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sábado, 18 de agosto de 2018

México: Legalizar las plantas, combatir las drogas.

Legalizar las plantas es un principio simple que reduce la violencia del control policial sobre las personas.

Una distinción simple puede ordenar el debate en México: drogas y plantas no deben confundirse. Más bien, en contextos de sanación espiritual, son antagónicas. Por qué legalizar las plantas es el primer paso para combatir las drogas.

Por: Claudio Fabián Guevara

México, una tierra habitada por culturas milenarias, se apresta a debatir un conjunto de normas en torno a la legalización de las drogas.

Así definido, el debate parece estrecho, reducido a las premisas del consumismo occidental. Incorporar la mirada de las culturas ancestrales sobre el uso de sustancias, puede arrojar luz sobre el tema.

La drogadicción, un fenómeno moderno

La drogadicción es estrictamente un fenómeno de la sociedad industrial. El uso de sustancias que alteran la conciencia atraviesa todas las culturas y todos los tiempos: alcohol, tabaco y otras plantas maestras son el centro de rituales religiosos y prácticas colectivas que tienen en común el intento por trascender la individualidad y conectarse con otras capas de realidad. El significado antropológico de esta pauta común a la naturaleza humana está lejos de ser revelado.

Con todo, en las sociedades tradicionales no existen las adicciones como patología masiva. El uso de sustancias “mágicas” está regulado por su uso ritual -controlado por chamanes, autoridades o sacerdotes- y por la disponibilidad cíclica y limitada de estas sustancias, atada a los tiempos de la naturaleza.

La sociedad industrial capitalista ha convertido en un problema el abuso de sustancias, a partir de tres factores: la multiplicación artificial de opciones –muchas de ellas de alto contenido tóxico y poder adictivo-; la creación de un mercado de suministro continuo (para aquellos que lo pueden pagar); y la separación de su uso del significado ritual que reviste en las sociedades tradicionales.

Así, los estados alterados de conciencia, una práctica sanadora y terapéutica en entornos controlados, se convierte en un acto de consumo solitario y compulsivo, desprovisto de significado espiritual: un vicio enfermante del cuerpo y el espíritu de millones de personas que buscan mitigar un extendido sentimiento de desconexión.

Ciertamente, criminalizar las sustancias y su consumo sólo agrava el sufrimiento humano, refuerza el poder de los cárteles de la droga y muestra una profunda ignorancia sobre las raíces del problema.

Sustraer este problema del ámbito penal y policíaco es un primer paso para evitar los resultados indeseados de las políticas prohibicionistas.

Sin embargo, esta simple medida no responde a todas las preguntas: ¿Legalización irrestricta del consumo, producción y comercialización de cualquier sustancia? Y si no de todas: ¿Cuáles sí y cuáles no?

Legalizar las plantas: una reverencia a lo sagrado

Hay una distinción simple que puede ordenar el debate, donde los conocimientos de las culturas ancestrales se dan la mano con la ciencia moderna.

Prohibir ciertas plantas es una absurda pretensión antropocéntrica. Es como declarar ilegal al mar, al viento o a las montañas. Es desconocer que en la delicada trama de seres e interconexiones que son los ecosistemas, hay circunstancias y equilibrios más allá de nuestro entendimiento. Ante este orden sagrado, se impone la prudencia como la más sabia conducta colectiva.

El uso de plantas no debe estar sujeto a leyes humanas, más allá de aquellas que aconsejen saberes milenarios o de amplísimo consenso. La relación que asumimos con ciertas especies vegetales debe formar parte del libre albedrío de cada individuo y cada colectividad en el entretejido de culturas ancestrales y modernas que conforma el mundo de hoy.

Este simple principio permite despejar de una vez varios debates parlamentarios inútiles y engañosos, y desarmar las pretensiones de algunas corporaciones por reglamentar y patentar el uso de la naturaleza.

Legalizar las plantas, en forma genérica y como principio universal, permite bloquear los intentos de los intereses farmacéuticos por prohibir las plantas medicinales, o reglamentar su uso en favor de intereses privados y en detrimento de las libertades humanas.

Legalizar las plantas también resuelve de una vez todas las controversias en torno al uso de la marihuana, la ayahuasca, el peyote, los hongos y otras plantas maestras.



Principios antiguos, ciencia moderna

Los interminables debates en torno al efecto perjudicial o benéfico de estas plantas se resuelven apelando a principios simples del saber antiguo que hemos olvidado, y conocimientos científicos modernos que al parecer queremos ignorar.

Hace siglos, el eximio Paracelso definió: “Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis”.

