Por Eric Toussaint*
A partir del 7 de abril de 1994, en un intervalo de menos de tres meses, cerca de un millón de ruandeses —la cifra exacta queda por determinar— fueron exterminados porque eran tutsis o se suponía que lo eran. Pero también hay que agregar el asesinato de decenas de miles de hutus moderados. Por supuesto, hubo un genocidio, es decir, la destrucción planificada de una colectividad entera por el asesinato masivo, cuyo objetivo era impedir su reproducción biológica y social.
En ese contexto, es fundamental interrogarse sobre el papel de los prestamistas internacionales. Todo hace pensar que las políticas impuestas por las instituciones financieras internacionales, principales proveedores de fondos del régimen dictatorial del general Juvenal Habyarimana, aceleraron el proceso que condujo al genocidio. Generalmente, la incidencia negativa de estas políticas no se tuvo en cuenta en la explicación del desenlace dramático de la crisis ruandesa. Solamente algunos autores pusieron en evidencia la responsabilidad de las instituciones de Bretón Woods (1), que, por otro lado, rechazan cualquier crítica al respecto.
A comienzos de los años 1980, cuando estalló la crisis de la deuda del Tercer Mundo, Ruanda, como su vecino Burundi, estaban muy poco endeudados. Mientras que en otros lados del mundo, el Banco Mundial y el FMI abandonaban su política activa de préstamos y pregonaban la abstinencia, estas mismas instituciones adoptaron una actitud diferente con Ruanda y se encargaron de concederle generosos préstamos. La deuda externa de Ruanda se multiplicó por veinte entre 1976 y 1994. En 1976, se elevaba a 49 millones de dólares, en 1994 llegaba a cerca de los 1.000 millones de dólares. La deuda, sobre todo, aumentó a partir de 1982. Los principales acreedores fueron el Banco Mundial, el FMI y las instituciones relacionadas (a las que llamaremos IFI, instituciones financieras internacionales). El BM y el FMI tuvieron el papel más activo en el endeudamiento. En 1995, las IFI poseían el 84 % de la deuda externa ruandesa.
El régimen dictatorial instalado desde 1973 garantizaba que no se iba a producir un vuelco hacia políticas de cambios estructurales progresistas. Y por eso el régimen tenía el apoyo activo de las potencias occidentales: Bélgica, Francia y Suiza. Además, podía constituir una muralla respecto a algunos Estados de la región que mantenían todavía veleidades de independencia y de cambios progresistas (Por ejemplo: Tanzania con el presidente progresista Julios Nyerere, quien era uno de los líderes africanos del movimiento de los no-alineados).
Durante la década de 1980 y hasta 1994, Ruanda recibió muchos préstamos, pero la dictadura de Habyarimana se apropiaba de una parte considerable de la misma. Los préstamos concedidos debían servir para mejorar la inserción de la economía ruandesa en la economía mundial, desarrollando sus capacidades de exportación de café, de té y de estaño (sus tres principales productos de exportación), en detrimento de los cultivos destinados a la satisfacción de las necesidades locales. El modelo funcionó hasta mediados de los años ochenta, momento en el que los precios, del estaño primero, luego del café, y por último del té, se desplomaron. Ruanda, cuyo café constituía su principal fuente de divisas se vio total y gravemente afectada por la ruptura del cártel del café provocado por Estados Unidos, a comienzos de los años noventa.
Utilización de los préstamos internacionales para preparar el genocidio
Algunas semanas antes del desencadenamiento de la ofensiva del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en octubre de 1990, las autoridades ruandesas firmaron con el FMI y el BM en Washington un acuerdo para poner en marcha un programa de ajuste estructural (PAE).
Este PAE se comenzó a aplicar en noviembre de 1990: el franco ruandés se devaluó un 67 %. En contrapartida, el FMI concedía créditos en divisas de desembolso rápido para permitir que el país mantuviera el flujo de las importaciones. Las sumas así prestadas permitían equilibrar la balanza de pagos. El precio de los bienes importados aumentó de manera vertiginosa: por ejemplo, el precio de la gasolina aumentó en un 79 %. El producto de la venta en el mercado nacional de los bienes importados permitía al Estado pagar los sueldos a los militares, cuyos efectivos aumentaban velozmente. El PAE preveía una disminución de los gastos públicos: hubo, por supuesto, congelación de salarios y despidos en la función pública pero también transferencia de una parte de los gastos en beneficio del ejército.
Mientras que el precio de los bienes importados aumentaba, el precio de compra del café a los productores estaba congelado, y esto fue exigido por el FMI. En consecuencia la ruina para centenares de miles de pequeños productores de café (2) que, con las capas más empobrecidas de la población, fueron desde entonces un reservorio permanente de reclutas para las milicias Interahamwe y para el ejército.
