Minería y desastres van de la mano.

Brumadinho, Minas Gerais (Imagen de Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Por Darío Aranda

19 de febrero, 2019.- El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale (Brasil) y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia).

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de “accidentes”, muertos y gravísimos hechos de contaminación.

Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 “fallas-accidentes”, 27 de ellos “muy graves” (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe de 70 páginas publicado en 2017, se titula “Dique de colas: la seguridad es no accidente”.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 “fallas” de diques mineros. 43 fueron “muy graves”, con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones.

“Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina”, aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil):

“Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas”.

Brumadinho. Foto de Lucas Hallel/Ascom Funai

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad).

El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como “minería sustentable”.

Un patrón que favorece los desastres

El informe de Pnuma-ONU señala que desde la década de 1970 (récord en roturas de diques de colas) el número de casos ha ido en disminución, pero aumentó la gravedad de los mismos, con derrames de cada vez mayor volumen y con más muertos.

También existe un patrón que facilita los desastre mineros: leyes muy beneficiosas para las compañías, escasas inspecciones, altas ganancias de las empresas, complicidad de gobiernos, incremento de la extracción-producción y multas pequeñas por incumplir las normativas.

Algunos países con desastres precisados en el informe fueron en Filipinas (Philex Mining Corp), Sudáfrica (Merriespruit), Estados Unidos (mina Payne Creek), Guyana (mina Omai), España (Minera de Aznalcóllar, de la empresa sueca Boliden), Rumania (empresas Aurul SA-Esmeralda Exploration), Suecia (mina Aitik), China (mina de estaño de Nandan), Rusia (Karamken), Hungría (empresa Ajka Alumina).

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* Darío Aranda (Argentino, 1977) es periodista. Especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales), escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales: www.darioaranda.com.ar

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Fuente: Pressenza: https://www.pressenza.com/es/2019/02/mineria-y-desastres-van-de-la-mano/

Si siembras extractivismos, cosecharás violencias.

Poco a poco está quedando en evidencia que los actuales extractivismos avanzan en un contexto de creciente violencia. Esto no es una exageración: se apela a distintas formas de violencia para imponerlos y protegerlos, y es cada vez más frecuente que la movilización ciudadana quede también atrapada en ella.

Esta deriva no puede resultar sorpresiva. Tengamos presente que el avance de los extractivismos por medio de emprendimientos tales como la megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera en la Amazonia, o los monocultivos, tienen enormes impactos sociales, económicos, territoriales y ambientales.

Esos efectos son de tal envergadura, que muchas comunidades locales se oponen a ese tipo de explotación de los recursos naturales. Eso obliga a que los promotores de esos emprendimientos, sean empresas o gobiernos, deben presionar cada vez más para poder imponerlos. En unos casos eso resulta en una violencia de baja intensidad, pero persistente, como puede ser acallar a los líderes ciudadanos, lanzar campañas de descrédito contra grupos sociales, o criminalizar sus movilizaciones.

En otros casos, los niveles de violencia escalan hacia una mayor intensidad. Eso ocurre cuando los promotores de los extractivismos apelan a la policía o a militares para aplastar la movilización ciudadana, dejando detrás un saldo de heridos o muertos. Entre los ejemplos más conspicuos está Perú, donde bajo el gobierno de Ollanta Humala, ya han muerto 60 personas en conflictos sociales (los tres más recientes debido a las protestas contra el proyecto minero Tía María, lo que llevó a declarar el estado de sitio en esa zona en mayo de 2015). En otros casos, son sicarios los que asesinan a líderes locales, como ha ocurrido en Colombia o Brasil.

Este tipo de casos son muy conocidos en casi todos los países latinoamericanos. Pero se están sumando otras situaciones, más complejas y en buena medida paradojales. Como muchos actores, desde analistas a empresarios, pero sobre todo los gobiernos, han insistido tanto pero tanto en difundir los mitos de extractivismos como fuente de enormes riquezas económicas y bienestar, hay amplios sectores que se lo han creído. Entre los convencidos están los que abandonaron sus prácticas rurales para lanzarse a la minería, comunidades que hicieron tratos con petroleras o agricultores familiares que se endeudaron para comprar la nueva tecnología de la soja. Algunos de ellos consiguieron aumentar sus ingresos económicos en tiempos de altos precios de las materias primas.