Más recientemente, Gregory Bateson el resumió mismo principio en términos científicos: “En biología no hay valores monótonos”.

Para el metabolismo de los seres vivos, ninguna sustancia es buena o mala en sí misma. Su efecto depende de umbrales máximos o mínimos de administración.

Eso explica por qué –de la misma manera que ciertas drogas industriales- la marihuana puede ser un eficaz antidepresivo en una etapa, y un potenciador de depresión en otra. O por qué para algunos se convierte en una prisión de dependencia, y para otros en una herramienta para una vida mejor.

Frecuentemente estigmatizadas, las plantas maestras tienen un enorme poder sanador y terapéutico. Las ceremonias de ayahuasca, peyote y otras plantas, provenientes de culturas ancestrales, reparan angustias, miedos y traumas profundos. Debido al tabú en torno a su uso y a la ambigua situación legal, su uso en ambientes urbanos es reducido, aunque cada vez más se experimenta en tratamientos profesionales.

Las plantas inductoras de estados alterados de conciencia no deben ser tratadas con liviandad. Su uso conlleva una potencial peligrosidad en cuanto a los efectos sobre la percepción, la capacidad de autocontrol y otros aspectos que aconsejan su administración en entornos controlados. Su legalización no debe asumirse como un alegre llamado a su conversión en mercancía de uso cotidiano.

Sin embargo, la legalización de las plantas como política sanitaria general, tiene una salvaguarda adicional: el peligro químico que entrañan, en comparación con las drogas y el alcohol, es infinitamente menor. La experiencia indica que las plantas contienen su propio mecanismo regulador del exceso, que no provoca la espiral de consumo compulsivo que puede observarse en las drogas y el alcohol.

Como corolario, hace falta admitir que, en esta era de manipulación genética en todos los niveles, es borrosa la frontera que separa a las plantas “originarias” de las plantas de diseño y las drogas producidas mediante la manipulación industrial de productos naturales. Este debate pendiente nos lleva al segundo punto del planteamiento.


Combatir las drogas: un cambio cultural

En la sociedad occidental, la prohibición de las plantas maestras y la ilegalización de ciertas drogas, va acompañada de un paradójico fomento del uso generalizado de drogas legales como política hegemónica de salud, en desmedro de las terapias metabólicas y naturistas.

Hay un discurso engañoso en torno a la “seguridad” y la “eficacia” que esta estrategia le ofrece a los enfermos. La medicina centrada en fármacos basa su poder en una red de intereses que impone esa vía como la “única solución” en casi todos los niveles, y ha convertido a la corporación médica en un poder de facto, pero tanto su seguridad como su eficacia deben ser puestas en tela de juicio. En los EE.UU. la Iatrogenia –la muerte del paciente como consecuencia del tratamiento médico dispuesto- es la tercera causa de muerte, detrás del cáncer y el infarto. No se trata de muertes por mala praxis, o por error del enfermo en seguir las instrucciones: se trata de muertes por seguir el tratamiento al pie de la letra, ya sea a causa de los efectos secundarios, errores en el diagnóstico o complicaciones evitables.

Es decir que las drogas legales, incluso cuando son administradas profesionalmente, entrañan al menos tantos peligros como las ilegales. ¿Debemos, a la vista de esas estadísticas, prohibir los fármacos y la investigación médica asociada al uso de drogas?

Evidentemente no. A la par de las víctimas, millones de personas encuentran alivio y cura en los tratamientos en base a fármacos.

De lo que se trata es de visualizar que las políticas prohibicionistas de sustancias no tienen fundamento en los presuntos “peligros”, ya que de ser así, debiera prohibirse un enorme porcentaje de medicamentos con un alto potencial tóxico, o el ejercicio mismo de la medicina alopática. Ni qué decirse del alcohol, que lidera la tabla de efectos dañinos, accidentes y enfermedades derivadas de su abuso.

Se trata también de incorporar una visión más comprehensiva del problema de las drogas –tanto las legales como las ilegales- y poner en su correcta perspectiva la distinción con las plantas.


Legalizar las plantas, combatir las drogas

Combatir las drogas comprende no solamente una batalla contra el abuso de drogas químicas como la cocaína, heroína y otros enervantes, sino también contra una cultura que santifica el uso de antidepresivos, ansiolíticos y pastillas para dormir. Es absurdo constatar que, al mismo tiempo, esta misma cultura criminaliza elementos sagrados provenientes del mundo natural, cuyos riesgos y contraindicaciones son incomparables.

