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miércoles, 20 de febrero de 2019

Minería y desastres van de la mano.

Brumadinho, Minas Gerais (Imagen de Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)


Por Darío Aranda

19 de febrero, 2019.- El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale (Brasil) y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia).

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de “accidentes”, muertos y gravísimos hechos de contaminación.

Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 “fallas-accidentes”, 27 de ellos “muy graves” (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe de 70 páginas publicado en 2017, se titula “Dique de colas: la seguridad es no accidente”.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 “fallas” de diques mineros. 43 fueron “muy graves”, con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones.

“Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina”, aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil):

“Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas”.


Brumadinho. Foto de Lucas Hallel/Ascom Funai

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad).

El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como “minería sustentable”.
Un patrón que favorece los desastres

El informe de Pnuma-ONU señala que desde la década de 1970 (récord en roturas de diques de colas) el número de casos ha ido en disminución, pero aumentó la gravedad de los mismos, con derrames de cada vez mayor volumen y con más muertos.

También existe un patrón que facilita los desastre mineros: leyes muy beneficiosas para las compañías, escasas inspecciones, altas ganancias de las empresas, complicidad de gobiernos, incremento de la extracción-producción y multas pequeñas por incumplir las normativas.

Algunos países con desastres precisados en el informe fueron en Filipinas (Philex Mining Corp), Sudáfrica (Merriespruit), Estados Unidos (mina Payne Creek), Guyana (mina Omai), España (Minera de Aznalcóllar, de la empresa sueca Boliden), Rumania (empresas Aurul SA-Esmeralda Exploration), Suecia (mina Aitik), China (mina de estaño de Nandan), Rusia (Karamken), Hungría (empresa Ajka Alumina).

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* Darío Aranda (Argentino, 1977) es periodista. Especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales), escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales: www.darioaranda.com.ar
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sábado, 29 de septiembre de 2018

Aprueban mayor planta desalinizadora de América Latina.

Imagen: Emol.com

El proyecto se ubicará en la región de Atacama y busca suplir la demanda de agua de una zona desértica y, además, de un sector con fuerte actividad minera.

El miércoles 26 la Comisión de Evaluación Ambiental de Chile dio el visto bueno a la instalación de la planta desalinizadora más grande de América Latina, que se ubicará en la región de Atacama. El proyecto Enapac (Energías y Aguas del Pacífico), de la compañía Trends Industrial, cuenta con una inversión inicial de unos US$500 millones.

“De esta manera, Enapac será uno de los proyectos más avanzados en el mundo con una combinación de desalación por ósmosis inversa con energía fotovoltaica”, dijo Trends Industrial en un comunicado, haciendo alusión a la capacidad de 2.630 litros por segundo de la planta.

El objetivo, señalan desde empresa, pretende abordar la escasez del recurso en zonas desérticas como la de Atacama, además de suplir la necesidad de la industria minera.

“El proyecto generará oportunidades de empleo en la región y para los proveedores, y nuestra visión es que muchos usuarios puedan acceder a una fuente de agua sustentable de manera que se vayan dejando de utilizar las aguas continentales y las cuencas de la región, la que sufre un severo estrés hídrico”, destacó Rodrigo Silva, CEO de Trends Industrial.

El proyecto, además, está nominado para el premio más importante de Diseño y Sustentabilidad del mundo, el Design to Improve Life INDEX: AWARD 2019, también conocido como el “Premio Nobel de Diseño”, patrocinado por la corona danesa; y también está nominado a los Premios ALADYR 2018 de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, en la categoría “Mejor Proyecto de Desalación”.
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Fuente: Servindi

jueves, 18 de enero de 2018

Comunidades indígenas: víctimas de la minería en Venezuela.


por Bram Ebus - Infoamazonía

Mientras los estados de Amazonas y el oeste del estado Bolívar están en manos de disidencias de la guerrilla colombiana, las comunidades indígenas se ven desplazados o volcados a la minería de coltán.

La ONG Organización De Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru ha denunciado que niñas indígenas han sido sometidas a ejercer la prostitución alrededor de las minas. Aunque la mitad de la amazonía venezolana cuenta con protección ambiental, muchas zonas ya están invadidas por la minería ilegal y por hombres armados.


*Lea las 6 entregas del reportaje en Infoamazonía

Durante tres meses, el periodista Bram Ebus recorrió esta zona, ubicada en su mayoría en el estado de Bolívar, Venezuela. Un escenario donde confluyen varios males del vecino país: los grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas y mineros infectados de malaria:

Los que llevan la peor parte de la bonanza minera en Venezuela son las comunidades nativas de los estados Amazonas y Bolívar a quienes se les ha usurpado la posibilidad de hacer minería, tanto legal como ilegalmente. Grupos guerrilleros colombianos – referidos por los locales como patagomas – están expandiendo sus operaciones mineras en el occidente de Venezuela y empresas explotadoras recientemente creadas anunciaron sus primeros proyectos en territorios indígenas.

En Puerto Ayacucho, Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas de 2001 a 2017 y un indígena Baniva, se sienta a su escritorio. A sus espaldas cuelga un cuadro al óleo del libertador Simón Bolívar. “La forma indígena de vivir se ha visto afectada por la presencia de mineros y grupos ilegales y armados. Y se han insertado en las economías mineras”, explica.

La gravedad de la situación es persistente en el estado de Amazonas, en donde hay casos de indígenas esclavos, con números tatuados en sus espaldas u hombros. “Cuando recibimos la denuncia de que habían matado a unos [indígenas] Yanomami, fui a la zona del Alto Orinoco, que es un municipio muy extenso”, dice el mayor general retirado del Ejército Bolivariano, Cliver Alcalá Cordones. En 2012, el Ejército comenzó una operación de tres semanas después de recibir la queja de que indígenas Yanomami fueron asesinados alrededor de proyectos de minería ilegal. “Yo vi a algunos yanomamis marcados”, recuerda.

Alcalá explica que varios indígenas fueron marcados por mineros invasores brasileños, llamados garimpeiros, que esclavizaron a los nativos en las minas. “Así, ellos pueden decir ‘este indígena es mío’”. No solo han sido esclavizados los indígenas, las jóvenes también han sido forzadas a ejercer la prostitución dentro y alrededor de las minas. “Las chicas ‘bonitas’ no pueden marcharse, las dejan allí”, explica Henelda Rodríguez, de la ONG Organización De Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru. “Las chicas que quieren escapar simplemente desaparecen”.

Amazonas no es oficialmente parte del Arco Minero, pero Guarulla teme que será cuestión de tiempo antes de que los proyectos infractores se expandan a lo largo de la frontera estatal. Más de la mitad de las tierras del Amazonas cuentan con protección ambiental, sin embargo, muchas ya están invadidas por la minería ilegal y por hombres armados.

