a las comunidades étnicas indígenas del daño causado de la explotación insostenible de la cuenca. Nueva Zelanda, donde en mayo de 2017 el Parlamento reconoció al Río Whanganui como una persona jurídica, considerada sagrada por los pueblos indígenas de de los maoríes. La India donde, nuevamente en mayo de 2017, el Tribunal Supremo del estado Himalayan de Uttarakhand otorgó el estado de persona jurídica al Ganges y su afluente principal, el Yamuna, ambos considerados sagrados por los hindúes.
Tesis 8. En línea con lo anterior, el Estado, los Estados deben asumir la responsabilidad, para el beneficio del pueblo, de los pueblos, de realizar el derecho a la potabilización del agua y el saneamiento, asegurando la cobertura de todos los costes monetarios (y no) asociados con la realización correcta del derecho. En el contexto de la economía de los derechos humanos lo gratuito no significa la ausencia de los gastos a cubrir, sino su asunción por parte de la comunidad a través de un impuesto general, progresivo y redistributivo. Este es el caso del enorme gasto del derecho a la seguridad: el gasto militar corre a cargo del estado. Desde los años 80, en el caso del agua, nuestros gerentes han optado a favor del financiamiento, a través del precio que paga el consumidor, como cualquier otro bien y servicio, comercial y privado.
El principio “el agua paga el agua” como ya hemos visto para ese “paga quién contamina” no es una solución. En los últimos treinta años, donde sea que se haya aplicado este principio, sólo ha demostrado ser capaz de garantizar altas ganancias al capital privado, aumentando el gasto de la factura para los consumidores y deteriorando las finanzas de las autoridades locales, pero sin mejorar el servicio de agua y ponerlo en conformidad con las normas relativas a la calidad del agua y el tratamiento y reciclaje de las aguas residuales. Una política hídrica integrada y coherente, en todas sus interrelaciones con la alimentación, la salud, la vivienda, la ciudad, la protección y los derechos de la naturaleza a nivel “local”, nacional y “continental / global” no se puede dejar a la lógica de las finanzas privadas mundiales. La política del agua es tarea y deber de la comunidad política y las autoridades públicas.
Tesis 9. El principio del derecho al agua para la vida “accesible a un precio asequible” es una mistificación porque, más allá de la tesis inaceptable sobre la obligación del “consumidor” de “pagar el derecho” al agua, se establece legalmente que la accesibilidad al agua está determinada por los criterios de rendimiento financiero establecidos por los mercados. La mistificación también con respecto a la “tarifa social del agua” (“social water pricing”) para personas, familias y categorías definidas como “desfavorecidas”, pobres que no pueden pagar facturas y por lo tanto, en riesgo de corte de agua. Aquí la mistificación es aún más grave . Nuestras empresas asumen el poder de dejar el acceso al agua a merced del mercado y obligan a los pobres a pagar un precio, aunque simbólico. En otras palabras, las autoridades públicas se jactan de actuar en el campo de la asistencia social y no en la seguridad de los derechos. Los derechos no se respetan cuando se da limosna.
Tesis 10. La monetarización de la naturaleza (nature pricing, nature banking), es decir, la medida monetaria de los llamados gastos y beneficios ambientales de cualquier elemento vivo (incluidos los ecosistemas acuáticos), explícitamente aprobado en la Resolución final de la 3ª cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 2010; está totalmente en línea con la lógica de la mercantilización, la privatización y la financiación de la vida. Esta principio debe ser desafiado con convicción porque representa un paso inaceptable hacia la sumisión del destino del agua y la vida a los depredadores de nuestra existencia. Lo mismo se aplica al futuro de la democracia y la justicia.
Tesis 11. El derecho humano universal al agua para la vida debe garantizarse de acuerdo con el concepto de derechos multidimensionales. Esto se traduce en un sistema de regulación de la disponibilidad y el uso del agua en cuatro niveles:
-el nivel de derecho de hasta 50 litros por persona por día. Aquí los gastos relativos son asumidos por la comunidad a través de los impuestos. Con este fin, es necesario abolir los paraísos fiscales, poner fin a los recortes en el gasto público y a los subsidios a las empresas privadas activas en el mercado de valores, continuar con la remunicipalización de las cajas de ahorro y los bancos locales de crédito, para crear una autoridad pública del agua.
-el nivel de bienestar social basado en la seguridad hídrica de las comunidades humanas y de todos los pueblos, entre 50 y 120 litros por día por persona. Aquí las autoridades humanas públicas y todos los pueblos, entre 50 y 120 litros por día por persona. Aquí, las autoridades públicas pueden pedir a todos los ciudadanos que ayuden a financiar los gastos de conservación del agua pagando un impuesto anual fijo (impuesto de responsabilidad por el agua).
