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miércoles, 20 de febrero de 2019

Minería y desastres van de la mano.

Brumadinho, Minas Gerais (Imagen de Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)


Por Darío Aranda

19 de febrero, 2019.- El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale (Brasil) y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia).

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de “accidentes”, muertos y gravísimos hechos de contaminación.

Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 “fallas-accidentes”, 27 de ellos “muy graves” (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe de 70 páginas publicado en 2017, se titula “Dique de colas: la seguridad es no accidente”.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 “fallas” de diques mineros. 43 fueron “muy graves”, con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones.

“Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina”, aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil):

“Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas”.


Brumadinho. Foto de Lucas Hallel/Ascom Funai

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad).

El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como “minería sustentable”.
Un patrón que favorece los desastres

El informe de Pnuma-ONU señala que desde la década de 1970 (récord en roturas de diques de colas) el número de casos ha ido en disminución, pero aumentó la gravedad de los mismos, con derrames de cada vez mayor volumen y con más muertos.

También existe un patrón que facilita los desastre mineros: leyes muy beneficiosas para las compañías, escasas inspecciones, altas ganancias de las empresas, complicidad de gobiernos, incremento de la extracción-producción y multas pequeñas por incumplir las normativas.

Algunos países con desastres precisados en el informe fueron en Filipinas (Philex Mining Corp), Sudáfrica (Merriespruit), Estados Unidos (mina Payne Creek), Guyana (mina Omai), España (Minera de Aznalcóllar, de la empresa sueca Boliden), Rumania (empresas Aurul SA-Esmeralda Exploration), Suecia (mina Aitik), China (mina de estaño de Nandan), Rusia (Karamken), Hungría (empresa Ajka Alumina).

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* Darío Aranda (Argentino, 1977) es periodista. Especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales), escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales: www.darioaranda.com.ar
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jueves, 16 de marzo de 2017

“Nos quieren exterminar. No quieren que haya más indígenas en Argentina”

Imagen: Jorge Larrosa / Página 12

Representantes de siete comunidades originarias del norte salteño están desde hace quince días en el centro porteño. Denuncian que sus reclamos sobre tierras, salud, vivienda y educación no fueron atendidos por ningún funcionario.

Por Darío Aranda

Página 12, 15 de marzo, 2017.- “Nos quieren exterminar. No quieren que haya más indígenas en Argentina”, denunció Gabriel Espinoza, uno de los voceros de los siete pueblos indígenas de Salta que acampan desde hace quince días en el centro porteño. Entre los reclamos sobresalen territorio, salud, vivienda y educación. Fueron recibidos por funcionarios del Gobierno pero no obtuvieron respuestas favorables, por lo que la medida se mantiene por tiempo indeterminado. En Embarcación (norte salteño), la comunidad guaraní Happo P’au hace 35 días que sostiene un acampe por un conflicto con un empresario de agronegocios.

“Por nuestro legítimo derecho a la tierra”, es una de las consignas de las comunidades de los siete pueblos acampantes, guaraní, chané, wichí, qom, tapiete, chulupí y chorote. Presentaron un petitorio con 16 puntos: entrega de títulos de tierras y prórroga de la Ley Nacional 26160, entrega de DNI, viviendas, letrinas para personas con movilidad reducida, agentes sanitarios indígenas, educación intercultural bilingüe, agua potable y enseñanza de los idiomas indígenas, entre otros.

Están ubicados en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio. Una larga bandera recuerda los siete pueblos involucrados y los nombres de las comunidades (muchas del departamento de San Martín, uno de los más afectados por las topadores y desmonte del agronegocio). Un prolijo cartel recuerda que este año vence la Ley 261610, sancionada en 2006 y que ordenaba relevar (en tres años) todos los territorios indígenas. Pasaron once años y es mínimo el porcentaje de comunidades con relevamiento terminado (13 por ciento).

Desde hace años reclaman al gobierno provincial (primero a Juan Carlos Romero –entre 1995 y 2007–, luego a Juan Manuel Urtubey, gobernador desde hace diez años). Nunca tuvieron respuestas positivas. Decidieron llegar hasta Buenos Aires el lunes 20 de febrero. Casi no recibieron visitas de sectores políticos, de organizaciones sociales ni de medios de comunicación.