Alrededor de 25 por ciento de las tierras venezolanas pertenecen a pueblos indígenas. Según el gobierno venezolano, 198 comunidades indígenas habitan dentro del Arco Minero, pero la mayoría de los territorios ancestrales no cuentan con límites legales ni protección. A pesar de que el derecho constitucional de reconocer legalmente las tierras indígenas existe desde 1999 (unos años después de seguir el ejemplo colombiano plasmado en la Constitución de 1991), apenas 12,4 por ciento de sus territorios han sido demarcados.

Comunidades indígenas que se encuentran en la vía de proyectos de prospección minera (un sector etiquetado como uno de los motores de economía nacional) se han convertido en un obstáculo para la industria minera, o peor, en mano de obra barata.

Guarulla argumenta que su estado ha sido invadido: “Prácticamente, es la guerrilla quien ejerce el control aquí. La guerrilla con la ayuda de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ellos reciben parte de las acciones”. Según el ex gobernador, la guerrilla soborna al ejército para fungir como autoridad que controla las operaciones mineras. “Así pueden funcionar en la zona”.

El estado Amazonas comparte una frontera extensa con Colombia al oeste y conecta con Bolívar al este. De acuerdo con Guarulla, hay entre 4000 y 4.500 guerrilleros colombianos en Amazonas. La mayoría de ellos son del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Organizaciones indígenas piensan que el número puede ser mucho más alto.

Mientras que los ex combatientes de las FARC entregan sus fusiles a las Naciones Unidas, y hacían su transición a la vida civil bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), un número indeterminado de disidentes se desplazaban por Colombia. El ELN, que a principios de los ochenta fue el grupo guerrillero más grande de Colombia (y que acaba de romper el cese al fuego, acordado en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano, en Quito) intensificó su presencia en Venezuela.

Aquí, las guerrillas colombianas han sido bienvenidas desde hace más de una década. Desde 2002, las FARC entraron oficialmente en Venezuela, que fungió como territorio seguro y nueva área estratégica – para movilizar a combatientes, armas y víctimas de secuestro – en los tiempos en que el ejército de Colombia aumentó sus esfuerzos para combatir la guerrilla en el territorio nacional, bajo el Plan Colombia.

Según Alcalá, el mayor general retirado del Ejército venezolano, grupos disidentes de las FARC que no querían participar en procesos de paz vinieron a Venezuela. Ellos están involucrados en economías ilícitas y lavado de dinero de la droga a través de actividades de minería ilegal en la que está implicada la población local. “La guerrilla fuerza a los indígenas a trabajar en sus minas”, explica Alcalá.

Tanto las FARC – cuando todavía eran un movimiento guerrillero – como el ELN financian operaciones con la comercialización de los minerales ilegalmente explotados, entre las ganancias de diferentes economías ilícitas. La guerrilla no podría haber escogido un mejor lugar como el subsuelo para esconder una variedad de los recursos más buscados del mundo como el oro, los diamantes y el coltán. Incluso, depósitos de uranio se han reportado y han llamado la atención del gobierno iraní, aunque un documento filtrado le quitó importancia a la viabilidad de su explotación.

Coltán al alcance de los dedos

Los depósitos de coltán están al alcance cuando se cruza la frontera venezolana desde Colombia. El mineral de coltán consta de dos minerales, colombita y tantalita, y se usa cada vez más en electrónica moderna.

Unos pocos países tienen depósito de coltán, pero de acuerdo con Roland Chavasse, director del Centro de Estudio Internacional del Tantalio-Niobio: “Se sabe que el Escudo Guayanés es muy, muy rico, posiblemente, el yacimiento más rico y más grande de coltán en el mundo”.

En la década de los setenta, el Instituto Nacional de Geología y Minería de Venezuela identificó una vasta reserva de tantalio en Venezuela. Años después, entre 1989 y 1990, un área habitada por los indígenas Piaroa fue investigada y recibió particular atención por sus depósitos minerales. Estos se ubican en casi todo el occidente del estado Bolívar, en los linderos de Parguaza y del río Orinoco. Sin embargo, no hay números oficiales de las reservas de coltán en Venezuela.

La escasez y la demanda de coltán caracteriza la importancia del mineral: usted lo usa ahora mismo. Está en su computadora y en su celular. Además, el tantalio (el elemento más importante de la tantalita) tiene aplicaciones militares como en la construcción de sistemas antitanques, bombas inteligentes, drones y robots. Tanto así que el Departamento de Defensa norteamericano recomendó almacenar coltán en 2015. Esto lo convierte en un mineral estratégico.



*Este reportaje se produjo gracias a una alianza entre Infoamazonía y el Correo del Caroní con financiación del Pulitzer Center. En Colombia cuenta con el apoyo de DeJusticia y Amazon Conservation Team.

lunes, 23 de octubre de 2017

Minería destruye más selva amazónica de lo que se pensaba.

Foto: La Voz Arizona

Investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, concluyen que la pérdida de masa forestal provocada por la actividad de las mineras representa en torno al 10 % de la pérdida forestal total en la Amazonía entre 2005 y 2015, por encima de lo estimado previamente

Eco América, 20 de octubre, 2017.- La expansión de la minería en Brasil está destruyendo más zonas de bosque amazónico de lo que se pensaba hasta ahora, según un estudio sobre la deforestación tropical en esa región que publica hoy la revista Nature Communications.

Investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, concluyen que la pérdida de masa forestal provocada por la actividad de las mineras representa en torno al 10 % de la pérdida forestal total en la Amazonía entre 2005 y 2015, por encima de lo estimado previamente.
Deforestación y minería

Cerca del 90 % de la deforestación relacionada con la minería se ha registrado fuera de los espacios mineros habilitados por el Gobierno de Brasil, según los científicos. En concreto, la pérdida de masa forestal debido a la minería es doce veces mayor fuera de esas áreas que dentro de ellas, y puede llegarse a extender 70 kilómetros a la redonda desde los límites de una mina.

Foto: VICE News



“Estos resultados muestran que la minería se considera ahora una causa sustancial de la pérdida de bosque amazónico”, afirmó la investigadora Laura Sonter en una nota de la universidad.

“Las estimaciones previas asumían que la minería provocaba quizás el 1 % o el 2 % de la deforestación. Llegar al límite del 10 % es alarmante y requiere que se tomen medidas”, afirmó.

Las infraestructuras relacionadas con la minería que pueden ser dañinas para los bosques incluyen las viviendas para los trabajadores y las nuevas rutas necesarias para el transporte de mercancías y personas, como carreteras, vías ferroviarias y aeropuertos, señala el trabajo.

