Brasil: el precio del progreso.

Boaventura de Sousa Santos, Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra

Público

Con la elección de la presidenta Dilma Roussef, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso: Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, Mundial de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes”, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), nombramiento de José Graziano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2012 y de Roberto Azevedo como director general de la Organización Mundial del Comercio a partir de 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado.

Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las “dos Turquías” fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de “dos Brasiles”. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia natureza del “otro Brasil”, un Brasil furtivo a análisis simplistas. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy.

La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas.

Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas por el deseo de éste.

Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva).

La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aislan a los gobiernos.

En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso.

Fuente: Redes Cristianas

El desarrollo de las fuerzas destructivas.

Juan Diego García

Con la modernidad ha venido aparejada la idea del progreso, del renacer, de una época de luces en contraste con la muy enfatizada oscura noche del Medioevo. El devenir histórico se asume como una especie de línea ascendente hacia un bienestar que si bien admitía pequeños retrocesos acaba pronto por ajustar sus dinámicas en todos los órdenes expandiendo mayores cotas de libertad e igualdad a colectivos sociales cada vez más amplios.

El análisis de las sombras en este proceso de elevado y explicable optimismo queda relegado a las pocas voces que destacan el duro impacto del progreso sobre las mayorías proletarias y campesinas y sobre los pueblos de la periferia del sistema, víctimas mayores de la expansión del capitalismo por el planeta. Uno de los elementos decisivos de toda esta dinámica revolucionaria es sin duda la ciencia moderna y su estrecho vínculo con el desarrollo material, algo que ha permitido en cortos períodos alcanzar niveles de producción sin parangón en el pasado. En efecto, con el capitalismo se han logrado alcanzar niveles de riqueza material que ni las mentes más agudas de antaño se hubiesen imaginado, si bien muy mal repartidas a todos los niveles. Por su parte el socialismo soviético industrializa a la URSS en un cortísimo espacio de tiempo si se compara con el mismo proceso en el Occidente capitalista y no menos sorprendente será el caso de la República Popular China convertida hoy en la segunda potencia industrial del planeta.

La idea optimista del progreso enfatiza casi siempre los aspectos cuantitativos del problema y lleva a sus extremos la idea del desarrollo de las fuerzas productivas, dando por bueno cualquier avance material sin dar mayor importancia a los demás aspectos. Desde una perspectiva capitalista primará naturalmente el principio de la ganancia sobre cualquier otra consideración y solo una presión social considerable obligará a tomar en cuentas otros factores que a corto o largo plazo desaconsejen determinadas decisiones. Por su parte, en el modelo soviético del socialismo - con otros presupuestos ideológicos- se asume la cuestión de manera semejante y se reduce la teoría del desarrollo de las fuerzas productivas a sus aspectos puramente cuantitativos.

Pero el progreso así entendido fue objeto de críticas desde los albores mismos de la modernidad. El movimiento obrero y socialista en Europa pone en evidencia ya en el siglo XIX (y las luchas campesinas inclusive antes) que las ventajas del nuevo orden favorecen básicamente a unas minorías y que las nuevas fuerzas productivas devoran literalmente generaciones enteras al tiempo que destruyen el medio, aunque entonces ese impacto no preocupa demasiado ya que existe una relativa abundancia de recursos en el planeta. Los dramáticos impactos del naciente capitalismo dan pié a las ensoñaciones románticas y conservadoras sobre un mundo rural que la modernidad extingue pero también a respuestas revolucionarias y reformistas orientadas al futuro. Imparable, el sistema impone no obstante el escenario de las barriadas miserables y un medio ambiente deteriorado en extremo pero que parece digerir sin problemas el pesado humo del industrialismo. Todo sea por el progreso, es la consigna.

El socialismo de tipo soviético que predominó a lo largo del siglo pasado no resultó ajeno a esta idea de ingenuo optimismo sobre el progreso material que trae el industrialismo y la modernidad. Por razones comprensibles (su atraso material, ante todo) las grandes revoluciones socialistas en Rusia y China manifiestan una especie de exagerado “productivismo”, es decir, un énfasis decisivo en el desarrollo material a cualquier precio con el sacrificio heroico de varias generaciones y con el consecuente impacto sobre la naturaleza (destructivo en extremo e irreparable en muchas ocasiones).

Con los vertiginosos avances del último medio siglo el aspecto destructivo de las fuerzas del progreso se evidencia de forma dramática y solo por intereses espurios se lo niega o se lo justifica argumentando que la destrucción es el precio inevitable a pagar por el bienestar. Como corolario, un optimismo interesado acerca del omnímodo poder de la ciencia y de la técnica sirve de base para confiar en ellas la reparación de los daños infringidos a la naturaleza y a los seres humanos. Siempre habrá una solución científica para todo: para las fugas radioactivas o para aliviar los efectos más duros de la condición alienada del ser humano en la modernidad.