Sí los visitaron desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Les prometieron estudiar sus reclamos y ayudas futuras. Lo único firme: les ofrecieron los pasajes de regreso a Salta. El lunes 6 de marzo, con ya quince días de acampe, fueron recibidos en el Ministerio de Desarrollo Social (dirigido por Carolina Stanley), pero tampoco tuvieron respuesta concretas. Esa misma tarde dieron una conferencia de prensa, rodeados de un puñado de militantes indígenas y medios de comunicación alternativos.

Reynaldo Durán, cacique qom de la comunidad Zanja Honda, recordó la situación “crítica” que viven en Salta y aseguró que la misma situación están padeciendo en el centro porteño, donde tampoco tienen agua y escasean los alimentos. Explicó que dejaron sus pedidos por escrito en la Casa Rosada, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Congreso Nacional. “No nos dan respuesta, no nos sentimos acompañados por la gente que nos representa (funcionarios y políticos). Sólo queremos soluciones para volver a nuestras comunidades”, explicó el cacique.

Gabriel Espinoza, de la comunidad qomlaje de Tartagal, relató que tocaron “puertas en todos lados”, pero nadie les dio respuestas. Destacó que la prórroga de la Ley 26160 sería una ayuda (vence este año), pero que las comunidades salteñas quieren los títulos de propiedad, que es lo único que les dará seguridad sobre el territorio. “Hay comunidades que fueron relevadas pero ni los jueces ni los políticos respetan eso”, cuestionó. Y explicó que los organismos estatales se excusan de brindarles asistencia (agua, planes de vivienda, electricidad) porque no tienen títulos. La paradoja: es obligación del Estado dar esos títulos.

Espinoza reveló la estrategia del poder: “Mientras nos entretienen con el relevamiento, nos niegan los títulos. Y mientras nos van sacando tierra de a pedazos para dejarnos sin nada. Quieren exterminarnos, que no existamos más”.

Contó del robo de tierras, el avance de las topadoras para desmontar y abrir paso a los agronegocios, el robo de animales, los alambrados que imponen los empresarios y dificultan la vida de las comunidades. “Nos tratan como animales en nuestro propio territorio”, denunció y precisó que hasta quieren arrebatarles la parcela de tierra donde está el cementerio de la comunidad. Allí dieron sepultura al abuelo y a la madre de Espinoza. “Nunca molestamos, pero todo los derechos se nos niegan”, resumió. Y alertó que la defensa de la tierra será hasta las últimas consecuencias y que el acampe se mantiene hasta que el gobierno nacional dé respuestas.

En Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, una bandera blanca con letras negras resume: “Basta de desalojos. La tierra es nuestra, faltan los títulos. ¡Es simple!”.

En la localidad de Embarcación (Salta), la comunidad guaraní Happo P’au mantiene un acampe a la vera de la ruta nacional 34 desde hace 35 días. Denuncian al empresario Humberto Bourlon De Rouvre, que en octubre pasado instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra.

La comunidad guaraní en Embarcación reclama lo mismo que las comunidades que acampan en Buenos Aires: que se cumplan las leyes que protegen los derechos indígenas (comenzando por el acceso a la tierra y los títulos de propiedad): Ley 26160, Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), artículo 75 de la Constitución Nacional y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
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Fuente: Servindi

miércoles, 17 de julio de 2013

Argentina: “YPF ha escogido al socio más sucio”. Entrevista sobre Chevron en Ecuador.


“Chevron considera que los pueblos indígenas latinoamericanos valen menos que un ciudadano norteamericano” afirma Pablo Fajardo, abogado de los afectados en Ecuador por la petrolera Chevron, en un entrevista de Darío Aranda sobre el criminal desempeño social, ambiental y jurídico de esta empresa que tiene previsto firmar el 16 de julio un acuerdo con la estatal YPF de Argentina para explotar hidrocarburos en territorio mapuche en la provincia de Neuquén.

Por Darío Aranda*

15 de julio, 2013.- La petrolera estadounidense Chevron, flamante socia de YPF para explotar yacimientos en Neuquén, fue condenada en Ecuador por contaminar 500 mil hectáreas. Derramó 103 millones de litros de crudo, arrojó 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y afectó a 30 mil personas. Luego de un juicio de veinte años, fue encontrada culpable de contaminación y obligada a pagar 19.000 millones de dólares, pero rechaza cumplir la condena. Sus activos fueron embargados en Argentina, pero el Gobierno pidió el levantamiento de esa medida y la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la petrolera.