“Nuestros hallazgos muestran que la deforestación en el Amazonía está asociada con un tipo de minería que se extiende a lo largo de grandes distancias desde el punto donde se extrae el mineral”, subrayó la investigadora Gillian Galford.
Masa forestal

El estudio se publica en un momento en el que Brasil está estudiando implementar legislación que flexibilice las normas medioambientales y levante restricciones a la minería en zonas protegidas. Los autores del trabajo subrayan además que cuando las compañías piden permiso para desarrollar excavaciones mineras no necesitan tener en cuenta los daños que pueden causar sus operaciones más allá de sus instalaciones.

Para alcanzar sus conclusiones, los expertos han analizado los cambios en la masa forestal alrededor de las mayores 50 minas activas en la Amazonía durante diez años, a partir de datos obtenidos por la Agencia Espacial de Brasil (INPE).

“Esperamos que estos hallazgos ayuden al Gobierno, a la industria y a los científicos para que trabajen unidos a fin de lograr una solución a este problema”, dijo Sonter.

Los científicos subrayan que las selvas tropicales aportan numerosos beneficios al medio ambiente, ayudan a regular el clima del planeta, albergan riqueza animal y vegetal, y absorben dióxido de carbono, entre otras funciones.

Recalcan asimismo que los esfuerzos globales que ya se han llevado a cabo para preservar la Amazonía han hecho que disminuyan prácticas nocivas relacionadas con la agricultura y la ganadería, pero son necesarias más acciones respecto a la minería.
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martes, 25 de abril de 2017

Doble rechazo a la minería a cielo abierto.


"Tanto en Honduras como en El Salvador la conciencia ambientalista cobra cada vez más vigor y fuerza, a nivel popular y oficial, concluyendo que los daños a la salud y a la ecología provocados por la minería extractiva superan, con mucho, los pírricos beneficios originados".

Tanto en Honduras como en El Salvador la conciencia ambientalista cobra cada vez más vigor y fuerza, a nivel popular y oficial, concluyendo que los daños a la salud y a la ecología provocados por la minería extractiva superan, con mucho, los pírricos beneficios originados en la contratación de mano de obra local y el pago de impuestos nacionales y municipales. La experiencia derivada de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la tala de bosques y la exposición de la población a productos químicos venenosos ocasionada tanto por las multinacionales mineras como por empresas locales dedicadas a ese rubro, ha pesado en la toma de trascendentales decisiones en ambas naciones.

Así, en nuestro país, los pobladores de los municipios de Minas de Oro y San José del Potrero realizaron plebiscito el 31 de marzo del corriente año, coordinado por el Comité Ambientalista de los Municipios del Noreste de Comayagua, para que sus habitantes se pronunciaran a favor o en contra de la explotación minera en sus respectivas jurisdicciones. El resultado final del conteo de votos arrojó las siguientes cifras: en Minas de Oro, 98.14% de los votos emitidos se pronunció por el ‘no’, y el 0.65% por el ‘sí’, el resto fueron votos nulos y abstenciones; en San José del Potrero: 98.14% favorecieron el ‘no’, 0.73% el ‘sí’.

La amarga experiencia de los vecinos de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, en el valle de Siria, donde se ubica la mina de San Martín, que han sido afectados por el cianuro encontrado en los ríos y quebradas, ha significado que actualmente sufran de cáncer de estómago y afecciones dérmicas, entre otras enfermedades, resultado del empleo de dicho tóxico.

En La Unión, departamento de Copán, donde se localiza la mina de San Andrés, iguales resultados ha causado el empleo del cianuro por aspersión en patios de lixiviación para separar la broza de la plata y el oro.

Adicionalmente, ocurrió un enfrentamiento entre aquellos que se oponían a la continuación de dicha actividad y quienes la favorecían, atraídos por el señuelo de obtener un empleo, temporal, en tanto no se agotaran los depósitos argentíferos y auríferos.

En la vecina república allende el Goascorán, los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa, por unanimidad, decretaron en marzo del 2017 que ya no se permitirá dicha actividad depredadora en el territorio cuzcatleco.

El estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, con sede en Guatemala, con el título ‘Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012’, concluye que ‘la contribución de la industria minera a la economía nacional continúa siendo baja, al igual que es baja su contribución en materia de generación de empleo… en el ámbito de su contribución al fisco nacional, los aportes han sido pequeños; reportes internacionales muestran como el país no ha aprovechado el aumento de los precios (de los minerales) para agenciarse mayores recursos… el desarrollo minero… ha ocasionado una serie de conflictos entre el Estado, las compañías mineras y las comunidades donde se asientan los proyectos mineros, así como con agrupaciones ambientalistas y de derechos humanos a nivel nacional e internacional… los conflictos resultantes también encuentran a sus actores en condiciones asimétricas: por una parte, compañías mineras que tienen muchos recursos y acceso a las decisiones de poder político; por la otra, organizaciones locales y ambientales que, pese a que reciben apoyo externo, no son capaces de competir con los recursos de las mineras…’




lunes, 27 de julio de 2015

Filipinas: Comienza la Conferencia Internacional de los Pueblos y la Minería 2015.


– Comunidades afectadas, defensores y activistas de 28 países compartirán experiencias y articularán campañas.

Servindi, 27 de julio, 2015.- El próximo 30 de julio dará comienzo en Manila, Filipinas, la Conferencia Internacional de los Pueblos y la Minería 2015, un foro para comunidades afectadas, defensores ambientales, activistas, analistas y personas e instituciones comprometidas con detener los abusos de la industria minera.

El evento será una oportunidad para evaluar la cuestión minera a nivel global, compartir historias y lecciones personales, analizar los últimos desarrollos científicos y técnicos, y trazar colectivamente un camino que fortalezca la acción de los pueblos, las comunidades comunidades afectadas por la minería y las organizaciones populares.

El programa de la conferencia plantea interrogantes a escala internacional, alienta la acción individual y colectiva, alimenta el diálogo multisectorial y el debate colectivo, y aprovecha las habilidades de los asistentes.

Las sesiones se enfocarán en cuestiones globales, políticas y prácticas y buscarán compartir nuevos hallazgos, lecciones aprendidas y mejores prácticas.

Se presentarán casos de estudio en una sesión diaria, presentaciones culturales, conferencias de prensa, y talleres. Además, se dispondrá de tiempo para la articulación de redes y campañas globales, regionales y por empresas.

La conferencia es organizada colectivamente por la Red Kalikasan de Filipinas, Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network de Indonesia, Kairos Canada, EcuVoice Philippines, International Association of Democratic Lawyers, London Mining Network, Geneeskunde Derde Wereld y Solidagro de Bélgica y el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, entre otros.

Página web de la conferencia: http://www.peoplesminingconf.net/

Para más información dirigirse al correo electrónico: ipcm2015@gmail.com

Otras noticias:

Fuente: Servindi

domingo, 7 de junio de 2015

Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un conflicto que no cede.


"América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos". Esta es la reflexión que propone el informe ”Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014” elaborado por diversas organizaciones socio-ambientales. Escrito por Radio Universidad de Chile, publicado para el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).