Legalizar las plantas es un principio simple que reduce la violencia del control policial sobre las personas. Es un camino intermedio entre el Estado policial que pretende controlarlo todo, con sus aduanas, sus requisas y sus listados de “sustancias prohibidas” y “permitidas”, y la irresponsable liberación de un supermercado de sustancias tóxicas en nombre del derecho individual al aturdimiento.

Drogas y plantas no deben confundirse. Más bien, en contextos de sanación espiritual, son antagónicas. Entender a las plantas como seres aliados en el camino del hombre, enseñar su consumo en entornos de cuidado mutuo, con fines terapéuticos, puede ser el primer paso que nos abra el camino hacia más respuestas para combatir el estrago de las adicciones.
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Fuente: Servindi

jueves, 5 de julio de 2018

La lucha contra las drogas necesita una perspectiva de género.

Usuarios de drogas intravenosas en Pakistán. Crédito: Fahim Siddiqi / IPS.

Por Carmen Arroyo y Emily Thampoe

El Informe Mundial sobre Drogas 2018, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) subraya la importancia del género en el consumo de drogas y en el comportamiento, lo que hace necesario suministrar diferentes tipos de soluciones legales y médicas.

“No hay una estrategia única para hacer frente al uso de drogas, debe haber una variedad de medidas de prevención basadas en la evidencia, como reducción del daño, tratamiento y otros servicios de apoyo a la salud y social que puedan responder a muchos de los problemas que afrontan las mujeres que usan drogas”, explicó Marie Nougier, directora de investigación y comunicaciones en el Consorcio Internacional de Política de Drogas, en diálogo con IPS.

Alrededor de 5,6 por ciento de la población mundial entre 15 y 64 años, unas 275 millones de personas, consumieron drogas en 2016, señala el informe publicado en la última semana de junio. De esos, 31 millones sufren desórdenes, es decir que necesitan tratamiento, pero este solo llega a uno de cada seis consumidores.

Las consecuencias son terribles, 450.000 personas murieron en 2015 por el consumo de drogas. Además, la producción mundial de opio aumentó 65 por ciento de 2016 a 2017, la estimación más elevada hasta ahora.

El informe, dividido en cinco secciones, trata en la última, del impacto del género en el consumo de drogas, y en especial en las mujeres.

Las otras incluyen información como un resumen ejecutivo, demanda y suministro de drogas, mercados y el uso de drogas relacionado con la edad.

Las mujeres suelen consumir más seguido opioides y tranquilizantes que los hombres, pero usan más canabis y cocaina.

Las mujeres empiezan a consumir drogas después que los hombres, pero aumentan su ingesta de drogas relacionadas, alcohol, opioides y cocaína, más rápido que ellos.

El consumo de drogas en las mujeres suele estar asociado a una pareja íntima, en cambio, los hombres tienden a consumir sustancias con otros amigos.

Y mientras las mujeres tienden a sufrir más depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos, los hombres externalizan los suyos con desórdenes de conducta, como “trastorno hiperactivo de déficit de atención y trastorno antisocial de la persona”, explica.

“Pero lo más sorprendente en términos de encontrar soluciones a largo plazo es que las mujeres “también pueden haber experimentado una infancia adversa como desatención física, abuso y abuso sexual”, precisa.

Cuando las políticas de lucha contra las drogas se endurecen, el resultado es una mayor proporción de mujeres condenadas por delitos de narcotráfico. Además, también parecen mucho más afectadas por el estrés por desorden postraumático.

“Las políticas de drogas que se concentran en castigar a las personas por consumir contribuyen en gran parte a los problemas de salud derivados del consumo, como la propagación del VIH y la hepatitis C y las muertes por sobredosis; el temor a ser detenido y al castigo hace que las personas no accedan a la reducción del daño ni a los tratamientos que necesitan”, explicó Nougie.

“Los enfoques punitivos también elevaron los grados de estigma y discriminación contra quienes consumen drogas”, añadió ella.

Además, según Nougier, los enfoques punitivos tienden a perjudicar más a las mujeres porque no hay programas de tratamiento con perspectiva de género. Sus necesidades, por sus antecedentes y el consumo, son diferentes.

También “por la desigualdad de género que sigue prevaleciendo en nuestras sociedades, pues sufren estigmas significativos por romper con el papel de ‘buena mujer’ o de ‘buena madre’ por consumir drogas”, añadió.

“En algunos países, el consumo de drogas durante el embarazo es un delito, impide que reciban atención prenatal o servicios contra las drogas”, añadió.