Pablo Fajardo Mendoza es el abogado de las comunidades afectadas por Chevron. Tiene 40 años, vive desde los 14 en la zona contaminada y detalla el accionar de Chevron en Ecuador: contaminación, violencia, desprecio por las comunidades indígenas y campesinas y lobby contra el gobierno de Ecuador. El rol del gobierno argentino, YPF y un aviso al pueblo argentino: “Chevron es una de las empresas empresa más corrupta del mundo. Nos apena mucho que YPF haya negociado con un delincuente”.


Escenas de contaminación y resistencia. Fuente: Comunidad de Afectados.
Ecuador

- ¿Cómo explicar el paso de la petrolera Chevron por Ecuador?

La empresa Chevron, antes Texaco, obtuvo una concesión de parte del Estado en el año 1964. El Estado entregó 1,4 millones de hectáreas para que explore y explote el petróleo de la amazonia ecuatoriana. Un área muy grande. La empresa comenzó a explorar y encontró petróleo de buena calidad. Era una selva exuberante, bella, habitada por ocho pueblos indígenas que la habitaban. Hoy quedan seis pueblos. Dos pueblos indígenas se han extinguido por el accionar de Chevron.

- ¿Por qué se extinguieron? ¿Qué hizo Chevron?

Trabajó de una forma criminal sin ninguna técnica para evitar impacto ambiental. Y desconoció por completo los derechos de los pueblos indígenas. Entró a la selva, perforó, derramó el lodo contaminado de perforación y el petróleo de prueba fue arrojado directamente a ríos de la amazonia. Es más. Con el mismo petróleo construyó carreteras. En vez de pavimentarlas, realizarlas como corresponde, llenó los caminos con petróleo crudo, regando 1500 kilómetros de caminos con petroleo.

- ¿Cuál fue el impacto ambiental comprobado?

Chevron derramó petróleo durante 26 años. Perforó 356 pozos petroleros. En cada pozo realizó de tres a cinco piletas, se comprobó la existencia de 918 piletas abandonadas con desechos tóxicos. En ninguna pileta colocó geomembranas para evitar que haya filtraciones. Todas las piletas derramaban hacia el subsuelo y contaminaban el agua subterránea.

- ¿Qué rol tuvo el “agua de producción”?


Cuando se perforan pozos petroleros salen tres productos. Petróleo, gas y el agua de formación, súper tóxica, 30 veces más salada que agua de mar. Esa agua de formación debía reinyectarse al subsuelo para evitar contaminación, pero Chevron la arrojaba a los ríos de la amazonia. Más de 60.000 millones de litros de agua contaminada. Chevron admitió en el juicio que era verdad, no lo niega.

- ¿Por qué lo hizo?

La excusa dice que era la práctica común que se usaba en los 70 y 80. Y no es verdad. Hemos encontrado información y revelado cómo Chevron en Estados Unidos aplicaba otra técnica, no tiraba los desechos a los ríos de Estados Unidos, no hacía piletas sin geomembranas, no hacía carreteras con petróleo.

Incluso hemos descubierto que el Instituto Americano (de Estados Unidos) de Petróleo daba cuenta, en un libro de 1962, en un capítulo especial sobre instrucciones de cómo tratar el agua de formación, cómo evitar la contaminación del agua dulce, cómo proteger la vida y los ecosistemas. Libro del año 62, antes que Chevron llegara a Ecuador y comience a contaminar la amazonia. Y ese libro fue escrito por técnicos de Texaco. Ellos daban clases al mundo de cómo cuidar el medio ambiente, pero esas técnicas nunca las aplicaron el Ecuador. Sabían qué tenían que hacer, pero privilegiaron su rentabilidad por sobre la salud de la población.

- ¿Por qué?

Dos razones principales. Uno: ahorro económico. Por cada barril de agua de formación que no reinyectaban al subsuelo se estaban ahorrando tres dólares. Si sumás 10.000 millones de barriles, es un ahorro gigantesco de plata.

- ¿El segundo motivo?

El racismo. Chevron, hasta la actualidad, considera que los pueblos indígenas de Ecuador y que el conjunto de los latinoamericanos valen menos que un ciudadano norteamericano. Ejemplo, en el juicio han dicho que la amazonia es una área de la industria petrolera y que en la amazonas no debe habitar un ser humano. Significa que insiste en desconocer que antes de la llegada de Chevron habitaban pueblos indígenas. Tuvieron y tienen racismo y desprecio para con los pueblos indígenas.