Lucio Cuenca, Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) afirmó que uno de los componentes de los conflictos en la expansión minera es que ha ido debilitando mucho la institucionalidad y la democracia de estos países.

Además, afirmó que ha venido aparejada de muchas situaciones de represión y de vulneración de los Derechos Humanos, dando como ejemplo la militarización de territorios que realizó hace unas semanas el presidente Ollanta Humala en Perú.

Perú: Leyes para la inversión

Desde Perú, Jorge de Echave, Director de la ONG Cooperacción, indicó que, según detalla la defensoría del pueblo, más de cincuenta por ciento de los conflictos del país son ambientales, están asociados a la minería y van aumentando en número e intensidad.

De hecho, Perú es un caso emblemático de criminalización de los movimientos que han surgido para hacerle frente a la minería, un elemento en común del desarrollo de esta industria que afecta, principalmente, a la población campesina e indígena.

En esa línea, De Echave sostuvo que otro paralelo regional es el discurso que plantea que para recuperar los niveles de crecimiento y hacerle frente a la deuda internacional hay que estar dispuesto a desregular en materia ambiental y social, creando un clima cada vez más favorable para las inversiones, lo que se ha establecido incluso en las leyes de países como El Perú o Chile.

”Hay una legislación abiertamente favorable a las inversiones que ha ido recortando los derechos de la población y la tendencia es bastante preocupante, ya que no es a que mejore la situación”, sostuvo el especialista, quien recordó las palabras del académico ecuatoriano Alberto Acosta, quien plantea que el modelo extractivista ”está casi en el ADN de nuestros gobernantes”.

Bolivia: Cárcel por un lado, derrames por el otro

Bolivia es otro caso emblemático. En 2012 se registró el punto más alto de criminalización de la protesta e impunidad en los conflictos socio-ambientales, en especial con el conflicto de Mallku Quta. Se registraron detenciones a autoridades tradicionales e incluso la muerte de comuneros durante la represión policial.

En 2013 surgió una ley contra los avasallamientos mineros, que penaliza entre seis y ocho años de cárcel a quienes irrumpan en áreas mineras e impidan la explotación de los yacimientos, precuela de la ley de Minería y Metalurgia, que en sus artículos establece como delito las acciones individuales y colectivas que impidan la actividad minera.

En 2014 se sumó una serie de incidentes ambientales, como el derrame de más de tres mil 300 metros cúbicos de residuos en las cercanías de un río o el colapso de un dique en Potosí, que dejó a un barrio popular totalmente anegado de desechos tóxicos.

Brasil: Brutal número de asesinatos en pugnas con la minería

En Brasil los informes muestran más de cien casos de territorios que sufrieron los impactos de la actividad minera.Entre los destacados están el proyecto Gran Carajás (extracción de hierro de la entonces Compañía Vale), el complejo más grande de extracción de este metal en el mundo, además figura el Mineroducto del Proyecto Minas-Rio58 que afecta a cerca de 950 mil personas.

En este país el fenómeno de la criminalización es escandaloso. Un informe de la ONG Global Witness, que documentó los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013, señaló que de las 908 muertes que pudieron documentar en 35 países, 448 se produjeron son en Brasil, es decir un 49,33 por ciento. De ellos el grueso son campesinos, indígenas, o habitantes de la selva amazónica.

Además, los movimientos sociales han sufrido graves ataques a su privacidad y a la libertad de asociación y expresión a través de un esquema de espionaje, interceptación de comunicaciones con mecanismos sofisticados y la infiltración de agentes.

Transnacionales y proyectos binacionales

Ejemplos como descritos hay en Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos países centroamericanos, todos descritos en este informe de conflictos mineros 2014, realizado por OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En el documento se dan cuenta de las iniciativas, pero también del origen de las firmas inversoras. Es allí donde las canadienses y brasileñas se imponen, con una gran cantidad de proyectos en nuestro continente. De hecho, en 2013 diez países del cono sur llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que los Estados de donde provienen estos particulares, no se hacen cargo de la vulneración que cometen sus empresas en el resto del mundo.

Uno de los ejemplos íconos expuestos ante la Corte Internacional es la instalación del proyecto binacional entre Chile y Argentina: Pascua Lama de la multinacional canadiense Barrick Gold, actualmente paralizado por la justicia, después de casi 15 años de oposición de las comunidades.

Este es un megaproyecto aurífero es de proporciones no vistas antes en la región y que incluso llevó a los teóricos a plantearse cómo las firmas transnacionales, al unir dos territorios, creaban una suerte de ”soberanía propia” sobre su proyecto, donde no aplican a cabalidad las leyes de ni un Estado ni del otro, actuando con una suerte de jurisprudencia propia, hasta ahora no regulada.

Expansión a Centroamérica y ejemplo de El Salvador

De hecho, otra característica común en el continente es que los países han permitido la vertiginosa avanzada de la mega minería, que ha logrado expandir sus inversiones incluso a sitios que no eran países mineros como Argentina, Ecuador o algunos centroamericanos como Guatemala y Honduras.

Entre ellos destaca el caso de El Salvador, donde recién el 2004 se comenzaron a levantar los primeros proyectos. Allí, los ciudadanos, considerando la experiencia sudamericana, tomaron posición y concluyeron que los impactos ambientales que se derivan de la minería superan por mucho los ingresos que ésta genera.

Por lo mismo, han exigido a las autoridades que no se invierta en la materia. Edgardo Mira, integrante del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio (Ceicom), afirmó que están en una moratoria de hecho, lo que valoró, pero dijo que ”no es suficiente” cuando estima que gran parte de la población en El Salvador considera que no debería haber minería. Por consiguiente, afirmó que su bandera de lucha es que haya una ley que, de forma explícita, prohíba la minería metálica.

El salvadoreño afirmó que una ley debe dirimirse en la Asamblea Legislativa, es decir el Congreso Nacional y allí entran otros intereses. Por lo mismo, mientras se realiza el trámite legislativo están pidiendo que el Presidente emita un decreto para prohibir la actividad minera. Sin embargo, mientras, las mineras no ceden y siguen afectando fuertemente las aguas, una de sus principales preocupaciones.

En ese sentido, Mira afirmó que se debe dar un salto desde la formación de comunidades de resistencia para entrar e incidir en el debate de políticas públicas en los distintos países, regulando los elementos estructurales que norman este tipo de actividades y sus consecuencias para la población.
Puede leer este informe: Clic Aquí
Fuente:
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina: Clic Aquí

sábado, 6 de junio de 2015

El posextractivismo no es un cuento.


- Respuesta de Eduardo Gudynas al artículo “Los dilemas de la Tía”, de Manuel Pulgar-Vidal

Por Eduardo Gudynas*

Días atrás, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dedicó buena parte de su artículo “Los dilemas de la Tía”, publicado en El Comercio el 24 de mayo, a describir mis propuestas de un posextractivismo, para enseguida criticarlas y descalificarlas.

