Por Carmen Gómez Calleja*
29 de mayo, 2014.- La Iglesia Católica de la Amazonía percibió desde el principio que los decretos legislativos promulgados por el gobierno de Alan García en el 2008 vulneraban el derecho de los pueblos indígenas amazónicos a su libre determinación. Eran los años 2007 y 2008 en los que se dieron grandes extensiones del territorio amazónico en concesión a empresas extractivas.
“Si nos hubieran escuchado, no estaríamos lamentando esta terrible tragedia”, comentó un obispo de la Amazonía, haciendo referencia al pronunciamiento publicado el día 5 de mayo del 2009, exactamente un mes antes de los sucesos de Bagua, en el se decía:
“Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos leyes y siete decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región”. (N° 8).
“Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones amazónicas”. (N° 11)
Por estas mismas fechas también la Conferencia de Religiosas(os) del Perú (CONFER) publicó en el diario La República un valiente pronunciamiento:”Como profetas de la vida, queremos insistir en que en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos económicos, que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad. Las generaciones que nos suceden tienen derecho a recibir un mundo habitable…” (Doc. Aparecida N° 471).
Al día siguiente de la tragedia, el 6 de junio del 2009, un pronunciamiento conjunto de la Conferencia Episcopal Peruana y de la Defensoría del Pueblo recogió el clamor de todo el país: ¡ALTO A LA VIOLENCIA! “La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como la de quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden”.
Post Baguazo
El doloroso post Baguazo para todas las personas afectadas (deudos de los fallecidos, heridos, procesados) ha estado acompañado por la solidaridad de la Iglesia Católica, junto a las demás Instituciones de defensa de los DDHH, que felizmente existen en nuestro país. “Si no fuera por la Iglesia Católica y los de DDHH, ¿Qué hubiera sido de nosotros?; era el comentario agradecido de quienes retornaban a sus comunidades, sin poder creer del todo, lo que había sucedido.
Para quienes pertenecemos a la Iglesia local de las Baguas, Jaén, Bellavista y Condorcanqui fue una profunda experiencia de comunión y misión samaritana. Sacerdotes, religiosas(os), grupos parroquiales, y toda la población, con la coordinación de nuestros obispos, hemos podido ofrecerles a nuestros hermanos la ayuda humanitaria que requerían:
Protección y alojamiento en los centros pastorales, en coordinación con las autoridades locales.
Atención a los numerosos heridos con el admirable compromiso de los centros de salud.
Organización del transporte para el retorno a sus comunidades de origen.
Defensa de los detenidos.
Monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo del Vicariato San Francisco Javier del Marañón escribió la siguiente carta:
A MI GENTE DEL VICARIATO, EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE LO SUCEDIDO EN LA CURVA DEL DIABLO Y LA ESTACIÓN 6:
“…la pasión de tantos hermanos hizo conocer al Perú de la costa que en la selva no solo hay madera, petróleo y biocombustibles sino personas humanas, hermanos nuestros, que están identificados con esos territorios; que en ellos, de ellos y con ellos viven desde mucho antes de que el Estado peruano existiera”.
“No puede ser que se pida cadena perpetua o condenas gravísimas para quienes, según todos los testigos, su único delito fue reclamar unos derechos y luego tratar de impedir que se derramara sangre inocente en ambos lados”.
Ha comenzado el juicio oral para los 53 procesados por los delitos cometidos en la Curva del Diablo; todos son indígenas y mestizos. Una encuesta en La República (26-5- 14) da como resultado que el 51% de los consultados atribuye la responsabilidad de los sucesos de Bagua al gobierno aprista, el 23% a la Policía y el 10% a los indígenas y mestizos. Este resultado daría la razón a lo dicho hace un año por Monseñor Santiago García de la Rasilla en la carta citada:
“No puede ser que los únicos culpables se encuentren entre los indígenas y que las autoridades del gobierno y de la policía de entonces hayan quedado limpios de polvo y paja o a lo más con una sanción administrativa”. Como Iglesia y como sociedad peruana pedimos justicia para los inocentes procesados por los Sucesos de Bagua.
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* María del Carmen Gómez Calleja es coordinadora provincial de las Siervas de San José. Desde el 2009, realiza una incansable labor para que se aclaren los sucesos y se determinen las responsabilidades políticas que originaron el “Baguazo”. El 2013 fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos.
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Artículo tomado de http://bartoloopina.bcasas.org.pe/analisis/iglesia-profetica-iglesia-samaritana.html
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Fuente: Servindi
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