- ¿A qué cifra asciende los afectados por Chevron?

Fueron afectados de manera directa ocho pueblos indígenas. Dos pueblos indígenas se extinguieron por el accionar de Chevron. En la zona también vivían y viven colonos. Actualmente habita esa región unas 200 mil personas. Afectados directos, 100 mil personas. Y en la zona más crítica son 30.000 personas, pueblos indígenas y campesinos.

- ¿Podría detallar la afectación a la salud?

Se han hecho varios estudios médicos. Se han confirmado índices de abortos espontáneos tres veces más altos que los del resto de Ecuador. El triple y cuádruple de casos de cáncer y leucemias. Por los menos 2000 personas con cáncer han muerto en los últimos quince años. Está claro que en todo el mundo hay cáncer, pero en la zona que operó Chevron se multiplican los casos y supera por mucho cualquier índice nacional. La situación fue y es terrible, no me lo contaron, vivo aquí desde los 14 años.

- ¿El Estado reconoce ese aumento de casos?

Tanto lo reconoce que han construido en Lago Agrio, la zona más afectada, un hospital especial para pacientes con cáncer. Y claro que reconocen que es una situación grave y que tiene gran relación con todos los cursos de agua, superficiales y subterráneos, contaminados. También se registran muchísimos problemas de piel y respiratorios.

- ¿Qué responde Chevron a esas enfermedades?

Chevron dijo en su defensa que si hay problemas de salud no es por los tóxicos sino que obedece al desaseo de los indígenas, a que no se lavan las manos. Eso lo dijo en el juicio y claro que es una ofensa para la población.

- ¿Qué tipo de desarrollo provocó en la región?

En Ecuador hay 24 provincias dividas en 222 cantones. Los cuatro cantones donde operó Chevron están hoy entre las diez ciudades más pobres de Ecuador. Nadie puede explicar cómo la región de donde se extrajo tanta riqueza tiene las peores estadísticas de pobreza. Es toda una zona muy pobre y la contaminación ambiental agudiza la pobreza. En nuestra región la contaminación de Chevron-Texaco afectó los recursos de miles de campesinos, por ejemplo miles de animales han muerto. Los pueblos indígenas vivían de lo que la selva les daba, alimentación, pesca y recolección de frutas. Con los ríos cubiertos de petróleo, no hubo más peces y se acabó así el principal alimento de los indígenas. Los animales murieron por tomar agua contaminada. Se afectó la economía de subsistencia. El indígena, para sobrevivir, tuvo que migrar a trabajar para la petrolera.

- ¿Cómo se han organizado?

El sostén de esta lucha y del juicio es la gente organizada por la necesidad de justicia y de vivir con dignidad. La gente fue humillada durante 26 años por esta empresa. El Estado no tuvo la capacidad de defender a la población, sobre todo porque el Estado era muy afín a la empresa. Y la gente comenzó a luchar en busca de justicia.

- ¿Qué forma organizativa se dieron?

La Unión de Afectados por Chevron-Texaco. En cada comunidad, unas 80, hay asambleas y se eligen delegados, que formar parte a su vez de otras asambleas y de comités ejecutivos. Estamos próximos a cumplir veinte años de historia, el 3 de noviembre.

- ¿Hubo presión de Chevron contra los afectados?

Chevron es una empresa poderosa e hiper arrogante. Nunca pensó que los pueblos indígenas de un país pequeño como Ecuador iban a ser capaces de llegar hasta acá y obligarlos a pagar una condena por el crimen que cometió. Demostramos que cuando indígenas y campesinos nos unimos, somos capaces de hacer cosas que otros creen imposible.

- ¿Cuál fue la acción de la empresa en estos veinte años de juicio?

Un gigantesco lobby con políticos y medios de prensa para confundir a la opinión pública. Contrataron cientos de expertos, más de 200 abogados, 1300 millones de dólares para evitar cumplir con la Justicia. Y además implementaron una persecución tenaz y espionaje sobre los dirigentes que luchan. Nos vimos obligados a solicitar una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por protección porque nuestra vida estuvo en peligro.

- ¿Hechos concretos?