Comencemos por aclarar que extractivismo y minería (o explotación petrolera) son dos conceptos distintos. Los extractivismos, en plural, son apropiaciones de grandes volúmenes de recursos naturales, en que la mitad o más son exportados como materias primas. Por lo tanto, no todas las actividades mineras califican con ese tipo de apropiación, una diferenciación que la nota del ministro confunde una y otra vez. Esto hace que el posextractivismo no se oponga a la minería, sino que propone poder dejar atrás, de una vez por todas, el papel de ser meros proveedores de commodities. Esto se busca por medio de transiciones, bajo condiciones democráticas y defendiendo la información y participación ciudadana.

Cuando se presenta ese objetivo, las críticas comunes son tildarlo de romántico, “ideológicamente” sesgado o carente de “datos duros”, y como no serían alternativas “serias”, no hay más remedio que seguir siendo vendedores del patrimonio natural, y aceptar todas sus cargas de impactos. Esas ideas, que están en la nota de Pulgar-Vidal, carecen de fundamento.

Tampoco es cierto que el posextractivismo quiera limitar las inversiones. Muy por el contrario, busca alentarlas, pero bajo regulaciones sociales y ambientales, para no caer en la trampa de los especuladores y para promover reconversiones hacia modos de producción sustentables. Se busca desactivar los subsidios perversos y escondidos, donde dineros nacionales cofinancian empresas extranjeras, y en cambio montar subsidios legítimos para apoyar emprendimientos nacionales.
“Si un ministro del Ambiente está comprometido con el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales en primer lugar para las necesidades nacionales, debería ser el más interesado en acompañarnos en esa tarea, en lugar de impedirla”


Cuando el posextractivismo cita modelos económicos para reformar la carga tributaria no es ni una locura ni una radicalidad de la vieja izquierda. Por el contrario, la idea de impuestos a las sobreganancias se discutió intensamente en la última campaña electoral en el Perú, y era defendida, por ejemplo, por el gobierno francés de Nicolas Sarkozy y por el billonario George Soros. Bajo la perspectiva de la nota de Pulgar-Vidal, debería pensarse que Sarkozy y Soros serían simpatizantes de Tierra y Libertad, tendrían “posición ideológica” en la izquierda “bucólica”, y serían ahuyentadores de inversores.

El ministro cuestiona que los posextractivistas quieran planificar la inversión en atención a la estabilidad de un país por encima de la rentabilidad empresarial. ¿Pero no debe ser el gobierno el primero en velar por la estabilidad económica nacional? ¿Atender primero a los balances de tal o cual empresa no pone en riesgo la autonomía nacional? El posextractivismo tiene una respuesta clara: se debe recuperar ese papel en el Estado.

Desde otro flanco, Pulgar-Vidal critica al posextractivismo desde una defensa de acuerdos de libre comercio como la Alianza del Pacífico. Allí hay una confusión conceptual, ya que no es lo mismo un acuerdo de liberalización comercial que un proceso de integración. Y además hay un olvido político, ya que los extractivismos imponen dependencias económicas.

A diferencia de lo que dice Pulgar-Vidal, el posextractivismo tiene claro que la recomposición de la integración no puede repetir los problemas de la Unasur o del Mercosur. Busca, en cambio, articular cadenas agropecuarias e industriales entre países vecinos, en procesos que en cierta medida se asemejan a los modos más positivos de la integración europea. A juzgar de lo escrito por el ministro, no hay nada que aprender de la integración europea, y, en cambio, el futuro del país será de un eterno exportador de materias primas.

Se llega así a un último aspecto que entiendo es el más revelador en la nota del ministro: en su artículo no presenta ningún argumento ambiental. Impacta que defienda la necesidad e inevitabilidad de los extractivismos solo por consideraciones económicas, y que además son externas al Perú (inversiones o TLC). Nada se aporta sobre daños o soluciones ambientales.

Esto no es raro. Es que los actuales extractivismos tienen impactos tan negativos, que pocas veces tienen soluciones tecnológicas, y, por lo tanto, no son defendibles desde una análisis ecológico serio (y por ello se evitan las revisiones independientes de los estudios ambientales). Se cae en una curiosa situación, que se repite en países vecinos, donde un ministro del Ambiente hace defensas económicas o se enfoca en cuestiones globales (como el cambio climático), esquivando las duras decisiones nacionales.

Para evitar todo esto, necesitamos explorar condiciones de salida a los extractivismos. Si un ministro del Ambiente está comprometido con el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales en primer lugar para las necesidades nacionales, debería ser el más interesado en acompañarnos en esa tarea, en lugar de impedirla.

*Eduardo Gudynas es investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), Uruguay.
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Fuente: Servindi

miércoles, 20 de mayo de 2015

Mujeres y minería: La defensa de nuestros cuerpos y territorios.


"El rol tradicional de las mujeres en la sociedad rural, más enfocadas en cuidar la salud integral de la familia y de los animales, en velar por la seguridad e identidad local y en pensar en el futuro de sus hijos e hijas, hace que tendencialmente ellas piensen más en el largo plazo que en los beneficios directos, mientras que muchos hombres buscan los beneficios directos de las negociaciones de la minería, por lo que suelen ser más cortoplacistas."

Por Raphael Hoetmer

El último 8 de marzo la marcha anual por los derechos de las mujeres amplió su plataforma a nuevos “territorios”. Aparte de sus agendas “clásicas” como el derecho a decidir sobre el cuerpo de uno mismo (legalizando el aborto en casos de violación o daños al feto, ya legal en el mayor parte de América Latina), y la defensa de los derechos laborales de las mujeres y la población en general, se sumó el apoyo a la unión civil para parejas del mismo sexo, y se puso énfasis en la solidaridad con Máxima Acuña de Chaupe, quien “simboliza la lucha de miles de mujeres, amenazadas con el despojo de sus territorios y vulneradas en sus medios de vida y en sus cuerpos, por un sistema económico que privilegia y apoya a las grandes empresas”.

Una investigación-acción reciente facilitada por Mar Daza del Programa Democracia y Transformación Global sobre género, poder y minería afirma que las actividades extractivas tienen un impacto distinto y más grande en las vidas y cuerpos de las mujeres que en los hombres. La expansión extractivista aumenta la carga laboral sobre las mujeres, ya que tienen que asumir adicionalmente las labores de los hombres que van a trabajar en o con la mina. A la vez, tienden a ser excluidas de los beneficios económicos y de las negociaciones sobre el destino de los territorios, mientras que hay muchos indicios que los distintos tipos de violencia contra las mujeres aumentan, incluyendo la violencia dentro del hogar, la trata de mujeres y la violencia sexual.