La epidemióloga Kamran Niaz, de la ONUDD, dijo a IPS: “Las mujeres obtienen resultados de largo plazo cuando reciben tratamiento centrado en cuestiones más comunes de encontrar en mujeres con trastornos de consumo en comparación con otros tratamientos que no tienen ese foco en las mujeres”.
Tratamientos con perspectiva de género

“La prevención del consumo entre niñas y mujeres requiere invertir en una prevención basada en la familia y atendiendo las vulnerabilidades que parecen ser únicas para las niñas”, explicó.

“A fin de atender cuestiones de consumo entre las mujeres, los programas y servicios de atención deberían diseñarse para las necesidades de embarazadas y, mujeres, en general”, añadió.

Algunos de los programas que Niaz encontró específicos para las mujeres incluyen: “atender el estrés, la depresión, imagen corporal, las habilidades sociales y la mejora de relaciones y comunicaciones con padres y parejas”.

Pamela Kent, directora adjunta de investigación del Centro de Adicciones y Uso de Sustancias (CCSA), dijo a IPS: “se necesita un enfoque más informado y empático para el abuso de sustancias por parte de mujeres, y que también considere varios aspectos como salud reproductiva, servicio perinatal y bienestar infantil.

Es importante señalar que no hay una estrategia única, las sociedades deben ofrecer servicios de prevención y tratamiento focalizados en las mujeres.

“Cómo las mujeres con problemas de consumo son más vulnerables al abuso sexual y a la violencia doméstica, y sus hijos también están en riesgo, ayuda una relación con agencias sociales que protegen a mujeres y niños”, explicó Niaz.

“Además, en el caso de abuso infantil, se necesitan programas para prevenir esos abusos y, en particular, ayudar a las víctimas y atender desórdenes de estrés postraumático”, apuntó.

“‘La encuesta Vida en Recuperación, hecha en Canadá en 2017, muestra que las mujeres denunciaron mayor violencia familiar y problemas de salud sin tratar durante una adicción en comparación con hombres”, indicó.

“Además, por apoyo informal, es probable que las mujeres usen la tecnología, se conecten con un animal, o usen el arte, la poesía, escriban y hagan yoga en comparación con lo que hacen los hombres”, coincidió Kent, quien añadió que el abuso es una gran preocupación.

Pero no se han implementado muchos programas que tengan un enfoque de género. El informe añade que el sistema de justicia penal está diseñado para infractores hombres, e ignora los matices femeninos.

“Seguimos viendo una preocupante falta de acceso al tratamiento de mujeres dependientes de las drogas, tanto en la comunidad como en la cárcel”, apuntó.

“Los servicios están diseñados por y para hombres, y no suele ser posible adaptarlo a las necesidades de las mujeres”, observó.

“En contextos cerrados, la mayoría de los servicios de tratamiento y reducción de daños sólo están disponibles para los hombres en cárceles masculinas”, añadió.

Algunos centros están comenzando a adaptarse a esas probadas necesidades, según Nougier.

Algunos centros de tratamiento y reducción del daño adaptaron sus servicios para atender mejor a las mujeres, con horarios especiales, espacio para niños mientras ellas están ahí y servicios especiales con perspectiva de género (asistencia legal o apoyo para responder a la violencia doméstica, violencia sexual y reproductiva), precisó.

“Los programas necesitan gestionar mejor la diversidad de asuntos que deben afrontar las personas y acompasar cuestiones de salud, enseñanza y bienestar social con las familias, la escuela y los servicios sociales”, coincidió Niaz.

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Traducción : Verónica Firme
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Fuente: Servindi.org

martes, 2 de octubre de 2012

Honduras: “La guerra contra las drogas es un fracaso".


Según la directora del Programa de las Américas

Reportaje


Para Laura Carlsen es preciso construir otro modelo con el apoyo y la participación de la ciudadanía


Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi


El modelo de lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado impulsado por Estados Unidos en Centroamérica no sólo ha fracasado ruidosamente, sino que ha conllevado una profundización de la violencia contra las poblaciones locales y la remilitarización del territorio, poniendo al descubierto intereses ocultos que apuntan a monitorear e intervenir en los procesos emancipativos y unitarios de los países de la región.

Partiendo de este análisis, la politóloga y directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional)Laura Carlsen, aseguró en conversación con Opera Mundi que la única manera de combatir y derrotar la narcoactividad es impulsando un modelo que se construya desde abajo, con la participación ciudadana y la recomposición del tejido social, quebrantado por las políticas neoliberales de las últimas dos décadas (segunda entrega).