Muchos. Desde amenazas, robos a personas y oficinas. Contrató a una empresa de espionaje, Kroll, para que persiga y amedrente a los dirigentes. Mi hermano, Wilson Fajardo Mendoza, fue asesinado en 2004, torturado y baleado, una muerte salvaje. No tengo pruebas para confirmar que fue Chevron, pero tampoco diré que no fue, muchos estamos convencidos que creyeron que era yo y por eso lo mataron.
Vía judicial

- ¿Cómo fue la vía judicial?

Nuestro juicio lo comenzamos el 3 de noviembre de 1993 en la Corte Federal de Nueva York. En agosto de 2002 Chevron argumentó en la Corte que esos tribunales no tenían jurisdicción. Y dijo que debía ser tramitado en las cortes judiciales de Ecuador. Para eso Chevron presentó catorce afirmaciones de juristas ecuatorianos que hablaban maravillas del sistema judicial, lo presentaba como la mejor Justicia del mundo, proba y que garantizaba la transparencia. A todos esto, en 1999 Chevron suscribió en Estados Unidos un compromiso por escrito a someterse y respetar la Justicia de Ecuador. Los jueces de Nueva York ordenaron entonces que se someta a los jueces de Ecuador.

- ¿La empresa quería a los jueces de Ecuador porque creía que podía influir sobre ellos?

Así fue. En la década del 90 Chevron tuvo el control de los distintos gobiernos de Ecuador. Desde que comenzamos el juicio han pasado nueve presidentes. Los ocho gobiernos anteriores compartían la mesa con Chevron. Por eso Chevron pidió llevar el juicio donde los gobiernos le eran afines. Pero con Correa cambió esa relación, nunca se sentó a la mesa de la multinacional y simplemente dejó que la Justicia haga su trabajo.

- ¿Cuál fue la reacción de Chevron ante la Justicia de Ecuador?

Cuando comenzó el juicio en Ecuador, la misma Chevron dijo que esos tribunales no eran competentes. Increíble, pero real, ya que la misma empresa había exigido dejar los tribunales de Estados Unidos y litigar en Ecuador. El juicio siguió. Se recopilaron 215 mil fojas, 80 mil resultados químicos, la mayoría pagos por Chevron. 106 informes de peritos, expertos, de los cuales 60 fueron pagos por Chevron. La ley en Ecuador dice dice que cuando una parte pide un peritaje debe pagarlo. Todo eso es la prueba tremendamente fuerte en la que se fundamenta la sentencia. Hay prueba científicas y hechos reales.

- ¿Cómo reaccionó Chevron con la sentencia?

Chevron perdió el juicio. Y comenzó a atacar al Poder Judicial. Su argumento fue y es que se trata de una Justicia corrupta. Y no reconoce la sentencia.

- ¿Cómo se calculó el dinero y para qué se lo utilizará?

El juez calculó el costo de reparación de daños. Hay que dejar claro que no es una indemnización para particulares, no queremos plata para personas, sino para reparar, limpiar la tierra, el agua, el lugar. El fallo determinó cifras puntales, en base a estudios, para limpieza de suelos, ríos, salud, reparación social y cultural para pueblos indígenas. Y ordenó la creación de un fideicomiso para que se cumpla con cada monto a pagar en la reparación.

- La Justicia de primera y segunda instancia condenó a Chevron.

Ganamos en las dos instancias. El 14 de febrero de 2011 se declaró a Chevron culpable por el delito de contaminación ambiental. Y se la condenó a pagar 8500 millones de dolares. Y obligada a pedir disculpas al pueblo de la amazonia. Si no pedía disculpas, el monto se duplicaba. Y no pidió disculpas. Debe pagar 19.000 millones de dólares.

- Pero Chevron apeló.

Sí. Y la Cámara, ya segunda instancia, falló el 3 de enero de 2012 y ratificó la condena. En ese momento la sentencia se vuelve ejecutable. Chevron presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Ecuador, que no tiene plazos pero esperamos defina este año.

- Chevron dijo en algún momento que no contaminó, que fue Texaco, otra empresa. Y otro argumento es apuntar a la responsabilidad del Estado.

Es un discurso muy barato. Chevron cada año en Estados Unidos hace su declaración de activos y pasivos. Chevron es Texaco. Lo reconoce ante la propia Justicia de Estados Unidos y Ecuador. Sobre la responsabilidad del Estado, en 1993 comenzamos el juicio. Lo hicimos por el daño ambiental que Texaco realizó, como única operadora durante 26 años. Es la responsable. Si mañana Shell causa daño en Argentina, quien deberá responder por ese daño será Shell, no el Estado argentino.