-el nivel de bienestar individual, entre 120 y 250 litros por día por persona. Aquí, en el caso de una cantidad significativa de agua individual cuyo impacto en el medio ambiente y en el estilo de vida debe ser estrictamente controlado, los ciudadanos deben contribuir a través de un impuesto progresivo cuyo objetivo sería aumentar la conciencia de la necesidad de un estilo de vida sobrio y respetuosos de los imperativos ambientales y convivencia pacífica.
-el nivel de uso insostenible para uso superior a 250 litros por día por persona. Este es un uso dañino para los cuerpos de agua y el funcionamiento adecuado de las cuencas hidrográficas. Debemos abandonar el principio de “quien contamina paga” y adoptar el principio de prohibición. Incluso si uno paga, no se debe permitir que comprometa la integridad del agua y su regeneración (ver tesis 4).
Tesis 12. De acuerdo con los conceptos y prácticas establecidos a lo largo del tiempo en todas las empresas, se propone respetar la siguiente jerarquía en relación con los usos del agua:
– uso doméstico (agua potable, higiene, alimentos, salud).
– usos en la agricultura, principalmente el riego y la ganadería.
– actividades industriales, incluida la producción de energía.
– actividades terciarias, en particular el turismo.
Tesis 13. En el caso del “estrés hídrico” según la ONU, es cuando una comunidad humana tiene menos de 1000 metros cúbicos por año por persona para todos los usos considerados. La solución no se deriva principalmente del uso de tecnologías destinadas a aumentar el suministro de agua disponible y accesible. Por ejemplo: mejorar la productividad del agua en la agricultura, reducir el desperdicio en las redes, desalar el agua de mar, la producción de agua mediante la captura de humedad a gran escala, el transporte de agua a largas distancias. La solución no está en las técnicas de gestión capitalista como en el precio del consumo de agua, en los bancos de agua, en los mercados de agua, en la coca-colalización del agua y en el uso masivo de agua embotellada. Todo esto ha demostrado ampliamente que es insuficiente e incluso conduce a resultados involuntariamente indeseados como la acentuación de las desigualdades en situaciones de “estrés hídrico” entre las categorías sociales, las comunidades locales y las prioridades de su uso.
Tesis 14. Lo mismo pasa con la ” escasez de agua” (cuando una comunidad humana tiene menos de 500 metros cúbicos de agua al año por persona): la monetarización y la bancarización de los recursos hídricos son instrumentos inventados por los grupos sociales dominantes en el sistema económico y político, permitiéndoles tener acceso a agua rara / enrarecida para satisfacer exclusivamente sus propias necesidades e intereses de poder.
Tesis 15. Las soluciones deben provenir esencialmente de un cambio radical en la forma de pensar sobre el agua, de acuerdo con las líneas examinadas y propuestas en este trabajo, en particular, de acuerdo con los tres principios generales mencionados:
– El agua para la vida debe ser reconocida y tratada como un bien público global.
– La disponibilidad y el acceso-uso al agua deben considerarse e implementarse como un derecho universal para todas las especies vivas de la Tierra.
– El agua, como tal, debe disfrutar de sus propios derechos.
Con este fin, las autoridades públicas a todos los niveles deben garantizar y asegurar el uso de recursos del Estado, monetarios y no monetarios comunes, para financiar las inversiones necesarias. Inversiones para la seguridad de la vida y la salud de todos los miembros de las comunidades humanas y de los habitantes de la Tierra (incluidos otras especies vivientes).
Tesis 16. Cualquier uso del agua, de acuerdo con las prioridades antes mencionadas, debe ser respetuoso con los principios de sostenibilidad de la vida (regeneración), de responsabilidad colectiva e individual / comunitaria, de justicia social, de igualdad de derechos, de una democracia participativa efectiva, de sobriedad y de precaución.
Tesis 17. Más específicamente, el agua de riego para la producción agrícola, la exportación y los usos alimentarios de los consumidores de clases sociales ricas no puede ser una prioridad, como ocurre hoy en día. Del mismo modo, el uso del agua para cultivar tierras para la producción de energía, entre otras cosas, destinado al transporte por carretera, no puede ser una prioridad. Hay una necesidad urgente de reconstruir una bioagricultura que valore de manera sostenible, el capital de la tierra y el agua para las necesidades vitales de las poblaciones, en un cuadro de un sistema de cooperación, intercambio y de reparto.