Los actuales acontecimientos en Japón ponen en evidencia la dinámica letal que trae consigo el progreso cuando las fuerzas de la ciencia y de la técnica devienen en factores destructivos de incalculables consecuencias. Ya no es solo que empresarios y autoridades niponas hayan obrado con total negligencia en el mantenimiento de las centrales nucleares como denunció la Agencia Internacional de la Energía Atómica que repetidas veces advirtió sobre los fallos que provocaron una catástrofe que hoy amenazan con extenderse por buena parte del planeta, sino que -de nuevo- tras estos fallos no hay otra cosa que el afán de lucro y una devoción irresponsable por el progreso a cualquier precio. Igual ocurre con el derrame de petróleo en el golfo de México por culpa de la BP, el surgimiento y propagación de la gripe aviar a partir de granjas saturadas y sin control (pero muy ventajosas para sus propietarios), el aire envenenado de las ciudades por culpa del automóvil -un gremio con inmenso poder político- y otros muchos casos, todos ellos indefectiblemente ligados a la obtención de beneficios sustentados siempre con el discurso del necesario progreso material de la sociedad.

Pero la tozuda realidad se encarga de recordar la dinámica contradictoria que encierra el desarrollo de las fuerzas productivas cuando se limita al productivismo o se reduce a los estrechos límites del cálculo empresarial. El capitalismo no solo colapsa porque disocia su enorme capacidad productiva de la necesidad de distribuir la riqueza creada sino porque con tal de asegurar los más altos niveles de beneficio convierte el positivo desarrollo de las fuerzas productivas en un factor de destrucción que llega a poner en peligro a la misma especie humana. Seguramente con presupuestos políticos diferentes el socialismo soviético condujo a resultados similares, al menos en este aspecto, (la destrucción del Mar de Aral o el accidente nuclear de Chernóbil son pruebas dramáticas que no permiten abrigar dudas al respecto).

La industrias en general, la energía nuclear, el automóvil, la agricultura moderna de gran plantación, el comercio masificado de las grandes superficies, ciertas obras de infraestructura de gran impacto en el medio y otras actividades similares en el capitalismo aseguran sin duda productos y servicios baratos y en cantidades ingentes pero al mismo tiempo provocan inevitablemente la contaminación del suelo, la polución del aire y del agua, la destrucción de los bosques, el envenenamiento de los alimentos y la puesta en riesgo de la salud humana no menos que la desaparición acelerada de miles de especies animales y vegetales de valor incalculable para la misma supervivencia del planeta y la innecesaria aniquilación de pueblos y culturas de incalculable valor.

Si en el mundo rico crece entre la ciudadanía el descontento con un orden que sacrifica la calidad de vida y muestra cada vez con mayor evidencia su carácter insostenible, en la periferia pobre del planeta los retos para salir del atraso y la pobreza por caminos diferentes al industrialismo clásico se imponen en la agenda del desarrollo. La minería a cielo abierto, la explotación de petróleo y gas, la tala de bosques a gran escala, la realización de obras de infraestructura, la producción masiva de alimentos y demás mercancías indispensables para sostener una vida razonablemente digna, todo ello sin seguir los mismos caminos del capitalismo se convierten en el nudo gordiano, en desafíos tanto teóricos como prácticos de cuya solución eficaz depende superar la condición de naciones inviables, de sociedades cloaca, es decir, receptoras de los desechos materiales y culturales del sistema capitalista mundial.

Cuando las naciones que buscan salir del atraso dependen del petróleo, la minería, la oferta de alimentos a gran escala y en general de materias primas, convertidas por tanto en suministradoras cautivas del mundo rico, perpetúan necesariamente su carácter de economía deformadas y dependientes, dilapidan sus propios recursos (casi todos no renovables) y destruyen su medio ambiente a cambio de nada. Si los habitantes del mundo rico ven amenazada su calidad de vida y su vida misma por un Fukushima nuclear, no menos le ocurre a los mapuches de Chile cuando se enfrentan a las grandes multinacionales que invaden sus tierras e inundan sus campos para garantizar el “progreso”. Desafíos similares enfrentan poblaciones urbanas y rurales de Perú, Ecuador, Brasil o Colombia que hacen frente a los mismos dilemas y no pocas veces deben pagar un alto precio para no ser convertidas en víctimas propiciatorias del “progreso”.

Más allá del discurso engañoso de los defensores del capitalismo y, por supuesto, más allá de la visión romántica de socialismos utópicos que idealizan mundos premodernos, se impone la necesidad de formular en las nuevas condiciones las líneas maestras de la teoría de las fuerzas productivas, armonizando las relaciones entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. Seguramente todo pasa por revertir las actuales relaciones sociales de forma que de objetos devengamos en sujetos y que el progreso que permiten la ciencia y la técnica no lleven a la humanidad a morir de éxito.

Fuente: ApiaVirtual

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