- ¿Cuál es la relación de Chevron con el gobierno de Ecuador?

Como Chevron no pudo influir sobre el Presidente (Rafael Correa), comenzó una campaña de desprestigio. Ha gastado más de 70 millones de dólares en lobby para castigar al Gobierno y al país, lobby con senadores de Estados Unidos para que no haya acuerdos comerciales con Ecuador.

- ¿Por qué ustedes pidieron que se ejecute el embargo de 19.000 millones de dólares en otros países?

Chevron retiró sus activos de Ecuador. Y con la sentencia ya ejecutable, hicimos uso de un convenio interamericano sobre reconocimientos de sentencias y medidas cautelares de trabar embargos. Basados en ese convenio, iniciamos el reconocimiento de sentencias en Canadá, Brasil, Colombia y Argentina.

- En primera y segunda instancia la Justicia argentina hizo lugar al embargo, pero en junio pasado la Corte Suprema, a pedido de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, falló a favor de la empresa. ¿Qué evaluación hacen del fallo de la Corte Suprema de Argentina?

El fallo de la Corte Suprema de Argentina genera un mal precedente en América Latina. Evidentemente la Corte Suprema no estudió adecuadamente el fallo de Ecuador y por lo tanto cometió un grave error. Con esa decisión judicial se está generando que en el futuro todas las empresas que operan en la República Argentina tengan impunidad por cualquier delito que cometan. Todas las empresas operan con subsidiarias, y la Corte Suprema está liberando a las subsidiarias. Espero que luego de pocos años el pueblo de Neuquén no tenga que lamentar este error judicial, al no poder demandar a Chevron.
En Argentina

- ¿Qué opina de la alianza Chevron-YPF?

Creo que Chevron buscó desde el minuto uno chantajear al gobierno argentino con la promesa de inversión. Chevron no es una empresa seria, no quiere respetar las leyes de cada país. Los países tienen soberanía y libertad para negociar con quien crean conveniente. Pero en este caso, YPF ha escogido al socio más sucio para sus operaciones. Chevron es una de las empresas empresa más opaca y corrupta del mundo. Nos apena mucho al ver que YPF la empresa estatal argentina haya negociado con un delincuente.

- ¿Usted tuvo contacto con Miguel Galuccio (presidente de YPF)?

Le mandé una carta a Miguel Galuccio (presidente de YPF) con el claro compromiso de que no afectaríamos ninguna nueva inversión de Chevron en Argentina.

- Pero Galuccio defendió a Chevron y los acusó a ustedes de querer dañar a la Argentina.

Sí. Su respuesta fue producto de la desinformación. Chevron ha llegado muy fácilmente a él. Le hemos pedido que nos reciba, queremos explicarles el caso y que le quede claro que no existe ningún riesgo para las nuevas inversiones de Chevron en Argentina. Pero sí exigimos, sujeto a la ley, el embargo de los activos que ya existen de Chevron en Argentina y en otros países.

- ¿Le llama la atención que los grandes medios de comunicación de Argentina no cuenten lo que sucedió en Ecuador con Chevron?

Creo que la prensa del mundo y de manera especial de América sigue en deuda con la amazonia y con la vida. Lamentablemente Chevron tiene dinero de sobra y con su dinero es capaz de sobornar a cientos de periodistas en el mundo. Ojala que eso no haya ocurrido en Argentina.

- En estos días se presenta en Argentina el acuerdo YPF-Chevron. Y en general se publica como una noticia positiva. ¿Qué le diría al pueblo de Argentina?

Que estén atentos a las operaciones de Chevron. Que la ciudadanía exija al Gobierno transparencia en el contrato que se estará firmando. Cuando Chevron operó en Ecuador fue capaz de sobornar y corromper a cientos de funcionarios del Gobierno, recién hoy podemos conocer una parte de esos documentos. Ojalá que luego la población no se lamente de haberle abierto las puertas al socio más sucio de la industria petrolera.

- ¿Creen que YPF y el Gobierno de Argentina no saben del pasado de Chevron?

(Hace un silencio de unos segundos) No se puede negociar con una empresa que no respeta la ley (otro silencio). Argentina es un país muy fuerte, ojalá pueda hacer que Chevron no haga lo que hizo en Ecuador.

- Chevron se instalará en Neuquén, en parte en territorio del Pueblo Mapuche. ¿Puede repetir la historia de Ecuador?