El estudio visibiliza también el rol clave de las mujeres en los procesos de movilización social en defensa de los territorios y los derechos frente a la minería en el país. A menudo las mujeres fueron las primeras en denunciar la contaminación, o en reclamar los derechos de la población afectada por la minería. Dirigentas como Carmen Shuan en Condorhuaín (Ancash), Juana Martínez en Choropampa (Cajamarca) y Margarita Pérez en San Mateo (Lima) lideraron las luchas de sus pueblos, y miles de otras mujeres han cumplido responsabilidades claves en los procesos de organización social.

Evidentemente toda generalización simplifica la realidad. Hay muchos hombres muy consecuentes y comprometidos en la lucha, y mujeres que se alinean con la mina en cambio de proyectos económicos. El asunto es otro. El rol tradicional de las mujeres en la sociedad rural, más enfocadas en cuidar la salud integral de la familia y de los animales, en velar por la seguridad e identidad local y en pensar en el futuro de sus hijos e hijas, hace que tendencialmente ellas piensen más en el largo plazo que en los beneficios directos, mientras que muchos hombres buscan los beneficios directos de las negociaciones de la minería, por lo que suelen ser más cortoplacistas.

La participación de las mujeres ha sido fundamental en los procesos de resistencia, de denuncia y de negociación crítica con la minería alrededor del país, y debería ser promovido dentro de los espacios de nuestras organizaciones, como en los espacios de diálogo con el Estado o las empresas. Pues, las visiones de las mujeres complementan, enriquecen y a veces interpelan a las visiones de los dirigentes hombres. Sin embargo, muchas veces las dirigentas no solo han tenido que enfrentarse con la mina o con la policía, sino también con el machismo dentro de las propias organizaciones sociales. A menudo, las dirigentas más potentes tienen que lidiar con compañeros que no aceptan su liderazgo, con sus propias parejas que las quieren en la casa cumpliendo sus “deberes”, o con chismes malintencionados que buscan quitarles legitimidad. Más que una vez, los aliados de las empresas mineras colaboran gustosamente con ello, porque saben que sin el liderazgo activo de las mujeres las organizaciones son más débiles.

La gran importancia de la auto denominación de la marcha como: “Todas somos Máxima: Por trabajo digno y liberación de nuestros cuerpos y territorios” está, por lo tanto, en visibilizar esta conexión tan potente entre las luchas por la autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. Pues, afirma que el avance del extractivismo (la organización de la sociedad en función de la sobre-explotación de los recursos naturales) se sostiene en el patriarcado (la organización de la sociedad en función de los privilegios de los hombres). Que el capitalismo actual expropia nuestros cuerpos y territorios con estrategias parecidas, con el único fin de generar más ganancia económica.

También afirma que la liberación y el cambio en nuestro país a menudo vienen de personas como Máxima, como Carmen, Blanca, Juanca, Melchiora o Zulma. Compañeras que rechazan que otros decidan sobre sus vidas, sus cuerpos y sus territorios, y por ello reclaman justicia, libertad y democracia real en el país. Las luchas de las mujeres, por lo tanto, son las luchas de todxs nosotroxs, y las luchas de todxs son las luchas de las mujeres, como se afirmó este 8 de marzo.

- Raphael Hoetmer, investigador holandés, magíster en Historia Contemporánea en Universidad de Groningen, con estudios de doctorado en Sociología en la UNMSM.

Texto publicado en el boletín de la Plataforma Regional de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de Cusco – Renades en el mes de abril.

Fuente: ALAI

jueves, 28 de agosto de 2014

El precio del oro: ganadores y perdedores en la industria minera de Latinoamérica.


Por Meghan Walsh
Traducción de Silvia Campos


En una tarde de viernes de junio, la Plaza de Armas en Cajamarca estaría a rebosar de vida. Ahora es invierno, y aunque las densas nubes blancas revolotean bajo en la distancia, el sol en el norte de esta ciudad peruana aprieta caluroso. Las parejas se sientan en los bancos unas frente a otras. Los niños corren en la hierba entre parterres. Hombres trajeados avanzan por el perímetro. Es un día idílico. Pero algo más amenazador no escapa a la vista. En la ladera de la montaña que domina la ciudad se han tallado en la vegetación las palabras Nova Conga. Es una advertencia constante más allá de la plaza, cercada con hoteles internacionales y restaurantes caros. Allí hay otra realidad. 

En las calles laterales, fuera de la vista de la Plaza de Armas, los campesinos se alinean a pie de carretera para vender queso, huevos de codorniz y cacerolas. Las mujeres nativas quechuas llevan las tradicionales faldas de franela hasta la rodilla, brillantes carteras estampadas colgadas al torso, y altos sombreros de paja sobre unas largas trenzas negras. Tienen la piel oscura y curtida por estar trabajando toda una vida a pleno sol. Cuando sonríen se les ven pocos dientes. 

Aquí, en las montañas de los Andes, en medio de las llanuras altas de hierba, se distinguen dos clases de personas: aquellas que han alcanzado una prosperidad económica gracias a la presencia de oro, y quienes han sentido que los tejidos sociales y ecológicos, que una vez mantuvieron unida a esta comunidad, se están desgastando por la invasión de los intereses corporativos. 


Manifestantes marchan hacia el lago Perol en junio contra el proyecto minero 
Conga. Imagen de Meghan Walsh.


Conga, cuyo mensaje en la montaña condeno abiertamente, es una mina de oro y cobre de 5 mil millones de dólares programada para que dé comienzo en 2016 a 20 años de excavaciones. Conga se acelerará al igual que otra operación minera masiva que reformó la región que está por terminar. Las mismas empresas que hay tras el proyecto Conga (Newmont con sede en Colorado es el principal accionista, seguida por la peruana Buenaventura) también gestionan Minera Yanacocha, un yacimiento que ha dado más de 7 mil millones de dólares del valor del mineral en las últimas dos décadas.

Yanacocha ha sido fuente de tumultos sociales y ambientales a lo largo de su permanencia. Muchos de los lugareños, temerosos de que la historia vuelva a repetirse, han pasado varios años dedicados a ahuyentar a los inversores. Los manifestantes detuvieron los intentos de Yanacocha de anclarse en el pasado, y sus protestas virulentas contra Conga llevaron al presidente peruano a suspender temporalmente la construcción, así que parecía que la oposición podría prevalecer. Pero a medida que pasa el tiempo, es más evidente que el proyecto continuará según lo estipulado. Por tanto la pregunta ahora es: ¿Conga será otra Yanacocha? ¿O ayudará a los cajamarquinos a salir definitivamente de la pobreza?

La minería no tiene el potencial suficiente para reforzar un desarrollo económico en zonas empobrecidas. Pero tal y como escribiera Leonith Hinojosa, una becaria de investigación de la Facultad de Medioambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester, en un debate en Internet organizado por la Universidad de Columbia en torno a si la minería es la clave para la prosperidad en Latinoamérica: "Todo depende de las reglas del juego."