Opera Mundi: ¿Cuáles son las características del modelo de combate al narcotráfico impulsado por EUA en México y ahora exportado hacia Centroamérica?
Laura Carlsen: Es un modelo basado en la militarización del territorio y el enfrentamiento directo para la interdicción y confiscación de drogas ilegales, así como para la detención o eliminación de los miembros de los cárteles de la droga. Eso, por definición, implica enfrentar la violencia con más violencia y el resultado es el aumento exponencial de los muertos. Hasta la fecha, se calcúla que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en México haya dejado un saldo de más de 60 mil muertos.


OM: ¿Cuál es el balance de este modelo?
LC: Ha sido un fracaso total. Ha generado altísimos índices de violencia, no ha detenido el flujo de drogas ilícitas que entran a EUA y hasta la detención de los capos (jefes) de la droga no ha servido a frenar el ‘negocio’. Antes bien, su captura ha desatado una guerra entre los cárteles para asumir el control del territorio, generando más violencia y muerte.


OM: ¿Ha habido algún cambio bajo la administración del presidente Barack Obama?
LC: La Iniciativa Mérida inició en octubre de 2007 como un plan de tres años. Lo que hizo Obama fue expandirlo, intensificarlo y extenderlo de forma indefinida. Por primera vez, Estados Unidos se ha involucrado directamente en la gestión de aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Es un cambio estructural muy preocupante que ahora está siendo proyectado para Centroamérica por medio de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central). Uno de los primeros efectos que estamos viendo es la remilitarización de estos países y una dinámica de creciente violencia contra la población y de violación de los derechos humanos.
OM: ¿Qué interés tendría EUA en reproducir un modelo que ha fracasado?
LC: El país no está dispuesto ni siquiera a analizar el porqué de este fracaso y está recibiendo fuertes críticas, hasta de los gobiernos de la región. Para nosotros, esta actitud revela que, detrás de la militarización, hay intereses muy poderosos.


OM: ¿De qué intereses estamos hablando?
LC: En primer lugar garantizar las enormes ganancias de la ‘industria de la guerra’, que está radicada mayoritariamente en los Estados Unidos. Son miles de millones de dolares que entran al país a través de la venta de armas y equipos militares, el empleo de empresas de seguridad privada, como Blackwater, y la implementación de sistemas electrónicos y de espionaje sobre la población.


En segundo lugar hay un interés geopolítico. EUA quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina, gobiernos que ya no comparten las políticas neoliberales e impulsan procesos innovativos. En este sentido, EUA busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la region.


OM: También hay un gran interés para los recursos naturales de estos países...
LC: Es otro de los puntos directamentes vinculados con la militarización y que tiene su precedente en Colombia donde, con el pretexto del combate al narcotráfico, se han desplazado a más de cinco millones de personas. Y lo más absurdo es que ahora el Departamento de Estado norteamericano está presentando a Colombia como un ejemplo de seguridad y un modelo que se debe exportar en todo el continente latinoamericano. En México, por ejemplo, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos militarizó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para salvaguardar sus intereses comerciales y proteger la inversión estadounidense en recursos naturales. En fin, de eso se trata: una militarización que no sólo protege la inversión extranjera, sino que fomenta un proceso de desplazamiento y despoblación de regiones en donde hay riquezas naturales.


OM: En varios países de Centroamerica, la protesta social contra la explotación de los recursos naturales está siendo criminalizada. ¿Usted comparte esta preocupación?
LC: No hay dudas de que la protesta social está siendo reprimida, sobre todo en los países del Triángulo Norte. Hay una criminalización acompañada por la represión de aquellas organizaciones que luchan contra la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos a gran escala. Debemos profundizar el análisis y la investigación para tener elementos suficientes que nos ayuden a prever hacia donde esta represión apunta.


OM: ¿Qué papel están jugando la DEA (Drug Enforcement Administration) y el flujo de dinero que financia la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica?
LC: Hemos tratado de investigar el movimiento de dinero que fluye hacia la lucha contra el narcotráfico, pero ha sido muy difícil por la falta de transparencia. En algunos países, como Honduras y Guatemala, los agentes de la DEA están autorizados a andar armados y disparar contra civiles, lo cual es absurdo y representa una violación absoluta de la soberanía nacional y de los derechos humanos internacionales. Además, hemos documentado el sufrimiento que causa la criminalización de la protesta y en particular el impacto sobre las mujeres. Lamentablemente, esta situación choca con el total desinterés mostrado por el Departamento de Estado norteamericano.