Temo que eso ocurra. Da pena que en pleno Siglo XXI se sacrifiquen vidas por petróleo. Queremos que el pueblo argentino pueda informarse, saber que la misma empresa que hoy está ingresando a su país, a su casa, acá cometió crímenes, humilló a la población, la maltrató constantemente, contaminó y causo muerte. Provocó mucho dolor. Y no queremos que eso se repita nunca más. Siguen los Noventa (por Eduardo Soler)

Hoy mismo se conoció una nueva medida gubernamental de apoyo a Chevron, a través de la publicación en el Boletín Oficial del “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”. Aunque se presenta en forma genérica, su publicación horas antes de la presentación oficial del acuerdo con la corporación estadounidense es llamativa. Entre los acuerdos fiscales, se garantiza lo ya planteado por la Ley de estatización parcial de YPF. Por un lado, que se podrán comercializar la producción en el mercado exterior, hasta el 20 por cierto de lo producido desde el quinto año de ejecución. Al mismo tiempo, tendrá libre disponibilidad del total de las divisas, es decir, que podrán girarlas a su casa matriz. Así se garantiza la visión neoliberal y extractivista del petróleo como commodity.

*Darío Aranda, es periodista y colaborador permanente de “Pagina 12” “Rebelion” “Red Voltaire” entre otros medios. Autor del libro “Argentina Originaria” Desde hace diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de Argentina documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la soja, forestación y otras. —- Fuente: Com.ambiental, periodismo ambiental + observatorio de medios:http://www.comambiental.com.ar/2013/07/ypf-ha-escogido-al-socio-mas-sucio.html
Otras noticias:

Fuente: Servindi

jueves, 16 de agosto de 2012

Argentina: Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios”.