Mirando al pasado


Cuando Yanacocha abrió las puertas por primera vez a principios de los 90, los vecinos del lugar —la región tiene una población total de unos 1,3 millones— pensaron que representaría una oportunidad para vivir mejor. Como con cualquier proyecto de este calibre, habría un coste ambiental, junto con el desplazamiento forzado de la población rural. Pero también habrían puestos de trabajo, regalías y nuevos negocios. Las personas, en su mayor parte, eran acogedoras. Sin embargo, la desilusión pronto se asentó. 


El lago andino de Perol. Acabará agotándose y se usará como vertedero
de residuos si dan luz verde al proyecto. Imagen de Meghan Walsh.



"Cajamarca tuvo una oportunidad, y la hemos perdido," dijo Carlos García, un nativo que ha trabajado como ingeniero minero durante casi una década. Le cambiaron el nombre desde que lo desautorizaron a que hablara conmigo. "Cuando Yanacocha apareció, todo el mundo hizo las cosas mal. Yanacocha no tenía las mejores normas ambientales. El gobierno [de Cajamarca] no estaba preparado, así que echaron a perder las oportunidades." 

En primer lugar, la seducción de empleo resultó ser un espejismo. Yanacocha creó más de 10.000 empleos directos (algunos a tiempo completo y otros sobre una base contractual), pero la mayoría fueron para los extranjeros con estudios. Si bien la pobreza en Cajamarca mejoró durante unos cuantos años, no fue más que en áreas comparables sin recursos naturales lucrativos. La región sigue siendo una de las más pobres del país. 

La posterior afluencia de personas, que estaban haciendo mucho más que la población en general, ha hecho subir el coste de vida. Según un informe de 2009 de la Corporación Financiera Internacional, un inversor en ambas filiales, Yanacocha ha creado "demanda excesiva" para los servicios públicos, mientras que sus contribuciones sociales han sido "relativamente insignificantes." La empresa construyó escuelas, pero sólo para las familias de los empleados, además de imprimir una división de clases. 

"Muchos conflictos asociados con la expansión de la minería están vinculados, de hecho, con la distribución de los beneficios," escribió Hinojosa, la experta panelista para el debate en Columbia. 

Luego había que lamentar las calamidades ambientales. El Ministerio de Pesca —y muchas otras fuentes— documentó miles de truchas muertas ya que el agua subterránea estaba contaminada por la escorrentía ácida. La erosión del suelo y los niveles de sedimento en los canales de agua aumentaron, mientras que los arroyos comenzaron a secarse. La minería a cielo abierto necesita cantidades inmensas de agua para primeramente explotar la roca de la tierra y luego separar el mineral, que también precisa de vastas cantidades de cianuro.


La policía en una protesta que duró varios días. 
Imagen de Meghan Walsh.


Después de que Yanacocha empezara a construir las minas a cielo abierto, próximas a los canales que traían agua a los agricultores rurales, se redujeron a una fracción de su anterior flujo de agua, según un estudio publicado por la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Si las comunidades locales querían Yanacocha para construir la infraestructura que restableciese los niveles de agua, estaban obligados a transferir sus derechos sobre éstos de manera indefinida. Así lo hicieron, y Yanacocha construyó la reserva de San José. Pero tras una serie de desperfectos, la presa nunca llegó a funcionar plenamente.

Entonces en el año 2000, un camión derramó 150 kilos de mercurio en más de 40 km de carretera. La empresa no consiguió notificar a los oficiales y limpiar el desorden, permitiendo que cientos de vecinos del lugar soñaran con la mezcla de oro contenido, el poder recogerlo con sus propias manos y llevárselo a casa como si de un tesoro se tratase. El incidente provocó disturbios.

"Cajamarca ha empeorado desde lo de Yanacocha," afirmó García. "Ha dividido mucho a la comunidad."

En realidad Newmont redactó en Diciembre de 2012 una carta a la población admitiendo su culpa: "Queremos reconocer los errores que hemos cometido en nuestro proceder de los hechos y los negocios realizados. Lo más importante, pedimos disculpas por la desconfianza que hemos generado y por no contar con su confianza."


La guerra por el agua


El Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica comunicó que se están llevando a cabo en la región más de 200 disputas sobre misiones mineras. El agua es el núcleo de la mayoría: por los derechos, su acceso y la calidad de ésta. El año pasado, José de Echava, ex- viceministro de medio ambiente de Perú, relató a la Agencia de Prensa de Francia (AFP) que la ferocidad y la frecuencia de los enfrentamientos están aumentando, y más que nada, "todo es por el agua."

El agua es la principal razón por la que los campesinos, así como el gobierno regional, luchan contra Conga. El proyecto, que ya ha desenterrado unas humedades frágiles, drenará cuatro lagos andinos y los sustituirá por embalses artificiales. Una vez que se use el agua para separar el mineral, será tratada antes de ser distribuida, por lo que también aumentarán las preocupaciones sobre la calidad.

De acuerdo a un estudio externo de la evaluación ambiental de Newmont, del que se encarga el presidente peruano, "la situación del agua mejoraría" – si la empresa cumple con sus promesas. Los autores afirman que la actual calidad bacteriológica del agua no es apta para el consumo humano y que causaría infecciones intestinales, mientras que el agua tratada cumpliría con los estandares más altos. Incluso así, el estudio destacó que los embalses, como estaba previsto, no tendrán suficiente capacidad. Tienen que ser más grandes.

Otro estudio independiente, esta vez por el hidrólogo asentado en Colorado, el Dr. Robert Moran, también sostiene que las instalaciones no podrán purificar el agua tal y como están diseñadas a un nivel lo suficientemente alto para el consumo humano.

Los consultores también aconsejaron a Newmont que aportara más dinero a un fondo social porque tras el cierre de la mina, los municipios locales aún tendrán que apoyarse en el nuevo sistema hídrico y gestionarlo.

"Lo que sugieren es que se controlen todos los recursos hídricos en esta zona," dijo Moran en una reciente entrevista. "Cuando se vayan, ¿quién se hará cargo de las operaciones? El pueblo subvencionará durante generaciones los costes futuros relacionados con el mantenimiento de la instalación y la acumulación y tratamiento de aguas contaminadas."

Los manifestantes continúan convocándose regularmente en las cuencas de Conga.

"Estamos aquí para proteger nuestra agua, y luchar por el pueblo" dijo Marina Catrina, de 19 años, durante una protesta que duró tres días el pasado junio y que atrajo a unos 1000 manifestantes. Catrina vive cerca del lago Perol —una de las lagunas que serán drenadas y usadas como vertedero— en una tierra que su familia ha cultivado durante más de un siglo.