OM: ¿Cuáles son los impactos de esta política sobre las mujeres?
LC: Hay índices muy elevados de acoso, tortura y violencia sexual. Las mujeres con frecuencia encabezan la defensa de sus comunidades y la protesta social ante el proceso de militarización y de explotación de los recursos naturales. En el caso de Honduras, esta situación coincide con el aumento de la violencia que se ha originado después del golpe de Estado y que se ha incrementado con el actual régimen de Porfirio Lobo.


También hay que destacar la represión desatada contra los opositores al golpe y el uso de una supuesta lucha contra el narcotráfico para reprimir la oposición política. Y todo esto en medio de una total impunidad. En Honduras, los casos que llegan a sentencia judicial son menos del 2% y las denuncias de corrupción en las instituciones están a la orden del día.


Igualmente en Guatemala, la situación es muy preocupante. Las comunidades, que todavía tienen en su memoria los horrores de la campaña militar genocida de los años 80, están viendo como sus territorios vuelve a ser militarizados y su gente reprimida.


OM: ¿Cómo combatir, entonces, la narcoactividad y el crimen organizado?
LC: No hay una sola respuesta, ni un modelo seguro, pero sí sabemos que la militarización no es la respuesta. Es importante que este otro modelo se construya desde abajo, con la participación ciudadana y con una perspectiva de seguridad que tenga como primer objetivo la seguridad de la persona, de su vida.


Además, hay que enfocarse en la recuperación del tejido social, que ha sido destruido por las políticas neoliberales. Es necesario recomponerlo con programas sociales que crean empleo, garantizan el desarrollo económico, la salud, la educación, el respeto de los derechos humanos. Hay que volver a empezar a construir una sociedad fuerte, para que pueda resistir las inflitraciones del crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes y la extorsión.


Además, hay que forzar la voluntad política para que haya un sistema de justicia al servicio de la población, acabando con la impunidad y la corrupción.


Fuente original: Opera Mundi (portugués)

domingo, 24 de junio de 2012

Uruguay: la legalización de la marihuana viola tratado de ONU.



Marihuana: la legalización viola tratado de ONU, afirman expertos

La nueva cultura. Juristas advierten que si Uruguay legaliza la producción y venta de marihuana violará una Convención de ONU de 1988 sobre drogas. Técnicos de la región rechazan proyecto


P. MELÉNDREZ / A. ROIZEN

El proyecto del gobierno de legalizar y regular la producción y venta de marihuana viola el tratado de la ONU sobre drogas, según advirtieron dos expresidentes de la Junta Nacional de Drogas y un experto en derecho internacional público.

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 y que se conoce como Convención de Viena, plantea cómo deben actuar los países para combatir y reprimir el negocio del narcotráfico.

La Convención de Viena prevé en su artículo 3° que los países firmantes deberán penar la "producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica". Esto ya era sancionado en las Convenciones de 1961 y 1971.

Además, los países que suscribieron el tratado deben sancionar "el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes".

El experto dijo a El País que el artículo 3° de la Convención de Viena es "lapidario". A su juicio, el proyecto del gobierno implica una "contradicción con toda la filosofía de la Convención, que promueve la coordinación entre los países en relación a la temática de la droga y eso es muy trascendente".Por eso, para el abogado experto en derecho internacional Edison González Lapeyre el proyecto del gobierno para producir y vender hasta 30 gramos de marihuana por mes a consumidores registrados, es "contrario a la Convención internacional vigente para Uruguay".

González Lapeyre explicó que en caso de que el proyecto se transforme en ley la imagen de Uruguay ante la ONU "no será de las más ejemplares". Aclaró, sin embargo, que el Estado no podrá ser sancionado porque el derecho internacional público no prevé acciones punitivas para estos casos.

Por su parte, el abogado Alberto Scavarelli, quien fue prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta Nacional de Drogas durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000), dijo que no tiene dudas en cuanto a que si el proyecto es aprobado como se anuncia, Uruguay incurrirá en una "transgresión de la Convención de Viena".

Scavarelli, quien en su momento representó a Uruguay en eventos sobre drogas de la ONU y la OEA, dijo a El País que la posición que fija el tratado internacional está basada en "fundamentos técnicos".

El abogado se pronunció en contra del proyecto del gobierno. "Estos no son campos de experimentación social. Son temas científicos muy complejos que deben ser medidos con mucho cuidado en función de las condiciones que tenemos", opinó Scavarelli.

En tanto, su colega Leonardo Costa, quien ocupó la prosecretaría de la Presidencia y dirigió la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), afirmó que "en principio el proyecto tendría un problema con la Convención de Viena".