Tesis 18. El mismo principio debe aplicarse a la construcción de presas para la producción de agua para riego, la generación de electricidad, la minería, la industria agroalimentaria y química o para actividades militares. Es inaceptable que cientos de millones de personas en África, América Latina y Asia no tengan acceso a electricidad, mientras que “sus” tierras y “sus” aguas son las principales fuentes de producción electrica del mundo.
Tesis 19. Sobre la base del principio de soberanía del Estado, a menudo definido como soberanía nacional, los estados actuales no aceptan la idea de que las aguas de su territorio deben ser protegidas y valoradas por el respeto de la vida de todos los habitantes de la Tierra y sus derechos. Este comportamiento se traduce en la incapacidad de concebir una política global de agua cooperativa y solidaria en el contexto, por ejemplo, de debates y elecciones relacionadas con estrategias y “lucha” contra el cambio climático. Es más, incluso si todos estuviesen de acuerdo con las consecuencias más dramáticas que se producirán para los seres humanos por el desastre climático actual, y que se referirán al agua, su disponibilidad y calidad. Bajo estas condiciones, será extremadamente difícil implementar una política de lucha en contra del cambio climático, la devastación de la vida en el Planeta y el éxito de conseguir una política de agua cooperativa y de apoyo. Esto ocurrirá si no dejamos salir del mercado y la lógica de las finanzas mundiales privadas, el agua y otros bienes esenciales e irremplazables para la vida como las semillas, las energías renovables, el conocimiento.
También ocurrirá si no liberamos la organización de las comunidades humanas, de local a global, desde el encarcelamiento representado por el principio de soberanía nacional absoluta.
Tesis 20. Ante la creciente escasez de agua buena, el concepto de seguridad hídrica, ideado y defendido por los Estados, terminó reflejando el de seguridad nacional. Y también para la seguridad alimentaria, energética y económica: es urgente y es esencial eliminar los profundos obstáculos que imponen esta visión de seguridad, diseñando y promoviendo un colectivo global. Con este fin, se propone la creación de un consejo de seguridad para los Bienes Comunes Globales, empezando por el agua, las semillas y el conocimiento.
Tesis 21. En el contexto de la actual globalización económica desigual y predatoria en la que el poder político efectivo ya no es prerogativa de las instituciones políticas públicas “nacionales” o internacionales, el enfoque multilateral interestatal de la política de aguas se ha vuelto manifiestamente inadecuado e inapropiado. Ejemplo emblemático: The World Water Forum, una organización privada dirigida por poderosos intereses industriales, comerciales y financieros, ha reemplazado a la ONU, con el acuerdo y la complicidad de los Estados, en lo referente al principal ágora mundial de debate y propuesta en temas de política y agua.
Es necesario que las Naciones Unidas recuperen su papel como entidad pública mundial y modifiquen profundamente el Global Compact, firmado en el 2000 junto a las multinacionales y multiutilities privadas.
Tesis 22. Eso se llama Autoridad Mundial o Consejo de Seguridad Mundial o Ágora Planetario o cualquier otra cosa, es urgente establecer un sistema planetario plural y participativo para compartir y establecer un partenariado público en cuestión de política del agua, de las semillas y del conocimiento, previamente expuesto en la tesis 20.
La tarea de este sistema será triple: legislativo, programático y judicial. Sus capacidades y recursos se implementarán gradualmente. El sistema debe contribuir a una gobernanza pública mundial de la vida en la Tierra en nombre de la humanidad, la comunidad y la comunidad global de la vida.
Tesis 23. Los experimentos en la cooperación intergubernamental para aguas transnacionales e interregionales – pensemos en las docenas de organizaciones en cuencas hidrográficas de todo el mundo – son muy útiles para definir las posibles configuraciones institucionales mencionadas. Para ser estable, las configuraciones deben respetar la existencia de la vida en su totalidad y globalidad, valorando la complementariedad entre las autonomías de las diversas entidades en el sistema, puestas al servicio del objetivo de la la promoción de la seguridad colectiva transnacional global.