Pero eso también contribuyó a fomentar otro tipo de violencias, donde unos grupos se enfrentaban a otros por acceder, por ejemplo a un yacimiento minero. Se generaron así situaciones muy complejas, donde comunarios se enfrentan unos contra otros, los que quieren más minería contra los que la rechazan, o mineros que invaden predios de otros mineros, y a todo esto se le agrega el accionar de la policía o fuerzas de seguridad privadas vinculadas a las empresas. Casos emblemáticos fueron los duros enfrentamientos entre grupos locales alrededor de la mina Mallku Khota, o las peleas por controlar el yacimiento de oro de Arcopongo, ambos en Bolivia.

Por si esto fuera poco, se siguen agregando procesos. La caída de los precios de las materias primas hace que muchos despierten de sus sueños económicos, y como la sombra de la pobreza regresa, algunos salen a protestar a las calles, se movilizan y exigen que los gobiernos les compensen de alguna manera ante la caída de los mercados globales. Están reclamando por aquellas promesas de riqueza y bienestar que les hicieron, y a veces recurren a la violencia. Los gobiernos, a su vez, reaccionan como casi siempre lo han hecho, también respondiendo con su propia violencia. Esto está ocurriendo en estos días en Bolivia, con la movilización de grupos ciudadanos y cooperativistas mineros desde Potosí hacia la ciudad de La Paz, que ha terminado en varias refriegas con la policía. Ocurrió en el pasado reciente en Perú, con las movilizaciones de mineros informales o ilegales de oro amazónico. En una y otra situación estamos frente a algo así como un extractivismo popular que le reclama al gobierno más extractivismo o en su lugar compensaciones económicas directas.

Todas estas situaciones muestran que, por distintas vías, los extractivismos generan y potencian la violencia. Desde el Estado se ha apelado repetidamente a ese recurso para imponer emprendimientos que, si se hubieran cumplido seriamente las evaluaciones ambientales, las consultas ciudadanas, o la contabilización de sus reales costes económicos, nunca hubieran sido aprobados. Hay comunidades que han resistido como han podido a ese empuje, sufriendo esa violencia, viviendo la cotidianidad de una “política” violentista. Por ello hay veces que recurren también a la violencia, o bien porque han sido acorraladas, o bien porque ese es el tipo de política que han visto por décadas. A medida que ahora se suman los que quieren todavía más extractivismos, las caídas hacia la violencia se potencian.

La primera responsabilidad ante estas situaciones no está en los movimientos sociales, sino en el Estado. Este ha insistido en presentar a los extractivismos como una segura forma de crecimiento económico y reducción de la pobreza, como actividades de escasos impactos y seguros beneficios, despreciando a quienes alzan sus voces de alerta. El Estado ha sembrado extractivismos, y lo ha hecho intensamente y durante años, apelando repetidamente a la violencia. Por ello ahora está cosechando violencias, tanto las suyas propias, debido a sus limitaciones en cuestiones que van desde la cobertura a los derechos humanos al censurable desempeño de sus fuerzas de seguridad, como las de otros, sea por oponerse a los extractivismos como por querer todavía más.

Todo esto deja en claro que los actuales extractivismos no pueden ser separables de esas dinámicas de la violencia. No existe algo así como un extractivismo neutro o inofensivo. Son emprendimientos que están inmersos a veces es una violencia disimulada o muy focalizada, como por ejemplo hostigar a las ONGs, pero que en otros momentos deben ser impuestos con toda la fuerza que les otorgan los despliegues policiales o militares. De una u otra forma la violencia siempre está allí, y termina afectando sobre todo a los más débiles, las comunidades locales, y entre ellos en especial a grupos campesinos o indígenas. De nada sirve ocultar estos vínculos, y por el contrario, reconocer esta estrecha relación es una condición indispensable para pensar cualquier alternativa. Desmontar esa espiral de la violencia sólo es posible si se inicia un serio proceso de transición de salida a la dependencia extractivista.

23/07/2015

- Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); se lo puede seguir en twitter en: @Egudynas.

Fuente: ALAI

Fuente: Biodiversidad en América