Costa dijo a El País que la violación al tratado se produciría en relación a la comercialización, y señaló que ello podría motivar "algún tipo de observación" de la ONU a Uruguay. Agregó que si el gobierno "está dispuesto a seguir este camino" deberá "comunicarlo muy bien" a nivel internacional.

A título personal, Costa indicó que está a favor de legalizar la producción y venta de marihuana, aunque se mostró en contra del registro de consumidores que prevé el gobierno. "Si el consumo hoy es libre en Uruguay, la creación de un registro atentaría contra ese principio", consideró el abogado.

LA REGIÓN. La idea del gobierno de legalizar y regular estatalmente la venta de marihuana generó reacciones a nivel de los técnicos regionales.

Darío Martínez, integrante de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, comentó a El País que a nivel personal considera que una medida de este tipo "no conviene", entre otras cosas, porque si se regulariza la venta de marihuana en Uruguay "va a haber más demanda" hacia su país.

Martínez consideró que para impulsar este tipo de medidas "hay que ponerse de acuerdo entre los países, incluso más allá del Mercosur para tratar de ver el tema". Y como ejemplo dijo que en Paraguay no hay un proyecto en ese sentido ni tampoco está planteada a futuro una iniciativa similar.

"Sería muy complicado para nosotros que los países de la región se pongan de acuerdo. La Secretaria ni piensa en legalizar; ya se tuvo la experiencia en Holanda y creo que no fue lo mejor porque se perdieron dos o tres generaciones. Estoy en contra de legalizar esos productos que hacen mal", sostuvo el experto paraguayo.

Desde la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) del gobierno argentino, se indicó a El País que el titular del organismo y excanciller, Rafael Bielsa, no hará comentarios sobre la iniciativa uruguaya.

El diario argentino La Nación informó el viernes que la propuesta de la administración de José Mujica generó "preocupación y asombro" entre expertos y funcionarios del gobierno de Cristina Fernández.

En el mismo sentido, el psiquiatra argentino Ricardo Grimson, exsecretario de la Sedronar, opinó que la propuesta planteada por el gobierno uruguayo es "disparatada".

Para Grimson, la medida "no tiene fundamento válido y produciría un pasaje seguro de la marihuana distribuida a un mercado negro de consumo, con lo cual más consumidores se convertirían en traficantes".
Opertti: riesgo de ser una "atracción"

El abogado experto en derecho internacional y canciller durante el gobierno de Jorge Batlle, Didier Opertti, dijo a El País que la legalización de la producción y venta de marihuana "es un asunto que por su naturaleza parecería que no puede ser asumido por los países en forma independiente a sus vecinos y socios de la región y también del propio universo en que nos movemos". "Una medida de este tipo puede convertir a Uruguay en un centro de atracción internacional para consumir marihuana", sostuvo Opertti.

Por su parte, el senador nacionalista y excanciller Sergio Abreu, dijo a El País que este tipo de medidas "tienen que ser combinadas con los otros Estados para definir controles comunes". Abreu aclaró sin embargo que rechaza el proyecto.

El País Digital

miércoles, 16 de mayo de 2012

Fracaso de lucha antinarco es intencional', asegura Chomsky.



· EU ya no puede imponer su voluntad a Latinoamérica, afirma el lingüista y filósofo
· El problema del tráfico de drogas en América Latina está en Estados Unidos, asegura
· La región determina cada vez más su propio futuro, como se manifestó en la última Cumbre de las Américas 





Nueva York— La llamada guerra contras las drogas no está fracasando, sino que sus consecuencias son intencionales tanto dentro de Estados Unidos como en el hemisferio, afirmó Noam Chomsky, quien también enfatizó que el cambio más notable en las Américas es su creciente independencia de Washington.

"Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo. Es cierto que durante 40 años la guerra contra las drogas ha fracasado en sus objetivos declarados. Todos saben que la prevención y el tratamiento es la forma más eficiente para abordar el problema de las drogas, y que operaciones en el extranjero es la manera más ineficiente. Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. ¿Cuáles son las intenciones probables? Las consecuencias predecibles son buenos indicadores de efecto", explicó.

Dado que el envenenamiento de cosechas en lugares como Colombia a través de la fumigación antidrogas beneficia a los grandes intereses agrarios y destruye la vida de los campesinos, que la violencia ha desplazado o destruido el tejido social de comunidades en varios países de América Latina y debido a que las políticas antinarcóticos aplicadas dentro de Estados Unidos han encarcelado a un vasto sector de la población pobre, sobre toda la afroestadunidense y latina, se tiene que preguntar si estas son consecuencias predecibles, o sea intencionales, de las políticas antinarcóticos.