Entre las medidas impuestas por el BM y el FMI, mediante el PAE, hay que señalar, además del aumento de impuestos al consumo y la reducción de los impuestos a las sociedades, el aumento de los impuestos directos a las familias populares por reducción de las exoneraciones fiscales por familia numerosa, la reducción de las facilidades de crédito a los campesinos, etc.
Para justificar la utilización de los préstamos de la pareja BM/FMI, el BM autorizó a Ruanda a presentar facturas antiguas que cubrían la compra de bienes importados. Este sistema permitió a las autoridades ruandesas financiar la compra masiva de armas para el genocidio. Los gastos militares se triplicaron entre 1990 y 1992 (3). Durante este período, el BM y el FMI enviaron varias misiones de expertos, quienes subrayaron algunos aspectos positivos de la política de austeridad aplicada por Habyarimana, pero, no obstante, amenazaron con cortar los pagos si los gastos militares continuaban creciendo. Las autoridades ruandesas pusieron a punto algunos montajes para disimular los gastos militares: los camiones comprados para el ejército se imputaron al ministerio de Transportes, una parte importante de la gasolina utilizada para los vehículos de las milicias y del ejército era imputada al ministerio de Sanidad. Finalmente el BM y el FMI cerraron el grifo de la ayuda financiera a comienzos de 1993, pero no denunciaron la existencia de cuentas bancarias que las autoridades ruandesas poseían en el extranjero en grandes bancos y en las que seguían disponibles importantes sumas de dinero para la compra de armas. Podemos considerar que el BM y el FMI fallaron en su deber de control sobre la utilización del dinero prestado. Debieron cortar sus préstamos desde comienzos de 1992, cuando supieron que el dinero era utilizado para la compra de armas. En ese momento debieron haber alertado a la ONU. Al continuar otorgando préstamos hasta comienzos de 1993, ayudaron a un régimen que preparaba un genocidio. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos habían denunciado desde 1991 unas masacres preparatorias del genocidio. El Banco Mundial y el FMI sistemáticamente ayudaron al régimen dictatorial, aliado de Estados Unidos, de Francia y de Bélgica.
El aumento de las contradicciones sociales
Para que el proyecto genocida pudiera llevarse a cabo no sólo hacía falta un régimen para concebirlo y dotarse de los instrumentos para su realización, sino también la presencia de una masa empobrecida, presta a realizar lo irreparable. En ese país, el 90 % de la población vivía en el campo, y el 20 % de la población campesina disponía de menos de media hectárea por familia. Entre 1982 y 1994, se asistió a un proceso masivo de empobrecimiento de la mayoría de la población rural, mientras, en el extremo opuesto de la sociedad, se producía un enriquecimiento impresionante de algunos pocos. Según el profesor Jef Maton, en 1982, el 10 % más rico retenía el 20 % del ingreso rural, en 1992, acaparaba el 41 %, en 1993 el 45 % y a comienzos de 1994 el 51 % (4). El impacto social catastrófico de las políticas dictadas por el BM/FMI y de la caída del precio del café en el mercado mundial (caída que se debe relacionar con las políticas de las instituciones de Bretón Woods y de Estados Unidos que lograron hacer saltar el cártel de los productores de café en la misma época) tuvo un papel clave en la crisis de Ruanda. El enorme descontento social fue canalizado por el régimen de Habyarimana hacia la ejecución de un genocidio.
Notas:
(1) Chossudovsky, Michel, Rwanda, Somalie, ex Yougoslavie : conflits armés, génocide économique et responsabilités des institutions de Bretton Woods, Dossier CADTM GRESEA, Bruselas, 1995 ; Chossudovsky, Michel y Galand, Pierre, Le Génocide de 1994, L’usage de la dette extérieure du Rwanda (1990-1994). La responsabilité des bailleurs de fonds. Analyse et recommandations, informe preliminar, Ottawa y Bruselas, 1996. Véase también: Duterme, Renaud, Rwanda: une histoire volée, Editions Tribord y CADTM, 2013 http://livre.fnac.com/a6103644/Rena…
(2) Maton, Jef. 1994. Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993. Le dixième décile en face de l’apocalypse.
(3) Nduhungirehe, Marie-Chantal. 1995. Les Programmes d’ajustement structurel. Spécificité et application au cas du Rwanda.
(4) Maton, Jef. 1994. Op. Cit.
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*Eric Toussaint, historiador y doctor en ciencias políticas de las universidades de Lieja y de Paris VII, es presidente del CADTM Bélgica (www.cadtm.org). Es autor de varias obras, entre ellas: Banco Mundial: el golpe de Estado permanente. La agenda oculta del Consensus de Washington, Ediciones El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2007, y una tesis doctoral titulada: «Enjeux politiques de l’action de la banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et du Fonds Monétaire International envers le tiers-monde», 2004. Además es coautor junto a Damien Millet de 60 preguntas, 60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria Editorial, Barcelona, 2009; del libro colectivo La deuda o la vida, Icaria Editorial, Barcelona 2011 que tuvo el premio al libro político concedido por la Feria del libro político de Lieja.
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