El legado de Conga


Como se muestra en la Plaza de Armas, la minería puede significar prosperidad para los países en desarrollo de América Latina. Solo Yanacocha pagó 1,2 billones de dólares en impuestos y derechos nacionales entre 1994 y 2006, según una declaración de la Corporación Financiera Internacional (IFC). La extracción minera representa el 10% del PIB de Perú, y se espera que las inversiones en minería sean de un total de 14 mil millones de dólares este año. Se espera que estas cifras sólo aumenten en un futuro no muy lejano. 


Cajamarca. Imagen de Meghan Walsh.


A pesar de los legados del pasado, estas grandes sociedades no tienen los medios para financiar las inversiones sociales, proporcionar puestos de trabajo y actualizar la infraestructura. Pero la realidad ha sido más bien otra: en su lugar, los gobiernos tienden a apoyar a las empresas extranjeras, los líderes a menudo buscan ganancias financieras a corto plazo, y los promotores en general no respaldan el medio ambiente o la calidad de vida de las personas.

En 2008, Newmont presentó un estudio de impacto ambiental del que los expertos extranjeros dijeron que era "un desafío incluso para técnicos cualificados" el poder entenderlo. Sin embargo, el gobierno lo aprobó a toda prisa y sin el consentimiento de los líderes regionales. El ministro de Energía y Minas que lo firmó fue Felipe Ramirez del Pino, un ex-ejecutivo de Newmont. El presidente Ollanta Humala despidió al anterior ministro, que se opuso al estudio, y lo reemplazó por del Pino.

Según Moran, el estudio de impacto ambiental "no representa una ciencia independiente y desinteresada."

Pero la mayor crítica de Moran es que el estudio no mencionó Yanacocha ni una vez ni usó lo que pasó allí como un vaticinador de lo que es probable que se desarrolle con Conga, a pesar de que los sitios están a sólo unos pocos kilómetros de distancia y tienen la misma estructura ecológica.

"Tenemos más de 20 años de experiencia en el mundo real de Yanacocha," exclamó Moran. "No tenemos que depender de la especulación. La experiencia debería ser la base de hacer declaraciones futuras y no ha sido así." Entonces justo el año pasado, Humala enmendó la "Ley de Consulta Previa." La legislación requiere sociedades para negociar acuerdos con las tribus indígenas en la cordillera de los Andes, muy rica en minerales, y en el Amazonas antes de desarrollar proyectos sobre sus tierras. Pero ante la insistencia del ministro de minas, el presidente revisó la norma para excluir las comunidades de habla quechua, las cuales se encuentran mayormente en los Andes.
Manifestantes locales. Imagen de Meghan Walsh.

Sin embargo, han habido buenas noticias. A principios de este año, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua del país, el Dr. Hugo Jara, anunció que el gobierno tiene previsto invertir un adicional de 394 millones de dólares en los embalses y proyectos de tratamiento de agua para beneficiar a los cajamarquinos. Dijo también que la autoridad garantizará los derechos de agua de las comunidades agrícolas andinas, dándoles mayor ventaja jurídica durante las negociaciones con las empresas mineras. Respecto a las recomendaciones de los expertos extranjeros, Newmont también ha declarado que considerará la reubicación del vertedero de residuos de Perol y ampliará la capacidad de los embalses. 

Aproximadamente el 41% del territorio de Cajamarca ha sido dividido por las concesiones mineras, sin embargo, el 58% de la población se gana la vida con la agricultura. Queda por ver si su medio de vida anterior será capaz de aguantar después del ir y venir de las minas.

Durante una visita el pasado verano, hablé con un empleado del Departamento Regional de Economía de Cajamarca, que dijo que las personas quieren un negocio que pueda prosperar en el tiempo sin afectar negativamente al medio ambiente, como el turismo, la reforestación o la agricultura. Pero las agencias locales ineficientes y no estructuradas no han sido capaces de desarrollar ninguna de estas industrias. 

"Cuando llegó Conga, no estábamos haciendo nada," dijo García. "¿Por qué el pueblo no propuso otra alternativa?." 

Mientras tanto, la ciudad permanece dividida y el número de víctimas de la mina en disputa. Y aquel soleado viernes, a sólo unas manzanas de distancia de la cuidada Plaza de Armas una campesina se encuentra sin un puesto de comida. En cambio, tiende una mano hacia el cambio y un cartel de cartón que dice: "El precio del oro." The price of gold.

Fuente: Chacatorex

miércoles, 14 de mayo de 2014

Miles de uruguayos marchan contra el proyecto minero de Aratirí.


Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo y en carros de tracción animal, volvieron a marchar hoy por sexto año consecutivo por el centro de Montevideo contra el proyecto minero de capital indio Aratirí y en defensa del medio ambiente.

Esta marcha fue convocada por varias organizaciones ambientalistas agrupadas en la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, plataforma que lucha desde hace años contra la instalación de Aratirí, una gigantesca mina de mineral de hierro a cielo abierto que se ubicará en el corazón del país, así como contra el desarrollo de proyectos complementarios como un puerto de aguas profundas y una planta regasificadora.

Los manifestantes, de toda edad y condición, corearon gritos contra el proyecto, contra el Gobierno del presidente José Mujica que defiende la iniciativa, y contra la “recolonización” que a su juicio implica la misma.


“Marchamos para evitar que se dé un saqueo de nuestro país. Una multinacional planea penetrar y quedarse con el hierro, depredar el medio ambiente y no dejar ninguna riqueza en el país”, explicó a Efe Rafael Fernández, uno de los manifestantes y candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre próximo.

Fernández indicó que el proyecto Aratirí “no va a desarrollar ni industrializar, sino colonizar” Uruguay y que además “dinamitará una parte grande del territorio, dejará agujeros enormes por ochenta años y contaminará las aguas”.


El proyecto, en manos de la multinacional Zamin Ferrous, pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo de 6.210 hectáreas, además de la construcción de un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.


En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una envergadura sin precedentes en el país.


La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las rentas obtenidas por la venta del mineral.


Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.


Sin embargo, para los ambientalistas el proyecto, unido al puerto en el Atlántico y a la planta regasificadora que se construye en Montevideo “para abastecer de energía a Aratirí”, forma parte de un ataque a la ciudadanía que no votó desarrollar esas iniciativas y que le saldrán “muy caras al país”.


Precisamente, varias organizaciones que se plegaron a la marcha exigieron un plebiscito para dictaminar si la iniciativa se puede hacer y que ésta no dependa de la decisión del Ejecutivo.


Tras la reforma de la ley de minería, Uruguay y Zamin Ferrous anunciaron que firmarían un contrato a principios de este año para comenzar con la explotación.


Sin embargo, dicho contrato aún no se ha ratificado, sin que oficialmente se haya anunciado el motivo.

Más información actualizada: http://elmuertoquehabla.blogspot.com