En comentarios –sin ponencia– para festejar aquí el 45 aniversario de la publicación NACLA, el lingüista y filósofo ofreció sus apreciaciones sobre los cambios en el hemisferio, y abundó respecto de lo que está detrás de la política antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos y las élites políticas y económicas en la región que la apoyan.

Recordó que dentro de Estados Unidos estas políticas están haciendo lo mismo que se logró después del fin de la esclavitud en la década de 1870, cuando los afroestadunidenses gozaron de su libertad formal en ese periodo, pero que "se logró resclavizarlos a través de criminalizarlos". Esto fue clave porque la fuerza laboral sujeta a estas condiciones resclavizada sirvió como motor de la revolución industrial en Estados Unidos: el Estado fue el proveedor de trabajadores encarcelados, con lo cual las empresas no tenían que preocuparse de sindicatos ni contratos de ningún tipo.

Lo anterior duró hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue seguida por dos décadas de crecimiento económico acelerado y sostenido, pero eso se frenó en la década de los años 70 con la supremacía del sector financiero en la economía y con el traslado de producción al exterior. Ahí, bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, se inició la encarcelación masiva de hombres afroestadunidenses y latinos.

En América Latina hay enormes flujos de dinero que benefician a las élites, y un amplio sector empresarial está de alguna manera involucrado con el narcotráfico. Por otro lado, Chomsky ofreció ejemplos en Colombia y otros países donde, bajo el pretexto de esa guerra, se han podido controlar y anular esfuerzos económicos autónomos de diversas comunidades en la región, en beneficio de intereses poderosos. Todo mientras no se logra cumplir con los objetivos oficiales de frenar la droga y sus consecuencias.

"No creo que la guerra contra las drogas es un fracaso, tiene un propósito diferente al anunciado", concluyó Chomsky. "El problema de las drogas en América Latina está aquí en Estados Unidos. Nosotros suplimos la demanda, las armas, y ellos (en América Latina) sufren".

Pero justo en torno a este asunto, por el creciente cuestionamiento de la política antinarcóticos estadunidense, como el de las relaciones con Cuba, se expresa una creciente autonomía de América Latina frente a Washington, indicó Chomsky.

"Estados Unidos ya no decreta en América Latina" ya que la región determina cada vez más su propio futuro, tal como se manifestó en la última Cumbre de las Américas. Ahí, dijo, no se pudo adoptar una declaración final por falta de unanimidad. Ante un abrumador apoyo para la inclusión de Cuba en las cumbres futuras, sólo Washington y Ottawa se opusieron; igual, ante cada vez más consenso sobre la despenalización de las drogas, solamente hubo dos objeciones, las mismas de Washington y Ottawa.

"Se tiene que reconocer que algo notable ha sucedido en América Latina: los días en que Estados Unidos imponía su voluntad sobre el hemisferio ya están muy en el pasado". Indicó que esto aún no se registra por los medios de comunicación estadunidenses, y que todavía no se entiende "que las cosas han cambiado".

Además, también hay un cambio en la conciencia popular dentro de la región, marcada por la elección de Inacio Lula da Silva, de Ollanta Humala, de Evo Morales y otros, donde las mayorías están instalando como líderes a "gente como ellos", y no a las élites educadas en el extranjero y provenientes de la clase dominante. A la vez, los procesos de integración regional, y la creciente exclusión de Estados Unidos en estos, son otra muestra de una nueva relación.

En la celebración del 45 aniversario de la fundación de NACLA se otorgaron premios a Chomsky, Javier Sicilia y Eduardo del Río (Rius) –éste último no pudo asistir y su premio fue aceptado por su amigo, el caricaturista mexicano Feggo. Chomsky subrayó que cuando NACLA fue fundada, fue al inicio de una ola de represión y dictadura respaldadas por Washington, y que vale celebrar las transformaciones que han sucedido, por lo menos al grado de que el orden decretado desde Estados Unidos ya no impera en América Latina en comparación con hace medio siglo.

Después de décadas de políticas estadunidenses diseñadas para "matar la esperanza" en América Latina, comentó Chomsky, ahora estamos ante un momento donde esa región ahora está "inspirando la esperanza" para todos.

Policías y fiscales hondureños destruyeron 400 kilos de cocaína en Tegucigalpa, cargamento que fue decomisado en el sector de Plaplaya · Foto Xinhua


Fuente: Chacatorex