Tesis 24. El papel importante en la investigación y la implementación de la regulación mundial del agua, en cuanto a política, económica y social, debe llevarse a cabo en las ciudades, especialmente en grandes áreas metropolitanas, concretamente en grandes metrópolis multimillonarias de África, América Latina y Asia. En 2050, según una investigación publicada en Nature Sustainability (Febrero 2018), los habitantes de unas 300 ciudades, entre las 482 más pobladas del mundo, no tendrán acceso al agua potable ni a los servicios básicos de salud. Es un escenario absurdo. Nuestras empresas no pueden reaccionar con fuerza. Estas tienen que implementar un plan de acción “glocal”, local y global, llamado Urban Water 2020-2050, ya que la propuesta del plan debe ser lanzada en 2020 por una red de ciudades con motivo del Ágora de los Habitantes de la Tierra Urban Water 2020-2050. Una agenda del agua para celebrar dignamente el décimo aniversario del reconocimiento del derecho universal al agua por parte de la ONU.
Tesis 25. En este contexto y con referencia al agua potable, es esencial contrarrestar la tendencia que ha surgido en los últimos 20 años, consistente en reemplazar el agua del grifo por agua mineral o de manantial en botellas. La publicidad agresiva y engañosa ha logrado hacer creer que el agua embotellada es de mejor calidad para la salud que la del grifo, algo totalmente falso. Sólo el agua del grifo es potable por definición, ya que su tratamiento se realiza de acuerdo a los criterios definidos por las autoridades públicas. Las aguas minerales naturales embotelladas no son tratadas para cumplir los criterios de potabilidad porque su estructura bioquímica es permanente: deben ser embotelladas exactamente como cuando fueron tomadas de la fuente. La única modificación posible es añadir dióxido de carbono.
Beber agua embotellada no hace daño, pero su uso diario, especialmente si es de la misma marca, requiere supervisión médica. Desde que las aguas minerales naturales y de fuente han comenzado a privatizarse injustificadamente a través de concesiones de explotación a largo plazo por una tarifa anual irrisoria, su “valor comercial” ha alcanzado niveles y costes muy altos de 200 a 1000 veces más que el agua potable. ¿Resultado? el agua potable se usa en el hogar y en lugares públicos más para fines no nobles (inodoro, ducha, lavadoras, lavado de autos). Es una situación inaceptable, causada por una estrategia puramente orientada a la ganancia, permitida por las autoridades públicas a costa de las finanzas de la comunidad local. Sin embargo, los signos de inversión de tendencia parecen manifestarse. Es hora de nacionalizar y re-municipalizar las aguas minerales naturales y favorecer el uso del agua del grifo en el hogar y lugares públicos.
Tesis 26. El tema del agua virtual ha dado lugar a importantes reflexiones y debates. El concepto de agua virtual, hace referencia al agua necesaria para producir un bien o servicio que se convierte en virtual para el comprador o el usuario que ahorra el utilizo del agua incorporado en el bien o servicio adquirido y puede pero usarlo para producir otros bienes y servicios o para otros fines.
El concepto de agua virtual se ha concebido sobre todo como una herramienta para facilitar la comparación entre usos alternativos del agua y, por lo tanto, promover una política de uso del agua más sostenible y sobria (en términos de conservación, protección, calidad del agua, objetivos ambientales, cooperación entre los pueblos). En realidad, el concepto ha sido capturado y monopolizado por criterios comerciales y rendimiento financiero. Estos criterios han reducido la cuestión a un problema de análisis comparativo de los costes y los beneficios monetarios entre la producción directa o la compra / importación de bienes y servicios de acuerdo con el valor comercial y el rendimiento financiero del agua utilizada. Una pena. Corresponde a las autoridades locales y regionales, legislar en esta materia.
Tesis 27. El agua, como la tierra, las semillas, las plantas, los animales y los seres humanos, son parte de la gran comunidad de vida en la Tierra. Esto corresponde a un universo múltiple y complejo de funciones, derechos y responsabilidades en todos los niveles territoriales. Desde una perspectiva humana, los principios unificadores permiten que en este universo se “viva bien” sin frecuentes rupturas “existenciales” y sin conflictos destructivos cuando el trabajo está inspirado y guiado por principios complementarios, de cooperación, seguridad común, intercambio, solidaridad, tolerancia, no violencia y libertad común. En otras palabras, el futuro del mundo y la vida en la Tierra no puede efectuarse con mecanismos de rivalidad y exclusión a la lógica de dominación y depredación de los procesos de apropiación / expropiación o expropiación oligárquica al servicio de los intereses de unos pocos. Por lo tanto, el agua y el derecho a la vida deben ser liberados del poder ciego del mercado para la depreciación del valor mediante finanzas privadas y especulativas, de encarcelamiento de rechazo y odio hacia los demás, alimentado por soberanismos absolutos llamados “nacionales”.
Riccardo Petrella, Politólogo y economista italiano, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Florencia
Fuente:http://www.other-news.info/noticias/2018/08/replantear-el-agua-27-tesis/
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