Por Darío Aranda
El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha. 
Se autodefine como “militante por los derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz, con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes.
En 1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh (Puño de oso hormiguero – La Primavera).
“El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”, resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo”.
Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.
- Félix Díaz sufrió la última semana un “accidente” en Formosa. Lo rozó una camioneta cuando iba en moto y terminó en el hospital. Díaz aseguró que no fue un accidente.
Hablé con Félix. Es terrible lo de Formosa, un gobierno feudal que atenta contra todo aquel que exija sus derechos. En muchas provincias, sucede lo mismo en Salta y Neuquén, los gobiernos hacen lo que quieren, no reconocen los derechos de los pueblos originarios y esto tiene relación directa con las políticas del gobierno nacional.
- ¿Qué políticas del gobierno nacional?
La política de no reconocimiento de los pueblos originarios. Un ejemplo claro es el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos, ya sea de las provincias o Nacional, pero no para el desarrollo de los pueblos originarios.
- Usted vivió de cerca la conformación de la mesa de diálogo por la comunidad La Primavera, a fines de 2010.
Fue lamentable la política del Gobierno para con el Pueblo Qom de Formosa. No reconoció a Félix Díaz como líder qom a pesar de que la comunidad lo eligió por amplia mayoría. Permitió el avance de Parques Nacionales sobre la comunidad y encima terminó suspendiendo la mesa de diálogo.
- ¿Por qué un gobierno que ha demostrado sensibilidad con los derechos humanos y que ha tomado esa bandera toma la decisión de no respetar los derechos de los pueblos indígenas?
El gobierno nacional no tiene sensibilidad, tienen interés político en los derechos humanos que abarcan el periodo 1976-1983. Ni siquiera aborda lo actuado por la Tripe A. El Gobierno no quieren entender de derechos humanos de antes del 76 ni posterior al 83. La política de derechos humanos está restringida a la última dictadura militar.
- ¿Cómo debieran entenderse los derechos humanos?
Nosotros entendemos los derechos humanos desde su integralidad, lo que claramente debe incluir los derechos de los pueblos originarios, los derechos de quienes luchan contra la minería. Por eso no entiendo un proyecto que se dice “nacional y popular” y no aborde esas situaciones. En cuanto a derechos humanos, hay más discursos que políticas.
- En el marco del juicio por fumigaciones del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) usted dijo que el modelo agropecuario viola derechos humanos fundamentales. Algo similar dijo Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)…
Es que no se puede entender de otra manera. Es no respetar a poblaciones enteras, no respetar culturas, devastar el ambiente, cambiar la forma de vida de las comunidades y provocar enfermedades son claras violaciones a los derechos humanos. No comprendo que se pueda entender de otra manera. Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo.
- ¿Por qué otros organismos de derechos humanos no denuncian el extractivismo?
Hay dos cuestiones. Muchos organismos provienen del drama de la última dictadura. Justicia por esos hechos es su objetivo último, y está bien, no lo digo como crítica. Y también hay otros organismos de derechos humanos que no denuncian la violencia actual porque son aliados del Gobierno y reciben fondos del Gobierno. Son opciones. Nosotros estamos convencidos de que las políticas de derechos humanos son integrales. Sin hay niños muriendo de hambre, no hay respeto a los derechos humanos. Y en Argentina mueren chicos de hambre. Hace dos semanas estuve con médicos de Córdoba que relataban con tristeza la cantidad de chicos desnutridos que hay.
- Más allá de los gobiernos, la misma opinión pública o la misma sociedad pareciera que hay una negación respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo, cuando asesinaron a Mariano Ferreyra hubo 50 mil personas en Plaza de Mayo. Cuando mataron al qom Roberto López no había más de 600 personas frente a la Casa de Formosa.
En Argentina hay una negación histórica y cultural hacia los pueblos originarios, no se los reconoce, hay una enorme discriminación hacia los pueblos originarios. La Argentina no mira sus raíces, sigue el discurso de que “somos un país de inmigrantes”, cuando en realidad esa es sólo una parte de la historia. Es tanta la discriminación que hasta las universidades públicas nacionales, de Formosa y La Plata, le sacan tierras a comunidades originarias.
- El respeto a los derechos de indígenas y campesinos es uno de los puntos más débiles del Gobierno. ¿Qué expectativa tiene para los próximos años?
Son asignaturas pendientes. Y lamento decir que no tengo expectativa de que este Gobierno cumpla con las comunidades originarias y con los campesinas.
- ¿Por qué?
Porque no hay políticas que vayan más allá del periodo 76-83.
- ¿Y con el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda)? Es hijo de desaparecidos, proviene de la militancia y conoce de cerca las consecuencias del modelo de agronegocios en Córdoba.
Lo conozco, me vino a ver. Hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. No tengo expectativa que haga cumplir los derechos humanos en su integralidad. No lo veo. Si en el futuro lo veo en hechos concretos, lo diré de inmediato. Pero este Gobierno ni siquiera tiene diálogo con los pueblos originarios. El INAI juega contra las comunidades, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) ni juega. El gobierno nacional y los provinciales, como el de Formosa, juegan al desgaste duro.
- ¿Desgaste duro?
Reuniones que no resuelven nada, sin avances. Un día, junto a Félix (Díaz) estuvimos desde las 17 hasta las 2 de la mañana en la mesa de diálogo con el Gobierno. Y (Florencio) Randazzo (ministro del Interior) nos decía “somos un país federal, no podemos meternos en la provincia”. ¡Por favor! ¡Somos grandes como para que nos digan eso! El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales. La verdad es que no hay avances porque en el Gobierno no hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios. Es duro, pero no me lo contaron, lo viví.
- ¿El “desgaste duro” incluye represión?
El avance de la soja y de la minería incluye amenazas, persecuciones y claro que incluye represión. Sólo hay que mirar Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Y es claro que los gobiernos provinciales que reprimen son aliados del gobierno nacional. Exigimos que se deje de perseguir y de reprimir a quienes luchan, pero no somos optimistas en ese sentido. Ver a La Cámpora haciendo campaña contra Félix (Díaz), y apoyando al que apadrina Gildo Insfrán, no es como para esperar un cambio positivo.
- La Cámpora, con el actual diputado Andrés Larroque al frente, fue quien desalojó a los Qom de Avenida de Mayo y 9 de Julio en mayo de 2011.
Recuerdo ese desalojo. La Cámpora como fuerza de choque contra los pueblos originarios.
- Por sus críticas lo van a acusar de “hacerle el juego a la derecha”.
No me pueden correr con eso. El juego a la derecha lo hacen quienes miran para otro lado. Nosotros denunciamos injusticias porque queremos un país mejor, para todos y con verdadero respeto por los derechos humanos, de todos. Y siempre, desde hace décadas, estamos del lado de los que sufren. En este caso estamos junto al Pueblo Qom. ¿De qué lado está La Cámpora? ¿De qué lado está el Gobierno?
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Fuente: Servindi